En un país que constitucionalmente se declara laico, el reciente anuncio del gobierno de Dina Boluarte ha reavivado el debate sobre la separación entre Iglesia y Estado. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha confirmado la inversión inicial de 40 millones de soles en la llamada “Ruta del Papa León XIV”, un proyecto turístico centrado en los lugares que recorrió el actual sumo pontífice, Robert Prevost, durante su vida pastoral en el Perú. Esta inversión, sería parte de los S/ 540 millones que se emplearán en la ruta religiosa.

La ministra del sector, Úrsula Desilú León, informó durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que ya se ha aprobado la transferencia de recursos a distintas entidades públicas para el desarrollo del circuito turístico. “Ya hemos dispuesto de 40 millones de soles para impulsar la ruta del papa, a través de una ley que autoriza el financiamiento de acciones en el marco de este proyecto”, precisó.

Los beneficiarios incluyen al Gobierno Regional de Lambayeque, la Municipalidad Provincial del Callao y la Municipalidad Provincial de Chiclayo, entre otras instituciones. Según el Ejecutivo, esta inversión busca promover el turismo religioso con un enfoque patrimonial y espiritual, en línea con una estrategia más amplia de dinamización económica en regiones históricas y de alto valor cultural.

El circuito abarcará cuatro regiones del país: Piura, Lambayeque, La Libertad y el Callao. Entre los puntos más destacados del recorrido figuran el Obispado de Chulucanas, el Santuario de la Cruz de Motupe, la Catedral de Chiclayo y la Diócesis del Callao, todos ligados a la trayectoria eclesiástica del cardenal Robert Prevost, hoy Papa León XIV.

El lanzamiento oficial del proyecto está programado para el 21 de julio y se realizará simultáneamente en las cuatro regiones involucradas. “Estamos mapeando una inversión más amplia, que podría alcanzar hasta 540 millones de soles, priorizando también obras de transporte, vivienda y saneamiento en las zonas donde pasará la ruta”, explicó la ministra León.

Sin embargo, el proyecto no ha estado exento de cuestionamientos. Diversos especialistas en derecho constitucional y defensores del laicismo han recordado que el artículo 50 de la Constitución del Perú reconoce la independencia del Estado frente a cualquier confesión religiosa. Aunque la Iglesia Católica mantiene un vínculo especial con el Estado por razones históricas y culturales, este no debería traducirse en un trato preferencial financiado con fondos públicos, afirman.

Aún no se han anunciado rutas equivalentes para otras tradiciones religiosas presentes en el país, lo que ha generado dudas sobre la equidad del enfoque gubernamental. Mientras el Ejecutivo defiende el proyecto como una apuesta por el turismo y la recuperación económica regional, el debate de fondo —¿puede un Estado laico financiar una ruta explícitamente católica? — sigue sin resolverse.

No solo en julio se escuchará el himno nacional. Durante las últimas décadas, el Perú viene sufriendo por una crisis de identidad de los símbolos patrios; atrás quedaron cuadras enteras cubiertas por los colores patrios, en las formaciones se cantaba, a todo pulmón, obligatoriamente el himno nacional, y miles de escolares ansiaban formar parte de la escolta para así poder marchar el 29 de julio.

A propósito de esa crisis, el Ministerio de Defensa (Mindef) viene proponiendo que todos los medios de comunicación que emitan señales de manera regular incluyan en su parrilla el himno nacional al menos dos veces al día. «Las transmisiones deben realizarse a las 08:00 y las 18:00 horas», señala el documento oficial, destacando la importancia de esta práctica para reforzar la identidad nacional.

De acuerdo al documento oficial elaborado por el Mindef, los canales y emisoras, tanto público como privadas, están obligados a seguir la versión oficial del himno nacional.

«La difusión, incluyendo subtítulos y lenguaje de señas para las emisiones televisivas, pública y en vivo, debe cumplir con el himno nacional oficial a las 08:00 y las 18:00 horas», se indica en la regulación. Esta medida busca garantizar que la ciudadanía acceda a una representación unificada del símbolo patrio, promoviendo su valor cultural en todos los hogares.

No se podrá alterar el himno nacional

La norma también prohíbe modificaciones arbitrarias en la ejecución del himno. «Queda prohibida la difusión de versiones no oficiales, con arreglos, modificaciones, superposición de imágenes, sonidos de fondo u otros efectos», según el artículo 47 de la Resolución Ministerial n.° 00836-2025-DE. Esta restricción asegura que la esencia del himno se mantenga intacta, respetando su diseño original y evitando alteraciones que puedan desvirtuar su significado.

Finalmente, la implementación de estas reglas recae en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), ente encargado de supervisar su cumplimiento.

Críticas

Por su parte, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, expresó su desacuerdo con el proyecto que obliga a los medios a transmitir el himno nacional en horarios fijos, como contempla el pre reglamento elaborado por el Ministerio de Defensa. Gutiérrez consideró que esta medida no aporta una solución real y subrayó que la difusión de los símbolos patrios debería ser parte de la política institucional de cada medio de “manera voluntaria”.

El funcionario advirtió que, aunque los medios utilizan el espectro radioeléctrico que pertenece a todos los peruanos, el compromiso de promover valores cívicos no se debe imponer desde el Estado. En su opinión, una alternativa sería incorporar mensajes patrióticos u homenajes a héroes nacionales, especialmente durante festividades como Fiestas Patrias.

Desde su celda, el expresidente Pedro Castillo ha vuelto a alzar la voz. Esta vez, no por su propio proceso judicial, sino para defender a su incondicional exprimera ministra, Betssy Chávez Chino, quien enfrenta su propia batalla tras iniciar una huelga de hambre en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos. La medida extrema, según su defensa, responde a presuntas agresiones y restricciones que vulnerarían sus derechos fundamentales.

Castillo Terrones, procesado junto a Chávez Chino por su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022, utilizó su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) para solidarizarse públicamente con ella. No solo exigió garantías para su integridad, sino que la describió como “víctima del odio” de un “régimen usurpador”, acusando al actual gobierno de ser cómplice de su situación.

“Expreso mi total solidaridad con la compañera Betssy Chávez, ex primera ministra del Perú, hoy víctima del odio y la persecución. Exigimos garantías para su vida, el cese del hostigamiento y el respeto pleno a sus derechos humanos”, escribió el exmandatario, reiterando la narrativa de persecución política que ha sostenido desde su detención.

Las denuncias de Betssy Chávez no son menores. A través de su abogado, Raúl Noblecilla, ha señalado que sufre tratos vejatorios: se le prohibiría el uso de los baños los fines de semana, el libre tránsito por los pasillos del penal, y el acceso regular a su defensa técnica y a sus visitas familiares. Además, hace apenas unas semanas denunció ante la opinión pública un intento de chantaje sexual dentro del centro penitenciario.

El actual primer ministro, Eduardo Arana, fue consultado por la prensa sobre estas acusaciones. Aunque no confirmó los hechos, sí declaró que “cualquier forma de maltrato será rechazada y, de comprobarse, se tomarán las medidas correctivas necesarias”.

Castillo Terrones, quien enfrenta un pedido de 34 años de cárcel por presunta rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público, ha encontrado en Betssy Chávez una aliada política firme. Ella, por su parte, afronta una posible condena de entre 15 a 25 años. La huelga de hambre que ha iniciado Chávez recuerda el mismo acto simbólico adoptado por Castillo al comenzar su juicio oral, reforzando la narrativa de resistencia frente al poder que ambos comparten.

En medio de procesos judiciales y aislamiento carcelario, el exjefe de Estado no duda en defender a quien considera parte esencial de su círculo más leal. Para Castillo, Betssy no es solo una exministra: es una íntima compañera de causa, hoy —según su visión— víctima del mismo aparato que lo derrocó.

En un giro inesperado, el Gobierno del Perú concedió un ascenso excepcional al coronel en retiro Benedicto Nemesio Jiménez Bacca, elevándolo al grado de general de la Policía Nacional. La decisión, amparada en la Resolución Suprema N.º 187-2025-IN, fue firmada por la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior, Carlos Malaver, y justificada por “acciones meritorias que van más allá del cumplimiento del deber”.

Lo que sorprende no es solo el reconocimiento en sí, sino el momento y la figura a quien se dirige. Jiménez, de 74 años, permanece hospitalizado desde el 1 de julio en el Hospital Central de la PNP por complicaciones cardíacas. Su salud es delicada y su futuro, incierto.

Pero su historia también está llena de contrastes. Durante los años más oscuros de la lucha contra Sendero Luminoso, Jiménez lideró el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que logró capturar en 1992 a Abimael Guzmán, líder del grupo terrorista. La operación, conocida como «Victoria», fue clave para desarticular a Sendero Luminoso y es considerada una de las más exitosas en América Latina en materia de inteligencia policial.

En ese contexto se entiende parte del reconocimiento. La resolución destaca sus acciones entre 1990 y 1993, años decisivos en la lucha antiterrorista. El ascenso fue anunciado, simbólicamente, el mismo día que se conmemoraban 33 años del atentado de Tarata, una de las tragedias más recordadas del conflicto.

Sin embargo, la figura de Benedicto Jiménez no ha estado exenta de sombras. En 2014, fue vinculado a la red criminal encabezada por Rodolfo Orellana, dedicada al lavado de activos y tráfico de terrenos. Pasó varios años bajo proceso judicial y fue incluso recluido en prisión preventiva. Aunque no ha sido condenado porque su caso concluyó por prescripción legal, su cercanía con dicha mafia aún genera controversia.

Pese a ello, voces como la del exdirector de inteligencia José Luis Gil lo han defendido como “el único artífice” de la captura de Guzmán, mientras analistas como Pedro Yaranga han pedido una cadena de oración por su salud.

El ascenso de Jiménez, entonces, se mueve entre la épica y la contradicción: un héroe condecorado en su lecho de enfermo, a la vez respetado por su legado operativo y cuestionado por su historial judicial. Un reconocimiento que, en tiempos de memoria frágil, reabre el debate sobre cómo y a quién se honra desde el Estado.

Cualquier otro candidato haría una mejor gestión que ‘Porky’. Año pre electoral y las ‘fichas’ se van acomodando lentamente en este ajedrez político que no distingue de blancas o negras, pues cada uno de los aspirantes se acomoda mejor a un partido según sus intereses y no tanto a la ideología de un movimiento.

De decantarse el burgomaestre limeño, Rafael López Aliaga, por postular a la presidencia, su sillón quedaría vacío y ya van apareciendo aspirantes a reemplazarlo.

Uno de ellos es el actual alcalde de Surco, Carlos Bruce, quien no descartó la posibilidad de ser candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para los comicios estipulados para octubre del 2026 (si es que no hubiera un adelanto de elecciones). El ex ministro de Vivienda precisó que la decisión final la adoptará su partido Somos Perú.

“Los congresistas decidieron que la reelección será solo para ellos y no va a haber reelección para alcalde, por lo tanto aumenta la probabilidad de que nos vayamos a intentar postularnos como alcalde de Lima. Obviamente primero tengo que ganar una elección interna dentro de mi partido”, declaró el popular ‘Techito’ para el diario El Comercio.

‘Techito’ cuestionó decisión del Congreso de no aprobar reelección de alcaldes y gobernadores

Por otro lado, Bruce criticó la postura del Congreso de la República de no haber aprobado la reelección de alcaldes y gobernadores, reconociendo que para él hubiera sido ideal permanecer una gestión más en la alcaldía de Surco.

«Me parece realmente un absurdo que no se haya permitido la reelección de alcaldes distritales. Es muy claro que, si eres un mal alcalde, no vas a salir reelegido ni de vainas. Solamente saldrían reelegidos aquellos buenos alcaldes y, si alguien está haciendo bien en el municipio, ¿por qué no permitir que se quede, a diferencia de los congresistas que uno no sabe ni por quién está votando?», añadió.

Pese a su constante exigencia de transparencia en el sector público, algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) parecen menos dispuestas a aplicar esos mismos estándares a sus propias finanzas. Tal es el caso del Instituto de Defensa Legal (IDL), que actualmente enfrenta un proceso administrativo sancionador por parte de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). La noticia se conoció tras un requerimiento formal del Congreso de la República, que buscaba esclarecer el manejo de los cuantiosos fondos que las ONG como el IDL reciben del extranjero.

Mediante el Oficio N.º 0037-2025-APCI/OAJ, la APCI confirmó que la investigación sigue en curso como parte de un esfuerzo institucional para reforzar el control sobre los recursos no reembolsables que canalizan estas entidades. La falta de rendición de cuentas ha sido una constante en el debate público, pero sorprendentemente, muchas de estas ONG —incluido el IDL— han optado por guardar silencio frente a los cuestionamientos.

La solicitud fue presentada por el congresista Alejandro Aguinaga en el marco de una sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. En ella también se discutieron los avances en la implementación de la Ley N.º 32301, que amplía las facultades de supervisión de la APCI. Según la entidad, ya se culminó la elaboración del reglamento respectivo, junto con un nuevo esquema de infracciones y sanciones, así como el rediseño de su estructura interna.

En teoría, estas reformas buscan cerrar décadas de permisividad. Durante años, las ONG han recibido importantes sumas de dinero internacional sin que exista un seguimiento claro de su uso. En el caso del IDL, la ironía es doble: una organización dedicada a fiscalizar al Estado ahora deberá explicar el uso de fondos millonarios que ella misma recibió sin mayor control público.

La creación de una Intendencia de Inteligencia Financiera dentro del plan estratégico de la UIF refuerza este viraje institucional. Lo que antes se consideraba terreno intocable, hoy entra en una etapa de escrutinio legítimo. El silencio de las ONG, en medio de este proceso, ya no puede interpretarse como prudencia, sino como resistencia a la rendición de cuentas.

El IDL y otras entidades similares tendrán que adaptarse a una nueva realidad: la fiscalización no es solo una herramienta para el Estado, también debe ser una exigencia interna en quienes dicen defender el interés público.

A pocos días de que se inicie el proceso para renovar la Mesa Directiva del Congreso, las primeras alianzas empiezan a tomar forma, pero no necesariamente con señales de cambio. Más bien, los rostros que suenan refuerzan la percepción de continuidad en una dinámica política centrada en el reparto de cuotas, antes que en la transparencia o en una verdadera reforma del Legislativo.

La elección se realizará el 26 de julio, y las candidaturas se inscribirán entre el 24 y 25. Según versiones difundidas, una de las listas —posiblemente la Lista 1— estaría encabezada por José Jerí Oré como presidente del Congreso, acompañado por César Revilla, Waldemar Cerrón e Ilich López en las vicepresidencias. Esta peculiar fórmula tendría el respaldo de sectores afines a la actual conducción parlamentaria.

La posible inclusión de Waldemar Cerrón por tercer año consecutivo ha sido duramente cuestionada. Su presencia simboliza, para muchos, la consolidación de una coalición interesada más en mantener privilegios que en impulsar reformas. ¿Acaso se busca repetir la misma lógica de repartijas y blindajes que ha marcado esta legislatura?

La congresista Ruth Luque criticó la fórmula por perpetuar una alianza construida desde 2021 sobre acuerdos opacos y beneficios políticos. Señaló que no se ha promovido ninguna transformación institucional de fondo en el Congreso.

En paralelo, el congresista José Cueto estaría articulando la lista alternativa 2, aún en negociación. Se desconoce quiénes lo acompañarían, aunque se presume que contará con apoyo de sectores de centro y derecha. Sin embargo, más allá de nombres, persiste una pregunta central: ¿habrá voluntad real de renovar prácticas o simplemente se cambiarán las fichas del tablero para que todo siga igual?

Con el Congreso entrando en su último año, y varios parlamentarios buscando la reelección en 2026, el control de la Mesa Directiva podría seguir siendo utilizado como moneda de cambio y no como una herramienta para mejorar el uso de los fondos públicos ni la rendición de cuentas.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a Luis Fernando Ruiz Lecaros como nuevo asesor del Gabinete de Asesores del despacho ministerial, según la Resolución Ministerial N.º 338-2025-EF/49. La decisión fue tomada por el titular del sector, Raúl Pérez-Reyes, conforme al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del ministerio.

Ruiz Lecaros es ingeniero industrial y cuenta con un máster en Dirección de Empresas. Actualmente integra el Directorio de Perupetro S.A. como representante del MEF y anteriormente ocupó cargos similares en el Fondo Mivivienda y Sima-Perú S.A.

En 2023, durante la gestión de Isabel Tafur en Perupetro, Ruiz Lecaros fue parte del directorio que aprobó la adjudicación directa de los lotes petroleros I, VI y Z-69, ubicados en Piura a la estatal Petroperú. Este hecho fue denunciado ante la Contraloría General de la República por el congresista Jorge Morante Figari, quien cuestionó que se haya marginado a otras empresas interesadas, como Savia y Sapet, que habían presentado propuestas de negociación.

La designación de Ruiz Lecaros se da en un contexto de alta sensibilidad por los procesos de licitación y gobernanza en el sector energético nacional.