Política
Ministerio de la Producción: IMARPE sigue acéfalo y a la deriva
IMARPE sin brújula. Actualmente el organismo del Ministerio de Producción vive un escenario institucional complicado y conflictivo que podría poner en riesgo su participación en la seguridad alimentaria del país y en la protección de la biodiversidad de las 200 millas peruanas. Aquí el informe.

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) es un organismo técnico del Ministerio de la Producción, cuyas funciones se orientan a la generación de conocimiento científico que le permiten al Estado Peruano contar con asesorías científicas oportunas para el aprovechamiento sostenible de los recursos vivos del mar y las aguas continentales.
Si bien, la entidad juega un rol importante en la administración y regulación de la pesquería, tanto dentro del dominio marítimo peruano, como fuera de él y además goza de prestigio internacional; pareciera que no se pretende asegurar la legitimidad de sus autoridades y la credibilidad de sus informes, si tomamos en cuenta que, si la información científica llega a cuestionarse, entonces, se crearía un serio problema de credibilidad.
Entre tanto, el IMARPE actualmente vive un escenario institucional complicado y conflictivo que podría poner en riesgo su participación en la seguridad alimentaria del país y en la protección de la biodiversidad de las 200 millas peruanas.
Todo comenzó a fines de junio del presente año, cuando el vicealmirante (r) Javier Gaviola Tejada, renunció a su cargo de Presidente del Consejo Directivo de IMARPE, (Resolución Suprema Nº 004-2021-PRODUCE) el 22 de junio de 2021 y en su reemplazo se designó interinamente a la señora Carmen Rosario Yamashiro Guinoza.

Es decir, la señora Yamashiro Guinoza, además de ser Directora General de la Dirección General de Investigaciones de los Recursos Demersales y Litorales del Instituto del Mar del Perú, asumió la función adicional de Presidenta del Consejo Directivo, en adición a sus funciones, hasta que se designe al titular.
No obstante, han transcurrido más de cuatro meses de esta designación, y a pesar de que el país cuenta con un nuevo jefe de Estado, el ministro de la Producción, José Incio Sánchez aún no designa al nuevo presidente/a de la entidad que regula la pesquería.
Así las cosas, el nombramiento de la señora Yamashiro desde el principio no se ajustó a la normatividad, ni al Decreto de Urgencia N° 015-2020, que mejora y fortalece el rol institucional del IMARPE. Este escenario coloca a la entidad en una situación de irregularidad que puede comprometer la imagen del gobierno en el ámbito nacional e internacional.

La Investigación de PRODUCE, por presuntas irregularidades en el IMARPE
Durante la segunda temporada de pesca de anchoveta en 2019, surgieron indicios de que existía demasiada anchoveta juvenil y ello generó que varias organizaciones pesqueras denuncien el hecho en los medios informativos y a su vez, un crucero de IMARPE determinó, que efectivamente la masa de anchovetas juveniles era alta. Entonces, el Ministerio de la Producción dispuso una investigación basada en la tesis, de que el instituto informó erróneamente sobre la medida de la biomasa de anchoveta para la segunda temporada de pesca de 2019.
IMARPE señaló como cuota para la segunda temporada: 2.7 millones de toneladas de anchoveta; sin embargo, la flota pesquera solo encontró el 40% de la cuota. Entonces, surgieron las protestas de diferentes organizaciones pesqueras, especialmente, del Sindicato de Pescadores de Chimbote, que alertaban de que había hasta un 90% de anchoveta juvenil, superando sobremanera la tolerancia legal del 10%. Videos captados por pescadores en plena faena en altamar, advertían de una probable depredación de la especie, si es que no se detenía la segunda temporada de pesca de anchoveta.

Aparentemente, había una discrepancia entre la biomasa que había reportado IMARPE y la que habían encontrado las empresas pesqueras en la zona del Norte-Centro. Por lo tanto, para fines de diciembre se recomendó una suspensión temporal de la pesca, por 10 días.
Debido a esta situación, se inició una investigación para determinar la veracidad de las denuncias; y como resultado de las investigaciones preliminares, según nuestras fuentes, se manipuló una computadora de IMARPE, que se utiliza en el sistema de investigación y recolección de data y de éste dispositivo informático se habría filtrado información, presuntamente, para borrar evidencias de la adulteración de data.
Asimismo, se revelaron audios de conversaciones entre funcionarios de la entidad del mar y personas del sector privado que están involucradas en el negocio de la anchoveta para harina de pescado. Conversaciones que hacían presumir una filtración de información sensible y probablemente, algún tipo de manipulación de datos que habrían provocado una alteración de los mismos y el otorgamiento de una cuota indebida o inoportuna.

El cuestionado Decreto de Urgencia Nº 015-2020
Los hechos descritos en el párrafo anterior, dieron origen al Decreto de Urgencia Nº 015-2020, del 23 de enero de 2020, con el objetivo de modernizar y fortalecer las capacidades técnicas y de gestión del IMARPE.
Además, con el Decreto de Urgencia mencionado, ya no sería un almirante en situación de retiro, quien presida obligatoriamente al IMARPE. Esta norma, según su propio texto, modificó el Decreto Legislativo Nº 095, promulgado en 1981, Ley del Instituto del Mar del Perú – IMARPE, en el siguiente sentido:
“El/La Presidente/a Ejecutivo/a del IMARPE es designado mediante Resolución Suprema refrendada por el/la Ministro/a de la Producción por un periodo de cuatro (04) años mediante concurso público de méritos, llevado a cabo por un Comité de Selección”.
El Decreto de Urgencia Nº 015-2020, tampoco hace referencia al Decreto Legislativo Nº 488 promulgado en 1988, que fue posterior al Decreto Legislativo 095, y que se convierte en la nueva ley del IMARPE. Este hecho, que aparentemente es una omisión o descuido en la redacción de la norma, podría complicar la legitimidad de la misma.
Situación de IMARPE, en noviembre de 2021
Hasta la fecha, noviembre de 2021, han transcurrido casi dos años desde que se dio la ley y el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) dispuesto por la norma, ha excedido los 30 días de plazo que establece el propio Decreto de Urgencia para su publicación, sin que aún sea publicado.
Si estuviésemos en un escenario en el cual no existiera el Decreto de Urgencia Nº 015-2020, entonces, el Decreto Legislativo Nº 488 promulgado en septiembre de 1988, y que derogó al Decreto Legislativo Nº 095, establece que el presidente del Consejo Directivo de IMARPE estaría a cargo de un vicealmirante en situación de retiro.
De acuerdo al Decreto de Urgencia Nº 015, el Presidente de IMARPE será una persona elegida mediante concurso público y deberá cumplir una serie de requisitos de altos estándares, con calificaciones científicas y tendrá permanencia en el cargo, lo que le permitirá una mayor autonomía. Además del director, habrá dos consejeros directivos que también serán elegidos por concurso público. Sin embargo, hasta el momento no se ha convocado a concurso para el cargo de presidente de la entidad.

El IMARPE está operando sin un Reglamento de Organización y Funciones (ROF) adecuado a la nueva norma y con una presidenta en funciones que, de acuerdo a la propia ley, carecería de legitimidad para el ejercicio del cargo.
Y si se va a mantener el ROF vigente y anterior al Decreto de Urgencia Nº 015, este último debería ser derogado para poder designar a un oficial de la Marina de Guerra del Perú en situación de retiro, como presidente de la institución y así darle legitimidad al cargo que hoy a raíz del decreto en cuestión, se encuentra en cuestionamiento.
Y si al nuevo presidente de IMARPE se le designa de acuerdo al DL N° 488, mientras el DU Nº 015 esté vigente, se estaría incurriendo en un conflicto legal que, inexplicablemente el gobierno saliente de Francisco Sagasti quiso mantener.
Aparentemente, la entidad del mar se está amparando en la segunda disposición complementaria final, para seguir operando con el ROF existente, aprobado con RM N° 345-2012-PRODUCE de julio de 2012. Sin embargo, ahí se crea un vacío legal, al ignorarse, o negarse a cumplir un Decreto de Urgencia.
A pesar de eso, la designación de la actual Presidenta del Consejo Directivo no está acorde a la Ley de la institución del mar, ni al ROF.
Asimismo, aún se desconocen los resultados de la investigación iniciada en febrero de 2020, referida a las filtraciones de información y posible manipulación de datos en el IMARPE y tampoco se conoce si se han determinado responsabilidades, lo cual resulta muy extraño, dado el tiempo transcurrido.
La situación descrita pone en duda la legitimidad de las autoridades del IMARPE; asimismo, compromete la imagen y la credibilidad de la entidad, y se convierte en un factor de descredito internacional que incluso, puede afectar la imagen del país, entre las instituciones supranacionales con las cuales el Perú mantiene buenas relaciones, para efecto de sus intereses pesqueros; no obstante, aún es sensible el caso de la participación del Perú en el Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero (OROP) del Pacifico Sur, en el cual la intervención de IMARPE es absolutamente fundamental.

Conclusiones
El Decreto de Urgencia N° 015-2020, que no ha sido cumplido por el IMARPE, ha generado dudas sobre la legitimidad de las autoridades de esta Institución.
El mencionado dispositivo podría ser imperfecto y cuestionado debido a la omisión, en su diseño, del Decreto Legislativo Nº 488, puesto que hace referencia al Decreto Legislativo Nº 095 que, aparentemente fue reemplazado por el primero.
Tampoco se conoce los resultados de la investigación dispuesta sobre las supuestas infracciones cometidas por funcionarios de la entidad y que dieron origen al Decreto de Urgencia Nº 015-2020; situación que compromete la credibilidad de la entidad del mar.
Las tres conclusiones anteriores, permiten presumir que la credibilidad de los informes avalados por las autoridades del organismo, cuya legitimidad se cuestiona, compromete la actuación del Instituto del Mar del Perú, en tanto se constituyan como sustento técnico de las normas y de las regulaciones sobre las pesquerías dentro del territorio nacional, así como, ante organismos supranacionales que regulan las pesquerías en alta mar.
Finalmente, en este sentido, los informes técnicos del IMARPE, que deben dar sustento a la posición peruana en la Organización Regional de Gestión Pesquera del Pacífico Sur, podrían ser cuestionados y, por tanto, perjudicaría los intereses nacionales en la región.
Política
Rosío Torres coloca a madre e hija en el Congreso y Salhuana afirma que no es ilegal
La congresista de APP, denunciada por “mochasueldo” e investigada por la Fiscalía, contrató a Cecilia Salazar y su hija Alexandra Tafur, ambas militantes del partido. Eduardo Salhuana, presidente del Congreso y también de APP, remarcó que no hay norma que prohíba el hecho.

La congresista Rosío Torres Salinas, de Alianza Para el Progreso (APP), vuelve a protagonizar un escándalo que evidencia el uso clientelista de recursos públicos en el Congreso. Esta vez, la parlamentaria —investigada por el caso de recortes salariales conocido como “mochasueldo”— ha sido señalada por contratar en su entorno inmediato a una madre y su hija, ambas militantes del mismo partido de César Acuña Peralta.
El reportaje de Cuarto Poder reveló que Cecilia Salazar, asesora principal de Torres Salinas e involucrada en la presunta red de recortes, fue reemplazada temporalmente por su hija, Alexandra Tafur Salazar, como trabajadora del Área de Desarrollo y Bienestar del Parlamento. La contratación de ambas no solo expone la precariedad ética que impera en ciertos sectores del Legislativo, sino también el descaro con el que se normaliza el nepotismo encubierto bajo la excusa de la legalidad.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana —también miembro de APP— confirmó la relación familiar y reconoció que, si bien no existe una norma explícita que lo prohíba, el hecho es “éticamente cuestionable”. Una declaración tibia, que más parece una maniobra para ganar tiempo que un verdadero compromiso con la transparencia.
Este episodio revela una práctica común pero silenciada: el uso de cargos públicos como botín político, donde los puestos se reparten entre amigos, militantes y familiares. Que Rosío Torres haya confiado su despacho a personas investigadas por delitos, y que además pertenezcan a su círculo íntimo, debería ser suficiente para exigir su separación inmediata del cargo y una investigación seria desde el Congreso.
No se trata solo de una “falta ética”. Se trata de un patrón de conducta reiterado. Cecilia Salazar, madre de Alexandra, ha sido acusada por un extrabajador del despacho de haber sido cómplice directa en el cobro ilegal de parte de los sueldos del personal. Que hoy siga operando en el Congreso como “trabajadora de confianza” de Torres Salinas, parlamentaria por Loreto, y que su hija Alexandra haya sido colocada en un cargo público, es una afrenta a la ciudadanía.
Mientras tanto, el presidente del Congreso promete “evaluar” y “revisar” si existen más casos similares. La pregunta es: ¿necesita más evidencias para actuar? ¿O la complicidad partidaria seguirá imponiéndose sobre la ética pública?
El Congreso no puede seguir funcionando como agencia de empleos. La permanencia de Rosío Torres y su entorno cercano en puestos clave es un insulto a los peruanos que esperan integridad, no favores ni redes de impunidad.
Política
‘Ley General de Turismo’ proyecta 34 mil nuevos empleos hacia 2030
La nueva normativa busca impulsar el desarrollo sostenible del sector, formalizar a miles de prestadores turísticos, atraer inversiones y fortalecer la economía local en todas las regiones del país, generando un movimiento económico superior a 17 mil millones de dólares.

La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, anunció este jueves que el Ejecutivo está sentando las bases para consolidar un turismo fuerte, sostenible y descentralizado, capaz de generar al menos 34 mil nuevos puestos de trabajo en todo el país. Así lo señaló durante la ceremonia de promulgación de la nueva Ley General de Turismo, realizada en Palacio de Gobierno.
En el acto participaron el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides; la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León Chempén, así como otras autoridades del sector.
“El turismo no solo es una fuente de ingresos para miles de familias peruanas; también constituye un motor clave para el crecimiento económico y un pilar fundamental en la promoción de nuestra cultura y diversidad ante el mundo”, expresó la mandataria.
Boluarte Zegarra destacó que la promulgación de esta norma representa un hito en la modernización del sector turístico, al fomentar su desarrollo competitivo y sostenible. Según detalló, la ley permitirá la formalización de al menos cinco mil nuevos prestadores de servicios turísticos en las denominadas zonas especiales de desarrollo, lo cual contribuirá significativamente a dinamizar las economías locales.
Además, precisó que se espera una reducción del 30 % en la oferta informal en los destinos turísticos priorizados, mediante la implementación de controles efectivos y el fortalecimiento del apoyo a las micro y pequeñas empresas del sector (mypes).
Uno de los avances más relevantes que trae la nueva normativa es la ampliación del régimen de recuperación anticipada del IGV, que ahora beneficiará a más de 5,900 empresas turísticas, en contraste con las menos de mil que podían acceder bajo el esquema anterior.
Además, subrayó que, con esta ley, se proyecta alcanzar más de mil millones de dólares en nuevas inversiones turísticas públicas y privadas hacia 2030, lo que generaría un movimiento económico superior a los 17 mil millones de dólares. Esta cifra representa un crecimiento de más del 52 % respecto al desempeño del sector en 2024. Asimismo, reafirmó el compromiso de su gobierno con el fortalecimiento institucional del turismo, al proyectar la llegada de más de cinco millones de turistas internacionales por año al 2030, cifra que representa una meta ambiciosa pero alcanzable.
Política
Perú estudia salir del ‘Sistema Interamericano de Derechos Humanos’
¿Avance o retroceso? El titular del Minjusdh, Juan Alcántara anunció que la Cancillería liderará una comisión multisectorial encargada de evaluar rigurosamente la permanencia del Perú en el SIDH.

El reciente anuncio del ministro de Justicia, Juan Alcántara, sobre la conformación de una comisión liderada por la Cancillería para evaluar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) marca un momento clave y delicado en la política exterior y de derechos humanos del país. Esta decisión, impulsada por el premier Eduardo Arana y respaldada por el Ejecutivo, pone sobre la mesa una discusión que tiene implicancias jurídicas, diplomáticas y éticas de gran magnitud.
El hecho de que la Cancillería esté a cargo de esta comisión responde a criterios de competencia institucional. El Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Elmer Schialer, posee la atribución exclusiva de conducir la política exterior del país, y por tanto, la eventual denuncia o retiro de tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recae en su ámbito. No obstante, esta formalidad no exime al Estado peruano de asumir las consecuencias que implicaría alejarse de un sistema que ha sido tradicional en la protección de derechos fundamentales, durante las últimas décadas, especialmente en contextos donde la justicia interna ha sido insuficiente.
El SIDH ha sido históricamente una herramienta de protección para las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en la región. Casos emblemáticos en el Perú, como los de La Cantuta, Barrios Altos o los abusos en penales durante la época de la subversión, encontraron justicia internacional cuando los mecanismos nacionales fallaron.
No obstante, también se han registrado excesos por parte de diversos sectores, en especial algunas ONG que, de manera cuestionable, han instrumentalizado el discurso de los derechos humanos para obtener financiamiento millonario de fundaciones internacionales, promoviendo con ello una agenda progresista. En algunos casos, incluso han recurrido a demandar al Estado con el aparente objetivo de obtener indemnizaciones cuantiosas. A esto se suma la creciente y desproporcionada injerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cual ha generado preocupación en distintos sectores del país.

El Ejecutivo plantea que esta evaluación se hará de manera multisectorial —incluyendo al Congreso, la sociedad civil y la academia—, es decir, esta comisión deberá tomar una decisión en un espacio real de deliberación democrática.
La soberanía democrática se fortalece cuando el país se sujeta a estándares supranacionales que garantizan el respeto a la dignidad humana; sin embargo, esta es insoslayable y bajo ningún concepto debería socavarse con algún tipo de injerencia internacional inapropiada.
En conclusión, esta comisión debe ser transparente, técnicamente sólida y abierta al escrutinio público. De lo contrario, podría sentar un precedente regresivo en la protección de derechos humanos en el Perú.
Política
Rechazan apelación de Pedro Castillo y seguirá en prisión preventiva por 18 meses
La Corte Suprema declaró infundada la solicitud de cesación de prisión preventiva presentada por la defensa del expresidente, quien enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema declaró infundada la solicitud de ‘cesación de prisión preventiva’ presentada por el abogado del expresidente Pedro Castillo. Con esta decisión, se confirma la vigencia de la medida coercitiva de 18 meses, dispuesta el 5 de julio de 2024 por la Sala Penal Permanente.
La resolución forma parte del proceso penal que se le sigue a Castillo Terrones por su presunta responsabilidad en delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Entre los cargos más graves figura el delito de rebelión, contemplado en el artículo 346° del Código Penal, además de abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
El Poder Judicial ha considerado que no existen elementos nuevos que justifiquen una variación de la medida. Para el tribunal, los delitos imputados son de suficiente gravedad como para sustentar la prisión preventiva, en tanto se continúa desarrollando el juicio correspondiente.
La defensa del exmandatario alegó que la medida resulta excesiva y desproporcionada, pero su apelación fue rechazada. Según la Corte Suprema, las condiciones jurídicas que motivaron la decisión original se mantienen vigentes, así como el riesgo procesal que representa el imputado.
Castillo se encuentra actualmente recluido en el penal de Barbadillo, donde cumple la prisión preventiva impuesta. Esta medida fue ratificada tras la revisión de los elementos presentados en la investigación fiscal, entre ellos su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022, que dio origen a su detención y posterior procesamiento.
El proceso judicial avanza con audiencias periódicas, aunque no exentas de controversia. En las últimas semanas, se han registrado enfrentamientos verbales entre los magistrados y la defensa legal, reflejando el clima tenso que rodea el caso.
Política
Vizcarra niega sobornos: su abogado afirma que pruebas de Obrainsa son falsas
Mientras el Poder Judicial evalúa imponer seis meses de prisión preventiva a Martín Vizcarra por el caso Lomas de Ilo, su defensa legal desacredita la versión presentada por la empresa Obrainsa como parte de su colaboración eficaz.

En un nuevo giro del caso “Lomas de Ilo”, el abogado del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, Erwin Siccha, ha afirmado que la información presentada por la empresa Obrainsa como parte de su colaboración eficaz ante el Ministerio Público sería falsa. Según Siccha, un informe pericial de parte, elaborado por la defensa, demostraría que las pruebas entregadas por Obrainsa no solo son inconsistentes, sino cronológicamente imposibles.
El Ministerio Público acusa a Vizcarra de haber recibido S/ 2,3 millones en sobornos a cambio de adjudicar los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua cuando era gobernador regional. La Fiscalía sostiene que parte de ese dinero fue entregado en efectivo por medio del exconserje Tobías Puertas. Sin embargo, la defensa del expresidente ha planteado un punto clave: los presuntos desembolsos S/ 400 mil y S/ 600 mil habrían ocurrido en enero y abril de 2014, mientras que las facturas que cobró Obrainsa y que habrían originado esos fondos para el supuesto soborno datan de junio del mismo año.

El abogado de Vizcarra se pregunta: ¿cómo puede sostenerse una teoría fiscal basada en pagos que ocurrieron después de los retiros? ¿Y por qué se aprobó una colaboración eficaz con pruebas que presentan inconsistencias tan evidentes?
Si el informe pericial presentado demuestra errores en las fechas clave, el Poder Judicial tendría el deber de examinarlo con objetividad, sin ceder a la presión mediática ni al cálculo político.
Mientras tanto, el Poder Judicial (PJ) anunció que retomará este jueves 26 de junio a las 5.00 p. m. la audiencia en la que decidirá si dicta o no seis meses de prisión preventiva contra el cuestionado exmandatario.
Política
Designan a Mónica Tiburcio como la nueva secretaria de comunicaciones del Despacho Presidencial
Tiburcio se reunió hasta en tres oportunidades con Juan José Santiváñez antes de su designación.

Quieren limpiarle la estirada cara a Dina Boluarte y lo hecho por el otrora vocero presidencial Fredy Hinojosa, quien se encuentra desaparecido desde que saliera a la luz el escándalo de la comida en mal estado de Qali Warma (Wasi Mikuna), hasta el momento no viene dando resultados positivos.
Cabe recordar que la última conferencia de prensa ofrecida por el impávido vocero se dio el pasado 1 de febrero de 2025, y desde ese entonces han tenido que salir los ministros de Boluarte a brindar improvisadas conferencias a los medios de prensa.
Como Hinojosa resultaba inexpresivo y casi actuaba como un robot ante las cámaras, ahora el Gobierno ha preferido contar con una persona especialista en medios y que se encargue en mejorarle la alicaída imagen de la jefa de Estado; es por ello que ayer se designó como nueva secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial a Mónica Otilia Tiburcio Orbezo, en reemplazo de Luis Urmeta Delgado. Su nombramiento habría tenido que pasar por el visto bueno de Juan José Santiváñez, pues según registros se llegó a reunir hasta en tres ocasiones con el exministro del Interior.

La Resolución n.° 38-2025-DP/GDP lleva la firma del secretario general del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez Vílchez.

La resolución también precisa que el vínculo laboral de la servidora se encuentra regulado exclusivamente por el régimen de la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil, su reglamento y las disposiciones emitidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.
De igual modo, se dispone que la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones efectúe la publicación de la presente resolución en el portal institucional del Despacho Presidencial.
Tarea titánica
La gestión de Tiburcio estará enfocada en mejorar considerablemente la imagen de la presidenta de la República que ya lleva sin declarar a la prensa más de 200 días. Asimismo, también estará encargada de coordinar con los distintos medios de prensa y de gestionar la imagen institucional del Gobierno.
Como ya se indicó, la imagen estática dejada por Fredy Hinojosa no aportó en lo más mínimo por crear una cercanía con la población y sobre todo con los hombres de prensa.
Política
CIDH cuestiona a la JNJ por reposición de Benavides y respalda a Delia Espinoza
Una vez más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia sobre asuntos internos del Perú, esta vez tomando posición en la disputa fiscal entre Delia Espinoza y Patricia Benavides, al objetar el fallo de la JNJ que buscaba reponer a esta última.

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “advirtió” sobre una supuesta afectación a la autonomía del Ministerio Público, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolviera reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Con esta declaración, que ha causado controversia y rechazo en varios sectores jurídicos y políticos del país, la CIDH ha vuelto a entrometerse en los asuntos internos del Perú.

Lo cuestionable no es solo el tono del pronunciamiento, sino su evidente sesgo. El organismo omitió que la suspensión por 24 meses de Benavides Vargas fue determinada por el Poder Judicial, a pedido de Delia Espinoza, cuando ella aún no era fiscal de la Nación, y que dicha medida dejó sin efecto cualquier intento de restitución. Sin embargo, la CIDH parece más interesada en blindar a Espinoza Valenzuela —quien desobedeció abiertamente una resolución de la JNJ— que en observar con imparcialidad el proceso institucional.
El respaldo implícito de la CIDH a una fiscal que se mantiene en el cargo tras negarse a cumplir un mandato legal, avalada luego por una decisión judicial, genera serias dudas sobre la coherencia del organismo de Derechos Humanos, que no condena la desobediencia de Espinoza ni su instrumentalización del Ministerio Público; por el contrario, se minimiza su impacto y se enfoca el reproche en una decisión que ya había sido invalidada por la justicia ordinaria.
¿Desde cuándo defender la autonomía institucional significa ignorar el Estado de derecho? La CIDH, que debería velar por los derechos humanos y la legalidad, se posiciona en un debate judicial y político interno como si tuviera mandato para intervenir, vulnerando así el principio de no injerencia.
Sus constantes pronunciamientos selectivos y omisiones calculadas evidencian una preocupante parcialidad que erosiona la legitimidad del propio sistema interamericano. En lugar de fortalecer la institucionalidad en Perú, la CIDH parece decidida a jugar un papel político, avalando conductas que, si provinieran de otras figuras, serían calificadas de antidemocráticas.
Política
Podemos Perú anuncia que no será parte de la nueva Mesa Directiva del Congreso
Bancada de José Luna indicó que apoyará agrupación que no esté alineada al gobierno, pero en el último voto de confianza al premier Arana marcaron en abstención la mayoría de ellos.

¿Cómo creerle a una bancada que en las decisiones más importantes prefirieron votar en abstención? La bancada de Podemos Perú, liderada por el cuestionado congresista José Luna Gálvez, tiene en sus filas a “perro, pericote y gato”, pues esa nómina está compuesta por parlamentarios con severas investigaciones y carpetas fiscales abiertas.
Se quieren presentar como los últimos paladines de la justicia, rechazando abiertamente una hipotética alianza con Dina Boluarte y el Gobierno Central, pero sus anteriores decisiones terminan por desmoronar tal falacia. El plan de Podemos y Luna Gálvez es querer hacer creer al ciudadano que es el bloque opositor del gobierno, para así acumular votos en las futuras elecciones.
Mediante un comunicado, la bancada de Podemos explicó que no respaldará ninguna fórmula para la nueva Mesa Directiva del Congreso. Explican que su decisión obedece a una posición coherente “frente a los graves hechos que viene marcando al actual gobierno y su relación de blindaje por ciertos grupos políticos del Congreso”.
Según ellos, añaden, solo apoyarán a la lista que garantice la independencia del Congreso, deslinde de actos de corrupción que involucren al entorno de la presidenta y rechace cualquier intento de intercambio de favores o reparto de cargos públicos. ¿Les creemos?
“Podemos Perú no permitirá que el Congreso se convierta en una extensión del Gobierno ni en un refugio de impunidad. El Perú no soporta más arreglos bajo la mesa ni componendas que solo profundizan la desconfianza ciudadana”, enfatizó la agrupación en el documento.

Cabe recordar que el pasado martes la bancada de Renovación Popular también había anunciado su decisión de no integrar la nueva Mesa Directiva 2025 -2026. Por su parte, Alianza para el Progreso (APP), de César Acuña, mencionó que no tiene en mente presentarse para la nueva conformación. En tanto, la bancada de Somos Perú suena como la más voceada para obtener la presidencia. A ellos se sumarían APP y Fuerza Popular para completar la mesa.
Memorex:
En el pasado voto de confianza al gabinete Arana, ocho de los catorce miembros de Podemos Perú votaron en abstención, pese a que se trataba de un gabinete reciclado y con más dudas que certezas. Así se presentan como los grandes opositores de Boluarte.

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