El partido político de Rafael López Aliaga, ‘Renovación Popular’, se pronunció con respecto a la medida dispuesta por la Fiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela, y rechazó que busque declarar la ilegalidad de las organizaciones políticas ‘Fuerza Popular’ y ‘País para Todos’. Mediante un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) exhortaron a Espinoza Valenzuela a «avocarse a su función» y no utilizar políticamente sus facultades fiscales. Asimismo, el (CEN) indicó que aquello solo interferiría en el proceso electoral convocado.

Renovación Popular, mediante sus redes sociales, compartió el comunicado oficial, en donde expresó su rechazo ante lo establecido por la mandamás del Ministerio Público.

Fiscalía inició diligencias por denuncia de ilegalidad contra dos partidos políticos

Como se sabe, último jueves 27 de marzo, la Fiscalía inició diligencias contra los partidos ‘Fuerza Popular’ y ‘País para Todos’, por presuntamente haber incurrido en «conductas antidemocráticas».

Según el artículo 14 de la Ley n.º 28094 – Ley de Organizaciones Políticas, la Corte Suprema, a pedido del fiscal de la Nación o defensor del Pueblo, podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos, siendo los siguientes:

1- Vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos.

2- Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que, para la consecución de fines políticos, practiquen el terrorismo o que con su prédica contribuyan a multiplicar los efectos de violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera.

3- Apoyar la acción de organizaciones que practican el terrorismo Y/o el narcotráfico.

‘Renovación Popular’ exige a Delia Espinoza que se avoque a sus funciones.

«RP manifiesta el rechazo rotundo a la utilización política de la facultad de investigar que tiene la fiscal de la Nación, pretendiendo interferir en el proceso electoral ya convocado», se lee en el primer punto anunciado por la agrupación celeste que lidera López Aliaga.

Además, aseguró que sus militantes defenderán el Estado de Derecho y el sistema democrático de gobierno, y garantizarán el respeto irrestricto al derecho constitucional de elegir y ser elegidos que tienen todos los peruanos. Por último, RP exhortó a Delia Espinoza a avocarse exclusivamente a sus funciones, y no interferir en asuntos políticos.

«Exigimos a la fiscal de la Nación avocarse a su función constitucional de investigar y combatir la delincuencia y la criminalidad que mantienen en zozobra a toda la población, haciendo uso eficiente de sus recursos, para lograr dicho fin. El derecho de elegir a sus autoridades las tiene el pueblo peruano, no la fiscal de la Nación», concluyó el CEN del partido.

La exsecretaria personal de la presidenta Dina Boluarte, Patricia Muriano Peralta, pese a que no llegó a Perú para apersonarse al Ministerio Público, y a pesar que el abogado de la mandataria Juan Carlos Portugal intentó frustrar la diligencia, ella declaró de forma virtual ante la Fiscalía durante más de 6 horas por el ‘caso Cirugías’. Según el informe de Hildebrandt en sus Trece, se indica que Muriano Peralta declaró que tres decretos fueron publicados con la firma falsa de la jefa de Estado y todas las intervenciones fueron operaciones de rejuvenecimiento.

En la declaración ante el equipo del fiscal supremo Hernán Mendoza Salvatierra, encargado del área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del MP, Muriano Peralta reconoció su voz y ratificó que el audio difundido es suyo y confirmó que el contenido de este es verídico. De igual modo, ratificó que la expresidenta Dina Boluarte fue sometida a cinco intervenciones quirúrgicas.

Abogado de Boluarte intentó frustrar declaración

Según se dio a conocer, la defensa técnica de la jefa de Estado, Juan Carlos Portugal, tal como lo hizo en diciembre pasado, nuevamente se opuso a que Patricia Muriano declarara ante el Ministerio Público. Sin embargo, el equipo fiscal admitió el testimonio de la examiga de Dina Boluarte, quien ha manifestado que está dispuesta a colaborar con todo lo que se pueda con la investigación del ‘caso cirugías’, pero solo lo hará de forma virtual, ya que no desea volver al Perú y teme por su vida. Incluso, ya habría empezado a tramitar su residencia en Estados Unidos argumentado que es una perseguida política del gobierno de Dina Boluarte Zegarra.

Entre las cosas más importantes que reveló y confirmó, fue que al menos tres decretos supremos que se publicaron en el diario oficial ‘El Peruano’ llevaban una firma falsa de la mandataria. Esto debido a que la presidenta Dina Boluarte se encontraba indispuesta después de las intervenciones estéticas realizadas entre el 28 y 30 de junio del 2023.

Además, mencionó que, si bien el internamiento fue de 48 horas, la jefa de Estado se mantuvo en reposo absoluto hasta el 9 de julio del 2023. En relación a ello, también indicó que el médico Mario Cabani la visitó en dos oportunidades en su vivienda de Surquillo. Sin embargo, él no fue el único galeno que supervisó su estado de salud, porque la expresidenta de EsSalud, María Elena Aguilar del Águila, también estuvo en la Clínica Cabani en la fecha que se realizaron las operaciones a la presidenta Dina Boluarte. Por lo que ella se habría encargado personalmente de supervisar la recuperación postoperatoria de la mandataria.

Muriano es presionada por circulo cercano de la presidenta

Según se ha podido conocer, Patricia Muriano le ha dicho a su círculo más cercano que ha estado recibiendo presiones del círculo de seguridad de la jefa de Estado Dina Boluarte Zegarra para que desconozca el audio en el que se le escucha confirmar las operaciones estéticas de la mandataria, y que niegue que fuera su voz.

¡Qué estaremos pagando! El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, incapaz hasta la fecha de poder reordenar Mesa Redonda y Mercado Central, investigado por traer vagones de tren a sobrecosto, desaparecido durante el último incendio en Barrios Altos pero que sí se encontraba muy predispuesto a tomarse cuanta foto sea posible con un famoso streamer extranjero, ahora acaba de designar a uno de los ingenieros incondicionales del ex burgomaestre Luis Castañeda Lossio, nos referimos al ingeniero José Luis Justiniano Martínez, como el nuevo gerente general de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).

Y es que más que se le recuerde al ingeniero Justiniano Martínez por sus magníficas obras en la ciudad, es recordado solamente por su frase “no se cayó, se desplomó” luego que tratara de explicar la caída del puente de la Solidaridad en el año 2017, luego de la crecida del río Rímac.

El entonces gerente de Infraestructura Vial de Emape, Justiniano Martínez, dijo que la estructura había sido diseñada “por los mejores especialistas del medio” y “de acuerdo a las normas vigentes”.

“No se ha caído, solamente se ha desplomado su apoyo externo. Yo le estoy hablando técnicamente. Usted no me va a entender quizás nunca, porque es periodista”, mencionó al ser interrogado por América TV.

Ahora, de acuerdo a la plataforma oficial del Estado peruano, el ingeniero comenzó a laborar el 8 de marzo de este año en esta dependencia de la Municipalidad de Lima.

Será Justiniano Martínez quien tenga a cargo la firma de acuerdos y convenios con entidades públicas, privadas y organismos internacionales, así como la dirección, ejecución y supervisión del cumplimiento de las decisiones de la empresa. También será responsable de aprobar modificaciones presupuestarias y otras acciones administrativas.

El viento sopla a su favor. Qué coincidencia que a tan solo horas de que la jefa de Estado, Dina Boluarte, anunciara la convocatoria a elecciones generales para abril del 2026, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue absuelto por la Corte Suprema en el caso ‘Aeródromo Wanka’, teniendo que pagar solamente una reparación civil; y por su eso no fuera suficiente, el Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de Cerrón Rojas, anulando su condena de 4 años de prisión preventiva suspendida por el caso ‘La Oroya’.

De acuerdo con la decisión del alto tribunal, las sentencias de primera y segunda instancia carecen de una debida motivación. Esto, dicen los magistrados, porque se condenó al líder de Perú Libre por hechos por los que no fue acusado por la Fiscalía.

Así, en el caso La Oroya, se acusó a Cerrón por solicitar a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) el pago de mayores gastos a favor del Consorcio Altiplano e incumplir sus obligaciones como gobernador regional.

Sin embargo, subraya el TC, en las sentencias condenatorias se llegó a la conclusión de que la negociación incompatible se concretó con la ampliación del plazo para que el consorcio ejecute la obra “Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de la Oroya”, lo que implicó un pago de 850.000 soles adicionales al presupuesto original.

En relación a la sentencia de segunda instancia, el TC determina que también tiene errores de motivación como, por ejemplo, que no se haya desarrollado “de manera objetiva y razonable la existencia de un interés indebido” por parte de Cerrón, interés que sea “ajeno al ejercicio de sus funciones como entonces gobernador regional de Junín”.

Por ello, el TC declaró nulas las sentencias condenatorias y ordenó al Juzgado Penal de primera instancia que emita un nuevo pronunciamiento sobre la acusación de la Fiscalía contra Vladimir Cerrón, es decir, que se determine nuevamente si es culpable o inocente del delito de negociación incompatible.

El dato:

Sobre el prófugo Vladimir Cerrón solo recae una orden de prisión preventiva por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, así como el pago pendiente de dos reparaciones civiles.

Desde el Congreso de la República, el parlamentario Guido Bellido Ugarte ha enviado un oficio al ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, solicitando información sobre el nombramiento de la suboficial PNP Flor Betzabé Cama Trebejo como directora del colegio PNP Santa Rosa de Lima. Esta solicitud responde a las denuncias y documentos que evidencian una gestión deficiente que afecta a una comunidad estudiantil de 900 alumnos de primaria y secundaria.

En el oficio Nº 1927-2024-2025-GBU/CR dirigido al titular del Minedu, Bellido Ugarte menciona la información publicada por Lima Gris y advierte que, según el Convenio Marco N° 002-2019-MINEDU, suscrito entre el Ministerio de Educación y la Policía Nacional del Perú, “se establece expresamente que la designación de directores en colegios administrados por la PNP debe recaer en un Oficial PNP”. Sin embargo, Cama Trebejo es suboficial, lo que, según el oficio, “podría contravenir dicho convenio, generando preocupación sobre el cumplimiento normativo y la gestión adecuada de los centros educativos administrados por la PNP”.

Ante esta situación, el congresista exige al ministro Quero Gaime un «informe detallado sobre el proceso de designación de la dirección de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima y los criterios aplicados para la designación de la suboficial PNP Flor Betzabé Cama Trebejo». Además, solicita explicaciones sobre las acciones que tomará el MINEDU frente a esta aparente vulneración del convenio.

Es importante señalar, que el legislador Guido Bellido es parte de la Comisión de Educación del Congreso de la República y, además, en la misiva menciona que el pedido de información lo realiza en virtud a sus facultades contenidas en los artículos 96 de la Constitución Política del Perú y 87 del Reglamento del Congreso.

El silencio del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior ante estas denuncias es inaceptable. Ambas instituciones tienen el deber de supervisar y garantizar que la normativa se cumpla, evitando que decisiones arbitrarias comprometan la calidad educativa de los colegios contemplados en su convenio. Desde Lima Gris, exhortamos a la Defensoría del Pueblo a intervenir de oficio y exigir medidas inmediatas que protejan el derecho de los estudiantes a una educación de calidad.

La cuestión del proyecto impulsado por el gobierno de la creación de un Ministerio de Infraestructura llegó a la Mesa de Trabajo de hoy en el Congreso. Desde los representantes de diversos entes del Estado se percibía lo que podría llamarse un complaciente optimismo acrítico.

Antes que nada, una cuestión relevante en la creación de un nuevo ministerio es en el caso de Infraestructura determinar la identificación de brechas. Por ejemplo, en caso de necesitarse un hospital en Ancash cuáles serían las características, las cuales son capacidades que hace un ente rector que es el que identifica brechas. Este Ministerio de Infraestructura vendría a ser el ente rector en lo concerniente a obra pública y el que va definir la brecha, el cómo se va a articular, así como su ejecución. Cuando se habla de un plan de infraestructura tendría que estar articulado con los sistemas administrativos de las diferentes rectorías y ello incluye a los distintos niveles de gobierno.

En la mesa de trabajo encabezada por el congresista Rospigliosi, estuvieron presentes los representantes de los diferentes ministerios, así como del gremio empresarial.

El representante de MINEDU hizo hincapié en la necesidad de tener un ente regulador de forma transversal. «Tenemos 55 mil colegios públicos a niveles nacional y la brecha [en infraestructura] es altísima», señaló el representante de MINEDU quien refirió que se podría cerrar la brecha en más de cien años al ritmo que vamos. «Hemos llegado a 6% de presupuesto para infraestructura en educación».  También refirió que la brecha es dinámica debido al paso del tiempo y a efectos del clima.

El representante de Desarrollo Agrario, refirió que un nuevo ministerio sería prácticamente el mismo sistema de trabajo actual que se lleva en todos los ministerios, Pero que en este caso sería una gran unidad ejecutora que es tal como perciben lo propone el proyecto del Ejecutivo.

El representante del Ministerio de Salud, remarcó que lo que se propone es una entidad transversal de coordinación a nivel del Poder Ejecutivo y gobiernos locales y regionales, el cual atendería a mejorar los mecanismos de coordinación en una economía de escala.

El representante de los gobiernos regionales mencionó su preocupación en cuanto a la transferencia de funciones que realiza el Ejecutivo a los poderes regionales, lo cual no sucede de manera uniforme. Y esto porque existen gobiernos regionales a los que se ha transferido determinadas competencias mientras otras siguen concentradas en el gobierno nacional, por lo que invocó, a que se tenga a bien el incorporar una disposición al proyecto planteado por el gobierno, a través de la cual se disponga que la secretaría de descentralización de la PCM, precise los alcances de esta distribución de funciones a favor de gobiernos regionales de forma que quede claro las competencias que ejercerán cuando el ministerio de infraestructura funcione.

En la Mesa de Trabajo del Congreso que ve la creación de un Ministerio de Infraestructura que impulsa el gobierno de Dina Boluarte, oportunamente en su último año al mando; los gremios de la patronal como Confiep y ADEX se mostraron críticos a su existencia.

Desde el sector privado el representante de la Confiep, señor Zapata, se refirió con algo más que dudas a la creación de este ministerio. «Creemos que los problemas que tiene la infraestructura del país no se van a solucionar con un ministerio, los problemas van por otro lado (…) Según el representante de la PCM quien señala que este órgano va ser un órgano planificador. No veo que necesitemos un ministerio para planificar, ya tenemos un plan nacional de infraestructura para la competitividad. Si se va a planificar a nivel de gobiernos regionales entonces ¿para qué están los gobiernos regionales? Después dicen que sería un órgano rector, entonces qué pasa con la OSCE al que acabamos de aprobar una nueva ley de contrataciones por el que se le ofrece más facultades, y a la que hemos reformado varías veces, ha sido CONSUCODE, y ahora OSCE».

El representante de ADEX por su parte mencionó que ya tenemos malas experiencias de la autoridad para la reconstrucción con cambios en cuyo caso solo funcionó para los proyectos simples y no los de envergadura. También estimó que «el gobierno está terminando y no consideramos oportuno que se implemente este ministerio».

 También consideró una de las posibles causas de la ineficiencia de la obra pública debido a «una falta de comunicación efectiva operativa entre los tres niveles de gobierno».  Luego apocalípticamente señaló que, en cuanto a la corrupción, «el 80% de los recursos que se van en corrupción provienen de la ejecución de obras, por lo que concentrar las obras en un solo ente político concentraría la corrupción y el poder político y la discrecionalidad».

Por su parte, Aramayo de COPECO señaló que “no estamos enfocando el problema el cual es la falda de predictibilidad (…)  Nadie ha hecho la comparación de estos diferentes sistemas de modalidades de contrataciones. Mientras tenemos en obra pública un tope del 30% en adicionales [gastos fuera del presupuesto de proyecto] , en lo que es gobierno a gobierno estamos llegando al 200% de adicionales, solo que a estos se les llama eventos compensables donde los presupuestos referenciales se duplican (…) Si con la creación del nuevo ministerio estuviésemos solucionando el tema de la predictibilidad estaríamos en una buena situación. Pero lamentablemente no hemos escuchado eso. El funcionario necesita de cierta subjetividad para solucionar los problemas de lo contrario todo va a seguir igual».

De esta manera, los representantes del sector privado coincidían en su escepticismo respecto al nuevo ministerio para quienes su existencia No va a solucionar los problemas. Y es que entre los grandes problemas de porque no se desarrolla la obra pública en el país está un aspecto emocional: el temor a la contraloría. «El funcionario tiene terror de resolver los problemas que se presentan en obra, si hay que hacer un adicional se lo piensan 50 veces antes de firmar el adicional. Y sin embargo las obras siempre van a tener problemas».

Algo que insistieron los representantes de la patronal es su extrañeza de un proyecto de parte de un gobierno que está a poco más de un año de acabar su gestión. No entienden por qué el gobierno lo hace tomando en cuenta que toda esa transformación va ser muy complejo de llevar a cabo. Solo imaginar lo complicado que será hacer la transferencia de funciones desde los 14 entes a cargo de cada ministerio para crear este súper Ministerio resulta de por sí preocupante. Si ya de por sí la transferencia de institución a institución fue problemática en el pasado respecto a los precedentes en este campo de la ejecución de obras públicas, como fue la otrora autoridad de reconstrucción con cambio que pasó a ser la ANIM, imaginar un escenario a una escala ministerial que lo concentre es de no imaginar. Consideraron finalmente que hacerlo al final del gobierno no era recomendable.

Por su parte, el representante de Contraloría General de la República, informó que su institución tiene un enfoque más proactivo en cuanto al control de ejecución de gastos. Señaló también que en “los últimos diez años se incrementó el número de obras paradas. De 560 obras se pasó a que tengamos 2500 obras de inversión paralizada. Es decir, se pasó de 4 mil millones a tener a la fecha una inversión de 43 mil millones paralizadas». Esto por falta de previsiones presupuestales, abandono de obra, etc.  «El problema central de esto es que el 85% de esto está bajo el ámbito de gobiernos regionales».

Lo que nos lleva a inferir una conclusión. Si el 80% de la corrupción se genera en torno a las obras públicas y el 85% de obras paradas recae en las autoridades regionales, el vínculo nos lleva a imaginar una descentralización de la incompetencia sumada o impulsada por la corrupción. Aunque por otra parte, un hipotético nuevo Ministerio de Infraestructura sería la centralización del espacio donde se concentraría la corrupción y por ende el poder. Quizás la existencia de este ministerio de infraestructura sea el mas peligroso legado del gobierno de Boluarte. Un ministerio nacido de puentes caídos y colegios en ruinas donde se decida dónde, cuándo, cómo y cuánto se configurará el rostro material del Perú, y dónde esa misma riqueza haga emerger una posible nueva elite de burocracia de ladrillo y cemento.

Una vez más, la jefa de Estado Dina Boluarte Zegarra, ignora las críticas en su contra ante su cuestionado Gobierno y hace caso omiso a las numerosas investigaciones que le abrió la Fiscalía de la Nación, desde que asumió la presidencia de la República. Y desde su perspectiva, todas las acusaciones forman parte de un libreto inventado con el objetivo de desestabilizar al Poder Ejecutivo que lidera.

La mandataria Boluarte acudió hasta la Escuela Bicentenario I. E. n.° 3088 Vista Alegre, ubicada en Puente Piedra, junto al también cuestionado ministro de Educación, Morgan Quero, para presidir una ceremonia de presentación ante la presencia de escolares y aprovechó para asegurar que todas las acusaciones en su contra solo son historias inventadas y que sus obras hablarán por su gestión en el futuro.

«Lo hacemos sin detenernos ante las acusaciones y constantes historias que nos inventan, no hacemos más que reírnos y seguir para adelante. Nosotros respondemos con obras. Ahí están los colegios, los hospitales, las carreteras, los puentes y cientos de obras que quedan para el pueblo y que la historia sabrá reconocernos ante quienes nos critican y juzgan por intereses mezquinos», concluyó la cuestionada mandataria.