Si bien Donald Trump ha extirpado a la cooperación internacional a través de la restricción económica a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), esta decisión le ha dado un certero ‘golpe bajo’ a las cuentas corrientes de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) y también gubernamentales, que solo desde el 2023 se han repartido nada menos que US$228 millones de la agencia norteamericana.

Según el informe de Hildebrandt en sus trece, de acuerdo a un reporte de la Casa Blanca de noviembre del 2024, este reveló que desde el 2021 la ISAID ha financiado US$1800 millones en “promover el desarrollo económico, social y político en Perú”.

De toda esa millonada, la mejor parte, US$580 millones fueron inyectados en los últimos cuatro años. Mientras que USAID se encargó de dar millones durante dos décadas, esto le sirvió para ganar presencia en gran parte del aparato estatal peruano, a cambio de obtener valiosa información e influencia para poder manejar agendas injerencistas y de contenidos.

Por ejemplo, en abril del 2023 un grupo de trabajo proveniente de la sede central de la USAID pisó suelo peruano para recoger datos sobre la influencia china en Perú, con el fin de evaluar los riesgos de la presencia económica de los asiáticos, sostuvo un empleado que fue parte de la misión. Según la fuente del semanario, estaban preocupados sobre lo que pasaba en el sector energético con la adquisición de Luz del Sur y otras hidroeléctricas controladas por empresas chinas. Por lo tanto, debían averiguar todo lo concerniente a estas operaciones comerciales. Asimismo, investigaron sobre la construcción del megapuerto de Chancay y los nexos que se crearon entre las empresas chinas y los congresistas lobistas, así como funcionarios parlamentarios.

Percy Medina de ‘Idea Internacional’ habría sido el operador

Esta misión norteamericana también contactó a periodistas, organizaciones no gubernamentales (ONG), e incluso a exministros. Según señala la fuente, el director de la ONG Idea Internacional, Percy Medina, fue quien intervino en dicha campaña de la USAID. Medina admitió en comunicación con el semanario, que sí participó en la investigación; sin embargo, negó que la agencia norteamericana lo convocó para ello. “A mí me contactaron desde la sección política de la embajada de Estados Unidos. Me dijeron que un grupo de asesores de congresistas americanos de ambos partidos habían llegado al Perú. La visita era para conocer la realidad peruana”, expresó. Desde su apreciación, la comitiva quería saber “Cómo estaba el Perú en términos de economía, libertad de expresión y otros temas. Yo hablé un poco de democracia y partidos políticos. Efectivamente, algunas de las preguntas que me hicieron, estuvieron vinculadas al nuevo rol que los chinos tenían aquí”.

Asimismo, la USAID también investigó sobre la crisis política que atravesaba el Perú. Por ello, desde el año 2023 la USAID participa en la “Mesa de Gobernanza”, a través de reuniones auspiciadas por las Naciones Unidas que agrupan a representantes de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y delegaciones extranjeras. Fue así que se enfrascaron en los temas electorales. En esa línea, la ONPE, el JNE, así como “Idea Internacional” recibieron dinero de la USAID en los últimos años. Entre el 2020 y el año pasado la ONG que preside Medina recibió cerca de US$9 millones y medio de la USAID, para lanzar dos programas “Voces Ciudadanas en el Perú” y “Dialogo Político en el Perú”, el objetivo era obtener información clave sobre las candidaturas. Y quienes se vieron beneficiados con la millonaria inyección fueron la ONPE, quien a través de su área de prensa afirmó que el apoyo de “Idea” sirvió en las capacitaciones técnicas. “Se brindó asistencia técnica a los partidos políticos sobre el uso del voto electrónico, presencial en las elecciones congresales del 2020”.

Se llevaron a cabo 12 talleres para 16 organizaciones políticas. Por su parte, un vocero del JNE señaló que trabajaron en la capacitación de ciudadanos periodistas y organizaciones civiles para intervenir en debates y campañas políticas con un enfoque de derechos los indígenas, discapacitados y la comunidad LGTBI. También contó que se promovieron “campañas de ciudadanía activa” en todos los colegios de la red “Fe y Alegría”. Ambos proyectos fueron financiados con 371 mil dólares, provenientes de USAID.

Como bien se destapó la semana pasada, que una parte de los fondos que “Idea Internacional” recibió de la Agencia de Washington, se destinó a algunos medios de comunicación de Perú, entre ellos el portal ‘Epicentro’ de la colombiana Clara Elvira Ospina; ‘La Encerrona’, de Marcos Sifuentes; ‘Ojo Público’, de Nelly Luna y Óscar Castilla, el ‘Grupo El Comercio’, ‘La República’ y ‘Grupo RPP’.

“En la mayoría de los casos, se ha tratado de proveer expertos que pudieran ayudar a elaborar información para notas de conectar con expertos internacionales que pudieran participar de entrevistas y de capacitar en temas como la desinformación y el periodismo de datos. En ningún momento hemos interferido con la línea editorial de los medios”, señala Percy Medina. Asimismo, el abogado de IDL, Carlos Rivera, sostiene que “El principal apoyo del gobierno norteamericano a través de la USAID fue hacia las agencias gubernamentales peruanas”. No por algo, la USAID anunció que solo en 2024, colaboró en proyectos de la Presidencia del Consejo de Ministros, y los ministerios de Vivienda, Economía, Produce, Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego, Comercio Exterior, y Cultura. así como el Ministerio Público, la Autoridad Nacional de Infraestructura, Sunat, la Superintendencia Nacional de Migraciones, La Marina de Guerra del Perú y también el Ejercito peruano.

Otro dato clave es lo que se maneja según información de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que indica que La USAID viene trabajando con el MEF, las mineras Yanacocha, Antamina, Hudbay y Antapaccay, un proyecto de US$432,616 dólares para “mejorar la gobernanza del sector extractivo en el Perú e incrementar su contribución a la inversión social y ambientalmente sostenible”. 

Y respecto del ámbito privado, la agencia norteamericana trabajó codo a codo con organizaciones como el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Proética, Transparencia, El Instituto Peruano de Administracion (IPAE), entre otras entidades no gubernamentales. 

USAID brindó US$78 millones a Devida del gobierno de Dina Boluarte

Asimismo, la USAID tiene como objetivo emprender supuestamente la lucha contra las drogas; no obstante, ello dependía de quién se encontraba gobernando en Palacio. Por ejemplo, durante el gobierno de Pedro Castillo, la agencia financió con 9 millones de dólares a “Devida”. Y con el mandato de la cuestionada Dina Boluarte, esa cifra se ha incrementado indiscriminadamente, y llegó hasta los 78 millones de dólares ¿Por qué será?     

USAID financió con US$335 millones a programas de migrantes venezolanos en Perú

Pero eso no es todo, los ciudadanos venezolanos residentes en Perú supuestamente también deberían ser beneficiados, dado que, en los últimos dos años, la USAID financió con 335 millones de dólares en “fortalecer la integración socioeconómica de los migrantes y refugiados venezolanos”. Los que receptaron esa fortuna de dólares fueron ONG como la “Unión Venezolana en Perú”, de propiedad del venezolano Óscar Pérez, la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fenacrep), la Organización Mundial del Trabajo (OIT), Unicef, Save the Children y World Vision Perú.

Finalmente, no cabe duda que en las siguientes semanas se continuarán desentrañando más datos secretos sobre el dinero que recibieron otras entidades en Perú, con el pretexto de elaborar proyectos sociales y/o de bienestar; mientras que en la realidad, se han venido “abriendo las puertas” y “las ventanas secretas” del Perú, con el único objetivo de que un Estado fisgoneador extranjero conozca toda nuestra información gubernamental, económica, política y de infraestructura nacional, para que así continúe consolidando su hegemonía unilateral, que somete aún más a la región.

Por lo visto, en Alianza para el Progreso (APP), todos sus militantes son solidarios y son una sola idea. Y cuando se trata de ‘sacar cara’ por una correligionaria, allí están ellos para defenderla. En esa línea, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana ha respaldado la designación de la profesora de la Universidad César Vallejo (UCV) y también militante de APP, la obstetra Susana Edita Paredes Diaz, como integrante del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), alegando que mientras ella cumpla con el perfil profesional, no hay inconvenientes para su designación en el cargo.

“Las comisiones son autónomas y los colegas pueden solicitar (la presencia de los ministros)”, comentó, y respecto a su correligionaria de Alianza para el Progreso, hoy integrante del Consejo Directivo de la Sunedu, respondió que “si una persona cumple las exigencias, perfiles académicos y requisitos que legalmente se exigen y tiene idoneidad profesional, está expedita para ejercer cualquier cargo en el país”, sostuvo Salhuana, mostrando su pleno respaldo hacia la obstetra Paredes Diaz.

En el Congreso citarán al premier y a Morgan Quero para que expliquen sobre designación

Al respecto, diversos congresistas han cuestionado la elección de la obstetra Susana Edita Paredes en la Sunedu, no solo porque proviene de una universidad que ha sido reiteradamente sancionada por la Sunedu; institución que paradójicamente ahora ella integra, sino también por su militancia activa en Alianza para el Progreso, partido de César Acuña Peralta, quien es dueño de la Universidad César Vallejo (UCV).

Mientras tanto, el legislador Esdras Medina Minaya, miembro de la Comisión de Educación del Congreso de la República, anunció a Perú21 que solicitará una sesión extraordinaria y convocará a la misma al primer ministro Gustavo Adrianzén y al ministro de Educación, Morgan Quero, para que expliquen bajo qué criterios se realizó la designación de Paredes Diaz y también para que informen sobre los procesos de licenciamiento de universidades e institutos de educación superior en vigencia.

Una subcomisión hecha para ‘blindar’ a los ‘otorongos’. Bien dicen que los congresistas de la República se asemejan a una secta que no distingue si uno es de izquierda o de derecha cuando se trata de una denuncia, pues aunque parezca increíble todos hacen “espíritu de cuerpo” para impedir que las investigaciones sigan su normal curso.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) viene siendo presidida desde hace 156 días por la parlamentaria María Acuña, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), hermana del líder y fundador de su partido, César Acuña Peralta.

Durante su gestión se encuentran congeladas al menos 42 denuncias constitucionales, muchos de ellos relacionados a los casos de “Mochasueldos”, “Los Niños”, o “Los viajeros”, entre otros por presunto enriquecimiento ilícito.

Ninguna de esas denuncias, formuladas en su oportunidad por los fiscales Patricia Benavides, Juan Carlos Villena y Delia Espinoza ha tenido un informe final. Es decir, ninguna ha llegado a ser evaluada por el pleno.

El gran obstáculo para la Fiscalía es que al no aprobarse la denuncia en el pleno la investigación no puede avanzar de fase preliminar a preparatoria.

De acuerdo a un informe elaborado por el diario Correo, entre las denuncias presentadas que aún no reciben un informe final de parte de la SAC está la que involucra a los congresistas acusados de ser “Los Niños”, pero solo por el delito de tráfico de influencias.

Otro de los casos congelados es el de los “mochasueldos”. La mayoría de denuncias que fueron presentadas durante la gestión de Juan Carlos Villena como fiscal de la Nación interino involucran a Rosio Torres (APP), Raúl Doroteo (Acción Popular) e Hilda Marleny Portero (Acción Popular). Asimismo, a los de Podemos Heidy Juárez, Katy Ugarte, Jorge Flores, Edgar Tello, José Arriola y Darwin Espinoza.

Hay que aclarar que en el caso de la congresista Hilda Marleny Portero, es por un tema de entrega de silla de ruedas por parte de una ex trabajadora, distante a la entrega de algún dinero por parte de trabajadores o recorte de sueldo.

A los otros parlamentarios se les imputa haber recortado el sueldo a sus trabajadores durante el ejercicio de sus funciones, entre el 30% y hasta el 50% según sea el caso.

También se encuentra en observación la denuncia presentada por la Fiscalía el pasado 7 de enero contra 6 congresistas acusados de presunto peculado doloso. En esa acusación se implicó a Kira Alcarraz (Podemos), María del Carmen Alva (No Agrupada), Patricia Chirinos (Renovación Popular), Edward Málaga (Avanza País), Jorge Zeballos (Renovación Popular) y Diego Bazán (Renovación Popular).

Todos ellos habrían utilizado boletos aéreos costeados por el Parlamento para viajar a la ciudad de Trujillo con el fin de asistir al cumpleaños de Bazán Calderón.

Entre tanto, a esta lista de casos pendientes se le adhieren las denuncias contra Patricia Chirinos por peculado doloso; a Luis Aragón, Jorge Flores y Luis Kamiche por patrocinio ilegal; y contra María Córdova también por peculado doloso.

Otro caso pendiente que deberá resolverse es el que recientemente fue presentado contra 11 congresistas por aprobar una ley que benefició a cinco legisladores que reciben pensión por haber sido militar o policia, adicional a su sueldo de legisladores.

En este último caso están involucrados José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Pedro Martínez y Lucinda Vásquez.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, acusó a la ONG “Manuela Ramos” de haber realizado un mal uso de los fondos de USAID que recibía eventualmente. El burgomaestre señaló que de los 1.4 millones de dólares que habría recibido la ONG de parte de la agencia norteamericana, más de un millón lo habrían utilizado para cubrir los gastos personales de la organización feminista; en lugar de costear los gastos para proyectos de ayuda social en beneficio de poblaciones vulnerables, tal como lo estipula el convenio.

Entre tanto, el burgomaestre metropolitano afirmó: «Estoy buscando la verdad de cómo se le ha robado al pueblo peruano los fondos que eran para ayuda social. Por ejemplo, Manuela Ramos, un caso concreto, le roba al pueblo más de 1 millón de dólares de los 1.4 millones que recibió”.

“Si te dan US$1 millón 400 mil, que es para ayuda al pueblo ¿1 millón se van en planillas y en consultorías?”, cuestionó López Aliaga.

ONG Manuela Ramos rechaza lo dicho por López Aliaga y también emplaza a APCI

A través de sus redes sociales, la ONG Manuela Ramos no se hizo esperar y le respondió al alcalde Rafael López Aliaga sobre las acusaciones del mal uso de fondos provenientes de la ‘Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional’ (USAID) y expresó su rechazo a las expresiones de la autoridad edil. Asimismo, aseguraron que tienen la certeza de que estas acciones se dan como parte de una “campaña en contra de la sociedad civil organizada y el derecho a la participación, libertad de expresión y nuestra lucha permanente por los derechos de las mujeres, personas LGBTIQ y la igualdad de género en el país».

La ONG también indicó que, ante las últimas publicaciones difundidas sobre la ejecución de fondos de la cooperación internacional, iniciarán acciones legales y también solicitaran a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) la información que se ha difundido, pues esta «no se ajusta a la realidad y daña nuestra trayectoria y trabajo de más de 45 años en varios departamentos del país».

“Cabe recordar que, en cumplimiento de nuestras obligaciones, informamos anualmente al Estado peruano-APCI, sobre nuestro trabajo y presupuestos ejecutados, que son a la vez auditados por las agencias de cooperación. Además, reportamos a otras instancias públicas como el Ministerio de Trabajo, SUNAT y la Superintendencia de Lavado de Activos, entre otras. Todo ello guiado por nuestros principios de transparencia», se lee en el comunicado de la ONG feminista.

López Aliaga acusa a la ONG de robarle al pueblo

Entre tanto, el burgomaestre metropolitano cuestiona al organismo feminista y asevera que le ha robado al pueblo dinero que debía ser utilizado para ayuda social.

«Estoy buscando la verdad de cómo se le ha robado al pueblo peruano los fondos que eran para ayuda social. Por ejemplo, Manuela Ramos, un caso concreto, le roba al pueblo más de 1 millón de dólares de los 1.4 millones que recibió», declaró para el medio local.

El peor ministro que se ha visto en los últimos 40 años, sin exagerar, por sus constantes exabruptos, pronunciamientos, declaraciones, desconocimiento de la realidad; Morgan Quero Gaime, titular del Ministerio de Educación (Minedu), de lejos, puede ser fácilmente la mejor representación de la improvisación en la gestión de la presidenta Dina Boluarte.

Muchos no comprenden cómo así ha llegado a ser ministro en dos carteras. La única explicación es que calza bien en su rol de ‘escudero’ de la mandataria, entrenado para inmolarse por su “jefecita”.

Ahora, el “engreído” de la jefa de Estado, ha asegurado que se está reforzando la coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y las brigadas de autoprotección escolar, integradas por padres de familia, con el objetivo de garantizar la seguridad de los colegios y proteger a los estudiantes en caso de un ataque.

«Hemos mejorado las condiciones de vida de muchas personas y estamos trabajando de la mano con nuestra Policía Nacional y, por supuesto, con las brigadas de autoprotección escolar que están constituidas por nuestros madres y padres de familia. Seguiremos atentos a eso», expresó.

Este anuncio se da en un contexto de creciente preocupación y temor en la comunidad, luego de una serie de ataques armados contra instituciones educativas. Hace dos semanas, delincuentes en motocicleta dispararon contra la Institución Educativa César Vallejo, lo que obligó a suspender las actividades escolares.  

A pocas cuadras de allí, la puerta de metal del colegio Javier Heraud también fue atacada en un incidente similar, aparentemente como represalia por negarse a pagar una extorsión.

Ahora, el improvisado ministro Quero Gaime quiere que sean los propios padres de familia los que resguarden la seguridad de sus propios hijos, siendo responsabilidad, en materia de seguridad ciudadana, de la Policía Nacional la vigilancia en los exteriores de las instituciones educativas.

La gestión del gobernador de Loreto, Jorge Chávez Silvano, mediante su gerente de Transportes y Comunicaciones, Pio Flores Tang, sostuvo diversas reuniones y mesas de trabajo en el Congreso y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Dentro de las labores de Flores Tang en Lima, destaca su participación en la conferencia de prensa por el “Día de la Amazonía”. El gerente de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Loreto le solicitó al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, que se mejore la conexión de internet en su región. Un pedido que beneficiará a un millón de habitantes.

Pio Flores Tang también participó de una mesa de trabajo en el despacho de la parlamentaria Ana Zegarra Saboya, en el Congreso de la República. En la reunión se buscó gestionar un mayor presupuesto para los proyectos de carretera en Loreto. También como parte de su agenda, el gerente de Transportes y Comunicaciones visitó el MTC con la finalidad de sustentar proyectos y revisar los estudios de impacto ambiental que se encuentran pendientes.

“Hemos visitado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y en la Dirección de Asuntos Ambientales se encuentran los estudios que esperamos de impacto ambiental, respecto a la cuarta vía de penetración que estamos gestionando para su ejecución. Nuestros hermanos agricultores demandan la ejecución de las vías para mejorar el acceso y así puedan trasladar su producto con mayor facilidad a los mercados de Iquitos. Y esto se traduzca en menores costos para las amas de casa”, señaló Pio Flores Tang.

Además, el gerente de transportes agregó: “También estamos solicitando a Provías Descentralizado que nos apoye con un mayor presupuesto para seguir manteniendo la carretera Iquitos – Nauta, porque este año nos han restringido y eso en verdad es preocupante. Nosotros, como Gerencia de Transportes, hemos venido a sustentar en el MTC que sí necesitamos mayor presupuesto”.

Finalmente, Flores Tang mencionó: “Hemos venido al Congreso de la República con algunas autoridades regionales y hemos exigido que el Congreso haga sus buenos oficios para traer el internet a Loreto. Estamos planteando si es posible crear una ley donde se declare como un derecho fundamental el acceso de internet para las comunidades de Loreto”.

¡El colmo! Primero pasó el pasado jueves 23 de enero, fecha en que la Comisión de Ética se abstuvo de revisar el caso del parlamentario José Jerí por presunta violación por falta de quórum. Aquella vez, solo se hicieron presente los congresistas Alex Paredes y Elvis Vergara de manera presencial. Los demás, ni su sombra. Entre los faltones destacaron María Taipe (Perú Libre), Kira Alcarraz (Podemos Perú) y Cruz María Zeta (Fuerza Popular), ellas habían pedido licencia. Entre los faltantes más relevantes destacó Nelcy Heidinger (APP), secretaria de la Comisión, Rosangella Barbarán, Héctor Ventura, Auristela Obando (Fuerza Popular) y Kelly Portalatino (Perú Libre).

Y esta vez sí asistieron a la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso nueve congresistas, entre ellos Alcarraz, Heidinger, Paredes, Medina, Portalatino, Palacios Huamán y Vergara. Entre tanto, se mantuvieron ausentes, los dos Bazán y Rosangella Barbarán. Sin embargo, decidieron no abrir una investigación de oficio contra el congresista investigado José Jerí Ore, denunciado por presunta violación sexual a fines de diciembre pasado.

El presidente del grupo de trabajo, Alex Paredes, anunció la determinación al inicio de la sesión, argumentando que el caso se encuentra en la Fiscalía y está bajo reserva.

“No podemos interferir en una investigación en sede fiscal, donde además estamos obligados a respetar la reserva del proceso para salvaguardar a la víctima. Por estas razones, la Comisión no puede formular una denuncia de oficio sin elementos que demuestren una vulneración a la ética parlamentaria”, sostuvo Paredes.

Asimismo, el presidente de la Comisión precisó que, ante la falta de elementos que sustenten una transgresión a la ética parlamentaria, el grupo que dirige continuará a la espera de los avances del Ministerio Público.

“La Comisión de Ética sigue esperando la respuesta del Ministerio Público. Si en el futuro se determinan hechos que ameriten una indagación preliminar, procederemos conforme a nuestras atribuciones”, concluyó Alex Paredes.

Partido Somos Perú suspendió a congresista José Jerí

Como se recuerda, tras hacerse pública la denuncia, los primeros días del mes de enero de este año, Somos Perú emitió un pronunciamiento oficial en el que informó la suspensión de la militancia de José Jerí Oré hasta que culminen las investigaciones.

«Somos Perú, condena todo tipo de violencia contra la integridad de la mujer o personas vulnerables, hemos tomado conocimiento de los hechos que involucran a un congresista de nuestro partido, exigimos al Ministerio la celebridad del caso en las investigaciones, Enrique Jerí queda suspendido», escribió Somos Perú.

El grupo parlamentario Renovación Popular ha presentado una moción para crear una Comisión Investigadora Multipartidaria que detecte e indague a los beneficiarios del financiamiento que otorgó la “Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional” (USAID) en Perú. Entre los parlamentarios firmantes destacan Alejandro Muñante, Patricia Chirinos, Diego Bazán, Cheryl Trigoso Reátegui, María Jessica Córdova, y Norma Yarrow Lumbreras.

«Constituir una Comisión Investigadora Multipartidaria, encargada de (…) determinar si este financiamiento se direccionó de manera irregular para la implementación de agendas político – ideológicas en contravención a lo normado en la Constitución Política del Perú y las leyes vigentes, y/o al debilitamiento de nuestra institucionalidad democrática», se lee en el documento de la moción.

Asimismo, el documento indica que resulta necesario conformar este grupo de trabajo parlamentario para determinar qué personas jurídicas estatales y/o privadas; así como personas naturales, fueron financiadas por la agencia norteamericana y con qué fines recibieron este financiamiento. Y si esta subvención se encontraba alineada con nuestra Constitución Política y nuestro ordenamiento jurídico interno y nuestra institucionalidad democrática.

Asimismo, se busca confirmar si existió un desvío de fondos para financiar agendas políticas ideológicas ajenas al concepto de financiamiento brindado por USAID. Además, plantearon que se les otorgue un plazo de 120 días calendarios, a partir de su instalación con la finalidad de cumplir con la labor planteada.

La moción indica que la comisión investigadora tendrá que encargarse de recabar toda la información requerida en el «primer apartado que sirva, asimismo, para determinar las responsabilidades políticas y administrativas; así como civiles y penales que hubiera, para remitir esa información al Ministerio Público a fin de que proceda con las imputaciones y acusaciones respectivas pasibles de ser sancionadas por ley».

Hasta 2022 organizaciones de Perú recibieron US$157 millones de USAID

Según indicadores, Perú recibiría el 6% de los fondos destinados por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), institución internacional que estaría con los días contados, tras la orden de cierre de todas sus oficinas en el extranjero.

Por su parte, el exdirector ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Carlos Pando, aseguró que Estados Unidos no se puede dar el lujo de dejar de cooperar con el mundo.

“Estados Unidos no se puede dar el lujo de dejar de cooperar con el mundo. Lo que va a hacer es reorientar. El gobierno americano podrá cerrar USAID, pero va a tener que tener una oficina de cooperación y priorizará los temas (…) El gigante del mundo no puede dejar de tener política exterior de cooperación», sostuvo y además reveló que, hasta el 2022, Perú había recibido un total de 157 millones de dólares de USAID.