Política
Luis Carranza y la CAF de puertas adentro
El Viceministro de Hacienda de Alejandro Toledo y exministro de Economía de Alan García, no soportó las presiones tras años de denuncias por maltrato laboral y despidos masivos desde que asumió en 2017 la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina.

Por Patricia Janiot
Esta semana se prevé una crucial reunión del directorio de CAF / Banco de Desarrollo de América Latina, para hacerle frente a la grave crisis de liderazgo que atraviesa la institución y que amenaza con ser el escenario de una nueva medición de fuerzas entre la derecha y la izquierda en la región.
En la agenda de la reunión del directorio, que integran representantes de 19 países, hay dos puntos importantes. El primero es buscar un sucesor a Luis Carranza, el exministro peruano de economía, quien renunció a la presidencia ejecutiva de CAF el pasado 23 de marzo, un año antes de finalizar su mandato.
Esta es la segunda vez en la historia de las instituciones multilaterales que un director o presidente renuncia durante su primer mandato. Carranza se suma al francés Dominique Strauss-Kahn, quien en 2011 renunció a la dirección del Fondo Monetario Internacional acusado de asalto sexual contra una mucama del hotel donde se hospedaba en Nueva York.
Otro punto a tratar en la reunión del directorio de CAF es precisamente lo que precipitó la salida de Carranza: la decisión inédita del directorio, en 50 años de funcionamiento del banco, de integrar una comisión independiente encargada de investigar decenas de denuncias de acoso laboral, despidos injustificados, atropellos hacia funcionarios de la institución que fueron forzados a renunciar luego de que Carranza asumiera el liderazgo del ente financiero en 2017, sumados a serios cuestionamientos sobre la transparencia de ciertos manejos administrativos y de gobernanza de la organización.
La renuncia
En su carta de renuncia, Carranza lamenta “el interés de politizar la actuación de CAF”. Atribuye su decisión a la falta de respaldo del directorio para aprobar “importantes iniciativas” – incluyendo “un novedoso esquema de capitalización” – y para aceptar el nombramiento de su designado en una de las vicepresidencias del banco.
La carta de renuncia de Luis Carranza, presidente de CAF @AgendaCAF en medio de investigaciones internas y causas judiciales por denuncias de decenas de despidos injustificados, renuncias forzadas, maltrato y abuso de poder. Muchos creen que deben rodar más cabezas. pic.twitter.com/FKq1K0dT3Y
— Patricia Janiot (@patriciajaniot) March 23, 2021
Carta de renuncia de Luis Carranza
“Esta decisión (del directorio) responde a mi juicio, en parte a mi negativa a ceder al interés de algunos países de interferir políticamente en las atribuciones que el Convenio Constitutivo le otorga al Presidente Ejecutivo para designar a sus colaboradores inmediatos”.
El Presidente Ejecutivo va más allá y decide apuntar su dedo acusador. “En particular, los Directores por Argentina me solicitaron verbalmente y a través de mensajes escritos a principios de 2020, que designe como vicepresidente a una persona que no reunía las condiciones para el cargo”.
Lo que el saliente Luis Carranza sí quiso pasar por alto fueron los serios cuestionamientos de cerca de 40 exempleados sobre su política que califican como un “régimen de terror” o “una administración de cuartel”. El exministro solo se limitó a escribir: “Durante mi gestión se incorporaron claramente en la normativa y en la práctica, principios de meritocracia y de integridad, ética y transparencia, en las políticas y procesos de capital humano”.
De acuerdo con los testimonios de 8 exfuncionarios que entrevisté, fueron precisamente la integridad, la ética y la transparencia, los valores que se barrieron debajo de la alfombra para “deshacerse” abruptamente de unos 100 empleados con muchos años (en algunos casos cuatro décadas) de servicio a CAF.
El modus operandi
Según las declaraciones que obtuve, el esquema aplicado desde 2017 hasta finales de 2020 ha tenido un patrón:
- Oferta de jubilaciones adelantadas.
- Supuestas faltas cometidas por los funcionarios para justificar su separación de la entidad sin ofrecer argumentos ni la posibilidad de escuchar la defensa del funcionario.
- Incumplimiento de los procedimientos administrativos para argumentar una separación del cargo.
- Ultimátums telefónicos o presenciales (“o renuncia o lo despedimos”).
- Una carta de renuncia previamente redactada.
- Coacción de los funcionarios que ejecutan “las renuncias”, las cuales deben ser firmadas de inmediato o en el menor tiempo posible.
- Bloqueo al instante del acceso al edificio y a sus computadores.
- La firma de un compromiso de confidencialidad, donde se establece que en caso de controversias, estas deben dirimirse ante la Comisión de Arbitraje de la ONU en Nueva York, desconociendo la jurisdicción local de un organismo que opera en diferentes países de América Latina, el Caribe y España.
A cambio de la renuncia, los empleados reciben una liquidación económica que, de acuerdo a algunos entrevistados, no podía ser verificada plenamente. En los casos de ciertos expatriados, dicen, tenían muy poco tiempo para organizar asuntos personales (colegios, tratamientos médicos, arriendos, menajes). A los funcionarios que estaban próximos a obtener su jubilación, les ofrecían un seguro de salud vitalicio, de acuerdo a la normatividad interna de CAF.
Los problemas comenzaron a evidenciarse tan pronto Luis Carranza sucedió en la presidencia ejecutiva a Enrique García, quien con un prestigio generalizado presidió el Banco de Desarrollo de América Latina durante 26 años.
El negocio bancario
En 2017, el gobierno venezolano solicitó un crédito por 400 millones de dólares. De acuerdo con la legislación venezolana, los endeudamientos de la nación deben contar con la aprobación de la Asamblea Nacional que en la época ya estaba controlada por la oposición.
Sin el aval de la asamblea legislativa, el banco determinó la ilegalidad del crédito, el cual tenía como principal objetivo pagar unos vencimientos de deuda contraída con la propia CAF. Es decir, el gobierno de Maduro solicitaba más dinero prestado a CAF para luego devolvérselo nuevamente al banco con el propósito de cancelar unos intereses y su obligación de pago de una porción de otro préstamo anterior otorgado por CAF.
Tanto el consultor jurídico Ricardo Sigwald, como directivos de la Vicepresidencia del Sector Productivo y Financiero de CAF, recomendaron refinanciar la deuda y aplazar los vencimientos. Sin embargo, según fuentes consultadas, el gobierno venezolano se opuso porque no quería hacer evidente su falta de liquidez e incapacidad de pago.
Fue entonces cuando la nueva administración de CAF planteó esta fórmula: otorgarle un crédito al Banco Central de Venezuela para que este a su vez le entregara el dinero al gobierno de Nicolás Maduro. De esta manera, el régimen venezolano atendería sus obligaciones y vencimientos de deuda con CAF.
Los funcionarios antes mencionados se opusieron, argumentando que los créditos para las instituciones financieras se destinan para programas de transformación productiva o necesidades transitorias de liquidez, pero no para operaciones de pago de deuda a largo plazo. “Eso no es ético”, me dijo uno de ellos.
Como un delincuente
El consultor jurídico que llevaba 17 años trabajando para CAF, escribió un memorando al presidente Carranza en el que manifestaba que la alternativa planteada no era aconsejable, porque a su juicio ponía en riesgo la posibilidad de que el Estado venezolano reconociera esa deuda con CAF en caso de un default.
La defensa de los intereses del banco le costó el puesto a Sigwald y al vicepresidente del área encargada, quienes – según declaraciones obtenidas – “de manera arbitraria fueron invitados a un retiro forzado”. Otro funcionario me comentó: “A Sigwald lo trataron como si fuera un delincuente. No pudo ni siquiera entrar a su oficina”.
Sigwald, quien era muy apreciado por sus compañeros debido a su integridad y a su don de gente, quedó muy afectado por la forma en que fue despedido. Interpuso una acción judicial contra el banco y con el tiempo sus problemas de salud se agravaron hasta que falleció en 2020.
La nueva presidencia de CAF hizo prevalecer su interés por evitar que Venezuela, uno de los principales deudores del banco, entrara en mora y afectara así la calificación de riesgo del organismo. El préstamo al Banco Central de Venezuela finalmente se aprobó a finales de 2017.

A las salidas forzadas se fueron sumando varias más, incluyendo el despido de Soraya Lazcano después de 24 años de servicio en el área de relaciones externas. Al terminar una licencia no remunerada para continuar sus estudios en comunicaciones y mercadeo en Estados Unidos, la presionaron varias veces para que renunciara y se negó. Ella también tomó una acción judicial contra CAF.
“Me parecía una injusticia y una arbitrariedad con tantos funcionarios y pensé que esto no podía pasar desapercibido. Yo no me puedo quedar callada”. Entonces decidió junto con otros exfuncionarios poner en conocimiento de las más altas directivas del banco el injusto manejo laboral al interior de la institución.
Las denuncias
Las primeras seis quejas llegaron a la reunión del directorio en noviembre de 2018, después de que algunos de los funcionarios le habían escrito directamente al presidente ejecutivo, sin recibir respuesta. Le pedían al directorio investigar sus denuncias.
En su misiva, Soraya Lazcano escribió: “Entre estos abusos y maltratos, se destacan una serie de despidos no solo injustificados y en algunos casos ilegales, sino, además, realizados con prepotencia, maltrato, arbitrariedad y desconsideración, en forma totalmente contraria a las prácticas usuales de CAF, saltándose no solo toda norma de convivencia corporativa, sino esenciales principios éticos y jurídicos establecidos en diversos instrumentos que regulan las relaciones laborales, las cuales la institución está llamada a respetar”. Carta de Soraya Lazcano http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/SLazcano_CartaalPresidenteDirectorio_CAF_20Nov18.pdf
Ricardo Sigwald, el consultor jurídico alcanzó a secundarla con un correo electrónico enviado al presidente del directorio: “La gestión de la actual administración se caracteriza por la arbitrariedad de sus decisiones, y por la prepotencia y desconsideración con que se trata a los funcionarios. Se ha despedido a una gran cantidad de ellos sin causa o alegando causas inexistentes, mientras que en otros casos se ha usado la coerción para obtener renuncias violando las más elementales normas éticas”. Añade: “Sobresalen por su gravedad los casos de quienes hemos sido despedidos por dar opiniones técnicas”. Email enviado por Ricardo Sigwald http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Correspodencia-enviada-al-Directorio-en-Nov2018-por-el-exconsultor-Juridico-de-CAF-.pdf
También lo hizo Gonzalo de Castro, quien como él mismo lo describe en su carta, fue “intempestivamente compelido a renunciar, bajo coacción y amenaza, a mi posición de Ejecutivo Senior”. Trabajaba como expatriado en las oficinas de CAF en España. En otros apartes de su carta se puede leer:
“Se trata de una gerencia de la extorsión, de la coacción, del abuso y del capricho, algo completamente ajeno a las prácticas que por más de dieciséis años observé en CAF. Al momento de coaccionarme para que renunciara, no solo hubo una conducta arbitraria de las personas designadas a dicha finalidad, sino un agravio a mi familia, puesto que se me indicó que tendría que salir en muy breve plazo de España, desconociendo que tengo hijos en edad escolar”. Carta de Gonzalo de Castro http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Correspodencia-enviada-al-Directorio-en-Nov2018-por-Gonzalo-De-Castro-ex-funcionario-de-CAF-.pdf
La auditora general de entonces, Mayra Andrade, se unió a esas primeras voces de alerta. En su carta al presidente del directorio, acusó directamente a la vicepresidenta de administración, Elvira Lupo, de amenazas, de intentar usar las funciones de la auditoría contra una funcionaria en particular con el ánimo de despedirla y de “inventar” argumentos para forzar su renuncia. Si se oponía a la orden, la despedirían como la auditora general de CAF. “Debo confesarle que nunca antes en mi vida profesional, fui tratada de esa forma”, manifestó la señora Andrade. Carta de Mayra Andrade http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/carta-al-Presidente-del-Directorio-nov.pdf
Las primeras cartas y mensajes que llegaron al presidente del directorio, según me contó Soraya Lazcano, causaron cierta conmoción, pero tal vez, dice, no era el momento para actuar, porque Carranza llevaba poco tiempo en el cargo. Los denunciados abusos laborales y cuestionables manejos internos del negocio de aprobaciones continuaron sucediendo en los años siguientes.
Renuncias obligadas
Yo misma tuve acceso a un audio grabado por un exempleado del banco al momento en que procedían a su “separación, efectiva de inmediato”.
La grabación, que se quiere mantener en reserva, muestra claramente las tácticas usadas por funcionarios de recursos humanos para salir del personal “no deseado”. En un tono controlado e impersonal, ofrecían la opción de firmar una carta de renuncia que ya tenían escrita, “pero si no quieres firmar la carta de renuncia, tal cual está planteada, nos vemos en la obligación de ir por la notificación del despido justificado”, la cual, al igual que la renuncia, estaba previamente escrita.
Ante el asombro de la víctima, los directivos aumentaban la presión para que tomara una decisión de inmediato: “Después de esta conversación, tenemos que salir con una u otra de las documentaciones en nuestras manos”. Sin ninguna consideración, desde ese momento se le impedía al empleado su acceso al edificio y a la plataforma tecnológica de CAF.
Al preguntar la razón de su “separación”, esta persona que estaba siendo chantajeada a cambio de evitar un despido “justificado”, nunca escuchó ningún tipo de argumentación detallada que justificara su salida y mucho menos tuvo derecho a su legítima defensa.
Para efectos de respetar su anonimato, no ofreceré información adicional sobre esta grabación en la que escuché un triste incidente de humillación laboral.
Ambiente de terror
A medida que fueron avanzando los despidos y las “forzadas renuncias voluntarias”, también se implementaron políticas administrativas que muchos vieron más acorde a “un régimen militar” que a un organismo financiero multilateral donde, en general, se ingresa tras contar con las mejores credenciales.
Con el ascenso de Elvira Lupo a la vicepresidencia de administración, fue ganando mayor poder. Las áreas de recursos humanos, logística, compras, seguridad, presupuesto, contabilidad y operaciones le reportan directamente a su vicepresidencia.
“Lupo tiene todo el poder. Es ella quien toma las decisiones en CAF, porque Carranza estaba ausente”, me dijo uno de mis entrevistados que quiere mantener su nombre en reserva.
El hostigamiento también se sintió cuando la vicepresidenta implementó el programa “SOL” (Seguridad, Orden y Limpieza) con mucha rigurosidad, como me explicó Alejandra Claros, una diplomática de carrera que ocupaba el cargo de coordinadora de secretaría de CAF, adonde llegó después ser la jefa de gabinete del expresidente Evo Morales.
Según me contó, en las oficinas del banco no está permitido tener más de dos fotos en el sitio de trabajo ni objetos que no sean relacionados al organismo, como recuerdos de viajes, dibujos de los hijos o libros que no sean de uso laboral.
Tampoco pueden tener más de una planta ni tomar café en el escritorio. “Los encargados pasaron puesto por puesto para evaluar qué cosas podían permanecer en tu lugar de trabajo. Incluso, te revisaban los cajones del escritorio”. Y agregó: “Venían con una bolsa de basura… Mucha gente terminó llorando cuando veía que sus recuerdos los tiraban a la basura”.
Claros me comentó cómo se puso en marcha un sistema en el que mensualmente los funcionarios de CAF reciben un reporte gráfico y a color de las horas de llegada y salida a las oficinas. (Aquí el gráfico de entrada y salida http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Grafico-de-horarios-CAF.jpg) En rojo figuran los días en los que el empleado llega a trabajar más de 5 minutos tarde, y en amarillo en los que lo hace hasta 5 minutos después de su horario. “Es como un semáforo y te implica que no puedes ascender o tomar créditos”, me relató Alejandra Claros.
Según ella, con esta medida los funcionarios sentían mayor presión por llegar a tiempo. Tenían que esperar en fila a la entrada de los ascensores ante la aglomeración de empleados. Incluso, se congestionaban los ingresos a los estacionamientos de las oficinas.
La administración tampoco autorizaba permisos para atender asuntos personales como reuniones en el colegio de los hijos. “Tenías que sacar un día de vacación y no permitía que te quedes más tiempo en el trabajo, porque eso implicaba que eras ineficiente. Si salías más tarde, tu salida era roja”, aseveró Claros.
Según el testimonio de la excoordinadora de secretaría, al llegar la pandemia, todo el personal de CAF (alrededor de 650 empleados en distintos países) fue obligado a trabajar en sus oficinas, sin permitirles el trabajo remoto a pesar de que el banco no opera con atención al público y que algunos funcionarios debían tomar transporte público, exponiéndolos al contagio.
Esto incluía, de acuerdo a otras entrevistas, a personas asmáticas o con otras condiciones de salud que los exponían en mayor riesgo. A pesar de que se implementaron estrictas medidas de protección, higiene y distanciamiento, alrededor de 80 empleados se contagiaron, lo que obligó a CAF a establecer turnos de trabajo.
Alejandra Claros se quejó de que “han sido abusivos en pandemia porque algunas personas que se han enfermado, les han pedido su renuncia. ¿Qué más humillaciones te pueden hacer?”, se preguntaba.
Otra funcionaria me habló del conflicto de interés que existe en el Comité de Ética, una instancia a la que pueden acudir los funcionarios para ventilar sus quejas. Pero el comité está integrado por algunos de los directivos hacia quienes apunta la mayor cantidad de denuncias de maltrato y acoso como Elvira Lupo, (vicepresidenta de administración, quien además integra el comité de transparencia) y Javier Mejía (recursos humanos y secretario del comité de transparencia), por lo que resulta inoperante debido a que los empleados tienen temor a denunciar. Entre otros directivos que fueron blanco de quejas figuran Víctor Rico (secretario general e integrante del comité de transparencia) y Ana María San Juan (directora de iniciativas regionales).
Recursos sin supervisión
Otra de las observaciones que señalaron algunos de los exfuncionarios consultados tiene que ver con los miles de millones de dólares que aprueba CAF anualmente. Como se puede ver en los reportes anuales, una gran parte del dinero se destina a líneas de crédito, muchas renovadas, a bancos e instituciones financieras públicas y privadas, esto sin contar los montos en operaciones swaps y PBLs. Entonces, surge la pregunta: ¿Por qué CAF aprueba mucho más dinero para bancos de la región en lugar de destinar gran parte de sus recursos a proyectos de desarrollo?




Según las fuentes consultadas que tuvieron acceso a la información financiera en CAF, estas líneas de crédito, en su mayoría, son de libre disponibilidad y son consideradas operaciones para capital de trabajo de los bancos y las entidades financieras. “Son líneas de crédito que no le agregan valor al desarrollo de la región y, por lo general, no se pide rendición de cuentas”.
Como me dijo Juan Francisco Blásquez, otro funcionario coaccionado a renunciar, “se busca de alguna manera que estos recursos lleguen a proyectos que tengan algún impacto en la sociedad, pero no se ejerce ningún control sobre el uso de esos recursos”. ¿Cómo se explica la falta de seguimiento y supervisión a las multimillonarias aprobaciones de las líneas de crédito?
A través de la Dirección de Comunicación Estratégica, le envié estas y otras preguntas que resumían los cuestionamientos sobre el manejo del personal, al Presidente Ejecutivo y a la Vicepresidenta de Administración. Después de esperar unos días, me remitieron al comunicado en el que se informa sobre su retiro y el balance de su gestión. https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2021/03/el-presidente-de-caf-se-retira-de-su-cargo-dando-paso-a-una-nueva-administracion/
En sus declaraciones, Carranza ha hecho énfasis en el ahorro y en los esfuerzos de autoridad, pero al analizar los gastos administrativos durante sus años de gestión al frente del Banco de Desarrollo de América Latina, sus propios informes financieros muestran que aunque hubo un ahorro en 2019, en promedio los gastos no financieros se incrementaron durante la presidencia de Carranza (2017-2020).

Muy cuestionada también fue la decisión de nombrar como asesora de la presidencia de CAF a la señora Susana Pinilla, luego de que las autoridades peruanas la consideraran prófuga de la justicia.
Antes de unirse a CAF en 2012 como representante del banco en Panamá, Pinilla, exministra peruana de Trabajo y de la Mujer, había sido una de las directoras de CORPAC, la corporación que proporciona los servicios de navegación aérea y aeroportuarios en Perú.
En febrero de 2019, la justicia peruana la sentenció a 5 años de prisión por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión. El caso tenía que ver con pagos injustificados para la construcción inconclusa de una nueva sede de CORPAC.
Tribunal en Perú condena a Susana Pinilla (escuchar al minuto 10)
A partir de esta condena, Pinilla fue suspendida como la directora representante de CAF en Panamá, pero en una decisión que muy pocos se explican, al año siguiente, fue nombrada asesora de la presidencia de CAF en Panamá hasta que en enero de 2021, según me informan, presentó su renuncia.
El detonante de la renuncia de Carranza se dio después de la más reciente reunión del directorio el 2 de marzo, cuando se leyeron las cartas de 10 exfuncionarios, incluyendo las enviadas en 2018, en las que se denunciaban los abusos laborales y se solicitaba la conformación de una comisión investigadora de las prácticas internas de CAF.
Una de esas cartas fue precisamente la de Alejandra Claros, la cual fue expuesta en un tweet del expresidente de Bolivia Evo Morales el 28 de febrero imprimiéndole más presión al directorio de CAF para que actuara de inmediato.
Producto del golpe de Estado se instaló una persecución política incluso en organismos internacionales. Insto a los países miembros de @AgendaCAF a reconocer que sin importar la ideología, los Derechos Humanos Laborales, son inherentes por el solo hecho de ser persona y trabajar.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 28, 2021
Tuit de Evo Morales publicando carta de Alejandra Claros.
Aparte de las hostilidades que he enumerado en este artículo, Claros menciona un “cambio de sede de facto” de Caracas a Perú, donde se instaló Carranza desde que llegó a CAF, “acción que transgrede el propio convenio (constitutivo de CAF) que fue firmado y ratificado por todos los países miembros”.
En su misiva, Claros también explica el motivo por el que, según dice, la separaron del cargo. Hace referencia a las denuncias presentadas en forma escrita y verbal sobre la conducta del secretario general de CAF, Víctor Rico, quien era su jefe y boliviano de nacionalidad, al igual que Claros.
“El señor Rico me solicitó interceder en un caso de corrupción ante la justicia boliviana a favor de un cuñado. El Secretario quiso ejercer su posición de poder al ser mi jefe inmediato superior, pretendiendo utilizar mis relaciones personales y laborales que había construido como exjefa de gabinete del presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma”.
Claros, quien presentó una acción judicial contra el banco, se negó a esta solicitud y a otra “para que interceda y se pueda resolver un proceso administrativo en Bolivia, porque sus cuentas bancarias están congeladas. Yo me niego y él empieza a utilizar métodos de presión y de acoso”.
Al día siguiente de llevar su caso al Comité de Ética, el 14 de noviembre de 2019, la CAF le solicitó su renuncia. “Les rogué que me den hasta junio que mi hijo terminaba el colegio y que yo iba a ver qué hacía porque mi situación era insoportable. No me dieron la oportunidad ni de un día. Y me dijeron que si yo no renunciaba, me iban a sacar con las personas de seguridad”.
A la carta de Alejandra Claros, en la que habla de violencia y acoso laboral, se sumaron la de otros exfuncionarios.
Carta de Vicky Furió http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Denuncia-formal-Vicky-Furio-DirectorioCAFNov2018.pdf
Carta de Jorge Horacio Kogan http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Memo-Caso-JHK.pdf
Carta de Juan Francisco Blásquez http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Carta-PE-CAF-caso-JFBC.pdf
Uno de ellos, Juan Francisco Blásquez me dijo que después de 40 años de servicio a CAF con una hoja de vida intachable, su jefa inmediata Gloria Gamero “buscóla forma de que la CAF me hiciera una amonestación, argumentando estupideces. Manifesté que no estaba de acuerdo con su contenido porque era falso. Se argumentaba de que yo no tenía espíritu de trabajo en equipo, que lo que yo hacía no contribuía con los propósitos de la dirección. Una sarta de tonterías”.
Blásquez dice que llevó su queja ante el Comité de Ética y eso fue suficiente motivo para que lo despidieran, sino aceptaba renunciar. “El Comité de Ética para nada funciona. La misma que lo preside, es la misma que hostiga”, concluyó.
Juan Francisco es un expatriado y dice que CAF se ha negado a entregarle documentos e información que necesita con el fin de regularizar su situación migratoria en un país que no es el suyo. “Estoy a la deriva”.
Tras su renuncia, el saliente presidente de CAF ha ofrecido algunas declaraciones a medios de prensa (El Comercio https://bit.ly/2PCG8XB / La República https://bit.ly/3rTUlMM), las cuales son rechazadas por decenas de exfuncionarios de CAF (El País https://bit.ly/3unyfnE) que se han organizado en una asociación, y desde donde están dispuestos a declarar ante la comisión encargada de investigar los abusos que han denunciado para que puedan hacer un trabajo serio e imparcial. También quieren que los “acosadores” que aún continúan en el banco con sus “tácticas temerarias”, asuman su responsabilidad.
Aseguran que sus denuncias no están vinculadas a ninguna politización o a ningún desacuerdo con “la eficiencia y meritocracia” y que sus renuncias no fueron “voluntarias” como ha expresado Luis Carranza. Dicen que esta afirmación es “falsa y temeraria” y desconoce la validez de sus reclamos. http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/DECLARACION-PUBLICA-Exfuncionarios-de-CAF.pdf
Al respecto, Soraya Lazcano afirmó: “Aquí no es un tema político. Yo pienso honestamente que a Carranza le quedó grande el cargo y no tiene mejor manera que lavarse las manos y decir hasta luego, me hago a un lado”.
Otro exfuncionario de alto nivel destacó que Carranza se va “generando mayor polarización con sus mensajes, en los que ataca específicamente a países. Esto no se hace”.
Los retos
El desafío lo tiene a partir de ahora el directorio, que, para los efectos prácticos, es la máxima instancia de gobernanza de CAF (aunque los estatutos determinan que es la asamblea de accionistas). Los directores tendrán que establecer un calendario viable para realizar un proceso transparente de selección del presidente ejecutivo, en el que los países puedan designar a sus candidatos y estos a su vez presentar sus planes para el banco, se valoren sus programas y se elija sin apresuramientos.
Por ahora suenan los nombres de candidatos de corrientes políticas opuestas y algunos países quisieran acelerar el nombramiento del sucesor de Carranza antes de que se realicen las elecciones presidenciales en Ecuador y Perú, porque el resultado de esos comicios podría inclinar la balanza hacia cierta tendencia política, lo que podría determinar la escogencia del nuevo presidente ejecutivo de CAF.
Si el candidato decide escogerse por votación, cualquier candidatura que tenga un tinte político ganaría por pocos votos en una elección muy cerrada y sería un triunfo conflictivo. Ese no es el escenario deseado si la polarización comienza a ganar terreno en el organismo.
Lo sensato sería encontrar una tercera candidatura de consenso, que combine en ese líder talentos técnicos con un buen manejo de relaciones externas, manteniendo su independencia frente a las diferencias políticas. Aún mejor si la elección se hace por unanimidad, tal como ocurrió con los cinco procesos en los que se escogió a Enrique García, el antecesor de Carranza.
Los retos para CAF no son pocos al prestarle dinero a una región que el propio Carranza describe como “la más golpeada del mundo por la crisis de la pandemia. Su recuperación va a estar por debajo del promedio mundial”.
El banco tendrá que aumentar su inversión social para ayudar a millones que quedaron por fuera del mercado laboral. Tendrá que pensar en aumentos de capital y en acceder a los mercados financieros internacionales. Pero antes está en la obligación de arreglar su crisis interna, reconstruir su reputación y eso será difícil sin afectar su calificación de riesgo.
Para lograrlo, el sucesor de Carranza tendrá que ser hábil en el manejo de las relaciones con sus socios. Lo debe hacer con independencia, autonomía y al margen de las corrientes opuestas o la política de turno de la región.
Lo que suceda en CAF tendrá efectos directos en el desarrollo de Latinoamérica. Este organismo que, bajo el liderazgo de Enrique García, el antecesor de Luis Carranza, se destacó por haber lidiado con eficacia e independencia décadas de vaivenes políticos en la cooperación regional, se convirtió en una de las principales fuentes de financiamiento multilateral, junto con el BID y el Banco Mundial.
Presta alrededor del 30% de los recursos para la región, hasta ocupar el primer lugar en aprobaciones a proyectos de infraestructura en nuestros países. Según el reporte anual de CAF, en 2020 desembolsó recursos por un total de $10.383 millones de dólares destinados a atender la capacidad de respuesta de diferentes gobiernos y entidades frente a las crisis sanitaria y económica generadas por la pandemia.
Y ante el empobrecimiento de la región, hoy más que nunca Latinoamérica necesita de este tipo de organismos sin los cuales la recuperación económica y social será más difícil. Es hora de que CAF se encarrile con un buen timonel.
Nota: Colombianitos e Innovadores de América, dos organizaciones a las que he estado vinculada en sus juntas directivas, han recibido en el pasado fondos de cooperación técnica no reembolsables de CAF.
Tomado de portal https://www.patriciajaniot.news/
Política
Gobierno exportará presos en lugar de solucionar el hacinamiento penitenciario
Frente a la crisis carcelaria y la falta de nuevas cárceles, el Ejecutivo busca trasladar reos a El Salvador, una medida costosa, cuestionada y que no aborda las causas reales del problema. Expertos advierten que esta propuesta es un parche irresponsable y demagógico.

El exdirector general de asuntos criminológicos del Ministerio de Justicia, Víctor Quinteros, cuestionó duramente la reciente propuesta del Gobierno de enviar presos peruanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, calificándola de “inviable” y una medida demagógica que evade responsabilidades.
Quinteros enfatizó que mientras el gasto diario por reo en Perú oscila entre 27 y 30 soles, el traslado y confinamiento en el CECOT implicaría un costo superior a 200 dólares por preso, una cifra que evidencia la falta de racionalidad económica y social en la iniciativa gubernamental. “Los peruanos deben cumplir su condena en territorio nacional. Existe un marco legal para enviar presos extranjeros a sus países de origen, pero no para exportar peruanos”, aclaró.
El especialista criticó que el Ejecutivo pretenda externalizar un problema que es claramente de su competencia, desviando la atención pública y política de la urgente necesidad de construir y ampliar cárceles en Perú. “Esta propuesta refleja la incapacidad de los políticos para enfrentar el hacinamiento penitenciario que afecta a miles de reclusos y vulnera derechos humanos fundamentales”, apuntó.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) para deshacinamiento de penales antes del 2030, aunque con un plazo prudencial. Alcántara argumentó que factores como la pandemia y el impacto del ciclón Yaku han retrasado la ejecución de medidas, por lo que se ha solicitado tiempo adicional.
Sin embargo, para Quinteros, estos argumentos no justifican la falta de políticas concretas y responsables. “Exportar presos no es una solución, es un parche costoso y cuestionable que no atiende las causas estructurales del problema”, concluyó.
La polémica propuesta abre el debate sobre la prioridad real del Estado frente a una crisis penitenciaria que sigue sin resolverse desde hace años, mientras se opta por soluciones improvisadas que pueden poner en riesgo derechos y soberanía.
Política
Delia Espinoza se justifica por no reponer a Patricia Benavides
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, niega incurrir en desacato y se ampara en tecnicismos legales para no restituir a su rival, Patricia Benavides. Lo más preocupante: insiste en que no hay crisis institucional y asegura que el Ministerio Público “funciona con normalidad”.

En medio de la crisis institucional que sacude al Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha optado por el camino del tecnicismo para justificar su negativa a reponer en el cargo a Patricia Benavides, como ordenó la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Lo que está en juego no es solo un conflicto de poder, sino el respeto al Estado de derecho y a las decisiones de los órganos constitucionales autónomos.
Espinoza Valenzuela declaró al Diario del Cusco que enfrentará cualquier denuncia del Congreso por presunto desacato, asegurando que hasta el momento no ha sido formalmente notificada de la resolución que restituye a Benavides Vargas como fiscal de la Nación. Bajo ese argumento, se ampara en que no hay “desobediencia” porque no hay una notificación formal, como si los pronunciamientos de la JNJ no fueran de conocimiento público ni vinculantes desde el momento de su emisión.
Más aún, cuestionó abiertamente que diversas autoridades —incluyendo congresistas, ministros y el propio defensor del Pueblo— hayan reconocido públicamente a Patricia Benavides como la legítima fiscal de la Nación. Según Espinoza, ese reconocimiento genera “confusión” y desinformación entre la ciudadanía, cuando en realidad lo que confunde es la resistencia de su despacho a acatar una resolución de un órgano constitucional.

Resulta preocupante que Delia Espinoza deslice la idea de que todo debe pasar primero por un análisis jurídico interno, como si la legalidad fuera un terreno interpretativo según su conveniencia. Bajo esa lógica, cualquier autoridad podría ignorar resoluciones oficiales mientras “analiza” si le parecen válidas.
La fiscal también aseguró que responderá a las denuncias del Congreso y que las mismas no prosperarán porque —según ella— la JNJ no siguió los procedimientos correctos. Es decir, antes que admitir el fallo y acatarlo, su estrategia es deslegitimar el procedimiento mismo, aunque este emane del ente competente.
Pero lo más grave no es la estrategia de defensa de Espinoza Valenzuela, sino la insistencia en negar que exista una crisis institucional. Afirma que el Ministerio Público “funciona con normalidad” y que no hay enfrentamientos internos. ¿Cómo puede hablarse de normalidad cuando existe una pugna abierta por el cargo más alto del organismo, cuando dos señoras reclaman legitimidad y el país observa una paralización operativa?
Lo que está ocurriendo en el Ministerio Público es una crisis con todas sus letras, agravada por una autoridad que minimiza el problema y retrasa su solución. La falta de una acción clara y oportuna no solo erosiona la legitimidad del Ministerio Público, sino que pone en duda su independencia y respeto a la institucionalidad.
Si Delia Espinoza espera que el silencio y el formalismo legal detengan el avance de la verdad, está equivocada. El país necesita claridad, no excusas. Y el Ministerio Público, hoy más que nunca, requiere liderazgo con principios, no posiciones cómodas disfrazadas de legalidad.
Política
Juan Silva: tres años prófugo y cero resultados de la PNP
Fugitivo desde el 7 de junio de 2022, el exministro de Transportes simboliza la evasión de justicia más descarada del gobierno de Pedro Castillo. Su caso revela la corrupción del pasado y la negligencia del presente. Sin captura, la justicia sigue humillada y desacreditada.

Mientras la justicia reafirma la prisión preventiva por 36 meses contra el prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿por qué la Policía Nacional del Perú no logra capturarlo? La reciente decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de rechazar la apelación de su defensa no solo confirma la solidez de las pruebas en su contra, sino que también expone una verdad incómoda: la ineficiencia —¿o desinterés? — del aparato estatal por hacer cumplir esa medida.

Silva Villegas, imputado por liderar una presunta organización criminal junto al expresidente Pedro Castillo, lleva tres años en condición de prófugo. Se le atribuyen actos de corrupción vinculados a la licitación del Puente Tarata y a otras obras públicas entregadas a empresas chinas. Los delitos que enfrenta —organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias— no son menores. Sin embargo, a pesar de la orden de captura nacional e internacional emitida en marzo de 2023, nada se sabe con certeza de su paradero. ¿Ha desaparecido del mapa con tanta facilidad o alguien lo protege?
A esta impunidad se suma la estrategia legal del exministro, quien busca deslegitimar la prisión preventiva con apelaciones sin sustento. El Poder Judicial ha sido claro: su defensa no presentó nuevos elementos ni argumentos para debilitar los “graves y fundados elementos de convicción” existentes. Y aun así, Silva pretende burlar a la justicia desde la clandestinidad.

La pasividad de la PNP en este caso es alarmante. No se trata de un prófugo cualquiera, sino de un exalto funcionario que, según la Fiscalía, formó parte del núcleo duro de una red criminal que saqueó al Estado. ¿Cómo es posible que, después de tres años, no exista un solo resultado concreto en su captura? ¿Realmente se le está buscando?
Es momento de que el Ministerio del Interior y la PNP rindan cuentas. No basta con emitir alertas rojas en Interpol si no hay un esfuerzo serio y sostenido para ubicar a quien simboliza la evasión de justicia más flagrante del gobierno de Pedro Castillo. El caso Silva refleja no solo la corrupción del pasado, sino la negligencia del presente. Y mientras siga libre, la justicia seguirá humillada.
Política
Se cumplen 250 días sin que Dina Boluarte le responda a la prensa
Mandataria pasa sus días entre denuncias, cirugías encubiertas, documentos “clasificados” para que no se conozca su aumento de sueldo, y viajes al extranjero.

La última vez que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se animó a contestarle a la prensa fue el ya lejano 22 de octubre de 2024, cuando en tono despectivo e irascible, les preguntaba antes a los hombres de prensa a qué medio pertenecían, asimismo, daba instrucciones sobre las preguntas que no tenía en mente responder porque eso sencillamente le ponía de muy mal humor.
Luego de ello, la autodenominada “mamá de todos los peruanos” se la pasó lanzando indirectas a los distintos medios cuando se trataba de una actividad oficial, tildándolos de ser los verdaderos “enemigos de la patria”, confabuladores, de estar jugando “en pared” con sus opositores para sacarla de Palacio. Incluso, en una ocasión, se atrevió a decir, siempre acompañada de niños y sus ministros complacientes, que los periodistas vienen realizando un “terrorismo de imagen” contra su persona.
Como si se tratara de una deidad a la que hay que agachar la cabeza y lanzar loas, la jefa de Estado no quiere que ningún medio de prensa se le acerque a menos de 50 metros, caso contrario serán interceptados por su seguridad personal, o peor aún, encerrados durante horas en algún ambiente cuando se trata de dar cobertura en una actividad oficial. Y es que esa mujer “valiente” pareciera tener miedo a las preguntas que le formulen aquellos entrevistadores que no se encuentran sometidos al canal del Estado o a su área de prensa.

Tal vez quiera evitar ese incómodo momento cuando le pregunten sobre sus viajes al extranjero, las joyas “prestadas”, sus “retoquitos” mencionados por el doctor Mario Cabani, los detalles sobre qué hacía el ‘cofre’ en una playa del sur, o el petitorio para aumentarse el sueldo.
A propósito de todo eso, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) le recuerda a la mandataria que ya lleva 250 días sin dar declaraciones, las mismas que tengan la posibilidad de un contrapunto o una repregunta, y que no estén sujetas a un cuestionario u hoja elaborado por su área de prensa. Y es que ella prefiere que solo le hagan preguntas que no la incomoden o la dejen mal parada.
«La ANP recuerda que el 22 de octubre del 2024 Boluarte, tras 105 días de silencio mediático, presentó su balance de gestión junto a sus ministros de Estado para, posteriormente, responder a preguntas de medios con expresiones hostiles hacia quienes se las formulaban. Desde esa fecha, la ANP ha registrado momentos álgidos en que la mandataria ha hecho manifiesto su reiterado menosprecio a la libertad informativa», se lee en un pronunciamiento de la institución.
Le queda poco más de un año y todo indica que seguirá manteniendo la boca cerrada; tal vez esa sea su estrategia para no cometer ni un desliz o dejarse llevar por sus impulsos y responder “tu mamá” de nuevo.
Política
Alcalde de Lima empecinado en hacer su “marcha blanca” pese a que el tren Lima – Chosica no está concluido
Ministro de Transportes previamente ya le había respondido que “no hay una obra concluida ni iniciada”.

Ya se siente el amo y señor del Perú. Han pasado tres años y la tan repetida “Lima, potencia mundial” es solo un sueño de opio, pues hasta el momento gran partes del Cercado de Lima está invadido de vendedores ambulantes y carretilleros, y ni qué decir sobre la creciente inseguridad que se vive.
El alcalde capitalino, Rafael López Aliaga, a propósito de esto último, mencionó muy suelto y despreocupado, que comprará drones que sobrevolarán la ciudad como “cóndores” y “explotarán” delante de los delincuentes.
Ahora, como si ya fuera presidente del país, viene repitiendo que iniciará una “marcha blanca” que será el inicio de las operaciones del tren Lima – Chosica, pero un gran detalle no pasa por inadvertido: no hay una obra concluida. Entonces, ¿dónde piensa colocar sus trenes de segunda traídos de los Estados Unidos?
El popular ‘Porky’ quiere colocar como sea sus trenes de la compañía Caltrain y ponerlas en funcionamiento el mes que viene. “El tren va a ir de todas maneras. Esa marcha blanca la hacemos en julio”, reiteró López Aliaga, a pesar de no existir un estudio técnico ni construidas las estaciones donde pasará el tren.
Al respecto, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, manifestó que tal “marcha blanca” no se encuentra contemplada debido a que “no hay una obra concluida ni iniciada”.
“Queremos saber si la Municipalidad de Lima lo va a hacer como obra suya, seguramente deben tener un expediente técnico, un plan a desarrollar y ejecutar, y sabrán los plazos y el cronograma. Si no lo puede hacer por diferentes circunstancias, sea tema presupuestal o apoyo técnico, y recurre al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC tendría que usar la concesión que ya tenemos y firmar una adenda -es una posibilidad-. Y esa adenda requiere revisarla técnicamente, incorporar la adenda, las especificaciones técnicas, requisitos, estudios, y hacer un proyecto para poder firmar una adenda de ampliación y eso no requiere menos de un año”, dijo.

Enterado de esta última declaración del ministro Sandoval, ‘Porky’ respondió que desde el MTC se está buscando poner “trabas” y que de encontrar mayores obstáculos no lo dudará dos veces en organizar una marcha hacia la sede del MC, pues para él lo único que se estaría buscando es “politizar” este proyecto.
“Si comienza a poner trabas, hay que hacerle una marcha hasta el MTC. Hay que llenar el MTC de gente que sí quiere tren”, manifestó.
Lo cierto de todo esto es que no existe una obra terminada para que pasen los trenes, ¿o será que pasarán volando por la ciudad con ayuda de los drones “cóndores” que pensaba comprar ‘Porky’?
Política
Rossella Leiblinger es designada ‘jefa interina’ del IRTP
Durante los últimos años, la abogada Rossella Guilianna Leiblinger Carrasco ha desarrollado su trayectoria en el sector estatal, ocupando cargos en diversos ministerios. Actualmente dirige Industrias Culturales en el Ministerio de Cultura y asume provisionalmente la encargatura, en el IRTP.

Mediante la Resolución Suprema nº 013-2025-MC, publicada en el diario El Peruano, el Ministerio de Cultura designó a la abogada Rossella Guilianna Leiblinger Carrasco como jefa institucional encargada del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), en reemplazo de Ninoska Chandía Roque. El documento lleva las firmas del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, y de la presidenta Dina Boluarte.

Leiblinger ejercerá el cargo de manera interina y en adición a sus funciones como directora del Programa Sectorial IV de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, posición que ocupa desde enero de este año.

Es abogada por la Universidad de San Martín de Porres y magíster en Políticas Públicas y Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Prácticamente, ha ejercido su trayectoria durante muchos años en el aparato estatal, habiendo laborado en los ministerios de Trabajo, Justicia, Energía y Minas, Interior, Mujer, así como en el Ministerio Público, la SBS y el Inabif.

La llegada de Leiblinger Carrasco al IRTP se da en medio de un contexto institucional complejo, marcado por tensiones internas tras la salida de Chandía Roque, quien mantendría un grupo afín en la televisora, con el objetivo de cautelar sus intereses. Según fuentes del sector, se evalúa la designación de un nuevo titular en la jefatura institucional, siendo el nombre de Luis Francisco Vivanco Aldon uno de los voceados para asumir el cargo.
Política
Continúa la pugna entre Patricia Benavides y Delia Espinoza por el control de la Fiscalía
La batalla entre Benavides y Espinoza sigue escalando, mientras el Juzgado Supremo admite la apelación de Benavides contra su inhabilitación de dos años, se profundiza el caos institucional en el Ministerio Público y se debilita la imagen de imparcialidad judicial.

La reciente admisión de apelación presentada por Patricia Benavides Vargas, suspendida fiscal suprema, ha reactivado un conflicto interno que ya desbordó los límites del Ministerio Público. Lejos de tratarse de un proceso judicial común, el enfrentamiento entre Benavides Vargas y la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha evidenciado una peligrosa politización del sistema de justicia peruano.
Con el respaldo del abogado Jorge del Castillo, quien calificó de «express» la resolución que suspendió a Benavides Vargas por 24 meses, la estrategia es clara: revertir una medida que, si bien fue contundente, no estuvo exenta de cuestionamientos procesales. Sin embargo, lo más grave no es el recurso legal en sí, sino el uso instrumental de los órganos judiciales en medio de una pugna de poder.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema deberá ahora pronunciarse sobre la legalidad de la suspensión impuesta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Pero la expectativa está menos en el argumento jurídico y más en el equilibrio de fuerzas internas. Las decisiones ya no parecen moverse por criterios de institucionalidad, sino por simpatías y alianzas políticas que fracturan peligrosamente la imagen de imparcialidad del Poder Judicial.

Ambas señoras, Benavides Vargas y Espinoza Valenzuela, representan facciones enfrentadas dentro del Ministerio Público, convirtiendo a esta institución en un campo de batalla. El problema no es solo la disputa personal entre dos fiscales, sino cómo esta ha contaminado los cimientos del sistema judicial, arrastrando a jueces, fiscales y salas completas a tomar posición en lo que debería ser un proceso técnico y desapasionado.
La justicia, en lugar de ser un poder del Estado autónomo, parece haberse convertido en una arena política más. El daño es profundo: se debilita la confianza ciudadana y se compromete la legitimidad de futuras decisiones. Mientras Benavides Vargas lucha por volver, la justicia debería luchar por no hundirse con ella.
Política
Renunció la jefa de Prensa de Palacio de Gobierno, Mónica Tiburcio
Apenas duró un día en el Despacho Presidencial.

Mónica Otilia Tiburcio Orbezo fue designada hace dos días, como nueva secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial, en reemplazo de Luis Urmeta Delgado. Su nombramiento habría tenido que pasar por el visto bueno de Juan José Santiváñez, pues según registros se llegó a reunir hasta en tres ocasiones con el exministro del Interior.

Ella tenía la misión de enfocarse en mejorar considerablemente la imagen de la presidenta de la República que ya lleva sin declarar a la prensa más de 200 días. Sin embargo, ya no va más y a través de la Resolución N° 000040-2025-DP/SGDP, firmada por el Secretario General, Enrique Vílchez, el Gobierno decidió aceptar su renuncia, dándole las gracias por los servicios prestados, apenas un día.
¿Ahora quién será el reemplazante de Tiburcio? ¿Acaso alguien que juegue en pared con el IRTP?
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