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Política

Ministerio de Cultura ocultó por casi 13 años destrucción de andenes incas en Cusco

La destrucción de 7 andenes de factura Inca fue perpetrada el año 2010 por traficantes de terrenos en complicidad con funcionarios del Ministerio de Cultura. Entre los responsables figura el arqueólogo Marco del Pezo.

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La destrucción de estas terrazas de cultivo la realizaron los promotores de la Asociación Pro-vivienda Villa Virgen de la Puerta, quienes para lograr la lotización de la zona arqueológica de Machu Taucaray provistos de maquinaria pesada desmontaron 7 andenes prehispánicos. El hecho, ya de por sí, es sumamente grave, sumándose a ello que estos traficantes de terrenos vendieron en lotes la tierra a 160 familias humildes

Gracias a un documento emitido por el Ministerio de Cultura – Cusco del 2010, se indica la no existencia de restos arqueológicos (CIRA) y que dicho predio se encontraba fuera de alguna zona arqueológica.

A continuación fotografías aéreas de la variación del terreno entre el año 2008 y 2020.

Andenes de Machu Taucaray año 2008.

Andenes de Machu Taucaray destruidos por los traficantes de terrenos (2011).

Sector de los andenes de Machu Taucaray para el año 2020.

Al respecto el presidente actual de la Asociación Pro-vivienda Villa Virgen de la Puerta, Juan Puma Lagos, y uno de los jefes de familia engañados y estafados por los traficantes de terrenos, en complicidad de malos funcionarios de Cultura Cusco, nos relata los hechos:

«Adquirimos nuestros lotes porque nos mostraron los vendedores el documento de fecha 15 de octubre del 2010, firmado por el Director Regional de Cultura – Cusco, en el cual nos indica que el predio de la señora Ricardina Tecsi viuda de Pompilla no se encontraba en una zona arqueológica. El año 2012 por nuestras dudas, pedimos a los vendedores de nuestros lotes soliciten si el terreno en el que se ubica nuestra asociación se encontraría en una zona arqueológica, respondiendo la Dirección Regional de Cultura – Cusco  al Sr. Zolórzano mediante el Oficio Nº 712-2012-SG-DRC-CUS/MC, que en el predio donde se ubica nuestra asociación no se encontraba ningún tipo de restos arqueológicos, disponiendo que por estar circundante al área arqueológica de Pumamarca deberíamos realizar y presentar un Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA)», mancionan los asociados.

Además, agregan: «Los vendedores de nuestros terrenos contrataron al arqueólogo Marco del Pezo, jefe del Área Funcional de Patrimonio Arqueológico, de la Dirección Desconcentrada de Cultura – Cusco, para que realice los trámites del PMA y como él trabajaba como funcionario del Ministerio de Cultura encargó a otro arqueólogo para que realice el Plan de Monitoreo Arqueológico. Sorprendentemente, el Plan de Monitoreo Arqueológico fue denegado porque nuestra asociación se encontraba en la Zona Arqueológica de Machu Taucaray, declarada todavía el año 1996 y nos preguntamos: ¿Por qué nos dieron los documentos antes indicados?, ¿por qué el Ministerio de Cultura no informó a tiempo que los lotes que estábamos comprando estaban en una zona arqueológica?», comenta indignado el señor Juan Puma.

El oscuro actuar de Marco del Pezo

Aquí uno de los principales responsables tiene nombre y apellido: Marco del Pezo. Ante los hechos, los asociados le reclamaron al señor del Pezo en su oficina del Ministerio de Cultura, a que cumpla con su compromiso. Y en reiteradas veces, el señor Del Pezo manifestó que estaba realizando el trámite para que se saque del área arqueológica a la Asociación Pro-vivienda Villa Virgen de la Puerta.

Arqueólogo Marco del Pezo, señalado como uno de los responsables.

Prueba de esto es que en el libro de actas de la asociación, figura la entrega de dinero al Sr. Marco del Pezo, quien coordinó la opinión legal Nº 148-2015, emitida por el abogado Moya del Ministerio de Cultura Cusco, en la que opina favorablemente para la actualización de la zona arqueológica de Machu Taucaray.

«Estamos casi 13 años sin agua potable, energía eléctrica y desagüe, fuimos estafados por los funcionarios del Ministerio de Cultura junto a los vendedores de terrenos. Lo que pedimos es justicia y que los responsables sean sancionados», señala Juan Puma.

A esto se suman dos documentos emitidos por el Ministerio de Cultura en Cusco y firmados por el cuestionado funcionario Marco del Pezo, quien según un informe de su autoría, él acepta que hizo un contrato con los traficantes de terrenos de la Asociación Villa Virgen de la Puerta. Asimismo, se abstuvo de firmar más documentos relacionados a la zona arqueológica de Machu Taucaray.

Plano del área de catastro de Cultur. Nótese los andenes destruidos.

Lo curioso y sorprendente de este asunto es que recién el Ministerio de Cultura, después de 12 años, da a conocer la existencia de 7 andenes prehispánicos, que como arte de magia éstos estuvieron desaparecidos por más de una década. Es decir, ni el experimentado y ex jefe de la Área de Catastro de Cultura Cusco, Marco del Pezo, se había percatado de la existencia de estos restos arqueológicos.

Al parecer este alto funcionario sufre de miopía, pues durante los años que fue jefe de la Coordinación de Catastro y Saneamiento Físico Legal ordenó el año 2014 al trabajador de Cultura – Cusco, Gilberto Tarco Sánchez, que realice la actualización del expediente técnico de delimitación y declaratoria del sitio arqueológico de Machu Taucaray, obviamente, para cumplir el compromiso con los traficantes de terrenos, el mismo Tarco en el Informe N° 00785-2022-CCSFL/MC, de fecha 19 de setiembre 2022, dice:

«Mediante proveído del expediente N° 201410878, el Coordinador de la CCSFL Arqlgo. Marco del Pezo Benavides dispone en el proveído; para que se sirva realizar la actualización del expediente técnico de delimitación y declaratoria del sitio arqueológico de Machu Taucaray, esto sin ningún sustento legal ni viendo las implicancias que conllevaría realizar este tipo de labores en el MAP». 

La respuesta final a la solicitud de la asociación, fue dada por el Arqlgo. Marco Antonio del Pezo Benavides (jefe del Área Funcional de Patrimonio Arqueológico – AFPA), quien a través de otro Informe N° 001376-2021-AFPA/MC, del 18 de mayo del 2021, refiere que la mencionada Asociación Pro-vivienda Villa Virgen de la Puerta se encuentra parcialmente emplazada en el interior del polígono de la Zona Arqueológica Machu Taucaray, verificando que NO existe restos arqueológicos a nivel de superficie.

Toda una contradicción que apesta, considerando que el referido funcionario Del Pezo sí conocía, en su calidad de responsable y coordinador de la DDC-Cusco, los informes previos que evidenciaban la existencia de patrimonio arqueológico, y en cuya elaboración participó directamente.

Continúan las irregularidades en el MINCUL

Para nuestra sorpresa, mediante otro informe posterior (N° 002828-2021-AFPA/MC) de fecha 21 de octubre del 2021, el mismo Arqlgo. Marco Antonio del Pezo Benavides, jefe del Área Funcional de Patrimonio Arqueológico (AFPA), reconoce que la APV Villa Virgen de la Puerta se encuentra ubicada en la zona Arqueológica de Machu Taucaray, zona declarada y delimitada con R.D. N° 158 del año 1996, señalando además que, durante la inspección IN SITU se verificó que “NO EXISTE RESTOS ARQUEOLÓGICOS a nivel de superficie”.

Cabe preguntarse, entonces, ¿Qué sucedió con los vestigios arqueológicos hallados en inspecciones anteriores y por los cuáles “Machu Taucaray” había sido reconocido como zona protegida? ¿acaso desaparecieron por arte de magia? ¿se trata de un caso de ocultamiento de vestigios culturales o de su desaparición?

Documento enviado por Marco del Pezo.

En este descargo, el señor Marco del Peso, manifiesta haber realizado trabajos preliminares en los terrenos de la APV de Machu Taucaray y extrañamente no se dio cuenta de la destrucción de los andenes sitiados.

Intereses al Pezo

Posteriormente, Del Pezo, mediante un nuevo informe (N° 001567-2022-AFPA/MC) del 02 de junio del 2022 se abstuvo de emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de inspección técnica para el inicio del proceso de sinceramiento  de la zona de “Machu Taucaray”, para retirar de dicho polígono a la APV Villa Virgen de la Puerta a solicitud de los habitantes, en razón, según refirió, a un contrato de servicios profesionales del 12 de octubre del 2012 celebrado con la APV Villa Virgen de la Puerta para la elaboración y ejecución del plan de monitoreo arqueológico en dicha asociación, en lo concerniente a la vía de acceso y apertura de la calle, así como el asesoramiento en temas patrimoniales.

Todo un escándalo considerando que dicho trabajador del Ministerio de Cultura ya había participado en la elaboración de informes anteriores que lo comprometerían directamente en este caso.

La inconducta funcional de Marco del Pezo es evidente, pues, el mismo indica mediante el informe 003446-2021-AFPA/MC que el suscribió un contrato con la APV Villa Virgen de la Puerta ubicada dentro del Polígono Arqueológico de Machu Taucaray.

El funcionario del Ministerio de Cultura, Marco del Pezo, debió atenerse en dar algún proveído favorable o desfavorable para la zona de Machu Taucaray, pero dispuso mediante un proveído que se que se actualice el expediente técnico de delimitación de la zona de Machu Tauvcaray, ¿deliberando áreas? 

En la actualidad, Marco del Pezo se encuentra inmerso en un proceso administrativo y penal de acoso sexual. Los testigos del hecho fueron intimidados por lo que no quisieron prestar su declaración; este caso viene siendo archivado y, prontamente, este cuestionado funcionario miembro del cuestionado Sindicato de Trabajadores CAS (SITRACAS) volverá al puesto de jefe del Área Funcional de Patrimonio Arqueología de la Dirección Desconcertada de Cultura Cusco.

Nos preguntamos: ¿Qué dirá la ministra de Cultura Leslie Urteaga y la directora de la Dirección Desconcertada de Cultura Cusco, Maritza Rosa Candia? ¿Acaso Del Pezo será también blindado por los altos funcionarios de la DDC-Cusco? Recordemos que la ministra siempre coordinó con Marco del Pezo, ahora ¿Ahora cuál será su accionar ante está grave denuncia?

Mientras tanto 160 familias se ven afectadas y estafadas no pudiendo acceder a los servicios básicos, a los que todo peruano tiene derecho.

Esperemos que la Comisión de Cultura, la Comisión de Fiscalización del Congreso tomen cartas en el asunto, y que la fiscalía continúe con la investigación contra los implicados.

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Política

Zonificación a la medida: MML autoriza edificios de 28 pisos en San Isidro

Pese a las normas vigentes, con la ordenanza 2670, la gestión de López Aliaga allana el camino a megaproyectos inmobiliarios. Vecinos acusan a la alcaldesa de San Isidro de ceder ante su partido y ante intereses empresariales.

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Una nueva polémica sacude al tradicional distrito de San Isidro. La construcción de un edificio de 28 pisos en la avenida Salaverry con calle Burgos ha desatado la indignación vecinal. ¿El motivo? La Municipalidad del distrito otorgó una licencia que contradice abiertamente las normas urbanísticas: en esa zona solo se permiten edificaciones de hasta 10 y 4 pisos, respectivamente. La Contraloría General de la República lo ha confirmado: la obra viola todas las regulaciones vigentes.

Pese a que el caso se encuentra judicializado, la Municipalidad de San Isidro aprobó el proyecto en marzo de este año. Mientras tanto, la alcaldesa Nancy Vizurraga de ‘Renovación Popular’ guarda silencio ante el reclamo ciudadano. Su gestión ha iniciado “acciones administrativas” para investigar responsabilidades, pero los vecinos no ven avances concretos. Para ellos, la situación es clara: el municipio parece responder más a los intereses del sector inmobiliario que al bienestar de los ciudadanos.

Alcaldesa de San Isidro es criticada por no defender al distrito

“No estamos en contra del desarrollo urbano, pero queremos que se respete el orden y se escuche a los vecinos”, dicen con firmeza. La falta de transparencia, consulta y estudios técnicos —como los de impacto ambiental y vial— en proyectos como este refuerzan sus sospechas.

La controversia se amplía con la ordenanza 2670, que modifica la zonificación del centro comercial Camino Real. La Municipalidad de San Isidro ha pedido su revisión, alegando que sus observaciones técnicas fueron ignoradas. Pero la decisión final la tiene la Municipalidad de Lima, bajo la gestión de Rafael López Aliaga, que, según los vecinos, actúa como aliado de los grandes constructores.

Ordenanza 2670 de la MML, firmada por el teniente alcalde Renzo Reggiardo.

En medio del malestar, la vecina Nora Loredo fue contundente:

Lo que está sucediendo es un escándalo. La MML ha cambiado la zonificación para que aquí se pueda construir cuatro torres de 18 pisos, con no sabemos cuántos departamentos, sin hacer estudios de impacto ambiental, sin hacer estudios de impacto vial; no hay consulta vecinal y sin tomar en cuenta que esta es una zona de reglamentación especial porque está la huaca Huallamarca allá y El Olivar aquí. la alcaldesa de San Isidro Vizurraga que se ponga los pantalones y que se enfrente a su jefe, el señor López Aliaga, pero en realidad no es su jefe. Su jefe somos nosotros señora alcaldesa, porque nosotros fuimos los que votamos por usted. Nosotros fuimos los que la hicimos alcaldesa a usted. Usted tiene que rendirnos cuentas a nosotros. A sus votantes”.

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Política

Dina Boluarte: “Me retiraré en 2026 con el orgullo de haber servido de la mejor manera»

La presidenta Dina Boluarte afirma que dejará Palacio de Gobierno el 28 de julio de 2026 “con la frente en alto”, pese a las críticas, protestas sociales y su alta desaprobación ciudadana.

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Durante una ceremonia organizada por el Ministerio de Trabajo, la presidenta Dina Boluarte anunció que culminará su mandato el 28 de julio de 2026 “con orgullo y la frente en alto”. Frente a un centenar de jóvenes talentos, afirmó que su gestión se ha caracterizado por la ejecución de obras y una lucha firme contra la corrupción. “Misión cumplida. Me retiraré con el orgullo de haber servido de la mejor manera como presidenta de la república», exclamó Dina Boluarte, refiriéndose a su paso por el Ejecutivo.

En el acto, donde se presentó a los jóvenes que se integrarán a la administración pública, Boluarte insistió en que su gobierno será recordado como “honesto y decente”. Aseguró que no se toleran actos irregulares en su gestión y que todo indicio de corrupción es sancionado de inmediato. “Con nosotros no hay adendas, donde bien sabemos que se escondía la corrupción. Aquí obra iniciada es obra terminada y entregada al pueblo”, dijo.

Pese a investigaciones, la mandataria dice: “Nuestras obras son con las manos limpias”.

Más tarde, acompañada del ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero Campos, Boluarte presentó un informe sobre avances en el sector agropecuario. Desde Palacio de Gobierno, resaltó el cierre de brechas como una de las prioridades de su mandato.

Sin embargo, la afirmación de que dejará el poder con la “misión cumplida” contrasta con una gestión marcada por cuestionamientos, protestas sociales, crisis política y altos índices de desaprobación. Si bien la presidenta busca proyectar una imagen de transparencia y eficiencia, diversos sectores de la sociedad civil critican la falta de resultados tangibles y la desconexión con las demandas ciudadanas. Su declaración parece más un intento de consolidar una narrativa oficial que una evaluación objetiva de su paso por el poder.

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Política

Congreso: bancadas tantean ‘alianzas’ para disputar la Mesa Directiva

Con los comicios internos a la vuelta de la esquina, el denominado “Bloque Democrático” busca perpetuarse en el control del Congreso, mientras sectores opositores intentan —sin aún los votos suficientes— construir una alternativa que rompa la hegemonía legislativa.

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A pocas semanas de elegirse a la nueva Mesa Directiva del Congreso para el período 2025-2026, las bancadas empiezan a mover fichas, tejer alianzas y tantear escenarios posibles. Por un lado, el Bloque Democrático, ya instalado por dos periodos consecutivos, busca repetir el control legislativo. Por el otro, agrupaciones opositoras intentan romper esa hegemonía y armar una lista alternativa. Pero el panorama está lejos de definirse.

El Bloque Democrático, conformado por Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País, perfila una fórmula continuista con apoyo previsible de Somos Perú, cuya adhesión ha sido casi automática en los últimos años. En palabras del vocero Héctor Valer, Somos Perú solo integrará una lista si es bajo el paraguas de ese bloque.

Desde el otro lado del tablero, la bancada Honor y Democracia —integrada por ex Renovación Popular como Jorge Montoya y José Cueto— fue la primera en anunciar su intención de competir. El 27 de junio, Montoya oficializó la candidatura de Cueto a la presidencia del Congreso y, en una muestra de apertura política poco usual, no descartó tender puentes incluso con bancadas de izquierda: “La mayoría manda”, afirmó.

Una oposición que aún no suma

La noche del domingo, Aron Espinoza, dirigente de Podemos Perú y esposo de la congresista Digna Calle, anunció que esta semana se iniciarán conversaciones formales con diversas agrupaciones para construir una lista opositora. Las bancadas convocadas para una primera reunión este martes 8 de julio son: Acción Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú y Honor y Democracia.

Espinoza fue tajante: la intención es evitar que la próxima Mesa Directiva sea funcional al Ejecutivo. “La lista oficialista está hecha para proteger a Dina Boluarte. Ya se sabe quiénes la integran: Fuerza Popular, Perú Libre —que ya le gustó la mamadera a Waldemar Cerrón—, Avanza País y Somos Perú”.

Sin embargo, los números aún no cuadran. Juntas, las bancadas convocadas suman apenas 46 votos (Podemos 13, Renovación 11, Acción Popular 9, Juntos por el Perú 8, Honor y Democracia 5). Aún les faltan 21 votos para alcanzar la mayoría simple de 67 necesaria para ganar en primera vuelta. Este margen obliga a una ampliación de alianzas que todavía no está asegurada.

Además, falta definir quién encabezará la fórmula. Aunque Honor y Democracia propone a Cueto, tanto Renovación Popular como Podemos Perú han señalado que no asumirán cargos en la directiva, al menos por ahora, lo que deja abiertas negociaciones complejas sobre los puestos de vicepresidencia.

¿Una izquierda como comodín?

Un punto llamativo es la disposición de Honor y Democracia —una bancada de perfil conservador— a dialogar con grupos de izquierda como Juntos por el Perú. Esta flexibilidad responde, más que a convicciones ideológicas, a una estrategia pragmática de supervivencia política, tras haber quedado fuera de las mesas anteriores. En esta ocasión, buscan evitar el aislamiento y no descartan respaldar una fórmula distinta si se garantiza su participación en algún cargo de la directiva.

¿El Congreso se inclina hacia el continuismo?

A pesar de los esfuerzos opositores, todo indica que el Bloque Democrático mantiene ventaja. Tiene experiencia, recursos, alianzas consolidadas y respaldo tácito del Ejecutivo. Además, los incentivos para mantenerse en el poder son evidentes: controlar la agenda parlamentaria, blindar a sus aliados y decidir el ritmo de las reformas.

La carrera hacia la Mesa Directiva 2025-2026 ya empezó. Pero más allá de los nombres, la verdadera disputa es por el modelo de Congreso que predominará: uno que responda a los intereses del oficialismo o uno que ejerza una oposición más activa, aunque aún fragmentada.

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Política

Fiscalía investiga al alcalde de Pomalca por presunta apropiación de fondos municipales

El alcalde Manfri Bernal y dos funcionarias son investigados por no depositar más de S/ 171 mil en la Cuenta Única del Tesoro, lo que habría facilitado el presunto desvío de recursos públicos durante el primer semestre de 2025.

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La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque ha abierto una investigación preliminar contra el alcalde del distrito de Pomalca, Manfri Bernal, y dos funcionarias de su gestión, por la presunta apropiación indebida de recursos económicos municipales que ascienden a más de S/ 171 mil soles.

El fiscal a cargo del caso, Daniel Gerardo Flores Aguinaga, del Tercer Despacho de la mencionada fiscalía, junto a agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, intervino las oficinas de Caja y Tesorería de la municipalidad para recabar documentos y verificar los ingresos recaudados durante el primer semestre de 2025.

Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.

Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.

En la investigación figuran también Ana Llempén, tesorera de la entidad, quien no habría rendido cuentas ni realizado el traslado de fondos, y Rosaliz Cubas, gerente municipal, señalada por presunta omisión de funciones en el control financiero.

El alcalde Bernal es incluido por inacción ante las irregularidades, lo que podría interpretarse como tolerancia o encubrimiento. La fiscalía ha establecido un plazo de 240 días para determinar responsabilidades y recabar elementos de convicción.

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Política

Mininter aprueba contratación de abogados que defenderán a exministro Santivañez

Las resoluciones firmadas por la Secretaría General autorizan el uso de recursos públicos para contratar al estudio de abogados propuesto por el propio Santivañez, investigado por presuntas irregularidades durante su breve gestión en el Ejecutivo.

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El Ministerio del Interior ha aprobado, mediante tres resoluciones de Secretaría General —N° 119-2025-IN-SG, 120-2025-IN-SG y 121-2025-IN-SG— la contratación de servicios legales para la defensa del exministro Juan José Santivañez Antúnez, quien enfrenta diversos procesos en su contra.

Resolución de Secretaria General N° 119-2025-IN-SG.

Esta decisión tiene como antecedente la Resolución de Secretaría General N° 071-2025-IN-RSG, emitida el 14 de mayo de 2025, en la que se declara procedente la solicitud presentada por el propio Santivañez para contar con servicios especializados de asesoría y defensa legal. Posteriormente, el Proveído N° 009696-2025-IN-OGAF, con fecha 21 de mayo, fue remitido desde la Oficina General de Administración y Finanzas a la Oficina de Abastecimiento, formalizando el requerimiento.

Resolución de Secretaria General N° 120-2025-IN-SG.

El estudio legal propuesto por Santivañez Antúnez para asumir su defensa es Miranda & Asociados E.I.R.L., firma que también brinda servicios contables y que, según los documentos oficiales, fue seleccionada por el exministro.

Las resoluciones en cuestión aprueban la ejecución de los Procedimientos de Selección No Competitivos N° 25, 26 y 27, a través de los cuales se formalizará la contratación de los abogados encargados de asumir la representación legal del exfuncionario.

Todas las resoluciones han sido firmadas por Erick Fernando Caso Giraldo, actual secretario general del Ministerio del Interior.

Resolución de Secretaria General N° 121-2025-IN-SG.

La decisión genera interrogantes sobre el uso de recursos públicos en defensa de exautoridades investigadas, especialmente en contextos donde la transparencia institucional está bajo constante escrutinio.

Cabe recordar que Juan José Santivañez fue designado ministro del Interior en abril de 2024, y debió dejar el cargo en medio de denuncias públicas por presuntas contrataciones irregulares, vínculos con estudios legales cuestionados y posible tráfico de influencias. Actualmente, es investigado por el Ministerio Público, por lo que el uso de recursos del Estado para costear su defensa ha generado preocupación y críticas por parte de especialistas y sectores de la sociedad civil.

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Política

Congreso: Presentan PL para anular alza salarial de Dina Boluarte

Legisladora Sigrid Bazán impulsó una iniciativa para revertir el polémico aumento de sueldo a favor de la presidenta Dina Boluarte, calificándolo de injustificado y ofensivo. Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa similar.

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La polémica por el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte continúa generando reacciones en el ámbito político. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la congresista Sigrid Bazán anunció que ha presentado un proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, que oficializa el incremento de la remuneración presidencial a S/35,568 mensuales.

Proyecto de Ley impulsado por parlamentaria Sigrid Bazán.

El mencionado decreto, aprobado con el respaldo del Consejo de Ministros, ha sido duramente criticado por su inoportunidad en medio de una coyuntura marcada por dificultades económicas y baja aprobación ciudadana. Frente a ello, Bazán Narro manifestó su indignación y explicó que su iniciativa se sustenta en el derecho de iniciativa legislativa que le otorga la Constitución y el Reglamento del Congreso.

“Acabo de presentar, con las firmas correspondientes, un proyecto de ley que DEROGA el DS que aprueba el DESCARADO aumento (…) Veremos si el Congreso lo tramita y quiénes están dispuestos a aprobarlo”, escribió la legisladora del Bloque Democrático Popular en su red social, cuestionando tanto el fondo como la forma en que se autorizó el incremento.

El proyecto de ley cuenta con el respaldo de otros parlamentarios, entre ellos Carlos Zevallos, Susel Paredes, Ruth Luque y Reymundo Mercado, quienes también consideran que el reajuste presidencial carece de justificación técnica y sensibilidad política.

Por su parte, el congresista Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa para derogar el mismo decreto. Quito argumenta que el aumento vulnera principios clave como el de legalidad presupuestaria y contradice los topes establecidos en la Ley N.º 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

La controversia no solo ha puesto en entredicho la decisión del Ejecutivo, sino que también ha abierto un nuevo frente de debate en el Congreso, donde ahora se espera conocer qué bancadas respaldarán la anulación del cuestionado incremento.

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Política

Eduardo Arana y Pérez Reyes se zurraron en el Congreso

Pese a ser citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, los ministros Eduardo Arana y Raúl Pérez Reyes no asistieron al Congreso, eludiendo su responsabilidad de explicar el alza salarial de Dina Boluarte.

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Ambos ministros fueron citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos y no acudieron al Congreso y esquivaron la rendición de cuentas sobre el aumento de sueldo a la presidenta Boluarte.

Una vez más, el Ejecutivo da la espalda al Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el titular de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, decidieron no presentarse ante la Comisión de Fiscalización, pese a estar citados para ofrecer explicaciones sobre el polémico incremento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte. Su ausencia, lejos de pasar desapercibida, ha sido interpretada como una burla al control parlamentario y una muestra de desprecio por la transparencia.

La sesión, programada para las 10:30 de la mañana, arrancó con la lectura de asistencia. Ninguno de los dos altos funcionarios se hizo presente en el hemiciclo. Ambos enviaron oficios en los que comunicaban su inasistencia, sin brindar argumentos de fondo que justifiquen su decisión de no acudir.

La falta de compromiso del Ejecutivo llega en un momento particularmente sensible, cuando el país atraviesa una crisis de representación y una creciente desaprobación ciudadana hacia sus autoridades. Diversas voces dentro del Congreso ya se alistan para pedir que se reitere la citación, e incluso, que se recurra a mecanismos más severos como la convocatoria por grado o fuerza, amparados en el reglamento parlamentario.

Además de exigir la presencia de los ministros, la Comisión ha anunciado que requerirá los informes legales y técnicos que respaldan el cuestionado decreto supremo que elevó el salario presidencial. Se ha señalado especialmente la necesidad de acceder a los pronunciamientos de SERVIR y del propio MEF, que habrían sido clave para autorizar la medida.

El presidente ejecutivo de SERVIR, Guillermo Valdivieso, también brilló por su ausencia. Su participación era crucial, dado que su entidad fue parte del sustento técnico del aumento. Al igual que los ministros, Valdivieso optó por enviar una carta excusándose, sin aclarar los motivos concretos de su inasistencia.

La estrategia de silencio adoptada por el Ejecutivo no hace más que profundizar el malestar público. En un contexto donde miles de peruanos exigen mayor eficiencia del Estado, el reajuste salarial a Boluarte se percibe como un acto de desconexión con la realidad nacional. La negativa a rendir cuentas solo incrementa las sospechas de arbitrariedad, y abre un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento.

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Política

REINFO: ¿Formalización o vía libre para la minería criminal?

La ampliación del Reinfo hasta 2025 reabre el debate sobre su eficacia. Mientras el Gobierno de Dina Boluarte defiende el proceso, expertos advierten que podría seguir siendo un escudo para actividades ilegales y delitos ambientales.

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El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, anunció que más de 31 mil mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) podrán continuar su proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, la medida, que excluye a más de 50 mil inscripciones inactivas, ha generado una fuerte controversia sobre su efectividad y posibles consecuencias.

El titular del Minem aseguró que se ha realizado un «sinceramiento» del padrón de mineros, con el objetivo de ordenar el proceso y reforzar el combate a la minería ilegal. Montero Cornejo también señaló que se replicarán modelos de intervención como el aplicado en Pataz, que combina acciones de interdicción con mesas de desarrollo lideradas por autoridades locales y sectores del Ejecutivo.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la formalidad, la erradicación de la minería ilegal y la construcción de un país con paz social”, declaró el ministro en un medio radial. No obstante, su optimismo contrasta con los cuestionamientos de instituciones especializadas, que consideran que el REINFO ha fracasado en su objetivo original.

Pese a ola de crímenes por la minería ilegal, Gobierno extiende por cuarta vez el Reinfo.

Según el Colegio de Abogados de Lima (CAL), la extensión del REINFO puede terminar favoreciendo el crecimiento de la criminalidad asociada a la minería informal. En un comunicado reciente, el CAL advirtió que, tras nueve años de vigencia, apenas el 2.31 % de los inscritos logró formalizarse. El resto permanece en un limbo legal que, en muchos casos, sirve de cobertura para operaciones ilícitas.

Además, el Tribunal Constitucional ha señalado que el REINFO no puede interpretarse como una figura que otorgue exención penal frente a delitos ambientales. La prolongación del plazo, según el TC, no resulta constitucionalmente amparable si se convierte en una puerta trasera para evitar sanciones legales.

Desde el Ejecutivo se insiste en que la exclusión de 50 mil REINFOS demuestra voluntad de depuración. El 90 % de estos registros, dijo el ministro Montero Cornejo, llevaban más de cuatro años suspendidos y no presentaban ningún avance en el proceso.

Sin embargo, el dilema de fondo persiste: ¿puede el Estado seguir ampliando plazos sin fortalecer la capacidad institucional para fiscalizar y sancionar? Si la formalización se convierte en una excusa para la inacción, el riesgo es que la minería ilegal siga expandiéndose, esta vez con una aparente fachada legal.

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