La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que, a partir de este martes 7 de mayo, los peruanos mayores de 18 años podrán tramitar y obtener en el territorio nacional el pasaporte electrónico con una validez de 10 años; dicho periodo de duración duplica la vigencia del documento actual, que es de 5 años.

Esta actualización y extensión de la vigencia del pasaporte la aprobó el Congreso de la República, mediante la Ley N° 31678. Posteriormente, el Poder Ejecutivo reglamentó la norma y modificó el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de Migraciones, a través de un Decreto Supremo, publicado en el diario oficial El Peruano.

El nuevo costo del Pasaporte

A partir del término de la primera semana de mayo, aquellos que necesiten obtener este documento de viaje, deberán abonar una nueva tasa de S/ 120.90 en el Banco de la Nación, o a través de Págalo.pe utilizando el código de pago habitual, el 01810.

Los usuarios que ya hayan programado citas a partir del 7 de mayo y hayan abonado la tarifa de S/ 98.60 por el pasaporte de 5 años, simplemente deberán añadir S/ 22.30 utilizando el mismo código de pago, ya sea en el Banco de la Nación o a través de Págalo.pe, para obtener el nuevo pasaporte de 10 años.

Asimismo, las personas que poseen el pasaporte de 5 años, podrán seguir usándolo hasta el término de su vigencia, no siendo necesario que tramiten el nuevo documento de viaje.

La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento mostrando su preocupación por la situación que atravesaron los periodistas de Latina al ser retirados en su labor de informar sobre el caos y las largas colas en diversas estaciones del Metropolitano.

La Defensoría recordó que el ejercicio de la labor periodística está garantizado en el derecho constitucional a la libertad de información de las personas, especialmente cuando se refiere a la calidad de la prestación de servicios públicos básicos como el transporte.

«Expresamos nuestra preocupación por recientes casos de transmisiones periodísticas en que se aprecia a personal de seguridad del @Metropolitano_L impedir que se informe sobre presencia de largas colas. Hace unos días ocurrió en estación Matellini y hoy en Los Incas», se lee en la publicación de X.

Asimismo, la Defensoría exhortó a la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) a permitir que los medios de prensa puedan ejercer su labor con plena libertad, a fin de mantener informada a la ciudadanía sobre la prestación del servicio del Metropolitano.

La Defensoría mencionó el caso del reportero de Latina, Adolfo Bolívar, que fue retirado por la seguridad del Metropolitano en la estación Los Incas. Esto generó el rechazo de los usuarios, quienes alzaron su voz de protesta durante la transmisión en vivo.

Y días antes, la reportera María Elena Mamani narraba la embarazosa experiencia dentro del bus acompañada de una cámara en mano, pero fue interrumpida por un agente de seguridad de la estación Canaval y Moreyra y Matellini del Metropolitano, quien le increpó que no podía realizar grabaciones. Sin embargo, la periodista grabó el momento en el que el hombre de seguridad le pedía retirarse de la estación.

Tras la noticia de que la Fiscalía obtuvo grabaciones que evidencian que la congresista de Alianza para el Progreso, Magaly Ruiz habría admitido los hechos de ser sindicada como ‘mochasueldo’ y luego de la denuncia constitucional que interpuso el Ministerio Púbico, como presunta autora de los delitos de concusión y colusión gravada en agravio de Estado, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, tuvo que pronunciarse y pidió a la congresista que solicite licencia al partido Alianza para el Progreso (APP).

César Acuña pide que no se mancille el nombre de las personas (sobre Magaly Ruiz)

Acuña Peralta dio declaraciones en una conferencia de prensa e indicó que la licencia que vaya a solicitar la parlamentaria de APP debe mantenerse vigente hasta que ella pueda “aclarar su situación legal”, puesto que de esa forma cuidará al partido que la llevó a convertirse en congresista.

“Ahora ya estoy como presidente del partido, creo que tengo la autoridad de pedirle que pida licencia, y a cualquier congresista lo ético, que deben pedir licencia hasta que aclaren su situación legal porque creo que eso significa cuidar al partido que lo llevó a ser congresista”, afirmó ante los medios.

Él dijo que habrá “blindaje cero” para todo aquel integrante de su partido que cometa un delito; sin embargo, recomendó a la Fiscalía y al Poder Judicial acelerar los procesos de investigación debido a que, según sus propias palabras, “no se puede mancillar los nombres de las personas”.

“Blindaje cero, pero sí recomendar a la Fiscalía y al Poder Judicial que aceleren lo más rápido porque no se puede mancillar los nombres de las personas”, sentenció el presidente de APP.

¿Acaso defiende a la mandataria de su partido?

Magaly Ruiz fue denunciada por el Ministerio Público

Hace dos días, la Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra la congresista de Alianza para el Progreso (APP), Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez, como presunta autora del delito de concusión, en concurso real con el delito de colusión agravada en agravio del Estado.

Fiscalía de la Nación, presentó denuncia constitucional contra congresista de APP, Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez.

La congresista fue denunciada por el comunicador Carlos Marina Puscán debido a que le habría cobrado S/1,500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia que ella presidía. Según esta acusación, el encargado de hacer los cobros era el asesor principal de la congresista, Johnny Fabian Romero Nima.

Romero Nima, quien habría sido la persona en recibir el dinero de algunos trabajadores, también está siendo investigado por el presunto delito de concusión. Precisamente, Romero fue quien reveló que el fiscal Richard Rojas le pidió dinero en dólares y cargos en el Congreso para sus dos hermanos a la legisladora por archivar el caso.

“Él (Romero) nos pedía que el aporte sea en efectivo, no en cuenta bancaria. Se hacía en un sobre cerrado, en efectivo y en cuarto cerrado”, comentó en un programa dominical.

El 26 de abril en un nuevo operativo el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), detuvo al coronel en retiro Martín Gonzáles Sánchez, quien anteriormente se desempeñaba como jefe de la Unidad de Búsqueda de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) de la PNP.

Gonzáles Sánchez, más conocido por el alias ‘Conejo’, fue detenido como parte de las investigaciones relacionadas con la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva y de los sobrinos del expresidente Pedro Castillo.

Según la tesis fiscal, Gonzáles Sánchez conformaría la presunta organización criminal que se habría enquistado en Palacio de Gobierno y que estaría «facilitando la obtención de ganancias ilícitas futuras, copando las instituciones públicas mediante la designación de altos directivos y funcionarios clave en puestos y cargos sensibles y de confianza, en despachos donde cuentan con gran manejo de presupuesto público».

Martín Gonzales Sánchez, ‘El Conejo’ fue retirado de la Digimin por sus cuestionamientos.

Es este nuevo operativo dirigido por el fiscal José Luis Quispe Changanaquí, se allanaron ocho inmuebles y se detuvieron a otras dos personas, junto a Gonzáles Sánchez:

El coronel PNP José Luis Alarcón Camacho.

El mayor PNP Martín Barco Rivadeneyra.

Los tres estarían involucrados en la fuga de Juan Silva, el extitular de la cartera de Transportes y uno de los protegidos del encarcelado expresidente Pedro Castillo, al que se le acusa de irregularidades en el caso Puente Tarata, por lo cual continúa prófugo de la justicia.

Gonzales Sánchez, (a) ‘Conejo’, también habría ayudado al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, ante la orden de prisión preventiva. Un aspirante a colaborador eficaz fue quien mencionó las implicancias que tendrían ambos coroneles en el caso. En este refiere que el sobrino del exmandatario influyó para que sea nombrado como director de la Digimin.

“[…] se expone las delaciones brindadas, respecto a los hechos vinculados a la influencia que tuvo Fray Vásquez Castillo, en la Designación de Martín Gonzales Sánchez, alias “Conejo” como director de Digimin, con la finalidad que este le brinde o filtre información relacionado a sus investigaciones o posibles detenciones”, se lee.

Gonzáles Sánchez, fue jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) en dos períodos cortos durante el Gobierno de Pedro Castillo.

Una semana y media después de haber dejado el cargo, el coronel PNP en retiro, fue designado como viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior en abril del 2022, durante el régimen de Pedro Castillo.

Cuando fue jefe de la División de Búsqueda (2013-2021) fugó del país el exjuez supremo César Hinostroza, involucrado en el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Cabe señalar que, desde el 2016, Gonzales Sánchez estuvo al frente de la División de Búsquedas (Divbus) y durante su jefatura en la citada división creó un grupo para realizar videovigilancias, seguimientos de investigados y de escuchas legales.

El 30 de diciembre del 2021, el coronel pasó al retiro por renovación de cuadros, junto a otros 19 agentes de la PNP (17 generales de armas y tres de servicios).

Luego de una larga espera el Gobierno aprobó el establecimiento de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, ubicado frente a las costas de Piura y Tumbes, un área protegida que conservará una muestra representativa de los ecosistemas marinos del norte del país con el fin de contribuir a la mitigación del cambio climático y la continuidad de los procesos ecológicos, y así promover el uso sostenible de los recursos naturales.

El anuncio fue hecho por el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, tras la reunión que sostuvo el pasado miércoles el Consejo de Ministros: “Hemos dado un gran paso en la creación de esta área. Es un área que va a potenciar el turismo en las regiones de Piura y Tumbes. Es un área que va a brindar seguridad alimentaria y el respeto a la cultura. Es un área que además cumple con los compromisos ambientales que el Perú se ha comprometido a nivel de los órganos de las Naciones Unidas”.

Castro Vargas también resaltó que esta nueva área protegida “es el clamor y pedido de muchas organizaciones de pescadores y gremios de turismo que miran en un área protegida una oportunidad para el desarrollo”. Asimismo, agregó que con esta decisión, el Ejecutivo demuestra que un área natural protegida (ANP) “sí puede ser compatible con actividades económicas”.

La Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, de 115 675.89 hectáreas (0.14% del mar peruano), abarca cuatro sectores: Isla Foca, Cabo Blanco – El Ñuro, Arrecifes de Punta Sal y Banco de Máncora, ubicados frente a las costas de Piura y Tumbes.

Según el propio Ministerio del Ambiente (Minam), en este lugar habita el 70 % de especies marinas del país. Además, alberga 12 de los 30 tipos de cetáceos que existen en Perú, y es hábitat de especies amenazadas como las tortugas marinas. En dicha zona, además, se alimenta el 60 % de recursos marinos que se destinan para el consumo humano directo.

Además de promover la conservación de los recursos hidrobiológicos, esta ANP beneficiará a la pesca artesanal, además promoverá aún más el turismo que ya existe en la zona y será un espacio ideal para el desarrollo de la investigación científica.

Perupetro se opuso a creación de reserva natural

La creación de Mar Tropical de Grau fue posible pese a que, en noviembre de 2023, se conoció que la empresa Perúpetro expresó su posición en contra que fue manifestada a través de un informe avalado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En dicho informe, la empresa estatal consideró que la creación de esta área protegida “resultará contraproducente para las actividades de hidrocarburos” y desde un punto de vista legal “no resulta viable” por superponerse con lotes petroleros.

Los avances prometidos no se han cumplido y el proyecto ha quedado estancado en un estado de incertidumbre, desde el mes de enero de este año, luego de un acuerdo para empezar la construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima,

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga se comprometió para facilitar los permisos correspondientes en la construcción del proyecto; sin embargo, hasta la fecha, existe un estancamiento total en los avances de la obra.

Hace más de tres meses, López Aliaga, explicó, en una conferencia de prensa, las razones por las que se oponía a entregar la autorización para la construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima. El popular Porky advirtió que la construcción de dicha obra ocasionaría un caos general entre los ciudadanos capitalinos.

Sin embargo,el 16 de enero, tras reunirse con el ministro de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, y el entonces jefe de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), José Aguilar, López Aliaga se comprometió a facilitar las autorizaciones necesarias para iniciar las obras; pero los permisos aún no se han otorgado, a pesar que el concesionario de la Línea 2 cumplió con presentar formalmente las solicitudes de ley.

Con respecto al proyecto de la Estación Central, el concesionario de la Línea 2 habría intentado obtener la aprobación de la comuna metropolitana para sus desvíos en la construcción, pero encontró obstáculos burocráticos.

La MML ha generado retrasos por peticiones burocráticas

La Municipalidad Metropolitana de Lima habría solicitado diversas peticiones de información adicional, prolongando de esa manera el proceso, señalan fuentes del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).  

Pese al estancamiento, se ha tratado de minimizar las interrupciones, incluso, la reducción del tiempo estimado de construcción, de 24, a 13 meses, así como mantener los carriles abiertos al tránsito en la avenida Garcilaso de la Vega, según afirmaciones de la nueva presidenta de la ATU, Marybel Vidal Matos.

Con la tuneladora Delia en la estación Plaza Manco Cápac, y cuya llegada a la Estación Central sería en junio, el ministerio pretende evitar demoras.

“Ahora se trabaja para que la tuneladora pase de frente hasta la estación Plaza Bolognesi, sin que esté construida la Estación Central, pero para eso se necesita de una adenda al contrato de concesión, en el que, además, el Estado debe pagarle un monto adicional a la concesionaria”, argumentó el ingeniero Miguel González, vocero de Ositran, para dicho medio.

El plan de trabajo propuesto, incluye la modificación del proyecto original a través de una adenda, lo que permitirá que la tuneladora avance a un ritmo de 20 metros por día, al operar las 24 horas del día, todos los días. La Línea 2 del Metro, tendrá 35 estaciones y han proyectado que esté lista para el año 2028.

Defensores de la vida. El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) expresó su rechazo hacia la aplicación de la eutanasia a Ana Estrada, la primera ciudadana en Perú en acceder a este procedimiento.

Los obispos de Perú, a través del CEP, han calificado de vulneración el “derecho inalienable a la vida”, subrayando que no existe justificación para terminar con la vida de una persona, independientemente de las circunstancias.

La Conferencia Episcopal, apoyándose en la reciente declaración Dignitas infinita del Vaticano, ha recordado la importancia de respetar la dignidad humana en todas sus etapas, incluso en los momentos más difíciles por enfermedad o condiciones degenerativas. Se ha enfatizado que la vida, como regalo divino, debe ser custodiada y no interrumpida de manera artificial. Además, se hace un eco de las palabras del Papa Francisco, quien ha calificado tanto la eutanasia como el suicidio asistido como “una derrota para todos”.

En este contexto, la iglesia peruana invita a una reflexión sobre la esperanza y la fe, incluso frente a situaciones complejas como la que enfrentó Estrada, recordando la creencia en la resurrección y la vida eterna.

Por otro lado, el Padre Augusto Meloni Navarro, sacerdote y médico con experiencia en la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha destacado la importancia de los cuidados paliativos y llamado a la oración por el alma de Estrada.

Ana Estrada, la primera peruana en recibir la eutanasia

El pasado domingo 21 de abril de 2024, Ana Estrada, psicóloga y activista por los derechos de una vida plena, ejerció su derecho a una muerte digna a los 47 años y accedió al procedimiento médico de eutanasia, informó a través de un comunicado la abogada de la paciente, Josefina Miró. “Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final”.

Cabe recordar que la Corte Superior de Justicia de Lima concedió a Ana Estrada, quién padecía una enfermedad que le dificultaba respirar y deglutir, el derecho a acceder a la eutanasia, marcando un precedente histórico en Perú.

En febrero de 2021, la decisión judicial eximió de culpa penal a los profesionales de salud que asistan en su procedimiento médico, una medida que luego sería confirmada por la Corte Suprema en julio de 2022.

Tras el pedido de la Fiscalía Suprema de impedimento de salida del país de Patricia Benavides, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para el próximo lunes 29 de abril, a las 11:00 a. m. la audiencia de requerimiento de impedimento de salida del país por 36 meses para la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El pedido del órgano fiscal realizado el martes 23 de abril, se sustenta en el ‘peligro procesal’ por la probable pertenencia de Patricia Benavides a la organización criminal presuntamente enquistada en el Ministerio Público.

Mediante su cuenta X, el Poder Judicial resaltó que: “la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos solicitó se imponga esta medida contra Benavides Vargas, investigada por el presunto delito de organización criminal”.

Este requerimiento de impedimento de salida del país contra Benavides Vargas fue presentado el mismo día de que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) del Ministerio Público detuviera preliminarmente a siete personas entre ellos, los exasesores y allegados de Patricia Benavides: Miguel Girao, Abel Hurtado, José Castillo, Mirtha González, Giancarlo Valer, Jorge Palomino y el exagente de la Diviac, Jorge Rodríguez Menacho. Y allanara un total de 21 inmuebles en el denominado operativo ‘Valkiria XI’, por la investigación contra la presunta organización criminal que lideraría la fiscal suspendida.