Durante la audiencia de apelación del Poder Judicial por el impedimento de salida del país, el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, se dedicó a defender su trayectoria profesional de más de 30 años en el servicio público y sostuvo que no hay, ni habrá evidencia de que haya favorecido a proveedor alguno y que no tuvo ninguna injerencia en las contrataciones del cuestionado Programa Alimentario, “Qali Warma”. 

Asimismo, enfatizó que el caso en su contra se basa en meras especulaciones mediáticas y en el desconocimiento de los procedimientos administrativos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

“Estamos hoy aquí por hechos originados en noticias de medios de comunicación, en especulaciones. Pero la realidad es que he estado, estoy y estaré en el país, enfrentando cualquier investigación, porque mi interés principal es que esto se esclarezca”, declaró Demartini ante los jueces.

El exministro afirmó que las contrataciones bajo investigación se realizaron a través de un procedimiento especial y autónomo dentro del programa alimentario, el cual no se rige por las reglas tradicionales de compras del Estado, y aclaró que los ministros no intervienen, en esos procesos. 

“Ese procedimiento especial de compras tiene autonomía técnica, y las decisiones las toma el equipo especializado del programa, no los ministros”, puntualizó.

Negó sus vínculos con investigado Martín Riepl

En otro momento, Juli Demartini, negó cualquier vínculo con los empresarios que vienen siendo investigados. “No conozco al señor Riepl, ni social, ni laboral, ni profesionalmente. No tengo relación alguna con su empresa, y ni siquiera tengo registro de haber sido entrevistado por él en calidad de periodista”, indicó y sostuvo que no hay, ni habrá evidencia de que haya favorecido a proveedor alguno.

“No he dicho jamás ‘contraten a tal persona’. Eso es impensable. Las contrataciones se basan en informes técnicos, con respaldo de entidades como el Sename, la Digesa o el Ministerio de Agricultura”, concluyó.

El ministro de Economía y Finanzas, José Antonio Salardi Rodríguez, anunció la extinción de 14 programas de infraestructura que pasarán a ser parte de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la misma que se encuentra adscrita a la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM) Estos son:

Provías Descentralizado.

Provías Nacional.

Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL.

Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED.

Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS.

Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU.

Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR.

Programa Agua Segura para Lima y Callao – PASLC.

Programa Subsectorial de Irrigación – PSI.

Plan Copesco Nacional – PCN.

Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR.

Programa Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB.

Programa Nuestras Ciudades – PNC.

Plan Nacional de Diversificación Productiva – PNDP.

El titular del MEF, indicó que actualmente existen múltiples entidades que ejecutan proyectos sin que haya una articulación territorial eficiente, lo que ha generado duplicidades administrativas y una fragmentación operativa.

“Hoy en día tenemos 14 programas que ejecutan inversiones a nivel nacional, tenemos 14 gerencias de administración, de logística, de recursos humanos. Es decir, se sobreponen muchas funciones. (…) Por eso, la medida que se va a tomar es la de extinguir estos programas y sus inversiones van a ser incorporadas en la cartera de proyectos del ANIN”, afirmó Salardi.

Según el MEF, ahorrarán miles de millones

Asimismo, destacó que, solo durante el segundo semestre de 2025 (de junio a diciembre), el ahorro estimado debido a la eliminación de estos programas será de aproximadamente S/ 2.500 millones.

Funciones de la ANIN

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), es una entidad pública creada mediante la Ley N° 31841, promulgada el 21 de julio de 2023. Su misión principal es gestionar proyectos de infraestructura pública de gran envergadura. Esta entidad se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y posee autonomía funcional, administrativa, técnica y económica.

La ANIN tiene como objetivo principal ejecutar proyectos de infraestructura que superen los S/ 200 millones, así como aquellos entre S/ 40 y S/ 200 millones en situaciones de emergencia o con alto impacto territorial. Entre sus funciones se incluyen la formulación, ejecución y mantenimiento de estos proyectos, la gestión de contratos y convenios, y la supervisión de estudios técnicos y consultorías especializadas. Asimismo, está facultada para ejercer funciones de adquisición y expropiación de inmuebles necesarios para la ejecución de obras, así como para coordinar con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.

Los proyectos gestionados por la ANIN se rigen por modalidades de contratación que incluyen contratos de ingeniería de uso estándar internacional, convenios de administración de recursos con organismos internacionales y contratos de fideicomiso con COFIDE.

Continuará metiendo ‘bombazos’ a los “enemigos de la patria”, pero esta vez desde la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) gracias a Dina Boluarte.

Esta mañana se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución Suprema n.° 069-2025-IN donde se indica la designación del ex ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien fuera censurado por el Congreso por no ofrecer soluciones contra la delincuencia y la extorsión. En esa resolución se precisa que Santiváñez Antúnez ingresará al Consejo Directivo de la Sucamec.

De acuerdo al Decreto Legislativo 1172 en su octavo artículo, el “Consejo Directivo es el órgano máximo de la SUCAMEC… responsable de establecer las políticas institucionales y la dirección de la SUCAMEC”.  Curiosamente, en artículo siguiente en su literal “e” también se precisa que el miembro del Consejo Directivo deberá “gozar de reconocida solvencia moral”, algo que muchos ciudadanos le han cuestionado al ex ministro Santiváñez.

Como se recuerda, el pasado 17 de abril Santiváñez fue incorporado como jefe de la Oficina General de Monitorio Intergubernamental, un puesto calificado como de confianza. Es así que el censurado ex ministro podrá estar cerca de la jefa de Estado.

El dato:

La SUCAMEC, o Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, es una entidad pública peruana adscrita al Ministerio del Interior. Su función principal es controlar, regular, fiscalizar y sancionar las actividades relacionadas con la seguridad privada, armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil en el país.

Nos llegó a la redacción una carta notarial, remitida por el señor Óscar Maúrtua de Romaña, en la cual manifiesta su enfado e indignación por el artículo de opinión de nuestro columnista Luis Felipe Alpaca, publicado el pasado 2 de mayo, titulado: “Turismo Diplomático a costa del erario público: un privilegio injustificable”, porque considera que se afecta su honor. Asimismo, solicita rectificación y reedición de la nota periodística en mención, y aduce que es inexacta e incompleta.

Seguidamente, Lima Gris ha procedido a realizar las precisiones correspondientes, conforme a la solicitud del remitente.

A continuación, el párrafo con las precisiones actualizadas:

“A estos casos se suma el de Óscar Maúrtua, excanciller del Perú, quien fue denunciado por apropiación indebida de fondos destinados a víctimas del terremoto de 2001. Sin embargo, en 2008, la Corte Superior de Justicia anuló el proceso y archivó el caso. Asimismo, el exlegislador Álvaro Gutiérrez lo denunció constitucionalmente por su presunta participación en maniobras para favorecer a la aerolínea chilena LAN, que no cumplía con sus obligaciones fiscales en el país. Durante el mandato del expresidente sentenciado por corrupción Alejandro Toledo, Maúrtua participó en el avión parrandero; que era toda una fiesta con mucho alcohol en el avión presidencial con otros personajes del oficialismo con recursos del Estado. Actualmente, Maúrtua sigue siendo una figura prominente dentro del mundo de la diplomacia”.

“En septiembre del 2021 el Congreso citó al excanciller Maúrtua por la reunión secreta entre Castillo y Maduro. Sin embargo, Maúrtua aclaró que dicha reunión no fue secreta, sino espontánea y breve”.

¿Qué tiene en la cabeza? Está bien que se promocionen los E-Sports, que se incentive otra modalidad de deporte que es el favorito de muchos jóvenes y adultos, pero ¿gastar trece millones de soles para un torneo que solo va a durar a lo mucho una semana? ¿No se da cuenta el ministro de Educación, Morgan Quero, que en la actualidad cientos de colegios están colapsados, y que muchos de ellos se ven obligados a cerrar por las constantes amenazas de extorsión? ¡Qué tiene en la cabeza!

Si ya era demasiado con sus terribles comentarios sobre las niñas awajún, o su ridícula defensa de la presidenta Dina Boluarte, ahora se ha revelado que desde su cartera, a través del Instituto Peruano del Deporte (IPD), se ha otorgado más de 13 millones de soles para la Federación Peruana de Deportes Electrónicos, creada hace tan solo cinco meses, tal como consta en la Resolución del IPD n.° 54-2025-RENADE-DNCTD/IPD, de fecha 23 de enero del año en curso. Ahí, se puede observar, en su artículo cuarto, que la primera junta directiva está conformada por las siguientes personas:

• Renzo Francesco Cordiglia Rojas (Presidente),
• Luis Renato Madueño Ghibellini (Vicepresidente),
• Diego Mohme Amour (Secretario),
• Nicole Amour Ferrand (Tesorero),
• Wuilmer Milton Olaya Bardales (Vocal Técnico)

Llama mucho la atención el nombre de Diego Mohme Amour, quien según su perfil de LinkedIn desarrollaba toda la gestión de deportes electrónicos en conjunto con el Grupo La República, grupo donde se encuentra su familiar directo Gustavo Mohme Seminario, quien se desempeña como director periodístico.

“Es un evento de vital importancia porque impulsa nuestro crecimiento económico, nuestro crecimiento deportivo y proyecta al Perú internacionalmente al mismo tiempo que fortalece nuestra infraestructural digital”, fue lo que dijo hace unas semanas el ministro Quero.

Cabe recordarle que en gran parte del país miles de alumnos no pueden conectarse a sus clases virtuales debido a que la señal de internet es baja o sencillamente no llega hasta los lugares más remotos. También toca refrescarle la memoria que en estos momentos una decena de colegios en toda la capital están cerrando por los constantes mensajes extorsivos que amenazan la integridad de los profesores y de los propios estudiantes. Tampoco debería de olvidarse de la terrible condición que se encuentran muchos centros educativos a nivel nacional, viéndose forzados muchos educadores en ingeniárselas para seguir impartiendo clases, ya sea en una bodega, un restobar, o en una canoa.

Ministro Quero será citado al Congreso

Por su parte, la Comisión de Educación del Congreso de la República ha anunciada que citará al titular del Minedu por el monto exagerado que se destinará para la realización del Global Esports Games Tour 2025.

El parlamentario Esdras Medina fue uno de los primeros en indicar que los más de 13 millones de soles representa un gasto injustificable.

“Mientras se destina dinero a un evento gamer, las escuelas se caen a pedazos”, sostuvo, al tiempo de señalar que solicitará formalmente al presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo, para que convoque al ministro, a fin de que rinda cuentas. “Debe explicar quién autorizó este gasto. Si fue el Ministerio de Educación (Minedu) o el de Economía y Finanzas (MEF). Yo pediré la citación como miembro titular de esta comisión”, añadió.

El dato:

El Global Esports Games Tour 2025, a realizarse del 1 al 7 de junio, reunirá a jugadores de Dota 2, League of Legends y Mobile Legends. De acuerdo al Minedu ese evento atraerá a aproximadamente 15 mil espectadores de manera presencial.

Al parecer la perfilada y respingada nariz de la presidenta Dina Boluarte no le permitió ver que Miguel Rodríguez Díaz (alias ‘Cuchillo’), principal sospechoso de haber ultimado a 13 trabajadores en Pataz, tomaba un avión en el aeropuerto Jorge Chávez con destino a Colombia, como si se tratara de un pasajero más que sale del país.

A pesar de que la mandataria lo acusara directamente de ser el responsable de la masacre en Pataz, no existía orden de detención contra él.

“Probablemente, quien haya liderado este brutal asesinato a estas personas es el denominado delincuente ‘Cuchillo’, que en el año 2023 fue capturado por nuestra Policía Nacional y puesto en libertad por el Ministerio Público”, manifestó la operadísima jefa de Estado.

Por su parte, desde la oficina de Migraciones de Colombia se informó que “el ciudadano peruano Miguel Rodríguez Díaz ingresó al territorio nacional el día 5 de mayo de 2025, a las 9:30 a.m., en vuelo proveniente de Lima”.

Otra ‘patinada’ más de Adrianzén

Como para no perder la costumbre, el premier Gustavo Adrianzén comunicó durante una conferencia de prensa el pasado 2 de mayo, que se había capturado a un sujeto en el distrito de San Juan de Lurigancho, quien presuntamente estaría implicado en la matanza en Pataz.

De acuerdo al primer ministro Adrianzén, al sujeto se le encontró una pistola Glock que pertenecía a unos de los trabajadores asesinados en la provincia de La Libertad.

En esa misma línea, el general PNP Víctor Zanabria indicó que la mañana de ayer se capturó a otras dos personas con dos armas de fuego (mini UZI) con cacerinas y municiones. “Estas personas también estarían implicadas en estos hechos de violencia”, explicó.

Sin embargo, desde la Fiscalía se ha informado que hasta el momento no hay ni un solo detenido por la masacre en Pataz.

“No tenemos personas detenidas por el hecho, lo que tenemos es hallazgo de los 13 cuerpos. No hay detenidos, por el momento. Se tienen algunas noticias preliminares de dos o tres personas que se mencionan con armas”, expresó el fiscal Luis Guillermo Bringas, presidente de la Junta de Fiscales de La Libertad.

Por lo visto, el estribillo de la canción de Tongo: “Sufre peruano, sufre”, ha trascendido el ámbito musical para convertirse en un retrato descarnado de la realidad política nacional. En el Perú de hoy, sobrevivir no solo significa ganarse el pan con esfuerzo, sino también resistir el parasitismo institucional de quienes, bajo el disfraz de autoridad, ingresan al aparato estatal con la avidez de quienes solo conocen el verbo “saquear”.

Si bien la corrupción y el clientelismo han sido males endémicos del sistema político peruano, lo que vivimos actualmente es una de sus formas más degradadas. El pacto de supervivencia entre el Ejecutivo y el Legislativo ha dado lugar a un cogobierno cínico, donde los intereses personales y de grupo han desplazado por completo cualquier noción de proyecto país. En el centro de este escenario se encuentra un personaje que parece haber llegado al poder por accidente, pero que se aferra a él con una voracidad y angurria predecible: Dina Boluarte Zegarra.

De vicepresidenta marginal en el gobierno del no menos inclasificable Pedro Castillo, Boluarte Zegarra pasó a ser presidenta de la República por sucesión constitucional, tras la intentona golpista del entonces mandatario. Sin embargo, lejos de convocar a elecciones inmediatas como clamaban las calles, tejió un acuerdo oscuro con el Congreso que hoy la sostiene. Este pacto de conveniencia, sellado el 7 de diciembre de 2022, no buscaba otra cosa que la continuidad: ella en Palacio, ellos en el Parlamento, hasta el 28 de julio de 2026. El objetivo era simple y crudo: quedarse para seguir cobrando, colocando allegados, repartiéndose ministerios, y disfrutando de los privilegios del poder. Como muestra, el botón del aumento presupuestal de 400 millones de soles adicionales al Congreso para el año fiscal 2025, aprobado por el Ejecutivo.

Los socios de este pacto infame son fácilmente identificables. En primer lugar, Alianza para el Progreso (APP), la tienda de César Acuña Peralta, ha sido el pilar más firme del régimen de Boluarte Zegarra. Desde el blindaje político, a ministros cuestionados, hasta el copamiento de prefecturas y cargos en el Estado, APP ha sabido rentabilizar su “lealtad”. Su respaldo fue clave en la aprobación de la Ley 32108, una norma que ha levantado sospechas por favorecer intereses vinculados al crimen organizado. Su rol ha sido más que utilitario: ha sido funcional.

Fuerza Popular, por su parte, continúa con su doble juego. Mientras en los pasillos del Congreso en ‘Pasos Perdidos’ sus voceros en apariencia ofrecen discursos de indignación ante las cámaras, en las votaciones críticas han sido un soporte fundamental para la chalhuanquina Boluarte. La férrea defensa fujimorista en los casos “Rolex” y “cirugías” deja en evidencia su incondicional complicidad. Más que oposición, lo suyo ha sido un teatro político que habitualmente busca despistar.

A esta dañina sociedad se suman Renovación Popular, Somos Perú, Acción Popular y Avanza País, todas bancadas que han otorgado a la presidenta el respaldo necesario en momentos decisivos. En el caso del escándalo por los relojes Rolex, por ejemplo, legisladores como José Cueto argumentaron que investigar a la presidenta era una estrategia para desestabilizar el orden democrático. ¿Qué clase de democracia necesita ser protegida encubriendo la corrupción?

El resultado de este blindaje mutuo ha sido devastador. La impunidad se ha institucionalizado. Las responsabilidades políticas se diluyen entre el ruido parlamentario y la apatía del Ejecutivo. La rendición de cuentas es hoy una pieza de museo. La alianza entre el Legislativo y Boluarte Zegarra ha normalizado el abuso del poder y ha dejado al ciudadano común en la más absoluta orfandad.

Por si fuera poco, se ha activado una peligrosa campaña contra la prensa crítica. En lugar de responder con transparencia, el gobierno ha optado por victimizarse y acusar a los periodistas de “acosadores”, generando un clima hostil contra la libertad de expresión. La criminalización de la labor periodística es una señal inequívoca de deriva autoritaria.

Los números no mienten. El 85% de la población desaprueba la gestión de Boluarte Zegarra, y el 91% rechaza al Congreso. Es un rechazo histórico que debería sacudir cualquier conciencia política, pero que, sin embargo, no ha frenado la ambición de quienes hoy gobiernan. Y es que el sistema está diseñado para olvidar: para que las próximas elecciones borren el pasado y permitan que los mismos personajes de siempre regresen con nuevas promesas, nuevos logos y las mismas mañas.

Por eso, la verdadera pregunta es: ¿permitiremos que estos oscuros socios regresen en 2026? APP, Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú y Avanza País no son meros actores del presente: son aspirantes al futuro. Cada uno de sus votos a favor del régimen Boluarte es una advertencia, una prueba de que no representan al pueblo sino a sí mismos.

El Perú merece una política sin parásitos ni cómplices. Y la historia no debe repetirse.

Si tenemos que hablar de la persona menos indicada para salir al frente y reclamar por las muertes de 13 trabajadores de la minera Poderosa es, sin ninguna duda, el actual gobernador regional de la Libertad, César Acuña Peralta. Desde que asumiera en el 1 de enero del 2023, el popular ‘Plata como cancha’ lleva fuera de su gobernación más de 100 días, entre permisos por “motivos personales”, vacaciones porque un gobernador también “tiene derecho a descansar”, y comisiones que lo llevan hasta países tan distantes como China o los Emiratos Árabes.

Durante todos esos días de ausencia, su región vivió protestas, manifestaciones, bloqueos, atentados perpetrados por extorsionadores, detonaciones de torres de alta tensión, asesinatos a mineros, asesinatos y hasta la explosión de una sede del Ministerio Público. A cualquier ciudadano que se le consulte en la calle responderá que el líder y fundador de Alianza para el Progreso (APP) está más preocupado en mantener los lazos políticos que le unen a Dina Boluarte, más que reforzar la seguridad en La Libertad.

Acuña Peralta, desde que fuera nombrado como gobernador en el 2023, lleva más de 103 días alejado de sus funciones: 85 por “temas personales” sin goce de haber, 11 por comisión de servicios y 7 días de vacaciones, según el diario Correo.

En el 2023 dejó el cargo durante 45 días por licencias aprobadas por el Consejo Regional, muchos de ellos partidarios de APP.

El año pasado, los mismos consejeros aprobaron que se ausente en total por 50 días. Entre esos permisos hay que mencionar que se le otorgó para que viaje a China del 4 al 14 de abril por invitación de la empresa Huawei.

Además, a fines de agosto del 2024, utilizó sus 7 días de vacaciones para irse con toda su familia a Chile.

Pero el viaje más indignante fue el que realizó a Dubái, del 11 al 19 de diciembre, nuevamente argumentando que se trataban de “temas personales”.

Esto ha llevado a ser cuestionado en reiteradas ocasiones por sus viajes, abandonando su región a manos de las bandas criminales, acrecentándose las críticas por su nula participación en la región de Pataz, donde ahora pretende hacerse el defensor de los familiares de los mineros asesinados, otorgándoles “donaciones” económicas a título personal; pero eso no fue bien recibido pues más hubiera ayudado que esté desde un principio sentado en su oficina planificando medidas preventivas contra la criminalidad.

Ayer Acuña estuvo presente en Palacio de Gobierno, alzando la voz como si hubiese hecho algo por sus paisanos desde que asumiera en el 2023. Pasará una semana o dos hasta que la gente centre su atención en otra noticia para que el gobernador de La Libertad ya piense en solicitar otro permiso por “motivos personales” para volver a ausentarse.