Política
Luis Carranza y la CAF de puertas adentro
El Viceministro de Hacienda de Alejandro Toledo y exministro de Economía de Alan García, no soportó las presiones tras años de denuncias por maltrato laboral y despidos masivos desde que asumió en 2017 la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina.

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4 años agoon

Por Patricia Janiot
Esta semana se prevé una crucial reunión del directorio de CAF / Banco de Desarrollo de América Latina, para hacerle frente a la grave crisis de liderazgo que atraviesa la institución y que amenaza con ser el escenario de una nueva medición de fuerzas entre la derecha y la izquierda en la región.
En la agenda de la reunión del directorio, que integran representantes de 19 países, hay dos puntos importantes. El primero es buscar un sucesor a Luis Carranza, el exministro peruano de economía, quien renunció a la presidencia ejecutiva de CAF el pasado 23 de marzo, un año antes de finalizar su mandato.
Esta es la segunda vez en la historia de las instituciones multilaterales que un director o presidente renuncia durante su primer mandato. Carranza se suma al francés Dominique Strauss-Kahn, quien en 2011 renunció a la dirección del Fondo Monetario Internacional acusado de asalto sexual contra una mucama del hotel donde se hospedaba en Nueva York.
Otro punto a tratar en la reunión del directorio de CAF es precisamente lo que precipitó la salida de Carranza: la decisión inédita del directorio, en 50 años de funcionamiento del banco, de integrar una comisión independiente encargada de investigar decenas de denuncias de acoso laboral, despidos injustificados, atropellos hacia funcionarios de la institución que fueron forzados a renunciar luego de que Carranza asumiera el liderazgo del ente financiero en 2017, sumados a serios cuestionamientos sobre la transparencia de ciertos manejos administrativos y de gobernanza de la organización.
La renuncia
En su carta de renuncia, Carranza lamenta “el interés de politizar la actuación de CAF”. Atribuye su decisión a la falta de respaldo del directorio para aprobar “importantes iniciativas” – incluyendo “un novedoso esquema de capitalización” – y para aceptar el nombramiento de su designado en una de las vicepresidencias del banco.
La carta de renuncia de Luis Carranza, presidente de CAF @AgendaCAF en medio de investigaciones internas y causas judiciales por denuncias de decenas de despidos injustificados, renuncias forzadas, maltrato y abuso de poder. Muchos creen que deben rodar más cabezas. pic.twitter.com/FKq1K0dT3Y
— Patricia Janiot (@patriciajaniot) March 23, 2021
Carta de renuncia de Luis Carranza
“Esta decisión (del directorio) responde a mi juicio, en parte a mi negativa a ceder al interés de algunos países de interferir políticamente en las atribuciones que el Convenio Constitutivo le otorga al Presidente Ejecutivo para designar a sus colaboradores inmediatos”.
El Presidente Ejecutivo va más allá y decide apuntar su dedo acusador. “En particular, los Directores por Argentina me solicitaron verbalmente y a través de mensajes escritos a principios de 2020, que designe como vicepresidente a una persona que no reunía las condiciones para el cargo”.
Lo que el saliente Luis Carranza sí quiso pasar por alto fueron los serios cuestionamientos de cerca de 40 exempleados sobre su política que califican como un “régimen de terror” o “una administración de cuartel”. El exministro solo se limitó a escribir: “Durante mi gestión se incorporaron claramente en la normativa y en la práctica, principios de meritocracia y de integridad, ética y transparencia, en las políticas y procesos de capital humano”.
De acuerdo con los testimonios de 8 exfuncionarios que entrevisté, fueron precisamente la integridad, la ética y la transparencia, los valores que se barrieron debajo de la alfombra para “deshacerse” abruptamente de unos 100 empleados con muchos años (en algunos casos cuatro décadas) de servicio a CAF.
El modus operandi
Según las declaraciones que obtuve, el esquema aplicado desde 2017 hasta finales de 2020 ha tenido un patrón:
- Oferta de jubilaciones adelantadas.
- Supuestas faltas cometidas por los funcionarios para justificar su separación de la entidad sin ofrecer argumentos ni la posibilidad de escuchar la defensa del funcionario.
- Incumplimiento de los procedimientos administrativos para argumentar una separación del cargo.
- Ultimátums telefónicos o presenciales (“o renuncia o lo despedimos”).
- Una carta de renuncia previamente redactada.
- Coacción de los funcionarios que ejecutan “las renuncias”, las cuales deben ser firmadas de inmediato o en el menor tiempo posible.
- Bloqueo al instante del acceso al edificio y a sus computadores.
- La firma de un compromiso de confidencialidad, donde se establece que en caso de controversias, estas deben dirimirse ante la Comisión de Arbitraje de la ONU en Nueva York, desconociendo la jurisdicción local de un organismo que opera en diferentes países de América Latina, el Caribe y España.
A cambio de la renuncia, los empleados reciben una liquidación económica que, de acuerdo a algunos entrevistados, no podía ser verificada plenamente. En los casos de ciertos expatriados, dicen, tenían muy poco tiempo para organizar asuntos personales (colegios, tratamientos médicos, arriendos, menajes). A los funcionarios que estaban próximos a obtener su jubilación, les ofrecían un seguro de salud vitalicio, de acuerdo a la normatividad interna de CAF.
Los problemas comenzaron a evidenciarse tan pronto Luis Carranza sucedió en la presidencia ejecutiva a Enrique García, quien con un prestigio generalizado presidió el Banco de Desarrollo de América Latina durante 26 años.
El negocio bancario
En 2017, el gobierno venezolano solicitó un crédito por 400 millones de dólares. De acuerdo con la legislación venezolana, los endeudamientos de la nación deben contar con la aprobación de la Asamblea Nacional que en la época ya estaba controlada por la oposición.
Sin el aval de la asamblea legislativa, el banco determinó la ilegalidad del crédito, el cual tenía como principal objetivo pagar unos vencimientos de deuda contraída con la propia CAF. Es decir, el gobierno de Maduro solicitaba más dinero prestado a CAF para luego devolvérselo nuevamente al banco con el propósito de cancelar unos intereses y su obligación de pago de una porción de otro préstamo anterior otorgado por CAF.
Tanto el consultor jurídico Ricardo Sigwald, como directivos de la Vicepresidencia del Sector Productivo y Financiero de CAF, recomendaron refinanciar la deuda y aplazar los vencimientos. Sin embargo, según fuentes consultadas, el gobierno venezolano se opuso porque no quería hacer evidente su falta de liquidez e incapacidad de pago.
Fue entonces cuando la nueva administración de CAF planteó esta fórmula: otorgarle un crédito al Banco Central de Venezuela para que este a su vez le entregara el dinero al gobierno de Nicolás Maduro. De esta manera, el régimen venezolano atendería sus obligaciones y vencimientos de deuda con CAF.
Los funcionarios antes mencionados se opusieron, argumentando que los créditos para las instituciones financieras se destinan para programas de transformación productiva o necesidades transitorias de liquidez, pero no para operaciones de pago de deuda a largo plazo. “Eso no es ético”, me dijo uno de ellos.
Como un delincuente
El consultor jurídico que llevaba 17 años trabajando para CAF, escribió un memorando al presidente Carranza en el que manifestaba que la alternativa planteada no era aconsejable, porque a su juicio ponía en riesgo la posibilidad de que el Estado venezolano reconociera esa deuda con CAF en caso de un default.
La defensa de los intereses del banco le costó el puesto a Sigwald y al vicepresidente del área encargada, quienes – según declaraciones obtenidas – “de manera arbitraria fueron invitados a un retiro forzado”. Otro funcionario me comentó: “A Sigwald lo trataron como si fuera un delincuente. No pudo ni siquiera entrar a su oficina”.
Sigwald, quien era muy apreciado por sus compañeros debido a su integridad y a su don de gente, quedó muy afectado por la forma en que fue despedido. Interpuso una acción judicial contra el banco y con el tiempo sus problemas de salud se agravaron hasta que falleció en 2020.
La nueva presidencia de CAF hizo prevalecer su interés por evitar que Venezuela, uno de los principales deudores del banco, entrara en mora y afectara así la calificación de riesgo del organismo. El préstamo al Banco Central de Venezuela finalmente se aprobó a finales de 2017.

A las salidas forzadas se fueron sumando varias más, incluyendo el despido de Soraya Lazcano después de 24 años de servicio en el área de relaciones externas. Al terminar una licencia no remunerada para continuar sus estudios en comunicaciones y mercadeo en Estados Unidos, la presionaron varias veces para que renunciara y se negó. Ella también tomó una acción judicial contra CAF.
“Me parecía una injusticia y una arbitrariedad con tantos funcionarios y pensé que esto no podía pasar desapercibido. Yo no me puedo quedar callada”. Entonces decidió junto con otros exfuncionarios poner en conocimiento de las más altas directivas del banco el injusto manejo laboral al interior de la institución.
Las denuncias
Las primeras seis quejas llegaron a la reunión del directorio en noviembre de 2018, después de que algunos de los funcionarios le habían escrito directamente al presidente ejecutivo, sin recibir respuesta. Le pedían al directorio investigar sus denuncias.
En su misiva, Soraya Lazcano escribió: “Entre estos abusos y maltratos, se destacan una serie de despidos no solo injustificados y en algunos casos ilegales, sino, además, realizados con prepotencia, maltrato, arbitrariedad y desconsideración, en forma totalmente contraria a las prácticas usuales de CAF, saltándose no solo toda norma de convivencia corporativa, sino esenciales principios éticos y jurídicos establecidos en diversos instrumentos que regulan las relaciones laborales, las cuales la institución está llamada a respetar”. Carta de Soraya Lazcano http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/SLazcano_CartaalPresidenteDirectorio_CAF_20Nov18.pdf
Ricardo Sigwald, el consultor jurídico alcanzó a secundarla con un correo electrónico enviado al presidente del directorio: “La gestión de la actual administración se caracteriza por la arbitrariedad de sus decisiones, y por la prepotencia y desconsideración con que se trata a los funcionarios. Se ha despedido a una gran cantidad de ellos sin causa o alegando causas inexistentes, mientras que en otros casos se ha usado la coerción para obtener renuncias violando las más elementales normas éticas”. Añade: “Sobresalen por su gravedad los casos de quienes hemos sido despedidos por dar opiniones técnicas”. Email enviado por Ricardo Sigwald http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Correspodencia-enviada-al-Directorio-en-Nov2018-por-el-exconsultor-Juridico-de-CAF-.pdf
También lo hizo Gonzalo de Castro, quien como él mismo lo describe en su carta, fue “intempestivamente compelido a renunciar, bajo coacción y amenaza, a mi posición de Ejecutivo Senior”. Trabajaba como expatriado en las oficinas de CAF en España. En otros apartes de su carta se puede leer:
“Se trata de una gerencia de la extorsión, de la coacción, del abuso y del capricho, algo completamente ajeno a las prácticas que por más de dieciséis años observé en CAF. Al momento de coaccionarme para que renunciara, no solo hubo una conducta arbitraria de las personas designadas a dicha finalidad, sino un agravio a mi familia, puesto que se me indicó que tendría que salir en muy breve plazo de España, desconociendo que tengo hijos en edad escolar”. Carta de Gonzalo de Castro http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Correspodencia-enviada-al-Directorio-en-Nov2018-por-Gonzalo-De-Castro-ex-funcionario-de-CAF-.pdf
La auditora general de entonces, Mayra Andrade, se unió a esas primeras voces de alerta. En su carta al presidente del directorio, acusó directamente a la vicepresidenta de administración, Elvira Lupo, de amenazas, de intentar usar las funciones de la auditoría contra una funcionaria en particular con el ánimo de despedirla y de “inventar” argumentos para forzar su renuncia. Si se oponía a la orden, la despedirían como la auditora general de CAF. “Debo confesarle que nunca antes en mi vida profesional, fui tratada de esa forma”, manifestó la señora Andrade. Carta de Mayra Andrade http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/carta-al-Presidente-del-Directorio-nov.pdf
Las primeras cartas y mensajes que llegaron al presidente del directorio, según me contó Soraya Lazcano, causaron cierta conmoción, pero tal vez, dice, no era el momento para actuar, porque Carranza llevaba poco tiempo en el cargo. Los denunciados abusos laborales y cuestionables manejos internos del negocio de aprobaciones continuaron sucediendo en los años siguientes.
Renuncias obligadas
Yo misma tuve acceso a un audio grabado por un exempleado del banco al momento en que procedían a su “separación, efectiva de inmediato”.
La grabación, que se quiere mantener en reserva, muestra claramente las tácticas usadas por funcionarios de recursos humanos para salir del personal “no deseado”. En un tono controlado e impersonal, ofrecían la opción de firmar una carta de renuncia que ya tenían escrita, “pero si no quieres firmar la carta de renuncia, tal cual está planteada, nos vemos en la obligación de ir por la notificación del despido justificado”, la cual, al igual que la renuncia, estaba previamente escrita.
Ante el asombro de la víctima, los directivos aumentaban la presión para que tomara una decisión de inmediato: “Después de esta conversación, tenemos que salir con una u otra de las documentaciones en nuestras manos”. Sin ninguna consideración, desde ese momento se le impedía al empleado su acceso al edificio y a la plataforma tecnológica de CAF.
Al preguntar la razón de su “separación”, esta persona que estaba siendo chantajeada a cambio de evitar un despido “justificado”, nunca escuchó ningún tipo de argumentación detallada que justificara su salida y mucho menos tuvo derecho a su legítima defensa.
Para efectos de respetar su anonimato, no ofreceré información adicional sobre esta grabación en la que escuché un triste incidente de humillación laboral.
Ambiente de terror
A medida que fueron avanzando los despidos y las “forzadas renuncias voluntarias”, también se implementaron políticas administrativas que muchos vieron más acorde a “un régimen militar” que a un organismo financiero multilateral donde, en general, se ingresa tras contar con las mejores credenciales.
Con el ascenso de Elvira Lupo a la vicepresidencia de administración, fue ganando mayor poder. Las áreas de recursos humanos, logística, compras, seguridad, presupuesto, contabilidad y operaciones le reportan directamente a su vicepresidencia.
“Lupo tiene todo el poder. Es ella quien toma las decisiones en CAF, porque Carranza estaba ausente”, me dijo uno de mis entrevistados que quiere mantener su nombre en reserva.
El hostigamiento también se sintió cuando la vicepresidenta implementó el programa “SOL” (Seguridad, Orden y Limpieza) con mucha rigurosidad, como me explicó Alejandra Claros, una diplomática de carrera que ocupaba el cargo de coordinadora de secretaría de CAF, adonde llegó después ser la jefa de gabinete del expresidente Evo Morales.
Según me contó, en las oficinas del banco no está permitido tener más de dos fotos en el sitio de trabajo ni objetos que no sean relacionados al organismo, como recuerdos de viajes, dibujos de los hijos o libros que no sean de uso laboral.
Tampoco pueden tener más de una planta ni tomar café en el escritorio. “Los encargados pasaron puesto por puesto para evaluar qué cosas podían permanecer en tu lugar de trabajo. Incluso, te revisaban los cajones del escritorio”. Y agregó: “Venían con una bolsa de basura… Mucha gente terminó llorando cuando veía que sus recuerdos los tiraban a la basura”.
Claros me comentó cómo se puso en marcha un sistema en el que mensualmente los funcionarios de CAF reciben un reporte gráfico y a color de las horas de llegada y salida a las oficinas. (Aquí el gráfico de entrada y salida http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Grafico-de-horarios-CAF.jpg) En rojo figuran los días en los que el empleado llega a trabajar más de 5 minutos tarde, y en amarillo en los que lo hace hasta 5 minutos después de su horario. “Es como un semáforo y te implica que no puedes ascender o tomar créditos”, me relató Alejandra Claros.
Según ella, con esta medida los funcionarios sentían mayor presión por llegar a tiempo. Tenían que esperar en fila a la entrada de los ascensores ante la aglomeración de empleados. Incluso, se congestionaban los ingresos a los estacionamientos de las oficinas.
La administración tampoco autorizaba permisos para atender asuntos personales como reuniones en el colegio de los hijos. “Tenías que sacar un día de vacación y no permitía que te quedes más tiempo en el trabajo, porque eso implicaba que eras ineficiente. Si salías más tarde, tu salida era roja”, aseveró Claros.
Según el testimonio de la excoordinadora de secretaría, al llegar la pandemia, todo el personal de CAF (alrededor de 650 empleados en distintos países) fue obligado a trabajar en sus oficinas, sin permitirles el trabajo remoto a pesar de que el banco no opera con atención al público y que algunos funcionarios debían tomar transporte público, exponiéndolos al contagio.
Esto incluía, de acuerdo a otras entrevistas, a personas asmáticas o con otras condiciones de salud que los exponían en mayor riesgo. A pesar de que se implementaron estrictas medidas de protección, higiene y distanciamiento, alrededor de 80 empleados se contagiaron, lo que obligó a CAF a establecer turnos de trabajo.
Alejandra Claros se quejó de que “han sido abusivos en pandemia porque algunas personas que se han enfermado, les han pedido su renuncia. ¿Qué más humillaciones te pueden hacer?”, se preguntaba.
Otra funcionaria me habló del conflicto de interés que existe en el Comité de Ética, una instancia a la que pueden acudir los funcionarios para ventilar sus quejas. Pero el comité está integrado por algunos de los directivos hacia quienes apunta la mayor cantidad de denuncias de maltrato y acoso como Elvira Lupo, (vicepresidenta de administración, quien además integra el comité de transparencia) y Javier Mejía (recursos humanos y secretario del comité de transparencia), por lo que resulta inoperante debido a que los empleados tienen temor a denunciar. Entre otros directivos que fueron blanco de quejas figuran Víctor Rico (secretario general e integrante del comité de transparencia) y Ana María San Juan (directora de iniciativas regionales).
Recursos sin supervisión
Otra de las observaciones que señalaron algunos de los exfuncionarios consultados tiene que ver con los miles de millones de dólares que aprueba CAF anualmente. Como se puede ver en los reportes anuales, una gran parte del dinero se destina a líneas de crédito, muchas renovadas, a bancos e instituciones financieras públicas y privadas, esto sin contar los montos en operaciones swaps y PBLs. Entonces, surge la pregunta: ¿Por qué CAF aprueba mucho más dinero para bancos de la región en lugar de destinar gran parte de sus recursos a proyectos de desarrollo?




Según las fuentes consultadas que tuvieron acceso a la información financiera en CAF, estas líneas de crédito, en su mayoría, son de libre disponibilidad y son consideradas operaciones para capital de trabajo de los bancos y las entidades financieras. “Son líneas de crédito que no le agregan valor al desarrollo de la región y, por lo general, no se pide rendición de cuentas”.
Como me dijo Juan Francisco Blásquez, otro funcionario coaccionado a renunciar, “se busca de alguna manera que estos recursos lleguen a proyectos que tengan algún impacto en la sociedad, pero no se ejerce ningún control sobre el uso de esos recursos”. ¿Cómo se explica la falta de seguimiento y supervisión a las multimillonarias aprobaciones de las líneas de crédito?
A través de la Dirección de Comunicación Estratégica, le envié estas y otras preguntas que resumían los cuestionamientos sobre el manejo del personal, al Presidente Ejecutivo y a la Vicepresidenta de Administración. Después de esperar unos días, me remitieron al comunicado en el que se informa sobre su retiro y el balance de su gestión. https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2021/03/el-presidente-de-caf-se-retira-de-su-cargo-dando-paso-a-una-nueva-administracion/
En sus declaraciones, Carranza ha hecho énfasis en el ahorro y en los esfuerzos de autoridad, pero al analizar los gastos administrativos durante sus años de gestión al frente del Banco de Desarrollo de América Latina, sus propios informes financieros muestran que aunque hubo un ahorro en 2019, en promedio los gastos no financieros se incrementaron durante la presidencia de Carranza (2017-2020).

Muy cuestionada también fue la decisión de nombrar como asesora de la presidencia de CAF a la señora Susana Pinilla, luego de que las autoridades peruanas la consideraran prófuga de la justicia.
Antes de unirse a CAF en 2012 como representante del banco en Panamá, Pinilla, exministra peruana de Trabajo y de la Mujer, había sido una de las directoras de CORPAC, la corporación que proporciona los servicios de navegación aérea y aeroportuarios en Perú.
En febrero de 2019, la justicia peruana la sentenció a 5 años de prisión por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión. El caso tenía que ver con pagos injustificados para la construcción inconclusa de una nueva sede de CORPAC.
Tribunal en Perú condena a Susana Pinilla (escuchar al minuto 10)
A partir de esta condena, Pinilla fue suspendida como la directora representante de CAF en Panamá, pero en una decisión que muy pocos se explican, al año siguiente, fue nombrada asesora de la presidencia de CAF en Panamá hasta que en enero de 2021, según me informan, presentó su renuncia.
El detonante de la renuncia de Carranza se dio después de la más reciente reunión del directorio el 2 de marzo, cuando se leyeron las cartas de 10 exfuncionarios, incluyendo las enviadas en 2018, en las que se denunciaban los abusos laborales y se solicitaba la conformación de una comisión investigadora de las prácticas internas de CAF.
Una de esas cartas fue precisamente la de Alejandra Claros, la cual fue expuesta en un tweet del expresidente de Bolivia Evo Morales el 28 de febrero imprimiéndole más presión al directorio de CAF para que actuara de inmediato.
Producto del golpe de Estado se instaló una persecución política incluso en organismos internacionales. Insto a los países miembros de @AgendaCAF a reconocer que sin importar la ideología, los Derechos Humanos Laborales, son inherentes por el solo hecho de ser persona y trabajar.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 28, 2021
Tuit de Evo Morales publicando carta de Alejandra Claros.
Aparte de las hostilidades que he enumerado en este artículo, Claros menciona un “cambio de sede de facto” de Caracas a Perú, donde se instaló Carranza desde que llegó a CAF, “acción que transgrede el propio convenio (constitutivo de CAF) que fue firmado y ratificado por todos los países miembros”.
En su misiva, Claros también explica el motivo por el que, según dice, la separaron del cargo. Hace referencia a las denuncias presentadas en forma escrita y verbal sobre la conducta del secretario general de CAF, Víctor Rico, quien era su jefe y boliviano de nacionalidad, al igual que Claros.
“El señor Rico me solicitó interceder en un caso de corrupción ante la justicia boliviana a favor de un cuñado. El Secretario quiso ejercer su posición de poder al ser mi jefe inmediato superior, pretendiendo utilizar mis relaciones personales y laborales que había construido como exjefa de gabinete del presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma”.
Claros, quien presentó una acción judicial contra el banco, se negó a esta solicitud y a otra “para que interceda y se pueda resolver un proceso administrativo en Bolivia, porque sus cuentas bancarias están congeladas. Yo me niego y él empieza a utilizar métodos de presión y de acoso”.
Al día siguiente de llevar su caso al Comité de Ética, el 14 de noviembre de 2019, la CAF le solicitó su renuncia. “Les rogué que me den hasta junio que mi hijo terminaba el colegio y que yo iba a ver qué hacía porque mi situación era insoportable. No me dieron la oportunidad ni de un día. Y me dijeron que si yo no renunciaba, me iban a sacar con las personas de seguridad”.
A la carta de Alejandra Claros, en la que habla de violencia y acoso laboral, se sumaron la de otros exfuncionarios.
Carta de Vicky Furió http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Denuncia-formal-Vicky-Furio-DirectorioCAFNov2018.pdf
Carta de Jorge Horacio Kogan http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Memo-Caso-JHK.pdf
Carta de Juan Francisco Blásquez http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Carta-PE-CAF-caso-JFBC.pdf
Uno de ellos, Juan Francisco Blásquez me dijo que después de 40 años de servicio a CAF con una hoja de vida intachable, su jefa inmediata Gloria Gamero “buscóla forma de que la CAF me hiciera una amonestación, argumentando estupideces. Manifesté que no estaba de acuerdo con su contenido porque era falso. Se argumentaba de que yo no tenía espíritu de trabajo en equipo, que lo que yo hacía no contribuía con los propósitos de la dirección. Una sarta de tonterías”.
Blásquez dice que llevó su queja ante el Comité de Ética y eso fue suficiente motivo para que lo despidieran, sino aceptaba renunciar. “El Comité de Ética para nada funciona. La misma que lo preside, es la misma que hostiga”, concluyó.
Juan Francisco es un expatriado y dice que CAF se ha negado a entregarle documentos e información que necesita con el fin de regularizar su situación migratoria en un país que no es el suyo. “Estoy a la deriva”.
Tras su renuncia, el saliente presidente de CAF ha ofrecido algunas declaraciones a medios de prensa (El Comercio https://bit.ly/2PCG8XB / La República https://bit.ly/3rTUlMM), las cuales son rechazadas por decenas de exfuncionarios de CAF (El País https://bit.ly/3unyfnE) que se han organizado en una asociación, y desde donde están dispuestos a declarar ante la comisión encargada de investigar los abusos que han denunciado para que puedan hacer un trabajo serio e imparcial. También quieren que los “acosadores” que aún continúan en el banco con sus “tácticas temerarias”, asuman su responsabilidad.
Aseguran que sus denuncias no están vinculadas a ninguna politización o a ningún desacuerdo con “la eficiencia y meritocracia” y que sus renuncias no fueron “voluntarias” como ha expresado Luis Carranza. Dicen que esta afirmación es “falsa y temeraria” y desconoce la validez de sus reclamos. http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/DECLARACION-PUBLICA-Exfuncionarios-de-CAF.pdf
Al respecto, Soraya Lazcano afirmó: “Aquí no es un tema político. Yo pienso honestamente que a Carranza le quedó grande el cargo y no tiene mejor manera que lavarse las manos y decir hasta luego, me hago a un lado”.
Otro exfuncionario de alto nivel destacó que Carranza se va “generando mayor polarización con sus mensajes, en los que ataca específicamente a países. Esto no se hace”.
Los retos
El desafío lo tiene a partir de ahora el directorio, que, para los efectos prácticos, es la máxima instancia de gobernanza de CAF (aunque los estatutos determinan que es la asamblea de accionistas). Los directores tendrán que establecer un calendario viable para realizar un proceso transparente de selección del presidente ejecutivo, en el que los países puedan designar a sus candidatos y estos a su vez presentar sus planes para el banco, se valoren sus programas y se elija sin apresuramientos.
Por ahora suenan los nombres de candidatos de corrientes políticas opuestas y algunos países quisieran acelerar el nombramiento del sucesor de Carranza antes de que se realicen las elecciones presidenciales en Ecuador y Perú, porque el resultado de esos comicios podría inclinar la balanza hacia cierta tendencia política, lo que podría determinar la escogencia del nuevo presidente ejecutivo de CAF.
Si el candidato decide escogerse por votación, cualquier candidatura que tenga un tinte político ganaría por pocos votos en una elección muy cerrada y sería un triunfo conflictivo. Ese no es el escenario deseado si la polarización comienza a ganar terreno en el organismo.
Lo sensato sería encontrar una tercera candidatura de consenso, que combine en ese líder talentos técnicos con un buen manejo de relaciones externas, manteniendo su independencia frente a las diferencias políticas. Aún mejor si la elección se hace por unanimidad, tal como ocurrió con los cinco procesos en los que se escogió a Enrique García, el antecesor de Carranza.
Los retos para CAF no son pocos al prestarle dinero a una región que el propio Carranza describe como “la más golpeada del mundo por la crisis de la pandemia. Su recuperación va a estar por debajo del promedio mundial”.
El banco tendrá que aumentar su inversión social para ayudar a millones que quedaron por fuera del mercado laboral. Tendrá que pensar en aumentos de capital y en acceder a los mercados financieros internacionales. Pero antes está en la obligación de arreglar su crisis interna, reconstruir su reputación y eso será difícil sin afectar su calificación de riesgo.
Para lograrlo, el sucesor de Carranza tendrá que ser hábil en el manejo de las relaciones con sus socios. Lo debe hacer con independencia, autonomía y al margen de las corrientes opuestas o la política de turno de la región.
Lo que suceda en CAF tendrá efectos directos en el desarrollo de Latinoamérica. Este organismo que, bajo el liderazgo de Enrique García, el antecesor de Luis Carranza, se destacó por haber lidiado con eficacia e independencia décadas de vaivenes políticos en la cooperación regional, se convirtió en una de las principales fuentes de financiamiento multilateral, junto con el BID y el Banco Mundial.
Presta alrededor del 30% de los recursos para la región, hasta ocupar el primer lugar en aprobaciones a proyectos de infraestructura en nuestros países. Según el reporte anual de CAF, en 2020 desembolsó recursos por un total de $10.383 millones de dólares destinados a atender la capacidad de respuesta de diferentes gobiernos y entidades frente a las crisis sanitaria y económica generadas por la pandemia.
Y ante el empobrecimiento de la región, hoy más que nunca Latinoamérica necesita de este tipo de organismos sin los cuales la recuperación económica y social será más difícil. Es hora de que CAF se encarrile con un buen timonel.
Nota: Colombianitos e Innovadores de América, dos organizaciones a las que he estado vinculada en sus juntas directivas, han recibido en el pasado fondos de cooperación técnica no reembolsables de CAF.
Tomado de portal https://www.patriciajaniot.news/
Política
USAID como fachada: con millones controlaban a entidades del Estado y organizaciones privadas
La consigna de cerrar el millonario financiamiento que USAID otorgó a múltiples ONG y entidades del Estado, como ONPE, JNE, PCM, y una decena de ministerios, así como Migraciones, La Marina de Guerra y también el Ejército, no significa que el gobierno norteamericano deje de meter sus narices en la soberanía nacional y recabe valiosa información para seguir alimentando su hegemonía.

Published
3 horas agoon
07/02/2025
Si bien Donald Trump ha extirpado a la cooperación internacional a través de la restricción económica a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), esta decisión le ha dado un certero ‘golpe bajo’ a las cuentas corrientes de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) y también gubernamentales, que solo desde el 2023 se han repartido nada menos que US$228 millones de la agencia norteamericana.

Según el informe de Hildebrandt en sus trece, de acuerdo a un reporte de la Casa Blanca de noviembre del 2024, este reveló que desde el 2021 la ISAID ha financiado US$1800 millones en “promover el desarrollo económico, social y político en Perú”.
De toda esa millonada, la mejor parte, US$580 millones fueron inyectados en los últimos cuatro años. Mientras que USAID se encargó de dar millones durante dos décadas, esto le sirvió para ganar presencia en gran parte del aparato estatal peruano, a cambio de obtener valiosa información e influencia para poder manejar agendas injerencistas y de contenidos.
Por ejemplo, en abril del 2023 un grupo de trabajo proveniente de la sede central de la USAID pisó suelo peruano para recoger datos sobre la influencia china en Perú, con el fin de evaluar los riesgos de la presencia económica de los asiáticos, sostuvo un empleado que fue parte de la misión. Según la fuente del semanario, estaban preocupados sobre lo que pasaba en el sector energético con la adquisición de Luz del Sur y otras hidroeléctricas controladas por empresas chinas. Por lo tanto, debían averiguar todo lo concerniente a estas operaciones comerciales. Asimismo, investigaron sobre la construcción del megapuerto de Chancay y los nexos que se crearon entre las empresas chinas y los congresistas lobistas, así como funcionarios parlamentarios.
Percy Medina de ‘Idea Internacional’ habría sido el operador
Esta misión norteamericana también contactó a periodistas, organizaciones no gubernamentales (ONG), e incluso a exministros. Según señala la fuente, el director de la ONG Idea Internacional, Percy Medina, fue quien intervino en dicha campaña de la USAID. Medina admitió en comunicación con el semanario, que sí participó en la investigación; sin embargo, negó que la agencia norteamericana lo convocó para ello. “A mí me contactaron desde la sección política de la embajada de Estados Unidos. Me dijeron que un grupo de asesores de congresistas americanos de ambos partidos habían llegado al Perú. La visita era para conocer la realidad peruana”, expresó. Desde su apreciación, la comitiva quería saber “Cómo estaba el Perú en términos de economía, libertad de expresión y otros temas. Yo hablé un poco de democracia y partidos políticos. Efectivamente, algunas de las preguntas que me hicieron, estuvieron vinculadas al nuevo rol que los chinos tenían aquí”.

Asimismo, la USAID también investigó sobre la crisis política que atravesaba el Perú. Por ello, desde el año 2023 la USAID participa en la “Mesa de Gobernanza”, a través de reuniones auspiciadas por las Naciones Unidas que agrupan a representantes de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y delegaciones extranjeras. Fue así que se enfrascaron en los temas electorales. En esa línea, la ONPE, el JNE, así como “Idea Internacional” recibieron dinero de la USAID en los últimos años. Entre el 2020 y el año pasado la ONG que preside Medina recibió cerca de US$9 millones y medio de la USAID, para lanzar dos programas “Voces Ciudadanas en el Perú” y “Dialogo Político en el Perú”, el objetivo era obtener información clave sobre las candidaturas. Y quienes se vieron beneficiados con la millonaria inyección fueron la ONPE, quien a través de su área de prensa afirmó que el apoyo de “Idea” sirvió en las capacitaciones técnicas. “Se brindó asistencia técnica a los partidos políticos sobre el uso del voto electrónico, presencial en las elecciones congresales del 2020”.
Se llevaron a cabo 12 talleres para 16 organizaciones políticas. Por su parte, un vocero del JNE señaló que trabajaron en la capacitación de ciudadanos periodistas y organizaciones civiles para intervenir en debates y campañas políticas con un enfoque de derechos los indígenas, discapacitados y la comunidad LGTBI. También contó que se promovieron “campañas de ciudadanía activa” en todos los colegios de la red “Fe y Alegría”. Ambos proyectos fueron financiados con 371 mil dólares, provenientes de USAID.
Como bien se destapó la semana pasada, que una parte de los fondos que “Idea Internacional” recibió de la Agencia de Washington, se destinó a algunos medios de comunicación de Perú, entre ellos el portal ‘Epicentro’ de la colombiana Clara Elvira Ospina; ‘La Encerrona’, de Marcos Sifuentes; ‘Ojo Público’, de Nelly Luna y Óscar Castilla, el ‘Grupo El Comercio’, ‘La República’ y ‘Grupo RPP’.

“En la mayoría de los casos, se ha tratado de proveer expertos que pudieran ayudar a elaborar información para notas de conectar con expertos internacionales que pudieran participar de entrevistas y de capacitar en temas como la desinformación y el periodismo de datos. En ningún momento hemos interferido con la línea editorial de los medios”, señala Percy Medina. Asimismo, el abogado de IDL, Carlos Rivera, sostiene que “El principal apoyo del gobierno norteamericano a través de la USAID fue hacia las agencias gubernamentales peruanas”. No por algo, la USAID anunció que solo en 2024, colaboró en proyectos de la Presidencia del Consejo de Ministros, y los ministerios de Vivienda, Economía, Produce, Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego, Comercio Exterior, y Cultura. así como el Ministerio Público, la Autoridad Nacional de Infraestructura, Sunat, la Superintendencia Nacional de Migraciones, La Marina de Guerra del Perú y también el Ejercito peruano.
Otro dato clave es lo que se maneja según información de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que indica que La USAID viene trabajando con el MEF, las mineras Yanacocha, Antamina, Hudbay y Antapaccay, un proyecto de US$432,616 dólares para “mejorar la gobernanza del sector extractivo en el Perú e incrementar su contribución a la inversión social y ambientalmente sostenible”.
Y respecto del ámbito privado, la agencia norteamericana trabajó codo a codo con organizaciones como el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Proética, Transparencia, El Instituto Peruano de Administracion (IPAE), entre otras entidades no gubernamentales.
USAID brindó US$78 millones a Devida del gobierno de Dina Boluarte
Asimismo, la USAID tiene como objetivo emprender supuestamente la lucha contra las drogas; no obstante, ello dependía de quién se encontraba gobernando en Palacio. Por ejemplo, durante el gobierno de Pedro Castillo, la agencia financió con 9 millones de dólares a “Devida”. Y con el mandato de la cuestionada Dina Boluarte, esa cifra se ha incrementado indiscriminadamente, y llegó hasta los 78 millones de dólares ¿Por qué será?
USAID financió con US$335 millones a programas de migrantes venezolanos en Perú
Pero eso no es todo, los ciudadanos venezolanos residentes en Perú supuestamente también deberían ser beneficiados, dado que, en los últimos dos años, la USAID financió con 335 millones de dólares en “fortalecer la integración socioeconómica de los migrantes y refugiados venezolanos”. Los que receptaron esa fortuna de dólares fueron ONG como la “Unión Venezolana en Perú”, de propiedad del venezolano Óscar Pérez, la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fenacrep), la Organización Mundial del Trabajo (OIT), Unicef, Save the Children y World Vision Perú.

Finalmente, no cabe duda que en las siguientes semanas se continuarán desentrañando más datos secretos sobre el dinero que recibieron otras entidades en Perú, con el pretexto de elaborar proyectos sociales y/o de bienestar; mientras que en la realidad, se han venido “abriendo las puertas” y “las ventanas secretas” del Perú, con el único objetivo de que un Estado fisgoneador extranjero conozca toda nuestra información gubernamental, económica, política y de infraestructura nacional, para que así continúe consolidando su hegemonía unilateral, que somete aún más a la región.
Política
Ministro Ángel Manero sobre ‘desbalance patrimonial’ de Dina Boluarte: “Es el proceso normal de ahorro de una persona”
Luego de conocerse que los ingresos anuales de la presidenta Boluarte en el año 2024 superaron los S/792 mil, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero señaló que será la Contraloría quien deberá de aclarar si se trata de un desbalance.

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6 horas agoon
07/02/2025
Al preguntársele sobre el presunto desbalance patrimonial de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, desde que asumió el cargo, el titular de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero Campos, aseguró que la Contraloría será quien debe aclarar ese tema y agregó que desde que asumió la presidencia, es el proceso natural de ahorro de una persona.
«Corresponde a la Contraloría definir si verdaderamente hay un incremento (del patrimonio de Dina Boluarte) o es el proceso normal de ahorro de una persona. Esperemos el informe final», sostuvo Manero Campos.
Ello luego de que se diera a conocer que, según la última declaración jurada que presentó ante la Contraloría General de la República (CGR), los ingresos anuales de Boluarte en el año 2024 superaron los S/792 mil en la categoría «otros».

Con sueldo de presidenta Dina Boluarte incrementó su patrimonio en más de S/600 mil entre el 2021 y el 2024
En 2021, año en que se desempeñaba como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Boluarte reportó un ingreso de S/160.415,060, monto consignado en el rubro ‘otros’, que incluye bienes de valor, propiedades arrendadas o cedidas, así como intereses generados por la colocación de capitales, regalías, rentas vitalicias, entre otros.
En 2022, sus ingresos aumentaron a S/389,519.23 en la misma categoría y, al año siguiente, alcanzaron los S/593,347.31. Cabe recordar que ella juró como presidenta a finales de ese año.

Particularmente, entre 2023 y 2024 —cuando se destapó el escándalo ‘Rolexgate’, en el cual es investigada por presunto cohecho pasivo impropio y enriquecimiento ilícito—, el patrimonio de Boluarte Zegarra experimentó un incremento de S/198,820.68.
Política
Presidente del Congreso respalda copamiento de APP en la Sunedu
Mientras que diversos parlamentarios se preguntan bajo qué criterios designaron a la obstetra de confianza de César Acuña, Susana Edita Paredes Diaz, para integrar el Consejo Directivo en Sunedu, Eduardo Salhuana, su correligionario en APP, aseveró que si ella cumple con el perfil profesional está expedita para ejercer dicho cargo.

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6 horas agoon
07/02/2025
Por lo visto, en Alianza para el Progreso (APP), todos sus militantes son solidarios y son una sola idea. Y cuando se trata de ‘sacar cara’ por una correligionaria, allí están ellos para defenderla. En esa línea, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana ha respaldado la designación de la profesora de la Universidad César Vallejo (UCV) y también militante de APP, la obstetra Susana Edita Paredes Diaz, como integrante del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), alegando que mientras ella cumpla con el perfil profesional, no hay inconvenientes para su designación en el cargo.
“Las comisiones son autónomas y los colegas pueden solicitar (la presencia de los ministros)”, comentó, y respecto a su correligionaria de Alianza para el Progreso, hoy integrante del Consejo Directivo de la Sunedu, respondió que “si una persona cumple las exigencias, perfiles académicos y requisitos que legalmente se exigen y tiene idoneidad profesional, está expedita para ejercer cualquier cargo en el país”, sostuvo Salhuana, mostrando su pleno respaldo hacia la obstetra Paredes Diaz.

En el Congreso citarán al premier y a Morgan Quero para que expliquen sobre designación
Al respecto, diversos congresistas han cuestionado la elección de la obstetra Susana Edita Paredes en la Sunedu, no solo porque proviene de una universidad que ha sido reiteradamente sancionada por la Sunedu; institución que paradójicamente ahora ella integra, sino también por su militancia activa en Alianza para el Progreso, partido de César Acuña Peralta, quien es dueño de la Universidad César Vallejo (UCV).
Mientras tanto, el legislador Esdras Medina Minaya, miembro de la Comisión de Educación del Congreso de la República, anunció a Perú21 que solicitará una sesión extraordinaria y convocará a la misma al primer ministro Gustavo Adrianzén y al ministro de Educación, Morgan Quero, para que expliquen bajo qué criterios se realizó la designación de Paredes Diaz y también para que informen sobre los procesos de licenciamiento de universidades e institutos de educación superior en vigencia.
Política
Vergonzoso: Subcomisión de Acusaciones Constitucionales revisó 42 denuncias, pero ninguna llegó al pleno del Congreso
Desde que la congresista de APP María Acuña asume la presidencia de dicho grupo de trabajo, muchas de las denuncias formuladas por la Fiscalía se encuentran en el limbo.

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7 horas agoon
07/02/2025
Una subcomisión hecha para ‘blindar’ a los ‘otorongos’. Bien dicen que los congresistas de la República se asemejan a una secta que no distingue si uno es de izquierda o de derecha cuando se trata de una denuncia, pues aunque parezca increíble todos hacen “espíritu de cuerpo” para impedir que las investigaciones sigan su normal curso.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) viene siendo presidida desde hace 156 días por la parlamentaria María Acuña, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), hermana del líder y fundador de su partido, César Acuña Peralta.

Durante su gestión se encuentran congeladas al menos 42 denuncias constitucionales, muchos de ellos relacionados a los casos de “Mochasueldos”, “Los Niños”, o “Los viajeros”, entre otros por presunto enriquecimiento ilícito.
Ninguna de esas denuncias, formuladas en su oportunidad por los fiscales Patricia Benavides, Juan Carlos Villena y Delia Espinoza ha tenido un informe final. Es decir, ninguna ha llegado a ser evaluada por el pleno.
El gran obstáculo para la Fiscalía es que al no aprobarse la denuncia en el pleno la investigación no puede avanzar de fase preliminar a preparatoria.
De acuerdo a un informe elaborado por el diario Correo, entre las denuncias presentadas que aún no reciben un informe final de parte de la SAC está la que involucra a los congresistas acusados de ser “Los Niños”, pero solo por el delito de tráfico de influencias.
Otro de los casos congelados es el de los “mochasueldos”. La mayoría de denuncias que fueron presentadas durante la gestión de Juan Carlos Villena como fiscal de la Nación interino involucran a Rosio Torres (APP), Raúl Doroteo (Acción Popular) e Hilda Marleny Portero (Acción Popular). Asimismo, a los de Podemos Heidy Juárez, Katy Ugarte, Jorge Flores, Edgar Tello, José Arriola y Darwin Espinoza.
Hay que aclarar que en el caso de la congresista Hilda Marleny Portero, es por un tema de entrega de silla de ruedas por parte de una ex trabajadora, distante a la entrega de algún dinero por parte de trabajadores o recorte de sueldo.
A los otros parlamentarios se les imputa haber recortado el sueldo a sus trabajadores durante el ejercicio de sus funciones, entre el 30% y hasta el 50% según sea el caso.
También se encuentra en observación la denuncia presentada por la Fiscalía el pasado 7 de enero contra 6 congresistas acusados de presunto peculado doloso. En esa acusación se implicó a Kira Alcarraz (Podemos), María del Carmen Alva (No Agrupada), Patricia Chirinos (Renovación Popular), Edward Málaga (Avanza País), Jorge Zeballos (Renovación Popular) y Diego Bazán (Renovación Popular).
Todos ellos habrían utilizado boletos aéreos costeados por el Parlamento para viajar a la ciudad de Trujillo con el fin de asistir al cumpleaños de Bazán Calderón.
Entre tanto, a esta lista de casos pendientes se le adhieren las denuncias contra Patricia Chirinos por peculado doloso; a Luis Aragón, Jorge Flores y Luis Kamiche por patrocinio ilegal; y contra María Córdova también por peculado doloso.
Otro caso pendiente que deberá resolverse es el que recientemente fue presentado contra 11 congresistas por aprobar una ley que benefició a cinco legisladores que reciben pensión por haber sido militar o policia, adicional a su sueldo de legisladores.
En este último caso están involucrados José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Pedro Martínez y Lucinda Vásquez.
Política
López Aliaga: “ONG Manuela Ramos le roba al pueblo más de 1 millón de dólares, del millón 400 mil que recibió” [VIDEO]
Al parecer, la ONG feminista se vio descubierta y APCI habría difundido información que revela que ésta habría recibido $1 millón 400 mil dólares de USAID para proyectos de ayuda social; sin embargo, destinó $1 millón en pago de sueldos. “Si te dan US$1 millón 400 mil, que es para ayuda al pueblo ¿1 millón se van en planillas y en consultorías?”, cuestionó el alcalde de Lima.

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8 horas agoon
07/02/2025
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, acusó a la ONG “Manuela Ramos” de haber realizado un mal uso de los fondos de USAID que recibía eventualmente. El burgomaestre señaló que de los 1.4 millones de dólares que habría recibido la ONG de parte de la agencia norteamericana, más de un millón lo habrían utilizado para cubrir los gastos personales de la organización feminista; en lugar de costear los gastos para proyectos de ayuda social en beneficio de poblaciones vulnerables, tal como lo estipula el convenio.
Entre tanto, el burgomaestre metropolitano afirmó: «Estoy buscando la verdad de cómo se le ha robado al pueblo peruano los fondos que eran para ayuda social. Por ejemplo, Manuela Ramos, un caso concreto, le roba al pueblo más de 1 millón de dólares de los 1.4 millones que recibió”.
“Si te dan US$1 millón 400 mil, que es para ayuda al pueblo ¿1 millón se van en planillas y en consultorías?”, cuestionó López Aliaga.
ONG Manuela Ramos rechaza lo dicho por López Aliaga y también emplaza a APCI
A través de sus redes sociales, la ONG Manuela Ramos no se hizo esperar y le respondió al alcalde Rafael López Aliaga sobre las acusaciones del mal uso de fondos provenientes de la ‘Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional’ (USAID) y expresó su rechazo a las expresiones de la autoridad edil. Asimismo, aseguraron que tienen la certeza de que estas acciones se dan como parte de una “campaña en contra de la sociedad civil organizada y el derecho a la participación, libertad de expresión y nuestra lucha permanente por los derechos de las mujeres, personas LGBTIQ y la igualdad de género en el país».
La ONG también indicó que, ante las últimas publicaciones difundidas sobre la ejecución de fondos de la cooperación internacional, iniciarán acciones legales y también solicitaran a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) la información que se ha difundido, pues esta «no se ajusta a la realidad y daña nuestra trayectoria y trabajo de más de 45 años en varios departamentos del país».
“Cabe recordar que, en cumplimiento de nuestras obligaciones, informamos anualmente al Estado peruano-APCI, sobre nuestro trabajo y presupuestos ejecutados, que son a la vez auditados por las agencias de cooperación. Además, reportamos a otras instancias públicas como el Ministerio de Trabajo, SUNAT y la Superintendencia de Lavado de Activos, entre otras. Todo ello guiado por nuestros principios de transparencia», se lee en el comunicado de la ONG feminista.
López Aliaga acusa a la ONG de robarle al pueblo
Entre tanto, el burgomaestre metropolitano cuestiona al organismo feminista y asevera que le ha robado al pueblo dinero que debía ser utilizado para ayuda social.
«Estoy buscando la verdad de cómo se le ha robado al pueblo peruano los fondos que eran para ayuda social. Por ejemplo, Manuela Ramos, un caso concreto, le roba al pueblo más de 1 millón de dólares de los 1.4 millones que recibió», declaró para el medio local.
Política
¡Incompetencia total! Ministro de Educación afirma que viene conversando con los padres de familia para que ellos protejan a sus hijos en el colegio [VIDEO]
Ahora serían los propios padres en velar por la seguridad de sus hijos cuando van al colegio, según declaraciones del ministro Morgan Quero, cuando eso es responsabilidad de la Policía.

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8 horas agoon
07/02/2025
El peor ministro que se ha visto en los últimos 40 años, sin exagerar, por sus constantes exabruptos, pronunciamientos, declaraciones, desconocimiento de la realidad; Morgan Quero Gaime, titular del Ministerio de Educación (Minedu), de lejos, puede ser fácilmente la mejor representación de la improvisación en la gestión de la presidenta Dina Boluarte.
Muchos no comprenden cómo así ha llegado a ser ministro en dos carteras. La única explicación es que calza bien en su rol de ‘escudero’ de la mandataria, entrenado para inmolarse por su “jefecita”.
Ahora, el “engreído” de la jefa de Estado, ha asegurado que se está reforzando la coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y las brigadas de autoprotección escolar, integradas por padres de familia, con el objetivo de garantizar la seguridad de los colegios y proteger a los estudiantes en caso de un ataque.
«Hemos mejorado las condiciones de vida de muchas personas y estamos trabajando de la mano con nuestra Policía Nacional y, por supuesto, con las brigadas de autoprotección escolar que están constituidas por nuestros madres y padres de familia. Seguiremos atentos a eso», expresó.
Este anuncio se da en un contexto de creciente preocupación y temor en la comunidad, luego de una serie de ataques armados contra instituciones educativas. Hace dos semanas, delincuentes en motocicleta dispararon contra la Institución Educativa César Vallejo, lo que obligó a suspender las actividades escolares.
A pocas cuadras de allí, la puerta de metal del colegio Javier Heraud también fue atacada en un incidente similar, aparentemente como represalia por negarse a pagar una extorsión.
Ahora, el improvisado ministro Quero Gaime quiere que sean los propios padres de familia los que resguarden la seguridad de sus propios hijos, siendo responsabilidad, en materia de seguridad ciudadana, de la Policía Nacional la vigilancia en los exteriores de las instituciones educativas.
Política
Gobierno Regional de Loreto gestiona proyectos con el Ejecutivo y el Congreso
Representantes del Gobierno Regional de Loreto estuvieron en Lima gestionando importantes proyectos de carretera y conectividad de internet para la región amazónica.

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14 horas agoon
07/02/2025
La gestión del gobernador de Loreto, Jorge Chávez Silvano, mediante su gerente de Transportes y Comunicaciones, Pio Flores Tang, sostuvo diversas reuniones y mesas de trabajo en el Congreso y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Dentro de las labores de Flores Tang en Lima, destaca su participación en la conferencia de prensa por el “Día de la Amazonía”. El gerente de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Loreto le solicitó al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, que se mejore la conexión de internet en su región. Un pedido que beneficiará a un millón de habitantes.

Pio Flores Tang también participó de una mesa de trabajo en el despacho de la parlamentaria Ana Zegarra Saboya, en el Congreso de la República. En la reunión se buscó gestionar un mayor presupuesto para los proyectos de carretera en Loreto. También como parte de su agenda, el gerente de Transportes y Comunicaciones visitó el MTC con la finalidad de sustentar proyectos y revisar los estudios de impacto ambiental que se encuentran pendientes.

“Hemos visitado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y en la Dirección de Asuntos Ambientales se encuentran los estudios que esperamos de impacto ambiental, respecto a la cuarta vía de penetración que estamos gestionando para su ejecución. Nuestros hermanos agricultores demandan la ejecución de las vías para mejorar el acceso y así puedan trasladar su producto con mayor facilidad a los mercados de Iquitos. Y esto se traduzca en menores costos para las amas de casa”, señaló Pio Flores Tang.

Además, el gerente de transportes agregó: “También estamos solicitando a Provías Descentralizado que nos apoye con un mayor presupuesto para seguir manteniendo la carretera Iquitos – Nauta, porque este año nos han restringido y eso en verdad es preocupante. Nosotros, como Gerencia de Transportes, hemos venido a sustentar en el MTC que sí necesitamos mayor presupuesto”.
Finalmente, Flores Tang mencionó: “Hemos venido al Congreso de la República con algunas autoridades regionales y hemos exigido que el Congreso haga sus buenos oficios para traer el internet a Loreto. Estamos planteando si es posible crear una ley donde se declare como un derecho fundamental el acceso de internet para las comunidades de Loreto”.
Política
Congreso: Comisión de Ética blinda a José Jerí, parlamentario denunciado por presunta violación [VIDEO]
Decidieron no investigar a congresista de Somos Perú involucrado en un ataque sexual contra una mujer que tras despertar desnuda en una cama de la casa de campo del parlamentario lo denunció ante Fiscalía. Legislador Álex Paredes afirma: «No se puede juzgar a cualquier funcionario por sus actos (que cometan) cada sábado y domingo».

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1 día agoon
06/02/2025
¡El colmo! Primero pasó el pasado jueves 23 de enero, fecha en que la Comisión de Ética se abstuvo de revisar el caso del parlamentario José Jerí por presunta violación por falta de quórum. Aquella vez, solo se hicieron presente los congresistas Alex Paredes y Elvis Vergara de manera presencial. Los demás, ni su sombra. Entre los faltones destacaron María Taipe (Perú Libre), Kira Alcarraz (Podemos Perú) y Cruz María Zeta (Fuerza Popular), ellas habían pedido licencia. Entre los faltantes más relevantes destacó Nelcy Heidinger (APP), secretaria de la Comisión, Rosangella Barbarán, Héctor Ventura, Auristela Obando (Fuerza Popular) y Kelly Portalatino (Perú Libre).

Y esta vez sí asistieron a la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso nueve congresistas, entre ellos Alcarraz, Heidinger, Paredes, Medina, Portalatino, Palacios Huamán y Vergara. Entre tanto, se mantuvieron ausentes, los dos Bazán y Rosangella Barbarán. Sin embargo, decidieron no abrir una investigación de oficio contra el congresista investigado José Jerí Ore, denunciado por presunta violación sexual a fines de diciembre pasado.
El presidente del grupo de trabajo, Alex Paredes, anunció la determinación al inicio de la sesión, argumentando que el caso se encuentra en la Fiscalía y está bajo reserva.
“No podemos interferir en una investigación en sede fiscal, donde además estamos obligados a respetar la reserva del proceso para salvaguardar a la víctima. Por estas razones, la Comisión no puede formular una denuncia de oficio sin elementos que demuestren una vulneración a la ética parlamentaria”, sostuvo Paredes.
Asimismo, el presidente de la Comisión precisó que, ante la falta de elementos que sustenten una transgresión a la ética parlamentaria, el grupo que dirige continuará a la espera de los avances del Ministerio Público.
“La Comisión de Ética sigue esperando la respuesta del Ministerio Público. Si en el futuro se determinan hechos que ameriten una indagación preliminar, procederemos conforme a nuestras atribuciones”, concluyó Alex Paredes.
Partido Somos Perú suspendió a congresista José Jerí
Como se recuerda, tras hacerse pública la denuncia, los primeros días del mes de enero de este año, Somos Perú emitió un pronunciamiento oficial en el que informó la suspensión de la militancia de José Jerí Oré hasta que culminen las investigaciones.
«Somos Perú, condena todo tipo de violencia contra la integridad de la mujer o personas vulnerables, hemos tomado conocimiento de los hechos que involucran a un congresista de nuestro partido, exigimos al Ministerio la celebridad del caso en las investigaciones, Enrique Jerí queda suspendido», escribió Somos Perú.


No solo son ministerios. El Congreso, la Fiscalía, el Gobierno, el TC, gobiernos regionales y municipios; ahora César Acuña toma el control de la Sunedu

USAID como fachada: con millones controlaban a entidades del Estado y organizaciones privadas

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