En un país donde la presidente Dina Boluarte juega al escondite con los miembros de la prensa y se esconde tras los micrófonos oficiales, o utiliza de voceros a los ministros que la escudan sin el menor remordimiento, la transparencia ha dejado de ser un derecho para convertirse en un lujo. Al parecer, la presidente del Perú se olvidó que responder preguntas a la prensa es parte fundamental de las obligaciones de un gobierno que se debe a sus ciudadanos. ¿Acaso no sería mejor transparentar su gestión? ¿O es que teme mostrar aún más sus limitaciones ante preguntas incómodas o voces que puedan increparle verdades demasiado dolorosas de asumir?

Penosa papel del canciller Schialer en entrevista con Exitosa.@CancilleriaPeru@presidenciaperu@pcmperu pic.twitter.com/wPZYHqQ1QN

— Revista Lima Gris (@Limagris) April 28, 2025

La reciente evasiva del Canciller peruano Elmer Schialer Salcedo ante una simple pregunta periodística no es solo una anécdota; es el síntoma de un sistema podrido hasta la médula.

Frente al cuestionamiento de por qué la presidenta Dina Boluarte no responde preguntas a la prensa, durante una entrevista con Jesús Verde, para radio Exitosa, el Canciller Elmer Schialer respondió: «Los tiempos del señor son los tiempos del señor, tengamos fe». ¿Fe en qué exactamente, Canciller? ¿En que algún día la presidente Dina Boluarte tendrá la dignidad de responder por sus actos?

Esta patética escena refleja una enfermedad política que ha infectado nuestras instituciones. Los funcionarios públicos, quienes deberían ser servidores del pueblo, se comportan como dioses inaccesibles que conceden audiencias solo cuando les conviene.

«Los tiempos de Dios», dice el Canciller, como si la rendición de cuentas fuera un acto divino y no una obligación constitucional. La metáfora del silencio es poderosa. Y no se trata solo del Canciller.

Ministro Morgan Quero en su papel de escudero de la presidenta Dina Boluarte. @presidenciaperu @pcmperu @MineduPeru pic.twitter.com/UR55XBTQu8

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El ministro de Educación, Morgan Quero, juega el mismo juego de sombras cuando se le pregunta por qué la presidente no da entrevistas: «Yo creo que estamos recibiendo los mensajes de la presidenta a través de sus discursos, de sus inauguraciones». ¿En serio, ministro? ¿Es esa su definición de transparencia y diálogo democrático?

¿Hasta cuándo permitiremos este circo? ¿Hasta cuándo normalizaremos que quienes deberían informarnos nos traten como intrusos en nuestra propia casa? La comunicación no es un favor que nos hacen; es una obligación inherente al cargo que ocupan. El poder emanado del pueblo les exige hablar cuando se les requiere, no cuando les plazca o cuando «los tiempos del señor» lo determinen.

La metáfora religiosa utilizada por el Canciller Elmer Schialer es particularmente ofensiva en un Estado que supone democrático. Escudarse en «los tiempos del señor» no solo es una evasiva cobarde, sino una profanación de la fe de muchos peruanos que entienden que la religión no debería ser un escudo para la incompetencia política.

Y mientras se esconden tras discursos y ceremonias protocolares, figuras como Hinojosa mantienen su posición como «jefe de gabinete técnico del despacho presidencial», según confirma el propio ministro Morgan Quero. El ministro asegura que este funcionario «sigue cumpliendo con sus funciones», aunque el vocero constitucional debería ser el Premier Gustavo Adrián. Este teatro de sombras donde nadie sabe quién habla por quién no solo profundiza la crisis de comunicación gubernamental, sino que agrava la situación de un gobierno cuya aprobación está por debajo del margen de error estadístico del 5%.

Mientras tanto, los problemas reales del país siguen acumulándose como basura que nadie quiere recoger. La inseguridad ciudadana, la corrupción institucionalizada, la pobreza creciente… todos estos asuntos urgentes pasan a segundo plano mientras jugamos al gato y al ratón con funcionarios que se creen por encima de dar explicaciones.

¡Qué ingenuidad! No hay conversación cuando una de las partes se niega sistemáticamente a participar en ella. No hay diálogo posible con quien considera que responder es opcional. El reloj de la paciencia ciudadana está a punto de agotar su cuerda. Y cuando eso suceda, quizás los ministros y funcionarios entiendan que el verdadero tiempo de Dios es el tiempo del pueblo peruano, que tarde o temprano, pasa factura a quienes confundieron el servicio público con un trono privado.

La próxima vez que un el Canciller «devuelva la pelota», recordémosle que no estamos jugando un partido. Estamos construyendo un país. Y en esa construcción, el silencio de la de presidente Dina Boluarte no es una opción. Es una traición a los valores democráticos.

Mientras el Congreso de la República debate la segunda votación del proyecto de ley que incrementa la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) del sector eléctrico del 5% al 10%, la Central de Trabajadores defiende la propuesta con un informe de Osinergmin solicitado en 2022, cuyo enfoque limitado y sesgado pretende asegurar que este aumento no afecta las tarifas eléctricas. Sin embargo, un análisis detallado revela que, aunque la PTU no forme parte directa de la fórmula tarifaria, sí incide indirectamente en variables clave que podrían encarecer la electricidad, afectar a millones de peruanos y comprometer la estabilidad del sector. Por ello, es imperativo contar con una evaluación técnica completa y el pronunciamiento de sectores clave como FONAFE y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La Central de Trabajadores sostiene, basándose en el informe de Osinergmin, que, según la Constitución, la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) y su reglamento, la PTU no es un costo operativo incluido en el Valor Agregado de Distribución (VAD) ni en otras tarifas, ya que se deriva del resultado económico de las empresas y no de los costos necesarios para prestar el servicio. Este razonamiento, aunque válido en un sentido estrictamente regulatorio, es incompleto y sesgado. Al destinar un 10% de las utilidades a la PTU, se reduce significativamente el capital disponible para rubros críticos como inversión en infraestructura, mantenimiento de redes y desarrollo de energías renovables. Estos rubros, a diferencia de la PTU, sí forman parte de la estructura de costos que determina las tarifas eléctricas.

Por ejemplo, una menor inversión en modernización de redes aumenta los costos operativos a largo plazo, ya que sistemas obsoletos son más caros de mantener y menos eficientes. Asimismo, retrasar proyectos de energías renovables, que requieren un capital inicial elevado y a menudo subsidios estatales, pero reducen costos con el tiempo, podría mantener al país dependiente de fuentes más costosas y volátiles, como los combustibles fósiles. Estos factores, que sí entran en la fórmula tarifaria, podrían traducirse en alzas de hasta un 5% en las tarifas para usuarios regulados, afectando a unos 30 millones de peruanos. Esta preocupación ha sido advertida por la totalidad de gremios empresariales consumidores de electricidad, quienes temen que un incremento en las tarifas eleve sus costos de producción y se traslade a los usuarios finales, encareciendo bienes y servicios.

El informe de Osinergmin, solicitado en 2022 y no elaborado específicamente para el Congreso de la República, admite que el impacto económico del aumento de la PTU no ha sido plenamente evaluado y sugiere que FONAFE y el MEF realicen un análisis adicional. Esta omisión evidencia la necesidad de un estudio más amplio antes de avanzar con la norma. El sector eléctrico es único: su estructura financiera depende de ingresos garantizados y, en muchos casos, subsidios estatales, lo que lo hace altamente sensible a cambios como este. Compararlo con sectores como la minería o la pesca es un error, ya que la electricidad es un servicio esencial cuya estabilidad afecta directamente a los hogares, las industrias y la competitividad del país.

Por ello, el Congreso tiene la responsabilidad de exigir un análisis técnico que contemple:

• Impactos financieros: Cómo la reducción de utilidades afecta la capacidad de las empresas para invertir sin trasladar costos a las tarifas.
• Efectos en los consumidores: Proyecciones claras sobre posibles alzas tarifarias y su impacto en el costo de vida.
• Consulta multisectorial: Involucrar al MEF, FONAFE, el Ministerio de Energía y Minas, gremios empresariales, consumidores y expertos para garantizar una decisión informada.

Aprobar esta norma sin estas respuestas sería un paso en falso. No se trata de negar derechos laborales, sino de garantizar que las decisiones en un sector tan crítico como el eléctrico sean responsables y sostenibles. Instamos a los congresistas a actuar con responsabilidad, protegiendo a los consumidores y al futuro energético del Perú.

En el Perú, los sindicatos surgieron como legítimos defensores de los derechos laborales. Pero el tiempo y los intereses torcieron el rumbo de algunos. Hoy, la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú no lucha contra la explotación: sino que estaría tras un lobby en el Congreso para capturar un botín disfrazado de «derechos laborales».

El nuevo golpe que planean es simple pero letal: duplicar del 5% al 10% el porcentaje de utilidades que reciben los trabajadores de las empresas eléctricas. El pretexto: equipararse a otros sectores como la pesca o las telecomunicaciones. La realidad: blindar beneficios millonarios para un pequeño grupo de sindicalistas ya privilegiados, a costa del bolsillo de 33 millones de peruanos.

Los aliados políticos: Acción Popular y Renovación Popular

Detrás de este lobby sindical se mueven piezas políticas. Congresistas como Ilich López (Acción Popular), Elvis Vergara (Acción Popular) y Diego Bazán (Renovación Popular) han puesto sus firmas y votos al servicio de este proyecto, revelando la trama oculta, que tendría como fin el control de cuotas de poder en empresas estatales del sector eléctrico. No se trata solo de dinero, se trata de manejar contrataciones, obras, concesiones y puestos claves.

El 21 de abril de 2025, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el dictamen que modifica el Decreto Legislativo 892. Así, un negocio sindical disfrazado de «justicia social» dio un paso más hacia su legalización.

¿Quién paga esta fiesta sindical?

Las empresas eléctricas estatales no son clubes privados de sindicalistas. Sus utilidades deberían destinarse a modernizar redes, ampliar cobertura en zonas pobres, subsidiar tarifas a poblaciones vulnerables y financiar la transición hacia energías limpias. Pero con la nueva repartija, esos fondos se reducirán.

Diversos gremios empresariales (CONFIEP, SNI, SNMPE, AMCHAM) y técnicos del propio Estado han advertido los riesgos. Entre los más graves están el alza de tarifas eléctricas de hasta 4% para hogares, pequeñas empresas, agricultores y comercios. Disminución de inversiones en nuevas plantas y energías renovables. Deterioro de la competitividad de sectores productivos que dependen de una energía asequible. Privilegios desproporcionados para 7,000 trabajadores que ya reciben hasta 18 sueldos anuales.

El Ministerio de Trabajo, en informes oficiales, ha señalado que el proyecto carece de sustento técnico, económico y jurídico. No existe evaluación de impacto. No hay estudios de sostenibilidad. Solo hay presión sindical y cálculo político.

Han pasado casi tres años y el MEF no responde hasta la fecha.

SPR cuestiona pretensión de sindicato Luz y Fuerza

La Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR) mediante una carta enviado al presidente del Congreso Eduardo Salhuana, manifestó su preocupación por el Proyecto de Ley N.° 01644/2021-CR, que propone aumentar del 5% al 10% la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas eléctricas, cambiar el criterio de reparto entre trabajadores, y destinar los excedentes al FONCOMUN en lugar del Tesoro Público.

Según la SPR esto Impactaría negativamente en las tarifas eléctricas, generando mayores costos que terminarían afectando a usuarios finales (hogares, comercios y pequeñas industrias). Esto tambiénpondría en riesgo la rentabilidad y sostenibilidad de las empresas, sobre todo de las más pequeñas. Lo que buscan los sindicalistascarece de justificación técnica y económica, afectando la confianza y predictibilidad del marco regulatorio del sector. Además, señalan que el cambio en el reparto (75% días laborados, 25% remuneración) distorsiona el reconocimiento del nivel de responsabilidad y especialización de los trabajadores. Finalmente, señalan que desviar los excedentes al FONCOMUN podría conducir a una ineficiente asignación de recursos debido a la limitada capacidad de gestión de los gobiernos locales.

Mediante la misiva enviada a Salhuana han solicitado una revisión más rigurosa del proyecto para buscar una solución equilibrada, técnica y coherente con las necesidades del sector eléctrico, considerando que el servicio eléctrico es esencial para los ciudadanos.

Misiva de la SPR dirigida al presidente del Congreso.

El verdadero rostro del proyecto

Este no es un proyecto laboral. Es un mecanismo de captura del Estado. Si prospera, no solo subirá el precio de la electricidad: se consolidará un modelo de prebendas y corrupción donde sindicatos y congresistas se reparten utilidades, puestos y contratos, mientras millones de peruanos pagan la cuenta.

La historia del Perú está llena de sindicatos que olvidaron a los trabajadores para convertirse en reinados enquistados en el poder. Luz y Fuerza parece decidido a seguir ese manual. Y en el Congreso, como siempre, no faltan los que venden su voto al mejor postor. La campaña electoral se acerca, y parece que algunos congresistas buscan tener como caballito a batalla a oscuros sindicatos.

El Ministerio de Educación aprobó —mediante resolución de Secretaría General N.º 208-2024-MINEDU — otorgar defensa legal al ministro de Educación Morgan Quero Gaime con fondos públicos, pese a estar denunciado por presunta discriminación contra el pueblo Awajún.

En aplicación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 284-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N.º 004-2015-SERVIR/GPGSC, denominada “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y exservidores civiles” —modificada por las Resoluciones N.º 185-2016-SERVIR-PE y N.º 103-2017-SERVIR-PE— el Ministerio de Educación a venido otorgando defensa legal a funcionarios y exfuncionarios. Esta normativa, en su numeral 6.1, establece, entre otros requisitos, que para acceder a dicho beneficio se debe presentar una solicitud expresa dirigida al titular de la entidad, cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 6.3 de la Directiva.

Con la Resolución de Secretaría General N.º 111-2024-MINEDU de fecha 2 de julio de 2024, el Ministerio de educación aprobó la defensa legal de Ana del Pilar López Rodas, exdirectora general de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación, por presunta comisión del delito contra la humanidad en la modalidad de discriminación e incitación a la discriminación. Acusación que comparte junto al actual ministro de Educación Morgan Niccolo Quero Gaime.

En efecto, mediante la Resolución de Secretaría General N.º 208-2024-MINEDU, publicada el 31 de octubre de 2024, se declara procedente el otorgamiento del beneficio de defensa legal a favor del actual titular del sector.

Cabe señalar que, el actual representante del MINEDU, es investigado por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima, en el marco de una investigación preparatoria, a raíz de sus declaraciones del 10 de junio de 2024, en las que afirmó:

“[…] Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad en relación con los descargos que correspondan […]”.

Estas declaraciones se emitieron en relación con los casos de violencia sexual contra menores de edad ocurridos en la UGEL Condorcanqui, vinculados a poblaciones nativas Awajún y Wampis.

La norma Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 185-2016-SERVIR-PE, “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles”. – Anexo 2, toda vez que en su numeral 6.2 de la establece cuándo NO procede otorgar defensa legal. Entre los supuestos menciona:

Literal b) Cuando el solicitante no tenga la calidad de denunciado, investigado, procesado, imputado, demandado, testigo, tercero civilmente responsable de ser el caso haya sido citado para la actuación de alguna prueba en los procesos, procedimientos previos o investigaciones a que se refiere el numeral 5.2 del Artículo 5 de la presente Directiva, los hechos imputados no estén vinculados a omisiones, acciones o decisiones en el ejercicio regular de sus funciones o bajo criterios de gestión en su oportunidad como servidor civil o ex servidor civil de la respectiva entidad, derivadas del ejercicio de la función pública.(el subrayado es nuestro)

¿Se justifica el uso de recursos del Estado para defender declaraciones que podrían constituir actos discriminatorios? ¿Acaso las presuntas declaraciones discriminatorias forman parte del «ejercicio regular» de funciones del ministro Morgan Quero? ¿Es un «criterio de gestión» insultar a un pueblo originario como el Awajún?

Si bien es cierto que el ministro actuaba en calidad de funcionario público al momento de las declaraciones, ello no implica per se que sus expresiones estén cubiertas por el marco funcional de su cargo. En este caso, las expresiones atribuidas al ministro —según la denuncia presentada por la congresista Ruth Luque Ibarra — no solo carecen de justificación funcional, sino que colisionan especialmente si éstas contravienen principios constitucionales como el respeto a la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la protección de los pueblos indígenas (artículos 1, 2 y 89 de la Constitución Política del Perú).

El caso del ministro Morgan Quero es particularmente indignante. Un alto funcionario acusado de emitir declaraciones discriminatorias contra el pueblo originario Awajún, y el Estado —nuestro dinero— pagando por su defensa. Como si las palabras que hieren a nuestras etnias fueran parte del deber ministerial. Como si ofender fuera una prerrogativa del cargo.

Resulta profundamente preocupante que, ante esta denuncia, algunos actores políticos y gremiales hayan salido a respaldar al ministro sin siquiera considerar la realidad estructural de exclusión que enfrentan las comunidades Awajún y Wampis no solo en el departamento de Amazonas.

Este caso amerita una revisión urgente por parte de la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General de la República y el Congreso de la República. La defensa legal con fondos públicos debe proteger el cumplimiento del deber, no blindar actos reprochables.

El artículo 77 de la Constitución establece que el uso de los recursos públicos debe estar orientado a fines de interés general. En consecuencia, el financiamiento de la defensa legal de un ministro acusado de realizar expresiones discriminatorias genera un conflicto ético-administrativo, pues se estaría utilizando dinero de todos los peruanos para proteger actos que podrían constituir una afectación directa a un sector históricamente vulnerado como el pueblo Awajún.

En términos de control de legalidad, corresponde evaluar si este acto administrativo —aunque aparentemente válido en su forma— resulta ilegítimo por su contenido y por la finalidad que persigue.

¿Es este el Perú que queremos? ¿Uno donde la discriminación se protege con fondos públicos mientras las comunidades indígenas luchan por ser escuchadas?

Según la Resolución de Secretaría General N.º 087-2025-MINEDU, se formalizó una modificación presupuestaria por 970,950 soles al rubro Defensa Judicial del Estado. Si bien este fondo está legalmente destinado a la defensa jurídica del Estado como institución, existe el riesgo de que parte de estos recursos termine beneficiando a funcionarios de alto nivel involucrados en procesos legales por actos realizados durante su gestión. Esto abre una legítima preocupación ciudadana: ¿estamos financiando con recursos públicos una defensa que debería ser personal?

Durante la gestión del ministro de Educación, Morgan Niccolo Quero Gaime, entre abril de 2024 y abril de 2025, la Secretaría General del Ministerio de Educación emitió 21 resoluciones mediante las cuales se concedió defensa legal a 19 personas —entre funcionarios y exfuncionarios— involucrados en procesos judiciales, investigaciones fiscales y administrativas, en el marco de presuntas responsabilidades derivadas del ejercicio de sus funciones.

En el ajedrez político del Perú, hay piezas que se mueven solas. No importa si están en jaque, si cometieron errores, o si su jugada fue torpe: el tablero se inclina siempre a su favor. ¿Por qué? Porque el Estado ha decidido que ciertos jugadores merecen protección. No importa el color de su ficha ni las reglas del juego.

En aplicación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 284-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N.º 004-2015-SERVIR/GPGSC, denominada “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y exservidores civiles” —modificada por las Resoluciones N.º 185-2016-SERVIR-PE y N.º 103-2017-SERVIR-PE—, ha venido otorgando defensa legal a funcionarios y exfuncionarios. Esta normativa, en su numeral 6.1, establece, entre otros requisitos, que para acceder a dicho beneficio se debe presentar una solicitud expresa dirigida al titular de la entidad, cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 6.3 de la Directiva.

Bajo este marco, se han aprobado 19 defensas legales a favor de funcionarios y exfuncionarios del sector. Aunque se argumenta que el procedimiento se ajusta a la norma, en la práctica se configura un sistema desigual donde los beneficios se otorgan de manera selectiva. Mientras a algunos se les rechaza la solicitud sin mayor explicación, otros —incluido el exministro Daniel Alfaro, el ministro Morgan Quero Nicollo y exfuncionarios— reciben el respaldo del Estado como si se tratara de un privilegio garantizado.

Daniel Alfaro fue ministro de Educación del investigado expresidente Martín Vizcarra.

Entre los beneficiados destacan:

1. Ruth Marina Vilca Tasayco, exjefa encargada de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (Resolución N° 063-2024-MINEDU, Expediente N° 12819-2023, 04/04/2024, presunta indemnización por daños y perjuicios al MINEDU).
2. Rossana María Zurita Silva, exasesora Pedagógica para la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación (Resolución N° 077-2024-MINEDU, Expediente N° 04529-2021, 18/04/2024, presunta comisión del delito de exhibiciones obscena en material educativo).
3. Leoncio Delgado Uribe, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 080-2024-MINEDU, Expediente N° 01938-2023 y Expediente N° 17692-2021-0-1801-JR-LA-84, 25/04/2024 y 03/03/2025, ambos por presunta indemnización por daños y perjuicios al Estado).
4. Willy Arturo Olivera Absi, exjefe de la Oficina De Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 082-2024-MINEDU y N° 120-2024-MINEDU, Expedientes distintos, 25/04/2024 y 2/07/2024, presunta indemnización por daños y perjuicios al Estado).
5. Raúl Antonio Moral Guillén, excoordinador Regional en Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres 09 de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Educación (Resolución N° 083-2024-MINEDU, PAD, 26/04/2024, presunto incumplimiento de funciones).
6. Víctor Enmanuel Luján Ccorahua, excoordinador Regional en Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres 09 de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Educación (Resolución N° 101-2024-MINEDU, PAD, 22/05/2024, presuntamente, incumplimiento de funciones).
7. Ana Del Pilar López Rodas, exdirectora general de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe, y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación (Resolución N° 111-2024-MINEDU, investigación fiscal, 2/07/2024, presunto delito contra la humanidad, discriminación).
8. Catalina Julietta Horna Melo, , excoordinadora del Área de Estudios y Proyectos de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 126-2024-MINEDU, Expediente judicial, 11/07/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Ministerio de Educación).
9. Hernán Jesús Navarro Franco, exencargado de la Unidad de Planeamiento y Normatividad de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación(Resolución N° 160-2024-MINEDU, Expediente N° 03001-2024, 9/09/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Ministerio de Educación).
10. Iván Jimy La Rosa Tong, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resoluciones N° 181-2024-MINEDU y N° 238-2024-MINEDU, expedientes distintos, 27/09/2024 y 13/12/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Ministerio de Educación).
11. Ruth Angélica Ho González, exjefa de la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (Resoluciones N° 183-2024-MINEDU y N° 184-2024-MINEDU, casos fiscales, 1/10/2024, presunta negociación incompatible).
12. Daniel Alfaro Paredes, exministro de Educación, (Resolución N° 193-2024-MINEDU, juicio oral, 16/10/2024, presunta omisión funcional),
13. Morgan Niccolo Quero Gaime, actual ministro de Educación (Resolución N° 208-2024-MINEDU, denuncia fiscal, 31/10/2024, presunto delito contra la humanidad, discriminación).
14. Eric Franklin Paz Meléndez, exjefe de la Oficina de asesoría Jurídica del Ministerio de Educación(Resolución N° 215-2024-MINEDU, Expediente N° 05605-2024, 13/11/2024, presunta, indemnización por daños y perjuicios en perjuicio de la Unidad Ejecutora 108: Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) del Ministerio de Educación).
15. Iván Jimy La Rosa Tong, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 238-2024-MINEDU, Expediente N° 03001-2024, 9/09/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – Ministerio de Educación.
16. Fiorella Angélica Noguera Mendieta (Resolución N° 018-2025-MINEDU, caso fiscal, 22/01/2025, presunta negociación incompatible).
17. Yovana Alfaro Ramos, exjefa de la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (Resolución N° 026-2025-MINEDU, caso fiscal, 30/01/2025, presunta negociación incompatible).
18. María Julia Martínez Reyes, excoordinadora macrorregional de la Unidad de Supervisión de Obras y Mantenimiento de la Oficina de Infraestructura Educativa (Resolución N° 037-2025-MINEDU, Expediente N° 04492-2024, 14/02/2025, presunta indemnización de daños y perjuicios al Ministerio de educación).
19. Nataly Luza Chacón, Especialista Senior en Remuneraciones de la Oficina de Gestión de Personal de la Oficina General de Recursos Humanos (Resolución N° 085-2025-MINEDU, PAD, 9/04/2025, presunta falta disciplinaria).

Casos improcedentes, no recibieron el beneficio de defensa legal de parte del Ministerio de Educación: Roberto Carlos Arrieta Casas – R.M. N.º 140-2024-MINEDU – 05/08/2024 y Rubén Jaramillo Zavala – R.M. N.º 141-2024-MINEDU – 05/08/2024.

Entre los funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Educación involucrados en procedimientos judiciales y administrativos durante el 2024 y 2025, destacan; Ruth Marina Vilca Tasayco, exresponsable del Programa de Nacional de Dotación de Materiales Educativos del Ministerio de Educación, como se recuerda habría estado involucrada en la compra de computadoras por 146 millones de soles, en la gestión del ex ministro de Educación Jaime Saavedra, lo que provocó su interpelación y censura.

En el caso de Rossana María Zurita Silva, exasesora Pedagógica para la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, estaría implicada en la investigación por ser coautora del texto escolar en el que se incluía un enlace con contenido sexual inapropiado para los estudiantes de tercer grado de Educación Secundaria, situación que ocasionó la interpelación de la exministra de Educación Flor Pablo Medina en el gobierno de Martín Vizcarra.

Dos de tres. “Abran campo para la reaparición de Vladimir Cerrón”, pareciera decir la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien ya viene contando los días para su salida de Palacio de Gobierno, no sin antes retirar del camino las piedras y obstáculos del escurridizo líder de Perú Libre, quien en los últimos meses la buena fortuna, y ciertos fallos legales, le vienen sonriendo de par en par.

Y es que hasta hace unos días se ofrecía por el ideólogo del partido del lápiz hasta 500 mil soles por su captura, pero al realizarse una consulta rápida al portal de recompensas del Estado su nombre ya no figura en la lista de los más buscados.

Como se recuerda, a finales de diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) le anuló una condena efectiva de 3 años y 6 meses por el denominado caso ‘Aeródromo Wanka’. En esa ocasión la Corte había concluido que no se había demostrado el delito de colusión simple, ya que la firma del contrato entre el gobierno regional de Junín y el Consorcio Aeródromo Wanka no evidenciaba concertación dolosa ni intención de perjudicar al Estado.

Meses después, en marzo del año en curso, el mismo alto tribunal también le anuló la condena impuesta por negociación incompatible en el caso ‘La Oroya’. De acuerdo al TC, tanto la sentencia original como la resolución de apelación carecían de motivación suficiente al no establecer con claridad los hechos que demostrarían un favorecimiento indebido a un contratista ni el rol específico de Cerrón Rojas en los supuestos delitos.

En ambas ocasiones el ex gobernador de Junín denunció ser un “perseguido político”.

Sin embargo, aún queda en pie una orden de prisión preventiva de 24 meses contra Vladimir Cerrón por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’ y los presuntos aportes ilegales de su partido que habrían favorecido las campañas de Pedro Castillo y Dina Boluarte.

Resulta relevante recalcar que en la actualidad el líder de Perú Libre no cuenta con condena alguna en su contra, así como de no tener inhabilitación alguna para ejercer cualquier cargo de elección popular, pudiendo postularse como alcalde, diputado o senador.

El dato:

No solo Vladimir Cerrón ha sido borrado del mapa del Programa de Recompensas del Mininter. El ex ministro de Transportes, Juan Silva Villegas, también abandonó la lista de los más buscados. Él se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de dos años.

Más falsas que las vacunas que trajo en pandemia. Pensaba que nadie se daría cuenta y que iba a pasar de manera disimulada como con las vacunas que se inoculó, pero fue tanto el escándalo de cientos de ciudadanos que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se puso a revisar los padrones de afiliados a los partidos políticos, encontrándose con una serie de irregularidades en los documentos.

De acuerdo a una investigación de Latina Noticias se pudo constatar que el partido político Perú Primero, del ex presidente Martín Vizcarra Cornejo, había completado su lista de 25 mil afiliados con 5 mil firmas falsificadas, las mismas que no contarían con el consentimiento de los ciudadanos.

Es así que el Reniec va a proceder a denunciar a dicho partido por un intento de “fraude masivo”.

En su reporte, Reniec identificó que el partido del ‘Lagarto’ Vizcarra, que hasta ahora no se da cuenta que se encuentra impedido de postular, había presentado en total más de 5 mil firmas falsas, y que todas estas provenían del mismo puño. Por ejemplo, de las 25 mil 189 rúbricas presentadas por Perú Primero en noviembre de 2022, 1936 fueron rechazadas tras detectarse irregularidades. Durante los años posteriores, hasta noviembre de 2024, la entidad excluyó alrededor de 3181 afiliaciones por el mismo motivo.

La Reniec también precisó que Perú Primero actuó de manera sistemática durante este proceso, puesto a que también «han fraguado huellas digitales«, es decir, se ha colocado una misma huella en distintas fichas de inscripción. 

Pero el partido del ‘Lagarto’ no es el único en jugar sucio para su inscripción. El partido Voces del Pueblo, del congresista Guillermo Bermejo, también había presentado más de 4 mil firmas falsas desde julio de 2023.

De acuerdo a las autoridades del JNE y la Reniec, Perú Primero y Voces del Pueblo estarían incurriendo es el delito de falsedad genérica e ideológica. Por tal motivo, las entidades han presentado las denuncias respectivas para garantizar el cumplimiento de la ley.

Se fueron con las manos vacías. Alcaldes y alcaldesas de la región Cusco se mostraron sumamente indignados luego de haber acudido hoy a la ceremonia de reconocimiento a las municipalidades ganadoras de la octava edición del Premio Nacional Sello Municipal, organizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cartera encabezada por la cuestionada ministra Leslie Urteaga que anteriormente tuvo a su cargo la cartera de Cultura.

Estando ellos incluidos entre los ganadores, las autoridades municipales tuvieron que viajar hasta Lima para recibir el premio que reconocer a aquellos municipios por la mejora de sus servicios públicos y la calidad de vida de las personas en situación de pobreza extrema, sin embargo, se dieron con la amarga sorpresa de que las placas de reconocimiento se habían agotado, desatando la incomodidad e indignación de esas autoridades municipales, que tuvieron que invertir tiempo y dinero para viajar hasta la capital.

No solo las autoridades de la región Cusco se vieron afectadas, sino también se reporta que los representantes municipales de Puno y Junín habrían tenido la misma suerte. Se estima que fueron cerca de 30 alcaldes que tuvieron que retornar a sus jurisdicciones tal como vinieron, ya que las autoridades del Midis le comunicaban que se trataba de una demora del vehículo que transportaba los premios.

El dato:

En esta edición, se convocaron un total de 1,890 municipalidades, de las cuales 1,698 se registraron para participar, logrando un récord histórico. Un total de 1,140 gobiernos locales recibieron este reconocimiento, a través de la Resolución Ministerial N° D000052-2025-MIDIS, lo que marca un hito en esta octava edición del premio nacional.

De estas, 559 municipalidades fueron distinguidas con la insignia Platinum, 394 recibieron la insignia Oro, 23 obtuvieron la insignia Plata y 164 fueron galardonadas con la de Bronce.