Quieren limpiarle la estirada cara a Dina Boluarte y lo hecho por el otrora vocero presidencial Fredy Hinojosa, quien se encuentra desaparecido desde que saliera a la luz el escándalo de la comida en mal estado de Qali Warma (Wasi Mikuna), hasta el momento no viene dando resultados positivos.

Cabe recordar que la última conferencia de prensa ofrecida por el impávido vocero se dio el pasado 1 de febrero de 2025, y desde ese entonces han tenido que salir los ministros de Boluarte a brindar improvisadas conferencias a los medios de prensa.

Como Hinojosa resultaba inexpresivo y casi actuaba como un robot ante las cámaras, ahora el Gobierno ha preferido contar con una persona especialista en medios y que se encargue en mejorarle la alicaída imagen de la jefa de Estado; es por ello que ayer se designó como nueva secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial a Mónica Otilia Tiburcio Orbezo, en reemplazo de Luis Urmeta Delgado. Su nombramiento habría tenido que pasar por el visto bueno de Juan José Santiváñez, pues según registros se llegó a reunir hasta en tres ocasiones con el exministro del Interior.

La Resolución n.° 38-2025-DP/GDP lleva la firma del secretario general del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez Vílchez.

La resolución también precisa que el vínculo laboral de la servidora se encuentra regulado exclusivamente por el régimen de la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil, su reglamento y las disposiciones emitidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.

De igual modo, se dispone que la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones efectúe la publicación de la presente resolución en el portal institucional del Despacho Presidencial.

Tarea titánica

La gestión de Tiburcio estará enfocada en mejorar considerablemente la imagen de la presidenta de la República que ya lleva sin declarar a la prensa más de 200 días. Asimismo, también estará encargada de coordinar con los distintos medios de prensa y de gestionar la imagen institucional del Gobierno.

Como ya se indicó, la imagen estática dejada por Fredy Hinojosa no aportó en lo más mínimo por crear una cercanía con la población y sobre todo con los hombres de prensa.

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “advirtió” sobre una supuesta afectación a la autonomía del Ministerio Público, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolviera reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Con esta declaración, que ha causado controversia y rechazo en varios sectores jurídicos y políticos del país, la CIDH ha vuelto a entrometerse en los asuntos internos del Perú.  

Lo cuestionable no es solo el tono del pronunciamiento, sino su evidente sesgo. El organismo omitió que la suspensión por 24 meses de Benavides Vargas fue determinada por el Poder Judicial, a pedido de Delia Espinoza, cuando ella aún no era fiscal de la Nación, y que dicha medida dejó sin efecto cualquier intento de restitución. Sin embargo, la CIDH parece más interesada en blindar a Espinoza Valenzuela —quien desobedeció abiertamente una resolución de la JNJ— que en observar con imparcialidad el proceso institucional.

El respaldo implícito de la CIDH a una fiscal que se mantiene en el cargo tras negarse a cumplir un mandato legal, avalada luego por una decisión judicial, genera serias dudas sobre la coherencia del organismo de Derechos Humanos, que no condena la desobediencia de Espinoza ni su instrumentalización del Ministerio Público; por el contrario, se minimiza su impacto y se enfoca el reproche en una decisión que ya había sido invalidada por la justicia ordinaria.

¿Desde cuándo defender la autonomía institucional significa ignorar el Estado de derecho? La CIDH, que debería velar por los derechos humanos y la legalidad, se posiciona en un debate judicial y político interno como si tuviera mandato para intervenir, vulnerando así el principio de no injerencia.

Sus constantes pronunciamientos selectivos y omisiones calculadas evidencian una preocupante parcialidad que erosiona la legitimidad del propio sistema interamericano. En lugar de fortalecer la institucionalidad en Perú, la CIDH parece decidida a jugar un papel político, avalando conductas que, si provinieran de otras figuras, serían calificadas de antidemocráticas.

¿Cómo creerle a una bancada que en las decisiones más importantes prefirieron votar en abstención? La bancada de Podemos Perú, liderada por el cuestionado congresista José Luna Gálvez, tiene en sus filas a “perro, pericote y gato”, pues esa nómina está compuesta por parlamentarios con severas investigaciones y carpetas fiscales abiertas.

Se quieren presentar como los últimos paladines de la justicia, rechazando abiertamente una hipotética alianza con Dina Boluarte y el Gobierno Central, pero sus anteriores decisiones terminan por desmoronar tal falacia. El plan de Podemos y Luna Gálvez es querer hacer creer al ciudadano que es el bloque opositor del gobierno, para así acumular votos en las futuras elecciones.

Mediante un comunicado, la bancada de Podemos explicó que no respaldará ninguna fórmula para la nueva Mesa Directiva del Congreso. Explican que su decisión obedece a una posición coherente “frente a los graves hechos que viene marcando al actual gobierno y su relación de blindaje por ciertos grupos políticos del Congreso”.

Según ellos, añaden, solo apoyarán a la lista que garantice la independencia del Congreso, deslinde de actos de corrupción que involucren al entorno de la presidenta y rechace cualquier intento de intercambio de favores o reparto de cargos públicos. ¿Les creemos?

“Podemos Perú no permitirá que el Congreso se convierta en una extensión del Gobierno ni en un refugio de impunidad. El Perú no soporta más arreglos bajo la mesa ni componendas que solo profundizan la desconfianza ciudadana”, enfatizó la agrupación en el documento.

Cabe recordar que el pasado martes la bancada de Renovación Popular también había anunciado su decisión de no integrar la nueva Mesa Directiva 2025 -2026. Por su parte, Alianza para el Progreso (APP), de César Acuña, mencionó que no tiene en mente presentarse para la nueva conformación. En tanto, la bancada de Somos Perú suena como la más voceada para obtener la presidencia. A ellos se sumarían APP y Fuerza Popular para completar la mesa.

Memorex:

En el pasado voto de confianza al gabinete Arana, ocho de los catorce miembros de Podemos Perú votaron en abstención, pese a que se trataba de un gabinete reciclado y con más dudas que certezas. Así se presentan como los grandes opositores de Boluarte.

El Consejo de Ministros aprobó este miércoles la solicitud de extradición del exjuez Iván Noguera, quien fue detenido en Italia en abril y es requerido por la justicia peruana por su implicancia directa en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. El exintegrante del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se encuentra prófugo tras haber burlado la comparecencia restringida que se le impuso inicialmente, luego de que la Fiscalía le autorizara en el mes de noviembre un viaje a Argentina del cual jamás regresó.

Noguera, autodenominado “Dr. Rock” por su afición musical, fue una figura clave en el escándalo de los CNM Audios, revelado en 2018. Junto a personajes como el también prófugo César Hinostroza y el hoy preso Walter Ríos, protagonizó una de las tramas de corrupción más escandalosas del país, donde se pactaban nombramientos judiciales, favores políticos y sentencias al mejor postor. Su supuesta «prestigiosa» trayectoria fue aplaudida públicamente por cuestionados personajes de la televisión, como Andrés Hurtado “Chibolín”, quien lo llamó “maravilloso y gran amigo” en su programa, evidenciando los peligrosos vínculos entre el poder judicial y el espectáculo.

El pedido de extradición aprobado por el Ejecutivo y tramitado por el Poder Judicial es una prueba de fuego para la lucha anticorrupción en el país. Traer a Noguera de vuelta sería un paso simbólico y judicial necesario para enfrentar la impunidad que aún persiste en las altas esferas. Pero también pone en evidencia las torpezas del sistema judicial: ¿cómo fue posible que un investigado de su calibre obtuviera permiso para salir del país?

La imagen de Noguera cantando «Regresa ya» se torna irónica. Hoy, lo que el Perú exige es que regrese, pero no al escenario, sino al banquillo de los acusados.

Se van a cumplir dos años y medio desde que Dina Boluarte asumiera como presidenta de la República y desde esa ocasión casi nunca se le ha visto ofreciendo una entrevista a un medio local. Al igual que su antecesor, Boluarte Zegarra, ha optado por tener de voceros a sus distintos ministros, incluidos sus primeros ministros, para que salgan a dar la cara por ella. Para ello, ha considerado escoger a gente de su entorno más confiable y que no sería capaz de darle la contra en ningún momento.

Pese a los constantes cuestionamientos y denuncias públicas, muchos de sus ministros se mantienen hasta la fecha en sus cargos y pasándose a otras carteras; así podemos encontrar a la abogada Leslie Urteaga Peña, quien fue ministra de Cultura desde el 21 de diciembre de 2022 hasta el 3 de setiembre de 2024, para luego retornar como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) el pasado 31 de enero de 2025.

Sobre Urteaga pesan una serie de críticas durante su gestión en el Mincul, sobre todo cuando se reveló un video del año 2019 donde se le ve bailando junto con Richard ‘Swing’, aquel personaje estrechamente vinculado al expresidente Martín Vizcarra y que habría conseguido lucrativos contratos con el Mincul.

Asimismo, también se le reprocha por haber permitido cambios a la Ley del Cine, siendo reprobada por toda la comunidad cinematográfica durante el Festival de Cine de Lima. Ahora, en su papel como titular del Midis, pesa sobre ella su poca participación por recomponer lo que fuera Qali Warma.

Otro de los ministros inamovibles es César Vásquez Sánchez, responsable del Ministerio de Salud (Minsa), quien está al frente de dicho ministerio desde el 19 de junio de 2023; convirtiéndolo en el más longevo de los ministros de Boluarte. Recientemente acaba de cumplir dos años en su cargo.

Vázquez, quien reemplazara a Rosa Gutiérrez, tiene un ‘rosario’ de denuncias’, pasando por la calificación de enfermedades mentales al travestismo y la transexualidad, denuncias por nepotismo, una severa crisis sanitaria o cómo olvidar el caso del suero fisiológico. Increíblemente, ha sabido esquivar todos los dedos que apuntan hacia su responsabilidad.

El tercer ministro incondicional de la chalhunaquina es el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción al Empleo (MTPE), Daniel Maurate, quien está en ese portafolio desde el 6 de setiembre de 2023, próximo también a cumplir dos años en su puesto. Pareciera que la mandataria le tiene cierto afecto y confianza pues previamente fue ministro de Justicia el pasado 23 de abril de 2023.

Ocho ministros del Interior en lo que va de la gestión de Boluarte

Una ‘papa caliente’, sin lugar a dudas, es el Ministerio del Interior (Mininter) por obvias razones. La jefa de Estado poco o nada ha hecho por combatir la delincuencia común y las extorsiones y los primeros que salen en ofrecer su cabeza en bandeja de plata son los titulares del Mininter. Es por ello la poca permanencia de muchos de sus ministros en ese portafolio, durando algunos de ellos cuestión de días que fácilmente pueden ser contados con los dedos de la mano.

Para empezar, César Cervantes se mantuvo solo 11 días; le siguió Víctor Rojas, durando 23 días. Vicente Romero fue el tercero de la lista, quedándose 10 meses para luego ser sucedido por Víctor Torres. Luego, Walter Ortiz duró 45 días y fue sustituido por el apático Juan José Santiváñez, quedándose al lado de la mandataria por 10 meses. Julio Díaz pasó sin pena ni gloria y finalmente el Mininter está al cargo de Carlos Malaver desde el 13 de mayo de 2025.

Los otros ‘escuderos’

De tanto en tanto los demás ministros se van alternando en salir a defender a la jefa de Estado, tratando así de justificar de cierta manera su permanencia en sus instituciones.

Walter Astudillo está en el Ministerio de Defensa desde el 13 de febrero de 2024.

Raúl Pérez-Reyes es el encargado del Ministerio de Economía y Finanzas desde el 13 de mayo de 2025. Previamente, fue ministro de Producción en enero de 2024 y posteriormente de Transporte en setiembre del mismo año.

Juan Alcántara Medrano se desempeña como ministro de Justicia desde el 14 de mayo de 2025, mientras que un día antes César Sandoval tomó las riendas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El 1 de abril del año pasado juramentaron Morgan Quero, Sergio González Guerrero, y Ángel Manero Campos en los ministerios de Educación, Producción y Desarrollo Agrario, respectivamente.

En tanto, el 3 de setiembre de 2024 juramentaron Úrsula León Chempén y Durich Whittembury Talledo y Fabricio Valencia en los ministerios de Comercio Exterior, Vivienda y Cultura respectivamente.

El 30 de noviembre de 2024 asumiría Jorge Montero en el Ministerio de Energía y Minas (Minem), mientras que Fanny Montellanos Carbajal se convertiría en ministra de la Mujer el pasado 31 de enero del año en curso.

Por más mociones de censura e interpelaciones pocas fueron las veces en que verdaderamente el Congreso intentó incomodar a la presidenta Boluarte y ella, consciente de eso, ha sabido moverse sin mucho obstáculo siempre acompañada de sus incondicionales

Bienvenidos (no) todos. Atrás quedó el pluralismo, aquella repetida palabra que la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) utilizaba para darse a conocer; y sí, hubo un tiempo donde se abría paso al debate entre dos personas o grupos de pensamiento completamente opuesto, pero gracias al espacio que encontraban en esa universidad se conseguían conocer mejor uno del otro.

Ahora, solo parece que la tan manida pluralidad ha sido trastocada para que un grupo de similar pensamiento pueda tener acceso total al campus, sin que ninguna de las más altas autoridades considere imponerle “ajustes”.

Lo ocurrido recientemente con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, es sumamente preocupante, pues su conferencia titulada ‘Visión y liderazgo: propuestas para el Perú del futuro’ finalmente fue cancelada por la PUCP, aduciéndose, mediante un comunicado, que se les había requerido a los organizadores (la agrupación estudiantil ESSENTIA PUCP) de dicho evento ciertos “ajustes”.

“Se les requirió ajustes para que este se realizara de acuerdo con criterios académicos y de mutuo respeto”, se lee en el comunicado de la PUCP.

Líneas más abajo, añadieron que dichos “ajustes no fueron cumplidos por los organizadores dentro del plazo establecido”. ¿Qué quiere decir con “ajustes” y criterios académicos”? ¿No será otra cosa que una mera imposición ideológica de bloquear todo lo contrario a su pensamiento?

El alcalde de Lima tiene todos los defectos en su rol como figura política, y desde Lima Gris se le ha cuestionado en más de una ocasión, pero habría que ser mezquinos en no reconocer que algo bueno hizo como empresario desde la esfera privada y es por ello que precisamente iba a acudir hoy por la tarde como ponente.

Tal parece que la PUCP ha confundido el rol de alcalde con el de empresario y se ha adelantado a emitir un juicio sin que haya ocurrido el hecho. Es cierto, existía la posibilidad de que el popular ‘Porky’ hubiese utilizado ese espacio para hacer proselitismo, pero no se puede condenar a alguien por un delito que no ha cometido.

Lo que también llama la atención es que dicha universidad, pluralista solo de palabra, no encuentre muchos impedimentos para que figuras vinculadas al pensamiento WOKE, progresistas, feministas pro aborto, realicen conversatorios o conferencias en el campus estudiantil.

A propósito de ello, hace unos días la Asamblea de Estudiantes de Sociología PUCP (AES) rechazó abiertamente la participación de López Aliaga, al cual le recordaron sus discursos de odio contra la comunidad LGBTIQ+.

“Consideramos inaceptable que se otorgue un espacio institucional a una figura política que representa posturas autoritarias, ultraconservadoras abiertamente contrarias a los derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres, de las personas LGTBIQ+ y de sectores históricamente vulnerados. López Aliaga ha promovido discursos de odio, ha relativizado principios democráticos y ha impulsado prácticas de censura incompatibles con una sociedad plural y respetuosa”, se llega a leer en su pronunciamiento.

Se diera a entender que la figura de López Aliaga no es bien recibida dentro de la PUCP por su completa oposición al movimiento LGBTIQ+ y quizás esa haya sido la verdadera razón de su exclusión para hoy en el campus universitario, quienes, por cierto, están más preocupados en el Mes del Orgullo que en escucharlo.

En los últimos días, varios medios han reportado que la presidenta Dina Boluarte estaría preparando un programa dominical titulado “Cada domingo a las 8 p.m.”, que sería transmitido por TV Perú. La noticia causó tal revuelo que generó reacciones en el Congreso: parlamentarios expresaron opiniones a favor y en contra, y hasta el canciller Elmer Schialer salió en defensa de la supuesta propuesta televisiva.

Pero ¿de dónde surgió esta historia? La “primicia” fue lanzada por el dominical Panorama el domingo 22 de junio, en un breve informe titulado “Dina querría su programa dominical”. La conductora, Carla Muschi, mencionó la reciente renuncia de Ninoska Chandía como jefa institucional del IRTP y aseguró que, tras su salida, se escondía un proyecto en marcha: un programa dominical para la presidenta, que incluso ya tendría nombre, presentación y horario.

Muschi presentó una cuña de lo que supuestamente sería un programa de entrevistas encabezado por Dina Boluarte. Incluso señaló que Luis Vivanco Aldon, presunto sucesor de Chandía, tendría como misión sacar adelante el espacio presidencial apenas asuma la dirección del IRTP.

Lo que Panorama no contó

Desde la salida de Ninoska Chandía del IRTP, el ambiente dentro de la sede de Santa Beatriz ha estado tenso. Al interior, muchos sospechan que todo este escándalo ha sido armado para desacreditar al posible nuevo jefe institucional: Luis Vivanco. La idea del programa, en realidad, no es nueva. Según información a la que tuvimos acceso, la propuesta fue presentada por Vivanco en 2024, cuando era gerente general del IRTP. Sin embargo, esta idea fue rechazada por el comité de gerentes y jamás llegó a implementarse.

La versión más preocupante es que la cuña difundida por Panorama habría sido filtrada por la propia Ninoska Chandía, en coordinación con su incondicional jefe de prensa, Roberto Wong. Ambos habrían recuperado del archivo la antigua propuesta borrador de Vivanco y la habrían usado para fabricar una historia que nunca se concretó: que la presidenta pronto tendría su propio programa televisivo, al estilo Maduro o Chávez.

Consejo Directivo eliminado

En tiempos de Vivanco Aldon, las decisiones importantes pasaban por el Consejo Directivo del IRTP. Pero Ninoska Chandía, al reformar el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y rediseñar el organigrama, eliminó ese consejo, centralizando todo el poder en la jefatura institucional. Es decir, desde su salida, solo el jefe decide sin consultar a nadie.

Por eso, cuando la propuesta de Vivanco Aldon fue rechazada, aún existía un proceso institucional de deliberación. Hoy, esa estructura ha sido desmantelada.

Luis Vivanco y Ninoska Chandía cuando trabajaban juntos.

El triángulo detrás del escándalo

La historia de esta supuesta “primicia” no termina en la cuña. Panorama le habría seguido el juego a Chandía y Wong, y el apoyo lo habría brindado Karla Ramírez, actual jefa de la unidad de investigación del programa. La periodista Ramírez no es ajena al círculo del IRTP: fue subordinada de Roberto Wong y trabajó con él y con la entonces productora Nancy Morán —otra persona de confianza de Wong— en el programa ‘Aliados por la Seguridad’, una producción exigida por el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, durante el gobierno de Ollanta Humala.

Nancy Morán, por cierto, fue colocada por Wong en ‘Radio Nacional’ como subdirectora de contenidos periodísticos con un sueldo de alrededor de 10 mil soles, pese a no tener experiencia en periodismo radial. Este mismo grupo ahora estaría detrás de la campaña oscura contra Vivanco.

La lógica es clara: al presentar esta “denuncia” televisiva, se busca frustrar la llegada de Vivanco al IRTP. Así, se protege a quienes actualmente manejan las decisiones y se mantiene el control interno del canal estatal. Es decir, es una lucha por el poder.

El viejo conflicto personal

El trasfondo del asunto es también personal. En su época como gerente general, Luis Vivanco habría tenido un altercado acalorado con Wong, a quien llamó telefónicamente para recriminarle por supuesta ineptitud. La discusión fue subida de tono y Wong presentó su renuncia. Poco después, Ninoska Chandía despidió a Vivanco, pero mantuvo en el cargo a su protegido Roberto Wong. Desde entonces, ambos parecen haber operado en tándem.

Ahora, con la posibilidad de que Vivanco regrese, el grupo habría actuado para evitarlo, filtrando un contenido de los borradores del archivo, fuera de contexto, como si se tratara de un plan actual y oficial. Aquí se habría fabricado un muñeco con la única finalidad de bloquear la llegada de Vivanco al IRTP.

¿Una investigación malintencionada?

El reportaje de Panorama se basó en una promoción grabada en enero del año pasado, cuando aún existía un Consejo Directivo. Eso no fue mencionado por Panorama. Dicha grabación nunca fue difundida ni aprobada. Fue simplemente un insumo descartado. Y presentarla hoy como parte de un supuesto lanzamiento inminente resulta engañoso.

Más aún, se emitió sin verificar el contexto real. No existe resolución alguna que nombre a Luis Vivanco como jefe institucional del IRTP. Tampoco hay evidencia concreta de que Dina Boluarte tenga planificado un programa dominical. Solo existe una cuña antigua, una idea archivada y mucha especulación.

¿Periodismo o campaña de sabotaje?

¿Por qué un programa dominical publicaría un informe que no se ajusta a la realidad? La respuesta parece clara: con este reportaje, Panorama cumpliría dos objetivos. Primero, obstaculizar el regreso de Vivanco. Segundo, reforzar su línea crítica contra el gobierno. Pero en ese proceso, sacrifica la ética periodística y contribuye a difundir información falsa.

El periodismo, por definición, busca contar la verdad. Pero cuando se convierte en instrumento de intereses personales, pierde su legitimidad. Y aquí no solo se ha construido un informe impreciso, sino que se ha lanzado una acusación contra alguien que ni siquiera ha sido nombrado oficialmente.

Tampoco es menos cierto que Lima Gris mantiene una postura muy crítica frente a la gestión presidencial de Dina Boluarte. Pero esa crítica debe basarse en hechos verificados, no en conjeturas, ni operaciones internas de venganza. De lo contrario, se cae en el mismo juego de manipulación que se pretende denunciar.

El verdadero problema es cómo se fabricó esta narrativa. Cómo se trianguló la supuesta existencia de un ‘programa presidencial’ a partir de una propuesta antigua, nunca aprobada, que fue desenterrada por personas con intereses personales. Y cómo un medio televisivo nacional le dio tribuna sin el más mínimo rigor.

Si algo queda claro tras este episodio, es que se ha montado un escándalo mediático sin sustento. Una supuesta primicia que nació de la manipulación de archivos internos, presentada como actualidad, y que termina dañando no solo a una persona, sino a la credibilidad de los medios.

La ciudadanía merece un periodismo responsable, que no se preste a vendettas internas, ni contribuya a la desinformación. Solo así podremos fiscalizar con legitimidad a un gobierno que, como sabemos, tiene muchas cuentas pendientes.

Prohibido hablar. Un recordatorio enviado por el Oficial Mayor del Congreso de la República, Giovanni Forno, hace recordar a todos los trabajadores de esa institución que se encuentra terminantemente prohibido realizar declaraciones públicas sobre los asuntos legislativo o vinculados a los congresistas sin contar con una autorización expresa. En el documento se advierte que el incumplimiento de esta norma podría derivar en sanciones administrativas disciplinarias.

Esta disposición, basada en el artículo 89 del Reglamento Interno de Trabajo del Congreso, ha generado críticas por su posible impacto en la libertad de expresión y en los derechos laborales de los empleados del Parlamento. El comunicado fue remitido el 23 de junio a distintas unidades administrativas y parlamentarias. 

El documento recuerda que los trabajadores del Congreso tienen la obligación de guardar reserva sobre cualquier asunto institucional.

De acuerdo con el reglamento, está prohibido hacer declaraciones a la prensa o por medios públicos sin contar con autorización expresa de las “autoridades respectivas”. 

Aunque se trata de una norma vigente, la reiteración de su cumplimiento ha generado preocupación, pues podría interpretarse como una forma de silenciar denuncias legítimas sobre condiciones laborales, presuntos actos de corrupción o situaciones irregulares que ocurran en el ámbito parlamentario. 

Además, no se aclara quiénes son exactamente las “autoridades respectivas” que deben autorizar una eventual declaración, lo que podría generar vacíos y discrecionalidades en la aplicación de esta medida. 

El comunicado fue enviado a dependencias clave como la Dirección General de Administración, la Dirección General Parlamentaria y todas las oficinas bajo la Oficina Mayor. También se dirigió a la Unidad Ejecutora 001767, encargada de temas como la bicameralidad.