Tras nuestra publicación: “Denuncian construcciones metálicas y de concreto en la fortaleza Kuélap”, en la que se muestran imágenes exclusivas que revelan el actual estado en que se encuentra la fortaleza Kuélap ubicada en la región Amazonas y mientras el Ministerio de Cultura no transparenta información sobre la puesta en valor, un patrimonio cultural de la Nación del nivel de Kuélap sigue sufriendo la mala gestión cultural y un turismo desordenado y no planificado, si contar que viene siendo destruido y en proceso de desaparición.

En ese sentido, el Ministerio de Cultura ha ordenado instalar unas discordantes construcciones de fierro y cemento argumentando que son para la protección de la integridad física del turista y ante esta nueva vulneración cometida contra la fortaleza arqueológica, Lima Gris conversó con el abogado especialista en temas de Patrimonio Cultural Fabricio Valencia Gibaja, para que emita su opinión al respecto.

Fabricio Valencia, abogado especialista en Patrimonio Cultural.

Valencia, afirmó que de acuerdo al artículo 13° de la Carta de Conservación de Venecia, todos los añadidos que se pretendan instalar alrededor de un patrimonio arqueológico deben respetar la composición de la edificación original y sus relaciones con el medio ambiente.

El especialista señala: “El articulo 13° de la Carta de Conservación de Venecia es bastante claro porque establece de manera expresa que los añadidos no deben ser tolerados, en tanto que no respeten todas las partes interesantes e importantes del edificio, su trazado tradicional el equilibrio de su composición, y sus relaciones con el medio ambiente. En el caso concreto de estas estructuras metálicas, no se acomodan a lo regulado por la Carta de Venecia, en tanto que estas estructuras no están respetando las partes importantes del edificio porque no es un elemento original y están atentando contra la originalidad. Tampoco están respetando el trazo tradicional del monumento arqueológico«.

Además, Valencia Gibaja agregó: «Entonces desde un punto de vista normativo, estas estructuras de metal y de concreto, atentan contra la Carta de Venecia. Por allí alguien puede decir, que las recomendaciones de la Carta de Venecia pueden ser tomadas o no, por el Estado peruano; sin embargo, a partir del Informe 135° de Contraloría a razón de la construcción que se hizo en la calle Saphy, se marcó un precedente en el cual la Carta de Conservación de Venecia es de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano; entonces, no puede dejar de ser cumplida”.

Artículo 13° de la Carta de Conservación de Venecia 1964.

Asimismo, afirmó que a pesar que el objetivo de las estructuras metálicas y de concreto construidas sea implantar el orden a los visitantes del monumento, tampoco tienen la función de conservar el monumento, ni resguarda su seguridad. y que más bien, resulta un despropósito que el estado intervenga no para proteger la conservación y la originalidad de Kuélap; sino, para implantar estructuras exógenas nefastas, que no se integran visualmente a la arquitectura del monumento original.

“Estas estructuras metálicas y de concreto, entiendo yo, que seguramente tienen por función de lo que se ve en las fotografías, un poco dar orden a la visita que se le da al monumento arqueológico, pero no tiene, entiendo como función, resguardar la seguridad y la conservación de un monumento en sí.

Entonces, resulta esto un despropósito porque tomando en cuenta que Kuélap sufre colapsos de manera repetida, que en la intervención que el Estado realice, sea no para proteger su conservación, no en pro de mantener la originalidad, sino, muy por el contrario, introduciendo elementos exógenos contrarios a lo que refiere la Carta de Venecia, me parece pues, nefasto; me parece que está muy mal. Por otro lado, no entiendo cuál es la necesidad de utilizar estructuras de concreto y acero inoxidable, porque al parecer son estructuras de acero inoxidable. No se integran visualmente bien con el monumento, es groseramente discordante con la arquitectura original.

En algunos sitios arqueológicos donde ha sido adquirido colocar barandas, como ha sido el caso del Camino Inca a Machu Picchu, se ponen barandas de madera que se integran visualmente, por lo menos mejor. Y resulta un doble discurso por parte del Ministerio de Cultura, porque por ejemplo en Ollantaytambo, donde ha habido la intención del municipio de colocar unas escaleras de madera a fin de evitar que las estructuras y que la piedra inca no se malogre; pues el ministerio de Cultura en un primer momento por lo menos refirió que eso atentaba contra la originalidad y no se podía poner. Entonces, ahí está el doble discurso. Cuando se quiere poner escalones de madera en Ollantaytambo el Mincul dice no, que atenta contra la originalidad, repito que esto se hizo por lo menos al inicio”.

Así luce actualmente nuestro Patrimonio Cultural de la Nación.    

Kuélap ahora parece una zona industrial. En estas condiciones aún sigue recibiendo turistas.

Valencia, concluyó que el Ministerio de Cultura, no por ser un portafolio encargado, se encuentra exento de realizar los procedimientos de intervención en inmuebles prehispánicos.

“Esto denota la falta de un criterio único de intervención de monumentos arqueológicos que hay en el Perú. Sería interesante saber cuál es el sustento técnico que fundamente la construcción de este tipo de estructuras, más aún considerando que para colocarlas, como se ve en las fotografías, se tiene que hacer perforaciones en el suelo, a fin de poner el concreto. Entonces quisiera saber si el Mincul ha cumplido con todos los procedimientos que regula para poner este tipo de estructuras.

Me estoy refiriendo puntualmente a las horadaciones que se ha hecho en el piso para poner la estructura de concreto. Kuélap es un sitio considerado Patrimonio Cultural de la Nación, no porque el Ministerio de Cultura vaya a hacer una obra puede hacer lo que quiera. Tiene que seguir un procedimiento. Quisiera ver los procedimientos previos que ha hecho el Ministerio de Cultura antes de horadar el piso y luego poner seguramente fierro y concreto armado, en esas horadaciones«, aseveró el especialista.

«Repito, el Ministerio de Cultura, no por ser ministerio está exento de los procedimientos de intervención en inmuebles prehispánicos, entonces, seria interesante ver cuáles son los estudios que realiza el Ministerio de Cultura y cuáles son los permisos que se ha otorgado para que intervengan en este sitio.

Porque lo que resulta recurrente por parte de Cultura es que el Mincul como es el ente rector en Patrimonio Cultural, muchas veces interviene los inmuebles prehispánicos con un informe técnico muy mal sustentado y simplemente ejecutan las obras. Entonces, acá no es que el ente rector pueda hacer lo que quiera en inmuebles prehispánicos, tiene que tener un estudio previo a la ejecución y este estudio tiene que estar aprobado por la misma entidad, pero con sustento técnico, evidentemente, y seria bueno verificar la documentación…”, concluyó.

Hasta el cierre de esta publicación el Ministerio de Cultura no se ha pronunciado sobre lo que viene sucediendo en Kuélap. Mientras tanto en la región Amazonas, se viene cuestionando el accionar del MINCUL y su ministra Leslie Urteaga Peña.

Lo que viene pasando con el monumento arqueológico de Cerro Sechín ha generado diversas críticas y cuestionamientos al método de conservación que se viene aplicando a los grabados en las piedras. Lo grave aquí es que la presunta “conservación” viene siendo financiada por la World Monuments Fund (WMF), organización dedicada a la preservación de sitios de arquitectura histórica y patrimonio cultural de todo el mundo. Además, esta siendo supervisado por el Ministerio de Cultura, pero en los hechos parece una omisión de funciones.

Sobre el atentado cultural en Sechín conversamos con Fabricio Valencia Gibaja, el especialista en temas jurídicos de patrimonio cultural señaló: «Si en Sechín se han utilizado técnicas que han dañado este conjunto pétreo, estás técnicas están autorizadas o no están autorizadas por el Ministerio de Cultura. Qué significa esto, que cualquier labor de intervención en Sechín debe contar con un expediente técnico. y ese expediente tiene que pasar por el tamiz del Ministerio de Cultura. Entonces, si efectivamente se han ejecutado obras que han dañado Sechín, la pregunta es ¿estás obras estaban autorizadas por el Ministerio de Cultura? habría que revisar el expediente técnico que sustentó la autorización de estás intervenciones. Porque si no están autorizadas por el Ministerio de Cultura, las personas que han realizado esto han cometido un delito. Ahora, si estás obras estaban autorizadas por el Ministerio de Cultura y utilizaron una ténica de intervención inadecuada también se comete otro ilícito».

Además, el especialista en temás juridicos de patrimonio cultural mencionó: «La World Monuments Fund es un ente privado con sede principal en New York, y su función es la salvaguarda de sitios que tienen la condición del patrimonio cultural. En la página de la World Monuments Fund aparece la intervención que hacen en el cerro Sechín, y refieren que hacen un trabajo de conservación, esto agrava terriblemente esta situación, ya que estando la World Monuments Fund en Sechín y existiendo una afectación terrible contra el patrimonio cultural tiene que ver una intervención inmediata del Ministerio de Cultura. No puede ser posible que se realice un atentado contra el patrimonio cultural de esta manera».

Fabrició Valencia además resaltó: «No por que los restauradores o conservadores sean extranjeros, significa que la labor de restauración sea muy buena. Hay evidencia clara donde traen la mejor tecnología extranjera y termina funcionando mal en Perú. Esto no es de forma antojadiza, lo que pasa es que estos equipos no están calibradas para el Perú. No sé si en este caso haya pasado esto pero en otros casos eso lo he visto con radares de penetración que pretenden saber todo lo que hay abajo pero fallan porque la calibración esta mal hecha. En este caso sería bueno obtener dos cosas importantes, el expediente técnico que permitió la intervención a Sechín. En ese expediente técnico debe obrar que técnicas de conservación debían usarse para intervenir en la piedra. Lo segundo, el Ministerio de Cultura tendría que disponer inmediatamente una supervisión a Sechín para que se vea cuál es el daño causado y tenga un pronunciamiento formal por parte del Ministerio de Cultura».

«Como se sabe, el Minsisterio de Cultura es muy genuflexo para marcar posición, son muy tímidos. Estamos en la obligación todos los ciudadanos de exigir al Ministerio de Cultura que marque posición. Básicamente lo que los ministros realizan, no es hacer una gestión por patrimonio cultural, sino que no los saquen del cargo, y esa es una cuestión lamentable. Entiendo que la ministra actual ha sido designada en diciembre del año pasado, entonces ya tiene nueve meses en la gestión, y le hago una pregunta de una manera muy respetuosa ¿cuáles son las gestiones pro patrimonio que ella ha hecho en nueve meses? ¿Cuáles son las acciones a favor del patrimonio cultural en estos nueve meses? vemos que muy por el contrario de tener logros, la larga secuencia de acciones contra el patrimonio cultural como el tema del Museo Nacional del Perú, que también ustedes lo han denunciado. Era un despropósito hacer el museo en Pachacamac pero se insistió, la gestión es muy mala. También esta el tema de Sechín y la otra secuencia de hechos en contra del patrimonio cultural. Entonces, los ministros lo que mayormente buscan es permanecer el mayor tiempo posible en el cargo pero acciones pro patrimonio no se hacen», expresó el especialista Fabricio Valencia.

Aquí la entrevista sobre el tema de Sechín en el programa de Lima Gris que se transmite por radio Planicie 91.5 y es conducido por Edwin Cavello y Percy Vílchez Salvatierra todos los viernes de 5 a 6 pm.

La historia del Perú debajo de nuestros pies. Un grupo de arqueólogos peruanos desenterraron una momia preinca de una antigüedad entre 800 y 1.200 años en perfecto estado en el milenario centro arqueológico Cajamarquilla, ubicado en el distrito de Lurigancho-Chosica, en la periferia de la ciudad de Lima.

Los responsables del proyecto arqueológico Cajamarquilla, afiliado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) señalaron que los restos se encontraron en una estructura funeraria de 2 metros de profundidad que estaba cubierta con una gran roca de barro.

Al lado de la momia, también se encontró una boleadora (arma de piedra), un mate (plato), una aguja de cobre, piezas de cerámica, cuerda y trozos de piel y cabello; además, restos de textiles, maíz y ají.

De acuerdo al equipo de arqueólogos, la momia precolombina probablemente era un adolescente, de unos 12 o 13 años de edad, con una estatura aproximada de 1 metro con 30 centímetros. Estos restos se hallaron en una tumba subterránea envuelta en un fardo funerario, ubicado en el centro urbano de barro en la periferia de Lima, capital del Perú.

La arqueóloga Yomira Huamán, responsable del Proyecto Arqueológico Cajamarquilla, declaró a AFP que el individuo, de sexo desconocido por ahora, probablemente era habitante de la cultura Ichma que existió hace unos 900 años antes de ser anexada por el Imperio Inca en el siglo XV.

“La arena gruesa de la zona, con altos componentes de sales, habría generado un proceso de momificación natural, que ha permitido que los brazos, antebrazos y las dos piernas conserven restos de piel, mientras que la cabeza, separada del cuerpo, mantiene mechones de cabello, y en el caso de la mandíbula se aprecia aún parte de la dentadura”, comentó la líder del proyecto arqueológico.

Cabe precisar que, en febrero de 2022, los investigadores en el sitio arqueológico hallaron los restos de 20 momias, entre ellos 8 niños y 12 adultos, que aparentemente fueron sacrificados hace unos 800 y 1.200 años.

La importancia del complejo de Cajamarquilla

Cajamarquilla era un centro urbano donde se desarrollaban múltiples funciones como sectores administrativos, domésticos y residenciales. El lugar es considerado una ciudad prehispánica de barro, que pudo haber albergado entre 10.000 y 20.000 personas en una superficie de 167 hectáreas.

El recinto se construyó hacia el año 200 antes de Cristo y estuvo ocupada hasta el año 1500. La urbe se localiza a 24 km al este de Lima y es uno de los complejos arqueológicos más grandes de la capital peruana.

Este extenso complejo de Cajamarquilla cuenta con las ruinas de cuatro pirámides y otras construcciones, como muros a forma de un laberinto. El complejo es la segunda ciudad de adobe más grande de Perú después de Chan Chan en el norte del país andino.

Son pocas las luchas contra la corrupción que se han iniciado desde las propias instituciones del Estado. Uno de estos casos comenzó hace tres meses, cuando el exministro de Cultura, Alejandro Salas, designó a Mildred Fernández como directora de la Dirección de Cultura de Cusco. Con la llegada de la nueva directora se implementó la política de cero tolerancia a la corrupción. Actualmente la ministra Betssy Chávez continúa los lineamientos y ha brindado su absoluto respaldo a Mildred Fernández. Hoy, Fernández continúa luchando con los guantes puestos contra una corrupción que durante años estuvo enquistada en la ciudad imperial.

Los millones de soles que el país pierde cada año debido a la corrupción ha sido reflejado en un reciente informe por el Contralor General de la República, quien señaló que en el 2019 las pérdidas a nivel nacional por corrupción ascendieron a más de 23 mil millones de soles. En el caso de la región cusqueña en el 2021 como producto de la corrupción se perdió más de 737 millones de soles. Una suma millonaria que termina en los bolsillos de oscuros personajes.

Golpeando a la corrupción

«Esta vez la historia se invirtió, fue la corrupción la que perdió millones de soles. Los acaparadores y especuladores de los boletos a la Llaqta Inca de Machupicchu perdieron su incorrecto negocio, no habrá mas acaparamiento y especulación de boletos de ingreso a Machupicchu», señaló Mildred Fernández

Fernández habla con hechos, durante sus tres meses de gestión realizó varias acciones correctivas y denunció públicamente a la mafia que contralaba la venta de boletos para el ingreso a Machu Picchu. Como parte de ese accionar, el 18 de julio se lanzó a la venta 1000 boletos de ingreso adicionales a la Llaqta de Machupicchu, esto se logró gracias a la Resolución Ministerial que incrementó aforo a 4044 visitantes por día a la ciudadela inca.

Sobre el accionar de la mafia dedicada a la venta de boletos, Fernández mencionó: «Encontramos que se venía expidiendo y comercializando los boletos a Machupicchu usando la Resolución Directoral Nº 0213-2011-DRC-CUS/MC que permitía el cambio de fecha y nombre en los boletos de ingreso, en vez de usar la Resolución Ministerial Nº 0216-2018-MC, vigente que no permite el cambio de fecha y nombre en los boletos de ingreso, y por consiguiente el acaparamiento y especulación de estos boletos. Los funcionarios de las diferentes áreas implicadas en la supervisión, venta de boletos y manejo del parque arqueológico de Machupicchu nunca alertaron referente al no uso de la Resolución Ministerial Nº 0216-2018-MC, acción que permitía el acaparamiento y especulación de los boletos de ingreso a Machupicchu, así que dispuse se realice las denuncias correspondientes a los diferentes funcionarios que extrañamente obviaron la resolución ministerial citada, lo que también causó el reciente estado de emergencia en Machupicchu Pueblo».

Además, dentro de las acciones para combatir la corrupción, Mildred Fernández ha realizado la rotación del personal de las áreas implicadas en la supervisión, venta de boletos y manejo del parque arqueológico de Machupicchu.

Gestión de Mildred Fernández evitó que la corrupción se lleve más de 10 millones de soles

El duro golpe que ha recibido la corrupción en Cusco ha sido reflejado también en números. En la conferencia de prensa que brindó ayer Mildred Fernández, la directora de la DDC mencionó: «La corrupción encarnada en los acaparadores y especuladores de los boletos a la Llaqta inca de Machupicchu ha perdido aproximadamente la millonaria suma de S/ 10 478,160 soles durante estos tres meses de mi gestión como directora de la DDC-Cusco».

¿Cómo actuaba la mafia de los boletos? La manera de operar de la mafia de los boletos de ingreso a Machupicchu, fue acaparar miles de boletos para generar escases de estos y de esa manera generar una demanda, para luego ser revendidos en cifras económicas antojadizas, llegando incluso a incrementarse entre 150 a 250 soles adicionales por boleto.

Los ataques de la mafia contra Mildred Fernández

A los pocos días de su gestión, Mildred Fernández ha venido recibiendo ataques anónimos y publicaciones de Fake News en redes sociales. Han amenazado a su familia, incluso en un chat que se filtró, claramente se leyó que estaban reuniendo dinero para financiar la caída de Mildred Fernández.

Sobre estos ataques, Mildred Fernández mencionó: «Lo que yo sí estoy segura es que ya se inicio una campaña de desprestigio a mi persona, la cual busca impedir el proceso de lucha contra la corrupción. Han pasado muchos directores por la DDC-Cusco y no hicieron nada por transparentar el actuar de esta institución, y mucho menos luchar contra la corrupción de la cual siempre se tenia conocimiento, pero esta era tapada sancionando y hasta despidiendo a los honestos trabajadores de la DDC-Cusco que ponían en evidencia casos de presunta corrupción cometidos en esta institución».

Además, agregó: «Si la corrupción perdió mucho dinero en tres meses de mi gestión y ahora que les quité la posibilidad de seguir ganando ingentes cantidades de dinero producto de la especulación, acaparamiento de los boletos de ingreso a la Llaqta Inca de Machupicchu, ¿ustedes señores periodistas creen que los corruptos me perdonaran?, no me perdonarán, al contrario, tratarán de desprestigiarme. Pero aquí estoy, no retrocederé un solo paso. Primero es el pueblo del Cusco, y el Patrimonio Cultural de la Nación».

No hay respeto a nuestro patrimonio cultural, abusando de nuestra hospitalidad. A través de las redes sociales, se ha difundido un video donde se registra a un grupo de turistas bañándose en las instalaciones del Parque Arqueológico de Tipón, distrito de Oropesa, en la provincia de Quispicanchi. En las imágenes se registra a una fémina saliendo de una de las fuentes de agua sin sus prendas de vestir como si fuera una ducha.

Sin embargo, no habría sido la única, todo el grupo de mujeres habría realizado esta misma acción y luego se cambiaron en el lugar. Las mujeres se habrían aprovechado del descuido del vigilante, pues el lugar tiene una extensión de 200 hectáreas, y se metieron dentro de las ruinas incas, algo que no está permitido.

Una vez conocido los hechos, el vigilante de centro arqueológico fue hasta la comisaría de Oropesa a hacer la denuncia correspondiente, para que las autoridades puedan dar con el paradero de estas 12 mujeres.

Ministerio de Cultura y Policía tras la búsqueda de las extranjeras

El Ministerio de Cultura lamentó las imágenes difundidas en redes sociales que se visualiza a este grupo de mujeres extranjeras utilizando las instalaciones como una ducha. Además, indicaron que solicitaron al jefe del Parque un informe donde se brinde detalle de lo ocurrido.

“Lamentamos el accionar de las personas que afectan la buena imagen y la conservación de nuestro Patrimonio Cultural. Desde la DDC Cusco se ha solicitado un informe al respecto al jefe de Parque, Marco del Pezo, para conocer los detalles del caso”, se lee en la misiva.

El Mincul también informó que no existe daño del patrimonio cultural, pero de todas maneras se presentó la denuncia en la comisaría de Oropesa. “Se ha comprobado que no existe daño al patrimonio ni a las fuentes de agua. Sin embargo, el responsable del Parque Arqueológico de Tipón procedió a realizar la denuncia respectiva en la comisaría de Oropesa, para las investigaciones policiales que permitan encontrar a los responsables, para quienes solicitamos las sanciones respectivas”, indicaron.

A raíz de este incidente, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC) emitió un comunicado anunciando que se contratará a un vigilante de forma permanente para el lugar.

“Cabe destacar que, la seguridad es permanente, pero los visitantes pudieron aprovechar el momento en que el vigilante subió a la parte alta de Tipón”, se detalla en el comunicado.

En su canción “Demolición” (1965), el emblemático grupo de rock Los Saicos (1965) repite un pegajoso estribillo «Echemos abajo la estación de tren / Echemos abajo la estación de tren / Demoler, Demoler, Demoler / Demoler, demoler la estación de tren», con el cual se yerguen como precursores del movimiento punk y su anárquico mensaje juvenil.

¿Por qué cito esta referencia metafórica a la cultura popular? Es para referirme a un caso actual: la demolición del cerco perimétrico de la Iglesia San Francisco de Lima, monumento arquitectónico, histórico y religioso declarado como patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco en 1988.

Esta situación mantiene enfrentadas a varias instituciones: la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, el Ministerio de Cultura y la Municipalidad Metropolitana de Lima, especialmente uno de sus organismos desconcentrados: Prolima, que tiene a su cargo la recuperación del Centro Histórico de Lima.

Como se sabe, el pasado 5 de febrero en la madrugada, la Municipalidad de Lima –con apoyo de la Policía Nacional– efectuó la demolición del centro perimétrico de la iglesia de San Francisco, pese a que los religiosos franciscanos denunciaron que la MML nunca les notificó sobre ello, argumentando además que dichas acciones en la histórica Plazuela carecen de un estudio técnico integral de impacto patrimonial (https://tinyurl.com/mrykcdyk).

Al respecto, los obispos integrantes de la Conferencia Episcopal Peruana emitieron un comunicado donde condenaron públicamente “la actitud violenta, desproporcionada y prepotente” de la municipalidad. “El respeto interinstitucional es fundamental en la solución de conflictos dentro de un Estado de Derecho. Este principio ha sido pisoteado y vulnerado por los señores de Prolima… Además, la plazuela de San Francisco ha estado siempre al servicio de la población que expresa su fe en Dios y en los santos, en la centenaria Basílica de San Francisco”, expresó Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, presidente de la entidad. (https://tinyurl.com/3tjja34p)

Caso está en vía judicial

La Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú hizo el reclamo por la vía judicial y finalmente el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional, de la Corte Superior de Justicia de Lima, concedió una medida cautelar a la orden Franciscana en contra de la Municipalidad de Lima (MML) y el Ministerio de Cultura (Mincul) tras el retiro del cerco del concreto y la reja de 145 metros que rodeaba la iglesia de San Francisco como parte de las obras de peatonalización en el Centro de Lima. (https://tinyurl.com/ytta44ns).

La resolución establece que la Municipalidad de Lima y al Ministerio de Cultura deben instalar, de forma provisional, un cerco en los alrededores de la iglesia, así como detener cualquier intervención en el lugar. De esta manera, literalmente se ordena restituir el cerco que fue derrumbado.

Los medios de comunicación han dado cuenta sobre la orden judicial a favor de los franciscanos. De acuerdo con el documento que mostró RPP TV, la resolución judicial señala que la MML y el Mincul no deberán realizar ningún tipo de intervención en el Conjunto Monumental San Francisco, lo que incluye la Plazuela de San Francisco, hasta que la obra cuente con un Estudio de Impacto Patrimonial y un Plan de Monitoreo Arqueológico.

“Se ordena, de manera provisional, que las emplazadas se abstengan de realizar cualquier tipo de acto o intervención respecto del Conjunto Monumental San Francisco, lo que incluye la Plazuela de San Francisco, hasta que se culmine la tramitación del proceso principal o hasta que la obra autorizada por el Ministerio de Cultura, mediante la resolución directoral, cuente con un Estudio de Impacto Patrimonial y un Plan de Monitoreo Arqueológico”, se indica en la resolución judicial.

Asimismo, la resolución dispone: “Se ordena que, de manera provisional, las emplazadas implementen un cerco temporal en los alrededores del Conjunto Monumental San Francisco, que abarque los espacios que resguardaba el muro perimétrico derribado, a efectos de proteger los bienes culturales integrantes del Conjunto Monumental, el mismo que, además, deberá permitir la libre circulación del público afluente, conforme se ha venido realizando hasta antes de acaecidos los hechos”. (https://tinyurl.com/27nf344h)

El Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional advirtió que la medida cautelar a favor de la orden Franciscana es de ejecución “inmediata” y que los funcionarios obligados de dar cumplimiento a la misma podrían ser denunciados por el “delito de desobediencia a la autoridad” en caso no la acaten.

Sin embargo, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la apelación a la resolución del Poder Judicial argumentando a través de un comunicado, que el cerco perimétrico retirado en febrero pasado fue construido por la Municipalidad de Lima en 1987 como medida provisional de protección, por lo cual carecía de valor histórico o arquitectónico. (https://tinyurl.com/nhdsvnzp)

Lo cierto es que tenemos ahora una seria controversia sobre el manejo del patrimonio histórico cultural. Por un lado la comuna limeña sostiene que lo que está haciendo es recuperar espacios monumentales del centro de Lima, pero en este caso los religiosos franciscanos advierten que la municipalidad no ha cumplido con todos los estudios correspondientes.

Defensa del patrimonio

La Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, explicó que en 1987 la Unesco recomendó la instalación de la reja del complejo San Francisco para proteger el entorno monumental de la plazuela, la cual antes de la demolición concentraba una dinámica diversa ya que servía como espacio público para el esparcimiento de la ciudadanía, así como símbolo turístico para los visitantes nacionales y extranjeros, y su significado para la práctica devocional de los fieles católicos en la Basílica San Francisco.

Fr. Pedro Castro OFM, secretario de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, exhortó a los funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de Prolima a dar marcha atrás en sus pretensiones de remodelar la Plazuela San Francisco.

En su portal franciscanos.pe, los franciscanos señalan que, al tratarse el Complejo San Francisco de un Patrimonio Cultural de la Humanidad, su importancia trasciende fronteras. Un ejemplo de obras sin planificación acorde a su valor patrimonial y arquitectónico es la del Centro Histórico del Cusco, donde hace siete años se inició la construcción de un hotel en la calle Saphi. Unesco manifestó al Estado peruano, que de no demoler lo ilícitamente construido, incorporaría al Centro Histórico de Cusco en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, paso previo a retirar la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad. (https://tinyurl.com/mrykcdyk)

“Constituye un deber moral nuestra permanente defensa del Conjunto San Francisco, casa de todos, en ella hemos vivido y compartido nuestra historia y nuestra identidad religiosa, histórica y social. Nos sentimos llamados a defenderlo y a promover una cultura de justicia y paz en recta intención por el bien de toda la humanidad”, afirmó Fray Rafael Hurtado OFM, miembro de la comisión jurídica de los franciscanos.

Ante el actuar violento de la Municipalidad de Lima contra la orden franciscana, se presentó una medida cautelar para la paralización de obras que PROLIMA venía realizando en la plazueleta de San Francisco. Además, la acción de amparo dispone que tanto el Ministerio de Cultura y PROLIMA, restituyan el muro perimétrico. dicha restitución sería temporal, y tiene como fin brindar protección al conjunto monumental de San Francisco.

Sobre el atropello cometido por la Municipalidad de Lima contra la orden franciscana, el abogado especialista en Patrimonio Cultural Fabricio Valencia mencionó: «El actuar de la Municipalidad de Lima fue nefasto. La intervención se dio el 05 de febrero del presente año, pero el 04 de febrero hubo la visita de la señora Nolte, una alta funcionaria del Ministerio de Cultura, en esa visita ella se comprometía a mediar entre la orden franciscana y PROLIMA, a fin de que se pueda llegar a una situación de entendimiento, pero llamó mucho nuestra atención que horas después venga PROLIMA con una gran cantidad de trabajadores y serenazgos y empieza una acción violenta de demolición».

En este caso lo claro es el actuar del Ministerio de Cultura, ya que la institución que debe velar por nuestro patrimonio cultural, terminó participando de una manera alineada a PROLIMA. Aquí al parecer existirían otros intereses de algunos funcionarios del Ministerio de Cultura, y esos funcionarios deben ser investigados no solo con el órgano de Control Interno del MINCUL, sino, también por la propia Contraloría encabezada por Nelson Shack.

Además, el abogado Fabricio Valencia señaló: «Aquí ha sucedido algo muy extraño. La orden franciscana ha venido requiriendo reunirse con los funcionarios de UNESCO Perú en cuatro oportunidades, incluso hemos ido a las oficinas del Ministerio de Cultura donde funciona UNESCO y nunca nos han respondido ninguna de las comunicaciones. Sin embargo, con fecha anterior hemos visto que funcionarios de UNESCO Perú, PROLIMA y otros miembros de Ministerio de Cultura han estado reunidos en la iglesia de la Soledad, que es parte del conjunto monumental de San Francisco. Nunca hemos entendido las acciones por la que UNESCO Perú no nos ha permitido una audiencia».

Medida cautelar a favor del patrimonio

El Poder Judicial a marcado un importante precedente a favor del patrimonio cultural. Este hecho surge debido a la batalla legal que viene librando la orden franciscana. Sobre este importante antecedente, Valencia Gibaja mencionó: «Lo que hemos logrado es algo histórico. Saludo y destaco la participación del magistrado Paredes, que habida cuenta es la primera vez en toda la historia republicana que se dispone una paralización de obra, una medida cautelar utilizando como argumento una norma de derecho internacional».

Posibles sanciones contra los funcionarios del Estado por demolición ilegal

Para demoler el muro perimétrico se invirtió una buena cantidad de dinero y se movilizó personal de la Municipalidad de Lima y del Ministerio de Cultura, un accionar de ha generado un gran gasto de presupuesto y al no cumplir con las normas que se requiere, todos los funcionarios que han participado en la abusiva acción serían responsables y además se les abriría un proceso administrativo por el uso indebido del dinero del Estado.

Sobre esto, Fabricio Valencia señaló: «El acto de disponer una cantidad presupuestal para demoler un muro va a ser evaluado por el Órgano de Control Interno, y en este caso hemos visto que el juez en un razonamiento jurídico esta refiriendo que no se debió demoler el muro, por lo tanto esta concediendo la medida cautelar, eso significa que la demolición fue ilegal. Significa que todo el presupuesto destinado y gastado para demoler el muro se convierte en un gasto no arreglado a derecho y se tiene que tomar acciones legales».

Aquí la entrevista completa con Fabricio Valencia Gibaja.

El antropólogo José Joaquín Narváez Luna es uno de los autores que ha investigado y documentado el “arrasamiento” de zonas arqueológicas en Lima a lo largo del siglo XX en su estudio titulado “La destrucción del patrimonio arqueológico en el valle del Rímac-Perú”, publicado en https://equiponaya.com.ar/congreso/ponencia3-3.htm

“En el valle bajo del río Rímac, donde ahora se encuentra ubicada la ciudad de Lima, capital de la República del Perú, se dio en tiempos prehispánicos una larga y compleja sucesión de ocupaciones humanas que dejaron las evidencias de su presencia en los numerosos sitios arqueológicos que se encuentran ahora dentro del casco urbano de la moderna ciudad. Sin embargo, tan valioso patrimonio arqueológico ha venido siendo destruido desde el arribo mismo de los españoles, durante toda la Colonia y comienzos de la República por obra de las grandes haciendas que se distribuían en el valle. Pero será en el siglo XX cuando ocurrirán los peores destrozos debido a la expansión urbana moderna de la ciudad, especialmente a partir de la década del 40”, afirma.

Anota que la apariencia del valle bajo del Rímac en la actualidad es radicalmente distinto a la que tenía hace sólo 50 años. “El crecimiento explosivo poblacional de la ciudad se puede ver en cifras: según el censo de 1940, Lima albergaba a 645,172 habitantes; en 1961 la cifra se triplicó a 1’652,000 habitantes, en 1972 se quintuplicó a 3’302,523, en 1981 el volumen fue siete veces mayor, 4’492,260 (Matos Mar 1988: 72). El censo de 1993 arrojó nada menos que 5’706,127 personas. Esta expansión de Lima desde su núcleo original arrasó a su paso muchos monumentos arqueológicos que se erigían en el valle bajo del Rímac”, explica.

Narváez Luna plantea que fueron cinco formas de destrucción de los monumentos arqueológicos del valle de Lima de los últimos 50 años: destrucción por urbanizadoras (especialmente entre las décadas del 40 y el 60); destrucción por el estado y municipios (al construirse obras de carácter público); por invasiones, y al reconstruirse sitios arqueológicos para habilitarlos al turismo.

En cuanto a la “voracidad” de las urbanizadoras, el caso más representativo es el de Huaca Pucllana, pirámide de 30 metros de altura ubicada en Miraflores y perteneciente al Intermedio Temprano-Horizonte Medio 1 y a la cultura Lima o Maranga.

“Pucllana sufrió daños desde la Colonia al ser huaqueada y utilizada como atalaya para el avistaje de piratas. En 1854 sirvió de parapeto durante la batalla de La Palma entre Rufino Echenique y Ramón Castilla quienes se disputaban el poder y durante la batalla de Miraflores entre los ejércitos peruano y chileno durante la Guerra del Pacífico en 1883 (Ravines, 1985:74)”, afirma. Sin embargo, escribe Narváez, los mayores destrozos ocurrieron cuando la Compañía Urbanizadora Surquillo lotizó completamente el sitio y lo vendió en parte entre 1930 y 1965 al amparo de resoluciones del Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Con grandes maquinarias demolieron amplios sectores de la parte baja del monumento, destruyendo plataformas, plazas, recintos, etc. La enérgica intervención del Patronato Nacional de Arqueología pudo detener los destrozos aunque gran parte del sitio había quedado afectado. Abandonada por mucho tiempo, en 1982 por iniciativa de la Municipalidad de Miraflores se inició la recuperación del monumento con extensas excavaciones a cargo de la Dra. Isabel Flores Espinoza, quien ha dedicado toda una vida al estudio y rescate y fue directora del Museo de Sitio hasta el año 2020 realizando importantes trabajos de investigación. Actualmente, Pucllana es buen ejemplo de conservación y puesta en valor de un sitio arqueológico.

Si bien Pucllana, a pesar de los grandes destrozos, pudo salvarse, otros monumentos arqueológicos no tuvieron mejor suerte. Según un estudio que Narváez efectuó en 1994, “sólo se conserva el 27% de los monumentos arqueológicos existentes en 1944 en los distritos de Lima (Industrial), Breña, San Miguel, Pueblo Libre y Magdalena del Mar”. Otro caso ocurrió en 1943, año en que se demolió la pequeña huaca llamada San Isidro, situada entre la Huaca Pan de Azúcar y el Golf de San Isidro, a solicitud de la sucesión Luisa Paz Soldán de Moreyra (Ravines, 1985: 74).

En cuanto a la destrucción por el Estado y municipios, está el caso de la destrucción de la Huaca Concha durante la remodelación del Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, las invasiones y asentamientos humanos modernos en zonas arqueológicas se han dado por ejemplo en Armatambo (cerca al Morro Solar en Chorrillos), Cerro La Regla y Garagay (San Martín de Porres), Pampa de Cueva (Independencia), Canto Chico y El Sauce (San Juan de Lurigancho), Huaquerones (Ate-Vitarte), Villa el Salvador y El Ferroviario (Villa el Salvador), etc.

Este tema lleva a Narváez a una reflexión final: “¿Por qué en un país donde el discurso oficial, desde la fundación de la República enaltece el pasado prehispánico y la riqueza de su Patrimonio Arqueológico, ocurren tan masiva destrucción de dicho Patrimonio? Más aún, ¿Por qué si existe desde la Independencia una serie de leyes que protegen el Patrimonio Arqueológico y normas legales que sancionan a los destructores en la práctica en muy pocas ocasiones se sanciona a tales destructores y en cambio la mayoría de los casos quedan en la más completa impunidad? Da la impresión de haber por un lado un discurso oficial, que es compartido en mayor o menor grado por los miembros de la nación, y por otro lado un comportamiento radicalmente distinto. Y es que la nación ha hecho un uso oportunista del Patrimonio Arqueológico Nacional. Es muy útil cuando se trata de reforzar en algún momento los sentimientos de nacionalidad, de regionalismo y de identificación y unidad nacional, si así el momento político lo requería. Pero no se titubeó en destruirlo cuando se interponía en las grandes obras públicas y privadas o en las obras de carácter electoral, sea por parte del gobierno central o los gobiernos locales”.

El problema que surge para Narváez es que se dieron nuevas leyes que legitiman la destrucción del patrimonio, por ejemplo los Decretos Supremos Nº 028-97-PCM y el 017-98-PCM, que pretenden regularizar la situación de las poblaciones que ocupan zonas arqueológicas para darles títulos de propiedad; asimismo la ley Nº 26961, “Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística” en la cual se entiende a los sitios arqueológicos como “Zonas de Potencial Turístico” y ya no como Patrimonio Cultural considerándosele solamente como un mero producto económico, y el Decreto Supremo Nº 008-98-AG “con la cual se transfieren terrenos eriazos al Sector Privado para desarrollo agrícola, así contengan sitios arqueológicos, frente a los cual el INC sólo tendría quince días para pronunciarse sustentado su posición con planos perimétricos, memorias descriptivas y ubicación de coordenadas UTM, cuando en la mayoría de los casos no existen dicha información para los sitios conocidos y menos aún para los sitios desconocidos, y que evidentemente se encuentran en zonas eriazas”.

(*) Escritor, sociólogo y analista político. Consultor Internacional en Derechos Humanos para la Asociación de Víctimas de Acoso Organizado y Tortura Electrónica (VIACTEC).