Por Fernando Casanova

Este no es un reclamo más.

Es el grito final de un pueblo herido.

Acaban de asesinar a trece trabajadores en Pataz. Trece vidas reducidas al silencio por bandas armadas, por el crimen organizado, por la desidia estatal. Por usted, señora Boluarte.

Fue una ejecución que triunfa en el vacío.

Y ese vacío tiene nombres: Gobierno. Estado. Presidencia.

Usted sra. Boluarte.

¿Dónde estaba mientras los mataban?

¿Dónde estaba el Estado cuando fueron secuestrados?

¿Dónde está ahora, mientras sus familias entierran cuerpos y nosotros tragamos rabia?

No basta su rostro planchado. No basta su cinismo bien peinado.

No se gobierna con bisturí. No se lidera con carteras y joyas.

Usted, señora Boluarte, convirtió el poder en espectáculo y la política en pasarela. Mientras los peruanos mueren en socavones, usted brilla con relojes y sonríe sin culpa. El Perú es cadáveres en el suelo y cirugías en Palacio. ¿Qué más prueba necesitamos de su distancia sideral con la gente?

Gobernar es encarnar. Y usted es puro simulacro y telepronter.

No hay justicia, no hay consuelo, no hay presencia.

Todo es vergüenza.

Vergüenza de escucharla hablar de sus logros de opio.

Vergüenza de sabernos representados por alguien que no siente, no llora, no existe.

Sra., hasta aquí llegamos.

Váyase.

No por ser mujer. No por ideología.

Usted ha vendido el alma de esta tierra, nos ha entregado a las fauces de sicarios mientras se aferra como naufrago a los pedazos del barco que su avaricia mal diseñó.

El país arde señora, y su rostro solo eleva el octanaje de la desgracia. Lárguese.

Por Jorge Paredes Terry

Objetivo General:

Erradicar la delincuencia organizada y sentar las bases para un desarrollo económico sostenible en la provincia de Pataz, mediante la articulación de esfuerzos entre el Estado, la gran minería, las comunidades, las rondas campesinas y los mineros artesanales. 

1. CORTO PLAZO (0-8 MESES): RESTAURAR EL ORDEN Y LA CONFIANZA 

Objetivo: Recuperar la seguridad ciudadana, desarticular grupos delincuenciales y garantizar condiciones mínimas de gobernabilidad. 

Acciones:

– Fuerza de Tarea Especial Pataz:

  – Despliegue conjunto de la PNP, FF.AA. Rondas Campesinas y fiscalía en zonas críticas (Tayabamba, Pataz, Parcoy, Buldibuyo y Huaylillas)

  – Inteligencia coordinada con rondas campesinas para identificar bases logísticas de la delincuencia. 

  – Operativos contra extorsión, minería ilegal vinculada al crimen y secuestros. 

– Pacto Social por la Seguridad:

  – Mesas de diálogo con líderes locales, rondas y mineros artesanales para acuerdos de no violencia. 

  – Recompensas anónimas para denuncias de corrupción y crimen organizado. 

– Emergencia en Servicios Básicos:

  – Brigadas médicas móviles para reducir mortalidad materno-infantil y desnutrición. 

  – Reparación urgente de vías críticas (ej. Tayabamba-Buldibuyo) en coordinación con Provías. 

– inicio de la construcción de la carretera asfaltada doble vía Chagual-Mamahuaje.

– Inicio de la construcción del hospital de Tayabamba.

2. MEDIANO PLAZO (8-18 MESES): DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Objetivo: Formalizar actividades productivas, mejorar infraestructura y generar empleo local. 

Acciones Clave:

– Plan Radical de Formalización Minera Artesanal: 

  – Acuerdos con mineros informales para acceso a tecnologías limpias y comercialización justa.

– Comercialización de material minero mediante cetros de acopio y molinos especiales administrados por el estado (SUNAT, OEFA, MINEM, UIF, Otros) y empresas mineras.

  – Creación de una Cooperativa Minera de Pataz con apoyo técnico del MINEM. 

– Inversión Minera con Retorno Social:

  – Acuerdo Estado y grandes mineras (Poderosa, Minera Aurífera Retamas, Horizonte, Caraveli y otras) para: 

    – Construcción de hospital con especialidades mediante obras por impuestos.

    – Electrificación rural total y construcción de la carretera asfaltada doble vía Tayabamba-Trujillo.

    – Fondos concursables para proyectos agroindustriales liderados por jóvenes. 

– Fortalecimiento de Rondas Campesinas mediante un plan estratégico especial.

  – Capacitación y equipamiento total, comunicación satelital para seguridad e inteligencia operativa.

  – Reconocimiento legal de su rol en el desarrollo local   

3. LARGO PLAZO (2-5 AÑOS): SOSTENIBILIDAD Y AUTONOMÍA

Objetivo:  Convertir a Pataz en un modelo de desarrollo territorial con paz social. 

Estrategias:

– Diversificación Económica:

  – Agroparques con cultivos de alto valor (papa, maíz, trigo, café, palta, etc) y plantas procesadoras. 

  – Turismo de aventura (rio Marañón, puerta del monte, laguna de pias, otros) con concesiones a comunidades. 

– Institucionalidad Anticorrupción y capacitación.

  – Oficina de Transparencia en Pataz (veeduría ciudadana a contratos públicos y mineros). 

  – Escuelas de liderazgo para futuras autoridades. 

– institutos de capacitación minera y ambiental

– Sistema de Alerta Temprana: 

  – Monitoreo satelital de seguridad y medio ambiente.

ACTORES CLAVE Y ROLES:

ACTORES.                                                              COMPROMISO

ESTADO PERUANO	Financiamiento de infraestructura, presencia permanente de fiscalía y PNP.
GRAN MINERÍA	Inversión social vinculada al desarrollo (50% del Canon y 20% de utilidades a proyectos locales)
RONDAS CAMPESINAS	Vigilancia territorial y mediación de conflictos.
MINEROS ARTESANALES	Capacitación, Formalización y adopción de tecnologías de punta                        |
GOBIERNO REGIONAL	Presupuesto para educación técnica (ejm. Institutos  Tecnológico Minero Y Ambiental)

                             

Señora Presidenta:

Este plan no es utopía: es viable si existe voluntad política y participación activa de los patacinos.  La gran minería debe entender que su licencia social depende de dejar un legado real. El Estado no puede seguir ausente. Y nosotros, como ciudadanos, debemos exigir y colaborar. 

“Pataz no quiere limosnas, quiere justicia y futuro.» 

El Alto Comisionado para la Paz y el Desarrollo de Pataz deberá firmar un compromiso público de rendición de cuentas trimestral.   

La ambiciosa adaptación de El Eternauta, dirigida por Bruno Stagnaro y producida por Netflix, se estrenó envuelta en una nube de expectativas. Basada en la célebre historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, la serie prometía ser un hito en la ciencia ficción latinoamericana. Pero tras seis episodios, lo que queda es una sensación amarga: la de una oportunidad desperdiciada.

Ricardo Darín encarna a Juan Salvo, el hombre común atrapado en un Buenos Aires asediada por una nevada mortal y una invasión extraterrestre. A su lado, César Troncoso y un elenco con oficio intentan sostener una narrativa que naufraga entre la estética y el vacío. Los efectos especiales, aunque técnicamente bien logrados, terminan devorando la esencia del relato original: una historia profundamente humana que hablaba de resistencia, solidaridad y compromiso político.

Aunque el casting prometía solidez, las actuaciones terminan siendo dispares y poco memorables. Ricardo Darín, si bien cumple con profesionalismo, interpreta a Juan Salvo con una contención tan excesiva que termina diluyendo el dramatismo del personaje. César Troncoso aporta presencia, pero no levanta vuelo. El resto del elenco principal oscila entre lo correcto y lo intrascendente, sin que ningún personaje logre generar verdadera empatía. Los extras, en escenas clave de caos o desesperación, actúan con una frialdad que rompe la verosimilitud.

Hay momentos de lucidez visual —la dirección de arte es notable, y la fotografía captura con acierto la desolación porteña—, pero la serie nunca termina de construir una atmósfera sólida. El guion diluye la tensión, la estructura episódica se desarma sin ritmo, y los diálogos caen en la obviedad. Lo simbólico —el tango, el truco, los ecos de Malvinas— aparecen como elementos anecdóticos.  Es decir, como un intento desesperado de lanzar cosas para intentar que signifique algo, pero al final todo resuena como recursos forzados.

El primer episodio cumple sin brillar; el segundo y el tercero caen en el tedio. Solo el cuarto capítulo, “El credo”, roza el cine de verdad, aquel que dialoga con sus personajes y el espectador. Lo demás, lamentablemente, se siente como entretenimiento prefabricado: ciencia ficción de fórmula, desconectada de la potencia política que hizo legendaria a la obra original.

El Eternauta tuvo la oportunidad de actualizar una historia de resistencia sin traicionar su alma. En cambio, se queda en la superficie, atrapada en su propia superproducción. Decepcionante.

Por Rafael Romero

Con mucha satisfacción esta redacción recibe la nota de prensa que da cuenta de la primera exposición de pintura al pastel en el Perú, denominada “Pastelistas”, donde participan 25 destacados artistas peruanos:

• Raúl Pazos
• Gustavo González Echeverria
• Sebastián Cruz – Ledesma
• Ana Chura Tito
• Arturo Yepez
• Carlos Pereyra
• César Mejía Pretell
• Daphne Meza
• Delsy Jaimes
• Diego Peña
• Esperanza Verdi
• Herbert García Chávez
• Ingrid Arias Garay
• Jimena Hoyle
• Jonathan Quiroz Gonzales
• Lorena Cárdenas
• Mirelly Delgado
• Natalie Varas
• Noe Gonzales
• Omar Gordillo
• Patricia Raffo Campos
• Renzo Capurro
• Sandra Gálvez Ortiz
• Valeria Luque Alvarez
• Walter Cesar Fernández Alcázar

Estos artistas desarrollan la técnica de pintura al pastel, en la que será la primera exposición colectiva sobre dicha técnica en el Perú (Temporada del 3 al 31 de mayo de 2025), evento a inaugurarse precisamente el sábado 3 de mayo, en la céntrica Galería Martín Yepez, ubicada frente a la emblemática Plaza San Martín (Av. Nicolás de Piérola 938, segundo piso).

La idea de la exposición “Pastelistas” nació a partir de la necesidad de estudiar la técnica de pintura al pastel, tan poco difundida en Perú. Para ello el público tendrá al frente de su apreciación crítica a 30 obras de artistas visuales, todos profesionales de gran trayectoria, pero también la jornada concentra a artistas jóvenes y emergentes, quienes destacan y representan la pintura, el dibujo y la ilustración.

Como se recuerda, la técnica al pastel fue trabajada en sus inicios por Leonardo da Vinci y se desarrolló principalmente en Francia e Italia (siglos XV y XVI). En el siglo XX una de las obras de pastel más destacadas es el Grito de Munch.

Esta exposición colectiva es infaltable tenerla presente en la agenda cultural del mes de mayo y, por supuesto, visitarla. No dejemos ni permitamos que la crisis política destruya el arte en el Perú.

Por: Jorge Paredes Terry

En un mundo marcado por avances tecnológicos acelerados, la inteligencia artificial (IA) se presenta como una fuerza transformadora capaz de redefinir el empleo, la productividad y hasta la propia esencia del trabajo humano. Sin embargo, en medio de esta revolución digital, la clase trabajadora enfrenta desafíos sin precedentes: la automatización de empleos, la precarización laboral y la concentración del poder económico en manos de unas pocas corporaciones tecnológicas. Hoy más que nunca, es necesario reivindicar el papel fundamental de los trabajadores y trabajar desde los espacios políticos para construir una nueva clase trabajadora, resiliente y con derechos garantizados en esta nueva era. 

La IA no es solo una herramienta más; es un agente disruptivo que está reconfigurando industrias enteras. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para 2030, más del 14% de los empleos a nivel global podrían ser automatizados, mientras que otro 32% sufrirán transformaciones radicales. Esto no significa necesariamente un futuro sin trabajo, pero sí exige una reinvención de las habilidades laborales y una lucha contra la desigualdad que podría profundizarse si no hay intervención política. 

Los trabajadores menos cualificados, los jóvenes en busca de su primer empleo y aquellos en sectores repetitivos (manufactura, logística, servicios básicos) son los más vulnerables. Sin embargo, incluso profesiones tradicionalmente «seguras» como el derecho, la medicina o el periodismo están siendo impactadas por algoritmos capaces de realizar diagnósticos, redactar contratos o generar contenidos. La pregunta clave es: ¿quién se beneficia de este progreso? 

Ante este escenario, la política debe asumir un rol protagónico para evitar que la IA se convierta en un instrumento de explotación, sino en una palanca para el bien común. Algunas líneas de acción urgentes son: 

1. Garantizar Derechos Laborales en la Era Digital

   – Legislar para que la automatización no signifique despidos masivos sin alternativas. 

   – Implementar impuestos a los robots y empresas que reemplacen mano de obra humana, destinados a fondos de reconversión laboral. 

   – Proteger el teletrabajo con salarios dignos y límites a la vigilancia algorítmica. 

2. Educación y Formación Continua como Derecho Universal

   – Sistemas públicos de capacitación en competencias digitales, programación y manejo de IA. 

   – Promover la educación técnica y universitaria gratuita con enfoque en empleos del futuro. 

3. Democratizar la Tecnología

   – Fomentar cooperativas tecnológicas y modelos de economía social donde los trabajadores sean dueños parciales de las herramientas que usan. 

   – Nacionalizar infraestructuras digitales clave para evitar monopolios privados. 

4. Renta Básica Universal (RBU) como Red de Seguridad

   – Ante la posible reducción de empleos formales, la RBU puede ser un mecanismo para garantizar dignidad mientras se transita hacia nuevos modelos económicos. 

Nueva Conciencia de Clase

La clase trabajadora del siglo XXIno puede ser la misma que la del siglo XX. Debe ser una clase informada, organizada y con capacidad de negociación colectiva en un entorno digital. Los sindicatos deben modernizarse, los partidos progresistas tienen que incluir la soberanía tecnológica en sus agendas, y los movimientos sociales deben presionar para que la riqueza generada por la IA se redistribuya. 

La lucha ya no es solo entre capital y trabajo, sino entre humanidad y algoritmos controlados por élites. La meta no es resistir el progreso, sino asegurar que este progreso sirva a las mayorías. Como dijo el filósofo Aaron Bastani: “El futuro será de quienes se atrevan a reclamarlo». La nueva clase trabajadora debe ser protagonista de ese futuro, o corre el riesgo de ser borrada de él. 

CAMARADAS:

La IA llegó para quedarse, pero su impacto dependerá de las decisiones políticas que tomemos hoy. O permitimos que sea un instrumento de concentración de poder, o la convertimos en una oportunidad para construir una sociedad más justa. La clase trabajadora, unida y con visión estratégica, puede ser la fuerza que guíe este cambio. El tiempo de actuar es ahora.

El sistema penitenciario peruano es un reflejo del colapso institucional del Estado. Sumido en el hacinamiento, la corrupción estructural y una ineficiencia crónica, los penales del país se han convertido en verdaderos «resorts del crimen», espacios donde las reglas del Estado de derecho son fácilmente reemplazadas por sobornos, jerarquías mafiosas y abandono. Las cárceles, lejos de cumplir su función de rehabilitación, operan como “escuelas del delito”, sostenidas por una cadena de negligencia institucional que ignora la permanente “desactivación de los protocolos de seguridad”.

La situación es alarmante. Tomemos como ejemplo el penal de Lurigancho, el más grande del país y uno de los más sobrepoblados de América Latina. Inaugurado hace 51 años para una capacidad máxima de 3,200 reclusos, hoy alberga cerca de 10,000 internos. Es decir, una superpoblación de 190%. Algo indecible, que solo puede ocurrir en Perú. Este nivel de hacinamiento convierte a los penales en focos de violencia, tráfico de drogas, extorsión y fugas, como la reciente huida del interno venezolano John Kennedy Javier Sebastián, quien escapó de Lurigancho escalando un muro sin ser detenido por el personal penitenciario. ¿Es esta la señal definitiva del colapso del INPE?

Frente a esta crisis y ante la presión mediática, el Gobierno de Dina Boluarte ha optado por una medida polémica: la privatización de las cárceles. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció el 30 de abril ante la Comisión de Justicia del Congreso que se emitirá un decreto de urgencia para permitir la participación del sector privado en la gestión penitenciaria. Se argumenta que la intención es mejorar la infraestructura, implementar modelos de rehabilitación más eficaces y descongestionar los penales. Pero ¿es realmente la privatización la solución?

El mito del ahorro

Uno de los principales argumentos a favor de las cárceles privadas es que supuestamente resultan más baratas para el Estado. La lógica parece simple: las empresas privadas operan con mayor eficiencia, tercerizan servicios, construyen más rápido y se deshacen del pesado aparato burocrático estatal. Sin embargo, esa premisa se desmorona ante la evidencia internacional.

Estudios en países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia han demostrado que los supuestos ahorros desaparecen cuando se consideran todos los costos reales: formación del personal, programas de rehabilitación, supervisión estatal, seguridad y administración. Además, los contratos con operadores privados suelen incluir cláusulas que aseguran altos pagos en todos los servicios.

Un informe del Departamento de Justicia en Estados Unidos, reveló que los presos en cárceles privadas sufren más incidentes violentos y tienen menor acceso a programas de reinserción. En Gran Bretaña, la compañía G4S —encargada de operar varios centros penitenciarios— fue acusada por negligencia grave en la gestión de seguridad. En tanto, surge una conclusión preocupante: las cárceles privadas definitivamente no son más baratas y muchas veces son peores que las estatales.

¿Lucro o rehabilitación?

Privatizar, implica necesariamente introducir una lógica comercial de mercado en un servicio que debería estar guiado por los ‘principios de justicia’ y ‘derechos humanos’. Entonces surge la pregunta: ¿puede una empresa privada cuya finalidad es el lucro, estar realmente comprometida con la rehabilitación del interno?

La experiencia demuestra que no. En la lógica crematística-empresarial, reducir costos y maximizar las ganancias quizá implique recortar en personal capacitado, en alimentación, en salud mental o en programas educativos. Y si mantener las cárceles llenas garantiza mayor rentabilidad y lucro, entonces hay un incentivo perverso que contradice los objetivos de resocialización.

A ello se suma un factor adicional en el caso peruano: la débil capacidad del Estado para regular y fiscalizar. En un país donde el control estatal es frágil, con instituciones penetradas por la corrupción y sin sistemas eficientes de auditoría, ¿quién garantiza que las cárceles privadas no se conviertan en un negocio más, sin rendición de cuentas?

El verdadero problema

La raíz del problema penitenciario no está solo en la infraestructura, sino en la corrupción sistémica que permea todos los niveles del Estado. Desde el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), hasta la Policía Nacional, pasando por funcionarios de justicia y contratistas privados, existe una red informal que mantiene operativas estas “cárceles del crimen” a través del soborno, la inacción y el desgobierno.

El verdadero debate no debería centrarse en si privatizar o no, sino en cómo reconstruir las instituciones públicas. Lo que Perú necesita es una reforma penitenciaria integral, que incluya inversión en infraestructura, profesionalización del personal penitenciario, políticas efectivas de rehabilitación y, sobre todo, voluntad política para enfrentar la corrupción.

En ese contexto, una posible salida podría ser un modelo mixto de Asociación Público-Privada (APP), donde el Estado mantenga el control y la regulación, mientras que el sector privado se encargue de aspectos técnicos o logísticos. Pero esto solo funcionaría si existe un aparato estatal fuerte, transparente y con capacidad real de fiscalización. Hoy, ese no es el caso, porque la institucionalidad en el Perú se ha convertido en una “pita tan débil que se rompe todos los días”.

Privatizar las cárceles en el Perú no es la solución mágica que algunos prometen. En un país con instituciones debilitadas, donde el lucro y la coima suelen imponerse al interés público, la privatización puede terminar siendo más cara, menos humana y significativamente ineficaz. El camino tendrá que ser otro. Es exigible reforzar el Estado, combatir la corrupción y repensar el sistema penitenciario desde sus cimientos. Sin embargo, no solo en este gobierno, sino en los anteriores, ya se ha vuelto una mala costumbre, imponer paliativos, en lugar de tratar y resolver los problemas de fondo.

Durante muchos años un extraño consenso se ha manejado entre las derechas e izquierdas globalistas de España y Chile, así como de otros tantos países. Y es el consenso hecha política pública (que no se alteró ni con cambios de mandatos y partidos, lo cual revela que no hay una alternancia de poder sino una continuación de una misma común política), y es la consigna de que renovable es igual a bueno. Pues esta política ha seguido a pie juntillas como política de Estado los gobiernos de España y Chile. Resultado: apagones nacionales, algo jamás visto en toda su historia.

Antes el gran pero las renovables eran costosas, pero gracias a los subsidios de los Estados así como la participación masiva de China que viene abaratando los precios, no ha dejado de tener un enorme Pero en el campo práctico. Y es que las renovables son muy inestables. Es decir, que puede generar más inestabilidad a la red eléctrica, dicho de otra manera, hace más probable que ocurra un apagón como el vivido en España y Chile. Si bien las renovables podrían llegar a ser estables, esos proyectos están todavía en estudio e implementación, por lo que falta mucho para su inclusión realista en la red eléctrica.

Lo sucedido en España recientemente se puede explicar por la incorporación forzada de las renovables a la red eléctrica la cual no ha incluido las tecnologías todavía experimentales para su mejora. Por lo que a medida que más energía renovable se ha incorporado a la red eléctrica, más se hace vulnerable.

Conclusión. Sea energía nuclear, de carbón o provenga de gas o petróleo, la energía es energía y será tanto más segura en la medida en que su suministro sea estable. Y en tanto las renovables, sean de energía solar, algunas hidráulicas e incluso las eólicas (que para generar energía utilizan electrónica de potencia para ser más eficiente), no son estables. Poner toda la carne en el asador renovable es ideología y no eficiencia. Porque a medida que las renovables ocupen más espacio en la red eléctrica seremos más vulnerables. Entonces, bastaría que pase algo, un accidente, y la red eléctrica se vienen abajo. Y esto puede volver a pasar. La pregunta es: ¿Es seguro y confiable desconectarnos de las energías tradicionales?

¿Qué daño ha cometido la ciudad para merecer semejante castigo? En el Perú, particularmente en Lima Metropolitana y el Callao, las calles se han convertido en territorio hostil: asfalto tomado por una tribu urbana que no responde a normas, ni reconoce autoridades. Son los motociclistas —una fauna cada vez más incontrolable— que circulan como si la ley fuera una sugerencia decorativa, desafiando a diario la seguridad ciudadana con una mezcla de temeridad, pedantería, informalidad e impunidad.

Cualquiera que haya caminado o conducido por Lima lo ha vivido: motos zigzagueando imprudentemente entre vehículos detenidos, invadiendo carriles, subiendo a veredas con total impunidad, ignorando los semáforos como si se tratara de simples adornos urbanos; sin respetar los límites de velocidad, ni las señalizaciones, ni el adecuado uso de luces, yendo muchas veces en sentido contrario. No es una exageración: es la cotidianidad. Una jungla sin reglas donde la motocicleta ya no es símbolo de eficiencia, sino de anarquía y peligro sobre ruedas.

Ante el creciente hartazgo ciudadano y la desesperación por el avance de la delincuencia motorizada, el Gobierno de Dina Boluarte —tras meses de silencio e inacción— emitió el Decreto Supremo N.º 046-2025-PCM. La norma, en efecto hasta el 16 de mayo del 2025 y con posibilidad de prórroga, prohíbe el traslado de acompañantes en motocicletas lineales en Lima y Callao, así como el uso de pasamontañas, y obliga a los repartidores a inscribirse en un registro oficial. Además, prohíbe el uso de cajuelas en la espalda, una medida orientada a identificar con mayor facilidad a los delincuentes que se escudan en el uniforme del delivery para delinquir.

¿La reacción? Predecible. Los gremios de moteros estallaron en redes sociales, en los micrófonos de los programas periodísticos y hasta en comunicados indignados. Se rasgan las vestiduras alegando su “clásico libreto” que tiene que ver con la violación de sus derechos fundamentales: el libre tránsito, el derecho al trabajo, la igualdad ante la ley. Todos tienen el mismo guion aprendido: que son padres de familia, estudiantes, trabajadores esforzados. Que llevan a sus esposas al trabajo, a sus hijos al colegio. Que no son delincuentes, sino ciudadanos de bien.

Nadie discute lo anteriormente mencionado. El punto no es ese. El problema es la masa crítica de motorizados que cree que las calles fueron construidas exclusivamente para ellos. Una tribu de anarquistas que actúa como si las reglas del tránsito no les aplicaran, y que, en la práctica, impone un modelo de movilidad basado en la ley del más vivo, el más fuerte y del más rápido.

Una epidemia en las calles llamada ‘motos’

La realidad es más cruda de lo que los defensores de las motos quieren aceptar: los motorizados, en muchos casos, son peores que los propios delincuentes que andan armados. Porque son más numerosos, más frecuentes, más visibles y más inacabables. Son los que invaden veredas a toda velocidad, los que no respetan semáforos, los que zigzaguean entre autos a centímetros de provocar una tragedia, los que se pasan en rojo sin mirar, sin frenar, sin pensar. Muchos no portan placas, no tienen licencia, no usan casco, no cuentan con SOAT y violan la ley con total desparpajo, seguros de que no serán sancionados.

En la práctica, han secuestrado el espacio urbano. Lima les pertenece. Las pistas son suyas. El caos que antes se atribuía exclusivamente a las combis piratas y a los taxistas informales ahora tiene un nuevo protagonista: el motociclista urbano, que ha hecho del desorden y el caos un estilo de vida; y del irrespeto una “ideología”. Es decir, se han convertido en toda una fauna de desadaptados que le hacen daño a la sociedad, porque tienen cero educación, cero conciencia, cero respeto y cero empatías.  

Y si esto no fuera suficiente, está el rostro más oscuro del problema: el crimen organizado sobre dos ruedas. Sicarios, raqueteros y extorsionadores se mueven cómodamente en motocicletas, muchas veces sin placa o con una placa robada, y escapan por calles sin control. La moto se ha convertido en el vehículo predilecto de la delincuencia urbana, y sin embargo, los gremios y asociaciones de motociclistas lo minimizan y le dan la espalda al problema. Se victimizan, se defienden, y lanzan un argumento tan falaz como peligroso: “como nosotros no somos delincuentes, no deben restringirnos”.

Ese inmoral argumento olvida un detalle clave: vivimos una emergencia. Y cuando la inseguridad afecta la vida de miles de personas, se requieren medidas excepcionales. ¿Es una solución perfecta prohibir los acompañantes? No. ¿Es suficiente? Tampoco. Pero es un paso. Uno que apunta a cortar, aunque sea parcialmente, la facilidad con que se cometen delitos desde una moto lineal.

El verdadero problema es estructural: un Estado ausente. Durante años, las autoridades permitieron que las motocicletas invadan las calles sin ningún tipo de control, sin fiscalización, sin regulación. La informalidad se volvió norma, y hoy vemos las consecuencias. No existen operativos permanentes, no se exige el cumplimiento del Reglamento Nacional de Tránsito, y las sanciones no se aplican con rigor. ¿Cuántos motociclistas infractores han terminado con la moto en el depósito? ¿Cuántos han perdido la licencia —si la tenían— por infracciones reiteradas?

Perú tierra de nadie

El país se ha convertido en tierra de nadie. Y los motociclistas han encontrado en esta debilidad gubernamental e institucional el terreno fértil para expandirse. Como si no fuera suficiente con la impunidad del tránsito, ahora también gozan de impunidad mediática: cada vez que se intenta regularlos, inmediatamente se agrupan y realizan un espíritu de cuerpo ilegitimo, gritan censura, discriminación y abuso de autoridad; cuando en el fondo, el motociclismo en nuestro país es sinónimo de peligro común, perturbación, temeridad, incultura e impunidad. Gracias a estos anarquistas urbanos de dos ruedas el número de siniestros viales es alarmante.

La respuesta del gobierno es tardía e insuficiente. El decreto de restricción puede ayudar a mitigar temporalmente el caos, pero no sustituye una política integral. Se necesita una reforma seria: educación vial desde las escuelas, control estricto del parque automotor, policías capacitados y suficientes para realizar operativos en todas las zonas críticas, y una alianza con gobiernos locales para fiscalizar y controlar el espacio urbano.

Y, sobre todo, se necesita un cambio cultural. Un mensaje claro desde el Estado de que las calles no son territorio libre para tribus motorizadas sin ley. Que el respeto por el otro es mucho más importante que la velocidad y la adrenalina. Que el derecho a circular libremente no puede estar por encima del derecho a vivir con seguridad.

Hasta entonces, la ciudad seguirá siendo rehén de los anarquistas con motor y peor aún, será testigo de las incidencias de esta horda de motos lineales que actualmente ha convertido a las calles en una jungla de animales sin control.