El congresista José Jerí fue confirmado como candidato de la bancada Somos Perú para integrar la nueva Mesa Directiva del Congreso en el periodo legislativo 2025-2026. A través de un comunicado publicado en la red social X, el grupo parlamentario hizo oficial su postulación, que ya venía siendo comentada desde hace semanas en el Congreso.

En el mismo anuncio, se informó sobre otros cambios internos, como el nombramiento de la congresista Ana Zegarra como nueva vocera, en reemplazo de Héctor Valer. La bancada expresó que Jerí fue elegido por su “capacidad para promover el diálogo y construir consensos” dentro del Parlamento.

Sin embargo, su postulación se da en medio de serias investigaciones fiscales. El legislador del partido del corazón es acusado de presunta agresión sexual contra una mujer que lo señala de haberla atacado y ultrajado durante una reunión en las celebraciones por Año Nuevo en la provincia de Canta. Por este caso, el pasado 15 de julio, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, decidió que la fiscal suprema Zoraida Ávalos continúe con la investigación.

Uno de los aspectos que agrava la situación legal de Jerí es que el Poder Judicial le ordenó seguir un tratamiento psicológico en un centro de salud cercano a su domicilio, medida que debía cumplirse en un plazo de 15 días. Sin embargo, no existen pruebas oficiales de que haya cumplido con esta disposición judicial.

Frente a las acusaciones, el congresista ha insistido en su inocencia y ha asegurado estar colaborando con el Ministerio Público. Según ha declarado, las denuncias en su contra formarían parte de una “campaña de desprestigio”.

Además del caso de presunta agresión, José Jerí también es investigado por un posible enriquecimiento ilícito. En enero de este año, se detectó un incremento en su patrimonio, que de S/97 mil habría pasado a más de un millón de soles sin justificación clara.

Pese a estos cuestionamientos, Somos Perú respalda su candidatura a la Mesa Directiva del Congreso.

La última vez que la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, le tomó más de tres horas decir lo que su gobierno tenía en mente hacer en los próximos 365 días, sin embargo, más fue el tiempo que se tomó en pronunciar su discurso que lo que se realizó de manera efectiva.

En aquella ocasión, la mandataria se despachó hablando sobre mejorar la salud y la educación en el país, pero teniendo a un ministro de Educación como Morgan Quero es más que evidente que esa cartera no es prioridad para ella. Así también desde el sector Salud, las colas no han desaparecido ni la carencia de medicamentos desde que el ministro César Vásquez se encuentra al frente de ese portafolio, al contrario, la situación se ha agravado durante los últimos meses tras las denuncias de tomógrafos presuntamente averiados de manera intencional.

En el aspecto del crimen organizado es más que notorio que la jefa de Estado no ha sabido conducir correctamente sus esfuerzos y todas sus estrategias solo fueron ‘flor de un día’, como los tan ineficientes y repetidos estados de emergencia en distintos departamentos del Perú. Es ahí donde la población no encuentra una respuesta clara por parte del Ejecutivo, llegando a sospechar incluso que estarían coludidos con las más poderosas organizaciones criminales, dejándolos delinquir libremente o realizar el mínimo esfuerzo por capturar a sus cabecillas.

En el ámbito económico, pocos son los proyectos originales de su mandato, arrogándose en varias ocasiones obras iniciadas en otros gobiernos, como por ejemplo el nuevo aeropuerto Jorge Chávez o el megapuerto de Chancay. Para buena fortuna de Boluarte, aún permanece inmóvil Julio Velarde al frente del Banco Central de Reservas del Perú (BCRP); es finalmente él quien le otorga algo de estabilidad a la moneda nacional tras tantos conflictos sociales ocurridos durante los últimos meses.

La jefa de Estado se llena la boca diciendo que estamos mejor a nivel económico, pero la realidad es completamente distinta. A propósito de ello, a casi millón y medio de peruanos no les alcanza su sueldo mínimo para costear media canasta familiar, la misma que borda aproximadamente S/. 1,700.

Otro factor relevante que representa una ‘cruz’ para la mandataria es lo relacionado a la minería ilegal, la misma que representa millones de soles en pérdida al año para la recaudación del país, sin mencionar que también ha significado un coste de decenas de vidas en regiones como La Libertad, Arequipa o Madre de Dios. Ese conflicto se ha visto agudizado hace menos de 10 días con el bloqueo de carreteras en el sur del país, paralizaciones que han significado millones de soles en pérdidas para los agricultores.

Ahora, a un año de que deje el sillón presidencial, ¿volverá a repetir su extenso y vacío discurso sabiendo que no cuenta con el tiempo suficiente para concretar sus promesas? De ser así de aburrido, mejor sería dejarla hablando sola a tener que soportarla repitiendo hasta el cansancio que tiene enemigos que solo se encargan de hacerle “terrorismo de imagen”. Para hacerle vivas y aplaudir como focas están sus ministros y los congresistas que oportunamente han visto conveniente archivar sus denuncias. El 28 de julio los volveremos a ver cómo agachan la cabeza nuevamente.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, enfrenta una denuncia penal presentada ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). La acusación se basa en la firma de contratos por más de 97 millones de soles con el estudio de abogados estadounidense ‘Boies Schiller Flexner’, de propiedad de su amigo personal Martín De Luca.

La denuncia fue presentada por el estudio jurídico Arbizu & Gamarra, dirigido por los exprocuradores Julio Arbizu y Ronald Gamarra. Según el documento, López Aliaga habría incurrido en los delitos de colusión y negociación incompatible al favorecer presuntamente al bufete con contratos sin procesos competitivos transparentes.

El vínculo personal entre el alcalde y el abogado Martín De Luca, ciudadano argentino y socio de Boies Schiller Flexner, ha sido reconocido públicamente por el propio burgomaestre López Aliaga. De hecho, ambos coincidieron en enero de 2025 durante la ceremonia de investidura presidencial de Donald Trump en Estados Unidos. Pocas semanas después en el mes de marzo, la Municipalidad Metropolitana de Lima firmó dos contratos adicionales con el estudio legal de su amigo por un total de 10,8 millones de dólares, lo que ha despertado sospechas sobre un posible conflicto de intereses.

De acuerdo con los denunciantes, esta cercanía pudo haber influido en la elección del bufete, que desde 2023 desde la gestión de López Aliaga, representa a la MML en tribunales norteamericanos. Sin embargo, los resultados obtenidos por este estudio han sido muy desfavorables, especialmente por haber perdido en el proceso para anular dos laudos arbitrales que actualmente obligan al municipio de Lima a pagar aproximadamente 200 millones de dólares a la concesionaria Rutas de Lima.

A pesar de estos fracasos legales, la gestión de López Aliaga continuó contratando al mismo estudio norteamericano, lo que también es cuestionado por el informe legal. Se denuncia que estas contrataciones se realizaron de forma directa, sin competencia efectiva y con procedimientos declarados reservados o poco transparentes.

Paralelamente, la MML decidió poner fin a su relación con el estudio Foley Hoag LLP, favorito del exalcalde Jorge Muñoz Wells, y que brindó servicios legales entre 2019 y 2024. Esta firma también había representado a la Municipalidad en los arbitrajes contra Rutas de Lima, pero fue retirada en mayo de 2025 tras perder los casos.

El caso sigue en investigación, mientras crecen las críticas por el manejo de fondos públicos en los contratos legales de la actual gestión municipal.

El titular de la cartera de Cultura Fabricio Valencia Gibaja, mediante Resolución Ministerial N° 000418-2024-MC designó temporalmente del 21 al 27 de julio de 2025 al abogado Orlando Alonso Barrantes Ravines como responsable de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp-Lambayeque del Pliego 003, la cual depende de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque (DDC), en adicción a sus funciones.

En vista que el responsable de dicha Unidad Ejecutora, y también director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, Carlos Eduardo Wester La Torre hará uso de sus vacaciones durante esas fechas, las labores interinas serán asumidas por Barrantes Ravines.   

Como se recuerda, en febrero del 2011 según la Resolución Directoral N° 000014-2021-UE005/MC el entonces director y responsable de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp, arqueólogo Luis Alfredo Narváez Vargas, excluyó a Orlando Alonso Barrantes Ravines como Secretario Técnico del PAD de dicha Unidad Ejecutora, debido a una denuncia interpuesta por el fiscal Omar Ramos Gaona contra el mencionado abogado, por presuntamente haber incurrido en inconducta funcional y por supuesto abuso de autoridad en su intervención en el Complejo Arqueológico Morro, en puerto Eten, en Chiclayo.

En un país donde la inseguridad ciudadana se agrava cada día y cientos de comisarías operan con vehículos en estado deplorable, el alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha decidido priorizar la compra de autos de alta gama para sus propios oficiales. La medida, autorizada por el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), teniente general Víctor Zanabria Angulo, ha generado una ola de críticas tanto dentro como fuera de la institución.

La adquisición incluye 168 vehículos, entre ellos camionetas Audi para los tenientes generales, como el propio Zanabria Angulo, quien se adjudicó uno de estos lujosos automóviles. Según el portal del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), también se compraron 40 camionetas Toyota RAV4 para los generales (por S/5.2 millones) y 120 Toyota Corolla para los coroneles (por S/11.9 millones). El monto total supera los S/18 millones.

Contraste indignante con la realidad policial

Mientras estas compras se realizan, muchas comisarías en el país operan con patrulleros destartalados, sin combustible suficiente, equipos de comunicación obsoletos y personal mal equipado. Esta realidad contrasta de forma escandalosa con el nivel de gasto para satisfacer las necesidades de confort y estatus de una minoría de oficiales de alto rango.

Los vehículos fueron adquiridos tras un proceso de licitación que incluyó a 13 empresas automotrices, y finalmente fueron adjudicados a las concesionarias Euroshop y Autoespa. Cada vehículo Audi costó S/200,834, las Toyota RAV4 se compraron por S/131,683 cada una, y los Corolla a S/99,292.

Beneficiados y justificaciones legales

Entre los beneficiados, además de Zanabria Angulo, figuran el jefe del Estado Mayor de la PNP, Óscar Arriola; el inspector general Jhony Veliz; y el jefe de Operaciones, Carlos Céspedes. Las autoridades se amparan en una normativa del Ejecutivo que permite el financiamiento de vehículos oficiales. Sin embargo, la ley no establece marcas ni especificaciones de lujo, por lo que la elección recayó completamente en el criterio del Comando Policial.

Además, aunque los vehículos deben ser devueltos a la institución policial al pasar al retiro, existe la posibilidad de que los oficiales los compren a mitad de precio, como lo confirmó el general PNP (r) José Baella, quien criticó la decisión, señalando que en un contexto de creciente criminalidad, la Policía debería enfocar sus recursos en tecnología, armamento, movilidad y condiciones dignas para el personal en las calles. “Se debe tener criterio. Estas compras no son una prioridad cuando las comisarías no pueden operar con eficiencia”, advirtió.

Existiendo drones, motos y otros vehículos, aún se persiste en utilizar, como si estuviéramos en el siglo XIX, caballos para repeler o disuadir multitudes. Los tiempos han cambiado y utilizar equinos como por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) resulta desfasado e injustificado, entendiéndose que vivimos en un mundo civilizado.

En agosto del año 2022, la Primera Sala Constitucional de Lima otorgó una medida cautelar presentada por el Instituto Peruano de Asesoría Legal del Medio Ambiente y la Biodiversidad (IPALEMA) con la que se suspendía el artículo del Reglamento de la PNP que autoriza el empleo de la denominada Policía Montada en eventos o espectáculos públicos; sin embargo, se ha hecho caso omiso de dicha orden judicial.

La sentencia, dictada con los votos de los jueces superiores Ordóñez Alcántara y Tapia Gonzales, concluye que el uso de caballos en operativos policiales no supera el test de proporcionalidad. Según el fallo, “el uso de vehículos de transporte terrestre administrados por la Policía Nacional del Perú, así como de armas disuasivas como las bombas lacrimógenas, constituyen medios idóneos para efectuar un control de multitudes en escenarios de manifestaciones o eventos públicos”.

“(La medida cautelar) dice que no pueden sacar a los caballos mientras se resuelve para los eventos de multitudes, para los espectáculos, para el control de multitudes donde exista la violencia (…) porque existen otros métodos, como las unidades motorizadas”, dijo Sonia Córdova, presidenta de IPALEMA para Canal N.

La activista mencionó que la Policía ha usado caballos en protestas registradas en Arequipa, así como en conflictos con mineros. Indicó que el 14 de julio se ha solicitado a la Sala Constitucional que haga efectiva la advertencia que se le hizo en febrero de 2024 a la PNP para que se denuncie el incumplimiento ante el Ministerio Público y que se inicie un procedimiento disciplinario con posible destitución contra los efectivos responsables.

El dato:

El Ministerio del Interior apeló la sentencia y será la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema la instancia que tendrá la última palabra en este caso.

En un contexto donde la coordinación técnica entre autoridades es crucial para el avance de proyectos de infraestructura, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, decidió no participar en la reunión convocada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), prevista para el martes 22 de julio. La cita tenía como objetivo definir aspectos técnicos del proyecto ferroviario Lima–Chosica, una iniciativa esperada por miles de limeños que enfrentan diariamente problemas de movilidad.

La ausencia del burgomaestre fue confirmada por el propio ministro de Transportes, César Sandoval, quien lamentó públicamente la decisión de López Aliaga. Desde Chiclayo, donde participaba en una actividad oficial, Sandoval declaró: “Lamento mucho, porque desprecia la convocatoria y es su naturaleza de ser. ¿Yo qué puedo hacer? El que está postulando a la candidatura presidencial es él, no yo”.

A pesar de su frustración, el titular del MTC señaló que el encuentro seguirá adelante con el equipo técnico que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha designado como representante. “Con él o sin él, el municipio estará representado”, precisó.

La decisión de López Aliaga responde, según sus propias palabras, a un malestar con el enfoque del ministro Sandoval. Acusó al MTC de adoptar una postura política frente al proyecto ferroviario, y señaló “tratos discutibles” como argumento para justificar su ausencia. “Yo solo he dado amor a este señor”, ironizó el alcalde de Renovación Popular en declaraciones a la prensa, insinuando un trato despectivo por parte del Ejecutivo.

Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada por diversos sectores, que consideran que su negativa a participar en una mesa técnica revela una falta de compromiso institucional frente a un proyecto de impacto metropolitano. En lugar de buscar diálogo o resolver las discrepancias de forma técnica y directa, López Aliaga ha optado por una actitud confrontacional y ausente.

No obstante, su ausencia en espacios de decisión estratégica como esta reunión deja dudas sobre su verdadero interés en concretar un avance tangible. Frente a proyectos de alto interés ciudadano, se espera que las autoridades estén a la altura del cargo, no solo con discursos, sino con presencia, responsabilidad y voluntad de diálogo.

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, no puede evitar estar en el centro de la polémica tras haber lanzado insultos desmedidos y profundamente ofensivos contra Abilia Ramos, presidenta de las Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho, quien días antes denunció la entrega de sangrecita de pollo en mal estado por parte de una empresa contratada por la Municipalidad.

En lugar de responder con responsabilidad ante una denuncia pública que involucra directamente a su gestión edil en la provisión de alimentos básicos para familias vulnerables, el alcalde de Renovación Popular optó por atacar personalmente a la dirigente. “Una olla que estamos localizando, que es politizada, que está ligada a una señora de izquierda, mentirosa, asesina y ladrona”, declaró López Aliaga en un acto público, desatando la indignación de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

Las declaraciones no solo carecen de evidencia y sustento, sino que constituyen una grave falta de respeto hacia una mujer que representa a cientos de madres que, desde 2020, sostienen la alimentación comunitaria en los barrios más golpeados por la crisis económica y social. Lejos de responder con altura a una crítica legítima, López Aliaga optó por el insulto, el desprecio y la desinformación.

Frente a ello, la ‘Red de Ollas Comunes de Lima’ a través de un pronunciamiento público expresó su más enérgico rechazo a las expresiones del alcalde.

“No es solo una falta de respeto personal; es una agresión contra todas las mujeres que, desde el año 2020, respondemos a la desidia del Estado con organización y solidaridad. Nos parece indignante que una autoridad municipal que además pretende postular a la presidencia de la República, se exprese con desprecio hacia quienes hemos sostenido y seguimos sosteniendo la alimentación de miles de familias durante la pandemia y luego, con el alza del costo de vida, la falta de presupuesto y el aumento en el precio de los alimentos”, señalaron.

Recordaron, además que el trabajo de las ollas comunes es voluntario, sostenido con esfuerzo y dignidad, y ha sido fundamental durante la pandemia y la posterior crisis alimentaria.

El detonante del conflicto fue la denuncia sobre la entrega de sangrecita de pollo en pésimo estado a varias ollas comunes de San Juan de Lurigancho. Lejos de anunciar una investigación o verificar las condiciones de la entrega, el alcalde de Lima se refugió en el ataque verbal y la descalificación ideológica. Una estrategia que, según diversos analistas, busca distraer la atención pública de la verdadera gravedad del caso: el posible uso de recursos municipales para entregar alimentos en condiciones inadecuadas.

La ‘Red de Ollas Comunes’ también cuestionó duramente las afirmaciones del burgomaestre respecto a una supuesta disminución de la anemia infantil en Lima, atribuida únicamente a la entrega de sangrecita. Consideraron que esta visión es “simplista, peligrosa e irresponsable”, ya que invisibiliza las múltiples causas del problema, como el acceso limitado a alimentos nutritivos, servicios de salud deficientes y la falta de educación alimentaria.

“Expresamos nuestra extrañeza frente a las declaraciones del acalde que sin respaldo técnico afirma que gracias a su gestión se ha reducido la anemia en Lima Metropolitana, de 70% a 30%. Reducir el problema de la anemia a la entrega de sangrecita es una visión simplista y peligrosa. La anemia es un problema de salud pública multicausal, vinculado a múltiples factores como el acceso a alimentos nutritivos, agua segura, servicios de salud, vivienda adecuada y reducación alimentaria. Invisibilizar esa complejidad con fines propagandísticos es irresponsable”, también señalaron en el pronunciamiento.

A esto se suma la preocupación por el uso político de cifras sin respaldo técnico, justo en momentos en que el alcalde ha manifestado sus intenciones de postular a la presidencia de la República.

Las lideresas de las ollas comunes exigen una rectificación inmediata y una disculpa pública por parte de Rafael López Aliaga. “No se trata solo de una falta de respeto a una compañera. Es un agravio a todas las mujeres que sostenemos con nuestras manos la alimentación de miles de familias peruanas”, expresaron con firmeza.

Desde la sociedad civil, distintas voces se han sumado al repudio. El silencio o la tibieza frente a declaraciones de este calibre normaliza el abuso de poder, la violencia política y la criminalización de la protesta social.

Porque cuando una autoridad insulta sin pruebas a una mujer que exige transparencia, lo que está en juego no es solo su honor: está en juego la dignidad de miles que luchan día a día contra el hambre, la indiferencia estatal y, ahora, también contra la agresión desde el poder.