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Política

Los contratos del hermano de Claudia Cisneros en el Gobierno de Martín Vizcarra

Los hermanos Cisneros Méndez lograron posicionarse en la esfera del poder y durante el Gobierno de Martín Vizcarra han conseguido jugosos contratos con el Estado.

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Luis Eduardo Cisneros, Presidente Vizcarra y Claudia Cisneros.

Luis Eduardo Cisneros Méndez también escribió en su red social que a este tipo de información se le llama psicosociales y que forma parte de una mafia que hoy está más activa que nunca. Habría que preguntarle ¿cuál es esa mafia?; no obstante, él no niega su amistad con Martín Vizcarra, tal como lo dijo en una breve entrevista que le hizo el medio El foco donde asegura que la foto del tenis fue en mayo de 2017 y que lo pixelaron porque él no tenía nada que ver. Habría que preguntar si la producción de Panorama lo alertó y lo llamó antes que emitieran su reportaje, para decirle que no propalarían su identidad.

Sin duda, el caso Richard Swing ha abierto toda una cultura de las contrataciones a todos los amigos que sean cercanos al presidente Martín Vizcarra. En ese sentido, hace dos semanas el programa Panorama a través de su reportero Marco Vásquez emitió un informe donde señalaba cómo los amigos del tenis de Martín Vizcarra, se vieron beneficiados con trabajos para el Estado.

Así mencionaron al Presidente del Club Lawn Tennis de la Exposición, José Luis Alvarado Gonzales que desde 2018 trabaja como Asesor del Viceministerio de Políticas para la Defensa, justamente en el ministerio de Defensa con un sueldo de S/.15, 600 soles; asimismo, a su hija Fiorella Alvarado que trabaja para el PSI (Programa Sectorial de Irrigaciones) y que fue colocada precisamente por su tío Edgar Zevallos Gonzales, que antes también había ingresado al PSI.

Todo quedó en familia. Pero, lo extraño es que el reportaje dominical también mostró una fotografía donde salían todos los amigos del tenis del presidente Vizcarra y solamente el rostro de uno de ellos fue pixelado; es decir, no se podía divisar de quién se trataba aquel personaje pixelado.

Imagen pixeleada por Panorama.

Ese rostro que Panorama tapó en su reportaje, ya se pudo descubrir y es nada menos que de Luis Eduardo Cisneros Méndez, un bachiller en psicología que trabajó como asesor en el MTC cuando Martín Vizcarra era ministro de esa cartera y que luego en reemplazo de Ángela Huatay Benítez se desempeñó como Jefe de Prensa del Despacho Presidencial. Justamente, en un enlace televisivo del 25 de marzo de 2018 se ve claramente a Luis Eduardo Cisneros flanqueando a su presidente Vizcarra como parte de su sequito en una actividad en el Hospital del Niño. Y es más, hizo la labor de guardaespaldas porque incluso cogió del brazo y retiró a un ciudadano que le hablaba muy cerca al mandatario.

Los amigos del tenis de izquierda a derecha: Alejandro Espinoza a Fernández, Luis Eduardo Cisneros Méndez, el presidente Martín Vizcarra, Hugo Misad Trabucco, José Luis Alvarado Gonzales, y Hernán Flores Ayala (viceministro de Defensa).

El señor Cisneros Méndez ha ganado muy bien en trabajos para el Estado y consiguió 33 contratos por 658 mil 960 soles a través de órdenes de compra sin licitación pública, ni concurso alguno; es decir, ganó por partida doble, como persona natural y como persona jurídica a través de su compañía LEC & Hunter SAC.

Los contratos con el Gobierno de Martín Vizcarra.

Su empresa y sus servicios como persona natural se vieron bendecidos con Martín Vizcarra como presidente, porque obtuvieron entre las dos denominaciones, veintitrés contratos, y diez órdenes de servicios, respectivamente. Algunas fueron para Sunass, con nombres y/o conceptos como “Consultoría de diseño de estrategia comunicacional y plan operativo anual…etc. etc.”; así como por “Media training” para Servir, y por “Servicios especializados con grupos de interés vinculados al Dakar Perú 2019” a Promperú. Sin embargo, la entidad estatal que le brindó más contratos ha sido la que lidera su amiga Fiorella Molinelli, EsSalud con servicios de nombrecitos rimbombantes como “Evaluación de voceros institucionales”, “Análisis sociocultural y mediático” y “Diseño de un plan de fortalecimiento de la gestión comunicacional”, con una facturación a LEC & Hunter SAC de S/.124 mil soles.

EsSalud, bajo la presidencia de Fiorella Molinelli, ha sido la institución pública que más contratos le ha dado a Cisneros y a su empresa.

Pero durante la cuarentena, en el mes de mayo, Luis Eduardo Cisneros Méndez como persona natural obtuvo otra orden de servicio del INS (Instituto Nacional de Salud) por S/. 28,700 soles y luego apenas hace unas semanas, el 31 de julio, ya como empresa, obtuvo un contrato de S/. 29 mil soles por servicios de “Diagnostico comunicacional” a Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería). Es decir, a pesar que en plena emergencia sanitaria, casi todas las instancias están paradas económicamente hablando, estos proveedores tienen la suerte de no parar y encima algunas entidades del gobierno los contratan para que ganen jugosos pagos por servicios que no son fundamentales y que en la actual coyuntura pueden ser prescindibles.  

Luis Eduardo Cisneros desde que Martín Vizcarra asumió la presidencia, solo como persona natural facturó al Estado 282,200 soles.

Sin embargo, él no es el único de los Cisneros Méndez que ha facturado para el Estado; asimismo, su hermana Mariana Mariela Cisneros Méndez, abogada por la universidad de Lima ganó con Vizcarra en el poder (entre Ministro del MTC y presidente) un total de más de 305 mil soles con 13 órdenes de servicio. Este monto sin contar los sueldos como funcionaria del Gobierno de Vizcarra, ya que se desempeñó como asesora del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial de agosto de 2016 a mayo de 2017 en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y posteriormente como Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) en Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles) de mayo de 2017 a abril de 2019. Luego, de abril de 2019 a enero de 2020 Mariana Mariela Cisneros se desempeñó como Consultora del Gabinete de Asesores en el Ministerio de Cultura. En ese sentido, el Órgano de Control Institucional de OCSE ya se encuentra investigando este caso para determinar si hubo una falta basada en un conflicto administrativo en los contratos de Luis Eduardo Cisneros Méndez, considerando que su hermana durante ese tiempo era funcionaria del Estado.

órdenes de servicio de Mariana Mariela Cisneros en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Asimismo, la otra hermana de Luis Eduardo, la activista feminista y periodista Claudia Cisneros Méndez y que hasta hace poco escribía una columna en La República, desde el 2016 también facturó para el Estado S/.37,552 soles y ha salido como es lógico, en su red social para defender a su hermano y asegura que es el mejor en el Perú en lo que hace y que como estudió una maestría en Comunicación y Desarrollo en la universidad de Ohio, ha llevado al Perú una nueva forma de hacer comunicación y por eso lo contratan en el sector público y privado; por la sencilla razón, como asevera ella, de que es muy bueno en lo que hace.

Claudia Cinseros en Twitter sobre su hermano.

Así las cosas, el propio Luis Eduardo Cisneros Méndez también escribió en su red social que a este tipo de información se le llama psicosociales y que forma parte de una mafia que hoy está más activa que nunca. Habría que preguntarle ¿cuál es esa mafia?; no obstante, él no niega su amistad con Martín Vizcarra, tal como lo dijo en una breve entrevista que le hizo el medio El foco donde asegura que la foto del tenis fue en mayo de 2017 y que lo pixelaron porque él no tenía nada que ver. Habría que preguntar si la producción de Panorama lo alertó y lo llamó antes que emitieran su reportaje, para decirle que no propalarían su identidad.

Y sobre su amistad con el Presidente de la República, él textualmente afirmó a El foco: “Yo me había hecho más o menos pata de él” y en otro párrafo textualmente agrega: “Pidan mis informes y miren la calidad. No soy el único que ha facturado esos montos. Mi trabajo en el Estado ha sido reconocido. Son consultorías de alto nivel. Yo tengo una maestría en Ohio University, una certificación en Estudios Latinoamericanos y una maestría en marketing en Centrum y un diploma en manejo de crisis”. No olvidar que ese argumento es similar al que Richard Swing dio en el Congreso… es decir, ambos aseguran que sus consultorías son de alto nivel; con la diferencia que el tal Swing, según sus propias palabras es: (sic) “Doctor Honor y Causa”.

Presidente Vizcarra y Luis Eduardo Cisneros.

Bonus track: Los Troll center pagados y no pagados defienden a morir a Luis Eduardo Cisneros Méndez y argumentan que todo ha sido un contraataque de los dizque rencorosos fujitroles y que además no hay ley que prohíba tener a una familia entera ligada a contrataciones con el Estado; aunque eso es discutible, porque de hecho hay casos en que está legalmente prohibido. Asimismo, mencionan que los familiares directos de periodistas no tendrían por qué no contratar con el Estado.

Entendemos entonces, por qué se ha puesto de moda que los familiares de periodistas que trabajan en los medios, obtengan simultáneamente contratos con el Estado. Es decir, ¿tiene algo de malo? y tampoco es ilegal. Pero lo más importante: da caché, y en la percepción que manejan ellos, su especie es la más genuina muestra de meritocracia pura, porque se ubican en un envidiable grupo de gente de elite y que por su condición de ser superdotada y altamente preparada, así no concursen públicamente, o postulen a una licitación como lo ordena la ley, ya tienen ganadas todas las opciones de ser contratados con salarios cuantiosos, porque si no, el propio Estado se lo pierde, porque ellos son unos pro y/o unos cracks.   

¿Causalidad o casualidad? Cabe resaltar que el 75% de la PEA en el Perú desde hace años se encuentra en situación informal y vulnerable en términos laborales; en ese sentido, se presume que quizá el 20 % restante, está conformado por grandes profesionales formales que además de tener mucha calificación y acreditación académica, también se consideran unos genios; y esa es la principal argumentación que esbozan los que están enquistados en el Estado cuando alguien los descubre.

Luis Eduardo Cinseros en Twitter.

No obstante, omiten decir, que su mayor talento ha sido siempre ligarse y pegarse como chicle al poder político, para convertirse en lambiscones que primero le han cargado la maleta al tayta y que después han asentido a todo lo que les diga su caudillo, (revisen y observen ustedes mismos el video donde Luis Eduardo Cisneros resguarda a Martín Vizcarra y saca con la mano a un ciudadano que le habla al presidente en los exteriores del hospital del Niño).

Esa es la mayor fortaleza de aquellos especímenes, por eso forman cofradías cerradas para defenderse entre ellos, porque todos se conocen y se chalequean, como se suele decir en el argot callejero. Y todo con el único afán de ejercer su filosofía crematística, y luego salen con el cuento de que son los másteres del universo y venden sus embusteras teorías  del coaching, las habilidades blandas, y  sus inacabables maestrías para subestimar a todo aquel que les rodee; pero nunca admitirán que se adhieren como lapas a los gobiernos de turno y venden su alma al diablo con el único fin de recibir un bocado de sus amos… aunque ese bocado hoy se ha convertido en cuantiosas órdenes de servicios.  

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Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.

Política

Zonificación a la medida: MML autoriza edificios de 28 pisos en San Isidro

Pese a las normas vigentes, con la ordenanza 2670, la gestión de López Aliaga allana el camino a megaproyectos inmobiliarios. Vecinos acusan a la alcaldesa de San Isidro de ceder ante su partido y ante intereses empresariales.

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Una nueva polémica sacude al tradicional distrito de San Isidro. La construcción de un edificio de 28 pisos en la avenida Salaverry con calle Burgos ha desatado la indignación vecinal. ¿El motivo? La Municipalidad del distrito otorgó una licencia que contradice abiertamente las normas urbanísticas: en esa zona solo se permiten edificaciones de hasta 10 y 4 pisos, respectivamente. La Contraloría General de la República lo ha confirmado: la obra viola todas las regulaciones vigentes.

Pese a que el caso se encuentra judicializado, la Municipalidad de San Isidro aprobó el proyecto en marzo de este año. Mientras tanto, la alcaldesa Nancy Vizurraga de ‘Renovación Popular’ guarda silencio ante el reclamo ciudadano. Su gestión ha iniciado “acciones administrativas” para investigar responsabilidades, pero los vecinos no ven avances concretos. Para ellos, la situación es clara: el municipio parece responder más a los intereses del sector inmobiliario que al bienestar de los ciudadanos.

Alcaldesa de San Isidro es criticada por no defender al distrito

“No estamos en contra del desarrollo urbano, pero queremos que se respete el orden y se escuche a los vecinos”, dicen con firmeza. La falta de transparencia, consulta y estudios técnicos —como los de impacto ambiental y vial— en proyectos como este refuerzan sus sospechas.

La controversia se amplía con la ordenanza 2670, que modifica la zonificación del centro comercial Camino Real. La Municipalidad de San Isidro ha pedido su revisión, alegando que sus observaciones técnicas fueron ignoradas. Pero la decisión final la tiene la Municipalidad de Lima, bajo la gestión de Rafael López Aliaga, que, según los vecinos, actúa como aliado de los grandes constructores.

Ordenanza 2670 de la MML, firmada por el teniente alcalde Renzo Reggiardo.

En medio del malestar, la vecina Nora Loredo fue contundente:

Lo que está sucediendo es un escándalo. La MML ha cambiado la zonificación para que aquí se pueda construir cuatro torres de 18 pisos, con no sabemos cuántos departamentos, sin hacer estudios de impacto ambiental, sin hacer estudios de impacto vial; no hay consulta vecinal y sin tomar en cuenta que esta es una zona de reglamentación especial porque está la huaca Huallamarca allá y El Olivar aquí. la alcaldesa de San Isidro Vizurraga que se ponga los pantalones y que se enfrente a su jefe, el señor López Aliaga, pero en realidad no es su jefe. Su jefe somos nosotros señora alcaldesa, porque nosotros fuimos los que votamos por usted. Nosotros fuimos los que la hicimos alcaldesa a usted. Usted tiene que rendirnos cuentas a nosotros. A sus votantes”.

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Política

Dina Boluarte: “Me retiraré en 2026 con el orgullo de haber servido de la mejor manera»

La presidenta Dina Boluarte afirma que dejará Palacio de Gobierno el 28 de julio de 2026 “con la frente en alto”, pese a las críticas, protestas sociales y su alta desaprobación ciudadana.

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Durante una ceremonia organizada por el Ministerio de Trabajo, la presidenta Dina Boluarte anunció que culminará su mandato el 28 de julio de 2026 “con orgullo y la frente en alto”. Frente a un centenar de jóvenes talentos, afirmó que su gestión se ha caracterizado por la ejecución de obras y una lucha firme contra la corrupción. “Misión cumplida. Me retiraré con el orgullo de haber servido de la mejor manera como presidenta de la república», exclamó Dina Boluarte, refiriéndose a su paso por el Ejecutivo.

En el acto, donde se presentó a los jóvenes que se integrarán a la administración pública, Boluarte insistió en que su gobierno será recordado como “honesto y decente”. Aseguró que no se toleran actos irregulares en su gestión y que todo indicio de corrupción es sancionado de inmediato. “Con nosotros no hay adendas, donde bien sabemos que se escondía la corrupción. Aquí obra iniciada es obra terminada y entregada al pueblo”, dijo.

Pese a investigaciones, la mandataria dice: “Nuestras obras son con las manos limpias”.

Más tarde, acompañada del ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero Campos, Boluarte presentó un informe sobre avances en el sector agropecuario. Desde Palacio de Gobierno, resaltó el cierre de brechas como una de las prioridades de su mandato.

Sin embargo, la afirmación de que dejará el poder con la “misión cumplida” contrasta con una gestión marcada por cuestionamientos, protestas sociales, crisis política y altos índices de desaprobación. Si bien la presidenta busca proyectar una imagen de transparencia y eficiencia, diversos sectores de la sociedad civil critican la falta de resultados tangibles y la desconexión con las demandas ciudadanas. Su declaración parece más un intento de consolidar una narrativa oficial que una evaluación objetiva de su paso por el poder.

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Política

Congreso: bancadas tantean ‘alianzas’ para disputar la Mesa Directiva

Con los comicios internos a la vuelta de la esquina, el denominado “Bloque Democrático” busca perpetuarse en el control del Congreso, mientras sectores opositores intentan —sin aún los votos suficientes— construir una alternativa que rompa la hegemonía legislativa.

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A pocas semanas de elegirse a la nueva Mesa Directiva del Congreso para el período 2025-2026, las bancadas empiezan a mover fichas, tejer alianzas y tantear escenarios posibles. Por un lado, el Bloque Democrático, ya instalado por dos periodos consecutivos, busca repetir el control legislativo. Por el otro, agrupaciones opositoras intentan romper esa hegemonía y armar una lista alternativa. Pero el panorama está lejos de definirse.

El Bloque Democrático, conformado por Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País, perfila una fórmula continuista con apoyo previsible de Somos Perú, cuya adhesión ha sido casi automática en los últimos años. En palabras del vocero Héctor Valer, Somos Perú solo integrará una lista si es bajo el paraguas de ese bloque.

Desde el otro lado del tablero, la bancada Honor y Democracia —integrada por ex Renovación Popular como Jorge Montoya y José Cueto— fue la primera en anunciar su intención de competir. El 27 de junio, Montoya oficializó la candidatura de Cueto a la presidencia del Congreso y, en una muestra de apertura política poco usual, no descartó tender puentes incluso con bancadas de izquierda: “La mayoría manda”, afirmó.

Una oposición que aún no suma

La noche del domingo, Aron Espinoza, dirigente de Podemos Perú y esposo de la congresista Digna Calle, anunció que esta semana se iniciarán conversaciones formales con diversas agrupaciones para construir una lista opositora. Las bancadas convocadas para una primera reunión este martes 8 de julio son: Acción Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú y Honor y Democracia.

Espinoza fue tajante: la intención es evitar que la próxima Mesa Directiva sea funcional al Ejecutivo. “La lista oficialista está hecha para proteger a Dina Boluarte. Ya se sabe quiénes la integran: Fuerza Popular, Perú Libre —que ya le gustó la mamadera a Waldemar Cerrón—, Avanza País y Somos Perú”.

Sin embargo, los números aún no cuadran. Juntas, las bancadas convocadas suman apenas 46 votos (Podemos 13, Renovación 11, Acción Popular 9, Juntos por el Perú 8, Honor y Democracia 5). Aún les faltan 21 votos para alcanzar la mayoría simple de 67 necesaria para ganar en primera vuelta. Este margen obliga a una ampliación de alianzas que todavía no está asegurada.

Además, falta definir quién encabezará la fórmula. Aunque Honor y Democracia propone a Cueto, tanto Renovación Popular como Podemos Perú han señalado que no asumirán cargos en la directiva, al menos por ahora, lo que deja abiertas negociaciones complejas sobre los puestos de vicepresidencia.

¿Una izquierda como comodín?

Un punto llamativo es la disposición de Honor y Democracia —una bancada de perfil conservador— a dialogar con grupos de izquierda como Juntos por el Perú. Esta flexibilidad responde, más que a convicciones ideológicas, a una estrategia pragmática de supervivencia política, tras haber quedado fuera de las mesas anteriores. En esta ocasión, buscan evitar el aislamiento y no descartan respaldar una fórmula distinta si se garantiza su participación en algún cargo de la directiva.

¿El Congreso se inclina hacia el continuismo?

A pesar de los esfuerzos opositores, todo indica que el Bloque Democrático mantiene ventaja. Tiene experiencia, recursos, alianzas consolidadas y respaldo tácito del Ejecutivo. Además, los incentivos para mantenerse en el poder son evidentes: controlar la agenda parlamentaria, blindar a sus aliados y decidir el ritmo de las reformas.

La carrera hacia la Mesa Directiva 2025-2026 ya empezó. Pero más allá de los nombres, la verdadera disputa es por el modelo de Congreso que predominará: uno que responda a los intereses del oficialismo o uno que ejerza una oposición más activa, aunque aún fragmentada.

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Política

Fiscalía investiga al alcalde de Pomalca por presunta apropiación de fondos municipales

El alcalde Manfri Bernal y dos funcionarias son investigados por no depositar más de S/ 171 mil en la Cuenta Única del Tesoro, lo que habría facilitado el presunto desvío de recursos públicos durante el primer semestre de 2025.

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La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque ha abierto una investigación preliminar contra el alcalde del distrito de Pomalca, Manfri Bernal, y dos funcionarias de su gestión, por la presunta apropiación indebida de recursos económicos municipales que ascienden a más de S/ 171 mil soles.

El fiscal a cargo del caso, Daniel Gerardo Flores Aguinaga, del Tercer Despacho de la mencionada fiscalía, junto a agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, intervino las oficinas de Caja y Tesorería de la municipalidad para recabar documentos y verificar los ingresos recaudados durante el primer semestre de 2025.

Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.

Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.

En la investigación figuran también Ana Llempén, tesorera de la entidad, quien no habría rendido cuentas ni realizado el traslado de fondos, y Rosaliz Cubas, gerente municipal, señalada por presunta omisión de funciones en el control financiero.

El alcalde Bernal es incluido por inacción ante las irregularidades, lo que podría interpretarse como tolerancia o encubrimiento. La fiscalía ha establecido un plazo de 240 días para determinar responsabilidades y recabar elementos de convicción.

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Política

Mininter aprueba contratación de abogados que defenderán a exministro Santivañez

Las resoluciones firmadas por la Secretaría General autorizan el uso de recursos públicos para contratar al estudio de abogados propuesto por el propio Santivañez, investigado por presuntas irregularidades durante su breve gestión en el Ejecutivo.

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El Ministerio del Interior ha aprobado, mediante tres resoluciones de Secretaría General —N° 119-2025-IN-SG, 120-2025-IN-SG y 121-2025-IN-SG— la contratación de servicios legales para la defensa del exministro Juan José Santivañez Antúnez, quien enfrenta diversos procesos en su contra.

Resolución de Secretaria General N° 119-2025-IN-SG.

Esta decisión tiene como antecedente la Resolución de Secretaría General N° 071-2025-IN-RSG, emitida el 14 de mayo de 2025, en la que se declara procedente la solicitud presentada por el propio Santivañez para contar con servicios especializados de asesoría y defensa legal. Posteriormente, el Proveído N° 009696-2025-IN-OGAF, con fecha 21 de mayo, fue remitido desde la Oficina General de Administración y Finanzas a la Oficina de Abastecimiento, formalizando el requerimiento.

Resolución de Secretaria General N° 120-2025-IN-SG.

El estudio legal propuesto por Santivañez Antúnez para asumir su defensa es Miranda & Asociados E.I.R.L., firma que también brinda servicios contables y que, según los documentos oficiales, fue seleccionada por el exministro.

Las resoluciones en cuestión aprueban la ejecución de los Procedimientos de Selección No Competitivos N° 25, 26 y 27, a través de los cuales se formalizará la contratación de los abogados encargados de asumir la representación legal del exfuncionario.

Todas las resoluciones han sido firmadas por Erick Fernando Caso Giraldo, actual secretario general del Ministerio del Interior.

Resolución de Secretaria General N° 121-2025-IN-SG.

La decisión genera interrogantes sobre el uso de recursos públicos en defensa de exautoridades investigadas, especialmente en contextos donde la transparencia institucional está bajo constante escrutinio.

Cabe recordar que Juan José Santivañez fue designado ministro del Interior en abril de 2024, y debió dejar el cargo en medio de denuncias públicas por presuntas contrataciones irregulares, vínculos con estudios legales cuestionados y posible tráfico de influencias. Actualmente, es investigado por el Ministerio Público, por lo que el uso de recursos del Estado para costear su defensa ha generado preocupación y críticas por parte de especialistas y sectores de la sociedad civil.

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Política

Congreso: Presentan PL para anular alza salarial de Dina Boluarte

Legisladora Sigrid Bazán impulsó una iniciativa para revertir el polémico aumento de sueldo a favor de la presidenta Dina Boluarte, calificándolo de injustificado y ofensivo. Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa similar.

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La polémica por el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte continúa generando reacciones en el ámbito político. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la congresista Sigrid Bazán anunció que ha presentado un proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, que oficializa el incremento de la remuneración presidencial a S/35,568 mensuales.

Proyecto de Ley impulsado por parlamentaria Sigrid Bazán.

El mencionado decreto, aprobado con el respaldo del Consejo de Ministros, ha sido duramente criticado por su inoportunidad en medio de una coyuntura marcada por dificultades económicas y baja aprobación ciudadana. Frente a ello, Bazán Narro manifestó su indignación y explicó que su iniciativa se sustenta en el derecho de iniciativa legislativa que le otorga la Constitución y el Reglamento del Congreso.

“Acabo de presentar, con las firmas correspondientes, un proyecto de ley que DEROGA el DS que aprueba el DESCARADO aumento (…) Veremos si el Congreso lo tramita y quiénes están dispuestos a aprobarlo”, escribió la legisladora del Bloque Democrático Popular en su red social, cuestionando tanto el fondo como la forma en que se autorizó el incremento.

El proyecto de ley cuenta con el respaldo de otros parlamentarios, entre ellos Carlos Zevallos, Susel Paredes, Ruth Luque y Reymundo Mercado, quienes también consideran que el reajuste presidencial carece de justificación técnica y sensibilidad política.

Por su parte, el congresista Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa para derogar el mismo decreto. Quito argumenta que el aumento vulnera principios clave como el de legalidad presupuestaria y contradice los topes establecidos en la Ley N.º 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

La controversia no solo ha puesto en entredicho la decisión del Ejecutivo, sino que también ha abierto un nuevo frente de debate en el Congreso, donde ahora se espera conocer qué bancadas respaldarán la anulación del cuestionado incremento.

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Política

Eduardo Arana y Pérez Reyes se zurraron en el Congreso

Pese a ser citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, los ministros Eduardo Arana y Raúl Pérez Reyes no asistieron al Congreso, eludiendo su responsabilidad de explicar el alza salarial de Dina Boluarte.

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Ambos ministros fueron citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos y no acudieron al Congreso y esquivaron la rendición de cuentas sobre el aumento de sueldo a la presidenta Boluarte.

Una vez más, el Ejecutivo da la espalda al Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el titular de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, decidieron no presentarse ante la Comisión de Fiscalización, pese a estar citados para ofrecer explicaciones sobre el polémico incremento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte. Su ausencia, lejos de pasar desapercibida, ha sido interpretada como una burla al control parlamentario y una muestra de desprecio por la transparencia.

La sesión, programada para las 10:30 de la mañana, arrancó con la lectura de asistencia. Ninguno de los dos altos funcionarios se hizo presente en el hemiciclo. Ambos enviaron oficios en los que comunicaban su inasistencia, sin brindar argumentos de fondo que justifiquen su decisión de no acudir.

La falta de compromiso del Ejecutivo llega en un momento particularmente sensible, cuando el país atraviesa una crisis de representación y una creciente desaprobación ciudadana hacia sus autoridades. Diversas voces dentro del Congreso ya se alistan para pedir que se reitere la citación, e incluso, que se recurra a mecanismos más severos como la convocatoria por grado o fuerza, amparados en el reglamento parlamentario.

Además de exigir la presencia de los ministros, la Comisión ha anunciado que requerirá los informes legales y técnicos que respaldan el cuestionado decreto supremo que elevó el salario presidencial. Se ha señalado especialmente la necesidad de acceder a los pronunciamientos de SERVIR y del propio MEF, que habrían sido clave para autorizar la medida.

El presidente ejecutivo de SERVIR, Guillermo Valdivieso, también brilló por su ausencia. Su participación era crucial, dado que su entidad fue parte del sustento técnico del aumento. Al igual que los ministros, Valdivieso optó por enviar una carta excusándose, sin aclarar los motivos concretos de su inasistencia.

La estrategia de silencio adoptada por el Ejecutivo no hace más que profundizar el malestar público. En un contexto donde miles de peruanos exigen mayor eficiencia del Estado, el reajuste salarial a Boluarte se percibe como un acto de desconexión con la realidad nacional. La negativa a rendir cuentas solo incrementa las sospechas de arbitrariedad, y abre un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento.

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Política

REINFO: ¿Formalización o vía libre para la minería criminal?

La ampliación del Reinfo hasta 2025 reabre el debate sobre su eficacia. Mientras el Gobierno de Dina Boluarte defiende el proceso, expertos advierten que podría seguir siendo un escudo para actividades ilegales y delitos ambientales.

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El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, anunció que más de 31 mil mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) podrán continuar su proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, la medida, que excluye a más de 50 mil inscripciones inactivas, ha generado una fuerte controversia sobre su efectividad y posibles consecuencias.

El titular del Minem aseguró que se ha realizado un «sinceramiento» del padrón de mineros, con el objetivo de ordenar el proceso y reforzar el combate a la minería ilegal. Montero Cornejo también señaló que se replicarán modelos de intervención como el aplicado en Pataz, que combina acciones de interdicción con mesas de desarrollo lideradas por autoridades locales y sectores del Ejecutivo.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la formalidad, la erradicación de la minería ilegal y la construcción de un país con paz social”, declaró el ministro en un medio radial. No obstante, su optimismo contrasta con los cuestionamientos de instituciones especializadas, que consideran que el REINFO ha fracasado en su objetivo original.

Pese a ola de crímenes por la minería ilegal, Gobierno extiende por cuarta vez el Reinfo.

Según el Colegio de Abogados de Lima (CAL), la extensión del REINFO puede terminar favoreciendo el crecimiento de la criminalidad asociada a la minería informal. En un comunicado reciente, el CAL advirtió que, tras nueve años de vigencia, apenas el 2.31 % de los inscritos logró formalizarse. El resto permanece en un limbo legal que, en muchos casos, sirve de cobertura para operaciones ilícitas.

Además, el Tribunal Constitucional ha señalado que el REINFO no puede interpretarse como una figura que otorgue exención penal frente a delitos ambientales. La prolongación del plazo, según el TC, no resulta constitucionalmente amparable si se convierte en una puerta trasera para evitar sanciones legales.

Desde el Ejecutivo se insiste en que la exclusión de 50 mil REINFOS demuestra voluntad de depuración. El 90 % de estos registros, dijo el ministro Montero Cornejo, llevaban más de cuatro años suspendidos y no presentaban ningún avance en el proceso.

Sin embargo, el dilema de fondo persiste: ¿puede el Estado seguir ampliando plazos sin fortalecer la capacidad institucional para fiscalizar y sancionar? Si la formalización se convierte en una excusa para la inacción, el riesgo es que la minería ilegal siga expandiéndose, esta vez con una aparente fachada legal.

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