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Política

Luis Carranza y la CAF de puertas adentro

El Viceministro de Hacienda de Alejandro Toledo y exministro de Economía de Alan García, no soportó las presiones tras años de denuncias por maltrato laboral y despidos masivos desde que asumió en 2017 la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina.

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Por Patricia Janiot

Esta semana se prevé una crucial reunión del directorio de CAF / Banco de Desarrollo de América Latina, para hacerle frente a la grave crisis de liderazgo que atraviesa la institución y que amenaza con ser el escenario de una nueva medición de fuerzas entre la derecha y la izquierda en la región.  

En la agenda de la reunión del directorio, que integran representantes de 19 países, hay dos puntos importantes. El primero es buscar un sucesor a Luis Carranza, el exministro peruano de economía, quien renunció a la presidencia ejecutiva de CAF el pasado 23 de marzo, un año antes de finalizar su mandato. 

Esta es la segunda vez en la historia de las instituciones multilaterales que un director o presidente renuncia durante su primer mandato. Carranza se suma al francés Dominique Strauss-Kahn, quien en 2011 renunció a la dirección del Fondo Monetario Internacional acusado de asalto sexual contra una mucama del hotel donde se hospedaba en Nueva York. 

Otro punto a tratar en la reunión del directorio de CAF es precisamente lo que precipitó la salida de Carranza: la decisión inédita del directorio, en 50 años de funcionamiento del banco, de integrar una comisión independiente encargada de investigar decenas de denuncias de acoso laboral, despidos injustificados, atropellos hacia funcionarios de la institución que fueron forzados a renunciar luego de que Carranza asumiera el liderazgo del ente financiero en 2017, sumados a serios cuestionamientos sobre la transparencia de ciertos manejos administrativos y de gobernanza de la organización.

La renuncia

En su carta de renuncia, Carranza lamenta “el interés de politizar la actuación de CAF”. Atribuye su decisión a la falta de respaldo del directorio para aprobar “importantes iniciativas” – incluyendo “un novedoso esquema de capitalización” – y para aceptar el nombramiento de su designado en una de las vicepresidencias del banco.

Carta de renuncia de Luis Carranza

“Esta decisión (del directorio) responde a mi juicio, en parte a mi negativa a ceder al interés de algunos países de interferir políticamente en las atribuciones que el Convenio Constitutivo le otorga al Presidente Ejecutivo para designar a sus colaboradores inmediatos”.

El Presidente Ejecutivo va más allá y decide apuntar su dedo acusador. “En particular, los Directores por Argentina me solicitaron verbalmente y a través de mensajes escritos a principios de 2020, que designe como vicepresidente a una persona que no reunía las condiciones para el cargo”.

Lo que el saliente Luis Carranza sí quiso pasar por alto fueron los serios cuestionamientos de cerca de 40 exempleados sobre su política que califican como un “régimen de terror” o “una administración de cuartel”. El exministro solo se limitó a escribir: “Durante mi gestión se incorporaron claramente en la normativa y en la práctica, principios de meritocracia y de integridad, ética y transparencia, en las políticas y procesos de capital humano”. 

De acuerdo con los testimonios de 8 exfuncionarios que entrevisté, fueron precisamente la integridad, la ética y la transparencia, los valores que se barrieron debajo de la alfombra para “deshacerse” abruptamente de unos 100 empleados con muchos años (en algunos casos cuatro décadas) de servicio a CAF.

El modus operandi

Según las declaraciones que obtuve, el esquema aplicado desde 2017 hasta finales de 2020 ha tenido un patrón: 

  • Oferta de jubilaciones adelantadas.
  • Supuestas faltas cometidas por los funcionarios para justificar su separación de la entidad sin ofrecer argumentos ni la posibilidad de escuchar la defensa del funcionario.
  • Incumplimiento de los procedimientos administrativos para argumentar una separación del cargo.
  • Ultimátums telefónicos o presenciales (“o renuncia o lo despedimos”).
  • Una carta de renuncia previamente redactada.
  • Coacción de los funcionarios que ejecutan “las renuncias”, las cuales deben ser firmadas de inmediato o en el menor tiempo posible.
  • Bloqueo al instante del acceso al edificio y a sus computadores.
  • La firma de un compromiso de confidencialidad, donde se establece que en caso de controversias, estas deben dirimirse ante la Comisión de Arbitraje de la ONU en Nueva York, desconociendo la jurisdicción local de un organismo que opera en diferentes países de América Latina, el Caribe y España.

A cambio de la renuncia, los empleados reciben una liquidación económica que, de acuerdo a algunos entrevistados, no podía ser verificada plenamente. En los casos de ciertos expatriados, dicen, tenían muy poco tiempo para organizar asuntos personales (colegios, tratamientos médicos, arriendos, menajes). A los funcionarios que estaban próximos a obtener su jubilación, les ofrecían un seguro de salud vitalicio, de acuerdo a la normatividad interna de CAF.

Los problemas comenzaron a evidenciarse tan pronto Luis Carranza sucedió en la presidencia ejecutiva a Enrique García, quien con un prestigio generalizado presidió el Banco de Desarrollo de América Latina durante 26 años.  

El negocio bancario

En 2017, el gobierno venezolano solicitó un crédito por 400 millones de dólares. De acuerdo con la legislación venezolana, los endeudamientos de la nación deben contar con la aprobación de la Asamblea Nacional que en la época ya estaba controlada por la oposición. 

Sin el aval de la asamblea legislativa, el banco determinó la ilegalidad del crédito, el cual tenía como principal objetivo pagar unos vencimientos de deuda contraída con la propia CAF.  Es decir, el gobierno de Maduro solicitaba más dinero prestado a CAF para luego devolvérselo nuevamente al banco con el propósito de cancelar unos intereses y su obligación de pago de una porción de otro préstamo anterior otorgado por CAF.

Tanto el consultor jurídico Ricardo Sigwald, como directivos de la Vicepresidencia del Sector Productivo y Financiero de CAF, recomendaron refinanciar la deuda y aplazar los vencimientos. Sin embargo, según fuentes consultadas, el gobierno venezolano se opuso porque no quería hacer evidente su falta de liquidez e incapacidad de pago.

Fue entonces cuando la nueva administración de CAF planteó esta fórmula: otorgarle un crédito al Banco Central de Venezuela para que este a su vez le entregara el dinero al gobierno de Nicolás Maduro. De esta manera, el régimen venezolano atendería sus obligaciones y vencimientos de deuda con CAF.

Los funcionarios antes mencionados se opusieron, argumentando que los créditos para las instituciones financieras se destinan para programas de transformación productiva o necesidades transitorias de liquidez, pero no para operaciones de pago de deuda a largo plazo. “Eso no es ético”, me dijo uno de ellos. 

Como un delincuente

El consultor jurídico que llevaba 17 años trabajando para CAF, escribió un memorando al presidente Carranza en el que manifestaba que la alternativa planteada no era aconsejable, porque a su juicio ponía en riesgo la posibilidad de que el Estado venezolano reconociera esa deuda con CAF en caso de un default.

La defensa de los intereses del banco le costó el puesto a Sigwald y al vicepresidente del área encargada, quienes – según declaraciones obtenidas – “de manera arbitraria fueron invitados a un retiro forzado”. Otro funcionario me comentó: “A Sigwald lo trataron como si fuera un delincuente. No pudo ni siquiera entrar a su oficina”.

Sigwald, quien era muy apreciado por sus compañeros debido a su integridad y a su don de gente, quedó muy afectado por la forma en que fue despedido. Interpuso una acción judicial contra el banco y con el tiempo sus problemas de salud se agravaron hasta que falleció en 2020.

La nueva presidencia de CAF hizo prevalecer su interés por evitar que Venezuela, uno de los principales deudores del banco, entrara en mora y afectara así la calificación de riesgo del organismo. El préstamo al Banco Central de Venezuela finalmente se aprobó a finales de 2017. 

Algunos de los préstamos aprobados por CAF 2017

A las salidas forzadas se fueron sumando varias más, incluyendo el despido de Soraya Lazcano después de 24 años de servicio en el área de relaciones externas. Al terminar una licencia no remunerada para continuar sus estudios en comunicaciones y mercadeo en Estados Unidos, la presionaron varias veces para que renunciara y se negó. Ella también tomó una acción judicial contra CAF. 

“Me parecía una injusticia y una arbitrariedad con tantos funcionarios y pensé que esto no podía pasar desapercibido. Yo no me puedo quedar callada”. Entonces decidió junto con otros exfuncionarios poner en conocimiento de las más altas directivas del banco el injusto manejo laboral al interior de la institución.   

Las denuncias

Las primeras seis quejas llegaron a la reunión del directorio en noviembre de 2018, después de que algunos de los funcionarios le habían escrito directamente al presidente ejecutivo, sin recibir respuesta. Le pedían al directorio investigar sus denuncias.  

En su misiva, Soraya Lazcano escribió: “Entre estos abusos y maltratos, se destacan una serie de despidos no solo injustificados y en algunos casos ilegales, sino, además, realizados con prepotencia, maltrato, arbitrariedad y desconsideración, en forma totalmente contraria a las prácticas usuales de CAF, saltándose no solo toda norma de convivencia corporativa, sino esenciales principios éticos y jurídicos establecidos en diversos instrumentos que regulan las relaciones laborales, las cuales la institución está llamada a respetar”. Carta de Soraya Lazcano http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/SLazcano_CartaalPresidenteDirectorio_CAF_20Nov18.pdf 

Ricardo Sigwald, el consultor jurídico alcanzó a secundarla con un correo electrónico enviado al presidente del directorio: “La gestión de la actual administración se caracteriza por la arbitrariedad de sus decisiones, y por la prepotencia y desconsideración con que se trata a los funcionarios. Se ha despedido a una gran cantidad de ellos sin causa o alegando causas inexistentes, mientras que en otros casos se ha usado la coerción para obtener renuncias violando las más elementales normas éticas”.  Añade: “Sobresalen por su gravedad los casos de quienes hemos sido despedidos por dar opiniones técnicas”. Email enviado por Ricardo Sigwald http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Correspodencia-enviada-al-Directorio-en-Nov2018-por-el-exconsultor-Juridico-de-CAF-.pdf

También lo hizo Gonzalo de Castro, quien como él mismo lo describe en su carta, fue “intempestivamente compelido a renunciar, bajo coacción y amenaza, a mi posición de Ejecutivo Senior”. Trabajaba como expatriado en las oficinas de CAF en España. En otros apartes de su carta se puede leer: 

“Se trata de una gerencia de la extorsión, de la coacción, del abuso y del capricho, algo completamente ajeno a las prácticas que por más de dieciséis años observé en CAF. Al momento de coaccionarme para que renunciara, no solo hubo una conducta arbitraria de las personas designadas a dicha finalidad, sino un agravio a mi familia, puesto que se me indicó que tendría que salir en muy breve plazo de España, desconociendo que tengo hijos en edad escolar”. Carta de Gonzalo de Castro http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Correspodencia-enviada-al-Directorio-en-Nov2018-por-Gonzalo-De-Castro-ex-funcionario-de-CAF-.pdf

La auditora general de entonces, Mayra Andrade, se unió a esas primeras voces de alerta. En su carta al presidente del directorio, acusó directamente a la vicepresidenta de administración, Elvira Lupo, de amenazas, de intentar usar las funciones de la auditoría contra una funcionaria en particular con el ánimo de despedirla y de “inventar” argumentos para forzar su renuncia. Si se oponía a la orden, la despedirían como la auditora general de CAF. “Debo confesarle que nunca antes en mi vida profesional, fui tratada de esa forma”, manifestó  la señora Andrade. Carta de Mayra Andrade http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/carta-al-Presidente-del-Directorio-nov.pdf  

Las primeras cartas y mensajes que llegaron al presidente del directorio, según me contó Soraya Lazcano, causaron cierta conmoción, pero tal vez, dice, no era el momento para actuar, porque Carranza llevaba poco tiempo en el cargo. Los denunciados abusos laborales y cuestionables manejos internos del negocio de aprobaciones continuaron sucediendo en los años siguientes. 

Renuncias obligadas

Yo misma tuve acceso a un audio grabado por un exempleado del banco al momento en que procedían a su “separación, efectiva de inmediato”.

La grabación, que se quiere mantener en reserva, muestra claramente las tácticas usadas por funcionarios de recursos humanos para salir del personal “no deseado”. En un tono controlado e impersonal, ofrecían la opción de firmar una carta de renuncia que ya tenían escrita, “pero si no quieres firmar la carta de renuncia, tal cual está planteada, nos vemos en la obligación de ir por la notificación del despido justificado”, la cual, al igual que la renuncia, estaba previamente escrita. 

Ante el asombro de la víctima, los directivos aumentaban la presión para que tomara una decisión de inmediato: “Después de esta conversación, tenemos que salir con una u otra de las documentaciones en nuestras manos”. Sin ninguna consideración, desde ese momento se le impedía al empleado su acceso al edificio y a la plataforma tecnológica de CAF. 

Al preguntar la razón de su “separación”, esta persona que estaba siendo chantajeada a cambio de evitar un despido “justificado”, nunca escuchó ningún tipo de argumentación detallada que justificara su salida y mucho menos tuvo derecho a su legítima defensa.

Para efectos de respetar su anonimato, no ofreceré información adicional sobre esta grabación en la que escuché un triste incidente de humillación laboral.

Ambiente de terror

A medida que fueron avanzando los despidos y las “forzadas renuncias voluntarias”, también se implementaron políticas administrativas que muchos vieron más acorde a “un régimen militar” que a un organismo financiero multilateral donde, en general, se ingresa tras contar con las mejores credenciales.

Con el ascenso de Elvira Lupo a la vicepresidencia de administración, fue ganando mayor poder. Las áreas de recursos humanos, logística, compras, seguridad, presupuesto, contabilidad y operaciones le reportan directamente a su vicepresidencia. 

“Lupo tiene todo el poder. Es ella quien toma las decisiones en CAF, porque Carranza estaba ausente”, me dijo uno de mis entrevistados que quiere mantener su nombre en reserva. 

El hostigamiento también se sintió cuando la vicepresidenta implementó el programa “SOL” (Seguridad, Orden y Limpieza) con mucha rigurosidad, como me explicó Alejandra Claros, una diplomática de carrera que ocupaba el cargo de coordinadora de secretaría de CAF, adonde llegó después ser la jefa de gabinete del expresidente Evo Morales.  

Según me contó, en las oficinas del banco no está permitido tener más de dos fotos en el sitio de trabajo ni objetos que no sean relacionados al organismo, como recuerdos de viajes, dibujos de los hijos o libros que no sean de uso laboral. 

Tampoco pueden tener más de una planta ni tomar café en el escritorio. “Los encargados pasaron puesto por puesto para evaluar qué cosas podían permanecer en tu lugar de trabajo. Incluso, te revisaban los cajones del escritorio”. Y agregó: “Venían con una bolsa de basura… Mucha gente terminó llorando cuando veía que sus recuerdos los tiraban a la basura”. 

Claros me comentó cómo se puso en marcha un sistema en el que mensualmente los funcionarios de CAF reciben un reporte gráfico y a color de las horas de llegada y salida a las oficinas. (Aquí el gráfico de entrada y salida http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Grafico-de-horarios-CAF.jpg) En rojo figuran los días en los que el empleado llega a trabajar más de 5 minutos tarde, y en amarillo en los que lo hace hasta 5 minutos después de su horario. “Es como un semáforo y te implica que no puedes ascender o tomar créditos”, me relató Alejandra Claros.

Según ella, con esta medida los funcionarios sentían mayor presión por llegar a tiempo. Tenían que esperar en fila a la entrada de los ascensores ante la aglomeración de empleados. Incluso, se congestionaban los ingresos a los estacionamientos de las oficinas.  

La administración tampoco autorizaba permisos para atender asuntos personales como reuniones en el colegio de los hijos. “Tenías que sacar un día de vacación y no permitía que te quedes más tiempo en el trabajo, porque eso implicaba que eras ineficiente. Si salías más tarde, tu salida era roja”, aseveró Claros.

Según el testimonio de la excoordinadora de secretaría, al llegar la pandemia, todo el personal de CAF (alrededor de  650 empleados en distintos países) fue obligado a trabajar en sus oficinas, sin permitirles el trabajo remoto a pesar de que el banco no opera con atención al público y que algunos funcionarios debían tomar transporte público, exponiéndolos al contagio. 

Esto incluía, de acuerdo a otras entrevistas, a personas asmáticas o con otras condiciones de salud que los exponían en mayor riesgo.  A pesar de que se implementaron estrictas medidas de protección, higiene y distanciamiento, alrededor de 80 empleados se contagiaron, lo que obligó a CAF a establecer turnos de trabajo.

Alejandra Claros se quejó de que “han sido abusivos en pandemia porque algunas personas que se han enfermado, les han pedido su renuncia. ¿Qué más humillaciones te pueden hacer?”, se preguntaba.

Otra funcionaria me habló del conflicto de interés que existe en el Comité de Ética, una instancia a la que pueden acudir los funcionarios para ventilar sus quejas. Pero el comité está integrado por algunos de los directivos hacia quienes apunta la mayor cantidad de denuncias de maltrato y acoso como Elvira Lupo, (vicepresidenta de administración, quien además integra el comité de transparencia) y Javier Mejía (recursos humanos y secretario del comité de transparencia), por lo que resulta inoperante debido a que los empleados tienen temor a denunciar. Entre otros directivos que fueron blanco de quejas figuran Víctor Rico (secretario general e integrante del comité de transparencia)  y Ana María San Juan (directora de iniciativas regionales).

Recursos sin supervisión

Otra de las observaciones que señalaron algunos de los exfuncionarios consultados tiene que ver con los miles de millones de dólares que aprueba CAF anualmente. Como se puede ver en los reportes anuales, una gran parte del dinero se destina a líneas de crédito, muchas renovadas, a bancos e instituciones financieras públicas y privadas, esto sin contar los montos en operaciones swaps y PBLs. Entonces, surge la pregunta: ¿Por qué CAF aprueba mucho más dinero para bancos de la región en lugar de destinar gran parte de sus recursos a proyectos de desarrollo?

Tabla de Reporte Anual de CAF 2017
Tabla de Reporte Anual de CAF 2018
Tabla de Reporte Anual de CAF 2019
Tabla de Reporte Anual de CAF 2020

Según las fuentes consultadas que tuvieron acceso a la información financiera en CAF, estas líneas de crédito, en su mayoría, son de libre disponibilidad y son consideradas operaciones para capital de trabajo de los bancos y las entidades financieras. “Son líneas de crédito que no le agregan valor al desarrollo de la región y, por lo general, no se pide rendición de cuentas”.   

Como me dijo Juan Francisco Blásquez, otro funcionario coaccionado a renunciar, “se busca de alguna manera que estos recursos lleguen a proyectos que tengan algún impacto en la sociedad, pero no se ejerce ningún control sobre el uso de esos recursos”. ¿Cómo se explica la falta de seguimiento y supervisión a las multimillonarias aprobaciones de las líneas de crédito? 

A través de la Dirección de Comunicación Estratégica, le envié estas y otras preguntas que resumían los cuestionamientos sobre el manejo del personal, al Presidente Ejecutivo y a la Vicepresidenta de Administración. Después de esperar unos días, me remitieron al comunicado en el que se informa sobre su retiro y el balance de su gestión. https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2021/03/el-presidente-de-caf-se-retira-de-su-cargo-dando-paso-a-una-nueva-administracion/  

En sus declaraciones, Carranza ha hecho énfasis en el ahorro y en los esfuerzos de autoridad, pero al analizar los gastos administrativos durante sus años de gestión al frente del Banco de Desarrollo de América Latina, sus propios informes financieros muestran que aunque hubo un ahorro en 2019, en promedio los gastos no financieros se incrementaron durante la presidencia de Carranza (2017-2020).

Cronología de Gastos No Financieros de CAF

Muy cuestionada también fue la decisión de nombrar como asesora de la presidencia de CAF a la señora Susana Pinilla, luego de que las autoridades peruanas la consideraran prófuga de la justicia.

Antes de unirse a CAF en 2012 como representante del banco en Panamá, Pinilla, exministra peruana de Trabajo y de la Mujer, había sido una de las directoras de CORPAC, la corporación que proporciona los servicios de navegación aérea y aeroportuarios en Perú.  

En febrero de 2019, la justicia peruana la sentenció a 5 años de prisión por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión. El caso tenía que ver con pagos injustificados para la construcción inconclusa de una nueva sede de CORPAC.

Tribunal en Perú condena a Susana Pinilla (escuchar al minuto 10)

A partir de esta condena, Pinilla fue suspendida como la directora representante de CAF en Panamá, pero en una decisión que muy pocos se explican, al año siguiente, fue nombrada asesora de la presidencia de CAF en Panamá hasta que en enero de 2021, según me informan, presentó su renuncia.

El detonante de la renuncia de Carranza se dio después de la más reciente reunión del directorio el 2 de marzo, cuando se leyeron las cartas de 10 exfuncionarios, incluyendo las enviadas en 2018, en las que se denunciaban los abusos laborales y se solicitaba la conformación de una comisión investigadora de las prácticas internas de CAF. 

Una de esas cartas fue precisamente la de Alejandra Claros, la cual fue expuesta en un tweet del expresidente de Bolivia Evo Morales el 28 de febrero imprimiéndole más presión al directorio de CAF para que actuara de inmediato.

Tuit de Evo Morales publicando carta de Alejandra Claros.

Aparte de las hostilidades que he enumerado en este artículo, Claros menciona un “cambio de sede de facto” de Caracas a Perú, donde se instaló Carranza desde que llegó a CAF, “acción que transgrede el propio convenio (constitutivo de CAF) que fue firmado y ratificado por todos los países miembros”.

En su misiva, Claros también explica el motivo por el que, según dice, la separaron del cargo. Hace referencia a las denuncias presentadas en forma escrita y verbal sobre la conducta del secretario general de CAF, Víctor Rico, quien era su jefe y boliviano de nacionalidad, al igual que Claros.

“El señor Rico me solicitó interceder en un caso de corrupción ante la justicia boliviana a favor de un cuñado. El Secretario quiso ejercer su posición de poder al ser mi jefe inmediato superior, pretendiendo utilizar mis relaciones personales y laborales que había construido como exjefa de gabinete del presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma”.

Claros, quien presentó una acción judicial contra el banco, se negó a esta solicitud y a otra “para que interceda y se pueda resolver un proceso administrativo en Bolivia, porque sus cuentas bancarias están congeladas. Yo me niego y él empieza a utilizar métodos de presión y de acoso”.

Al día siguiente de llevar su caso al Comité de Ética, el 14 de noviembre de 2019, la CAF le solicitó su renuncia. “Les rogué que me den hasta junio que mi hijo terminaba el colegio y que yo iba a ver qué hacía porque mi situación era insoportable. No me dieron la oportunidad ni de un día. Y me dijeron que si yo no renunciaba, me iban a sacar con las personas de seguridad”. 

A la carta de Alejandra Claros, en la que habla de violencia y acoso laboral, se sumaron la de otros exfuncionarios.

Carta de Vicky Furió http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Denuncia-formal-Vicky-Furio-DirectorioCAFNov2018.pdf

Carta de Jorge Horacio Kogan http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Memo-Caso-JHK.pdf

Carta de Juan Francisco Blásquez http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Carta-PE-CAF-caso-JFBC.pdf

Uno de ellos, Juan Francisco Blásquez me dijo que después de 40 años de servicio a CAF con una hoja de vida intachable, su jefa inmediata Gloria Gamero “buscóla forma de que la CAF me hiciera una amonestación, argumentando estupideces. Manifesté que no estaba de acuerdo con su contenido porque era falso. Se argumentaba de que yo no tenía espíritu de trabajo en equipo, que lo que yo hacía no contribuía con los propósitos de la dirección. Una sarta de tonterías”.

Blásquez dice que llevó su queja ante el Comité de Ética y eso fue suficiente motivo para que lo despidieran, sino aceptaba renunciar. “El Comité de Ética para nada funciona. La misma que lo preside, es la misma que hostiga”, concluyó.

Juan Francisco es un expatriado y dice que CAF se ha negado a entregarle documentos e información que necesita con el fin de regularizar su situación migratoria en un país que no es el suyo. “Estoy a la deriva”. 

Tras su renuncia, el saliente presidente de CAF ha ofrecido algunas declaraciones a medios de prensa (El Comercio https://bit.ly/2PCG8XB / La República https://bit.ly/3rTUlMM),  las cuales son rechazadas por decenas de exfuncionarios de CAF (El País https://bit.ly/3unyfnE) que se han organizado en una asociación, y desde donde están dispuestos a declarar ante la comisión encargada de investigar los abusos que han denunciado para que puedan hacer un trabajo serio e imparcial. También quieren que los “acosadores” que aún continúan en el banco con sus “tácticas temerarias”, asuman su responsabilidad. 

Aseguran que sus denuncias no están vinculadas a ninguna politización o a ningún desacuerdo con “la eficiencia y meritocracia” y que sus renuncias no fueron “voluntarias” como ha expresado Luis Carranza.  Dicen que esta afirmación es “falsa y temeraria” y desconoce la validez de sus reclamos. http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/DECLARACION-PUBLICA-Exfuncionarios-de-CAF.pdf

Al respecto, Soraya Lazcano afirmó: “Aquí no es un tema político. Yo pienso honestamente que a Carranza le quedó grande el cargo y no tiene mejor manera que lavarse las manos y decir hasta luego, me hago a un lado”.

Otro exfuncionario de alto nivel destacó que Carranza se va “generando mayor polarización con sus mensajes, en los que ataca específicamente a países. Esto no se hace”.

Los retos

El desafío lo tiene a partir de ahora el directorio, que, para los efectos prácticos, es la máxima instancia de gobernanza de CAF (aunque los estatutos determinan que es la asamblea de accionistas). Los directores tendrán que establecer un calendario viable para realizar un proceso transparente de selección del presidente ejecutivo, en el que los países puedan designar a sus candidatos y estos a su vez presentar sus planes para el banco, se valoren sus programas y se elija sin apresuramientos.  

Por ahora suenan los nombres de candidatos de corrientes políticas opuestas y algunos países quisieran acelerar el nombramiento del sucesor de Carranza antes de que se realicen las elecciones presidenciales en Ecuador y Perú, porque el resultado de esos comicios podría inclinar la balanza hacia cierta tendencia política, lo que podría determinar la escogencia del nuevo presidente ejecutivo de CAF.

Si el candidato decide escogerse por votación, cualquier candidatura que tenga un tinte político ganaría por pocos votos en una elección muy cerrada y sería un triunfo conflictivo. Ese no es el escenario deseado si la polarización comienza a ganar terreno en el organismo.

Lo sensato sería encontrar una tercera candidatura de consenso, que combine en ese líder talentos técnicos con un buen manejo de relaciones externas, manteniendo su independencia frente a las diferencias políticas. Aún mejor si la elección se hace por unanimidad, tal como ocurrió con los cinco procesos en los que se escogió a Enrique García, el antecesor de Carranza.   

Los retos para CAF no son pocos al prestarle dinero a una región que el propio Carranza describe como “la más golpeada del mundo por la crisis de la pandemia. Su recuperación va a estar por debajo del promedio mundial”.  

El banco tendrá que aumentar su inversión social para ayudar a millones que quedaron por fuera del mercado laboral. Tendrá que pensar en aumentos de capital y en acceder a los mercados financieros internacionales. Pero antes está en la obligación de arreglar su crisis interna, reconstruir su reputación y eso será difícil sin afectar su calificación de riesgo.  

Para lograrlo, el sucesor de Carranza tendrá que ser hábil en el manejo de las relaciones con sus socios. Lo debe hacer con independencia, autonomía y al margen de las corrientes opuestas o la política de turno de la región. 

Lo que suceda en CAF tendrá efectos directos en el desarrollo de Latinoamérica. Este organismo que, bajo el liderazgo de Enrique García, el antecesor de Luis Carranza, se destacó por haber lidiado con eficacia e independencia décadas de vaivenes políticos en la cooperación regional, se convirtió en una de las principales fuentes de financiamiento multilateral, junto con el BID y el Banco Mundial. 

Presta alrededor del 30% de los recursos para la región, hasta ocupar el primer lugar en aprobaciones a proyectos de infraestructura en nuestros países. Según el reporte anual de CAF, en 2020 desembolsó recursos por un total de $10.383 millones de dólares destinados a atender la capacidad de respuesta de diferentes gobiernos y entidades frente a las crisis sanitaria y económica generadas por la pandemia. 

Y ante el empobrecimiento de la región, hoy más que nunca Latinoamérica necesita de este tipo de organismos sin los cuales la recuperación económica y social será más difícil. Es hora de que CAF se encarrile con un buen timonel.

Nota: Colombianitos e Innovadores de América, dos organizaciones a las que he estado vinculada en sus juntas directivas, han recibido en el pasado fondos de cooperación técnica no reembolsables de CAF. 

Tomado de portal https://www.patriciajaniot.news/

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Política

Ministro de Educación Morgan Quero, investigado por discriminación, es defendido con fondos del Minedu

¿Uso legítimo o abuso de recursos públicos? ¿Por qué se normalizó el despilfarro de dinero?

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El Ministerio de Educación aprobó —mediante resolución de Secretaría General N.º 208-2024-MINEDU — otorgar defensa legal al ministro de Educación Morgan Quero Gaime con fondos públicos, pese a estar denunciado por presunta discriminación contra el pueblo Awajún.

En aplicación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 284-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N.º 004-2015-SERVIR/GPGSC, denominada “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y exservidores civiles” —modificada por las Resoluciones N.º 185-2016-SERVIR-PE y N.º 103-2017-SERVIR-PE— el Ministerio de Educación a venido otorgando defensa legal a funcionarios y exfuncionarios. Esta normativa, en su numeral 6.1, establece, entre otros requisitos, que para acceder a dicho beneficio se debe presentar una solicitud expresa dirigida al titular de la entidad, cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 6.3 de la Directiva.

Con la Resolución de Secretaría General N.º 111-2024-MINEDU de fecha 2 de julio de 2024, el Ministerio de educación aprobó la defensa legal de Ana del Pilar López Rodas, exdirectora general de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación, por presunta comisión del delito contra la humanidad en la modalidad de discriminación e incitación a la discriminación. Acusación que comparte junto al actual ministro de Educación Morgan Niccolo Quero Gaime.

En efecto, mediante la Resolución de Secretaría General N.º 208-2024-MINEDU, publicada el 31 de octubre de 2024, se declara procedente el otorgamiento del beneficio de defensa legal a favor del actual titular del sector.

Cabe señalar que, el actual representante del MINEDU, es investigado por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima, en el marco de una investigación preparatoria, a raíz de sus declaraciones del 10 de junio de 2024, en las que afirmó:

“[…] Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad en relación con los descargos que correspondan […]”.

Estas declaraciones se emitieron en relación con los casos de violencia sexual contra menores de edad ocurridos en la UGEL Condorcanqui, vinculados a poblaciones nativas Awajún y Wampis.

La norma Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 185-2016-SERVIR-PE, “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles”. – Anexo 2, toda vez que en su numeral 6.2 de la establece cuándo NO procede otorgar defensa legal. Entre los supuestos menciona:

Literal b) Cuando el solicitante no tenga la calidad de denunciado, investigado, procesado, imputado, demandado, testigo, tercero civilmente responsable de ser el caso haya sido citado para la actuación de alguna prueba en los procesos, procedimientos previos o investigaciones a que se refiere el numeral 5.2 del Artículo 5 de la presente Directiva, los hechos imputados no estén vinculados a omisiones, acciones o decisiones en el ejercicio regular de sus funciones o bajo criterios de gestión en su oportunidad como servidor civil o ex servidor civil de la respectiva entidad, derivadas del ejercicio de la función pública.(el subrayado es nuestro)

¿Se justifica el uso de recursos del Estado para defender declaraciones que podrían constituir actos discriminatorios? ¿Acaso las presuntas declaraciones discriminatorias forman parte del «ejercicio regular» de funciones del ministro Morgan Quero? ¿Es un «criterio de gestión» insultar a un pueblo originario como el Awajún?

Si bien es cierto que el ministro actuaba en calidad de funcionario público al momento de las declaraciones, ello no implica per se que sus expresiones estén cubiertas por el marco funcional de su cargo. En este caso, las expresiones atribuidas al ministro —según la denuncia presentada por la congresista Ruth Luque Ibarra — no solo carecen de justificación funcional, sino que colisionan especialmente si éstas contravienen principios constitucionales como el respeto a la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la protección de los pueblos indígenas (artículos 1, 2 y 89 de la Constitución Política del Perú).

El caso del ministro Morgan Quero es particularmente indignante. Un alto funcionario acusado de emitir declaraciones discriminatorias contra el pueblo originario Awajún, y el Estado —nuestro dinero— pagando por su defensa. Como si las palabras que hieren a nuestras etnias fueran parte del deber ministerial. Como si ofender fuera una prerrogativa del cargo.

Resulta profundamente preocupante que, ante esta denuncia, algunos actores políticos y gremiales hayan salido a respaldar al ministro sin siquiera considerar la realidad estructural de exclusión que enfrentan las comunidades Awajún y Wampis no solo en el departamento de Amazonas.

Este caso amerita una revisión urgente por parte de la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General de la República y el Congreso de la República. La defensa legal con fondos públicos debe proteger el cumplimiento del deber, no blindar actos reprochables.

El artículo 77 de la Constitución establece que el uso de los recursos públicos debe estar orientado a fines de interés general. En consecuencia, el financiamiento de la defensa legal de un ministro acusado de realizar expresiones discriminatorias genera un conflicto ético-administrativo, pues se estaría utilizando dinero de todos los peruanos para proteger actos que podrían constituir una afectación directa a un sector históricamente vulnerado como el pueblo Awajún.

En términos de control de legalidad, corresponde evaluar si este acto administrativo —aunque aparentemente válido en su forma— resulta ilegítimo por su contenido y por la finalidad que persigue.

¿Es este el Perú que queremos? ¿Uno donde la discriminación se protege con fondos públicos mientras las comunidades indígenas luchan por ser escuchadas?

Según la Resolución de Secretaría General N.º 087-2025-MINEDU, se formalizó una modificación presupuestaria por 970,950 soles al rubro Defensa Judicial del Estado. Si bien este fondo está legalmente destinado a la defensa jurídica del Estado como institución, existe el riesgo de que parte de estos recursos termine beneficiando a funcionarios de alto nivel involucrados en procesos legales por actos realizados durante su gestión. Esto abre una legítima preocupación ciudadana: ¿estamos financiando con recursos públicos una defensa que debería ser personal?

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Política

Minedu cubre defensa del exministro Daniel Alfaro y el actual ministro Morgan Quero y otros 17 funcionarios

Con dinero de todos los peruanos se paga a abogados que defienden a exfuncionarios y funcionarios con problemas legales en el Ministerio de Educación.

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Durante la gestión del ministro de Educación, Morgan Niccolo Quero Gaime, entre abril de 2024 y abril de 2025, la Secretaría General del Ministerio de Educación emitió 21 resoluciones mediante las cuales se concedió defensa legal a 19 personas —entre funcionarios y exfuncionarios— involucrados en procesos judiciales, investigaciones fiscales y administrativas, en el marco de presuntas responsabilidades derivadas del ejercicio de sus funciones.

En el ajedrez político del Perú, hay piezas que se mueven solas. No importa si están en jaque, si cometieron errores, o si su jugada fue torpe: el tablero se inclina siempre a su favor. ¿Por qué? Porque el Estado ha decidido que ciertos jugadores merecen protección. No importa el color de su ficha ni las reglas del juego.

En aplicación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 284-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N.º 004-2015-SERVIR/GPGSC, denominada “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y exservidores civiles” —modificada por las Resoluciones N.º 185-2016-SERVIR-PE y N.º 103-2017-SERVIR-PE—, ha venido otorgando defensa legal a funcionarios y exfuncionarios. Esta normativa, en su numeral 6.1, establece, entre otros requisitos, que para acceder a dicho beneficio se debe presentar una solicitud expresa dirigida al titular de la entidad, cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 6.3 de la Directiva.

Bajo este marco, se han aprobado 19 defensas legales a favor de funcionarios y exfuncionarios del sector. Aunque se argumenta que el procedimiento se ajusta a la norma, en la práctica se configura un sistema desigual donde los beneficios se otorgan de manera selectiva. Mientras a algunos se les rechaza la solicitud sin mayor explicación, otros —incluido el exministro Daniel Alfaro, el ministro Morgan Quero Nicollo y exfuncionarios— reciben el respaldo del Estado como si se tratara de un privilegio garantizado.

Daniel Alfaro fue ministro de Educación del investigado expresidente Martín Vizcarra.

Entre los beneficiados destacan:

  1. Ruth Marina Vilca Tasayco, exjefa encargada de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (Resolución N° 063-2024-MINEDU, Expediente N° 12819-2023, 04/04/2024, presunta indemnización por daños y perjuicios al MINEDU).
  2. Rossana María Zurita Silva, exasesora Pedagógica para la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación (Resolución N° 077-2024-MINEDU, Expediente N° 04529-2021, 18/04/2024, presunta comisión del delito de exhibiciones obscena en material educativo).
  3. Leoncio Delgado Uribe, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 080-2024-MINEDU, Expediente N° 01938-2023 y Expediente N° 17692-2021-0-1801-JR-LA-84, 25/04/2024 y 03/03/2025, ambos por presunta indemnización por daños y perjuicios al Estado).
  4. Willy Arturo Olivera Absi, exjefe de la Oficina De Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 082-2024-MINEDU y N° 120-2024-MINEDU, Expedientes distintos, 25/04/2024 y 2/07/2024, presunta indemnización por daños y perjuicios al Estado).
  5. Raúl Antonio Moral Guillén, excoordinador Regional en Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres 09 de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Educación (Resolución N° 083-2024-MINEDU, PAD, 26/04/2024, presunto incumplimiento de funciones).
  6. Víctor Enmanuel Luján Ccorahua, excoordinador Regional en Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres 09 de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Educación (Resolución N° 101-2024-MINEDU, PAD, 22/05/2024, presuntamente, incumplimiento de funciones).
  7. Ana Del Pilar López Rodas, exdirectora general de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe, y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación (Resolución N° 111-2024-MINEDU, investigación fiscal, 2/07/2024, presunto delito contra la humanidad, discriminación).
  8. Catalina Julietta Horna Melo, , excoordinadora del Área de Estudios y Proyectos de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 126-2024-MINEDU, Expediente judicial, 11/07/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Ministerio de Educación).
  9. Hernán Jesús Navarro Franco, exencargado de la Unidad de Planeamiento y Normatividad de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación(Resolución N° 160-2024-MINEDU, Expediente N° 03001-2024, 9/09/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Ministerio de Educación).
  10. Iván Jimy La Rosa Tong, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resoluciones N° 181-2024-MINEDU y N° 238-2024-MINEDU, expedientes distintos, 27/09/2024 y 13/12/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Ministerio de Educación).
  11. Ruth Angélica Ho González, exjefa de la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (Resoluciones N° 183-2024-MINEDU y N° 184-2024-MINEDU, casos fiscales, 1/10/2024, presunta negociación incompatible).
  12. Daniel Alfaro Paredes, exministro de Educación, (Resolución N° 193-2024-MINEDU, juicio oral, 16/10/2024, presunta omisión funcional),
  13. Morgan Niccolo Quero Gaime, actual ministro de Educación (Resolución N° 208-2024-MINEDU, denuncia fiscal, 31/10/2024, presunto delito contra la humanidad, discriminación).
  14. Eric Franklin Paz Meléndez, exjefe de la Oficina de asesoría Jurídica del Ministerio de Educación(Resolución N° 215-2024-MINEDU, Expediente N° 05605-2024, 13/11/2024, presunta, indemnización por daños y perjuicios en perjuicio de la Unidad Ejecutora 108: Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) del Ministerio de Educación).
  15. Iván Jimy La Rosa Tong, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 238-2024-MINEDU, Expediente N° 03001-2024, 9/09/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – Ministerio de Educación.
  16. Fiorella Angélica Noguera Mendieta (Resolución N° 018-2025-MINEDU, caso fiscal, 22/01/2025, presunta negociación incompatible).
  17. Yovana Alfaro Ramos, exjefa de la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (Resolución N° 026-2025-MINEDU, caso fiscal, 30/01/2025, presunta negociación incompatible).
  18. María Julia Martínez Reyes, excoordinadora macrorregional de la Unidad de Supervisión de Obras y Mantenimiento de la Oficina de Infraestructura Educativa (Resolución N° 037-2025-MINEDU, Expediente N° 04492-2024, 14/02/2025, presunta indemnización de daños y perjuicios al Ministerio de educación).
  19. Nataly Luza Chacón, Especialista Senior en Remuneraciones de la Oficina de Gestión de Personal de la Oficina General de Recursos Humanos (Resolución N° 085-2025-MINEDU, PAD, 9/04/2025, presunta falta disciplinaria).

Casos improcedentes, no recibieron el beneficio de defensa legal de parte del Ministerio de Educación: Roberto Carlos Arrieta Casas – R.M. N.º 140-2024-MINEDU – 05/08/2024 y Rubén Jaramillo Zavala – R.M. N.º 141-2024-MINEDU – 05/08/2024.

Entre los funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Educación involucrados en procedimientos judiciales y administrativos durante el 2024 y 2025, destacan; Ruth Marina Vilca Tasayco, exresponsable del Programa de Nacional de Dotación de Materiales Educativos del Ministerio de Educación, como se recuerda habría estado involucrada en la compra de computadoras por 146 millones de soles, en la gestión del ex ministro de Educación Jaime Saavedra, lo que provocó su interpelación y censura.

En el caso de Rossana María Zurita Silva, exasesora Pedagógica para la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, estaría implicada en la investigación por ser coautora del texto escolar en el que se incluía un enlace con contenido sexual inapropiado para los estudiantes de tercer grado de Educación Secundaria, situación que ocasionó la interpelación de la exministra de Educación Flor Pablo Medina en el gobierno de Martín Vizcarra.

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Política

La buena fortuna de Vladimir Cerrón: en cuestión de meses anulan dos sentencias en su contra y ahora el Gobierno ya no ofrece recompensa por su captura

Cabe recordar que sobre el fundador de Perú Libre aún recae una orden de 24 meses de prisión preventiva por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’.

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Dos de tres. “Abran campo para la reaparición de Vladimir Cerrón”, pareciera decir la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien ya viene contando los días para su salida de Palacio de Gobierno, no sin antes retirar del camino las piedras y obstáculos del escurridizo líder de Perú Libre, quien en los últimos meses la buena fortuna, y ciertos fallos legales, le vienen sonriendo de par en par.

Y es que hasta hace unos días se ofrecía por el ideólogo del partido del lápiz hasta 500 mil soles por su captura, pero al realizarse una consulta rápida al portal de recompensas del Estado su nombre ya no figura en la lista de los más buscados.

Fuente: Mininter.

Como se recuerda, a finales de diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) le anuló una condena efectiva de 3 años y 6 meses por el denominado caso ‘Aeródromo Wanka’. En esa ocasión la Corte había concluido que no se había demostrado el delito de colusión simple, ya que la firma del contrato entre el gobierno regional de Junín y el Consorcio Aeródromo Wanka no evidenciaba concertación dolosa ni intención de perjudicar al Estado.

Meses después, en marzo del año en curso, el mismo alto tribunal también le anuló la condena impuesta por negociación incompatible en el caso ‘La Oroya’. De acuerdo al TC, tanto la sentencia original como la resolución de apelación carecían de motivación suficiente al no establecer con claridad los hechos que demostrarían un favorecimiento indebido a un contratista ni el rol específico de Cerrón Rojas en los supuestos delitos.

En ambas ocasiones el ex gobernador de Junín denunció ser un “perseguido político”.

Sin embargo, aún queda en pie una orden de prisión preventiva de 24 meses contra Vladimir Cerrón por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’ y los presuntos aportes ilegales de su partido que habrían favorecido las campañas de Pedro Castillo y Dina Boluarte.

Resulta relevante recalcar que en la actualidad el líder de Perú Libre no cuenta con condena alguna en su contra, así como de no tener inhabilitación alguna para ejercer cualquier cargo de elección popular, pudiendo postularse como alcalde, diputado o senador.

El dato:

No solo Vladimir Cerrón ha sido borrado del mapa del Programa de Recompensas del Mininter. El ex ministro de Transportes, Juan Silva Villegas, también abandonó la lista de los más buscados. Él se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de dos años.

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Política

Detectan que partido de Martín Vizcarra falsificó 5 mil firmas para su inscripción [VIDEO]

Reniec indicó que durante proceso de inscripción de partido Perú Primero del ex presidente se encontró la firma de afiliados sin haber dado su consentimiento.

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Más falsas que las vacunas que trajo en pandemia. Pensaba que nadie se daría cuenta y que iba a pasar de manera disimulada como con las vacunas que se inoculó, pero fue tanto el escándalo de cientos de ciudadanos que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se puso a revisar los padrones de afiliados a los partidos políticos, encontrándose con una serie de irregularidades en los documentos.

De acuerdo a una investigación de Latina Noticias se pudo constatar que el partido político Perú Primero, del ex presidente Martín Vizcarra Cornejo, había completado su lista de 25 mil afiliados con 5 mil firmas falsificadas, las mismas que no contarían con el consentimiento de los ciudadanos.

Es así que el Reniec va a proceder a denunciar a dicho partido por un intento de “fraude masivo”.

En su reporte, Reniec identificó que el partido del ‘Lagarto’ Vizcarra, que hasta ahora no se da cuenta que se encuentra impedido de postular, había presentado en total más de 5 mil firmas falsas, y que todas estas provenían del mismo puño. Por ejemplo, de las 25 mil 189 rúbricas presentadas por Perú Primero en noviembre de 2022, 1936 fueron rechazadas tras detectarse irregularidades. Durante los años posteriores, hasta noviembre de 2024, la entidad excluyó alrededor de 3181 afiliaciones por el mismo motivo.

La Reniec también precisó que Perú Primero actuó de manera sistemática durante este proceso, puesto a que también «han fraguado huellas digitales«, es decir, se ha colocado una misma huella en distintas fichas de inscripción. 

fuente: latina noticias.

Pero el partido del ‘Lagarto’ no es el único en jugar sucio para su inscripción. El partido Voces del Pueblo, del congresista Guillermo Bermejo, también había presentado más de 4 mil firmas falsas desde julio de 2023.

De acuerdo a las autoridades del JNE y la Reniec, Perú Primero y Voces del Pueblo estarían incurriendo es el delito de falsedad genérica e ideológica. Por tal motivo, las entidades han presentado las denuncias respectivas para garantizar el cumplimiento de la ley.

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Política

Alcaldes del Cusco denuncian maltrato durante ceremonia del Premio Nacional Sello Municipal [VIDEO]

Burgomaestres viajaron a la capital para recibir una placa de reconocimiento, pero esta nunca llegó. Alcaldes denuncian improvisación y maltrato por parte de la presidenta Dina Boluarte y ministra Leslie Urteaga.

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Se fueron con las manos vacías. Alcaldes y alcaldesas de la región Cusco se mostraron sumamente indignados luego de haber acudido hoy a la ceremonia de reconocimiento a las municipalidades ganadoras de la octava edición del Premio Nacional Sello Municipal, organizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cartera encabezada por la cuestionada ministra Leslie Urteaga que anteriormente tuvo a su cargo la cartera de Cultura.

Estando ellos incluidos entre los ganadores, las autoridades municipales tuvieron que viajar hasta Lima para recibir el premio que reconocer a aquellos municipios por la mejora de sus servicios públicos y la calidad de vida de las personas en situación de pobreza extrema, sin embargo, se dieron con la amarga sorpresa de que las placas de reconocimiento se habían agotado, desatando la incomodidad e indignación de esas autoridades municipales, que tuvieron que invertir tiempo y dinero para viajar hasta la capital.

No solo las autoridades de la región Cusco se vieron afectadas, sino también se reporta que los representantes municipales de Puno y Junín habrían tenido la misma suerte. Se estima que fueron cerca de 30 alcaldes que tuvieron que retornar a sus jurisdicciones tal como vinieron, ya que las autoridades del Midis le comunicaban que se trataba de una demora del vehículo que transportaba los premios.

El dato:

En esta edición, se convocaron un total de 1,890 municipalidades, de las cuales 1,698 se registraron para participar, logrando un récord histórico. Un total de 1,140 gobiernos locales recibieron este reconocimiento, a través de la Resolución Ministerial N° D000052-2025-MIDIS, lo que marca un hito en esta octava edición del premio nacional.

De estas, 559 municipalidades fueron distinguidas con la insignia Platinum, 394 recibieron la insignia Oro, 23 obtuvieron la insignia Plata y 164 fueron galardonadas con la de Bronce.

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Política

IRTP es copado por Fuerza Popular, Ninoska Chandía prepararía terreno para campaña electoral

La presidenta del IRTP ratificó a exjefe de prensa de Fuerza Popular, Christian Peralta Navarrete. Primero aceptó su renuncia y al día siguiente lo designó como su asesor II. Anteriormente él trabajó en el Parlamento gracias a los fujimoristas y habría formado un grupo de ‘cuentas falsas’ contra opositores. Con el nuevo ROF ratificaron a más ‘allegados’ en sus cargos de confianza.

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Las movidas y reacomodos dentro del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP,) continúan bajo la jefatura de su presidenta ejecutiva Ninoska Chandía Roque. Como se recuerda, el mes pasado, exactamente el 10 de marzo, mediante Resolución de Jefatura n.° 000007-2025-IRTP-JE designó bajo el régimen CAS como hombre de su confianza a Christian Clemente Peralta Navarrete en el cargo de Asesor de la Jefatura Institucional de la entidad estatal.

Resolución de Jefatura n.° 000007-2025-IRTP-JE que en marzo designó a Christian Clemente Peralta Navarrete. Fuente: El Peruano.

Han transcurrido apenas 42 días desde su designación, y mediante Resolución de Jefatura n.° 000022-2025-IRTP-JE, del martes 22 de abril, la señora Chandía Roque resuelve aceptar la renuncia de Peralta Navarrete; y al día siguiente, mediante la Resolución de Jefatura n.° 000023-2025-IRTP-JE publicada el miércoles 23 de abril, decide contratar nuevamente a Peralta Navarrete como servidor de confianza, esta vez como Asesor II (bajo el régimen laboral D.L 1057).

Resolución de Jefatura n.° 000023-2025-IRTP-JE publicada el miércoles 23 de abril de este año.

Con nuevo ROF en IRTP hay todo un ‘mejunje’ interno

Resulta que desde la jefatura del IRTP liderada por Ninoska Chandía y desde la Oficina de Gerencia General comandada por José Ernesto Vidal Fernández, dieron el visto bueno a un ramillete de personajes que ya pertenecían a la casa televisora y radial, tras haber elaborado informes y memorandos dirigidos a la Oficina de Gestión de Talento Humano “confirmando” que de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP-P), “los elegidos” cumplen con la totalidad de requisitos exigidos para los cargos asignados.

Es decir, las “ratificaciones” se basaron en el nuevo Reglamento de Organización Y Funciones del IRTP (ROF), que la señora Ninoska aprobó el 06 de febrero del 2025, el cual consta de 02 títulos y 81 artículos, dizque porque era necesario, en honor a la “modernización de la gestión del Estado”. 

Resolución n.° 000002-2025-IRTP-JE, que aprueba el nuevo ROF para el IRTP firmado por Ninoska Chandía.

Servidores fueron ‘ratificados’ en sus cargos de confianza

Pero no solo el extrabajador de la bancada de Fuerza Popular y del exministro Demartini, Christian Clemente Peralta Navarrete, acaba de ser ratificado y/o reasignado en el IRTP, como asesor II de la Jefatura de la entidad.

La señora Ninoska Chandía también designó a Graciela Elizabeth Ramírez Alberca, en el cargo de Asesora II, quien apenas hace 4 meses Julio Demartini la designó como asesora en el Midis; a Víctor Raúl Ahumada Bastidas, en el cargo de Asesor I de la Gerencia General; a Nelly Flor Ramos García, también como Asesora I de la Gerencia General; a Rogger Mauro Gallardo Kruger, como Jefe de la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documental; a Carlos Alfredo Castro Gao, como Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a Jorge Ricardo Tisnado Ipanaque, como Jefe de la Unidad de Logística; y a Jean Carlos Chávez García, como Jefe de la Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Ex jefe de prensa de Fuerza Popular continúa como asesor de IRTP

El Asesor II de la jefatura del IRTP, Christian Clemente Peralta Navarrete tiene en su historial una serie de nombramientos vinculados al partido de Keiko Fujimori y al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. No solo llegó al Congreso que tuvo mayoría fujimorista (73 curules) en 2016, sino que lo hizo como parte de la jefatura de comunicaciones del Legislativo, por lo que tuvo a su cargo el canal de televisión del Congreso.

Ese mismo año, el semanario Hildebrandt en sus 13 publicó un reportaje en el que se indicaba que Peralta Navarrete había creado al interior del Parlamento un “escuadrón fujitroll” encargado del “asesinato simbólico de los adversarios”, una serie de publicaciones en redes sociales para confrontar a los enemigos u opositores a Fuerza Popular.

En junio del 2018, luego de un reportaje en Cuarto Poder que hizo eco de la denuncia hecha por Hildebrandt en sus 13, Peralta Navarrete negó públicamente que estuviese a cargo de una red de ‘fujitrolls’.

“Efectivamente, se ha fortalecido el área de Redes Sociales. El Congreso, al igual que los medios, se está volviendo multiplataforma (…) antes teníamos a dos personas (…) Toda la vida dicen que yo particularmente dirijo una red de ‘fujitrolls’ y eso es falso”, afirmó luego de ser cuestionado por la contratación de 12 personas más en esta área.

Christian Peralta Navarrete trabajo como jefe de prensa de la organización política de Keiko Fujimori en el año 2016.

Un artículo difundido por Ojo Público afirma que entre noviembre del año 2023 y febrero del 2024, Christian Peralta Navarrete también fue asesor del cuestionado exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, que dejó el cargo a finales de enero de este año, en medio del escándalo de corrupción por el Caso ‘Qali Warma’ y ‘Wasi Mikuna’. En febrero del 2024, Demartini nombró a Christian Peralta Navarrete en la Oficina de Comunicación e Imagen del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) del Midis, aunque este nombramiento se mantuvo solo por unos días, entre el 16 de febrero y el 28 de febrero de ese año. Al menos hasta junio del año 2024, se reportó que Peralta Navarrete era el subgerente de comunicaciones de EsSalud; y actualmente, continúa formando parte del circulo de confianza de la allegada a Nicanor Boluarte, la presidenta ejecutiva del IRTP, Ninoska Chandía Roque.

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Política

Renuncia Javier Llaque a la jefatura del INPE tras bochornosa fuga de un reo en el penal de Lurigancho

Medida fue oficializada en la Resolución Suprema n.° 077 -2025 –JUS, publicada esta mañana en el diario El Peruano.

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Se le escapó la tortuga y ahora asume las consecuencias. El pasado lunes el reo venezolano Jhon Kennedy Javier Sebastián, sentenciado a 10 años de pena privativa de la libertad por delitos contra el patrimonio, saltó el muro que da hacia los exteriores del penal de Lurigancho, lastimándose una de sus piernas debido a la fuerte caída, tomándose unos segundos para poder reincorporarse y desaparecer en la oscuridad de la noche. Durante ese tiempo, personal del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) deambularon de aquí para allá sin saber exactamente qué hacer. Fue así como se dio la fuga más insólita de los últimos años.

Es así que el Poder Ejecutivo hizo oficial la renuncia de Javier Llaque Moya a la jefatura del INPE, como consecuencia directa a la fuga del reo extranjero. Su destitución fue oficializada mediante la Resolución Suprema n.° 077 -2025 –JUS, siendo refrendada por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Justicia, Eduardo Arana.

Durante una conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que la salida de Llaque responde a una “responsabilidad funcional” asumida por el exjefe del INPE. También anunció la destitución del director del penal de Lurigancho y la revisión de los protocolos de vigilancia. El Gobierno ya evalúa a su posible sucesor.

“El señor Llaque presentó su renuncia, que ha sido aceptada, y se designará un nuevo titular del INPE”, declaró Adrianzén, quien enfatizó que este tipo de decisiones son necesarias para enfrentar fallas institucionales graves como la reciente fuga.

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Política

Ante innumerables denuncias de afiliación indebida a partidos políticos, JNE elimina el pago por desafiliación

Ente electoral informó la eliminación del pago de S/ 46.20 para desafiliarse de una organización política.

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De manera oportuna, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), de manera conjunta, anunciaron la eliminación del pago correspondiente al proceso de desafiliación a un partido político, luego que se reportaran incontables denuncias de parte de ciudadanos que no habían dado su consentimiento para pertenecer a una organización política.

Es así que ayer el presidente del JNE, Roberto Burneo, y la jefa del Reniec, Carmen Velarde, realizaron un pronunciamiento, detallando que se tomó la decisión de cancelar el pago como respuesta directa a los miles de casos de afiliación indebida.

Asimismo, indicaron dichas autoridades que se procederá a denunciar ante el Ministerio Público a las organizaciones que habrían incurrido en la presentación de firmas sin la autorización de los ciudadanos.

El sustento de estas denuncias fueron 130 informes técnicos presentados por el Reniec, con los que se observaron 238 335 firmas, las que quedaron invalidadas para el proceso de inscripción de estas organizaciones políticas”, precisaron.

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