Se acabaron las barreras. El Tribunal Constitucional (TC) puso punto final a la controversia legal sobre la demolición del muro perimétrico que rodeaba la plazuela San Francisco, en el Cercado de Lima.

A través de una sentencia emitida esta semana, el colegiado declaró infundada la demanda de amparo presentada por la Provincia Franciscana de los Doce Apóstoles contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Cultura (Mincul).

De acuerdo con el fallo, el muro, que fue construido en 1989 como medida de seguridad, no contaba con protección como patrimonio cultural, ni a nivel nacional ni internacional.

El fundamento 16 de la sentencia señala que la construcción original respondió a necesidades de seguridad durante la época del terrorismo y comercio ambulatorio en el Centro de Lima. «Esta situación ha variado […] ya no sería necesario», indicó el TC, respaldando el criterio municipal. 

Por el contrario, incluso la Unesco respaldó su demolición al considerar que no formaba parte de los elementos reconocidos como parte del valor universal excepcional del Centro Histórico de Lima.

El TC también precisó que la demolición, realizada por la comuna limeña en febrero de 2022, fue parte de un plan integral de recuperación y peatonalización del entorno monumental.

La decisión se sustentó en que el muro estaba levantado sobre un bien de propiedad pública y no generaba derechos adquiridos que impidieran su retiro.

En su sentencia, el tribunal descartó que la medida haya afectado la libertad religiosa o las actividades propias del convento y la iglesia San Francisco. Los magistrados señalaron que no se acreditó ninguna restricción al ingreso de fieles ni a las celebraciones litúrgicas.

Finalmente, el TC exhortó a la Municipalidad de Lima y a la comunidad franciscana a establecer mecanismos de coordinación para garantizar que los proyectos de mejoramiento urbano no interfieran con el normal desarrollo de las actividades religiosas.

Hoy, 29 de junio, la Policía Nacional del Perú halló sin vida a José Miguel Castro Gutiérrez, de 51 años, exgerente municipal de la gestión de Susana Villarán y testigo clave en el caso de financiamiento ilegal de campañas políticas en Lima. Castro fue encontrado en el baño de su domicilio, ubicado en la calle Madrid, distrito de Miraflores, con un profundo corte en el cuello de aproximadamente 14 centímetros.

Según el parte policial, al que este medio tuvo acceso, fue su padre, Julio Sergio Castro Gómez, de 81 años, quien halló el cuerpo alrededor de las 10:15 a. m. al ingresar a los servicios higiénicos del inmueble. Castro Gutiérrez había sido visto por última vez a las 10:00 p. m. del día anterior y se encontraba en pijama, tendido en el piso y con signos evidentes de sangrado.

Al lugar acudieron agentes policiales y personal del SAMU, quienes constataron la muerte. El paramédico Kenneth Encinas Panduro indicó que el cuerpo presentaba una herida cortante en el cuello. Además, se hallaron en la escena un cuchillo de cocina con mango de color negro, manchado de sangre, y otro cuchillo con mango de color rojo con similares características.

El hecho ocurre a pocas semanas de que Castro declarara nuevamente ante la Fiscalía en el marco del proceso que investiga la presunta recepción de aportes ilegales de Odebrecht y OAS a las campañas del «No a la revocatoria» y la reelección municipal de Villarán. La Fiscalía ya había incluido a Castro como colaborador eficaz.

La noticia ha generado conmoción y suspicacias en sectores políticos y de la opinión pública, dado el contexto judicial que enfrentaba. El Ministerio Público ha iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer si se trató de un suicidio, como sugiere el informe preliminar, o si hay indicios de participación de terceros.

Una nueva forma de ver televisión ha llegado al Perú. Se trata de NEO TV, un canal diferente, audaz y necesario, que apuesta por contenidos de calidad, pensamiento crítico y conexión con lo esencial: el arte, la cultura, la información y el análisis profundo de la realidad.

NEO TV ya está disponible en múltiples plataformas de acceso nacional, incluyendo Win, Win Plus, TV 360 de Bitel, Zapping, Best Cable, Megatel, Bantel, Yotta TV y en señal abierta a través del canal 18.6 de la Televisión Digital Terrestre.

Bajo el lema “La nueva televisión ya está aquí”, NEO TV presenta una propuesta fresca y comprometida con el contexto actual del Perú, ofreciendo una programación diversa y de alta calidad, pensada para un público exigente, curioso y con ganas de ver más allá del entretenimiento vacío.

Estos son algunos de sus programas emblema:

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• Lima Gris – periodismo de investigación con la conducción de Edwin Cavello.
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• El Ojo está en la Cabeza – una exploración del mundo a través de la fotografía.
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NEO TV no es solo un canal, es una declaración de principios. Es la respuesta a una audiencia que pide algo distinto. Es la televisión que pone en valor el contenido, el talento nacional y la mirada crítica sobre nuestro presente.

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— Revista Lima Gris (@Limagris) June 27, 2025

Descompaginados. La reciente designación de Keila Miroslava Garrido Gonzales como directora de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias ha ocasionado que la Asociación de Bibliotecólogos del Perú (ABP) dé un grito al cielo debido a que la mencionada funcionaria se especializa en criminología y no cuenta con experiencia comprobada en el área de bibliotecología.

Es así que la ABP viene señalando, mediante un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, su “profunda preocupación y enérgico rechazo” a lo que sería una designación de una persona sin perfil idóneo para tan importante cargo dentro de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).

“Hemos tomado conocimiento, con gran inquietud, la designación de la Sra. Keila Miroslava Garrido Gonzales en la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias y la Dirección de Gestión y Articulación de Bibliotecas. Es ALARMANTE que una funcionaria con una trayectoria profesional ajena al ámbito bibliotecario y cultural, especializada en criminología, ocupe puestos donde se necesita personal técnico con conocimiento del tema”, se lee en el pronunciamiento de hoy.

En efecto, según su perfil profesional, Keila Miroslava se dedica a la criminología, trabajando previamente para el Ministerio del Interior que en ese momento lo dirigía el exministro Vicente Romero.

La ABP espera una pronta rectificación por el bienestar y correcto funcionamiento de la BNP, respetándose esta vez la meritocracia y la experiencia requerida.

Llegó a nuestra redacción una carta notarial enviada por la señora Lita Aimé Verástegui Soto, excoordinadora de Incorporación y Desarrollo para la Oficina de Gestión del Talento, del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) solicitando el retiro de la información publicada, concerniente a su persona, de una nota periodística publicada en nuestra web el 19 de junio de 2019, titulada: “Lita Aimé Verástegui Soto, denunciada por presunta estafa ahora trabaja en el Ministerio de Educación”, Según su comunicación, el contenido de dicha nota generaría, un perjuicio en su contra, tanto en el ámbito laboral, familiar y social.

Asimismo, la señora Verastegui Soto, pese a que no nos envió documentación correspondiente del Poder Judicial que corrobore lo que actualmente afirma, indica que el proceso penal que se le incoara en calidad de denunciada por el presunto delito de estafa en agravio del Banco GNB, fue declarada: “No ha lugar a la apertura de instrucción”, según manifiesta, mediante resolución del 16 de noviembre del 2023, por el Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, y que posteriormente, quedó consentida mediante resolución del 28 de diciembre del 2023, archivándose definitivamente los actuados.

Es preciso aclarar, que cuando la señora Verástegui Soto, en su misiva se basa en el inciso 6 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, que reconoce su derecho, a que toda plataforma informática no afecte su intimidad personal y familiar. Debemos aclararle que la nota publicada en la cual se hace mención de su nombre, no tuvo el objetivo, ni mucho menos invadió su esfera íntima y familiar. Lo que se difundió en el informe periodístico fue considerado de interés público, toda vez que, en ese momento, ella se desempeñaba como una funcionaria pública y por ende tenía la condición de servidora del Estado; y, por tanto, la denuncia periodística era pertinente.

Asimismo, si bien, la señora Verástegui Soto también ha pedido la supresión de sus datos personales; es fundamental recordar que el artículo 2, inciso 7 de la Constitución Peruana reconoce a toda persona el derecho a solicitar rectificación ante información que considere agraviante. No obstante, este derecho, según jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, debe ejercerse dentro de un plazo razonable. La doctrina jurídica y la práctica constitucional han establecido que dicho plazo no puede exceder los 60 días desde la publicación del contenido cuestionado.

En ese sentido, la Ley N.º 26847, en su artículo 2, establece que el derecho de rectificación debe solicitarse dentro de los 15 días naturales posteriores a la difusión de la información. En este caso, la publicación data del 19 de junio de 2019. La carta notarial de la señora Verástegui Soto fue recibida más de 2,196 días después, es decir, tras 6 años y 6 días. Esta dilación supera ampliamente cualquier criterio de razonabilidad o vigencia del derecho que ahora pretende ejercer.

Por tanto, consideramos que dicho pedido ha caducado por inacción. De acuerdo con el marco normativo vigente y el principio de preclusión de derechos, ya no resulta procedente ningún pedido. La demora en su solicitud, además de carecer de sustento legal, debilita cualquier pretensión de afectación a la intimidad personal.

Conforme al principio de veracidad y responsabilidad que guía nuestra labor periodística, reafirmamos que Lima Gris actuó dentro del marco legal y ético que regula el ejercicio de la libertad de prensa. Ergo, la nota en cuestión constituye parte del archivo periodístico histórico de nuestro medio.

El Proyecto de Ley N° 4565/2022-PE, aprobado por el Parlamento busca modificar la Ley N° 28832, conocida como la Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica. El objetivo central del proyecto es impulsar la participación de las energías renovables (ER) en el mercado eléctrico nacional, facilitando su acceso y comercialización.

Según la Sociedad Peruana de Energías Renovables, esto permitiría acelerar la transición energética del país, abriendo la puerta a una mayor inversión en tecnologías limpias como la solar, eólica y biomasa. Según especialistas, esta medida no solo contribuiría a combatir la crisis climática, sino también a reducir la dependencia de combustibles fósiles y mejorar la seguridad energética del Perú.

En los últimos años, la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR) ha consolidado su posición como actor clave en la promoción de inversiones en proyectos de energía. Entre los rostros actuales más visibles aparecen: Ricardo Tapia, presidente de la SPR (Grenergy); Juan Pedro Aramburú, vicepresidente de la SPR (Zelestra); y Raquel Carrero, gerente general de la SPR.

Con una ambiciosa cartera que supera los US$ 2 000 millones y más de 90 proyectos eólicos y solares por más de 20 000 MW en evaluación, la SPR trabaja decididamente por descentralizar la matriz energética. Por ello, la SPR continúa con su campaña para el ingreso de la tecnología verde.

Dentro del trabajo que viene realizando la SPR, destaca el impulso o ingreso de centrales RER en regiones como Arequipa, Moquegua, Ica y San Martín. Según datos de la Sociedad Peruana de Energías Renovables, se espera cuadruplicar la capacidad solar con 1 773 MW adicionales para 2026, de los cuales Arequipa concentra más de 9 000 MW proyectados. San Martín y Marcona, aunque menos mencionados en cifras, forman parte del plan estratégico de diversificación del portafolio para llevar inversión y desarrollo sostenible a zonas fuera de Lima.

“Las energías renovables, tanto la eólica como la solar, son baratas y rentables”, ha señalado la SPR. También enfatizó que la combinación de fuentes renovables y almacenamiento “puede garantizar un suministro constante y confiable”. Además, agregaron que “aprovechar las energías renovables bajará tarifas eléctricas para millones”. Con el liderazgo de Ricardo Tapia y Juan Pedro Aramburú, la SPR sigue impulsando  el potencial solar y eólico del Perú, manifestando que “está entre los mejores del mundo”.

Recordemos que en mayo de 2025, la SPR eligió a Ricardo Tapia como presidente para el periodo 2025–2028. Tapia resaltó el reto de expandir la generación renovable en regiones como Arequipa, Moquegua e Ica, y la necesidad de corregir “distorsiones que impiden competencia justa entre tecnologías”. Bajo su liderazgo, la SPR impulsa un enfoque normativo robusto y una planificación descentralizada.

La SPR también ha planteado la creación de una agenda sectorial con enfoque descentralizado, vinculada a la planificación eléctrica territorial, permisos y acceso a terrenos, como también enfatizó Tapia.

Todo es bueno, pero sin exceso. Bienvenido el turismo, pero cuando se pretende explotar un lugar para sacarle el máximo provecho, sin tomar en cuenta su preservación y cuidados, todo lo que alguna vez fue motivo de orgullo se termina convirtiendo en un mercadillo donde todos quieren llevar agua para su molino.

Lo que viene ocurriendo en Machu Picchu no es reciente, pues ya desde hace varios años se viene denunciando que un excesivo aforo podría terminar destruyendo el legado de nuestros antepasados. Las quejas son recurrentes cuando se quiere ingresar y gran parte de ello lo tiene directamente el Ministerio de Cultura (Mincul), el cual está encabezado por el ministro Fabricio Valencia, quien no viene adoptando las medidas necesarias para el correcto ingreso de miles de turistas que vienen exclusivamente al Perú para conocer esa maravilla moderna de la humanidad.

A propósito de la lista elaborada por el portal Travel and Tour World, que ha colocado al santuario inca en la temible ‘lista negra’, pues consideran que “ya no vale la pena visitarla” debido a una serie de demoras al momento de acceder a la llaqta, distintos pobladores del Cusco han manifestado su indignación por lo que vienen realizando las autoridades del Mincul.

“Lamentablemente hemos llegado a esta situación por la culpa de nuestras autoridades. El ministro de Cultura y funcionarios acá en Cusco no han tenido la capacidad de solución para los problemas como el tema de las entradas de Machu Picchu”, comentó uno de los ciudadanos.

Municipio de Macchu Picchu en contra de ‘lista negra’

En tanto, la Municipalidad Distrital de Machu Picchu ha salido a negar que exista una saturación al momento de ingresar a la ciudad inca.

La comunica distrital emitió ayer un pronunciamiento rechazando tales afirmaciones “por no corresponder a la realidad técnica, institucional ni operativa del sitio, sino a interpretaciones sensacionalistas de medios periodísticos que carecen de credibilidad”.

En los últimos puntos, la Municipalidad Distrital de Machu Picchu destaca que mantienen la identidad cultural y experiencia auténtica.Exhorta a la responsabilidad informativa y considera que habría sectores internacionales que “motivados por fines comerciales o geopolíticos, intentan socavar la imagen de nuestro legado cultural, afectando no solo nuestra identidad, sino también el bienestar de las comunidades que dependen del turismo sostenible”.

Se ajustan a la nueva normativa. El Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) ha modificado oficialmente su guía de aborto terapéutico, reduciendo de 15 a 11 los supuestos por los cuales esta práctica está permitida en el país. Entre los cambios más relevantes destaca la eliminación de la violación sexual, la psicosis puerperal y el daño a la salud mental por malformaciones fetales como causales para aplicar este procedimiento médico.

La actualización fue publicada mediante la Resolución Directoral n.º 200-2025-DG-INMP/MINSA, que aprueba la nueva “Guía de Procedimiento de Aborto Terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal”, en concordancia con la Guía Técnica Nacional aprobada por Resolución Ministerial N.º 486-2014-MINSA. Con ello, se deja sin efecto la anterior guía institucional aprobada por Resolución Directoral n.º 100-2024-DG-INMP/MINSA.

Según explicó la parlamentaria Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular), este cambio se logró tras un largo proceso de fiscalización liderado por su despacho. La legisladora señaló que el objetivo fue adecuar el protocolo del INMP a la normativa nacional vigente, eliminando lo que consideró supuestos “irregulares e inconstitucionales”.

“La guía del Materno Perinatal había sido flexibilizada indebidamente, permitiendo causales de aborto terapéutico que no están contempladas en el artículo 119 del Código Penal, como la violación sexual o la salud mental afectada por malformaciones del feto. Esto abría la puerta a abortos que no necesariamente se alineaban con la legislación”, afirmó Jáuregui de Aguayo.

La nueva guía establece que el aborto terapéutico solo procede cuando la vida de la gestante está en riesgo o cuando exista un daño grave y permanente a su salud, criterio que —según el despacho de la congresista— había sido omitido previamente, permitiendo que cualquier daño, incluso leve o transitorio, justificara el procedimiento.

Cuestionamientos

Desde el INMP no se muestran de acuerdo con la reducción, sobre todo cuando se dan casos de niñas y adolescentes víctimas de violación sexual, las cuales recurrían al aborto terapéutico. Sin embargo, son más los casos en donde el desconocimiento prevalecía, recortando la posibilidad del aborto legal.

Al respecto, Susana Chávez, exdirectora de Promsex, criticó la reciente modificatoria, recordando el caso de ‘Camila’, una niña indígena de 13 años que fue víctima de abuso. A ella no se le proporcionó información sobre el aborto legal y seguro.

El dato:

Entre el 2020 y el 2023, en el Perú se han reportado más de 167.000 embarazos infantiles y adolescentes. De todos estos, menos de 500 pudieron acceder al aborto terapéutico.