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Política

Luis Carranza y la CAF de puertas adentro

El Viceministro de Hacienda de Alejandro Toledo y exministro de Economía de Alan García, no soportó las presiones tras años de denuncias por maltrato laboral y despidos masivos desde que asumió en 2017 la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina.

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Por Patricia Janiot

Esta semana se prevé una crucial reunión del directorio de CAF / Banco de Desarrollo de América Latina, para hacerle frente a la grave crisis de liderazgo que atraviesa la institución y que amenaza con ser el escenario de una nueva medición de fuerzas entre la derecha y la izquierda en la región.  

En la agenda de la reunión del directorio, que integran representantes de 19 países, hay dos puntos importantes. El primero es buscar un sucesor a Luis Carranza, el exministro peruano de economía, quien renunció a la presidencia ejecutiva de CAF el pasado 23 de marzo, un año antes de finalizar su mandato. 

Esta es la segunda vez en la historia de las instituciones multilaterales que un director o presidente renuncia durante su primer mandato. Carranza se suma al francés Dominique Strauss-Kahn, quien en 2011 renunció a la dirección del Fondo Monetario Internacional acusado de asalto sexual contra una mucama del hotel donde se hospedaba en Nueva York. 

Otro punto a tratar en la reunión del directorio de CAF es precisamente lo que precipitó la salida de Carranza: la decisión inédita del directorio, en 50 años de funcionamiento del banco, de integrar una comisión independiente encargada de investigar decenas de denuncias de acoso laboral, despidos injustificados, atropellos hacia funcionarios de la institución que fueron forzados a renunciar luego de que Carranza asumiera el liderazgo del ente financiero en 2017, sumados a serios cuestionamientos sobre la transparencia de ciertos manejos administrativos y de gobernanza de la organización.

La renuncia

En su carta de renuncia, Carranza lamenta “el interés de politizar la actuación de CAF”. Atribuye su decisión a la falta de respaldo del directorio para aprobar “importantes iniciativas” – incluyendo “un novedoso esquema de capitalización” – y para aceptar el nombramiento de su designado en una de las vicepresidencias del banco.

Carta de renuncia de Luis Carranza

“Esta decisión (del directorio) responde a mi juicio, en parte a mi negativa a ceder al interés de algunos países de interferir políticamente en las atribuciones que el Convenio Constitutivo le otorga al Presidente Ejecutivo para designar a sus colaboradores inmediatos”.

El Presidente Ejecutivo va más allá y decide apuntar su dedo acusador. “En particular, los Directores por Argentina me solicitaron verbalmente y a través de mensajes escritos a principios de 2020, que designe como vicepresidente a una persona que no reunía las condiciones para el cargo”.

Lo que el saliente Luis Carranza sí quiso pasar por alto fueron los serios cuestionamientos de cerca de 40 exempleados sobre su política que califican como un “régimen de terror” o “una administración de cuartel”. El exministro solo se limitó a escribir: “Durante mi gestión se incorporaron claramente en la normativa y en la práctica, principios de meritocracia y de integridad, ética y transparencia, en las políticas y procesos de capital humano”. 

De acuerdo con los testimonios de 8 exfuncionarios que entrevisté, fueron precisamente la integridad, la ética y la transparencia, los valores que se barrieron debajo de la alfombra para “deshacerse” abruptamente de unos 100 empleados con muchos años (en algunos casos cuatro décadas) de servicio a CAF.

El modus operandi

Según las declaraciones que obtuve, el esquema aplicado desde 2017 hasta finales de 2020 ha tenido un patrón: 

  • Oferta de jubilaciones adelantadas.
  • Supuestas faltas cometidas por los funcionarios para justificar su separación de la entidad sin ofrecer argumentos ni la posibilidad de escuchar la defensa del funcionario.
  • Incumplimiento de los procedimientos administrativos para argumentar una separación del cargo.
  • Ultimátums telefónicos o presenciales (“o renuncia o lo despedimos”).
  • Una carta de renuncia previamente redactada.
  • Coacción de los funcionarios que ejecutan “las renuncias”, las cuales deben ser firmadas de inmediato o en el menor tiempo posible.
  • Bloqueo al instante del acceso al edificio y a sus computadores.
  • La firma de un compromiso de confidencialidad, donde se establece que en caso de controversias, estas deben dirimirse ante la Comisión de Arbitraje de la ONU en Nueva York, desconociendo la jurisdicción local de un organismo que opera en diferentes países de América Latina, el Caribe y España.

A cambio de la renuncia, los empleados reciben una liquidación económica que, de acuerdo a algunos entrevistados, no podía ser verificada plenamente. En los casos de ciertos expatriados, dicen, tenían muy poco tiempo para organizar asuntos personales (colegios, tratamientos médicos, arriendos, menajes). A los funcionarios que estaban próximos a obtener su jubilación, les ofrecían un seguro de salud vitalicio, de acuerdo a la normatividad interna de CAF.

Los problemas comenzaron a evidenciarse tan pronto Luis Carranza sucedió en la presidencia ejecutiva a Enrique García, quien con un prestigio generalizado presidió el Banco de Desarrollo de América Latina durante 26 años.  

El negocio bancario

En 2017, el gobierno venezolano solicitó un crédito por 400 millones de dólares. De acuerdo con la legislación venezolana, los endeudamientos de la nación deben contar con la aprobación de la Asamblea Nacional que en la época ya estaba controlada por la oposición. 

Sin el aval de la asamblea legislativa, el banco determinó la ilegalidad del crédito, el cual tenía como principal objetivo pagar unos vencimientos de deuda contraída con la propia CAF.  Es decir, el gobierno de Maduro solicitaba más dinero prestado a CAF para luego devolvérselo nuevamente al banco con el propósito de cancelar unos intereses y su obligación de pago de una porción de otro préstamo anterior otorgado por CAF.

Tanto el consultor jurídico Ricardo Sigwald, como directivos de la Vicepresidencia del Sector Productivo y Financiero de CAF, recomendaron refinanciar la deuda y aplazar los vencimientos. Sin embargo, según fuentes consultadas, el gobierno venezolano se opuso porque no quería hacer evidente su falta de liquidez e incapacidad de pago.

Fue entonces cuando la nueva administración de CAF planteó esta fórmula: otorgarle un crédito al Banco Central de Venezuela para que este a su vez le entregara el dinero al gobierno de Nicolás Maduro. De esta manera, el régimen venezolano atendería sus obligaciones y vencimientos de deuda con CAF.

Los funcionarios antes mencionados se opusieron, argumentando que los créditos para las instituciones financieras se destinan para programas de transformación productiva o necesidades transitorias de liquidez, pero no para operaciones de pago de deuda a largo plazo. “Eso no es ético”, me dijo uno de ellos. 

Como un delincuente

El consultor jurídico que llevaba 17 años trabajando para CAF, escribió un memorando al presidente Carranza en el que manifestaba que la alternativa planteada no era aconsejable, porque a su juicio ponía en riesgo la posibilidad de que el Estado venezolano reconociera esa deuda con CAF en caso de un default.

La defensa de los intereses del banco le costó el puesto a Sigwald y al vicepresidente del área encargada, quienes – según declaraciones obtenidas – “de manera arbitraria fueron invitados a un retiro forzado”. Otro funcionario me comentó: “A Sigwald lo trataron como si fuera un delincuente. No pudo ni siquiera entrar a su oficina”.

Sigwald, quien era muy apreciado por sus compañeros debido a su integridad y a su don de gente, quedó muy afectado por la forma en que fue despedido. Interpuso una acción judicial contra el banco y con el tiempo sus problemas de salud se agravaron hasta que falleció en 2020.

La nueva presidencia de CAF hizo prevalecer su interés por evitar que Venezuela, uno de los principales deudores del banco, entrara en mora y afectara así la calificación de riesgo del organismo. El préstamo al Banco Central de Venezuela finalmente se aprobó a finales de 2017. 

Algunos de los préstamos aprobados por CAF 2017

A las salidas forzadas se fueron sumando varias más, incluyendo el despido de Soraya Lazcano después de 24 años de servicio en el área de relaciones externas. Al terminar una licencia no remunerada para continuar sus estudios en comunicaciones y mercadeo en Estados Unidos, la presionaron varias veces para que renunciara y se negó. Ella también tomó una acción judicial contra CAF. 

“Me parecía una injusticia y una arbitrariedad con tantos funcionarios y pensé que esto no podía pasar desapercibido. Yo no me puedo quedar callada”. Entonces decidió junto con otros exfuncionarios poner en conocimiento de las más altas directivas del banco el injusto manejo laboral al interior de la institución.   

Las denuncias

Las primeras seis quejas llegaron a la reunión del directorio en noviembre de 2018, después de que algunos de los funcionarios le habían escrito directamente al presidente ejecutivo, sin recibir respuesta. Le pedían al directorio investigar sus denuncias.  

En su misiva, Soraya Lazcano escribió: “Entre estos abusos y maltratos, se destacan una serie de despidos no solo injustificados y en algunos casos ilegales, sino, además, realizados con prepotencia, maltrato, arbitrariedad y desconsideración, en forma totalmente contraria a las prácticas usuales de CAF, saltándose no solo toda norma de convivencia corporativa, sino esenciales principios éticos y jurídicos establecidos en diversos instrumentos que regulan las relaciones laborales, las cuales la institución está llamada a respetar”. Carta de Soraya Lazcano http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/SLazcano_CartaalPresidenteDirectorio_CAF_20Nov18.pdf 

Ricardo Sigwald, el consultor jurídico alcanzó a secundarla con un correo electrónico enviado al presidente del directorio: “La gestión de la actual administración se caracteriza por la arbitrariedad de sus decisiones, y por la prepotencia y desconsideración con que se trata a los funcionarios. Se ha despedido a una gran cantidad de ellos sin causa o alegando causas inexistentes, mientras que en otros casos se ha usado la coerción para obtener renuncias violando las más elementales normas éticas”.  Añade: “Sobresalen por su gravedad los casos de quienes hemos sido despedidos por dar opiniones técnicas”. Email enviado por Ricardo Sigwald http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Correspodencia-enviada-al-Directorio-en-Nov2018-por-el-exconsultor-Juridico-de-CAF-.pdf

También lo hizo Gonzalo de Castro, quien como él mismo lo describe en su carta, fue “intempestivamente compelido a renunciar, bajo coacción y amenaza, a mi posición de Ejecutivo Senior”. Trabajaba como expatriado en las oficinas de CAF en España. En otros apartes de su carta se puede leer: 

“Se trata de una gerencia de la extorsión, de la coacción, del abuso y del capricho, algo completamente ajeno a las prácticas que por más de dieciséis años observé en CAF. Al momento de coaccionarme para que renunciara, no solo hubo una conducta arbitraria de las personas designadas a dicha finalidad, sino un agravio a mi familia, puesto que se me indicó que tendría que salir en muy breve plazo de España, desconociendo que tengo hijos en edad escolar”. Carta de Gonzalo de Castro http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Correspodencia-enviada-al-Directorio-en-Nov2018-por-Gonzalo-De-Castro-ex-funcionario-de-CAF-.pdf

La auditora general de entonces, Mayra Andrade, se unió a esas primeras voces de alerta. En su carta al presidente del directorio, acusó directamente a la vicepresidenta de administración, Elvira Lupo, de amenazas, de intentar usar las funciones de la auditoría contra una funcionaria en particular con el ánimo de despedirla y de “inventar” argumentos para forzar su renuncia. Si se oponía a la orden, la despedirían como la auditora general de CAF. “Debo confesarle que nunca antes en mi vida profesional, fui tratada de esa forma”, manifestó  la señora Andrade. Carta de Mayra Andrade http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/carta-al-Presidente-del-Directorio-nov.pdf  

Las primeras cartas y mensajes que llegaron al presidente del directorio, según me contó Soraya Lazcano, causaron cierta conmoción, pero tal vez, dice, no era el momento para actuar, porque Carranza llevaba poco tiempo en el cargo. Los denunciados abusos laborales y cuestionables manejos internos del negocio de aprobaciones continuaron sucediendo en los años siguientes. 

Renuncias obligadas

Yo misma tuve acceso a un audio grabado por un exempleado del banco al momento en que procedían a su “separación, efectiva de inmediato”.

La grabación, que se quiere mantener en reserva, muestra claramente las tácticas usadas por funcionarios de recursos humanos para salir del personal “no deseado”. En un tono controlado e impersonal, ofrecían la opción de firmar una carta de renuncia que ya tenían escrita, “pero si no quieres firmar la carta de renuncia, tal cual está planteada, nos vemos en la obligación de ir por la notificación del despido justificado”, la cual, al igual que la renuncia, estaba previamente escrita. 

Ante el asombro de la víctima, los directivos aumentaban la presión para que tomara una decisión de inmediato: “Después de esta conversación, tenemos que salir con una u otra de las documentaciones en nuestras manos”. Sin ninguna consideración, desde ese momento se le impedía al empleado su acceso al edificio y a la plataforma tecnológica de CAF. 

Al preguntar la razón de su “separación”, esta persona que estaba siendo chantajeada a cambio de evitar un despido “justificado”, nunca escuchó ningún tipo de argumentación detallada que justificara su salida y mucho menos tuvo derecho a su legítima defensa.

Para efectos de respetar su anonimato, no ofreceré información adicional sobre esta grabación en la que escuché un triste incidente de humillación laboral.

Ambiente de terror

A medida que fueron avanzando los despidos y las “forzadas renuncias voluntarias”, también se implementaron políticas administrativas que muchos vieron más acorde a “un régimen militar” que a un organismo financiero multilateral donde, en general, se ingresa tras contar con las mejores credenciales.

Con el ascenso de Elvira Lupo a la vicepresidencia de administración, fue ganando mayor poder. Las áreas de recursos humanos, logística, compras, seguridad, presupuesto, contabilidad y operaciones le reportan directamente a su vicepresidencia. 

“Lupo tiene todo el poder. Es ella quien toma las decisiones en CAF, porque Carranza estaba ausente”, me dijo uno de mis entrevistados que quiere mantener su nombre en reserva. 

El hostigamiento también se sintió cuando la vicepresidenta implementó el programa “SOL” (Seguridad, Orden y Limpieza) con mucha rigurosidad, como me explicó Alejandra Claros, una diplomática de carrera que ocupaba el cargo de coordinadora de secretaría de CAF, adonde llegó después ser la jefa de gabinete del expresidente Evo Morales.  

Según me contó, en las oficinas del banco no está permitido tener más de dos fotos en el sitio de trabajo ni objetos que no sean relacionados al organismo, como recuerdos de viajes, dibujos de los hijos o libros que no sean de uso laboral. 

Tampoco pueden tener más de una planta ni tomar café en el escritorio. “Los encargados pasaron puesto por puesto para evaluar qué cosas podían permanecer en tu lugar de trabajo. Incluso, te revisaban los cajones del escritorio”. Y agregó: “Venían con una bolsa de basura… Mucha gente terminó llorando cuando veía que sus recuerdos los tiraban a la basura”. 

Claros me comentó cómo se puso en marcha un sistema en el que mensualmente los funcionarios de CAF reciben un reporte gráfico y a color de las horas de llegada y salida a las oficinas. (Aquí el gráfico de entrada y salida http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Grafico-de-horarios-CAF.jpg) En rojo figuran los días en los que el empleado llega a trabajar más de 5 minutos tarde, y en amarillo en los que lo hace hasta 5 minutos después de su horario. “Es como un semáforo y te implica que no puedes ascender o tomar créditos”, me relató Alejandra Claros.

Según ella, con esta medida los funcionarios sentían mayor presión por llegar a tiempo. Tenían que esperar en fila a la entrada de los ascensores ante la aglomeración de empleados. Incluso, se congestionaban los ingresos a los estacionamientos de las oficinas.  

La administración tampoco autorizaba permisos para atender asuntos personales como reuniones en el colegio de los hijos. “Tenías que sacar un día de vacación y no permitía que te quedes más tiempo en el trabajo, porque eso implicaba que eras ineficiente. Si salías más tarde, tu salida era roja”, aseveró Claros.

Según el testimonio de la excoordinadora de secretaría, al llegar la pandemia, todo el personal de CAF (alrededor de  650 empleados en distintos países) fue obligado a trabajar en sus oficinas, sin permitirles el trabajo remoto a pesar de que el banco no opera con atención al público y que algunos funcionarios debían tomar transporte público, exponiéndolos al contagio. 

Esto incluía, de acuerdo a otras entrevistas, a personas asmáticas o con otras condiciones de salud que los exponían en mayor riesgo.  A pesar de que se implementaron estrictas medidas de protección, higiene y distanciamiento, alrededor de 80 empleados se contagiaron, lo que obligó a CAF a establecer turnos de trabajo.

Alejandra Claros se quejó de que “han sido abusivos en pandemia porque algunas personas que se han enfermado, les han pedido su renuncia. ¿Qué más humillaciones te pueden hacer?”, se preguntaba.

Otra funcionaria me habló del conflicto de interés que existe en el Comité de Ética, una instancia a la que pueden acudir los funcionarios para ventilar sus quejas. Pero el comité está integrado por algunos de los directivos hacia quienes apunta la mayor cantidad de denuncias de maltrato y acoso como Elvira Lupo, (vicepresidenta de administración, quien además integra el comité de transparencia) y Javier Mejía (recursos humanos y secretario del comité de transparencia), por lo que resulta inoperante debido a que los empleados tienen temor a denunciar. Entre otros directivos que fueron blanco de quejas figuran Víctor Rico (secretario general e integrante del comité de transparencia)  y Ana María San Juan (directora de iniciativas regionales).

Recursos sin supervisión

Otra de las observaciones que señalaron algunos de los exfuncionarios consultados tiene que ver con los miles de millones de dólares que aprueba CAF anualmente. Como se puede ver en los reportes anuales, una gran parte del dinero se destina a líneas de crédito, muchas renovadas, a bancos e instituciones financieras públicas y privadas, esto sin contar los montos en operaciones swaps y PBLs. Entonces, surge la pregunta: ¿Por qué CAF aprueba mucho más dinero para bancos de la región en lugar de destinar gran parte de sus recursos a proyectos de desarrollo?

Tabla de Reporte Anual de CAF 2017
Tabla de Reporte Anual de CAF 2018
Tabla de Reporte Anual de CAF 2019
Tabla de Reporte Anual de CAF 2020

Según las fuentes consultadas que tuvieron acceso a la información financiera en CAF, estas líneas de crédito, en su mayoría, son de libre disponibilidad y son consideradas operaciones para capital de trabajo de los bancos y las entidades financieras. “Son líneas de crédito que no le agregan valor al desarrollo de la región y, por lo general, no se pide rendición de cuentas”.   

Como me dijo Juan Francisco Blásquez, otro funcionario coaccionado a renunciar, “se busca de alguna manera que estos recursos lleguen a proyectos que tengan algún impacto en la sociedad, pero no se ejerce ningún control sobre el uso de esos recursos”. ¿Cómo se explica la falta de seguimiento y supervisión a las multimillonarias aprobaciones de las líneas de crédito? 

A través de la Dirección de Comunicación Estratégica, le envié estas y otras preguntas que resumían los cuestionamientos sobre el manejo del personal, al Presidente Ejecutivo y a la Vicepresidenta de Administración. Después de esperar unos días, me remitieron al comunicado en el que se informa sobre su retiro y el balance de su gestión. https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2021/03/el-presidente-de-caf-se-retira-de-su-cargo-dando-paso-a-una-nueva-administracion/  

En sus declaraciones, Carranza ha hecho énfasis en el ahorro y en los esfuerzos de autoridad, pero al analizar los gastos administrativos durante sus años de gestión al frente del Banco de Desarrollo de América Latina, sus propios informes financieros muestran que aunque hubo un ahorro en 2019, en promedio los gastos no financieros se incrementaron durante la presidencia de Carranza (2017-2020).

Cronología de Gastos No Financieros de CAF

Muy cuestionada también fue la decisión de nombrar como asesora de la presidencia de CAF a la señora Susana Pinilla, luego de que las autoridades peruanas la consideraran prófuga de la justicia.

Antes de unirse a CAF en 2012 como representante del banco en Panamá, Pinilla, exministra peruana de Trabajo y de la Mujer, había sido una de las directoras de CORPAC, la corporación que proporciona los servicios de navegación aérea y aeroportuarios en Perú.  

En febrero de 2019, la justicia peruana la sentenció a 5 años de prisión por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión. El caso tenía que ver con pagos injustificados para la construcción inconclusa de una nueva sede de CORPAC.

Tribunal en Perú condena a Susana Pinilla (escuchar al minuto 10)

A partir de esta condena, Pinilla fue suspendida como la directora representante de CAF en Panamá, pero en una decisión que muy pocos se explican, al año siguiente, fue nombrada asesora de la presidencia de CAF en Panamá hasta que en enero de 2021, según me informan, presentó su renuncia.

El detonante de la renuncia de Carranza se dio después de la más reciente reunión del directorio el 2 de marzo, cuando se leyeron las cartas de 10 exfuncionarios, incluyendo las enviadas en 2018, en las que se denunciaban los abusos laborales y se solicitaba la conformación de una comisión investigadora de las prácticas internas de CAF. 

Una de esas cartas fue precisamente la de Alejandra Claros, la cual fue expuesta en un tweet del expresidente de Bolivia Evo Morales el 28 de febrero imprimiéndole más presión al directorio de CAF para que actuara de inmediato.

Tuit de Evo Morales publicando carta de Alejandra Claros.

Aparte de las hostilidades que he enumerado en este artículo, Claros menciona un “cambio de sede de facto” de Caracas a Perú, donde se instaló Carranza desde que llegó a CAF, “acción que transgrede el propio convenio (constitutivo de CAF) que fue firmado y ratificado por todos los países miembros”.

En su misiva, Claros también explica el motivo por el que, según dice, la separaron del cargo. Hace referencia a las denuncias presentadas en forma escrita y verbal sobre la conducta del secretario general de CAF, Víctor Rico, quien era su jefe y boliviano de nacionalidad, al igual que Claros.

“El señor Rico me solicitó interceder en un caso de corrupción ante la justicia boliviana a favor de un cuñado. El Secretario quiso ejercer su posición de poder al ser mi jefe inmediato superior, pretendiendo utilizar mis relaciones personales y laborales que había construido como exjefa de gabinete del presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma”.

Claros, quien presentó una acción judicial contra el banco, se negó a esta solicitud y a otra “para que interceda y se pueda resolver un proceso administrativo en Bolivia, porque sus cuentas bancarias están congeladas. Yo me niego y él empieza a utilizar métodos de presión y de acoso”.

Al día siguiente de llevar su caso al Comité de Ética, el 14 de noviembre de 2019, la CAF le solicitó su renuncia. “Les rogué que me den hasta junio que mi hijo terminaba el colegio y que yo iba a ver qué hacía porque mi situación era insoportable. No me dieron la oportunidad ni de un día. Y me dijeron que si yo no renunciaba, me iban a sacar con las personas de seguridad”. 

A la carta de Alejandra Claros, en la que habla de violencia y acoso laboral, se sumaron la de otros exfuncionarios.

Carta de Vicky Furió http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Denuncia-formal-Vicky-Furio-DirectorioCAFNov2018.pdf

Carta de Jorge Horacio Kogan http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Memo-Caso-JHK.pdf

Carta de Juan Francisco Blásquez http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/Carta-PE-CAF-caso-JFBC.pdf

Uno de ellos, Juan Francisco Blásquez me dijo que después de 40 años de servicio a CAF con una hoja de vida intachable, su jefa inmediata Gloria Gamero “buscóla forma de que la CAF me hiciera una amonestación, argumentando estupideces. Manifesté que no estaba de acuerdo con su contenido porque era falso. Se argumentaba de que yo no tenía espíritu de trabajo en equipo, que lo que yo hacía no contribuía con los propósitos de la dirección. Una sarta de tonterías”.

Blásquez dice que llevó su queja ante el Comité de Ética y eso fue suficiente motivo para que lo despidieran, sino aceptaba renunciar. “El Comité de Ética para nada funciona. La misma que lo preside, es la misma que hostiga”, concluyó.

Juan Francisco es un expatriado y dice que CAF se ha negado a entregarle documentos e información que necesita con el fin de regularizar su situación migratoria en un país que no es el suyo. “Estoy a la deriva”. 

Tras su renuncia, el saliente presidente de CAF ha ofrecido algunas declaraciones a medios de prensa (El Comercio https://bit.ly/2PCG8XB / La República https://bit.ly/3rTUlMM),  las cuales son rechazadas por decenas de exfuncionarios de CAF (El País https://bit.ly/3unyfnE) que se han organizado en una asociación, y desde donde están dispuestos a declarar ante la comisión encargada de investigar los abusos que han denunciado para que puedan hacer un trabajo serio e imparcial. También quieren que los “acosadores” que aún continúan en el banco con sus “tácticas temerarias”, asuman su responsabilidad. 

Aseguran que sus denuncias no están vinculadas a ninguna politización o a ningún desacuerdo con “la eficiencia y meritocracia” y que sus renuncias no fueron “voluntarias” como ha expresado Luis Carranza.  Dicen que esta afirmación es “falsa y temeraria” y desconoce la validez de sus reclamos. http://www.patriciajaniot.news/wp-content/uploads/2021/04/DECLARACION-PUBLICA-Exfuncionarios-de-CAF.pdf

Al respecto, Soraya Lazcano afirmó: “Aquí no es un tema político. Yo pienso honestamente que a Carranza le quedó grande el cargo y no tiene mejor manera que lavarse las manos y decir hasta luego, me hago a un lado”.

Otro exfuncionario de alto nivel destacó que Carranza se va “generando mayor polarización con sus mensajes, en los que ataca específicamente a países. Esto no se hace”.

Los retos

El desafío lo tiene a partir de ahora el directorio, que, para los efectos prácticos, es la máxima instancia de gobernanza de CAF (aunque los estatutos determinan que es la asamblea de accionistas). Los directores tendrán que establecer un calendario viable para realizar un proceso transparente de selección del presidente ejecutivo, en el que los países puedan designar a sus candidatos y estos a su vez presentar sus planes para el banco, se valoren sus programas y se elija sin apresuramientos.  

Por ahora suenan los nombres de candidatos de corrientes políticas opuestas y algunos países quisieran acelerar el nombramiento del sucesor de Carranza antes de que se realicen las elecciones presidenciales en Ecuador y Perú, porque el resultado de esos comicios podría inclinar la balanza hacia cierta tendencia política, lo que podría determinar la escogencia del nuevo presidente ejecutivo de CAF.

Si el candidato decide escogerse por votación, cualquier candidatura que tenga un tinte político ganaría por pocos votos en una elección muy cerrada y sería un triunfo conflictivo. Ese no es el escenario deseado si la polarización comienza a ganar terreno en el organismo.

Lo sensato sería encontrar una tercera candidatura de consenso, que combine en ese líder talentos técnicos con un buen manejo de relaciones externas, manteniendo su independencia frente a las diferencias políticas. Aún mejor si la elección se hace por unanimidad, tal como ocurrió con los cinco procesos en los que se escogió a Enrique García, el antecesor de Carranza.   

Los retos para CAF no son pocos al prestarle dinero a una región que el propio Carranza describe como “la más golpeada del mundo por la crisis de la pandemia. Su recuperación va a estar por debajo del promedio mundial”.  

El banco tendrá que aumentar su inversión social para ayudar a millones que quedaron por fuera del mercado laboral. Tendrá que pensar en aumentos de capital y en acceder a los mercados financieros internacionales. Pero antes está en la obligación de arreglar su crisis interna, reconstruir su reputación y eso será difícil sin afectar su calificación de riesgo.  

Para lograrlo, el sucesor de Carranza tendrá que ser hábil en el manejo de las relaciones con sus socios. Lo debe hacer con independencia, autonomía y al margen de las corrientes opuestas o la política de turno de la región. 

Lo que suceda en CAF tendrá efectos directos en el desarrollo de Latinoamérica. Este organismo que, bajo el liderazgo de Enrique García, el antecesor de Luis Carranza, se destacó por haber lidiado con eficacia e independencia décadas de vaivenes políticos en la cooperación regional, se convirtió en una de las principales fuentes de financiamiento multilateral, junto con el BID y el Banco Mundial. 

Presta alrededor del 30% de los recursos para la región, hasta ocupar el primer lugar en aprobaciones a proyectos de infraestructura en nuestros países. Según el reporte anual de CAF, en 2020 desembolsó recursos por un total de $10.383 millones de dólares destinados a atender la capacidad de respuesta de diferentes gobiernos y entidades frente a las crisis sanitaria y económica generadas por la pandemia. 

Y ante el empobrecimiento de la región, hoy más que nunca Latinoamérica necesita de este tipo de organismos sin los cuales la recuperación económica y social será más difícil. Es hora de que CAF se encarrile con un buen timonel.

Nota: Colombianitos e Innovadores de América, dos organizaciones a las que he estado vinculada en sus juntas directivas, han recibido en el pasado fondos de cooperación técnica no reembolsables de CAF. 

Tomado de portal https://www.patriciajaniot.news/

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Política

Pleno aprueba ampliación del desarrollo del mecanismo de obras por impuestos

Se usará IGV como crédito fiscal que incentive a más empresas a participar en Obras por Impuestos enfocada a gobiernos regionales y locales. Con mucha facilidad fue exonerada de segunda votación.

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En el marco de mejora del procedimiento legal y operativo de ejecución de la ley de obras por impuestos, se propuso hoy en el pleno reformas a la ley 29230.

En una emocionante sesión del Pleno de hoy el presidente de la Comisión de Economía, el ‘niño’ López, expuso esta mejora a la norma, la cual ayudará a impulsar la inversión pública en los gobiernos regionales y locales con participación del sector privado a fin de ampliar e impulsar el desarrollo del mecanismo de obras por impuestos. Conforme a lo que dijo el congresista López «el objetivo del dictamen es ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos (…) busca ampliar las entidades habilitantes que además del gobierno local y regional se habilitará también a las universidades nacionales para que ellos también puedan utilizar el mecanismo de Obras por Impuestos y mejorar su infraestructura mediante la participación privada.

«Si bien es cierto los gobiernos regionales tienen determinados objetivos de cierre de brechas, estos no impactan a través de obras por impuestos a la solución de otros tipos de problemas como la educación» dijo López.

Lo que busca este dictamen es ampliar fuentes de financiamiento para expandir la capacidad de realizar proyectos bajo obras por impuestos.  «En la actual norma no se puede utilizar los recursos directamente recaudados y lo que hace esta norma es también que estos recursos puedan habilitar también que estos recursos puedan utilizarse para estos proyectos y su planificación para que puedan ser desarrollados. Además, se plantea un seguimiento y monitoreo [esto huele a más burocracia y que va ser más lenta la ejecución] a través de ProInversión. Además, el uso de IGV como crédito fiscal que incentive a más empresas a participar».

Debemos recordar que esta herramienta que impulsa la inversión en salud, saneamiento y educación, en favor de comunidades con brechas identificadas, contribuye a cerrar la profunda pero muy profunda brecha en infraestructura que tiene Perú. Solo en Apurímac existe un puente de piedra que data de 1580 que hasta ahora se utiliza porque no se ha construido otro.

Por su parte el diputado Víctor Flores se refirió a la situación del mecanismo «el monto máximo del CIPRL (Certificado de Inversión Pública Regional y Local) considera a los dos últimos años y no solo el último como señaló MEF, lo cual ha perjudicado a los gobiernos regionales para hacer obras por impuestos. Consideramos debe actualizarse excepcionalmente los topes máximos de capacidad anual para los gobiernos regionales, locales y universidades. Para que en un plazo de 15 días MEF pueda actualizar los flujos transferidos, los montos reducidos para el repago de los CIPRL y la relación de los convenios suscritos. La modificatoria prevista incidiría en la reducción de 91 proyectos sin adjudicarse por un máximo de 877 millones».

La congresista Diana González, mencionó la importancia de la norma «que fortalece el régimen de OXI, dónde el privado diseña e implementa la obra, cerrando muchos presuntos canales de corrupción, y el Estado tiene que reconocer al sector privado como aliado estratégico para el cierre de brechas, y muchos ministros han reconocido el impacto de OXI para la realización de obras y el incremento de las mismas respecto al año anterior». También mencionó «fortalecer los techos presupuestales de los gobiernos regionales y locales para la emisión del certificado de OXI, pero en la última ley del crédito suplementario se incluyó una modificación a la segunda disposición que redujo el monto máximo que pueden usar los gobiernos regionales y locales, afectándolos».  En resumen, se busca incrementar el techo presupuestal para coadyuvar a los gobiernos regionales.

Por su parte, la parlamentaria Ruth Luque fue crítica con esta propuesta. «Estoy opuesta a la incorporación de la reducción al IGV en el art. 7 de la norma, por tener un impacto, porque significaría una reducción a los propios gobiernos locales. Ya de por sí las empresas tienen de por sí ciertos beneficios».

El congresista Eduardo Castillo Rivas solicitó en el pleno al presidente de la comisión de economía, «incorporar a los locadores como beneficiarios de la especialización y certificación gradual de profesionales señalados en el art. 7 de la norma 29230». Es decir, pretende hacerlo más rápido incorporando a los locadores como parte de los beneficiarios.

Finalmente, por 60 votos a favor fue aprobado en primera votación esta propuesta. El proyecto será materia de segunda votación en 7 días calendario.

Posteriormente, según informó la oficina de comunicaciones del Congreso, el proyecto de ley fue exonerado de segunda votación, con lo cual quedó expedido para ser enviado al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

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Política

Congreso cita con “urgencia” al ministro Rómulo Mucho para que explique sobre Ley MAPE

Luego que el Gobierno envió al Legislativo el documento de la Ley MAPE, la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Diana Gonzales, advierte poca claridad en diversos aspectos de la ley; y, por ende, pidió citar urgentemente al titular de Energía y Minas Rómulo Mucho.

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Este miércoles 20 de noviembre el Ejecutivo, mediante el reciente Consejo de Ministros, aprobó el proyecto de Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, más conocida como Ley MAPE, que reemplazará al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia termina este 31 de diciembre. Y a pesar de las críticas de los cientos de mineros que se encuentran protestando en la avenida Abancay a inmediaciones del Congreso, hoy el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, envió el proyecto de ley al Parlamento para su debate en la comisión del sector.

Sin embargo, la congresista Diana Gonzáles Delgado (Avanza País) solicitó al presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, citar con “carácter de urgencia” al ministro Mucho Mamani, para que informe y explique en detalle sobre los alcances y el contenido del Proyecto de la Ley MAPE, recientemente aprobado en el Ejecutivo.

“Solicito tenga a bien citar con carácter de urgencia al Ministro de Energía y Minas, señor Rómulo Mucho, a la siguiente sesión extraordinaria […] para informar sobre el contenido y alcances del Proyecto de Ley 09555/2024-PE Ley de la pequeña minería y minería artesanal”, se lee en el documento.

Oficio enviado a congresista Paul Gutiérrez para que cite a ministro Rómulo Mucho.

Cabe mencionar que el documento entregado al Poder Legislativo, indica en su tercera disposición complementaria que los procedimientos iniciados con el Reinfo continuarán su trámite en esas instancias durante 6 meses, contados desde el día hábil siguiente a la publicación de la nueva ley y al finalizar dicho plazo, indican, que el Minem asume las funciones que se le habían dado a las Direcciones Regionales de Energía y Minas y las Gerencias Regionales de Energía, Minas e Hidrocarburos (DREM/GREM) con el Reinfo para la formalización minera.

Mineros informales bloquearon Panamericana Sur en Ica y Arequipa en desacuerdo con la Ley MAPE

Según informó Máximo Becker, presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, los mineros informales están en desacuerdo con la reciente aprobada ley MAPE y exigen la extensión del ‘Reinfo’ por dos años más.

Más de mil mineros informales hoy mantuvieron bloqueada la carretera Panamericana Sur en el kilómetro 440 en la provincia de Nasca, en la región Ica, donde la fila de vehículos alcanza los 10 km, y en el kilómetro 782 a la altura del Puente Ocoña, en Camaná, Arequipa. Los mineros informales que se encuentran bloqueando ambos puntos desde ayer, 20 de noviembre, exigen la extensión de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera, porque este documento les permite trabajar en concepciones mineras de terceros, sin embargo, vence este 31 de diciembre.

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Política

Ministros de Estado defienden a prófugo Nicanor Boluarte [VIDEO]

¡Lluvia de escuderos! Los ministros César Vásquez, Durich Whittembury y José Arista se despojaron de sus investiduras sectoriales y han asumido roles de ‘abogados defensores’. Pero esta vez no protegen a la presidenta Dina Boluarte, sino, a su “socio” y hermano, el prófugo de la justicia Nicanor Boluarte Zegarra.

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Primero fue el premier Gustavo Adrianzén, que salió a declarar tras la medida de detención preventiva de 36 meses contra Nicanor Boluarte Zegarra, y se atrevió a decir que existe una “judicialización de la política”, mencionando incluso, que hay una soterrada intención de promover una vacancia presidencial.

Seguidamente, hizo lo mismo, el titular de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, al afirmar que el fallo judicial del juez Richard Concepción Carhuancho “no tiene explicaciones técnicas” y que además obedece a un proceso politizado.

Y en menos de unas horas, se sumaron tres ministros “escuderos” para defender, no precisamente, a la presidenta Dina Boluarte; sino a su hermano Nicanor. Quien, en lugar de ponerse a derecho, pasó a la clandestinidad e ingresó a la categoría de prófugo de la justifica.

Premier Gustavo Adrianzén ahora defiende a prófugo Nicanor Boluarte.

Escudero 1: Ministro César Vásquez asevera que todo es ‘un show mediático’

El titular del Ministerio de Salud (Minsa), César Vásquez, quizá por una orden de su mentor César Acuña Peralta, ha vinculado esta situación con los esfuerzos que existen para lograr la desestabilización del gobierno y señaló que el juez Richard Concepción Carhuancho tiene “mucho afán mediático”.

El ministro también se pronunció sobre el reciente fallo judicial que dicta 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte y considera que algunos actores políticos buscan desacreditar la gestión de la mandataria, tras el supuesto éxito de la APEC.

Además, cuestionó al juez Richard Concepción Carhuancho por haber tomado la medida y refirió que tiene “mucho afán mediático, y una pasión por las cámaras”. Asimismo, remarcó que el sistema se está politizando porque se afecta la presunción de inocencia, así como la estabilidad política del gobierno, y en especial al propio hermano de la presidenta.

“Estamos vulnerando la presunción de inocencia. Se está desnaturalizando esta medida de prisión preventiva. Uno de los grandes afectados es el señor Boluarte por ser hermano de la presidenta. Hace daño que la justicia se politice”, sostuvo el ministro de Salud.

Escudero 2: Ministro Whittembury pide que ‘justicia no sea politizada’ para Nicanor Boluarte

El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, insinúa que el inicio de la lectura de la resolución que dictó prisión preventiva contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, coincidió estratégicamente con el cierre del Foro APEC y consideró que esto podría ser un intento de desviar la atención de los logros que se alcanzaron en dicha cumbre internacional. Y al momento de ser consultado sobre la medida impuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho, Whittembury se reafirmó en su posición, de que la justicia no debe estar politizada

Escudero 3: Ministro José Arista critica prisión preventiva contra Nicanor Boluarte

Por último, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas José Arista afirmó que, en su condición de ciudadano, le llama la atención que algunas personas sean detenidas durante 36 meses sin una investigación completa. Asimismo, criticó la resolución que dicta prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, advirtiendo que debe respetarse el derecho de las personas a ser tratadas como inocentes, hasta que se demuestre lo contrario.

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Política

Se promulga Ley que penaliza acoso sexual contra menores de 14 años [VIDEO]

Ley N.° 32169 establece penas que van de 6 a los 9 años de prisión efectiva contra sujetos que persigan a menores con fines sexuales.

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¡Los niños no se tocan! Existen personas que valiéndose del anonimato de las redes sociales buscan acercarse a nuestros hijos, creándose perfiles falsos o acercándose a ellos a través de los mismos juegos. Personas depravadas que solo buscan saciar sus deseos más enfermizos sin importarles que con ello estarían destrozándole le vida a un inocente.

Se ha publicado la Ley N.° 32169, la misma que penaliza el acoso sexual contra menores de 14 años. Como se recuerda, la norma fue aprobada en el Pleno del Congreso el 31 de octubre pasado.

Para la firma de la autógrafa, realizada en el despacho de la Presidencia del Congreso, estuvo presente Diana Gonzales Delgado, de Avanza País, autora de la iniciativa legislativa. En ese momento, mencionó que, para crear el delito de acoso sexual a menores de 14 años, se tuvo que incorporar el artículo 176-D al Código Penal peruano.

“Esta iniciativa surgió durante las reuniones sostenidas en semana de representación entre el Grupo Multipartidario Arequipa y el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, quien advirtió que la actual tipificación del delito de acoso sexual, como requiere de la negativa de consentimiento por parte de la víctima, no incluye los casos donde la víctima es menor de 14 años”, explicó.

fuente: 24 horas.

De acuerdo al documento publicado en el diario oficial El Peruano, la persona que “de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía” con una niña o niño, podría recibir una condena de entre seis y nueve años de prisión. Además, podría ser inhabilitado conforme a los numerales 5,9, 10 y 11 del artículo 36 del Código Penal.

“Igual pena se aplica a quien realiza la misma conducta, valiéndose del uso de cualquier tecnología de la información o de la comunicación o cualquier otro medio tecnológico”, indica el texto.

La Ley, oficializada este jueves, lleva las rúbricas de la presidenta Dina Boluarte y del titular de la PCM, Gustavo Adrianzén.

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Política

Ministro Demartini cuestiona prisión contra Nicanor Boluarte: “no tiene explicaciones técnicas”

Otro de los ministros que se suma a la “cruzada” para defender al hermano prófugo de la presidenta. El titular del Midis Julio Demartini aseveró que la medida judicial es un “proceso politizado”; sin embargo, evitó opinar sobre la situación de clandestinidad de la que goza Nicanor Boluarte.

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Se suma otro ministro a la defensa del prófugo de la justicia, Nicanor Boluarte Zegarra. Esta vez, el titular de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) Julio Demartini, criticó la orden de 36 meses de prisión preventiva impuesta contra el hermano de Dina Boluarte, por el caso “Waykis en la sombra”, y también evitó pronunciarse sobre el hecho que se encuentre en la clandestinidad y no ponerse a derecho.

Demartini aprovechó para responder que su opinión la emite como un “ciudadano común y corriente y también como un funcionario público”, pero no como miembro del Gabinete. Dicha aseveración genera cierta confusión y contradicción.

“Pero vemos un proceso que está siendo politizado, y esa es mi opinión personal. ¿Sabe por qué lo digo? Porque el juez Carhuancho en la detención preliminar, el nuevamente dio una sanción con restricción de la libertad y la sala revoca esa decisión por algo fundamental. Porque el señor Carhuancho señala que el señor Boluarte no tenía arraigo laboral y la sala lo corrige”, sostuvo.

“Ayer nuevamente el señor, después que la sala ya lo ha corregido en la detención preliminar, ahora en la preventiva vuelve a utilizar elementos que ya han sido corregidos por su superior”, añadió el ministro Demartini.

Con respecto a su paso a la clandestinidad, el ministro Julio Demartini no quiso opinar y solo se limitó a decir que Nicanor Boluarte “tomará una decisión adecuada”.

“No puedo opinar porque él tomará sus decisiones. Son decisiones personales de las cuales no me voy a pronunciar. Cada uno asume sus decisiones. Imagino que el señor Boluarte está meritando. Si estoy viendo nuevamente que me están perjudicando en mi libertad, él tomará una decisión adecuada. No voy a opinar al respecto”, indicó.

Asimismo, afirmó que la prisión preventiva contra Nicanor Boluarte “no tiene explicaciones técnicas” y será usado para afectar políticamente a la presidenta Dina Boluarte.

“Estas decisiones que no tienen explicaciones técnicas. Pasan a ser un coro en el campo político que dice ‘presidenta, usted está comprometida, todo está mal, dé un paso al costado’ y eso no es así”, culminó el titular del Midis.

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Política

Premier Adrianzén califica como ‘campaña de vacancia’ la prisión preventiva de Nicanor Boluarte

En vista que la presidenta Dina Boluarte no se pronuncia por la prisión preventiva contra su prófugo hermano Nicanor, el premier tomó el rol de “defensor” y criticó al juez Concepción Carhuancho.

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El Gobierno se encuentra en su peor crisis, tras la situación penal del hermano presidencial y prófugo de la justicia Nicanor Boluarte Zegarra. Sin embargo, desde el Ejecutivo no ha habido un pronunciamiento formal respecto a esta situación. Y quien nuevamente tomó la posta para fungir como “abogado defensor” de la mandataria, ha sido el presidente del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, quien, tras ser consultado por la prensa sobre el imputado hermano de la jefa de Estado, a quien le dictaron 36 meses de prisión preventiva y ordenaron su inmediata captura, cuestionó y desacreditó un mandato judicial impuesto por el juez Richard Concepción Carhuancho.

Asimismo, Adrianzén, pese a ser abogado y conocer perfectamente, qué implica el no ponerse a derecho ante un mandato judicial, e incurrir en una obstaculización a la justicia, él minimizó la situación de clandestinidad de Nicanor Boluarte y su actual condición de prófugo de la justicia, y apenas mencionó: «seguramente sus abogados podrán presentar los recursos de apelación que crean responsabilidad y se tomará la decisión final».

Asimismo, cuestionó la vinculación de Dina Boluarte con la presunta organización criminal que, según tesis fiscal, habría sido dirigida por su hermano mayor Nicanor, y que tendría como objetivo afectar la continuidad de su cargo de presidenta de la República. «Tengo que denunciar una vez más la judicialización de la política. (…) Hay una afiebrada idea de que existe una organización criminal, y a partir de eso, pretender promover una presunta incapacidad moral de la señora presidenta de la República que podría conducir a su vacancia», aseveró disgustado el titular del Consejo de Ministros.

«Veo sorprendido que mentes atormentadas y confundidas están tratando de vincular y de insinuar que aquello existe (una posible relación entre Dina Boluarte con el caso ‘Los Waykis en la Sombra’. Nosotros no podemos permitir esta idea de presionar para que renuncie; o de promover una vacancia. No tiene ningún asidero», añadió Adrianzén.

Además de ratificar que existe una supuesta judicialización de la política, Adrianzén habló de una “soterrada intención” para promover una presunta incapacidad moral que pueda llevar a su renuncia, o a una eventual vacancia presidencial.

“Nosotros no podemos permitirlo y creo en realidad que no solamente eso, sino que esta idea de presionar para que renuncie, o de promover una vacancia, no tiene ningún asidero. La señora presidenta constitucional está firme en el puesto, su liderazgo respecto al Poder Ejecutivo es indubitable”, culminó el premier escudero.

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Política

Gobierno aprobó Ley MAPE en medio de cuestionamientos por el ‘Reinfo’ [VIDEO]

El titular de Energía y Minas Rómulo Mucho aseguró que este jueves el Ejecutivo enviará el proyecto al Congreso para que sea debatido. Sin embargo, la vicepresidenta de la Comisión de Energía del Parlamento, Diana Gonzales, observó poca claridad en diversos aspectos de la ley.

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El premier Gustavo Adrianzén confirmó que el Ejecutivo, mediante el reciente Consejo de Ministros, aprobó el proyecto de Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, más conocida como Ley MAPE, que reemplazará al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia termina este 31 de diciembre.

Asimismo, y a pesar de las críticas de los cientos de mineros que se encuentran protestando en la avenida Abancay a inmediaciones del Congreso, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, aseguró que este jueves el Gobierno enviará el proyecto de ley al Parlamento para su debate en la comisión del sector.

Ministro Rómulo Mucho le hace ‘propaganda’ al gobierno de Dina Boluarte y a la Ley MAPE

Asimismo, el ministro de Energía y Minas, no pierde la oportunidad para indicar las bondades de la reciente Ley aprobada por el Gobierno. Y además, se dio tiempo para “resaltar” la supuesta disposición de la presidenta Dina Boluarte, para solucionar y poder formalizar a miles de mineros informales. 

«Con este proyecto de ley se evidencia que el Gobierno tiene interés de ordenar esta actividad porque se sabe que estaba pendiente la elaboración de la ley MAPE. La ley busca brindar asistencia técnica con tecnologías limpias, generar incentivo para la formalización, establecer zonas especiales y áreas exclusivas para estas actividades, con potencial minero. Establece procedimientos para la formalización, con las direcciones regionales del Minem», remarcó Rómulo Mucho en conferencia de prensa.

Como se recuerda, desde su implementación en 2017, el Reinfo registró cerca de 90.000 inscritos. Previamente, se advirtió que el registro fue empleado de manera inadecuada, facilitando el avance desmedido de la minería ilegal.

Mineros informales bloquean Panamericana Sur en Ica y Arequipa en desacuerdo con la Ley MAPE

Según informó Máximo Becker, presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, los mineros informales están en desacuerdo con la reciente aprobada ley MAPE y exigen la extensión del ‘Reinfo’ por dos años más.

Más de mil mineros informales mantienen bloqueada la carretera Panamericana Sur en el kilómetro 440 en la provincia de Nasca, en la región Ica, donde la fila de vehículos alcanza los 10 km, y en el kilómetro 782 a la altura del Puente Ocoña, en Camaná, Arequipa. Los mineros informales que se encuentran bloqueando ambos puntos desde ayer, 20 de noviembre, exigen la extensión de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera, porque este documento les permite trabajar en concepciones mineras de terceros, sin embargo, vence este 31 de diciembre.

Solo 2% de los registros que ha tenido el ‘Reinfo’ logró ser formalizado

Dicha cifra obedece a un análisis de Videnza realizado al Registro Integral de Formalización Minera, (Reinfo), que trata de difundir la intención de formalizar, pero sin resultados concretos.

La minería no formal, que comprende a la informal e ilegal, se ha convertido en la actividad que más dinero ilícito genera en el Perú; incluso mucho más que el propio narcotráfico, según lo reportan expertos en temas mineros. En tal sentido, según cifras estimadas por el Instituto Peruano de Economía (IPE), la exportación de oro ilegal se multiplicó hasta por siete veces entre el periodo 2005-2023, y solo este año 2024 alcanzará el máximo histórico de US$ 6,840 millones, un crecimiento de 41%, respecto del 2023.

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Política

El premier Adrianzén y cuatro ministros más se presentarán este viernes en el Congreso

El Congreso aprobó la propuesta del presidente del parlamento de invitar a cinco ministros para que informen los resultados de la APEC..

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Mientras Japón abre sus fronteras sin visa a los peruanos, Perú ya tiene un TLC con Hong Kong, a su vez que ha llevado a su perfeccionamiento el TLC con China que permitirá el ingreso de diversas frutas a la China, un mercado de 1400 millones de consumidores. Fue esto lo que resumió el presidente del Congreso, Salhuana que puso como moción del día la comparecencia de los ministerios claves en esta APEC para dar resultados de esta cumbre.

Con mucho entusiasmo Salhuana mencionó el impacto positivo de la cumbre, como es la potencialidad de otras frutas peruanas como la castaña de Madre de Dios. También refirió en el pleno de hoy que que se ha declarado a Perú libre de fiebre aftosa lo cual cristaliza la posibilidad de exportación de carne de ganado vacuno.

«Considero de suma importancia que el Premier, el Canciller, el titular del MEF, el ministro de Agricultura y riego y el titular de Comercio Exterior, asistan al congreso y nos informen cuales son los acuerdos precisos y en qué manera beneficiarán al país en materia agraria, forestal, comercial, de turismo, etc».

La propuesta de Salhuana fue aprobada con 88 votos de aprobación. Los ministros habrán de presentarse este viernes 22 de noviembre a las 9am, a lo que parece una invitación sobre los resultados del APEC, pero que más podría ser una oportunidad para cercar al gobierno.

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