Amparados en lo que dicta la Constitución Peruana, anoche, a través de un comunicado conjunto de los ministerios del Interior y Defensa, se ha anunciado que la Policía Nacional del Perú (PNP) a partir de mañana recibirá el apoyo de las Fuerzas Armadas para “el desbloqueo de las carreteras de la Red Vial Nacional que se encuentran declaradas en estado de emergencia”, las cuales ya llevan varias semanas tomadas por los manifestantes.

Ambas carteras ministeriales solicitaron a los ciudadanos que continúan bloqueando las carreteras que desistan de “estas medidas ilegales” y permitan “el desbloqueo pacífico” para “evitar enfrentamientos con las fuerzas del orden, que actuarán en defensa de la legalidad”, según lo estipulado en el artículo 137 de nuestra Carta Magna.

Defensa e Interior señalaron que se trata de “un acto ilegal contra la libertad de tránsito, la cual constituye un derecho fundamental (…) y que garantiza la facultad de toda persona para transitar por el territorio nacional”.

“El Código Penal, en su artículo 200°, tipifica como delito de extorsión a quienes, con violencia o amenaza, toman locales, obstaculizan vías de comunicación, impiden el libre tránsito o perturban el normal funcionamiento de servicios públicos, y establece como sanción entre 5 y 10 años de pena privativa de la libertad”, advierte el comunicado.

Hasta la fecha, diez peruanos han fallecido “como consecuencia de este acto ilegal”, entre ellos un nonato cuya madre no pudo recibir atención médica oportuna en la ciudad de La Libertad. También fallecieron un recién nacido en Puno, y un niño apenas con apenas un año de edad en Cusco, quienes tampoco pudieron ser atendidos de emergencia.

“El derecho a la protesta no faculta la obstaculización de vías, ni mucho menos puede superponerse al derecho a la vida de aquellas personas que requieren ser trasladadas para recibir tratamientos delicados como el oncológico, o que necesitan que llegue a sus regiones oxígeno y medicinas”, siguió la misiva.

“El bloqueo de carreteras ha ocasionado, además, escasez y alzas en los precios de alimentos de primera necesidad y combustible [en Cusco, Arequipa, Tacna y Puno]. En algunas regiones, incluso, está poniendo en riesgo el suministro de agua potable, lo cual afecta principalmente a las y los peruanos más pobres”, continúa el comunicado.

Con protestas que no cesan, los bloqueos también han provocado un fuerte aumento de precios en productos básicos, que afecta a las poblaciones más vulnerables del país.

El jefe de gabinete, Alberto Otárola, anunció la implementación de un puente aéreo a Madre de Dios, que permitirá llevar cinco toneladas de alimentos para paliar el desabastecimiento que viene causando el bloqueo de la vía Interoceánica, carretera que conecta la costa sur de Perú con ciudades brasileñas.

Gajes del oficio y cercanías entre ex mandatarios de izquierda. El expresidente boliviano Evo Morales designó a Raúl Noblecilla, exabogado de Pedro Castillo, para que lo defienda en la investigación que la Fiscalía de Puno le sigue por los presuntos delitos de contra la seguridad nacional y traición a la patria, en la modalidad de atentado contra la integridad nacional.

En este caso, además, se encuentra comprendidos el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón y el ex gobernador de esa región, Germán Alejo Apaza.

El caso a cargo del fiscal provincial Efraín Mallea Claros de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno inició el proceso luego de la denuncia penal formulada por el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya.

La indagación, que se dará por un plazo de 60 días, y ya se conoce las fechas en que los acusados deberán rendir su manifestación frente al delito que se les acusa.

Alejo Apaza se encuentra citado para declarar de forma presencial el próximo 6 de febrero; mientras que el exmandatario boliviano Morales deberá rendir su manifestación el 7 de marzo de forma virtual. En el caso deCerrón, todavía no se ha dado a conocer la fecha exacta.

En su denuncia, Montoya acusa a los procesados de haber realizado acciones destinadas a unir la región Puno al Runasur, organización creada por Evo Morales, quien ha frecuentado la región de Puno del Perú, presuntamente para persuadir y convencer a la población de su plan de divisionismo.

“Se ha generado un grave conflicto social que viene siendo utilizado, incentivado y aprovechado por intereses subalternos de los denunciados y sus asociados, cuyo objetivo es la secesión de parte de nuestro territorio para formar un estado independiente”, menciona el parlamentario en la denuncia establecida.

Montoya también atribuye a Apaza la presunta comisión del delito de usurpación de poderes, por supuestamente haber promovido la presencia de Evo Morales en Puno, además de haber “facilitado” en 2019 una ordenanza regional para que la región altiplánica pueda establecer “políticas de integración” con pueblos originarios de otros países.

En el caso de Cerrón, el legislador de la bancada de Renovación Popular lo acusa por sus publicaciones en Twitter, en una de las cuales aseguró: “Nos federalizamos en Asamblea Constituyente o se abre el camino a la secesión del país”.

Cabe recordar que, Montoya estableció dicha denuncia a inicios de enero y declaró a la prensa que “cualquier persona que atente contra la soberanía nacional debe ser sancionada y retirada del país o estar metida tras las rejas”.

Parlamento peruano declara como “persona no grata” a Evo Morales

A su vez, El Congreso de la República declaró como “persona non grata” al expresidente boliviano Evo Morales por sus “declaraciones públicas” contra el Perú. El Pleno aprobó por mayoría este estatuto con 74 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones.

“Declarar persona non grata al señor Evo Morales Ayma en el territorio nacional, por sus constantes incitaciones en la política nacional, las mismas que buscan desequilibrar el orden interno del país, en especial la zona sur del Perú”, se lee en la moción5225, que fue presentado por la congresista María del Carmen Alva, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Que presidentes de distintos países sostengan que Pedro Castillo continúa siendo presidente electo es una grave afrenta a la soberanía y determinación del Perú, sobre todo si ese discurso cae en muchas imprecisiones fomentadas por actores vinculados a la izquierda.

Bajo esa premisa, el Gobierno dispuso este jueves se retire definitivamente al Embajador del Perú, Jorge Alejandro Raffo Carbajal, en Honduras ante las recientes declaraciones de la presidenta de esa nación, Xiomara Castro, sobre la crisis social y política que se vive en nuestro país.

A través de Twitter, la Cancillería explicó que esto se debe a la “inaceptable injerencia” en asuntos internos de la mandataria Xiomara Castro en su intervención en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) desconociendo al Gobierno constitucional de la Presidenta Dina Boluarte.

“Como consecuencia de la posición adoptada por Honduras, las relaciones bilaterales con dicho país se mantendrán, de manera indefinida, a nivel de encargados de negocios”, tuiteó la entidad.

Mediante Resolución Suprema N° 019-2023-RE, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, se dio por terminadas las funciones del Embajador en el Servicio Diplomático de la República, Jorge Alejandro Raffo Carbajal, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en Honduras.

La presente norma fue refrendada por la presidenta de la República, Dina Boluarte, y la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi.

Presidenta de Honduras no reconoce a Dina Boluarte como máxima autoridad peruana

Durante su participación en VII Cumbre de la CELAC que se llevó a cabo en Argentina, Xiomara Castro, expresó su respaldo a Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva. Él es investigado por el delito de rebelión (alternativamente, conspiración para rebelión) en agravio del Estado.

“Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano, nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación”, manifestó la dignataria.

Llamado de atención por su poca diplomacia. El vicecanciller Ignacio Higueras envió ayer una carta a Óscar Fuentes, embajador de Chile en el Perú, en la que le expresa su malestar por las críticas del gobernante Gabriel Boric contra la presidenta Dina Boluarte en el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Argentina.

Torre Tagle calificó de “irrespetuosas” las expresiones de Boric porque además de responsabilizar a Boluarte de las muertes, insinuó que el Gobierno peruano se asemejaba a una dictadura.

Al respecto, la Cancillería publicó lo siguiente en su red social de Twitter:

“Ignacio Higueras transmitió al embajador de Chile el malestar que ha generado en el Gobierno peruano la manera irrespetuosa en la que el presidente Gabriel Boric se refirió a la presidenta Boluarte”.

Agregó que en la comunicación con el embajador chileno, el vicecanciller “le indica que el rumbo elegido por el Gobierno constitucional es el adelanto de elecciones generales para que los peruanos decidan sin injerencias y en paz el destino del país”.

Luego, la Cancillería resaltó que el Poder Ejecutivo “no cambiará el rumbo de la institucionalidad democrática”.

Presidente de Chile no estaría respetando neutralidad diplomática

El martes último, Gabriel Boric señaló que no podemos ser indiferentes cuando “hoy día en nuestra hermana república de Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quienes deberían defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debería escandalizar”.

Asimismo, se refirió al ingreso de la Policía a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) el sábado pasado para detener a los manifestantes del interior del país que allí se alojaban. Para Boric, es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras en el cono sur, como sucedió recientemente con el reciente ingreso de la policía a San Marcos.

En la misma cumbre de CELAC, la ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, señaló: “Esta crisis política originó el inicio de protestas y movilizaciones que incluyen tanto demandas legítimas que reflejan, sin duda, una deuda histórica por regiones y sectores de la población marginados por décadas, así como acciones motivadas por intereses políticos o con el deliberado propósito de producir violencia y destrucción”.

“Que incluyen el intento de toma de aeropuertos y otros activos críticos, incendio de oficinas públicas, ataques a dependencias policiales y fiscalías, cierre de carreteras, entre otros. Estas acciones violentas tienen la clara acción de subvertir el orden constitucional y alcanzar objetivos políticos que estos grupos no pueden lograr a través del cauce constitucional”, describió.

No ha pasado ni un decenio y la vacancia presidencial ha sido tan manoseada que cualquier grupo opositor en el Congreso de la República fácilmente puede activarla si siente que las cualidades intelectuales y morales de un jefe de Estado resultan cuestionables. Dicha herramienta constitucional hasta ahora no ha sido bien delimitada y se encuentra abierta de interpretación, siendo ello su mayor punto débil pues viene ocasionando la desestabilidad para cualquier gobierno, sea de derecha o de izquierda.

Ahora bien, un grupo de legisladores de bancadas de izquierda se han sumado a la moción de vacancia por la causal de permanente incapacidad moral en contra de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien asumió al cargo el pasado 7 de diciembre, luego de la destitución y posterior encarcelamiento de Pedro Castillo en el penal de Barbadillo por el intento de perpetrar un golpe de Estado.

En el documento, que lleva las rúbricas de varios parlamentarios de oposición al Gobierno, se le señala a la mandataria peruana como “responsable de las muertes” que se vienen produciendo en el país durante las manifestaciones de la población que exigen su renuncia en el cargo, así como el adelanto de elecciones generales y el cambio constitucional que permita el mecanismo de una Asamblea Constituyente.

“Nuestro país está siendo desangrado por el pésimo manejo gubernamental y de las fuerzas del orden que lidera la señora Boluarte Zegarra, puesto que hasta la fecha y van 44 personas fallecidas (57, según la Defensoría) como consecuencia del uso desmedido de las armas contra el pueblo peruanos”, se lee en la moción de vacancia.

Ante este sustento, los parlamentarios opositores al Gobierno de Dina Boluarte esperan que la moción de vacancia se dé cuenta en la sesión del Pleno del Congreso que se realizará este jueves 26 de enero, con el fin de que siga curso constitucional. Se necesitan 66 votos para admitirla a trámite y luego se deben conseguir 87 votos para la destitución de la jefa de Estado, y por lo visto la iniciativa de las bancadas de izquierda no progresaría ya que no se contarían con los 87 votos.

En menos de dos meses de Gobierno, la mandataria peruana enfrentaría su primer intento de destitución en el Congreso de la República que es impulsado por el parlamentario Guillermo Bermejo de la bancada Perú Democrático. Además, a este pedido de vacancia se ha sumado el respaldo de Betssy Chávez (Perú Democrático), Sigrid Bazán (Cambio Democrático), Roberto Sánchez (Cambio Democrático), Waldemar Cerrón (Perú Libre), entre otros.

Hasta el momento Boluarte ha reiterado que no renunciará al cargo hasta que se lleven a cabo el adelanto de elecciones generales, previsto inicialmente para abril del 2024. Además, ante las autoridades de la Organización de Estados Americanos (OEA) -que analizan la crisis en el Perú- remarcó que ha solicitado al Congreso aprobar lo antes posible el adelanto de elecciones en el Perú.

Muchos ciudadanos, que ahora salen a marchar, se encuentran convencidos que Pedro Castillo aún continúa siendo presidente del Perú y que se encuentra secuestrado por las fuerzas del orden por el solo hecho de ser campesino. En su lugar, una “usurpadora” ha tomado su lugar y no piensa darle un ápice de misericordia. Eso es lo que piensan muchas de esas personas que incluso están dispuestos a dar su vida por un sujeto que durante sus casi 17 meses de gobierno se encargó de derruir las instituciones del Estado, colocando gente afín a su pensamiento.

Esta falacia viene siendo difunda por operadores políticos que ahora se pasean en el extranjero para convencer a otros ciudadanos que no están al tanto de lo viene pasando dentro del país, haciéndoles creer que Pedro Castillo es una víctima de las circunstancias. Una de ellos es la seudo dirigente Lourdes Huanca, quien se presenta como representante de las mujeres campesinas. Ahora, la mujer que apareció al lado de Yenifer Paredes el día de su reaparición, se pasea plácidamente por España, asegurando que el golpista Castillo Terrones se encuentra secuestrado.

Las diferentes entrevistas que Lourdes Huanca ha brindado a diversos medios de España que tienen una clara línea editorial de izquierda, ha alertado a la cancillería peruana, en particular la embajada de Perú en España, quien ha salido a aclarar que Lourdes Huanca viene desinformando y tergiversando la verdad ante la sociedad española.

La embajada explicó que el vacado ex mandatario chotano quiso dar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre, y que la actual presidenta Dina Boluarte asumió el cargo como parte de la sucesión constitucional.

En una de las entrevistas brindadas a la televisión española, Lourdes Huanca afirma, sin ningún sustento, que en el Perú se ha concretado un golpe de Estado militar, sin contar la parte en que el ex mandatario quiso, sin mucho éxito, dar un golpe de Estado.

Por su parte, la embajada de Perú en España aclaró que la presidenta Dina Boluarte busca la paz en el país con el recorte de su mandato presidencial y la realización de elecciones generales para abril del año 2024.

Congresista Pasión Dávila afirma que Pedro Castillo continúa siendo presidente

Como se informara ayer, el suspendido por haber agredido físicamente a un de sus colegas congresales, Pasión Dávila, quien viajara a Argentina para participar de la Cumbre CELAP Social, viene aprovechando la oportunidad para referirse al proceso de vacancia al exjefe de Estado. “Sin tener los votos necesarios que dice la Constitución Política, lo vacaron, ni un día lo dejaron gobernar, hasta que el 7 de diciembre del año 2022 lograron derrocar a nuestro hermano Pedro Castillo”, mencionó.

Sin embargo, el parlamentario evitó explicar que el Congreso vacó a Pedro Castillo por intentar cerrar el Parlamento de forma inconstitucional, además lo hice con 101 votos más de los 87 necesarios para que proceda una vacancia según la Constitución del país.

Tendrá que seguir dentro de cuatro paredes por presunta azuzadora y financista de las marchas. El último martes 24 de enero, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundados los recursos de apelación de los abogados de Rocío Leandro Melgar, camarada ‘Cusi’ y otros investigados contra la resolución de primera instancia que les dictó 15 días de detención preliminar, por presunto delito de pertenencia a una organización terrorista.

Para la Sala de Apelaciones, la resolución impugnada sí cumplió con los parámetros legales para dictar la detención preliminar contra Leandro Melgar quien desarrollaba sus acciones como presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) cuando fue detenida por la Policía en dicha región.

Según información del Ministerio del Interior, la camarada ‘Cusi’ formó parte de la organización terrorista Sendero Luminoso y fue detenida e internada en un penal por participar en atentados en las décadas de los 80 y 90, conforme figura en atestados de la Dircote.

Los otros detenidos son Alejandro José Manay Pillaca, Alex Miguel Gómez Falcón, Estefany Jhazmin Alanya Chumbes, Piero Giles Gamboa, Fernando Quinto Cuba, Yulisa Gómez Ayala y Clido Arturo Canales Tentalean.

Leandro Melgar venía siendo seguida por Inteligencia del Estado

Los trabajos de inteligencia, en el marco de las protestas antigubernamentales, iniciaron en julio del 2022, mencionó el General PNP Óscar Arriola, exjefe de la Dircote. Al término de dicho trabajo, determinaron que el Fredepa había sido “infiltrado por senderistas”.

“La camarada Cusi es excarcelada, convicta y confesa por el delito de terrorismo. Ha sido investigada por la y Dircote desde julio del año pasado en que se ha hecho una carpeta fiscal junto al Ministerio Público (…) en el cual se ha empleado procedimientos especiales de investigación como la observación, vigilancia y seguimiento (…) Personas que pertenecen a Sendero Luminoso (…) han infiltrado el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho”, mencionó el jefe policial.

Además, Óscar Arriola afirmó que Rocío Leandro contribuyó a financiar los hechos de violencia registrados el pasado 15 de enero en Ayacucho, en el marco de las protestas contra el Gobierno y el Congreso.

Agregó que “en el ínterin de esas investigaciones” se obtuvo evidencia de que Rocío Leandro contribuyó a financiar los hechos de violencia registrados el pasado 15 de enero en Ayacucho, en el marco de las protestas contra el Gobierno y el Congreso.

Es necesario recordar que, en la ciudad de Ayacucho se reportaron saqueos y quema de las oficinas del Ministerio Público, Poder Judicial, Colegio de Abogados, SAT – Huamanga, SUNARP y la oficina de Telefónica.

Luego que se deslizara la idea (muchas de ellas absurdas) de que el ex presidente Pedro Castillo había sido coaccionado para que lea un mensaje el pasado 7 de diciembre, cual rehén que venía siendo apuntado con un arma de fuego, o que fue traicionado a último momento de aliados políticos o militares, desarrollando con ello un discurso victimizante para que algunos presidentes afines a la izquierda demanden su reposición, ayer la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, aclaró la situación legal del ex mandatario.

En el marco de la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que tuvo lugar en Buenos Aires -Argentina, la canciller se manifestó sobre los hechos que vienen ocurriendo en nuestro país desde hace dos meses cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó cometer un golpe de Estado, pero que al final intentó huir junto a su familia a México.

Asimismo, la ministra Gervasi negó que el Gobierno del Perú haya autorizado reprimir con violencia las protestas sociales que vienen registrando en diversas regiones del país contra el régimen de la presidenta Dina Boluarte.

“El Gobierno del Perú lamenta profundamente la trágica pérdida de vidas humanas ocurridas en el marco de dichas manifestaciones y actos de violencias, las cuales vienen siendo investigadas por las entidades competentes, quienes cuentan con plena libertad y autonomía constitucional para encontrar la verdad y para que los responsables sean juzgados y sancionados conforme a ley, así como las familias de las víctimas reparadas”, expresó la canciller.

“Es falso y ofensivo insinuar, como se ha mencionado hoy, que el Gobierno haya autorizado reprimir con violencia a quienes protestan. Quisiera reafirmar en este foro nuestro compromiso con la preservación de los valores y principios democráticos, y con la vigencia plena e irrestricta de los derechos humanos y el estado de derecho”, añadió.

“Las situaciones descritas constituyen amenazas a nuestra democracia y al estado de derecho en nuestra región, como lo son las acciones condenables ocurridas en Brasil, recientemente”, acotó.

La canciller también lamentó que los gobiernos de algunos países de la región hayan priorizado la “afinidad ideológica” en vez del respaldo al estado de derecho, y enfatizó que Dina Boluarte asumió la Presidencia de la República por mandato constitucional, luego de que el Congreso declarara la vacancia de Pedro Castillo por intentar dar un golpe de Estado.

“La situación de Pedro Castillo, la generó el propio Pedro Castillo”, “Es de lamentar, por ello, que algunos gobiernos de países particularmente cercanos no hayan acompañado al Perú en este difícil trance institucional y más bien hayan priorizado la afinidad ideológica al apoyo inequívoco al estado de derecho y a la sucesión constitucional, buscando establecer una narrativa tergiversada que no se condicen con los hechos objetivos sucedidos en el Perú”, subrayó.

Bien dicho! Canciller #AnaGervasi aclara en vivo n la cumbre de la #Celac2023 y destruye al golpista corrupto #Castillo@JulioCaballeroM@AlbertoZevallo5@susana_bozzo@CharitoABC@JackyMc10@Fabiola24811583@marita_molina4@LuisPesantes@VirgiDArbulu@Lulumensajes#PedroCastillo pic.twitter.com/LyZrZG0dT3

— Alexhmv2020 (@alexhmv2020) January 25, 2023

“No deja de sorprender que en 2023, luego de que la gran mayoría de los países de la región han vivido episodios traumáticos de ruptura constitucional, con secuelas sumamente dolorosas, no sea posible conseguir un rechazo unánime a un intento de cierre ilegal del Congreso y las instituciones tutelares de la democracia en mi país”, agregó Gervasi.

Gervasi recordó que, a invitación del Gobierno del Perú, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas han realizado visitas a nuestro país en el último mes y presentarán próximamente informes y conclusiones, además de hacer seguimiento de la situación.

“La fiscalía investiga todas y cada una de las muertes con total autonomía y acompaña a la Policía Nacional en las acciones para controlar la violencia y proteger la vida de las personas, la vida de los 33 millones de peruanos, que son las verdaderas víctimas de esta situación de violencia”, manifestó.