¿De vuelta a la década de 1970? Esta mañana, a las 11:25 a.m., diversos congresistas presentaron el Proyecto de Ley (PL) n.° 1565/2024-CR que declara de interés público la nacionalización de la empresa Telefónica del Perú.

Tal iniciativa, promovida por parlamentarios de izquierda (Guillermo Bermejo, Sigrid Bazán, Ruth Luque, Jaime Quito, Roberto Sánchez, entre otros), plantea además la creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú, una entidad pública de derecho privado que estaría adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que reemplazaría a la actual operadora de telecomunicaciones.

El mencionado PL establece que el Poder Ejecutivo deberá ejecutar la expropiación de todas las acciones, activos y operaciones de Telefónica del Perú en un plazo máximo de 30 días calendario, contados desde la entrada en vigencia de la norma.

Entre los argumentos expuestos, se señala la necesidad de proteger los intereses del Estado, de los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), del capital de los proveedores y del servicio estratégico de telecomunicaciones, con el objetivo de garantizar la conectividad en todo el territorio nacional.

La propuesta también incluye dentro del proceso de expropiación a empresas asociadas como PangeaCo, Telefónica Cloud Tech Perú y Telefónica Cibersecurity & Cloud Tech Perú, creadas entre marzo y junio de 2020. 

Según el proyecto, el pago por la expropiación —denominado “justiprecio”— se calculará con base en la última operación extrabursátil de venta del 99.3 % de acciones de Telefónica del Perú. A este monto se le descontarán las deudas tributarias, sanciones regulatorias y otras penalidades que la empresa o su matriz mantengan con el Estado.

La última vez que se intentó expropiar en el país

Nuestra Constitución Política de 1993 refiere en su artículo 70 la existencia de un “procedimiento expropiatorio”.

Art. 70°: “(…) A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio”.

Asimismo, en el segundo artículo de la Ley General de Expropiaciones, Ley 27117) podemos hallar una definición de expropiación. En la citada norma se indica que “la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, autorizada únicamente por ley expresa del Congreso en favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, Regiones o Gobiernos Locales y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio”.

Siguiendo con la Ley 27117, la causal de un procedimiento de expropiación, así como el uso o destino que tendrán los bienes expropiados, deberá ser por necesidad pública o seguridad nacional.

El antecedente más reciente sobre un intento de expropiación podría encontrarse cuando el entonces primer ministro Guido Bellido, a través de un comunicado en Twitter, anunció en setiembre del 2021 que convocaría a la empresa PlusPetrol, encargada de explotar y comercializar el gas de Camisea, para renegociar el reparto de las utilidades generadas, agregando que de no llegar a un acuerdo se buscaría la “recuperación o nacionalización” del yacimiento gasífero.

El ex premier sostenía esa alternativa basándose en el ideario que Perú Libre presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no siendo una idea caprichosa de su parte.

“La estatización o nacionalización de los principales yacimientos mineros, gasíferos, petroleros y centros energéticos, es lo que garantizará dar uso a nuestros recursos con la soberanía del caso. […] Los principales yacimientos de la gran y mediana minería […] deben ser nacionalizados y pasar descentralizadamente a la administración de los gobiernos regionales según su jurisdicción. El yacimiento gasífero de Camisea, los pozos petroleros, refinerías y centrales hidroeléctricas, también”, se lee en plan de gobierno que llevó a Pedro Castillo como presidente.

Cabe recordar que el Estado concesionó a la empresa PlusPetrol la explotación de ese recurso y es esa la base legal que impediría una expropiación.

Por otro lado, el artículo 70 de nuestra Carta Magna está sujeta a interpretaciones que van desde el análisis con qué quiere decir con “seguridad nacional” o necesidad pública”. Solo basta hacer un poco de memoria con lo que quiso hacer el expresidente Martín Vizcarra, en el 2020, con las clínicas privadas que estaban vendiendo a sobrecosto los medicamentos durante la pandemia. El ‘Lagarto’ les otorgaba un plazo de 48 horas a las clínicas para que bajen los precios de las medicinas, apelando en ese momento que se trababa de un asunto de “necesidad pública”.

Bien dicen que para ser político hay que tener una vena actoral para convencer a los ciudadanos, tener un control escénico, sonreír cada momento o, cuando se dé la ocasión, mostrar un rostro compungido ante una triste noticia. Tanto los políticos como los actores y actrices solo nos muestran una careta que oculta oportunamente su verdadera identidad, confundiéndonos en varias ocasiones sobre sus verdaderas intenciones. Así, saber reír, llorar o mostrarse indignado es una cualidad que los asemeja.

El más reciente caso del salto del mundo de la pantalla chica a la política la podemos encontrar en el actor Renato Rossini, quien intentará convertirse en el futuro alcalde de Jesús María representando al partido de Alianza para el Progreso (APP), de César Acuña.

El actor de 54 años fue oficializado a través de las redes sociales del partido de ‘Plata como cancha’, posando al lado del cuestionado gobernador de La Libertad que prefiere irse de viaje a poner orden en su región.

Según Rossini, su postulación representa una evolución lógica de su vocación pública: “Siempre he estado cerca de la gente”, declaró durante su presentación, sin embargo, según la base de datos del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no se encuentra afiliado al partido político.

Risas y tangas: todo vale para ser elegido

Junto con Rossini se suma la exconductora de televisión Sofía Franco, figurando como precandidata a la alcaldía de Lima. La ex pareja del alcalde del ex alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, se postulará junto con el partido Progresemos.

Asimismo, el humorista Carlos Álvarez desde hace varios meses atrás ya inició su campaña presidencial para las Elecciones del 2026 junto con el partido País para Todos, aunque durante los últimos días dejó entrever sus pretensiones al manifestar que su relación con dicho grupo político no se encuentra en su “mejor momento”.

Pero no solo ellos intentarán convertirse en autoridades públicas. Años atrás, vedettes, actores y actrices, ex deportistas, o cómicos buscaron mejor fortuna por intermedio del voto popular.

Desde el mundo de las luces y lentejuelas, allá por el año 1995, una curvilínea Ivonne Susana Díaz Díaz, para todos Susy Díaz, salía a la Plaza San Martín enseñando en una de sus nalgas el número 13, número elegido para postularse al Congreso. Inmediatamente se ganó la simpatía del ciudadano de a pie, siendo elegida como las más votadas.

La entonces parlamentaria del partido político Movimiento Independiente Agrario (MIA) presentó 120 proyectos de ley, convirtiéndose en la legisladora con más iniciativas presentadas durante esa gestión. Se aprobó 30 proyectos de los 120 presentados por la ‘Chuchi’.

Sin lugar a dudas, Susy Díaz dejó un precedente y es así que en el 2016 la también exvedette y actriz cómica Mariella Zanetti se convirtió en regidora del distrito de Surco. No tuvo la misma suerte cuando quiso tentar una curul cuatro años después, presentándose con el número 8 por el partido Vamos Perú por Lima. Solo obtuvo 3231 votos.

En el 2020 otra actriz cómica, Lucy Bacigalupo, quiso sumarse a la ola postulando para el Parlamento con el partido Avanza País, pero solo obtuvo 936 votos.

Pablo Villanueva, mejor conocido como ‘Melcochita’, no se quiso quedar atrás y en el 2022 decidió lanzarse como regidor en el distrito de La Victoria por el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Para mala suerte de él no dio en la ‘clave’ correcta y no fue elegido.

Efraín Aguilar, conocido director y productor televisivo, se aburrió de estar detrás de cámaras y se presentó como candidato al Congreso por el partido Renovación Popular. El popular ‘Betito’ se quedó ‘fuera de foco’ luego de conseguir 1891 votos.

El ex arquero de Alianza Lima, George Forsyth, se convirtió en alcalde de La Victoria el año 2019 luego de obtener el 30,32 % de los votos válidos. El 12 de octubre renunció a su cargo para poder postular a las Elecciones Presidenciales del 2021. Su ex esposa, la actriz Vanessa Terkes, probó las mieles de la política en un corto periodo, postulando al Legislativo el 2021 con el partido APP. La ‘chata’ Terkes obtuvo una buena cantidad de votos (13,844, según ONPE), pero no le bastó para alcanzar una curul.

En tanto, las exvoleibolistas Gabriela Pérez del Solar, Leyla Chihuán, Cenaida Uribe, Cecilia Tait, se colocaron el fajín de parlamentarias en distintos periodos. Ahora, ex voleibolista arequipeña Diana Gonzales forma parte de los 130 ‘Padres de la patria’.

Desde el mundo del balompié también surgieron intenciones políticas, como el caso de Germán Leguía que postuló al Congreso el año 2021 por APP. Asimismo, Julio ‘Coyote’ Rivera se presentó para las Elecciones del 2021 como candidato congresal por el partido Unión por el Perú. Por su parte, Jean Ferrari, también quiso ocupar un escaño en el Congreso, postulando el 2021 con el partido Victoria Nacional.

A este paso es más que seguro que youtubers, streamers y supuestos influencers de las redes sociales terminarán ocupando una curul en nuestro alicaído y desprestigiado Congreso de la República. Ya veremos a los nuevos elegidos por el voto popular realizar transmisiones en vivo, pidiendo ‘tap tap’ en la pantallita para promover una ley o abstenerse de una votación.

Otra más a la lista del ‘Lagarto’. El expresidente Martín Vizcarra se encuentra entre los peores mandatarios que ha tenido el Perú; solo basta recordar que dio la orden de encerrar a millones de peruanos en sus casas durante la pandemia del coronavirus, existiendo millones de peruanos que viven del día a día. En esos años, miles de personas no sabían cómo llevar un pan a sus hogares, mientras que el infame ‘Lagarto’ experimentaba consigo mismo inoculándose vacunas supuestamente “de prueba”. Solo él y sus allegados más cercanos podían sentirse seguros, en tanto miles eran cremados y enterrados sin poder ser velados por sus seres queridos.

Antes de que se diera todo eso, el entonces mandatario, el 30 de setiembre de 2019, manda a cerrar el Congreso de la República argumentando que el existía una maniobra de “obstrucción y blindaje” desde el Parlamento que se negó a suspender la designación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, a los que Vizcarra entendía que tal nombramiento estaba siendo direccionado desde el fujimorismo.

Es por ello que anoche el Pleno del Congreso aprobó, por reconsideración, inhabilitarlo de cualquier función pública durante 10 años.

Tras aprobarse una reconsideración a la votación del pasado 30 de abril, cuando se rechazó inhabilitar al exmandatario, la representación nacional logró 67 votos a favor, 11 en contra y tres abstenciones para sancionar a Vizcarra.

La reconsideración fue presentada por los legisladores Noelia Herrera (Renovación Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia) y fue aprobada con 95 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones.

La propuesta recibió el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Somos Perú, Honor y Democracia, además de algunos congresistas no agrupados. Por su parte, el grupo Juntos por el Perú – Voces del Pueblo votó en contra o se abstuvo.

La ‘cola’ de Vizcarra: ya lleva tres inhabilitaciones

Martín Vizcarra no solo se encuentra inhabilitado por cerrar el Congreso, sino que también cuenta con dos inhabilitaciones previas. Así, fue inhabilitado por 10 años por presuntamente haberse vacunado de manera irregular contra el Covid-19 en octubre de 2020, solo unos meses antes de que fuera vacado.

Además, el exmandatario cuenta con otra inhabilitación de 5 años por presuntamente haber tenido vínculos con empresas del sector cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Por alguna razón que escapa a la lógica común —y que bordea más bien la dramaturgia del poder mal ejercido—, el Ministerio de Cultura del Perú ha decidido destinar más de 30 mil soles del erario público en la instalación de una puerta de vidrio templado con sistema digital de seguridad en el despacho para el ministro Fabricio Valencia. Sí, en un país donde los artistas mendigan presupuestos, donde los museos mueren lentamente y donde las expresiones culturales no oficiales son condenadas al olvido, el ministro decidió blindar su oficina como si de una bóveda bancaria se tratara.

La orden de compra N° 0000225, emitida el 2 de junio de 2025 a favor de la empresa KAP KAE SAC, especifica la adquisición de una mampara, puertas de vidrio templado, sistema de apertura digital y un pequeño archivador de melamine para el octavo piso del Ministerio de Cultura. Es allí donde despacha el ministro Valencia, y es allí donde, según fuentes internas del MINCUL, también se encuentra instalada una cama.

Orden de compra de puerta de seguridad. Fuente: Ministerio de Cultura.

El problema no es solo el gasto innecesario —se gastó treinta sueldos mínimos por esa puerta— sino el mensaje que se transmite: la cultura del encierro, de la opacidad, del privilegio en la sombra. Lo grave no es solo el vidrio templado, sino lo que pretende esconder. Porque, según se ha filtrado, esta puerta de alta seguridad solo se abre desde dentro. ¿De qué se protege el ministro? ¿O a quién pretende proteger u ocultar?

Todo esto sería un detalle excéntrico —una anécdota más para los archivos de la arrogancia oficial— si no fuera porque la instalación de esta puerta coincidió, con sospechosa puntualidad, con los días previos a que estallara el escándalo de Shirley Hopkins, la mujer vinculada al ministro y que, sin título profesional alguno, recibió jugosas órdenes de servicio por parte del mismo Ministerio. ¿Casualidad?

¿Qué ocurría dentro de ese despacho del piso 8? ¿Por qué necesitaba el ministro un acceso restringido, casi clandestino, a su oficina? ¿Por qué una cama? ¿Por qué una puerta que transforma una oficina pública en una guarida privada? Las preguntas son muchas, y las respuestas, como suele pasar en este país, brillan por su ausencia.

La transparencia, palabra tan manoseada en los discursos oficiales, parece convertirse aquí en un eufemismo grotesco. Mientras los artistas independientes reciben correos de rechazo con la excusa de “no hay presupuesto”, mientras el patrimonio se deteriora sin intervención estatal, mientras los gestores culturales viven en la precariedad, el ministro se construye un búnker.

Y no un búnker cualquiera: un espacio blindado, cerrado, insonorizado, exclusivo. Un palacio de cristal para un príncipe que prefiere esconderse antes que rendir cuentas. Así se cultiva la desconfianza, y así se gesta también la rabia social.

Porque el pueblo no es tonto. La ciudadanía intuye que algo huele mal. El Perú ha sido educado —por las trágicas lecciones de su historia— para sospechar de los lujos del poder, de los símbolos del encierro, de los silencios estratégicos. Y cuando la cama se junta con la puerta blindada, y cuando la puerta se junta con la presunta amante con contratos públicos, el relato ya no se puede maquillar con notas de prensa ni con declaraciones anodinas.

Fabricio Valencia no solo debe dar explicaciones, debe comparecer ante el Congreso y rendir cuentas ante los ciudadanos. Porque la cultura, señor ministro, no es una cueva privada ni una coartada para el confort personal. La cultura, bien entendida, es un acto público, un compromiso con la verdad, un espacio de apertura, no de encierro.

Las decisiones que se toman desde los escritorios de los ministerios no son inocuas. Si usted manda a poner una puerta que solo se abre desde dentro, lo que transmite no es seguridad, sino miedo. Si manda instalar una cama en su despacho, no está descansando: está deshonrando la función pública. Y si gasta más de 35 mil soles en ese capricho, mientras niega apoyo a quienes hacen cultura en las calles, lo que usted construye no es una política cultural, sino una tragedia.

Esto parece una tragicomedia, ya que hasta los propios funcionarios del piso 8 de la sede central del Mincul nos dicen: “No sabemos quién está más templado, el vidrio o el ministro”.

Lo cierto es que ningún ministro anterior se atrevió a tanto. La falta de transparencia y el recorte al polígono de las Líneas de Nasca son dos casos que han convertido a Fabricio Valencia Gibaja en un personaje tristemente célebre.

El dato:

La empresa KAP KAE SAC, solo en estos meses del 2025, ha cobrado más de 150 mil soles del Ministerio de Cultura.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Día de miércoles. Parece que los astros se vienen alineando para que Dina Boluarte no esté más en la presidencia, lo que significaría que no pueda dar su discurso de 28 de julio. Y es que algunos ‘hilos’ se vienen rompiendo por el caso ‘Cirugías’, donde la mandataria se habría realizado una operación quirúrgica en horario laboral, abandonando sus funciones durante más de una semana.

Si ya se encuentra intranquila con el voto de confianza de su primer ministro Eduardo Arana, donde no tiene asegurado los votos para su aprobación, ahora la “mamá de todos los peruanos” está dudando en alistar nuevamente su maleta de viajes, ya que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, viene alistando una moción de vacancia en su contra.

“Voy a presentar la vacancia, voy a buscar las firmas. Lo importante es que se logren las firmas que se necesitan para poder ingresar. (…) La redacción ya la tengo preparada”, dijo Burgos tras la sesión de la Comisión de Fiscalización de hoy miércoles 11 de junio.

El parlamentario de Podemos resaltó los aparentes actos de intimidación del Gobierno contra Cabani y su empresa.

“Con este informe de intimidación que está realizando al personal médico, intimidación al cirujano que la operó y, sobre todo, valiéndose de obstrucción a la justicia y la verdad habiendo sustraído un documento como si fuera de la baja catadura moral, un robo. Están hablando de una persona que realmente con las arcas del Estado qué estará haciendo”, añadió Juan Burgos.

Una carta notarial que podría significar el punto final para Boluarte

Recientemente, el médico cirujano Mario Cabani le había enviado a Boluarte una carta notarial para que confirme que efectivamente había ingresado al quirófano para realizarse unos “retoquitos” y no solo tratarla de una simple “afección funcional” en la nariz.

Cabani indicó que de no rectificarse públicamente la mandataria tomará acciones legales en su contra por difamación agravada y calumnia, así como una demanda civil por daños y perjuicios.

Además, señala que Boluarte no pagó inicialmente los US$4,500 por el servicio, anulando una boleta del 15 de julio de 2023. El pago se habría efectuado recién el 3 de abril de 2025, adjuntándose como prueba la boleta correspondiente.

Asimismo, el galeno le exigió a Boluarte Zegarra cesar los actos de intimidación y difamación «directos o mediante terceros», incluyendo a su abogado Juan Carlos Portugal y al ministro de Educación, Morgan Quero.

El enfrentamiento entre la presidenta Dina Boluarte y el cirujano Mario Cabani ha tomado un giro explosivo que, más que disputa legal, revela el desmoronamiento de una alianza de conveniencia. Cabani, quien participó en una intervención quirúrgica estética a la mandataria durante una inusual y polémica licencia médica, ahora aparece como su crítico más severo. A través de una carta notarial, le exige que diga la verdad sobre la cirugía o enfrentará una demanda por difamación y calumnia.

Pero esta pelea no es nueva: es el final predecible de una complicidad política y profesional que se sostuvo mientras el manto de impunidad lo permitía. Cabani no es un denunciante externo ni un médico independiente que se ha sentido ofendido moralmente; es parte del sistema que durante semanas evitó colaborar con la justicia, rehusándose a declarar ante la Comisión de Fiscalización. Y solo cuando el cerco se cierra, aparece la indignación.

El cirujano también denuncia «acoso» del Ejecutivo por supuestamente impedir que los médicos declaren, a pesar de que el Poder Judicial ya autorizó el levantamiento del secreto médico. Esta declaración parece más una estrategia de defensa ante su inminente responsabilidad, que una legítima denuncia de persecución.

Así, lo que vemos no es una lucha por la verdad, sino una ruptura entre aliados que comparten responsabilidades en un encubrimiento. Ambos intentan reescribir la narrativa para minimizar su propio costo político y legal. El relato de “yo no fui, fue ella” se instala como un último intento desesperado de desmarcarse del escándalo.

El tiempo de impunidad se agota, y con él, las lealtades forjadas en la opacidad. El enfrentamiento Cabani–Boluarte es, en realidad, un síntoma de que cuando la verdad se aproxima, hasta los cómplices buscan salvarse solos.

‘Viernes 13’ para dos ministros del Gabinete Arana. Puede que en cuestión de horas el gobierno de Dina Boluarte se caiga como un castillo de naipes, pues mañana su primer ministro, Eduardo Arana, acudirá al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Haciendo un recuento, ya 52 parlamentarios manifestaron que votarán en contra de la confianza.

Un día después, el viernes 13 de junio, en primera hora, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Luis Montero, se presentará en el Parlamento para ser interpelado. En la sesión, convocada a partir de las 9:00 horas, deberá responder un pliego conformado por 20 preguntas sobre una serie de controversias respecto al proceso de formalización minera y la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

El pliego interpelatorio gira alrededor de la reglamentación de la ampliación del Reinfo, específicamente en la disposición que permitía a los herederos de concesiones mineras continuar con el proceso de formalización sin la necesidad de conformar una persona jurídica. Este mecanismo, considerado inicialmente como una vía para facilitar el proceso legal a los pequeños mineros, terminó por convertirse en el foco de fuertes críticas tanto por parte del Congreso como de organizaciones civiles.

Si bien la cartera retrocedió y derogó dicha modificación, los parlamentarios consideraron pertinente que el titular de la cartera acuda de igual forma.

Ministro de Cultura también será interpelado

Ese mismo día, a las tres de la tarde, el titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Fabricio Valencia, también deberá presentarse en el hemiciclo del Congreso para que responda un pliego de 52 preguntas acumuladas en tres mociones de interpelación.

El cuestionado titular del Mincul deberá contestar el motivo de la reducción del área que comprende las Líneas de Nasca, aunque días después tal ministerio emitió una segunda resolución que daba marcha atrás de tal recorte; sin embargo, los legisladores consideran que el retrocedo fue de manera parcial y que la reserva arqueológica se mantiene bajo amenaza de los mineros ilegales.

Además del recorte en Nasca, otros legisladores sustentaron sus mociones con denuncias sobre supuestas contrataciones irregulares y uso ineficiente de recursos públicos. Al respecto, el legislador Elvis Vergara denunció que la trabajadora Shirley Hopkins habría sido beneficiada con órdenes de servicio por más de 126 mil soles, pese a no cumplir inicialmente con los requisitos exigidos.

La Contraloría General de la República ha vuelto a poner la lupa sobre la Municipalidad de Barranco, revelando nuevas irregularidades en el servicio de grúas y depósito vehicular que opera bajo la administración de la alcaldesa Jessica Vargas Gómez. Lo que inicialmente fue presentado como una serie de “observaciones menores” por la propia alcaldesa, ha terminado siendo una cadena de fallas administrativas y técnicas que comprometen la legalidad, calidad y transparencia de un servicio que debería proteger a los vecinos, y no perjudicarlos.

Primeras alertas ignoradas

El primer informe de control, identificado como el Hito de Control N° 004-2025-OCI/2166-SCC, ya había advertido sobre cinco situaciones adversas vinculadas a la ejecución del contrato público N° 001-2023-CS-MDB-1. Este contrato regula el servicio de grúas y depósito vehicular en el distrito barranquino. Sin embargo, lejos de asumir una posición de autocrítica o iniciar una investigación interna, la alcaldesa Jessica Vargas minimizó los hallazgos. En la última Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, afirmó que no veía observaciones de gravedad, y que todo debía ser analizado por el gerente legal de la comuna.

Más hallazgos: Segundo informe de Contraloría

Pese a las respuestas evasivas desde el despacho municipal y a la vergonzosa ‘venia’ de los regidores oficialistas, la Contraloría continuó con su trabajo de fiscalización. El pasado 26 de mayo de 2025 se emitió un segundo informe (Hito de Control N° 005-2025-OCI/2166-SCC) donde se identificaron cuatro nuevas situaciones adversas, que profundizan las dudas sobre cómo se está ejecutando este contrato público del servicio de grúas y depósito vehicular.

1. Grúa no acreditada presta el servicio

La primera irregularidad detectada revela que se viene utilizando una grúa que no fue incluida ni acreditada en el contrato inicial. El consorcio adjudicado, GRÚAS BARRANCO 24, ofreció el servicio con grúas específicas: BNY-933, BVP-740, BNF-856 y BFI-862. Sin embargo, en una inspección al depósito municipal el 13 de mayo, se halló operando la grúa de arrastre de placa BMD-898, la cual no fue acreditada para la firma del contrato.

Lo más preocupante es que al advertirse que la grúa de placa BMD-898 no fue acreditada para el perfeccionamiento del contrato, la Comisión de Control solicitó a la Gerencia de Administración y Finanzas, el documento de verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos de la grúa. Documentación que no ha sido alcanzada hasta la fecha de emisión del informe.

Esta grúa ha prestado servicio activo con regularidad durante doce (12) días, entre el 17 de febrero y el 16 de marzo, sin que exista documentación que acredite que cumple con las condiciones técnicas exigidas por las bases del proceso; lo que evidencia que no solo opera como retén. Para colmo, el supervisor del servicio —Ricardo Gordillo Guadalupe— declaró desconocer completamente las Bases Integradas y los Términos de Referencia del contrato.

La municipalidad de Barranco, por tanto, ha permitido que un vehículo no autorizado preste un servicio público, sin verificar si cumple con los requisitos mínimos. Esto pone en riesgo la calidad del servicio y abre la puerta a posibles sanciones legales.

2. Formatos mal usados y procedimientos alterados

Otro punto crítico del informe señala un uso irregular y desordenado de los documentos que registran las infracciones y el internamiento de vehículos. Según la normativa, el acta de constatación de una infracción debe llenarse en el momento en que se detecta el mal estacionamiento, antes de que el vehículo sea remolcado. Sin embargo, la Contraloría detectó que estos documentos están siendo llenados después del internamiento del vehículo al depósito municipal, lo cual distorsiona el procedimiento sancionador.

Como si fuera poco, hay formatos que simplemente no se están utilizando. Por ejemplo, el formulario de «Orden de Liberación y/o Salida del Vehículo» no se emplea en ningún momento del proceso. Este documento es clave para establecer los montos a pagar por guardianía y remolque, pero su omisión impide dejar constancia formal de esos cobros.

Como se aprecia en la imagen anterior, el Acta de Constatación consigna: 10:44 horas del día 15 del mes de mayo del año 2025 , tanto en el primer párrafo como antes de la firma; sin embargo, el Acta de Internamiento de Vehículo, registra como fecha de internamiento: 09:50 horas del día 15/05/2025; lo que revelaría que primero se internó el vehículo y luego se constató la infracción, lo cual es incorrecto, dado que, el Acta de Constatación de la Infracción debe ser emitida antes del Acta de Internamiento del Vehículo.

El caos administrativo llega al extremo de que incluso se ha modificado arbitrariamente el formato oficial 12. En el acta de entrega de vehículos, por ejemplo, se ha sustituido la fecha de salida del auto por la fecha de ingreso al depósito, generando una evidente confusión.

De la visita realizada el 16 de mayo de 2025 a las instalaciones del depósito vehicular, conforme consta en el Acta N° 007-2025-OCI/MDB-SCC2, el Coordinador del Contratista manifestó cuáles son los Formatos que se generan como parte de las fases de internamiento y retiro de los vehículos intervenidos, siendo estos:

Durante la fase de Internamiento: el acta de Internamiento del vehículo y el acta de constatación. y durante la fase de retiro: el acta de control, la resolución de sanción, el acta de notificación y finalmente, el acta de entrega del vehículo.

Por tanto, no se viene empleando el Formato: ‘Orden de Liberación’ y/o ‘Salida del Vehículo’, lo que fue constatado como resultado de la revisión de la documentación generada, advirtiéndose que, la determinación del tiempo de internamiento, del pago por servicio de guardianía y del pago por servicio de remolque no queda registrado en ningún formato, lo que fue confirmado por el asistente del Coordinador, señor Christian Vera Paniccia, quien, mediante el Acta N° 007-2025-OCI/MDB-SCC2 de 16 de mayo de 2025, manifestó que: “No se genera un documento en el que se determina el cobro por los días de la guardianía (…)”.

Dicha situación genera un descontrol, respecto al pago a realizarse por dichos conceptos; dado que, si bien el recibo de caja señala el monto que se ha pagado por Guardianía y Remolque, el formato ‘Orden de Liberación’ y/o ‘Salida de vehículo’, contempla información importante que debe registrarse para determinar adecuadamente los montos a pagar por los servicios de guardianía y de Remolque.

Este manejo irregular de los documentos crea un descontrol generalizado en el proceso de sanción por estacionamiento en zonas prohibidas. Lo que debería ser un procedimiento riguroso, termina siendo un sistema arbitrario y opaco.

3. Informes de supervisión imprecisos y posibles pagos indebidos

La Contraloría también encontró deficiencias graves en los informes del supervisor del servicio de grúas. Estos documentos son fundamentales para validar los pagos que realiza la municipalidad al contratista. Sin embargo, los informes solo consignan la cantidad de vehículos intervenidos por tipo de grúa, pero no indican las horas trabajadas, ni el cumplimiento de los horarios pactados.

Al contrastar los informes con la información de Tesorería, se detectó que se habrían pagado horas adicionales no trabajadas. En total, se registraron más de 20 horas de servicio acumulado por encima del horario contractual, sin que el supervisor lo advierta ni justifique. Este hecho podría configurar un pago indebido al contratista, y deja al descubierto la falta de fiscalización por parte del área usuaria.

De la verificación de la información de la Subgerencia de Tesorería en relación al pago efectuado al Contratista por el período del 17 de febrero de 2025 al 16 de marzo de 2025, proporcionada con el Informe N° 0101-2025-SGT-GAF-MDB de 14 de mayo de 2025, y los informes emitidos por el Supervisor del servicio, N° 02-2025-SGFCA-GFSC-MDB de 05 de marzo de 2025 y N° 021-2025-SGFCA-GFSC-MDB del 03 de abril de 2025, se advierte que en los informes del Supervisor solo se reporta la cantidad total de vehículos intervenidos, por día y por cada grúa, mas no el cumplimiento de las condiciones en las que debe prestarse el servicio, ni las horas trabajadas por día y tipo de grúa; de tal forma que se pueda validar las horas de servicio reportadas en la liquidación de pago del servicio presentado por el contratista.

Mas aún, se requiere que el Supervisor del servicio efectúe un control de las horas de servicio de las grúas por cuanto, a través del Acta N° 003-2025-OCI/MDB-SCC2 de 15 de mayo de 2025, manifestó que el horario de servicio de las grúas es de Domingo a jueves de 08:00 am a 8:00 pm. y viernes y sábado de 08:00 am. a 11:00 pm. Sin embargo; de la revisión del horario de servicio prestado por las grúas en el período del 17 de febrero de 2025 al 16 de marzo de 2025; se advirtió que el horario del servicio prestado es distinto, apreciándose que difieren del horario reportado entre una hora y media a dos horas y media.

Como consecuencia de la situación descrita, presuntamente se habría pagado al contratista por horas de servicio no prestados efectivamente.

4. Se deja de cobrar por guardianía vehicular

La última situación adversa señalada en el informe es quizás la más reveladora en cuanto al perjuicio económico para la comuna barranquina. La Contraloría constató que en el servicio de guardianía vehicular no se está cobrando como establece el TUSNE (Texto Único de Servicios No Exclusivos).

Por ejemplo, se identificó que al menos nueve (9) vehículos intervenidos los días 10 y 14 de marzo de 2025 y que pasaron una noche en el depósito no pagaron la tarifa diaria de S/. 20,70 por cada uno de los vehículos, simplemente porque el personal interpreta —erróneamente— que se debe cobrar solo cuando se supera un plazo de 24 horas exactas.

En relación a ello, mediante el Acta N° 006-2025-OCI/MDB-SCC2 de 15 de mayo de 2025, el Cajero asignado al servicio de grúas y el Supervisor del servicio, Ricardo Gordillo Guadalupe, manifestaron que: “(…) la Resolución emitida para la cobranza del derecho de guardianía indica que se cobrará a las 24:00 horas a más, el monto por día que es de S/20,70 (…)”.

Lo expresado por el personal no guarda correspondencia con lo dispuesto en el TUSNE de la Municipalidad de Barranco, en cuyo Anexo 1, correspondiente a la Subgerencia de Fiscalización y Coactiva Administrativa, establece el “Servicio de Guardianía por vehículo”, para el caso de vehículos livianos x día la tarifa de S/ 20.70, no precisándose en ningún lado que la tarifa sea por día de 24 horas, como lo manifiesta y viene aplicando el personal responsable de su cobro.

Esta interpretación no se encuentra en la norma, y ha sido aplicada por el personal sin sustento legal. Como consecuencia, la Municipalidad de Barranco deja de percibir ingresos legítimos y necesarios correspondientes por el servicio de guardianía.

¿Desinterés o encubrimiento?

El informe fue formalmente enviado el pasado 26 de mayo por Ángel Jesús Barrera Castro, jefe del Órgano de Control Institucional (OCI), a la alcaldesa Jessica Vargas. En el documento se exige que la comuna adopte medidas correctivas y remita un informe en un plazo de cinco días hábiles. Sin embargo, no hay evidencia pública de que tales acciones se hayan ejecutado hasta el momento.

Durante la última Sesión Ordinaria de Concejo (N° 11), realizada el pasado viernes 6 de junio, la alcaldesa Jessica Vargas, lejos de responder con firmeza institucional, ha vuelto a minimizar públicamente los hallazgos y la gravedad del asunto, calificando los señalamientos como “observaciones no graves”, dilatando una vez más la posibilidad de una intervención correctiva desde la gestión local.

Ante los “cuidadosos” cuestionamientos del teniente alcalde Jaime Chihuán —actualmente en campaña política como probable candidato de Barranco por Avanza País—, la alcaldesa se limitó a decir que ya se había dado trámite al documento, y que estaba a la espera de un informe del área legal.

“Yo tengo el informe de la Contraloría y no veo observaciones de gravedad”, afirmó con ligereza Vargas Gómez, añadiendo que se analizará administrativamente si corresponde o no aplicar sanciones. Según su declaración, la licitación de las grúas se llevó a cabo según ley, y la alcaldía no puede intervenir sin respaldo legal.

Esto fue lo que respondió la alcaldesa sobre las grúas:

“Ya se dispuso que corra a tramite, como corresponde dar respuesta a este documento. Entonces vamos a esperar para que el doctor Alferrano nos pueda hacer una exposición más completa. Tendríamos que esperar que el área legal nos informe, porque recuerden que eso es a través de una licitación pública. Se ha hecho un convenio con la empresa. No es que acá decidimos, no es que yo (…) en favor o en contra, sino que hay un tema legal y de respeto jurídico. Es un acto administrativo; es una licitación pública, y vamos a tomar en cuenta esta solicitud.

Yo acá tengo el informe de la Contraloría. Y de gravedad… no veo alguna observación. Sí hay observaciones que se tendrán que superar, y se verá administrativamente si hay alguna sanción, o si no se está cumpliendo con el contrato; pero sería adelantar opinión. 

Yo como alcaldesa debo cumplir la normativa. No voy a hacer algo que está prohibido en las normas, sino, que me gusta que todo esté analizado y bien dirigido para no cometer errores; y si no tengo el respaldo legal y bien evaluado, estudiado en todas las aristas, pues tenemos que llevarlo, no ahorita, en estos momentos”.

Grúa municipal continúa remolcando vehículos pese a fallo del TC

La señora alcaldesa menciona que ella no hará algo que esté prohibido por ley. Sin embargo ¿Por qué en Barranco continúan las grúas y el depósito vehicular a sabiendas que estas han sido declaradas ilegales? ¿Acaso están esperando que el MTC inicie una demanda contra la MDB? 

Hay que recordar que el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales las ordenanzas municipales que autorizaban el uso de grúas para remolcar vehículos mal estacionados y enviarlos a depósitos. Esta decisión implica que los municipios ya no pueden multar a los conductores por mal estacionamiento y secuestrar sus vehículos mediante grúas, porque esa labor solo obedece a la Policía Nacional (PNP), por mandato del MTC.

¿Una gestión sin control?

Lo que este caso revela es más profundo que simples errores administrativos. Hay indicios de negligencia sistemática, falta de control interno, omisiones en la supervisión y una preocupante indiferencia política ante las observaciones de un organismo de control superior.

El servicio de grúas y depósito vehicular es un tema sensible que afecta directamente a los ciudadanos. No solo por las onerosas multas o la incomodidad de tener un vehículo internado y retenido, sino por el derecho a recibir un servicio transparente, justo y enmarcado en la ley.

El hecho de que una grúa no autorizada haya operado durante semanas sin control, que se hayan alterado los documentos del procedimiento sancionador, y que incluso se hayan omitido cobros reglamentarios, debería haber generado una respuesta inmediata y firme desde la Alcaldía de Barranco. Pero en lugar de ello, y demostrar transparencia, la gestión de la señora Jessica Vargas optó por relativizar los hallazgos y trasladar la responsabilidad al abogado del área legal.

¿Seguirán haciéndose de la vista gorda?

La Contraloría ha cumplido con su deber: detectar, documentar y advertir sobre riesgos que afectan la legalidad y eficiencia del servicio de las grúas y el depósito vehicular. El siguiente paso depende exclusivamente de la municipalidad de Barranco.

La alcaldesa Jessica Vargas tiene la obligación, no solo legal sino también ética, de actuar y de mostrar transparencia ante los ciudadanos. Ignorar o minimizar estas observaciones, como ya lo ha hecho, no solo pone en duda su capacidad de gestión, sino también su compromiso con la verdad y el bienestar de los vecinos de Barranco.

Aquí lo que está en juego no es solo la legalidad del contrato firmado con el Consorcio “Grúas Barranco 24”, conformado por las empresas, ‘Grúas Plus SAC’ y ‘Orlandini Racing SAC’. Una vez más, está en juego la confianza de la ciudadanía barranquina en sus autoridades.