La manifestación, realizada en la explanada del Ministerio en San Borja, reunió a arqueólogos, estudiantes, ciudadanos y organizaciones vinculadas a la defensa del patrimonio cultural. El motivo: el rechazo a la resolución viceministerial firmada por Novoa Silva que, según los especialistas, pone en peligro amplias zonas arqueológicas.

“Es una situación muy lamentable, que venimos viviendo desde hace más de una semana, desde que salió esta nefasta resolución”, señaló Van Dalen. “El Ministerio de Cultura, en vez de proteger el patrimonio, estaría dejando fuera grandes extensiones de zonas arqueológicas que quedarían expuestas a la minería ilegal, las urbanizaciones, los cultivos y otros problemas que afectan a esta región”.

El recorte del perímetro de las Líneas de Nasca —una de las herencias más emblemáticas del Perú y Patrimonio Mundial de la Humanidad— ha generado preocupación entre la comunidad científica nacional e internacional. Para el Colegio de Arqueólogos, esta decisión no solo es técnicamente injustificable, sino que sienta un precedente peligroso.

Consultado sobre las recientes denuncias penales contra el ministro Valencia, la viceministra Novoa y otros funcionarios, el decano expresó que si bien aún no conocía los detalles del caso, considera urgente que el Poder Judicial investigue los motivos detrás de esta resolución. “Sería importante que se pueda demostrar por qué sacaron esta medida. Nosotros también estamos recibiendo documentación y evaluaremos si corresponde que los arqueólogos involucrados sean sometidos al Tribunal de Ética y Disciplina”, indicó.

El Colegio de Arqueólogos se suma así a los pedidos de interpelación ya aprobados por el Congreso. “El ministro ha demostrado su incapacidad moral para dirigir el Ministerio de Cultura. Debe dar un paso al costado porque está haciéndole mucho daño a la cultura del país. Lo mismo con la viceministra”, reclamó Van Dalen.

El mensaje también incluyó una exhortación directa a la presidenta Dina Boluarte: “Le pedimos que haga cambios urgentes y necesarios en el Ministerio de Cultura. Estos señores tienen que dejar sus cargos porque mucho daño están haciéndole al país entero.”

El clamor desde San Borja se escuchó fuerte y claro. Mientras los manifestantes mostraban pancartas con lemas como “Las Líneas de Nasca no se negocian” y “Nasca nose vende, Nasca se defiende”, la figura del ministro Valencia se sigue debilitando. En un escenario de creciente presión política y social, la permanencia de los actuales responsables del Ministerio de Cultura pende de un hilo.

Aquí la entrevista en exclusiva con Pieter Van Dalen, decano del Colegio de Arqueólogos del Perú.

Durante las protestas realizadas ayer en la explanada de la sede central del Ministerio de Cultura, el arqueólogo Gori Tumi, presidente de la Asociación Peruana de Arte Rupestre, lanzó duras críticas contra la actual gestión del ministro Fabricio Valencia. En una entrevista exclusiva, Tumi denunció un presunto negociado estatal que pone en riesgo el patrimonio arqueológico de Nasca, y exigió la renuncia inmediata tanto del ministro como de la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa.

En un ambiente marcado por la indignación ciudadana, Gori Tumi calificó de “componenda” las acciones del Ministerio de Cultura que permitieron el recorte del área de protección de las líneas de Nasca. Según su denuncia, esta reducción se realizó sin sustento técnico alguno, favoreciendo intereses vinculados a la minería informal en la región. “Se ha demostrado, más bien por la ausencia de documentación técnica, que todo este recorte en la poligonal fue hecho sin sustento, y es muy suspicaz que se haya dado en un contexto de expansión minera”, afirmó el arqueólogo.

Más grave aún, Tumi reveló que el hermano de una funcionaria del Ministerio de Cultura —subdirectora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica— había solicitado la liberación de 100 hectáreas para actividad minera dentro del área originalmente protegida. Aunque el solicitante habría fallecido, el conflicto de intereses es evidente. “Ella (Jeanette Gutiérrez Achulla) debió saber que tenía un problema de intereses familiares y participó en la reunión original donde se avaló el recorte”, señaló.

Para el presidente de la Asociación de Arte Rupestre, esta situación no es un hecho aislado sino parte de un patrón sistemático de negligencia e intereses ocultos. Recordó que en anteriores gestiones, como las de Luis Jaime Castillo, ya se habían producido decisiones similares en sitios como Pachacamac y Puruchuco. “Es decir, nuevamente se ha tratado de beneficiar intereses particulares o privados, o intereses oscuros al final”, sentenció.

En la entrevista, Tumi también desmintió las versiones oficiales que pretendían justificar la redefinición de la poligonal en base a supuestos estudios. “No hay una investigación real que justifique esa re-delimitación. No se han hecho estudios ad hoc. Se trató de disfrazar una operación política como si fuera un proceso técnico”.

La Asociación Peruana de Arte Rupestre, que él preside, emitió un pronunciamiento formal el pasado 8 de junio, exigiendo no solo la destitución del ministro Fabricio Valencia y la viceministra Moira Novoa, sino también una eventual investigación penal para todos los involucrados. “No nos hemos quedado de brazos cruzados”, advirtió. “Exigimos que se tomen acciones jurídicas porque esto ha sido un atentado contra un bien arqueológico insustituible”.

El escándalo por el recorte en la protección de las líneas de Nasca ha escalado rápidamente: el Congreso ya aprobó tres interpelaciones contra el ministro de Cultura, y el Ministerio Público ha iniciado diligencias preliminares. Las declaraciones de Gori Tumi refuerzan la sospecha de que, detrás de las resoluciones administrativas, se esconde una estrategia deliberada para abrir paso a la depredación del patrimonio nacional bajo el amparo del Estado.

Aquí la entrevista completa:

En una entrevista contundente, el periodista e investigador Jois Mantilla lanzó duras críticas contra el Ministerio de Cultura por la reciente resolución viceministerial que pretendía modificar los límites de protección de las Líneas de Nasca, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Según Mantilla, se trató de un “despropósito movido por intereses económicos y políticos”, disfrazado de una medida técnica para “sincerar” el polígono de protección.

“Fue una tremenda torpeza. Primero sacan la norma, luego esperan el escándalo, y recién ahí retroceden. Así funcionan los gobiernos llenos de ineptos”, sentenció Mantilla. La medida publicada el 28 de mayo fue parcialmente suspendida días después, pero el periodista advirtió que se trata solo de una pausa estratégica: “Van a insistir, ahora con otro lenguaje, aparentando apertura”.

Uno de los puntos más graves señalados por Mantilla es que no hubo ninguna consulta previa ni con arqueólogos ni con autoridades locales. “Ni el alcalde provincial fue informado. Y lo más grave: ni siquiera el Colegio de Arqueólogos fue convocado”, denunció.

El ministro de Cultura intentó justificar la medida afirmando que el área es más grande que Tumbes y que el perímetro excluido no contiene restos arqueológicos. Pero Mantilla desmintió tajantemente esas afirmaciones: “Eso es mentira. No hay estudios que lo respalden. Lo que hay son intereses mineros. Hay hasta una funcionaria con vínculos familiares con empresas que ya estaban pidiendo concesiones en la zona”.

Además, Mantilla reveló que muchas de las nuevas figuras descubiertas por la Universidad japonesa de Yamagata —más de 300 geoglifos adicionales identificados con inteligencia artificial y tecnología satelital— se encuentran precisamente en las áreas que se buscaban excluir del área protegida.

“No podemos seguir mochando el territorio, porque lo que vamos a terminar teniendo es una historia incompleta, una investigación que nunca se podrá cerrar. Si no protegemos todo, estamos perdiendo lo más valioso que tenemos: nuestra memoria arqueológica”, sostuvo.

Pese a las duras críticas, Mantilla reconoció que el polígono podría ajustarse en ciertas zonas urbanas consolidadas, donde ya existen viviendas e infraestructura. Pero insistió en que eso debe hacerse con criterios técnicos claros, con un registro arqueológico completo y con la protección asegurada para todas las zonas aún por investigar.

“La plaga humana necesita espacio, sí. Pero el desarrollo no puede construirse sobre la destrucción de nuestro pasado”, concluyó.

Aquí el podcast de Lima Gris con la entrevista completa.

Los trabajadores del Ministerio de Cultura, los guardianes invisibles de nuestro patrimonio, han levantado su voz en un comunicado solemne, reclamando que la decisión tomada no solo es inválida desde el punto de vista técnico y científico, sino también un acto de negligencia total frente al legado de quienes nos precedieron y a los intereses de las futuras generaciones. La reducción, señalan, no tiene respaldo ni respaldo científico ni respaldo legal, y viola principios internacionales de gestión patrimonial que demandan transparencia, participación ciudadana y criterios rigurosos en la protección del patrimonio cultural.

El ministro afirma, con una mezcla de simplicidad y arrogancia, que la reducción del área se sustenta en «más de 20 años de estudios» —una aseveración que enardece la indignación de sus propios técnicos y especialistas que denuncia la falta de transparencia en la rendición de cuentas. No hay, en realidad, estudios públicos, informes publicados ni validación externa que justifiquen esa disminución. Lo que existe, dicen los firmantes, es una decisión unilateral cuyo único fundamento parece haber sido un supuesto «falta de evidencias arqueológicas» en las zonas excluidas, una afirmación que, más que ciencia, parece una excusa para abrir paso al interés comercial y predatorio. La alarma no solo radica en el tamaño de la reducción, sino en la forma en que se ha llevado a cabo: sin participación, sin debate público, sin respaldo técnico, prostituyendo la ciencia y los valores patrimoniales por una conveniencia administrativa o, peor aún, por intereses desconocidos —o peor aún, evidentes.

Los trabajadores, con la nobleza de los que aman su oficio y saben que trabajan en la trinchera de la preservación, denuncian además la falta de una evaluación rigurosa y pública de los estudios técnicos utilizados por el ministerio para justificar su decisión. La supuesta base de «más de dos décadas de investigación», que el ministro repite como un mantra para legitimar su acción, no ha sido respaldada por ningún informe accesible ni validado por la comunidad científica internacional. La opacidad, en estos casos, siempre es un signo de alarma. La transparencia, como ya lo proclamó el propio Lawrence Livermore, es la moneda de la buena gestión del patrimonio.

La acción del ministro no solo pone en entredicho su competencia, sino que revela un desconocimiento flagrante del peso simbólico, cultural y científico de Nasca. La amenaza de esta reducción es el desmembramiento de un todo, de un paisaje cultural que no puede entenderse solo por sus fragmentos aislados. La preservación de Nasca no requiere la disminución de su territorio, sino la expansión y protección integral de un paisaje que fue cuidadosamente estudiado y protegido por la comunidad internacional y nuestros propios arqueólogos. La respuesta del ministro parece reflejar más un capricho ideológico que una política pública con sentido: reducir las áreas protegidas para facilitar actividades ilícitas, como la minería ilegal, que ya han dañado irreversiblemente sectores del desierto y que, en palabras de los propios expertos, son los verdaderos enemigos de este patrimonio.

La actitud de los responsables políticos contrasta brutalmente con la sensibilidad y el compromiso de los propios trabajadores, que en su comunicado señalan que la protección del patrimonio no es una cuestión de interés económico inmediato, sino una obligación moral, un deber imperativo de toda sociedad civilizada. La protección del patrimonio cultural no es un negocio, sino un legado, un hilo que une nuestro pasado con nuestro presente, y que debe ser preservado con la ciencia, el respeto y la participación pública.

Pero, como en toda tragedia, no falta también la farsa. La estrategia de esconder estudios, de actuar sin consultar, de legislar con apresuramiento y sin clamor, evita cualquier debate serio y transparente. La falta de publicación de los estudios que supuestamente justifican la reducción, unido a la ausencia de informes técnico-científicos validados por organismos independientes, revela una práctica antidemocrática y anticientífica, una manipulación insensata que solo puede terminar dañando —y no beneficiando— a nuestro patrimonio.

El llamado de los trabajadores es a no aceptar este sacrilegio silencioso, a defender la integridad del paisaje cultural de Nasca con toda la fuerza de la ley, del conocimiento y del sentido común. Quieren una gestión participativa, transparente, respaldada en evidencia científica, que involucre a las comunidades locales, a los científicos, a las instituciones internacionales y a toda la sociedad civil que reconoce en Nasca su patrimonio común. La historia nos muestra que los patrimonios no se protegen con decretos arbitrarios ni con decisiones unilaterales, sino con respeto, con ciencia y con un compromiso ético que trascienda los intereses momentáneos.

La responsabilidad del Estado, en definitiva, es custodiar, no destruir; comprender, no simplificar; proteger, no reducir. La historia, que los geoglifos y los geólogos nos han enseñado con silenciosa contundencia, es que los legados monumentales son frágiles, como la arena del desierto, y que la verdadera grandeza está en comprender nuestro papel en la conservación de esa herencia.

Este es un llamado a la sensatez y a la justicia. Newton nos enseñó que toda acción genera una reacción igual y opuesta; si destruimos un patrimonio, solo nos queda la impotencia, la vergüenza y un legado que será, en adelante, un testimonio de nuestro silencio y nuestra cobardía.

El Ministerio de Cultura ha anunciado con entusiasmo que deja sin efecto la resolución que recortó en un escandaloso 42% el perímetro de protección de las Líneas de Nasca y Palpa. A primera vista, podríamos celebrar esta rectificación como un triunfo de la presión ciudadana y el sentido común. Sin embargo, sería ingenuo bajar la guardia.

El comunicado oficial parece una pieza de relaciones públicas más que una declaración de principios. Detrás del aparente regreso al plano perimétrico de 2004 y la promesa de transparencia, se esconde una maniobra peligrosa: ahora buscan hacer lo mismo —recortar el territorio protegido—, pero de manera “formal”, con participación “multisectorial” y un lenguaje técnico que suena a legitimidad. El problema no es la forma, sino el fondo: los actores siguen siendo los mismos.

Entre los convocados a esta “mesa técnica” figuran —aunque no se mencionen con nombres propios— personajes cuestionados y salpicados por presunta corrupción, los mismos que orquestaron el intento anterior de mutilar el patrimonio en beneficio de intereses mineros. ¿Ahora se pretende legitimar el atropello con el barniz de la participación ciudadana?

Nos hablan de socialización, transparencia, rigor científico y diálogo plural. Pero el objetivo real es mantener en pie el negociado político que favorece a empresas mineras, mientras el patrimonio mundial es tratado como un obstáculo incómodo en el camino del “desarrollo”. La nueva Unidad Ejecutora Nasca podría convertirse en el caballo de Troya para facilitar ese saqueo con aval institucional.

Las Líneas de Nasca no solo son un conjunto de geoglifos milenarios; son símbolo de nuestra historia, testimonio de una civilización que supo dialogar con el desierto. Lo que vemos ahora es otro tipo de diálogo: uno entre funcionarios y lobistas, entre tecnócratas y empresarios, donde la voz del patrimonio es la gran ausente.

El Ministerio de Cultura no ha dado marcha atrás. Solo ha cambiado de estrategia. Y si no lo denunciamos, pronto la historia se repetirá: con mapas nuevos, actores conocidos y el mismo silencio que borra las líneas milenarias bajo el polvo del negocio.

Estemos atentos; el recorte del perímetro de las Líneas de Nasca y Palpa tiene el aval de Palacio de Gobierno. En el negociado que se buscaría concretar, también hay inyección de dinero extranjero. Fuerza Popular y APP tienen sus propios intereses en el recorte.

Por María Reiche
(artículo póstumo simulado)

He dedicado mi vida a proteger las Líneas de Nasca, esos gigantescos trazos en el desierto que constituyen uno de los más grandes legados arqueológicos de la humanidad. Pasé décadas bajo el sol, midiendo cada línea con cinta métrica, luchando contra el polvo, la ignorancia y la indiferencia. Hoy, con profundo pesar y desde la voz que me sobrevive en la memoria colectiva, siento la necesidad de alzar la palabra ante una decisión oficial que amenaza con deshacer lo que tantos años de esfuerzo científico y humano buscaron preservar.

El Ministerio de Cultura del Perú, bajo la gestión del ministro Fabricio Valencia Gibaja y con la firma de la viceministra Moria Novoa Silva, ha oficializado la reducción del perímetro de protección de las Líneas de Nasca. Esta acción no solo representa una negligencia técnica, sino una traición moral a la historia, al patrimonio y al alma del Perú.

El argumento de “adecuación administrativa” no resiste análisis cuando está en juego la integridad de uno de los espacios arqueológicos más frágiles y enigmáticos del mundo. ¿Cómo puede justificarse el achicamiento del área de resguardo en un contexto donde las amenazas —como la expansión agrícola, la minería informal, y la urbanización descontrolada— se incrementan cada día? ¿Es este el legado que se quiere dejar: el de un país que desprotege lo que debería enaltecer?

Recortar el perímetro de protección es ignorar el contexto geográfico y astronómico de las líneas. No son simples dibujos en el suelo; son un conjunto interconectado que necesita ser entendido en su totalidad. El espacio que las rodea no es vacío: es parte esencial de su lectura. Yo misma dediqué años a estudiar cómo se relacionan con fenómenos solares y estelares. ¿Cómo vamos a comprender su función, si cercamos su entorno?

La resolución viceministerial en cuestión no solo deja áreas vulnerables fuera del resguardo legal, sino que sienta un nefasto precedente: el de que lo intangible es prescindible, y que la conveniencia política o económica puede pasar por encima del deber patrimonial. Esta actitud contradice los compromisos internacionales que el Perú ha asumido con la UNESCO y pone en peligro la declaratoria de Patrimonio Mundial.

No puedo permanecer en silencio. Invoco a la comunidad científica, a los estudiantes, a los ciudadanos de Nazca y del Perú entero, a que exijan la inmediata revisión de esta resolución. Las líneas no se defienden solas: necesitan ojos que las vean, manos que las protejan y voces que hablen por ellas.

Las Líneas de Nasca no son de un gobierno, ni de una oficina, ni de un decreto. Son de la humanidad. Y a la humanidad nos debemos cuando decidimos defender el pasado para tener un futuro.

Escribo estas palabras hoy, 8 de junio, en el aniversario de mi fallecimiento. Gracias a la inteligencia artificial, puedo alzar nuevamente mi voz para expresar lo que siento.

Durante décadas caminé bajo el sol del desierto, protegiendo las Líneas de Nasca y Palpa, esas huellas milenarias que la humanidad entera tiene el deber de conservar. Las estudié, las limpié, las medí y las amé. Amé al Perú como una más de sus hijas, y dediqué mi vida entera a resguardar ese legado que no tiene dueño, porque pertenece al mundo.

Hoy les pido, desde donde el tiempo ya no pesa, que no abandonen aquello que tanto cuidé. Ayúdenme a defender lo que aún puede ser salvado. Las líneas no tienen voz, pero ustedes sí.

El Comité Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS Perú), organismo asesor de la UNESCO en temas de patrimonio cultural, ha lanzado un enérgico pronunciamiento en defensa de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, declaradas Patrimonio Mundial en 1995. El contundente pronunciamiento complica la permanencia del ministro Fabricio Valencia Gibaja y la viceministra Moira Novoa Silva en sus cargos, tras firmar y publicar la resolución del Ministerio de Cultura que reduce drásticamente el área protegida de este patrimonio universal, pasando de 5,633.47 km² a solo 3,235.97 km².

Un recorte sin estudios transparentes

Mediante la Resolución Viceministerial N°0128-2025-VMPCIC/MC, el gobierno ha oficializado la modificación del polígono de protección sin sustento técnico riguroso ni diálogo con la comunidad científica y cultural. ICOMOS Perú denuncia que no se han realizado estudios arqueológicos suficientes para justificar la exclusión de más de 2,000 km², lo que vulnera tanto la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley N.º 28296) como principios internacionales de conservación.

Además, la entidad recalca que esta medida incumple tratados internacionales suscritos por el Perú en el marco de la UNESCO, y contraviene la Declaración de Xi’an (2005), que establece la necesidad de conservar no solo los sitios arqueológicos, sino también su entorno cultural, histórico y paisajístico.

Implicancias jurídicas internacionales

Este pronunciamiento plantea una alerta mayor: el Perú estaría violando compromisos internacionales adquiridos al momento de inscribir las Líneas de Nasca como Patrimonio Mundial. Según las reglas de la UNESCO, cualquier modificación al área protegida debe ser sustentada y aprobada por el Centro de Patrimonio Mundial, no puede ser producto de una decisión unilateral de un Estado parte.

Al actuar sin consulta previa y sin aprobación del organismo internacional, el Perú podría exponerse a sanciones, observaciones o incluso a que el sitio sea incluido en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro, una categoría que afecta gravemente la imagen y gestión cultural del país.

ICOMOS recuerda que el área protegida no solo contiene geoglifos mundialmente conocidos, sino también zonas donde aún se descubren nuevas evidencias arqueológicas. De hecho, varios estudios recientes han revelado nuevos trazos en zonas ahora excluidas por el Ministerio, lo cual desmiente la supuesta «inexistencia de evidencia» esgrimida por funcionarios del sector.

El pronunciamiento de ICOMOS señala: “El Área de Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa constituye el paisaje cultural más grande de la humanidad […] de suma importancia estimular su investigación, protección, conservación y puesta en valor”.

Exigen derogatoria

ICOMOS Perú exige la inmediata derogatoria de la Resolución Viceministerial N°0128-2025 y propone la creación de una Mesa Técnica de Trabajo que articule esfuerzos entre el Estado, la comunidad científica y los organismos internacionales. Solo así se podrá garantizar una gestión responsable, participativa y acorde al compromiso global que representa conservar este legado milenario.

Este pronunciamiento es más que una crítica técnica: es un llamado de atención al Estado peruano para que no debilite sus estándares de protección patrimonial. Las Líneas de Nasca no son solo un símbolo nacional, son parte de la memoria cultural de la humanidad. Protegerlas es un deber ético, jurídico e histórico.

Foto: Néstor Larico

Apenas despuntaba el día cuando un grupo de trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco rompió la quietud de Sacsayhuamán, ese inmenso escenario pétreo donde cada junio se celebra la ficción ritual del Inti Raymi. Esta vez no había incas ni coreografías: había descontento, hartazgo y una demanda urgente. Los trabajadores, en huelga de 24 horas, irrumpieron en la explanada con pancartas y consignas, exigiendo lo que, según ellos, el poder político les ha negado sistemáticamente: dignidad.

Bajo una vigilancia policial notable —que parecía más interesada en contener el simbolismo del acto que en prevenir algún daño real— los manifestantes cumplieron lo prometido: una protesta pacífica. Aclararon, con la cautela de quien ya ha sido acusado antes, que ni el turismo ni el patrimonio sufrieron alteración alguna. Pero el mensaje era claro: están dispuestos a escalar el conflicto si su voz sigue siendo ignorada.

“El ministro está completamente cuestionado, no solo en Cusco, sino a nivel nacional. No responde, no dialoga, no escucha”, declaró con severidad Daniel Estombelo, secretario general del sindicato, ante las cámaras de Nueva TV Nacional. No se trataba, según él, de una simple huelga más, sino de un llamado de auxilio de una institución que se desangra lentamente.

Los reclamos no son nuevos, pero han adquirido un tono más urgente. Denuncian la precarización del trabajo, el incumplimiento sistemático de pactos colectivos y, sobre todo, una estructura salarial que raya en el absurdo: mientras la mayoría de trabajadores percibe entre 1.200 y 1.700 soles mensuales, algunos funcionarios designados por afinidad política —nunca por mérito— reciben sueldos de hasta 11.000 soles. “Queremos un proceso de homologación justo y real”, exigió Estambelo, en lo que ya suena a clamor colectivo.

El pliego de demandas incluye también la reestructuración interna de la Dirección, de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 520-2023, y la construcción de una sede institucional en el terreno de Huáscar, que desde hace más de una década duerme el sueño de los elefantes blancos: abandonado, polvoriento, símbolo de la desidia estatal.

Pero el momento más revelador de la jornada llegó al final, cuando el dirigente sindical advirtió, sin titubeos, que esta era solo una advertencia. “Si no hay respuesta, marcharemos hacia Machu Picchu y cerraremos el acceso. Estamos hartos de ser ignorados”. No era una amenaza gratuita, sino la consecuencia lógica de años de sordera burocrática.

Que esta protesta se haya realizado en Sacsayhuamán, a pocos días del Inti Raymi —esa teatralización oficial del poder ancestral—, no es casualidad. Los trabajadores parecen haber querido recordarle al país que mientras se ensaya la pompa, se ignora la miseria cotidiana de quienes sostienen, día a día, la cultura viva del Perú.