Entrenamiento de alta intensidad. Al menos 300 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) recibirán capacitación y entrenamiento por el gobierno de los Estados Unidos (EE. UU). El objetivo es que este grupo policial pueda enfrentar de manera más eficaz a las organizaciones criminales extranjeras que operan en el país.

La División de Investigaciones Transnacionales (TCIU, por sus siglas en inglés) constituye una nueva unidad integrada por policías peruanos. Estos serán entrenados por agentes de Homeland Security Investigations, quienes poseen información valiosa y capacidades especializadas para enfrentar a grupos delictivos transnacionales.

Dichos agentes estadounidenses se encargarán de preparar, asesorar y brindar asistencia técnica a esta recién formada división de la policía peruana gracias a un convenio bilateral vigente entre EE.UU. y Perú.

Solo los mejores podrán formar parte de la nueva división

La institución policial del Perú será la encargada de crear la nueva división especializada en investigaciones transnacionales. Para ello, reclutará a sus mejores suboficiales y oficiales, quienes deberán cumplir una serie de requisitos que ha mencionado el exviceministro del interior, Ricardo Valdés:

• Poseer un alto nivel de entrenamiento y valor ético
• Tener una impecable hoja de servicios
• Aceptar de forma voluntaria su participación y traslado a esta división
• Superar pruebas de polígrafo

Los agentes seleccionados para integrar este grupo especializado provendrán de al menos 10 unidades diferentes de la PNP. Su formación responde a la necesidad de investigar no sólo los crímenes en sí sino también las redes de financiamiento y distribución que se extienden fuera de las fronteras nacionales, conectando con organizaciones criminales en otros países como Venezuela y Ecuador.

De acuerdo a lo señalado por el exviceministro, la TCIU se centrará en las economías criminales con conexiones internacionales, las cuales generan aproximadamente 9800 millones de dólares al año en el Perú. Algunas de estas son: el narcotráfico, la tala ilegal de madera, la minería ilegal de oro y la trata de personas, entre otras.

“Es una iniciativa que hace bien, porque hay que investigar no solo el hecho en sí, sino las conexiones que se establecen con el financiamiento que, en algunos casos, proviene del exterior, o con la venta, si es una organización criminal como el Tren de Aragua. Sabemos que ese dinero, obviamente, se va a Venezuela o a otras partes; lo mismo sucede en el caso de los Choneros de Ecuador, organizaciones que están relacionadas con las ex-FARC de Colombia”, señaló Ricardo Valdés para Panamericana Noticias.

Se creen los dueños de las pistas y avenidas. Una investigación de Latina puso al descubierto que cada siete minutos un vehículo oficial del Estado ingresa indebidamente al carril exclusivo del Metropolitano, abusando de ciertas prerrogativas que se les da solo a algunos altos funcionarios del Gobierno.

En efecto, de acuerdo a la Ley N.º 27200 los únicos autorizados para transitar por el carril del Metropolitano, solo cuando amerite la situación, son la presidenta de la República, el titular del Congreso, y el presidente de la Corte Suprema; así como las ambulancias, autobombas, patrulleros, entre otros, cuando les toque atender una emergencia.

“Incurren en la infracción G-16, que tienen como sanción una multa del 8% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que este año resulta siendo 404 soles”, manifestó para el referido medio Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar Perú.

La investigación periodística también mencionó que las autoridades hacen uso de su poder para que la Policía Nacional, a través de efectivos motorizados conocidos como ‘liebres’, cierre el tránsito de una vía pública para darle prioridad al vehículo en que se encuentran.

“En este caso, se activa un protocolo de seguridad, pero la normativa de tránsito no contempla ni un tratamiento especial para este tipo de funcionarios”, indicó el exjefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, coronel PNP (r) Franklin Barreto.

En tanto, el extitular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Basombrío Iglesias, manifestó que “ética y políticamente es absolutamente inviable” que funcionarios públicos realicen dicha actividad.

Nueva jefa de Tránsito da ultimátum a malas autoridades que invaden los carriles exclusivos

En tanto, la nueva jefa de Tránsito de la PNP, Shirley Asto Vargas, aseveró que rechaza esta forma de proceder y advirtió que todo aquel que transite por los carriles exclusivos del Metropolitano recibirá su multa respectiva.

“La Policía Nacional está para hacer cumplir las normas de tránsito a aquellos conductores que están infringiendo. Obviamente, estamos sancionándolos como corresponde. Las autoridades ya tienen conocimiento de que no deben utilizar esas vías (carriles del Metropolitano), es por eso que la Policía de Tránsito los está sancionando. Ya la PNP ha accionado implacablemente con respecto a las infracciones que estos conductores cometen”, indicó Asto a Latina Noticias.

“Las comitivas saben muy bien que no pueden ingresar a estas vías, salvo sea una situación de emergencia. Lamentablemente, hablar de tránsito es un problema social, mundial, y no solamente es responsabilidad de la Policía de Tránsito, sino también de otras autoridades, de los cuales estamos articulando para poder mejorar lo que respecta a este déficit de tema de tránsito vehicular”, agregó.

El alto precio de una jaloneada de cabello a la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho. En menos de 48 horas se ha puesto de cabeza a la Policía Nacional del Perú (PNP), luego del incidente contra la mandataria, realizándose retiros en sus más altas esferas.

De acuerdo a fuentes del diario El Comercio, el general PNP Jorge Angulo se reunió esta mañana con la mandataria en Palacio de Gobierno. Tras esa cita, la jefa de Estado ordenó su relevo. Este fue oficializado por la tarde en el boletín de normas legales de “El Peruano”.

En la Resolución Suprema N°019-2024-IN, que da por concluida la designación de Angulo al frente de la Policía, el Ejecutivo remarcó que tras la evaluación de los estados de emergencia decretados en diferentes distritos del país, “se concluye que no han logrado disminuir la criminalidad”.

En el documento también se subraya que “se han evidenciado negligencias muy graves en el control y comando de la institución policial por el actual Comandante General de la Policía Nacional del Perú, las cuales constituirían incompatibilidad y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”. Por ello, el gobierno dio por concluida el nombramiento de Angulo.

Tras su retiro se designó al teniente general PNP Víctor Zanabria como Comandante General de la Policía.

Óscar Arriola pasa a ser el nuevo Jefe del Estado Mayor de la PNP

En tanto, el Teniente General Óscar Manuel Arriola Delgado ha sido designado como el nuevo Jefe del Estado Mayor General. “«Designar al Teniente General de la Policía Nacional del Perú, Óscar Manuel Arriola Delgado, al cargo de Jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú”, se lee en la publicación del Diario Oficial El Peruano.

Arriola, quien fuera jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) y también de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), ingresa por Carlos Chong Campana.

Estos cambios ya eran de esperarse, pues el propio jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, ya había adelantado que el Ejecutivo evaluaba la salida de Angulo de la comandancia general de la Policía, porque “hay responsabilidades, aquí hubo un descuido, ese relajo en la seguridad [de la presidenta] no puede volver a ocurrir”.

Su apellido era Soncco Quispe, así como miles de humilde peruanos que salen a luchar día a día para llevar un pan a sus hogares, y a sus 29 años de edad la enardecida turba, enceguecida por el odio irracional, no supo discernir entre el bien y el mal, quitándole la vida de una manera horrenda a uno de sus paisanos.

Durante la mañana de hoy aún existía la incredulidad de la muerte tan atroz hacia un ser humano que solo iba a cumplir su trabajo, sin embargo es la misma Policía Nacional del Perú (PNP) quien ha confirmado el deceso del suboficial de segunda PNP, José Luis Soncco Quispe, a manos de manifestantes que desataron toda su ira calcinándolo.

El hallazgo del cadáver se confirmó este martes. En imágenes difundidas en redes sociales se puede ver el cuerpo sin vida del oficial junto al patrullero calcinado. La confirmación de la muerte la dio el Instituto de Defensa Legal Policial. “Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de quien en vida fue S2. PNP José Luis Soncco Quispe, un valiente policía incinerado por delincuentes terroristas en Juliaca”, escribieron.

El hecho fue narrado por el suboficial de tercera PNP, Ronald Villasante Toque, quien era el encargado de manejar el vehículo donde falleció Soncco Quispe. El agente logró comunicarse con sus compañeros y escapar antes de ser alcanzado por la turba. Luego de cometer el ataque, los manifestantes se apropiaron de dos pistolas (Pietro Beretta) y de un fusil AKM.

“(Ronald Villasante) indica que fueron retenidos y agredidos físicamente por unos 350 manifestantes, desconociendo cuál es la situación de Soncco”, precisaba en un inicio el parte policial remitido a la macro región policial.

El efectivo policial fue acorralado por los manifestantes junto a otro agente. Soncco fue el único que no pudo escapar, mientras que su compañero, Villasante, fue internado en la Clínica Americana de Juliaca con heridas en la cabeza.

Por su parte, la Policía Nacional se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales. “Lamentamos el sensible fallecimiento del S2 PNP José Luis Soncco Quispe. Hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares y amigos más cercanos. ¡Descansa en paz, hermano policía!”, fue lo que escribieron en redes sociales.

Basta de manoseo a la Policía por parte del presidente Pedro Castillo y de cualquier otro jefe de Estado. El Congreso de la República aprobó por insistencia la autógrafa observada por el presidente Castillo, que establece que el comandante general de la Policía Nacional (PNP) ejerza su cargo durante dos años, con el fin de generar estabilidad y que pueda proyectar estrategias y acciones para combatir la inseguridad ciudadana.

La norma aprobada este jueves 1 de setiembre se sustenta en los proyectos de ley 614, 946 y 1036, la misma que modifica los artículos 8 y 18 del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.

«La insistencia de la ley justamente para evitar de que haya este manoseo en los últimos tres gobiernos. Con esta ley se evita el manoseo, le va a dar estabilidad a los comandantes generales para que estén dos años nombrados. Hoy día se aprueba la autógrafa y el presidente ya no puede hacer nada, sino debe publicar mañana o pasado mañana y ya queda cerrado el manoseo de los comandantes generales», explicó el congresista José Cueto en declaraciones a la prensa.

Como se recuerda, el dictamen fue aprobado por el Pleno del Congreso el pasado 2 de junio y fue observado por el Poder Ejecutivo el 8 de julio. Obtuvo 82 votos a favor, 25 en contra y 7 abstenciones.

El titular de la Comisión de Defensa Nacional, José Williams (Avanza País), señaló que la norma contiene dos partes, una sobre asuntos de criminalística, y otra por el periodo que asumen los comandantes generales de la PNP, por dos años, al igual que los comandantes generales de las Fuerzas Armadas.

Lo que se busca, manifestó, es que se le permita al comandante general de la Policía la continuidad necesaria para la planificación de las acciones que conlleven estrategias y acciones en el mediano plazo, particularmente, en la lucha contra la inseguridad ciudadana y el orden interno.

«El proyecto especifica de que así como el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas nombra al jefe del Comando Conjunto, a los comandantes generales de las FF.AA., nombre al comandante general de la PNP. Lo nombra, lo llama y le dice que usted va a hacer comandante general también esta ley dice que debe convocarlo y decirle que usted se va y le hace conocer por escrito las razones», señaló el congresista José Williams.

Seguidamente, respondió a las tres observaciones efectuadas por el Ejecutivo. A saber, que esta iniciativa no vulnera los principios constitucionales de separación de poderes y de competencia; no genera subregulación; y no incluye más causales de cese para el comandante general.

Intervinieron en el debate los congresistas Digna Calle (Podemos Perú), Tania Ramírez (Fuerza Popular), Alfredo Azurín (Somos Perú), Edwin Martínez (Acción Popular), Ruth Luque (Cambio Democrático) y Gladys Echaíz, José Cueto y Alejandro Muñante (todos de Renovación Popular).

Este fin de semana, la Fiscalía especializada en trata de personas, logró que un juez dicte 18 meses de prisión preventiva contra el escritor Manuel Rilo Podestá, por ser el presunto cabecilla de una red criminal de trata de personas. Este personaje estaría implicado en delitos como: proxenetismo, estafa, extorsión, hurto agravado, tráfico de moneda falsa, así como lesiones leves, daño físico y psicológico.

¿Pero quién es este sórdido personaje que parece que fuera sacado de un relato de ficción?

Manuel Rilo Podestá, no solo publicó hace 28 años la novela de realismo urbano “Contra el tráfico”; sino, que también fue librero en el jirón Quilca en sociedad con una conocida poeta y catedrática feminista.

Pero la realidad superó a la ficción, porque este individuo que estudió literatura en la PUCP y que dio cátedras de literatura en la Universidad de Texas, precisamente, se doctoró con el trabajo titulado: “De brocas y tracas. Nación, homosexualidad, normalidad y travestismo en la literatura y la cultura popular mediática peruana del siglo XX”. Es decir, conocía muy bien el mundo de la prostitución y las noches bohemias del Centro de Lima, y quien según la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encargaba de captar jovencitas de distintas nacionalidades para primero encerrarlas y tatuarlas como si fueran parte de su ganado, para luego prostituirlas en las calles de la capital.

Rilo Podestá además es socio de la Cámara Peruana del Libro y durante varios años participó como expositor en la Feria Internacional del Libro de Lima, que justamente se inaugurará en las próximas semanas. 

Él vivía con cuatro mujeres en su domicilio de Jr. Puno, y allí también funcionaba su empresa editora de libros Amelie E.I.R.L., con número RUC 20537124793, y que como socia de la Cámara Peruana del Libro (CPL), también se encarga de organizar la Feria Internacional.

Sorprende que en la Cámara Peruana del Libro no exista un verdadero filtro para aceptar a los asociados, si tomamos en cuenta que en el artículo 4º de su Reglamento de Admisión, señalan como requisito para incorporarse como asociado activo: “Gozar de prestigio y reconocida reputación moral”, y además “Ser presentado por dos asociados activos”.

El lunes 04 de julio, Lima Gris se comunicó con el Director Cultural de la CPL, Antonio Moretti y nos indicó que ya habían tocado el tema de Manuel Rilo y que ese mismo día a las 7 de la noche el Consejo Directivo se iba a reunir para emitir un pronunciamiento al respecto.

Intentamos comunicarnos con el Presidente de la Cámara Peruana del Libro, Willy del Pozo, pero no obtuvimos respuesta.

El caso de Manuel Rilo no es el único relacionado con mujeres en esta asociación cultural. En el año 2019 un editor y socio de la CPL también fue denunciado por cinco mujeres por violencia sexual y psicológica y en aquella ocasión en la Cámara también guardaron un silencio cómplice.

En vista de la gravedad de los hechos por la captura de un tratante de personas que es asociado a la CPL, nos sorprende que recién ayer por la noche hayan emitido un comunicado indicando que los derechos de Rilo como asociado ya están suspendidos y eso nos parece sospechoso, porque Rilo Podestá al ser miembro de la Cámara, también tuvo acceso a lugares exclusivos, y sin duda, entre su cartera de clientes estarían personajes acomodados y algunos probablemente ligados a la cultura y la literatura.

Mientras tanto, Manuel Rilo permanece detenido hasta que la investigación fiscal llegue hasta el fondo de este asunto; sin embargo, la Cámara Peruana del Libro deberá responder ¿Quiénes fueron los dos asociados que recomendaron a Rilo para asociarse en su institución?

Los viceministros del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos León Romero y Nicolás Zevallos Trigoso, pertenecientes al despacho de Orden Interno y Seguridad Pública acaban de renunciar a sus cargos por las decisiones tomadas por el ministro del Interior, Juan Carrasco.

Ambos exfuncionarios, consideran que la designación de Grover Mamani en la Dirección General de Gobierno Interior, afecta la institucionalidad del sector, y arguyen que los más de 140 mil miembros de la Policía Nacional merecen su respeto.

“Motiva mi renuncia el tomar conocimiento de decisiones que afectarían seriamente la confianza de la ciudadanía en nuestro sector y en la gloriosa Policía Nacional del Perú (…) así como la pretendida elección del señor Grover Mamani Condori como Director General de la Dirección General de Gobierno Interior”, escribió Carlos León.

Y luego añade que Grover Mamani, “no es apto para el cargo” en el Mininter y consideró su nombramiento como “ilegal”.

“Sobre este último en particular, dicha persona no cumplía con el perfil requerido para el cargo de Director General, de acuerdo a lo contemplado en el Clasificatorio de Cargos del Ministerio del Interior, razón por la cual me niego a aceptar y ser partícipe de dicho nombramiento ilegal”, concluyó.

Vistiendo un jean descolorido, una camisa de franela a cuadros y un gorro negro, el ex Gobernador Regional del Cusco, Jorge Tito Acurio, se apareció la tarde de ayer en las inmediaciones del Palacio de Justicia de la ciudad imperial para ponerse a derecho.

Recientemente la Segunda Sala de Apelaciones de Cusco, cambió su sentencia suspendida a una efectiva, en medio del proceso que se le sigue por la desaparición de ropa de donación el año 2011.

A su arribo al Palacio de Justicia, Acurio Tito declaró rápidamente: “Como siempre ha sido nuestra característica, he venido a ponerme a derecho al palacio de Justicia, ante las instancias correspondientes”.

Sobre la relación de su sentencia con el caso Antonio Lorena mencionó que no tenía nada que ver y que emitirá un pronunciamiento lo más antes posible.

El cusqueño fue hallado culpable en un proceso que data del 2017, cuando se inició la investigación por la desaparición de más de dos toneladas de ropas de abrigo y otros enseres entregados por Aduanas para pobladores damnificados en la provincia cusqueña de La Convención.

Esta donación debía llegar a las manos de los afectados a principios del 2011, pero esto nunca habría pasado, según las autoridades, y el cargamento no llegó a los almacenes de Defensa Civil de Cusco.

Tras el informe del encargado de almacén, la exautoridad de Cusco aceptó que los donativos no se llegaron a internar, señalando que él mismo los llevó a la zona de desastre y que sí se entregaron a las personas necesitadas en Vilcabamba.

Para sostener su teoría, Acurio Tito presentó una lista de beneficiarios y grabaciones en vídeo sobre la entrega, sin embargo el peritaje demostró que estos registros se habían dado un 24 de marzo del 2011, un día antes de la entrega de los donativos (25 de marzo), además lo entregado no correspondería a las características de lo donado por Aduanas.

Ex Gobernador y el caso del Hotel Belmond de Cusco

Asimismo, Lima Gris también informó el 15 de julio sobre las irregularidades que se venían realizando entre el Hotel Belmond del cusco y el ex gobernador Acurio, existiendo una denuncia por haber realizado una ampliación ilícita de contrato por 10 años mediante una adenda que fue firmada el 27 diciembre del 2013 por Acurio Tito. Tal como se comentaba en esa fecha, también viene siendo investigada porque se habría hecho uso indebido del agua del canal Inca que va a las fuentes de Machu Picchu. Según la denuncia, el agua habría sido desviada desde Inti Punku levantando el Camino Inca y colocando un tubo hasta el hotel. Se presume que parte de esa agua es tratada para el consumo del hotel y la otra es utilizada para los servicios higiénicos.  Es decir, se habría realizado el contrato sobre un bien patrimonial cultural.