Desde el Congreso de la República, el parlamentario Guido Bellido Ugarte ha enviado un oficio al ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, solicitando información sobre el nombramiento de la suboficial PNP Flor Betzabé Cama Trebejo como directora del colegio PNP Santa Rosa de Lima. Esta solicitud responde a las denuncias y documentos que evidencian una gestión deficiente que afecta a una comunidad estudiantil de 900 alumnos de primaria y secundaria.

En el oficio Nº 1927-2024-2025-GBU/CR dirigido al titular del Minedu, Bellido Ugarte menciona la información publicada por Lima Gris y advierte que, según el Convenio Marco N° 002-2019-MINEDU, suscrito entre el Ministerio de Educación y la Policía Nacional del Perú, “se establece expresamente que la designación de directores en colegios administrados por la PNP debe recaer en un Oficial PNP”. Sin embargo, Cama Trebejo es suboficial, lo que, según el oficio, “podría contravenir dicho convenio, generando preocupación sobre el cumplimiento normativo y la gestión adecuada de los centros educativos administrados por la PNP”.

Ante esta situación, el congresista exige al ministro Quero Gaime un «informe detallado sobre el proceso de designación de la dirección de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima y los criterios aplicados para la designación de la suboficial PNP Flor Betzabé Cama Trebejo». Además, solicita explicaciones sobre las acciones que tomará el MINEDU frente a esta aparente vulneración del convenio.

Es importante señalar, que el legislador Guido Bellido es parte de la Comisión de Educación del Congreso de la República y, además, en la misiva menciona que el pedido de información lo realiza en virtud a sus facultades contenidas en los artículos 96 de la Constitución Política del Perú y 87 del Reglamento del Congreso.

El silencio del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior ante estas denuncias es inaceptable. Ambas instituciones tienen el deber de supervisar y garantizar que la normativa se cumpla, evitando que decisiones arbitrarias comprometan la calidad educativa de los colegios contemplados en su convenio. Desde Lima Gris, exhortamos a la Defensoría del Pueblo a intervenir de oficio y exigir medidas inmediatas que protejan el derecho de los estudiantes a una educación de calidad.

La cuestión del proyecto impulsado por el gobierno de la creación de un Ministerio de Infraestructura llegó a la Mesa de Trabajo de hoy en el Congreso. Desde los representantes de diversos entes del Estado se percibía lo que podría llamarse un complaciente optimismo acrítico.

Antes que nada, una cuestión relevante en la creación de un nuevo ministerio es en el caso de Infraestructura determinar la identificación de brechas. Por ejemplo, en caso de necesitarse un hospital en Ancash cuáles serían las características, las cuales son capacidades que hace un ente rector que es el que identifica brechas. Este Ministerio de Infraestructura vendría a ser el ente rector en lo concerniente a obra pública y el que va definir la brecha, el cómo se va a articular, así como su ejecución. Cuando se habla de un plan de infraestructura tendría que estar articulado con los sistemas administrativos de las diferentes rectorías y ello incluye a los distintos niveles de gobierno.

En la mesa de trabajo encabezada por el congresista Rospigliosi, estuvieron presentes los representantes de los diferentes ministerios, así como del gremio empresarial.

El representante de MINEDU hizo hincapié en la necesidad de tener un ente regulador de forma transversal. «Tenemos 55 mil colegios públicos a niveles nacional y la brecha [en infraestructura] es altísima», señaló el representante de MINEDU quien refirió que se podría cerrar la brecha en más de cien años al ritmo que vamos. «Hemos llegado a 6% de presupuesto para infraestructura en educación».  También refirió que la brecha es dinámica debido al paso del tiempo y a efectos del clima.

El representante de Desarrollo Agrario, refirió que un nuevo ministerio sería prácticamente el mismo sistema de trabajo actual que se lleva en todos los ministerios, Pero que en este caso sería una gran unidad ejecutora que es tal como perciben lo propone el proyecto del Ejecutivo.

El representante del Ministerio de Salud, remarcó que lo que se propone es una entidad transversal de coordinación a nivel del Poder Ejecutivo y gobiernos locales y regionales, el cual atendería a mejorar los mecanismos de coordinación en una economía de escala.

El representante de los gobiernos regionales mencionó su preocupación en cuanto a la transferencia de funciones que realiza el Ejecutivo a los poderes regionales, lo cual no sucede de manera uniforme. Y esto porque existen gobiernos regionales a los que se ha transferido determinadas competencias mientras otras siguen concentradas en el gobierno nacional, por lo que invocó, a que se tenga a bien el incorporar una disposición al proyecto planteado por el gobierno, a través de la cual se disponga que la secretaría de descentralización de la PCM, precise los alcances de esta distribución de funciones a favor de gobiernos regionales de forma que quede claro las competencias que ejercerán cuando el ministerio de infraestructura funcione.

En la Mesa de Trabajo del Congreso que ve la creación de un Ministerio de Infraestructura que impulsa el gobierno de Dina Boluarte, oportunamente en su último año al mando; los gremios de la patronal como Confiep y ADEX se mostraron críticos a su existencia.

Desde el sector privado el representante de la Confiep, señor Zapata, se refirió con algo más que dudas a la creación de este ministerio. «Creemos que los problemas que tiene la infraestructura del país no se van a solucionar con un ministerio, los problemas van por otro lado (…) Según el representante de la PCM quien señala que este órgano va ser un órgano planificador. No veo que necesitemos un ministerio para planificar, ya tenemos un plan nacional de infraestructura para la competitividad. Si se va a planificar a nivel de gobiernos regionales entonces ¿para qué están los gobiernos regionales? Después dicen que sería un órgano rector, entonces qué pasa con la OSCE al que acabamos de aprobar una nueva ley de contrataciones por el que se le ofrece más facultades, y a la que hemos reformado varías veces, ha sido CONSUCODE, y ahora OSCE».

El representante de ADEX por su parte mencionó que ya tenemos malas experiencias de la autoridad para la reconstrucción con cambios en cuyo caso solo funcionó para los proyectos simples y no los de envergadura. También estimó que «el gobierno está terminando y no consideramos oportuno que se implemente este ministerio».

 También consideró una de las posibles causas de la ineficiencia de la obra pública debido a «una falta de comunicación efectiva operativa entre los tres niveles de gobierno».  Luego apocalípticamente señaló que, en cuanto a la corrupción, «el 80% de los recursos que se van en corrupción provienen de la ejecución de obras, por lo que concentrar las obras en un solo ente político concentraría la corrupción y el poder político y la discrecionalidad».

Por su parte, Aramayo de COPECO señaló que “no estamos enfocando el problema el cual es la falda de predictibilidad (…)  Nadie ha hecho la comparación de estos diferentes sistemas de modalidades de contrataciones. Mientras tenemos en obra pública un tope del 30% en adicionales [gastos fuera del presupuesto de proyecto] , en lo que es gobierno a gobierno estamos llegando al 200% de adicionales, solo que a estos se les llama eventos compensables donde los presupuestos referenciales se duplican (…) Si con la creación del nuevo ministerio estuviésemos solucionando el tema de la predictibilidad estaríamos en una buena situación. Pero lamentablemente no hemos escuchado eso. El funcionario necesita de cierta subjetividad para solucionar los problemas de lo contrario todo va a seguir igual».

De esta manera, los representantes del sector privado coincidían en su escepticismo respecto al nuevo ministerio para quienes su existencia No va a solucionar los problemas. Y es que entre los grandes problemas de porque no se desarrolla la obra pública en el país está un aspecto emocional: el temor a la contraloría. «El funcionario tiene terror de resolver los problemas que se presentan en obra, si hay que hacer un adicional se lo piensan 50 veces antes de firmar el adicional. Y sin embargo las obras siempre van a tener problemas».

Algo que insistieron los representantes de la patronal es su extrañeza de un proyecto de parte de un gobierno que está a poco más de un año de acabar su gestión. No entienden por qué el gobierno lo hace tomando en cuenta que toda esa transformación va ser muy complejo de llevar a cabo. Solo imaginar lo complicado que será hacer la transferencia de funciones desde los 14 entes a cargo de cada ministerio para crear este súper Ministerio resulta de por sí preocupante. Si ya de por sí la transferencia de institución a institución fue problemática en el pasado respecto a los precedentes en este campo de la ejecución de obras públicas, como fue la otrora autoridad de reconstrucción con cambio que pasó a ser la ANIM, imaginar un escenario a una escala ministerial que lo concentre es de no imaginar. Consideraron finalmente que hacerlo al final del gobierno no era recomendable.

Por su parte, el representante de Contraloría General de la República, informó que su institución tiene un enfoque más proactivo en cuanto al control de ejecución de gastos. Señaló también que en “los últimos diez años se incrementó el número de obras paradas. De 560 obras se pasó a que tengamos 2500 obras de inversión paralizada. Es decir, se pasó de 4 mil millones a tener a la fecha una inversión de 43 mil millones paralizadas». Esto por falta de previsiones presupuestales, abandono de obra, etc.  «El problema central de esto es que el 85% de esto está bajo el ámbito de gobiernos regionales».

Lo que nos lleva a inferir una conclusión. Si el 80% de la corrupción se genera en torno a las obras públicas y el 85% de obras paradas recae en las autoridades regionales, el vínculo nos lleva a imaginar una descentralización de la incompetencia sumada o impulsada por la corrupción. Aunque por otra parte, un hipotético nuevo Ministerio de Infraestructura sería la centralización del espacio donde se concentraría la corrupción y por ende el poder. Quizás la existencia de este ministerio de infraestructura sea el mas peligroso legado del gobierno de Boluarte. Un ministerio nacido de puentes caídos y colegios en ruinas donde se decida dónde, cuándo, cómo y cuánto se configurará el rostro material del Perú, y dónde esa misma riqueza haga emerger una posible nueva elite de burocracia de ladrillo y cemento.

Una vez más, la jefa de Estado Dina Boluarte Zegarra, ignora las críticas en su contra ante su cuestionado Gobierno y hace caso omiso a las numerosas investigaciones que le abrió la Fiscalía de la Nación, desde que asumió la presidencia de la República. Y desde su perspectiva, todas las acusaciones forman parte de un libreto inventado con el objetivo de desestabilizar al Poder Ejecutivo que lidera.

La mandataria Boluarte acudió hasta la Escuela Bicentenario I. E. n.° 3088 Vista Alegre, ubicada en Puente Piedra, junto al también cuestionado ministro de Educación, Morgan Quero, para presidir una ceremonia de presentación ante la presencia de escolares y aprovechó para asegurar que todas las acusaciones en su contra solo son historias inventadas y que sus obras hablarán por su gestión en el futuro.

«Lo hacemos sin detenernos ante las acusaciones y constantes historias que nos inventan, no hacemos más que reírnos y seguir para adelante. Nosotros respondemos con obras. Ahí están los colegios, los hospitales, las carreteras, los puentes y cientos de obras que quedan para el pueblo y que la historia sabrá reconocernos ante quienes nos critican y juzgan por intereses mezquinos», concluyó la cuestionada mandataria.

Luego de que sorpresivamente se “le vino el día” a Vladimir Cerrón Rojas, tras el último fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presidida por el juez César San Martín, que lo absolvió, por el presunto delito de colusión en el caso ‘Aeródromo Wanka’ y que revoca la sentencia de tres años y seis meses de pena privativa de la libertad que recaía en su contra; la discusión sobre su posible participación en las Elecciones Generales de 2026, como candidato a la presidencia del Perú, nuevamente cobra vigencia y probabilidad.

¿Las razones? Según, diversos expertos en derecho electoral, al quedar sin una condena penal vigente, el líder de Perú Libre, ya no necesitaría a un Pedro Castillo como cabeza de lista en una probable plancha presidencial para el 2026. Y en su lugar, él mismo podría aspirar a la Presidencia de la República, a través de su partido.

Con la reciente resolución judicial, al aún prófugo Cerrón Rojas, prácticamente se le retira el mayor impedimento que anulaba todas sus aspiraciones políticas.

Tiene prisión preventiva

Pese a ser absuelto de un caso importante, como es el ‘Aeródromo Wanka’, Vladimir Cerrón Rojas, todavía tiene una orden de prisión preventiva en su contra, por la investigación sobre ‘Los Dinámicos del Centro’. No obstante, dicha disposición carcelaria es una medida cautelar excepcional, y no se trata de una sentencia firme.

Como se sabe, en 2016 Vladimir Cerrón Rojas, se lanzó como candidato presidencial, pero antes de la elección se retiró de la contienda. Seguidamente, en 2021, postuló como segundo vicepresidente en la plancha que encabezó Pedro Castillo y Dina Boluarte como primera vicepresidenta; sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) impidió su inscripción debido a una sentencia firme de cuatro años por el delito de negociación incompatible.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solo impide candidaturas cuando los postulantes cuentan con condenas vigentes en primera o segunda instancia por delitos dolosos. Y la actual situación jurídica de Cerrón Rojas, al quedar absuelto del caso ‘Aeródromo Wanka’, le permite tentar un cargo de elección popular, a menos que surjan nuevas causas en su contra, o aparezcan otros procesos pendientes.

Por su parte, el abogado penalista Andy Carrión explicó ante la prensa que Cerrón Rojas ya no tiene actualmente ningún impedimento legal para presentarse como candidato: “Al día de hoy no tiene una sentencia condenatoria. En las anteriores elecciones lo excluyeron porque tenía una”.

Perú Libre calienta motores

Asimismo, el secretario regional de prensa de Perú Libre, Richard Rojas, respaldó públicamente una eventual postulación, “Cerrón es el candidato natural del partido para el 2026”, declaró el dirigente, tras conocerse este nuevo fallo que favorece políticamente al exgobernador Regional de Junín.

De mal en peor. Luego de haber sido apartado del partido PPC por sus vínculos con Odebrecht, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios (Tercer Despacho) obtuvo una sentencia condenatoria- de cuatro años y dos meses de prisión– contra el exgobernador regional de Ica, Fernando José Cillóniz Benavides, y el exgerente general de dicha región, Carlos Ramón Noda, tras haber sido hallados responsables penalmente del delito de peculado doloso.

La sentencia impuesta es suspendida de ejecución por un periodo de dos años de prueba, sujeto a las siguientes reglas de conducta: prohibición de cometer nuevos delitos contra la administración pública, no ausentarse del lugar de su residencia, entre otras.

El caso estuvo a cargo del fiscal provincial Alexander Pérez López, quien, durante el juicio oral, logró acreditar la responsabilidad penal de los imputados.

Además, se fijó una reparación civil solidaria de S/12,608.90 soles, que deberán cancelar ambos sentenciados en un plazo de 10 días, bajo apercibimiento de aplicar las medidas legales correspondientes en caso de incumplimiento.

Los hechos que motivaron la condena se refieren a la apropiación indebida de fondos del Estado por parte del exgerente general regional, Carlos Ramón Noda, quien se ausentó de su lugar de trabajo para participar en 11 eventos durante el periodo 2015-2018 en representación del Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica. 

A pesar de ello, no justificó su ausencia en esos días en el gobierno regional, ni solicitó el descuento correspondiente de su remuneración como trabajador de la referida jurisdicción.

Dicho acto fue aprobado a través de la Resolución Ejecutiva Regional n.° 0327-2017-GORE-ICA/GR, suscrita por el exgobernador regional Cillóniz Benavides.

Cillóniz y sus vínculos con Odebrecht

La noticia se suma a la exclusión de su precandidatura luego de confesar que representa legalmente a dos empresas de Odebrecht en el Perú. En una entrevista concedida al canal Willax, Cillóniz reveló que actualmente ocupa el cargo de director en CTO y H2Olmos, involucradas en el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético de Olmos, ubicado en la región de Lambayeque. Durante la conversación, el empresario agroindustrial afirmó: “Yo represento legalmente a esas dos empresas de Odebrecht, sí”. Además, advirtió que la salida de Novonor del proyecto podría tener graves consecuencias, como la pérdida de 67.000 empleos y la interrupción del suministro de agua para los agricultores de la zona.

Y pensar que todavía hay congresistas que creen en la inocencia del profesor chotano. Lo dijo fuerte y claro: el ex comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Raúl Alfaro Alvarado, dijo que durante el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 el ex presidente Pedro Castillo le pidió que cierre el Congreso de la República, intervenir a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y brindar seguridad a su familia en las casas de Betssy Chávez y el expremier Aníbal Torres. 

En calidad de testigo, el ex comandante Alfaro ratificó lo declarado por el general en retiro de la PNP, Jorge Angulo Tejada, durante la audiencia del juicio oral contra Pedro Castillo por los cargos de rebelión.

“El presidente [Pedro Castillo] me dice: ‘General, cierre el Congreso. Saque todos los que están adentro, no permita que nadie ingrese, intervenga a la fiscal de la Nación y la Fiscalía y de seguridad al domicilio del señor Aníbal Torres, de la premier Betssy Chávez y al domicilio de sus padres”, declaró. 

“Yo le respondí: ‘Señor presidente, ¿cuál es el motivo para intervenir a la fiscal de la Nación y el cierre del Congreso’. Me dijo: ‘Esos detalles se lo va a dar el ministro’”, agregó.

Alfaro también afirmó que fue él quien dio la orden de detener a Castillo, horas después de que ordenara cerrar el Congreso en un mensaje a la nación, por considerar que había cometido «un delito flagrante» y un «quiebre de la Constitución» con la decisión anunciada al país.  

El ciudadano Carlos Francisco Hinostroza Rodríguez presentó una solicitud ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para declarar la vacancia de 21 regidores metropolitanos de Lima, pertenecientes a la bancada de Renovación Popular y de otras bancadas, debido a que, en un Acuerdo de Concejo de fecha 13 de noviembre del año pasado, aprobaron una contratación directa con la empresa Operadora Península Corridor Joint Power Board-Caltrain  para la adquisición de 20 locomotoras EMD F40PH-2, 93 vagones galería y repuestos, por US$6 millones 502,915, los cuales fueron fabricados entre los años 1985 y 1987. 

En dicha contratación los concejales aprobaron cubrir los gastos de remoción y traslado hacia Lima-Perú, de los ferrocarriles que actualmente se encuentran en los condados de Sonoma y San José, California. Por lo que la MML asumirá un gasto aproximado de US$ 24’502,915 (veinticuatro millones quinientos dos mil novecientos quince con 00/100 dólares americanos), de los cuales, USD$ 7’502,915 corresponden por la aceptación de la donación del material ferroviario y aproximadamente USD$ 17’000,000 por concepto de remoción de piezas y traslado, conforme se establece en el Acuerdo de Concejo aprobado.

Los 21 regidores denunciados son:

El teniente alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Andrés Reggiardo Barreto, Fabiola María Morales Castillo, José Manuel Tisoc Lindley, María del Rosario Payet Bedoya, Guillermo Humberto Valdivieso Méndez, María José Marcet Yarrow, (hija de la congresista Norma Yarrow), Efraín Aguilar Pardavé, Deborah Carmen Inga Zapata, Ahura Hires Rocha Salazar de Trujillo, Giuliana Calambrogio Correa de Balmaceda, Miguel Miguel Ciccia Ciccia, Mirta Aidé Mondragón Guevara, Leo Miguel de Paz Lancho, Jeanette Evangelina Alonzo Contreras, Luis Sigfredo Milla Soto, Celmira Zaldaña Sevallos, Juver Elías Valentín Zúñiga, Lida Esperanza Valdivieso Solis, Luzi Margarita Toro de Jiménez, Carlos Gustavo Eduardo Ballón Lavagna, y Juan Raúl Cavero Aybar.

Causal de vacancia

La causal que se invoca, se basa en el artículo 11° de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), por la presunta aprobación irregular de gastos relacionados con la remoción y traslado de ferrocarriles hacia la capital peruana.  

Según lo argumentado por el denunciante Hinostroza Rodríguez, los regidores no cuentan con facultades para autorizar contrataciones directas, lo que configuraría una causal de vacancia, según la Ley Orgánica de Municipalidades.

Articulo 11°. – Responsabilidades, Impedimentos y derechos de los regidores.

“Los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos, sean de carrera o de confianza, ni ocupar cargos de miembro de directorio, gerente u otro, en la misma municipalidad. La infracción de esta prohibición es causa de vacancia del cargo de regidor”.

De acuerdo al acta N° 51 de la Sesión Extraordinaria de Concejo, de fecha 13 de noviembre de 2024, donde se aprobó el Acuerdo de Concejo N° 419:

“El regidor Gagó Pérez, expuso y evidenció que se estaría realizando subrepticiamente una compra, bajo el concepto de una donación; pese a ello, los regidores votaron a favor de la adopción de un Acuerdo claramente contrario a las competencias que contaban; asimismo, el señor alcalde López Aliaga, confirma la naturaleza contractual de lo adoptado, indicando que los $24’000,000 USD es el costo del transporte”,  se lee en otra parte de los argumentos para el pedido de vacancia contra los concejales metropolitanos.

Asimismo, en el Fundamento 10° del documento denunciante presentado ante el JNE, se señala que dicho pedido de vacancia se encuentra acorde a lo dispuesto en la Resolución N° 0231-2024 emitida por el JNE, respecto al Concejo Municipal del distrito de José Leonardo Ortiz.  

El documento fue recibido por el JNE este miércoles 26 de marzo de 2025, y de acuerdo con la normativa edil, el Concejo Metropolitano deberá convocar a una sesión extraordinaria para debatir y evaluar la solicitud y luego permitir el derecho de defensa de los implicados. En caso de aprobarse la vacancia y ser ratificada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los regidores deberán ser reemplazados por sus respectivos accesitarios.