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Opinión

Macroconsult omite mencionar al Partido Cívico OBRAS (¿discriminación o bullying?)

Todo el equipo de Macroconsult tuvo dos meses desde el 15 de julio al 16 de setiembre para enterarse de que existe y está inscrito el Partido Cívico OBRAS en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, siendo, por tanto, una institución partidaria formal y con personería jurídica que le garantiza todos sus derechos.

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Por: Rafael Romero.

Los peruanos y sus instituciones tienen que elevar el nivel del debate y no jugar sucio, porque cuando no hay “fair play” quien gana es la corrupción y la mentira. ¿Cómo se juega sucio? Con árbitros comprados, cuando se pone “la pelota cuadrada” sobre el gramado y cuando se inclina la cancha para favorecer a unos y robarles el partido a otros.

Por eso, a diferencia de otros procesos políticos y electorales de la historia reciente del Perú, hoy no caben más los viejos trucos del fujimontesinismo, como la compra de conciencias, de militares, empresarios y medios de comunicación, como tampoco cabe el silenciamiento, la intolerancia, la censura, la autocensura, la discriminación, el bullying o la muerte civil.

Usar el veto en la política es un acto cobarde. Ese veto ha existido el siglo pasado. Por ejemplo, apareció por varias décadas una censura perversa contra Víctor Raúl Haya de la Torre.

En este contexto histórico, sucede que el pasado 28 de septiembre fue publicado el informe de Macroconsult, titulado “Panorama y Perspectivas Económicas 2024 – 2025”, donde su principal directivo, Elmer Cuba, omite el nombre y logo del Partido Cívico OBRAS en dos de los ítems de este documento, pese a que dice usar información oficial y actualizada al 16 de setiembre del 2024.

Por tanto, no es lógico ni admisible que, al poner en lista a los partidos políticos en el Perú, tanto inscritos como en proceso de inscripción, Macroconsult y Elmer Cuba hayan discriminado en dicho informe económico y político el nombre y logo del PCO, dado que este sí tiene registro oficial de inscripción con fecha 15 de julio del 2024.

De manera que todo el equipo de Macroconsult tuvo dos meses desde el 15 de julio al 16 de setiembre para enterarse de que existe y está inscrito el Partido Cívico OBRAS en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, siendo, por tanto, una institución partidaria formal y con personería jurídica que le garantiza todos sus derechos.

De modo que, si resulta oficial la inscripción y existencia del PCO, entonces ¿cuál fue la razón, la orden o la intención, para discriminar su nombre y logo en la lista de los partidos políticos del Perú registrados? Siendo más grave aún el hecho de que no se trataría de una omisión casual puesto que el referido informe de Macroconsult tampoco consigna al PCO en la lista de partidos que están en trámite de inscripción.

En otras palabras, por angas o por mangas, esa entidad de consultoría omitió referirse al PCO y eso no es nada democrático, nada responsable ni serio, para los directivos de una consultora antigua y afamada, como Elmer Cuba y Drago Kisic. ¿O deberíamos de creer que erraron en la información oficial que usaron respecto del partido fundado por el periodista Ricardo Belmont en 1989, que fue alcalde de Lima dos veces; que fue candidato a la presidencia en 1995 y se enfrentó al dúo Fujimori-Montesinos; que fue congresista de la República; y que protagonizó tanta obra pública, social y deportiva, en los últimos 52 años en el país, desde Habla el Pueblo, el boxeo, Red Bicolor de Comunicaciones (Canal 11) y la Teletón?

Además, esa omisión resulta un agravio a los 50 mil militantes del PCO y a una enorme colectividad de simpatizantes que a diario se viene sumando al ideario, doctrina y filosofía humanista de Ricardo Belmont.

Por tanto, sería mejor para la democracia y la institucionalidad en el país que cualquier discriminación o bullying sea erradicado para no atentar contra un proceso electoral inminente y de cara la 2026, máxime cuando Macroconsult promociona en su página web que “es un socio estratégico” de las instituciones de negocios en el Perú y el extranjero; o cuando señala que tiene “especialistas comprometidos en brindar asesorías del más alto nivel”; y cuando su lema dice que hace un “análisis de calidad para tomar decisiones oportunas”.

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Idas y venidas del ministro de Cultura

Fabricio Valencia Gibaja no tiene poder de decisión en el MINCUL. Todo es digitado desde Palacio.

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No han transcurrido ni treinta días desde que el ministro Fabricio Valencia Gibaja asumió la cartera de Cultura y sus decisiones ya están dando qué hablar. Cuando la exministra Leslie Urteaga dejó el sector tras haberlo socavado durante 21 meses, todos pensábamos que el abogado cusqueño y experto en patrimonio cultural reformularía y pondría ‘orden en la casa’. Sin embargo, al parecer han primado las presiones desde Palacio de Gobierno y no cabe duda que por lo general, las órdenes provienen de allí.

Los que seguimos de cerca la dinámica del Ministerio de Cultura supusimos que Valencia Gibaja tomaría como primera medida separar a los malos funcionarios que Urteaga Peña introdujo; sin embargo, en lugar de ordenar una “poda”, apenas removió a tres de ellos y ha dejado a un ramillete de servidores provenientes de Indecopi y Sunedu y que nada tienen que ver con cultura, porque son expertos en “derechos del consumidor” y “grados y títulos”. 

Lo más desatinado de la gestión de Valencia Gibaja es haber designado al cuestionadísimo Régulo Franco en el cargo de director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC), pese a que un día anterior el ministro sostuvo una reunión con los trabajadores del sindicato SITRACAS de Cusco, comprometiéndose a no nombrar a personajes cuestionados o con investigaciones por presunta corrupción; sin embargo, eso no sucedió.

Asimismo, designó a Gina Florencia Montecinos Atao, en el cargo de Directora en la OGA. Ella está investigada por Fiscalía por presunta Colusión y Negociación Incompatible en agravio del Estado, porque habría modificado e incorporado adendas de modificación, trasgrediendo así la Ley de Contrataciones del Estado, al haber realizado un pago indebido a un contratista cuando se desempeñaba como Coordinadora de Adquisiciones del SENAMHI.

Ahora bien, tras haber transcurrido una semana de la designación de Régulo Franco en Cusco, el ministro ha reculado y acaba de removerlo del cargo. Valencia Gibaja pudo haberse ahorrado la ‘patinada’, porque antes de nombrarlo fue advertido del video en el que Franco aparece en presunto estado de ebriedad en las instalaciones del Ministerio de Cultura. Esperemos que la separación de este arqueólogo no sirva para reubicarlo en otra área y así despistar a los trabajadores del sindicato de SITRACAS.

(Columna publicada en Diario UNO)

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Moya, otro investigado en la DDC de Cusco

Lee la columna de Edwin Cavello

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El ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja se vuelve a disparar a los pies. El 27 de septiembre pasado designó como director temporal de la Dirección Desconcentrada del Cusco al abogado Jorge Luis Moya Cohaguila, oscuro personaje que se encuentra investigado por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. La investigación se halla en la carpeta fiscal Nº 55-2022.

El caso que investiga el Ministerio Público es por las irregularidades en la adquisición de un terreno para la sede de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Negociación Incompatible, previsto en el artículo 399 del Código Penal.

Recordemos que el abogado Jorge Luis Moya Cohaguila fue persona de confianza de Ricardo Ruiz Caro, exdirector de la DDC de Cusco,  con quien es coinvestigado  por la Fiscalía Anticorrupción del Cusco, por la compra de un terreno a la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A. por la suma de casi S/. 43 millones, realizada el año 2015.

En agosto del 2022, el Tercer Despacho de Investigación de la Fiscalía provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco  acumuló la carpeta fiscal Nº 55-2022 con la carpeta fiscal Nº 33-2022; la cual tiene su origen en la denuncia presentada en febrero del 2022 por la Procuraduría Pública Adjunta de la Contraloría General de la República fundamentada en el informe de auditoría  Nº 30650-2021-CG/SOCC-AC.

Los otros implicados junto a Moya y Ruiz Caro son Omar Karell Baca, Ana Florez Becerra, Gladi Gutiérrez Gayoso, Mónica Mojonero Merma y Ángel Mario Farfán. Estos funcionarios habrían incumplido deliberadamente la normativa de contrataciones del Estado en la compra del terreno a la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.

Otro grave error es la designación de la abogada María Cristina Quispesucso en la Subdirección de la DDC de Cusco. Parece que el ministro ignora que para este cargo se requiere conocimientos en presupuestos, inversiones y administración,  los cuales desconoce una abogada.

¿Qué pasó ministro, no puede hacer un simple filtro a las personas que va a designar?  Si no tiene personal para filtrar, por lo menos usted mismo use algo tan básico como Google.

(Columna publicada en Diario UNO)

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Poeta Nómada

Lee la columna de Julio Barco

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La poesía se revela en el uso de las palabras. En cómo se calibra, se mide, se deposita el gozo y el horror de la existencia en el ritmo sonoro-visual de los signos. José F. A. Oliver escribe: “Dejemos la ortografía en manos de las mov:idas. Como fue en momentos pretérito, el peregrinaje de la palabra sánscrita kerd”. Esta línea, del colofón del libro Andalemania —Antología Poética de 1987-2022, edición bilingüe, con traducción y prólogo del escritor extremeño Mario Martín Gijón, Ed. Libros de la Herida— nos trae a la mesa las reflexiones internas de la poética del autor: deslizamiento de las fronteras y pérdida de la palabra como centro exclusivo del significado. En ese sentido, es un manifiesto de libertad, ya que los límites no solo son lingüísticos sino sensoriales-biográficos. Convoca ritmos tanto alemanes, como españoles, e incluso sudamericanos y finlandeses. En este logos de(construcción) de los sentidos, no prima sino el deseo de que la pal:abra un regalo para el ánimo como también navegue a contracorriente de los vigilantes de la lengua y los alfabestias. Estos ideales expanden su boca/bulario. De ascendencia española, sus padres andaluces migraron a Alemania cuando era una locomotora de Europa. Así, entendemos el origen múltiple de su oído y gusto poético. Gracias a estas fusiones culturales, la poesía de Oliver se alimenta de diversos referentes. Reconstruye a Cervantes, recrea una boda de Cristóbal Colón en Bonn, nos permite atravesar la historia de la migración y el desarraigo. Versa la experiencia de ser un número, un pasaporte. Como Lorca en Nueva York, de su estadía en Lima escribió Vater unser in Lima, el más logrado poemario escrito por un extranjero sobre la capital peruana: “¿por qué mueren los niños 50 por ciento creo que son/ antes de los 5 años? no pasa na no pasa na al fin y al cabo hemos/ conquistado el cielo mil novecientos sesenta y nueve/ Neil Armstrong recitaba por entonces todavía  sobre el viaje de Gagarin”. Por todo lo dicho, estamos frente a un “poeta-nómada” con una sensibilidad cosmopolita que nos devuelve un verbo humanizado en el paladar de las culturas.

(Columna publicada en Diario UNO)

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Opinión

Terrorismo urbano y el Congreso: ¿Una medida populista?

Lee la columna de Edison Mamani

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Por Edison Mamani

Dina Boluarte realiza un innecesario mensaje a la Nación por su pedido de viaje, pero no hace lo mismo por el paro de transportistas a causa de las extorsiones, que sorprendió a Lima y al mismo Premier. Fuerza Popular no había presentado proyectos de ley, pero luego del paro saca un comunicado exigiendo mano dura y pidiendo aprobar las propuestas sobre “terrorismo urbano”. La derecha se une a tal medida, primero desde la mesa directiva y luego desde el Ejecutivo. En la izquierda hay confusión. En el centro se habla de convocar al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, Consejo de Estado o a plenos extraordinarios, pero también de apoyar la mano dura fujimorista. En el sector progresista se pide el cambio del ministro del Interior, la derogación de la norma sobre crimen organizado, deslizando que la medida es populista.

¿Existe liderazgo del Congreso para afrontar esta situación? Antes del paro, Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Congreso, señalaba que el tema del “terrorismo urbano” no había tenido gran acogida en el Congreso, pero luego de la contundencia de la protesta, lo promueve sin mucho rubor. Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, desde Madre de Dios, tratando de ser más preciso y mediático señala que hay un dictamen de 20 proyectos de ley que espera que el pleno lo apruebe el jueves 3 de octubre. De las medidas anunciadas por el Legislativo y Ejecutivo la única novedad es la figura del “terrorismo urbano”.

¿Y el liderazgo de las bancadas? En los momentos difíciles se reconoce el liderazgo y la organización de las bancadas del Congreso. El día del paro, solo se pronunciaron 7 de 13 bancadas, comenzando con Fuerza Popular, y luego Acción Popular, Renovación Popular, Bancada Socialista, Perú Libre, aunque de vocería, Somos Perú y el Bloque Democrático, aunque estas dos últimas de una cuenta de Twitter, pero hay 6 bancadas que no se pronunciaron: Alianza para el Progreso, Avanza País, Bloque Magisterial, Juntos por el Perú, Podemos Perú, y Honor y Democracia.

¿Tiene acogida en el Congreso esta medida? El dictamen de la Comisión de Justicia, a que se refiere Salhuana, habla de 17 proyectos de ley, y por supuesto que ha tenido gran acogida, porque son iniciativas de congresistas de 8 de las 13 bancadas: Juan Burgos (Podemos Perú), Edwin Martínez (Acción Popular), Diego Bazán y Alejandro Cavero (Avanza País), Héctor Valer y Alfredo Azurín (Somos Perú), Esdras Medina (Renovación Popular), Manuel García, María Acuña y Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso), Américo Gonza (Perú Libre) y Katy Ugarte (Bloque Magisterial). Asimismo, dicho dictamen fue aprobado con el voto a favor de la gran mayoría, sin ningún voto en contra, y solo votaron en abstención el sector progresista y una parte de la izquierda: Nieves Limachi (Juntos por el Perú), Pasión Dávila (Bancada Socialista), Heidy Juárez (Podemos Perú) y Ruth Luque (Bloque Democrático). Es decir, la propuesta se aprobaría en el pleno del 3 de octubre, porque la mayoría lo respalda.

¿Es una medida populista? ¿Hay populismo bueno y populismo malo?  Los críticos señalan que crear el delito de “terrorismo urbano” es un acto populista porque las cifras comprueban que nunca hay resultados, sin embargo, parte de este sector ideológico aplaude la creación de la figura también delictiva del “feminicidio”, donde las cifras también comprueban que no hay resultados. ¿Lo primero es populismo malo y lo segundo populismo bueno? ¿Existe un doble rasero? Lo paradójico es que este sector ideológico le echa la culpa al Congreso.

¿Quiénes son los responsables de toda esta situación? ¿Dina Boluarte? ¿Pedro Castillo? ¿Cambiar al ministro del Interior cambiará las cosas? ¿Tiene algo que ver la norma de crimen organizado con esta problemática importada? ¿Por qué seguir buscando un buen pronóstico basándose en un mal diagnóstico? La historia comienza con PPK. La derecha que lo acompañó vendió la narrativa de que Venezuela es una dictadura que estaba al borde del abismo (hasta aquí parece una teoría comprensible), y que no había mayor salvación que sus ciudadanos huyan a países amigos, y el mayor amigo y hermano mayor pues era Perú, la “tierra prometida”, no Estados Unidos ni Europa, era Perú. Aquí comenzaron los problemas. El sector progresista apoyó tal iniciativa y vendió la narrativa de que vengan sin ningún tipo de control (algo que no sucede en ninguna parte del mundo) porque son “refugiados”, y se deben respetar sus derechos humanos. Ambos sectores ideológicos son responsables de que no haya existido ningún fundamento técnico, algo que siempre pregonan, y de que las fronteras sean una coladera. Vizcarra se dio cuenta de ello y lo limitó un poco, pero no lo prohibió. El mismo Alberto Otárola admitió que no hubo nada técnico en este “acto solidario”. Desde el Congreso siempre han estado en contra de este error político de PPK, incluso hay varias iniciativas como la expulsión de extranjeros que cometan delitos o la misma medida del “terrorismo urbano”, pero la falta de formación y experiencia política de los parlamentarios siempre los hacían retroceder, a pesar que tenían el respaldo de la población: miedo a la presión mediática, se llama.

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Opinión

Keiko y Acuña responsables de sostener el gobierno de Dina Boluarte

Para nadie es un secreto que Fuerza Popular y Alianza para el Progreso jugaron en “pared” con el régimen de Boluarte Zegarra y en lugar de ejercer el debido control político y fiscalizar, no solo no han representado a la población; sino que prácticamente se han convertido en una especie de cogobierno.

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El Perú se cae a pedazos, no solo por la incertidumbre económica, sino por la “zona de muerte” que todos tenemos que transitar día a día sin que seamos alcanzados por una bala para llegar sanos y salvos a nuestras casas. Si no son nuestros padres, son nuestros hijos adolescentes, e incluso escolares que por portar un mero celular se les arrebata la vida como si no valiera nada.

Pero no solo es el arrebato, ni el raqueteo. La extorsión ha llegado a niveles tan insospechados que los cupos se imponen a todos: meretrices, mototaxistas, emprendedores, los bodegueros de la esquina, vecinos de condominios que solo por residir en una vivienda también tienen que pagar; los choferes de combis y los ambulantes que se ganan la vida día a día a salto de mata.  Si no pagas te vuelan el portón de tu casa y los cristales de tu ventana, y si a la segunda advertencia no cumples con el cupo, entonces te asesinan a balazos cuando oses desplazarte hacia tus actividades cotidianas.

Nuestro país va en camino de convertirse en una sociedad a lo “Sin City”, donde las leyes se destiñen en los papeles de los códigos y la impunidad reina para los más infames. Mientras tanto, los criminales continúan matando a los transportistas que por fin han salido a las calles para exigir a los inoperantes Poderes del Estado que de una vez hagan algo y que muestren empatía, porque están protestando por su derecho a la vida.

Mientras que cada barrio y cada arteria urbana y rural reclama por un solo policía en sus calles, la presidenta Dina Boluarte se desplaza con un tremendo contingente de camionetas blindadas y la cobertura de su comitiva alcanza hasta los cien policías. Y cada vez que asiste a un evento, o a inaugurar un Colegio Bicentenario ella manda a cerrar las calles para ser protegida por francotiradores, ante el repudio de la gente que al unísono le grita que se largue. Por ello, no es gratuito que esta señora apenas alcance un 4% de aprobación, por cierto, el índice más bajo en la historia de un presidente en Perú.   

Cómo olvidar cuando hizo su berrinche porque el Congreso recientemente no le autorizó viajar a Estados Unidos, a pesar que de manera extemporánea declaró en emergencia las zonas afectadas por los incendios forestales. Pero en lugar de ella, se beneficiaron con el viaje sus ministros de Relaciones Exteriores, MEF, Justicia y Salud. Y ya están regresando bien comidos y bebidos, tras participar en la Asamblea General de la ONU.

Estado pagó más de US$21 mil por cuatro ministros que viajaron a Estados Unidos, en reemplazo de Dina Boluarte.

Este gobierno siempre tuvo gran oficio para los viajes. La jefa de Estado y sus ministros no han parado de viajar en más de año y medio; prácticamente ingresaron al aparato estatal para gozar de gollerías y presumir ante los amigos que sus ‘hojas de vidas’ ya tienen más nivel. Sin embargo, si Dina Boluarte aún subsiste en Palacio de Gobierno es gracias a los oficios del cómplice Congreso de la República, que desde inicios del 2023 le dio el espaldarazo para continuar ejerciendo el más abominable desgobierno, con la consigna de “quedarse todos” hasta el 2026, bajo la premisa de un cogobierno para impulsar leyes que favorezcan a ambas “facciones”: Ejecutivo-Congreso.

Pese a que fueron elegidos para representar a los 33 millones de peruanos; Dina Boluarte y sus socios congresales se representan a ellos mismos ¿Acaso es casual que hoy prevalezca la Ley de Crimen Organizado creada para proteger a sus cercanos investigados? ¿Es casual que Dina Boluarte no intervenga a los barcos chinos que permanecen en nuestros puertos para llevarse toda la pota, lo que ha originado una pérdida de US$ 300 millones para el erario público? ¿Acaso es casual que el Congreso la haya blindado archivando su denuncia de Fiscalía por las muertes en las protestas? No olvidemos que desde el hemiciclo le dieron un espaldarazo y le delegaron facultades legislativas por 90 días. Por eso ahora quiere crear un Ministerio de Infraestructura para generar más gasto al Estado y manejar más millones ¿Acaso eso es casual?

Recordemos que Boluarte Zegarra priorizó el velatorio de Alberto Fujimori, en lugar de atender los incendios forestales y encima envió a su vocero Fredy Hinojosa (quien gana S/25 mil soles) para exigir a la Fiscalía que investigue a la prensa por instigar a la violencia. ¿Cómo no? si tiene gracia para gastar S/1 millón 600 mil en 23 asesores para su despacho presidencial durante 2024.

¡Insólito! Fredy Hinojosa gana S/25 mil por leer comunicados del despacho presidencial.
 

Hace una semana la presidenta le dijo: “No necesito tus lágrimas” a un periodista en Amazonas que le pidió ayuda por los incendios forestales. Esa sola respuesta devela que solo acude a los conflictos por presión, más no por vocación. Por lo pronto, el Fiscal de la Nación Juan Carlos Villena ya ha declarado públicamente que la mandataria apurimeña recibió relojes Rolex y joyas, a cambio de otorgarle privilegios a su ‘wayki’ Wilfredo Oscorima, por eso sus amigos también fueron beneficiados económicamente por su gobierno.

Dina Boluarte está investigada por recibir relojes Rolex de su ‘wayki’ Wilfredo Oscorima.

Ya para nadie es un secreto que Fuerza Popular (FP) de Keiko Fujimori y Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña “jugaron en pared” con el régimen de Boluarte Zegarra y en lugar de ejercer el debido control político y fiscalizar, no solo no han representado a la población; sino que prácticamente se han convertido en una especie de cogobierno. Y a estas alturas, ‘Podemos’ y el “fantasma” de ‘Avanza País’ nos quieren hacer creer que ya no quieren reunirse con la mandataria.

No cabe duda que a la señora “de los extensos mensajes de 5 horas”, se le acabó el “techo”. Pero no porque el excontralor Nelson Shack haya afirmado que ella declaró menos cuentas de las que su oficina de control ha detectado, ni porque el caso de los ‘Waykis en la sombra’ que involucra a su hermano Nicanor siga avanzando. Y tampoco porque se haya hecho público que ‘Chibolín’ le recomendó a su nueva diseñadora de vestidos. Lo cierto es que el gobierno de Dina Boluarte ya huele tan feo, que no da para más; y al parecer ya no le serviría a su “socio-estratégico-Legislativo”, porque aquí no hay amigos, porque ellos ya se vieron ‘servidos’ con su ley de reelección y otros lobbies, al punto que más pronto que tarde, decidan “bajarle el dedo” mucho antes que llegue el 2026.      

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Todas las noches, de Eugène Green (2001)

Lee la columna de Mario Castro Cobos

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Hace mucho no veía una película —relativamente reciente, al menos para mí— llena de misticismo (no solo ‘espiritualidad’). Con toques cargantes (exagerados, al borde de lo intragable, y claro, hablo a título personal) de este peculiar componente, pero, con todo, por momentos, con logros maravillosos. Es como si el director quisiera responder o no tuviera más remedio que intentar responder (me refiero a algo que se le impuso en lo profundo) a la pregunta: qué haría el mismísimo Robert Bresson si filmara una película recién entrado el siglo XXI.

No estará de más decir que ciertos, cómo llamarlos, métodos, actitudes o acciones ‘idealistas’, parecen o son métodos de tortura. Si todo es milagroso, o tiende a serlo, se difuminan, con mucha gracia, las fronteras entre lo absurdo y ridículo y estúpido; y lo sublime. No por eso quiero dar a entender que estimo más las propuestas de los toscos realistas encerrados en su propia burbuja epistémica; me refiero más bien, o siquiera insinúo que, de entrada, se precisa una suerte de acto de fe para entregarse a esta película y encontrar en ella una satisfacción plena.

Mi reacción es mixta y problemática. Cómo no amar esa nobleza en la expresión, esa exactitud en los gestos, esos acercamientos sinceros y apasionados entre los personajes… Dos amigos que se separarán, muy diferentes pero capaces de enamorarse de la misma mujer, con objetivos vitales contrapuestos, y que a pesar de esto comparten un sentimiento común (que no es solo ella). En general, en varios pasajes, uno no sabe si está presenciando el vacío o ante la inminente revelación de algo importante, incluso esencial de sus vidas, y de la vida.   

La cámara busca con frecuencia el suelo, la Tierra, los zapatos, los pies, las piernas, la mitad de abajo del cuerpo humano, tal vez como para equilibrar su discurso con las frases paradójicas que vemos o escuchamos pronunciar (con ese típico grado de meditativa neutralidad en el tono, en la línea de Bresson). No es una película que niegue los poderes del cuerpo, pero que a contracorriente le da al alma o al espíritu o a lo que sea eso trascendente e invisible que se supone superior y nos maneja o nos dirige, una preeminencia salvadora e inquietante. O bella, pero inverosímil.    

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La UPAL en el laberinto del caos

Lee la columna de Edwin A. Vegas Gallo

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Por Edwin A. Vegas Gallo

Entre que si el “cofre”, auto asignado a presidenta Boluarte, pasó el peaje Ica, llevando al paquete más buscado del Perú.

Entre que los aliados presidenciales en el Congreso, ya marcando distancia, le negaban el permiso a aquella, para viaje al período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (Nueva York, EUA).

Entre que la Presidenta Boluarte ya confirmó su asistencia a Cali, Colombia, para la Cumbre mundial de Biodiversidad, desconociendo las torpezas que le preparará su asesor ministro ambiental y que de seguro el Congreso no le autorizará su viaje.

Entre que los incendios forestales arrasan los bosques y fauna silvestre y en espera de la interpelación del Congreso a los acólitos ministros de Agricultura y del Ambiente.

Entre que el prontuariado más buscado del país, veranea y pasea con su amiguis congresista.

Entre que el desmadre chibolinezco, en el cual, tanto el MP como el PJ, blanden sus armas protectoras.

Entre que en el Congreso se busca el bachillerato universitario automático “per se”.

Entre que el filósofo asesor de la destituida ex fiscal de la Nación, se despacha a sus anchas y reclama ser profesor principal en una universidad pública capitalina, en su momento dirigida y apoyado por su yunta filósofo.

Entre que la pota o calamar sube de 4 soles a 20 soles por sobre pesca y los barcos chinos se pasean como “pedro en su casa” y para cubrir las apariencias, el desacreditado Congreso, busca la interpelación de los ministros de la Producción y Defensa. Mientras que la verdadera responsable de la crisis pesquera, la multifacética ex vice de Pesca y Acuicultura, la tercia dueña del poder en el Perú, con el visto bueno de los dos de la triada del poder (D+K+A), la premia y la nombra ministra de Comercio Exterior, en el mundo al revés.

Entre que los pescadores artesanales de Lambayeque, se oponen a la explotación de hidrocarburos en el mar de Grau.

Entre tanto entretenimiento mediático, el caso “sui generis” de la Universidad Peruano Alemán, UPAL, licenciada en la Sunedu de Martín Benavides, ha pasado totalmente desapercibido, en desmedro de la economía y pesar de sus estudiantes distribuidos en 15 carreras profesionales.

Este caso de la UPAL, es el mejor ejemplo, que el licenciamiento de universidades, fruto de la ley Mora 30220, estuvo sesgado por intereses subalternos, antes que privilegiar el interés superior de la calidad de la enseñanza y de la formación profesional e investigadora.

Conviene recordar que la Sunedu  Benavides, le otorgó el licenciamiento a la UPAL sólo en papeles, en los cuales esta presumía, de tener modelo educativo de avanzada, infraestructura, investigadores, sostenibilidad financiera y tanto oropel, que los bisoños evaluadores de la Sunedu, se la creyeron, con la complacencia de ese Consejo Sunedu, muy vinculado a directivos del pasado Consejo Nacional de Educación y que habían realizado el informe para el licenciamiento UPAL, previa cancelación de sus honorarios por gestión y bono de éxito; pues era evidente que sabían que prontamente venderían la licencia, tal como finalmente sucedió.

A los que sabemos de gestión de universidades, no nos pueden dorar la píldora, ni dar “gato por liebre”. Ese proceso de licenciamiento de universidades a todos luces no ha sido efectivo, ha consumido en el caso de las públicas, mucho presupuesto, endogamia académica, artículos fraguado y gasto de energía. A la fecha sigue el desorden institucional casos Piura, Ica, Huánuco y en el caso de universidades como cancha, comprando artículos científicos y haciendo granjas de investigadores RENACYT.

Volviendo a la UPAL, es correcta la medida de la actual Sunedu, de por el momento “suspender la licencia” de aquella y haría bien pasar este caso al Ministerio Público, para la investigación correspondiente y  si esta es seria como esperamos llegaría a los tentáculos de los “cuellos blancos” y al “chibolinazo”.

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La insurgencia democrática

Lee la columna de Tino Santander Joo

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Por Tino Santander Joo

Hace años que aliento la insurgencia democrática en el Perú; muchos lectores y ciudadanos la relacionan con una postura de la izquierda y de grupos radicales anarquistas. En algunos medios de comunicación me han tratado de radical y terrorista, sin embargo, cuando les explico que es la insurgencia democrática todos quieren participar en ella, pero, no saben cómo hacerlo.

La insurgencia democrática surge en contra de gobiernos, sistemas o estructuras de poder antidemocráticas y corruptas como sucede en el Perú, en el que nada funciona, porque, el Estado ha sido capturado por mafias que sirven a intereses privados. El sistema político esta degradado, carece de legitimidad y es repudiado por la inmensa mayoría.

Veamos la dramática realidad: diez millones de peruanos no tienen agua, ni desagüe, más de ocho millones de familias son acosadas por los bancos que los amenazan con quitarles sus propiedades, autos, y maquinarias a los pequeños y medianos industriales. A los bancos, ni a la clase política podrida les importa que millones de peruanos quebraron con la pandemia y que los préstamos reactiva solo se hicieron para las grandes empresas.

No tenemos seguridad ciudadana y la delincuencia esta desbordada; la educación es un fraude y el sistema de salud es precario. La agricultura esta abandonada; la minería ilegal es promovida por el narcotráfico que controla extensas zonas del territorio nacional. La inversión privada desconfía de los gobiernos, porque, son corruptos; el congreso de la República es un establo y un antro de hampones.  Los gobiernos regionales y locales se han convertido en refugio de mafias que financian a los movimientos regionales y locales.

¿Quiénes son los protagonistas de la insurgencia democrática? Los movimientos populares de todo signo; las clases medias; los estudiantes, las organizaciones sociales de mujeres, los colectivos culturales, las fuerzas armadas y policiales, los colegios profesionales, los agricultores, y sobre todo las comunidades campesinas institución milenaria que encarna la peruanidad.

¿Cómo vamos a hacer la insurgencia democrática? protestas callejeras permanentes y una huelga general indefinida para sacar del poder a los podridos del congreso y del gobierno. El objetivo es una junta transitoria de gobierno presidida por un civil, miembros de las fuerzas armadas y del sistema judicial. Esta junta tiene como objetivo organizar las elecciones a mas tardar en un año en otras condiciones. No podemos tener elecciones con cuarenta partidos y más de diez mil candidatos al congreso. No podemos seguir con el fallido y corrupto proceso de regionalización.

No tendremos ni democracia, ni estado de derecho, menos inversión privada y pública con un estado gobernado por mafiosos. No hay futuro en el Perú, sin una profunda revolución social. El eufemismo reformista no funciona.  Los estudiantes de la Universidad de Lima, con quienes me reuní la semana pasada por el tema de las deudas de sus padres con los bancos me dijeron: “estamos dispuestos a salir a las calles y a convocar a todos los estudiantes del Perú, para acabar con la corrupción y la prepotencia de los bancos”.

Las clases medias liderarán la insurgencia democrática; ojalá se sumen el pueblo y todas sus organizaciones sociales. Tenemos ejemplos históricos como los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, la Primavera Árabe en países del norte de África y Medio Oriente, y las revueltas democráticas en Europa del Este durante la caída de los regímenes comunistas.

No olvidemos jamás que los terroristas son los bancos que causan terror en millones de familias peruanas. Los podridos quieren continuar con su farsa electoral, sus medios de comunicación tradicionales, sus negocios inmundos, su establo parlamentario, y su poder judicial corrompido. Ahora, son los jóvenes de las clases medias los que van a promover la insurgencia democrática y los que tienen el deber de hacer la revolución social en libertad.

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