Al parecer, la presidenta de la República, Dina Boluarte, viene allanándose a las diligencias fiscales que anteriormente desairaba y hoy miércoles 24 de abril, rindió su manifestación en el Ministerio Público desde las 8.30 de la mañana, ante el Fiscal de la Nación Juan Carlos Villena Campana, en el marco de las investigaciones por el caso Qali Warma, señalan fuentes de RPP.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención de la ciudadanía y la prensa, es el excesivo despliegue policial en los exteriores del edificio del Ministerio Público, en el que acordonaron su perímetro.

Asimismo, el vehículo oficial de la presidenta Dina Boluarte, una camioneta Jeep Grand Cherokee de color gris, se retiró de la Sede Central del Ministerio Público, ubicado en la cuadra 5 de la avenida Abancay, en el Cercado de Lima, en medio de una cobertura excesiva de medio centenar de hombres de seguridad, pertenecientes a la división de Seguridad del Estado de la PNP.

Tras la salida de Boluarte Zegarra de la Fiscalía, la Policía antimotín permaneció en los ingresos de la puerta principal, en la avenida Abancay. Asimismo, en los jirones Santa Rosa y Cusco, se halló un cordón policial que permitía únicamente el paso peatonal a Mesa Redonda.

¿A qué le teme la presidenta Dina Boluarte? ¿Por qué hace uso de un excesivo contingente policial para resguardarla?

Mientras, que las calles de los distritos de Lima, están desprotegidas de la criminalidad por falta de policías, la presidenta multiplica su resguardo personal con más de medio centenar de policías.

El abogado Rudecindo Vega calificó a la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar de ser la “mandadera” de la presidenta, Dina Boluarte y de su hermano Nicanor, a quienes tildó de ser: “la pareja presidencial fraternal”.   

Estas declaraciones las vertió en una entrevista en RPP, y responsabilizó a Pérez de Cuellar de haber ordenado a Jorge Rochabrunt Gamarra en su calidad de presidente del directorio del “Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores en Construcción Civil del Perú” (Conafovicer), que lo despida de la gerencia general de dicha entidad por haber criticado al Gobierno y a la presidenta Boluarte, en artículos que él redactó para un diario local.

“En el caso de la ministra y del presidente del Conafovicer son recaderos de los dos hermanos que gobiernan en el Perú, Dina y Nicanor. Son la pareja presidencial fraternal. La ministra no tiene vela en este entierro, no tiene la capacidad de decidir ni impulsar cosas”.

“Lo que sí tiene es una capacidad notoria de recadera. Yo a ella no le emplazo nada, ella ha cumplido su mandato; a los recaderos uno no los cuestiona, ellos cumplen su trabajo”, aseveró Vega.

Carta que envió Hania Pérez de Cuellar al presidente del Conafovicer para que despida a Rudecindo Vega.

El funcionario despedido del Conafovicer, también contó que hace nueves meses, antes de ser separado del cargo, Nicanor Boluarte, fue a buscar a dirigentes de la federación para que le pidan no criticar al Gobierno a cambio de gestionar beneficios para los trabajadores.

“Los trabajadores le dijeron que no, que eso no era posible porque [yo] estaba ejerciendo mi derecho de opinión, fue un pedido que llegó mal”, sostuvo el funcionario despedido.

Federación de Trabajadores de Construcción Civil asegura que Rudecindo Vega fue despedido por dar “declaraciones políticas”

El secretario General de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, aseguró que Rudecindo Vega fue retirado del cargo de presidente del Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores de Construcción Civil del Perú (Conafovicer) por hacer declaraciones políticas a nombre de la institución.

La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, presentó este martes 23 de abril ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria un requerimiento de impedimento de salida del país contra la exfiscal de la Nación, actualmente suspendida en sus funciones Patricia Benavides Vargas, como parte de la investigación que se le sigue por el denominado caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’.

El pedido del órgano fiscal se sustenta en el peligro procesal por la probable pertenencia de Patricia Benavides a la organización criminal presuntamente enquistada en el Ministerio Público, que ha sido respaldado por “numerosos elementos de convicción presentados ante la autoridad judicial”.

Pronunciamiento de Fiscalía por el pedido de impedimento de salida del país, contra Patricia Benavides.

Este requerimiento de impedimento de salida del país contra Benavides Vargas fue presentado el mismo día de que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) del Ministerio Público detuviera preliminarmente a siete personas entre ellos, los exasesores y allegados de Patricia Benavides: Miguel Girao, Abel Hurtado, José Castillo, Mirtha González, Giancarlo Valer, Jorge Palomino y el exagente de la Diviac, Jorge Rodríguez Menacho. Y allanara un total de 21 inmuebles en el denominado operativo ‘Valkiria XI’, por la investigación contra la presunta organización criminal que lideraría la fiscal suspendida.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) resolvió destituir a Daniel Soria Luján del cargo de procurador general del Estado, esto a raíz de un procedimiento en su contra debido a cuestionamientos en su designación.

Mediante la resolución ministerial N.º 0097-2024-JUS, el sector también dispuso que se envíe una copia de la resolución y antecedentes a la Procuraduría General del Estado, a fin de que se proceda con el cese de la contraprestación de Soria y demás acciones administrativas correspondientes, según sus competencias.

Asimismo, se remitirá una copia de la resolución y de sus antecedentes a la Procuraduría del MINJUSDH para que según sus competencias inicien las acciones legales que correspondan en defensa de los intereses de la entidad.

Daniel Soria, el funcionario que sobrevivía desde el gobierno de Martín Vizcarra

Como se recuerda, el pasado 24 de noviembre del año pasado el MINJUSDH, mediante una comisión ad hoc, resolvió suspender temporalmente a Daniel Soria de sus funciones como procurador general del Estado.

Ello, en el marco de un proceso disciplinario iniciado por una advertencia que realizó el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría respecto de que el funcionario no cumplía con los requisitos establecidos cuando fue nombrado en el cargo durante el Gobierno de Martín Vizcarra, según se precisó, solo contaba con un certificado como asesor de la Defensoría del Pueblo.

En febrero de este año, la comisión ad hoc encargada del procedimiento administrativo disciplinario contra Soria recomendó al ministro de Justicia, Eduardo Arana, que se destituya a dicho funcionario.

El documento señalaba que los hechos por los que Soria fue suspendido en noviembre de 2023 “fueron corroborados”. Asimismo, se señaló que “la situación infractora se inicia el 3 de febrero de 2020” y “solo cesará cuando se extinga el vínculo del servidor con la entidad”.

Precisan, además, que Soria se benefició ilícitamente al ostentar un cargo que no le corresponde y que existían indicios suficientes que acreditan que Soria vulneró los principios de probidad, idoneidad y veracidad, regulados en la Ley del Código de Ética.

Tras la revelación de este domingo que el parlamentario Darwin Espinoza (Acción Popular) cometió un intercambio de favores con su colega de Podemos Perú, Kira Alcarraz, para favorecer con un cargo de asesora a una amiga muy cercana suya: Stephanía Cuya; la congresista anunció que retirará de su cargo a su trabajadora de 31 años.

“Ya evalué, ya lo decidí la separación de la señorita (Estefanía Cuya Barzola) hasta que, de alguna manera, esto se vea”, aseguró Alcarraz.

Favor con Favor se paga

En el programa dominical Punto Final, se recordó que el 14 de agosto de 2023, el cuestionado Darwin Espinoza, flamante vocero de Acción Popular, cedió el cupo de su bancada en la comisión de Ética nada menos que a su colega Kira Alcarraz, de Podemos Perú.

Tener una posición en dicha comisión, es muy importante en el Parlamento, porque un voto a favor o en contra de un integrante de dicha comisión podría determinar la suspensión, o no, de un parlamentario por falta grave.

Tres días después, el 17 de agosto de 2023, la congresista de Podemos Perú le devolvió el favor y ese mismo día, contrató en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, que preside, a la amiguita de Espinoza, Stephanía Cuya Bezzolo.

“La vida personal de cada trabajador es su vida personal y yo no le voy a preguntar qué hace o con quién está. Lamentablemente esto se está tergiversando y me quieren inmiscuir a mí por el cupo de Ética”, respondió Alcarraz.

Stephania Cuya Bezzolo, amiga de congresista Darwin Espinoza. Foto: captura Punto Final.

Kira Alcarraz niega haber favorecido a Darwin Espinoza con la abstención de su voto

Hace unos días el 18 de abril, la Comisión de Ética del Congreso aprobó denunciar de oficio al vocero de Acción Popular, Darwin Espinoza, por presuntamente haber utilizado recursos del Congreso para impulsar la inscripción de su partido político, el Movimiento Regional Adelante Áncash. La denuncia contra Espinoza finalmente se aprobó con 13 votos a favor y ninguno en contra. Y el único voto de abstención lo realizó la parlamentaria Kira Alcarraz Agüero.

Parlamentaria se defiende y niega que haya favorecido a su colega de Acción Popular

“¿El cupo de Ética cobras algo más? ¿Te da más personal? No. El cupo de Ética es solamente para que puedas votar y tu votación, en la que uno puede equivocarse, así como lo hacemos en el Pleno, no quiere decir que lo he favorecido porque todos votaron a favor y, si no lo saben, rectifiqué mi votación”.

“La mayoría conoce mi trabajo. Jamás he negociado un voto, Jamás he negociado un cupo de trabajo. Ya renuncié, desde el día jueves renuncié al cupo de Ética y ahora estoy tomando acciones correctivas porque esto ya trasciende y no sigo queriendo que se siga creando una novela”, concluyó la parlamentaria Alcarraz.

A millones de peruanos no les alcanza el sueldo mínimo, y gran parte de ellos ni siquiera llega a los S/1,025 a fin de mes, teniendo que ingeniárselas para llevar un plato de comida en la mesa de sus hogares. Entre las pocas oportunidades y la mala alimentación resulta frecuente que los más necesitados tengan que acudir a los centros hospitalarios en búsqueda de medicamentos o una cita médica, encontrándose solamente con una larguísima fila que de manera silenciosa les va quitando las pocas fuerzas para reclamar. O te sumas a la lista de pacientes o das media vuelta a casa, ese es el dilema de millones de personas que tienen que esperar días, semanas o meses por una bendita atención.

A todo ello se suma la ineficiencia de las máximas autoridades de Salud, pero en una en particular: José Cedrón Caballero, encargado de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE) de EsSalud, entidad responsable de abastecer de medicamentos y citas quirúrgicas los principales centros hospitalarios del seguro social en el país. Su ineptitud ha ocasionado un severo desabastecimiento y la responsable de ello también sería nada menos que la presidenta Dina Boluarte por mantenerlo hasta ahora en su cargo.

El dominical Cuarto Poder contó anoche el meteórico ascenso del abogado José Cedrón Caballero, quien pasó a ser un simple trabajador de Reniec durante la época de Dina Boluarte en dicha institución, a ser una pieza inamovible dentro del gobierno de la mandataria.

Según el reportaje, José Cedrón fue nombrado Jefe de la Oficina de Abastecimiento del MIDIS el 19 octubre del 2021 poco después de visitar en su despacho a Dina Boluarte, quien en aquel entonces era ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

En julio del 2023 y con Dina Boluarte como jefa de Estado, José Cedrón se trasladó a Essalud como Asesor II de la Gerencia de Asesoría Jurídica de EsSalud. Un mes después fue designado Gerente Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE) de Essalud, institución que ejecutan todas las compras de medicina e instrumental médico para todos los hospitales del seguro social en el Perú.

José Cedrón es Jefe de Central de Abastecimiento de Essalud y es el responsable de la compra de medicinas e instrumental médico de todo el seguro de salud en el Perú. Además, como figura en su declaración jurada, trabajó con la presidenta Dina Boluarte ► https://t.co/T3blzG3s0R pic.twitter.com/sBOSw6xqZo

— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) April 22, 2024

Más de 2 mil millones de soles de presupuesto, pero una nula capacidad de gestión de José Cedrón

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 2023 ha presentado resultados desalentadores: de 241 procesos de compra proyectados, con un presupuesto superior a los dos mil millones de soles, solo se concretaron 127 contratos, lo cual representa 418 millones de soles.

Las cifras en rojo citadas en el reportaje evidencian solo un 53% de eficacia en las contrataciones y un 20% en la utilización de los fondos asignados.

Por más increíble que parezca todo esto, Cedrón Caballero se mantiene firme en su puesto, a pesar de las críticas recibidas el cambio de cuatro presidentes ejecutivos en EsSalud —Aurelio Orellana, Rosa Gutiérrez, César Linares y, más recientemente, María Elena Aguilar, quien se mantiene hasta el momento en la cabeza de dicha institución.

Cuando un equipo del reportaje dominical acudió en busca declaraciones, el directivo declinó a hacer comentarios. “No es el momento oportuno, estoy ocupado en este instante”, señaló antes de cerrar la puerta de su vivienda.

Ya es de conocimiento público que la ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuéllar pidió el despido del ahora exgerente general del Conafovicer por sus opiniones críticas contra el gobierno. Esta radical medida está asociada a hechos ocurridos durante el gobierno de Martín Vizcarra en 2018, cuando Rudecindo Vega denunció a Nicanor Boluarte por malos manejos y actos de corrupción en Sencico, una entidad adscrita al Ministerio de Vivienda. Los cargos están documentados por el propio Vega; sin embargo, tras presentarlos, no se abrió ninguna investigación contra el hermano de la presidenta y por eso él tuvo que renunciar a Sencico.

Y cuando renunció el 27 de junio de 2018, Vega ya había enviado a Vizcarra Cornejo un informe de 55 páginas con detalles de su denuncia, sin embargo, “cayó en saco roto”. Y actualmente, resulta explicable por qué el fastidio de Dina Boluarte y Hania Pérez de Cuellar por la presencia de Rudecindo Vega en una institución clave para los proyectos de construcción del gobierno, y revela, además, la importancia de la injerencia que tiene Nicanor Boluarte en el poder de turno.

En ese sentido, el también exministro de las carteras de Vivienda y Trabajo, Rudecindo Vega, acusó a la ministra Hania Pérez de Cuellar de extorsionar al directorio del Conafovicer para que lo despidan, luego de que publicara artículos críticos contra el gobierno de Dina Boluarte y habló sobre la injerencia de su hermano Nicanor Boluarte.

En la entrevista que sostuvo en Exitosa, Vega, aclaró que el Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores en Construcción Civil del Perú (Conafovicer) es una institución privada sin fines de lucro y no recibe ni un sol del gobierno.

Por lo tanto, la injerencia que hace el gobierno no tiene ningún sentido, y con lo realizado contra él, el mensaje de la ministra Pérez de Cuellar: es que no nadie tiene seguridad ni oportunidad en el trabajo si es que se piensa diferente al gobierno.

“A mí me están violando mi derecho a expresarme y mi derecho al pensamiento. La extorsión ha venido con todo a través de los gremios y se ha pisoteado mis derechos”

El exgerente del Conafovicer, Rudecindo Vega, contó que cuando la ministra de Vivienda envió la carta al presidente del directorio de Conafovicer Jorge Rochabrunt Gamarra para que lo despidan, la presentó con 50 páginas adjuntadas de los artículos que él había escrito criticando el régimen de Boluarte. Vega también contó que Rochabrunt además es asesor de Hania Pérez de Cuellar.

Carta enviada por Hania Pérez de Cuellar pidiendo despedir a Rudecindo Vega.

Lo que incomodó a la ministra Pérez de Cuellar, según Vega son tres cosas:

• Por ser un gobierno muy incapaz e inepto, por haber sumido al país en una recesión económica, la más espantosa en los últimos 34 años.
• Por ser un gobierno antidemocrático y bañado en sangre, porque se encuentra el saldo de los 70 muertos de las protestas sin ninguna explicación y pese a ello, existe una denuncia en el Congreso que está paralizada y no la impulsan porque el propio Parlamento juega en pared con la mandataria Boluarte.
• Y por ser un gobierno totalmente corrupto. Él menciona: “porque ya flota sobre la pus”.

Rudecindo Vega, aclaró que como él también ha sido ministro de Vivienda en el gobierno de Toledo, y de Trabajo, en la era Ollanta Humala y Presiente de Sencico, han buscado su historial e información que pueda comprometerlo en algo turbio, pero no encontraron nada.

“Los delincuentes y extorsionadores ya no solamente están en la calle, ahora están en el gobierno”, remarcó.

Presidente Dina Boluarte recibió el apoyo incondicional de Hania Pérez de Cuellar respecto al caso ‘Rolex’.

Y nuevamente explicó que tras salir la publicación que redactó para el diario UNO, cuestionando el atropello que cometen contra la libertad de prensa, la ministra Hania Pérez de Cuellar llamó a los directivos de Capeco y a los dirigentes de Construcción Civil. Y a los de Capeco les mencionó el Decreto de Urgencia para los bonos de Techo Propio, y que ese decreto se paralizaría si no le daban el apoyo. Asimismo, a los de Construcción Civil les dijo que en el ministerio tienen dos representantes del gobierno en el Directorio de Construcción Civil, y que, si no la apoyaban, esos representantes también se retirarían y toda la agenda que estaba pactada con los trabajadores quedaría paralizada.

Ante ese ultimátum de la ministra Pérez de Cuellar, Vega, advirtió: “Más chantaje que ese… o sea es extorsión… Decir presión es un eufemismo; están extorsionando, entonces por esa situación yo decidí renunciar, pero ellos deciden despedirme”.  

En otro pasaje reveló que en una reunión que tenía pauteada con la ministra Pérez de Cuellar, las encargadas del evento le dijeron: “Nos acaba de informar la ministra que usted no entra (a la reunión del Conafovicer)”. Vega explicó que eso se dio luego de que la ministra (sobre la crisis del agua), respondió que ella no tenía ninguna responsabilidad porque eso era responsabilidad de Sedapal; sin embargo, Vega, opinó que ella como titular de Vivienda, no podía ‘sacar el cuerpo’ y no debía ‘lavarse las manos’.

Finalmente, Rudecindo Vega, aseveró que esta historia viene de mucho más atrás, por casos que él reportó sobre Nicanor Boluarte. Y contó: “Hace 9 meses Nicanor Boluarte fue a pedir al Secretario General de la Federación que me pidan que no escriba artículos críticos contra el gobierno y de esa forma, generarían determinados beneficios para los trabajadores de construcción; luego hace unos meses se cambió al presidente de Conafovicer, sin consultar, la practica era que se consultaba con la federación, pero este es un presidente impuesto”.

Por lo visto, el gobierno de Dina Boluarte no tolera a los servidores del Estado que opinen en contra de su mandato y mucho menos que denuncien a su hermano Nicanor por cometer presuntos actos irregulares y al parecer, para ello está la ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuellar, para cuidar la imagen de la mandataria, aunque ella no haya sido designada para esa función; porque la ley establece que Hania Pérez de Cuellar tiene otras labores específicas qué cumplir al mando del Ministerio de Vivienda.

Le dieron la contra. El Poder Judicial (PJ) declaró como “improcedente” la demanda de habeas corpus presentada en favor de la presidenta de la República Dina Boluarte con la que se pretendía anular todo lo actuado en la diligencia de allanamiento que ejecutó la Fiscalía y personal policial de la Diviac en su vivienda ubicada en el distrito de Surquillo, el pasado 29 de marzo como parte de la investigación preliminar que se le sigue el caso Rolex.

El juez constitucional Juan Carlos Núñez Matos desestimó así el recurso interpuesto por el abogado Marco Riveros Ramos a favor de la mandataria contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por una supuesta vulneración del derecho a contar con un fiscal competente y a un debido proceso garantizado.

El magistrado emitió esta sentencia luego que la presidenta Dina Boluarte no cumpliera con el requerimiento que este le hizo para que legalizara su firma ante el especialista a cargo de dicha labor o a través de un notario público en el documento que envió su defensa legal, mediante el cual desautoriza el habeas corpus presentado por el abogado.

El letrado señaló en su demanda que el actual fiscal de la Nación no ha juramentado ante la presidenta de la República, como lo establece el artículo 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, por lo que refirió que se trata de un fiscal “deslegitimado”; y, por ende, todas las actuaciones procesales realizadas hasta la fecha para investigar a la mandataria son nulas.

También sostuvo que quien ha ejecutado el allanamiento al domicilio de la jefa del Estado no fue el fiscal de la Nación, por lo que ha trasgredido el debido proceso en la vertiente de legalidad procesal, y que además se ha iniciado un proceso penal contra la mandataria sin que se haya realizado una denuncia ante el Congreso de la República violentando el debido proceso.

Al respecto, el juez Núñez Matos indicó que en cuanto a lo estipulado en la Ley Orgánica del Ministerio Público respecto a que el fiscal de la Nación presta juramento para ejercer el cargo ante el presidente de la República solo resulta aplicable en el caso del fiscal de la Nación “titular”, algo que no se da en el presente caso al tratarse de un fiscal interino, razón por la cual las actuaciones de Juan Carlos Villena Campana no están deslegitimadas.

Respecto a que el presidente de la República durante su periodo solo puede ser acusado por los supuestos que prevé el artículo 117 de nuestra carta magna, el magistrado sostiene que “ello no es impedimento para se pueda iniciar una investigación preliminar en su contra siempre que existan justificaciones razonables y suficientes que así lo requieran, como lo sería el caso materia de investigación por parte del Ministerio Público”.

Finalmente, el abogado Marco Riveros Ramos presentó el último 20 de abril un recurso de apelación contra la sentencia de dicho magistrado con el fin de que sea revisada por una sala constitucional de Lima.