Desde su celda, el expresidente Pedro Castillo ha vuelto a alzar la voz. Esta vez, no por su propio proceso judicial, sino para defender a su incondicional exprimera ministra, Betssy Chávez Chino, quien enfrenta su propia batalla tras iniciar una huelga de hambre en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos. La medida extrema, según su defensa, responde a presuntas agresiones y restricciones que vulnerarían sus derechos fundamentales.

Castillo Terrones, procesado junto a Chávez Chino por su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022, utilizó su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) para solidarizarse públicamente con ella. No solo exigió garantías para su integridad, sino que la describió como “víctima del odio” de un “régimen usurpador”, acusando al actual gobierno de ser cómplice de su situación.

“Expreso mi total solidaridad con la compañera Betssy Chávez, ex primera ministra del Perú, hoy víctima del odio y la persecución. Exigimos garantías para su vida, el cese del hostigamiento y el respeto pleno a sus derechos humanos”, escribió el exmandatario, reiterando la narrativa de persecución política que ha sostenido desde su detención.

Las denuncias de Betssy Chávez no son menores. A través de su abogado, Raúl Noblecilla, ha señalado que sufre tratos vejatorios: se le prohibiría el uso de los baños los fines de semana, el libre tránsito por los pasillos del penal, y el acceso regular a su defensa técnica y a sus visitas familiares. Además, hace apenas unas semanas denunció ante la opinión pública un intento de chantaje sexual dentro del centro penitenciario.

El actual primer ministro, Eduardo Arana, fue consultado por la prensa sobre estas acusaciones. Aunque no confirmó los hechos, sí declaró que “cualquier forma de maltrato será rechazada y, de comprobarse, se tomarán las medidas correctivas necesarias”.

Castillo Terrones, quien enfrenta un pedido de 34 años de cárcel por presunta rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público, ha encontrado en Betssy Chávez una aliada política firme. Ella, por su parte, afronta una posible condena de entre 15 a 25 años. La huelga de hambre que ha iniciado Chávez recuerda el mismo acto simbólico adoptado por Castillo al comenzar su juicio oral, reforzando la narrativa de resistencia frente al poder que ambos comparten.

En medio de procesos judiciales y aislamiento carcelario, el exjefe de Estado no duda en defender a quien considera parte esencial de su círculo más leal. Para Castillo, Betssy no es solo una exministra: es una íntima compañera de causa, hoy —según su visión— víctima del mismo aparato que lo derrocó.

En un giro inesperado, el Gobierno del Perú concedió un ascenso excepcional al coronel en retiro Benedicto Nemesio Jiménez Bacca, elevándolo al grado de general de la Policía Nacional. La decisión, amparada en la Resolución Suprema N.º 187-2025-IN, fue firmada por la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior, Carlos Malaver, y justificada por “acciones meritorias que van más allá del cumplimiento del deber”.

Lo que sorprende no es solo el reconocimiento en sí, sino el momento y la figura a quien se dirige. Jiménez, de 74 años, permanece hospitalizado desde el 1 de julio en el Hospital Central de la PNP por complicaciones cardíacas. Su salud es delicada y su futuro, incierto.

Pero su historia también está llena de contrastes. Durante los años más oscuros de la lucha contra Sendero Luminoso, Jiménez lideró el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que logró capturar en 1992 a Abimael Guzmán, líder del grupo terrorista. La operación, conocida como «Victoria», fue clave para desarticular a Sendero Luminoso y es considerada una de las más exitosas en América Latina en materia de inteligencia policial.

En ese contexto se entiende parte del reconocimiento. La resolución destaca sus acciones entre 1990 y 1993, años decisivos en la lucha antiterrorista. El ascenso fue anunciado, simbólicamente, el mismo día que se conmemoraban 33 años del atentado de Tarata, una de las tragedias más recordadas del conflicto.

Sin embargo, la figura de Benedicto Jiménez no ha estado exenta de sombras. En 2014, fue vinculado a la red criminal encabezada por Rodolfo Orellana, dedicada al lavado de activos y tráfico de terrenos. Pasó varios años bajo proceso judicial y fue incluso recluido en prisión preventiva. Aunque no ha sido condenado porque su caso concluyó por prescripción legal, su cercanía con dicha mafia aún genera controversia.

Pese a ello, voces como la del exdirector de inteligencia José Luis Gil lo han defendido como “el único artífice” de la captura de Guzmán, mientras analistas como Pedro Yaranga han pedido una cadena de oración por su salud.

El ascenso de Jiménez, entonces, se mueve entre la épica y la contradicción: un héroe condecorado en su lecho de enfermo, a la vez respetado por su legado operativo y cuestionado por su historial judicial. Un reconocimiento que, en tiempos de memoria frágil, reabre el debate sobre cómo y a quién se honra desde el Estado.

Cualquier otro candidato haría una mejor gestión que ‘Porky’. Año pre electoral y las ‘fichas’ se van acomodando lentamente en este ajedrez político que no distingue de blancas o negras, pues cada uno de los aspirantes se acomoda mejor a un partido según sus intereses y no tanto a la ideología de un movimiento.

De decantarse el burgomaestre limeño, Rafael López Aliaga, por postular a la presidencia, su sillón quedaría vacío y ya van apareciendo aspirantes a reemplazarlo.

Uno de ellos es el actual alcalde de Surco, Carlos Bruce, quien no descartó la posibilidad de ser candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para los comicios estipulados para octubre del 2026 (si es que no hubiera un adelanto de elecciones). El ex ministro de Vivienda precisó que la decisión final la adoptará su partido Somos Perú.

“Los congresistas decidieron que la reelección será solo para ellos y no va a haber reelección para alcalde, por lo tanto aumenta la probabilidad de que nos vayamos a intentar postularnos como alcalde de Lima. Obviamente primero tengo que ganar una elección interna dentro de mi partido”, declaró el popular ‘Techito’ para el diario El Comercio.

‘Techito’ cuestionó decisión del Congreso de no aprobar reelección de alcaldes y gobernadores

Por otro lado, Bruce criticó la postura del Congreso de la República de no haber aprobado la reelección de alcaldes y gobernadores, reconociendo que para él hubiera sido ideal permanecer una gestión más en la alcaldía de Surco.

«Me parece realmente un absurdo que no se haya permitido la reelección de alcaldes distritales. Es muy claro que, si eres un mal alcalde, no vas a salir reelegido ni de vainas. Solamente saldrían reelegidos aquellos buenos alcaldes y, si alguien está haciendo bien en el municipio, ¿por qué no permitir que se quede, a diferencia de los congresistas que uno no sabe ni por quién está votando?», añadió.

Pese a su constante exigencia de transparencia en el sector público, algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) parecen menos dispuestas a aplicar esos mismos estándares a sus propias finanzas. Tal es el caso del Instituto de Defensa Legal (IDL), que actualmente enfrenta un proceso administrativo sancionador por parte de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). La noticia se conoció tras un requerimiento formal del Congreso de la República, que buscaba esclarecer el manejo de los cuantiosos fondos que las ONG como el IDL reciben del extranjero.

Mediante el Oficio N.º 0037-2025-APCI/OAJ, la APCI confirmó que la investigación sigue en curso como parte de un esfuerzo institucional para reforzar el control sobre los recursos no reembolsables que canalizan estas entidades. La falta de rendición de cuentas ha sido una constante en el debate público, pero sorprendentemente, muchas de estas ONG —incluido el IDL— han optado por guardar silencio frente a los cuestionamientos.

La solicitud fue presentada por el congresista Alejandro Aguinaga en el marco de una sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. En ella también se discutieron los avances en la implementación de la Ley N.º 32301, que amplía las facultades de supervisión de la APCI. Según la entidad, ya se culminó la elaboración del reglamento respectivo, junto con un nuevo esquema de infracciones y sanciones, así como el rediseño de su estructura interna.

En teoría, estas reformas buscan cerrar décadas de permisividad. Durante años, las ONG han recibido importantes sumas de dinero internacional sin que exista un seguimiento claro de su uso. En el caso del IDL, la ironía es doble: una organización dedicada a fiscalizar al Estado ahora deberá explicar el uso de fondos millonarios que ella misma recibió sin mayor control público.

La creación de una Intendencia de Inteligencia Financiera dentro del plan estratégico de la UIF refuerza este viraje institucional. Lo que antes se consideraba terreno intocable, hoy entra en una etapa de escrutinio legítimo. El silencio de las ONG, en medio de este proceso, ya no puede interpretarse como prudencia, sino como resistencia a la rendición de cuentas.

El IDL y otras entidades similares tendrán que adaptarse a una nueva realidad: la fiscalización no es solo una herramienta para el Estado, también debe ser una exigencia interna en quienes dicen defender el interés público.

A pocos días de que se inicie el proceso para renovar la Mesa Directiva del Congreso, las primeras alianzas empiezan a tomar forma, pero no necesariamente con señales de cambio. Más bien, los rostros que suenan refuerzan la percepción de continuidad en una dinámica política centrada en el reparto de cuotas, antes que en la transparencia o en una verdadera reforma del Legislativo.

La elección se realizará el 26 de julio, y las candidaturas se inscribirán entre el 24 y 25. Según versiones difundidas, una de las listas —posiblemente la Lista 1— estaría encabezada por José Jerí Oré como presidente del Congreso, acompañado por César Revilla, Waldemar Cerrón e Ilich López en las vicepresidencias. Esta peculiar fórmula tendría el respaldo de sectores afines a la actual conducción parlamentaria.

La posible inclusión de Waldemar Cerrón por tercer año consecutivo ha sido duramente cuestionada. Su presencia simboliza, para muchos, la consolidación de una coalición interesada más en mantener privilegios que en impulsar reformas. ¿Acaso se busca repetir la misma lógica de repartijas y blindajes que ha marcado esta legislatura?

La congresista Ruth Luque criticó la fórmula por perpetuar una alianza construida desde 2021 sobre acuerdos opacos y beneficios políticos. Señaló que no se ha promovido ninguna transformación institucional de fondo en el Congreso.

En paralelo, el congresista José Cueto estaría articulando la lista alternativa 2, aún en negociación. Se desconoce quiénes lo acompañarían, aunque se presume que contará con apoyo de sectores de centro y derecha. Sin embargo, más allá de nombres, persiste una pregunta central: ¿habrá voluntad real de renovar prácticas o simplemente se cambiarán las fichas del tablero para que todo siga igual?

Con el Congreso entrando en su último año, y varios parlamentarios buscando la reelección en 2026, el control de la Mesa Directiva podría seguir siendo utilizado como moneda de cambio y no como una herramienta para mejorar el uso de los fondos públicos ni la rendición de cuentas.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a Luis Fernando Ruiz Lecaros como nuevo asesor del Gabinete de Asesores del despacho ministerial, según la Resolución Ministerial N.º 338-2025-EF/49. La decisión fue tomada por el titular del sector, Raúl Pérez-Reyes, conforme al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del ministerio.

Ruiz Lecaros es ingeniero industrial y cuenta con un máster en Dirección de Empresas. Actualmente integra el Directorio de Perupetro S.A. como representante del MEF y anteriormente ocupó cargos similares en el Fondo Mivivienda y Sima-Perú S.A.

En 2023, durante la gestión de Isabel Tafur en Perupetro, Ruiz Lecaros fue parte del directorio que aprobó la adjudicación directa de los lotes petroleros I, VI y Z-69, ubicados en Piura a la estatal Petroperú. Este hecho fue denunciado ante la Contraloría General de la República por el congresista Jorge Morante Figari, quien cuestionó que se haya marginado a otras empresas interesadas, como Savia y Sapet, que habían presentado propuestas de negociación.

La designación de Ruiz Lecaros se da en un contexto de alta sensibilidad por los procesos de licitación y gobernanza en el sector energético nacional.

Se quiere meter de cabeza en la carrera. No falta casi nada para la fecha límite para la conformación de alianzas y en cualquier parte del país se vienen realizando tensas reuniones para definir quiénes serán los futuros candidatos presidenciales; algunas conversaciones llegan a buen puerto, mientras que otras solo comprueban que cada una de las partes busca solo satisfacer sus compromisos pactados con sus financistas.

Entre esa andanada de orgullos y apretones de manos, el ex congresista Yonhy Lescano anunció que tiene la intención de volver a postular a la presidencia de la República, pero esta vez con la alianza conformada por su partido ‘Verdad y Honradez’ y ‘Cooperación Popular’, donde se encuentra el congresista Carlos Zeballos.

Atrás quedaron los días donde Lescano se mostraba orgulloso de pertenecer a Acción Popular, pues el abogado ahora reniega que se le vincule con los actuales representantes del Parlamento, acusados de pertenecer a ‘Los Niños’ que, como se recuerda, habrían sido aliados del entonces presidente Pedro Castillo, negociando votos a cambio de beneficios políticos.

“¿Quiénes son los padres de Los Niños? Los dirigentes actuales que estaban trabajando con ellos. El señor presidente, el partido tiene 60 juicios penales en curso (Julio Chávez). Dile con quién coordina, ¿y con quién anda y cómo coordino antes de las elecciones generales?, cuestionó Lescano para Canal N.

En #AlFinalDelDía, Yonhy Lescano señaló que postularía a la presidencia con el partido “Verdad y Honradez”, en alianza con “Cooperación Popular”. Aseguró que hace política durante sus vacaciones, sin aprovecharse del Congreso

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— Canal N (@canalN_) July 16, 2025

“Lo cierto es que el partido ha caído en manos de dirigentes que lo han llevado a la situación grave en la que está, traicionando la memoria del presidente Belaunde, con dirigentes que tiene juicios penales, investigaciones penales, que no las tengo yo, y que he salido limpio de cuatro gestiones», añadió.

El caso “Los Niños”, que involucra a 13 congresistas presuntamente ligados a una red criminal durante el gobierno de Pedro Castillo, está a punto de naufragar no por falta de pruebas, sino por la inacción y desidia del Ministerio Público. El Poder Judicial ha ordenado a la Fiscalía de la Nación tomar una decisión inmediata: archivar el caso o presentar una denuncia constitucional ante el Congreso. El plazo legal de investigación preliminar venció en mayo, y ya han pasado más de dos meses sin que el Ministerio Público se pronuncie.

La resolución judicial busca frenar una situación insostenible: mantener a los investigados bajo un limbo procesal indefinido, lo que vulnera principios básicos del debido proceso y revela una preocupante falta de capacidad institucional para enfrentar casos de corrupción de alto perfil.

Una red criminal bajo la sombra del Congreso

La investigación comenzó hace tres años con una premisa grave: los congresistas habrían formado parte de una red criminal encabezada por el expresidente Pedro Castillo. Se les acusa de operar como su brazo político en el Parlamento, facilitando designaciones ilegales y blindando a funcionarios afines.

Los indicios apuntan a intervenciones en instituciones clave como el Ministerio de la Producción y Migraciones, con el objetivo de copar el aparato estatal. Sin embargo, pese a la gravedad del caso, el avance ha sido lento, errático y lleno de omisiones inexplicables.

Plazo vencido sin respuestas

En mayo se cumplieron los 36 meses que la ley concede como máximo para la investigación preliminar. Frente a la inacción de la Fiscalía, los abogados de los congresistas Juan Carlos Mori y Jorge Flores Ancachi presentaron un recurso de control de plazos ante el Poder Judicial, que fue admitido y resolvió presionar al Ministerio Público para definir el futuro del caso.

“El plazo se venció hace más de dos meses y medio. Estamos en una etapa completamente extemporánea”, advirtió el penalista Julio Espinoza. Su colega, Julio Rodríguez, fue aún más enfático: “Este caso refleja el estado de crisis y falta de liderazgo del Ministerio Público”.

Diligencias se postergaron sin justificación

Uno de los aspectos más preocupantes del caso ha sido la demora en la ejecución de diligencias básicas. Recién en mayo pasado, la Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario de los implicados, una medida que debería haberse adoptado al inicio de la investigación.

“En un caso de corrupción, lo primero es revisar las cuentas y comunicaciones de los investigados. Aquí pasaron tres años sin hacerlo”, criticó Rodríguez. Esta omisión no solo revela negligencia, sino que pone en duda el compromiso del Ministerio Público con la lucha contra la corrupción.

Posibles consecuencias: impunidad y deslegitimación institucional

Si la Fiscalía opta por archivar el caso, los 13 congresistas investigados quedarían libres de cualquier proceso penal por estos hechos, salvo que surgieran nuevas pruebas. Esto beneficiaría a personajes como Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi, Juan Mori, Darwin Espinoza e Ilich López, entre otros.

Aunque el archivo no equivale a una absolución, el mensaje político y social sería devastador: que un grupo de parlamentarios puede estar involucrado en actos de corrupción y salir impune gracias a la lentitud del sistema judicial.

Congreso: juez y parte

En caso de que la Fiscalía presente finalmente una denuncia constitucional, el caso deberá pasar por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso. Pero aquí surge otro obstáculo: los implicados serían juzgados por sus propios colegas, muchos de los cuales podrían tener vínculos políticos con ellos, o interés en protegerlos.

Como explicó el penalista Espinoza, “incluso si la Fiscalía denuncia, el proceso no avanza sin que el Congreso levante el fuero parlamentario. Y esa decisión es política”. De no hacerlo, la investigación se estancará nuevamente, esta vez por voluntad del Legislativo.

Una Fiscalía paralizada

La debilidad institucional del Ministerio Público en este caso es inocultable. El retraso en diligencias clave, el incumplimiento de los plazos legales y la falta de resultados concretos reflejan un patrón de ineficiencia que trasciende a “Los Niños”.

“No se puede entender que un caso de esta magnitud, con pruebas públicas, testimonios y seguimiento mediático constante, se quede sin avance real durante tres años”, señaló Julio Rodríguez. “La Fiscalía ha demostrado que no está preparada para enfrentar redes de corrupción cuando estas involucran a altos funcionarios del Estado”.

Más allá del aspecto jurídico, el caso “Los Niños” se ha convertido en un símbolo del deterioro institucional del país. La percepción de que el sistema protege a los corruptos mientras castiga con dureza a los ciudadanos comunes erosiona la ya debilitada confianza en la democracia.

La sociedad civil, los medios y varios sectores políticos exigen una respuesta clara y urgente de la Fiscalía de la Nación. La reciente orden judicial no solo es un llamado de atención, sino una última oportunidad para evitar que otro caso emblemático termine en el archivo, sin justicia ni sanción.

¿Y ahora qué?

La pelota está en la cancha del Ministerio Público. Tiene la obligación de actuar, de dejar atrás la inercia que ha caracterizado su gestión en este caso y definir el futuro del expediente. Archivar el caso sin una investigación seria, sería una claudicación institucional. Presentar una denuncia permitiría al menos avanzar hacia una posible rendición de cuentas, aunque los obstáculos políticos permanezcan.

En cualquier escenario, el manejo del caso “Los Niños” quedará registrado como un fracaso más del sistema judicial peruano en su lucha contra la corrupción en las altas esferas del poder.