Las fuertes declaraciones de Jaime Villanueva involucran a congresistas, jueces y fiscales
El colaborador eficaz Jaime Villanueva dio explosivas declaraciones que confirmarían que los negociados entre el Ministerio Público de Patricia Benavides y el Congreso de Alejandro Soto, tendrían como principal objetivo, más allá de remover a la JNJ, librarse de investigaciones penales.
Lima Gris accedió a la última declaración testimonial del colaborador eficaz de Ministerio Púbico y exasesor personal de la suspendida exfiscal de la Nación Patricia Benavides, Jaime Javier Villanueva Barreto y a lo largo de sus páginas, el también llamado “filosofo”, reveló datos importantes que involucran a un grupo de personas, entre ellas, congresistas, periodistas, fiscales y jueces que prácticamente habrían formado un entramado conspirador para cautelar sus intereses partidarios, colocar gente afín en puestos claves y lo más sorprendente, negociar votos congresales para obtener archivamientos en procesos pendientes.
De acuerdo a la Carpeta Fiscal 1228-2023, de la investigada Liz Patricia Benavides Vargas, por el presunto delito de organización criminal y otros, en agravio del Estado la fiscal suprema titular Delia Espinoza Valenzuela a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios públicos y otros fiscales, recibieron las declaraciones de Jaime Villanueva y él admitió conocer al fiscal Álvaro Abilio Castañeda Rojas desde el 2022 y afirmó que coordinó con él, la vez que la fiscal Patricia Benavides le indicó que redactara la denuncia por prevaricato contra los vocales de la Sala Superior que habían dado la medida cautelar a favor de la JNJ, ordenando que no se vote la remoción.
Luego Villanueva se la envió a la congresista Patricia Chirinos, justo el mismo día que ella hizo la denuncia contra los magistrados en el mes de noviembre de 2023, y ese día también se iba a discutir en el Congreso la moción de remoción de los miembros de la JNJ.
Patricia Benavides y Miguel Girao estaban en Arequipa y llamaron a Villanueva, ella le mencionó que ya había coordinado según sus palabras: “con la alta dirección de Fuerza Popular”, se entiende que con Keiko Fujimori. Y que los fujimoristas le habían dicho que para que voten ese día, la Fiscalía tenía que abrirles investigación a los miembros de la Sala, entre tanto, la fiscal Benavides, le dijo a su asesor que ya le había ordenado a Álvaro Castañeda para que haga la denuncia.
Luego que Álvaro Castañeda y Abel Hurtado (coordinador parlamentario) hicieron la denuncia, el “filosofo” se la envió a Patricia Chirinos y había urgencia, porque la fiscal Benavides le mencionó que desde la alta dirección de Fuerza Popular le habían dicho que tenia hasta las dos de la tarde para que les abra investigación a la Sala, porque sin eso, en Fuerza Popular no iban a apoyar para que se vote ese día. Entonces, Chirinos presentó la denuncia y el “filosofo” le pasó esa información al periodista Carlos Paredes y él inmediatamente subió un tuit informando que el Ministerio Público había abierto investigación.
Sin embargo, luego los fujimoristas no cumplieron y en el Congreso no se llegó a votar lo de la remoción. En ese momento, cuando Benavides Vargas y Girao volvieron de Arequipa, ella estaba molesta porque los de Fuerza Popular le habían engañado.
Jaime Villanueva coordinaba las ‘negociaciones’ con la congresista Martha Moyano
Ese mismo día, Villanueva estuvo coordinando con la congresista Martha Moyano y ella le decía que en el Congreso no había el acuerdo con las otras bancadas. Ella le contestó: “tu jefa está que presiona a mi jefa”, y cuando él le contó eso a su jefa Benavides, ella le respondió que la Alta Dirección de Fuerza Popular se había comprometido. Al final, no se hizo y la entonces Fiscal de la Nación le ordenó a Marco Huamán que presente denuncia constitucional contra María Cordero Jon Tay, la ‘mochasueldo’ y que la tenga lista para presentarla, para así mandarle un mensaje al Congreso, que, si no cumplían los acuerdos, se los iba a comenzar a denunciar y efectivamente, a los pocos días se presentó la denuncia contra Cordero Jon Tay.
Además, Villanueva aseveró que al poco tiempo que la señora Benavides asumió el cargo de fiscal de la Nación, la congresista Moyano, que era la vicepresidenta del Congreso, la visitó en la Sala de Embajadores y también participó Villanueva, e intercambió números telefónicos con la parlamentaria y a los meses la fue a visitar al Congreso y ella lo hizo ingresar sin ser registrado por una puerta que da al jirón Junín.
Allí vieron el tema de las denuncias constitucionales que se habían hecho contra la fiscal Benavides y también vieron el tema de la denuncia que se iba a presentar contra Pedro Castillo. Ya en la segunda reunión, a la que Villanueva fue acompañado de Miguel Girao, los recibió Nano Guerra, Patricia Juárez y Miki Torres, en septiembre de 2022. Allí, ellos acordaron que desde Fuerza Popular iban a apoyar en todo lo posible a Patricia Benavides, pero pidieron también por el tema de la investigación de Lavajato, para ver en qué se les podía apoyar, pero él no les respondió nada, porque primero tenia que trasmitirle eso a su jefa Benavides Vargas.
Villanueva recordó que cuando se presentó la denuncia contra Pedro Castillo, lo llamó la congresista Moyano y se reunieron para decirle que esa denuncia no iba a prosperar y que ellos (Fuerza Popular) no iban a apoyar, porque no se podía abrir investigación o acusar al presidente. Ella le dijo literalmente: “si abrimos esa puerta, después cuando nos toque a nosotros… Keiko va a estar llena de investigaciones” y que más bien irían por el lado de la vacancia.
Asimismo, el exasesor confesó que él coordinó desde 2022 con Martha Moyano sus votos para archivar la denuncia contra Patricia Benavides, y también coordinó con ella la inhabilitación de Zoraida Ávalos, para los votos de Fuerza Popular, pero ya en agosto y septiembre, Benavides Vargas le contó que ella había conseguido un canal directo con la alta dirección de Fuerza Popular para la remoción de la JNJ.
Otra cosa que no le gustó a Patricia Benavides, según declaraciones de Villanueva, es que Moyano la visitó personalmente para recriminarle el haber abierto investigación por genocidio a Dina Boluarte y Alberto Otárola, y le increpó que porque había hecho eso, porque el Fujimorismo, así como la apoyaba a ella, también estaba apoyando al gobierno y esa no era una buena señal, porque al gobierno una investigación por Genocidio lo debilitada y Moyano la conminó prácticamente: “Pero entonces, archívelo lo antes que pueda porque no tiene sentido”.
En el momento que a Villanueva le preguntaron sobre las visitas que Martha Moyano le hacía a Patricia Benavides en el Ministerio Público, él aseveró que estas no fueron registradas. “La congresista me llamaba a mí y me decía: “quiero ir a hablar con la fiscal, y yo le decía a Patricia, y Patricia me decía, dile que venga a tal hora y ya yo le decía Martha vente a tal hora, entonces Martha me decía fíjate que no me registren, ella ingresaba en su auto, un auto negro, por el sótano y subía por el ascensor privado por donde sube la Fiscal de la Nación, y se dirigía a la Sala de Embajadores donde era la reunión; las tres veces que vino, eso fue así”.
Martha Moyano pidió que saque a José Domingo Pérez del equipo Lavajato
Asimismo, Villanueva aseveró que, como José Domingo Pérez, algo hizo contra Keiko Fujimori, Martha Moyano volvió a acudir al despacho de la Fiscal de la Nación y le pidió que lo saque del Equipo Lavajato y que también saque a Rafael Vela. Justo, era la época que Pérez estaba postulando para ser juez. Entonces, la fiscal Benavides le explicó que esperara y que como estaba postulando, mejor aguardaran a que se vaya por sus propios méritos. Luego la fiscal le comentó a su subordinado Villanueva, que estaba fastidiada porque Martha Moyano le venía pidiendo muchas cosas.
Alejandro Soto pidió que se le apoye en su investigación de la “Fabrica de Trolls”
Cuando a Jaime Villanueva le hacen la pregunta ¿cómo se realizaron las gestiones en el Congreso para que se agende la moción presentada por Patricia Chirinos? Él respondió que sí, que efectivamente él realizó esa gestión con la legisladora Patricia Chirinos para que ella presente esa moción de remoción de la JNJ.
Sin embargo, la propia Chirinos le explicó que como esa moción no la querían agendar, se tendría que conversar con el presidente del Congreso, Alejandro Soto, pero como Villanueva no lo conocía, su jefa Benavides a través del fiscal Marco Huamán tomó contacto con Soto y entonces el parlamentario puso en agenda la moción y al día siguiente de que fue agendada, Soto pidió urgente una reunión con Villanueva, ya que Benavides Vargas le había comentado al parlamentario que “cualquier cosa lo coordinara con su asesor”. Entonces, cuando Villanueva con Abel visitaron al legislador Soto a su despacho, directamente les pidió que se le apoye en la investigación que se le había abierto por el caso conocido como “Fabrica de Trolls”, e incluso les comentó que eso era una practica usual, y añadió que él se comprometía a que se vote por la remoción.
Cuando le preguntaron a Villanueva ¿por qué razón alentó al congresista Soto para ayudarlo en su investigación? Él respondió que iba a hacer así, porque la propia Patricia Benavides se lo manifestó. Además, él le dijo: “Amiga, para lograr esto los congresistas están pidiendo a cambio en su gran mayoría que se les archive las investigaciones que hay en su contra, digo en su mayoría porque algunos otros pedían que se nombren fiscales. Entonces le digo, van a pedir, esa era la condición. Y le digo ¿vamos o no vamos? de hecho yo le comento a ella y yo le digo, porque ten en cuenta que, si vamos a ir, te vas a quedar empeñada en el Congreso”.
Y cuando Villanueva le pregunta a su jefa: “¿Vamos o no vamos? Patricia Benavides tomó la decisión de ir y le respondió: “Vamos”.
Rafael Vela recomendó a Villanueva ante el congresista José María Balcázar
Jaime Villanueva admitió conocer al congresista Balcázar, y contó que luego de las coordinaciones que había hecho con Martha Moyano, ya tenían el apoyo de lo que ellos llamaban el Bloque Democrático, donde estaban Fuerza Popular, Avanza País, Renovación popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso; es decir, la mayoría.
Sin embargo, luego pensaron que sería mejor conseguir un voto de izquierda, precisamente para quebrar a los votos de la izquierda, entonces Miguel Girao le habló del congresista Balcázar y finalmente se reunieron con él, pero como Balcázar es chiclayano, a Villanueva se le ocurrió llamar a Rafael Vela para preguntarle si lo conocía, y Vela Barba efectivamente, le dijo que lo conocía desde niño, porque Balcázar había sido muy amigo de su padre. “De hecho, me dijo que cuando vaya a verlo le diga el ‘Pibe Balcázar’ y él ya va a entender y que le mande saludos de su parte, entonces cuando fuimos a la reunión, en la oficina de Balcázar, efectivamente, yo le dije ‘Pibe’ y me dijo quién te ha dicho, ‘Vela’, ese muchacho, y eso fue como para romper el hielo”. Posteriormente, se volvieron a reunir, para pedir el apoyo de su voto, y allí el congresista Balcázar sí les pidió lo de su ‘caso’.
Ministros de Estado defienden a prófugo Nicanor Boluarte [VIDEO]
¡Lluvia de escuderos! Los ministros César Vásquez, Durich Whittembury y José Arista se despojaron de sus investiduras sectoriales y han asumido roles de ‘abogados defensores’. Pero esta vez no protegen a la presidenta Dina Boluarte, sino, a su “socio” y hermano, el prófugo de la justicia Nicanor Boluarte Zegarra.
Primero fue el premier Gustavo Adrianzén, que salió a declarar tras la medida de detención preventiva de 36 meses contra Nicanor Boluarte Zegarra, y se atrevió a decir que existe una “judicialización de la política”, mencionando incluso, que hay una soterrada intención de promover una vacancia presidencial.
Seguidamente, hizo lo mismo, el titular de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, al afirmar que el fallo judicial del juez Richard Concepción Carhuancho “no tiene explicaciones técnicas” y que además obedece a un proceso politizado.
Y en menos de unas horas, se sumaron tres ministros “escuderos” para defender, no precisamente, a la presidenta Dina Boluarte; sino a su hermano Nicanor. Quien, en lugar de ponerse a derecho, pasó a la clandestinidad e ingresó a la categoría de prófugo de la justifica.
Escudero 1: Ministro César Vásquez asevera que todo es ‘un show mediático’
El titular del Ministerio de Salud (Minsa), César Vásquez, quizá por una orden de su mentor César Acuña Peralta, ha vinculado esta situación con los esfuerzos que existen para lograr la desestabilización del gobierno y señaló que el juez Richard Concepción Carhuancho tiene “mucho afán mediático”.
El ministro también se pronunció sobre el reciente fallo judicial que dicta 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte y considera que algunos actores políticos buscan desacreditar la gestión de la mandataria, tras el supuesto éxito de la APEC.
Además, cuestionó al juez Richard Concepción Carhuancho por haber tomado la medida y refirió que tiene “mucho afán mediático, y una pasión por las cámaras”. Asimismo, remarcó que el sistema se está politizando porque se afecta la presunción de inocencia, así como la estabilidad política del gobierno, y en especial al propio hermano de la presidenta.
“Estamos vulnerando la presunción de inocencia. Se está desnaturalizando esta medida de prisión preventiva. Uno de los grandes afectados es el señor Boluarte por ser hermano de la presidenta. Hace daño que la justicia se politice”, sostuvo el ministro de Salud.
Escudero 2: Ministro Whittembury pide que ‘justicia no sea politizada’ para Nicanor Boluarte
El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, insinúa que el inicio de la lectura de la resolución que dictó prisión preventiva contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, coincidió estratégicamente con el cierre del Foro APEC y consideró que esto podría ser un intento de desviar la atención de los logros que se alcanzaron en dicha cumbre internacional. Y al momento de ser consultado sobre la medida impuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho, Whittembury se reafirmó en su posición, de que la justicia no debe estar politizada
Escudero 3: Ministro José Arista critica prisión preventiva contra Nicanor Boluarte
Por último, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas José Arista afirmó que, en su condición de ciudadano, le llama la atención que algunas personas sean detenidas durante 36 meses sin una investigación completa. Asimismo, criticó la resolución que dicta prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, advirtiendo que debe respetarse el derecho de las personas a ser tratadas como inocentes, hasta que se demuestre lo contrario.
¡Los niños no se tocan! Existen personas que valiéndose del anonimato de las redes sociales buscan acercarse a nuestros hijos, creándose perfiles falsos o acercándose a ellos a través de los mismos juegos. Personas depravadas que solo buscan saciar sus deseos más enfermizos sin importarles que con ello estarían destrozándole le vida a un inocente.
Se ha publicado la Ley N.° 32169, la misma que penaliza el acoso sexual contra menores de 14 años. Como se recuerda, la norma fue aprobada en el Pleno del Congreso el 31 de octubre pasado.
Para la firma de la autógrafa, realizada en el despacho de la Presidencia del Congreso, estuvo presente Diana Gonzales Delgado, de Avanza País, autora de la iniciativa legislativa. En ese momento, mencionó que, para crear el delito de acoso sexual a menores de 14 años, se tuvo que incorporar el artículo 176-D al Código Penal peruano.
“Esta iniciativa surgió durante las reuniones sostenidas en semana de representación entre el Grupo Multipartidario Arequipa y el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, quien advirtió que la actual tipificación del delito de acoso sexual, como requiere de la negativa de consentimiento por parte de la víctima, no incluye los casos donde la víctima es menor de 14 años”, explicó.
De acuerdo al documento publicado en el diario oficial El Peruano, la persona que “de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía” con una niña o niño, podría recibir una condena de entre seis y nueve años de prisión. Además, podría ser inhabilitado conforme a los numerales 5,9, 10 y 11 del artículo 36 del Código Penal.
“Igual pena se aplica a quien realiza la misma conducta, valiéndose del uso de cualquier tecnología de la información o de la comunicación o cualquier otro medio tecnológico”, indica el texto.
La Ley, oficializada este jueves, lleva las rúbricas de la presidenta Dina Boluarte y del titular de la PCM, Gustavo Adrianzén.
Ministro Demartini cuestiona prisión contra Nicanor Boluarte: “no tiene explicaciones técnicas”
Otro de los ministros que se suma a la “cruzada” para defender al hermano prófugo de la presidenta. El titular del Midis Julio Demartini aseveró que la medida judicial es un “proceso politizado”; sin embargo, evitó opinar sobre la situación de clandestinidad de la que goza Nicanor Boluarte.
Se suma otro ministro a la defensa del prófugo de la justicia, Nicanor Boluarte Zegarra. Esta vez, el titular de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) Julio Demartini, criticó la orden de 36 meses de prisión preventiva impuesta contra el hermano de Dina Boluarte, por el caso “Waykis en la sombra”, y también evitó pronunciarse sobre el hecho que se encuentre en la clandestinidad y no ponerse a derecho.
Demartini aprovechó para responder que su opinión la emite como un “ciudadano común y corriente y también como un funcionario público”, pero no como miembro del Gabinete. Dicha aseveración genera cierta confusión y contradicción.
“Pero vemos un proceso que está siendo politizado, y esa es mi opinión personal. ¿Sabe por qué lo digo? Porque el juez Carhuancho en la detención preliminar, el nuevamente dio una sanción con restricción de la libertad y la sala revoca esa decisión por algo fundamental. Porque el señor Carhuancho señala que el señor Boluarte no tenía arraigo laboral y la sala lo corrige”, sostuvo.
“Ayer nuevamente el señor, después que la sala ya lo ha corregido en la detención preliminar, ahora en la preventiva vuelve a utilizar elementos que ya han sido corregidos por su superior”, añadió el ministro Demartini.
Con respecto a su paso a la clandestinidad, el ministro Julio Demartini no quiso opinar y solo se limitó a decir que Nicanor Boluarte “tomará una decisión adecuada”.
“No puedo opinar porque él tomará sus decisiones. Son decisiones personales de las cuales no me voy a pronunciar. Cada uno asume sus decisiones. Imagino que el señor Boluarte está meritando. Si estoy viendo nuevamente que me están perjudicando en mi libertad, él tomará una decisión adecuada. No voy a opinar al respecto”, indicó.
Asimismo, afirmó que la prisión preventiva contra Nicanor Boluarte “no tiene explicaciones técnicas” y será usado para afectar políticamente a la presidenta Dina Boluarte.
“Estas decisiones que no tienen explicaciones técnicas. Pasan a ser un coro en el campo político que dice ‘presidenta, usted está comprometida, todo está mal, dé un paso al costado’ y eso no es así”, culminó el titular del Midis.
Premier Adrianzén califica como ‘campaña de vacancia’ la prisión preventiva de Nicanor Boluarte
En vista que la presidenta Dina Boluarte no se pronuncia por la prisión preventiva contra su prófugo hermano Nicanor, el premier tomó el rol de “defensor” y criticó al juez Concepción Carhuancho.
El Gobierno se encuentra en su peor crisis, tras la situación penal del hermano presidencial y prófugo de la justicia Nicanor Boluarte Zegarra. Sin embargo, desde el Ejecutivo no ha habido un pronunciamiento formal respecto a esta situación. Y quien nuevamente tomó la posta para fungir como “abogado defensor” de la mandataria, ha sido el presidente del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, quien, tras ser consultado por la prensa sobre el imputado hermano de la jefa de Estado, a quien le dictaron 36 meses de prisión preventiva y ordenaron su inmediata captura, cuestionó y desacreditó un mandato judicial impuesto por el juez Richard Concepción Carhuancho.
Asimismo, Adrianzén, pese a ser abogado y conocer perfectamente, qué implica el no ponerse a derecho ante un mandato judicial, e incurrir en una obstaculización a la justicia, él minimizó la situación de clandestinidad de Nicanor Boluarte y su actual condición de prófugo de la justicia, y apenas mencionó: «seguramente sus abogados podrán presentar los recursos de apelación que crean responsabilidad y se tomará la decisión final».
Asimismo, cuestionó la vinculación de Dina Boluarte con la presunta organización criminal que, según tesis fiscal, habría sido dirigida por su hermano mayor Nicanor, y que tendría como objetivo afectar la continuidad de su cargo de presidenta de la República. «Tengo que denunciar una vez más la judicialización de la política. (…) Hay una afiebrada idea de que existe una organización criminal, y a partir de eso, pretender promover una presunta incapacidad moral de la señora presidenta de la República que podría conducir a su vacancia», aseveró disgustado el titular del Consejo de Ministros.
«Veo sorprendido que mentes atormentadas y confundidas están tratando de vincular y de insinuar que aquello existe (una posible relación entre Dina Boluarte con el caso ‘Los Waykis en la Sombra’. Nosotros no podemos permitir esta idea de presionar para que renuncie; o de promover una vacancia. No tiene ningún asidero», añadió Adrianzén.
Además de ratificar que existe una supuesta judicialización de la política, Adrianzén habló de una “soterrada intención” para promover una presunta incapacidad moral que pueda llevar a su renuncia, o a una eventual vacancia presidencial.
“Nosotros no podemos permitirlo y creo en realidad que no solamente eso, sino que esta idea de presionar para que renuncie, o de promover una vacancia, no tiene ningún asidero. La señora presidenta constitucional está firme en el puesto, su liderazgo respecto al Poder Ejecutivo es indubitable”, culminó el premier escudero.
Gobierno aprobó Ley MAPE en medio de cuestionamientos por el ‘Reinfo’ [VIDEO]
El titular de Energía y Minas Rómulo Mucho aseguró que este jueves el Ejecutivo enviará el proyecto al Congreso para que sea debatido. Sin embargo, la vicepresidenta de la Comisión de Energía del Parlamento, Diana Gonzales, observó poca claridad en diversos aspectos de la ley.
El premier Gustavo Adrianzén confirmó que el Ejecutivo, mediante el reciente Consejo de Ministros, aprobó el proyecto de Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, más conocida como Ley MAPE, que reemplazará al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia termina este 31 de diciembre.
Asimismo, y a pesar de las críticas de los cientos de mineros que se encuentran protestando en la avenida Abancay a inmediaciones del Congreso, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, aseguró que este jueves el Gobierno enviará el proyecto de ley al Parlamento para su debate en la comisión del sector.
Ministro Rómulo Mucho le hace ‘propaganda’ al gobierno de Dina Boluarte y a la Ley MAPE
Asimismo, el ministro de Energía y Minas, no pierde la oportunidad para indicar las bondades de la reciente Ley aprobada por el Gobierno. Y además, se dio tiempo para “resaltar” la supuesta disposición de la presidenta Dina Boluarte, para solucionar y poder formalizar a miles de mineros informales.
«Con este proyecto de ley se evidencia que el Gobierno tiene interés de ordenar esta actividad porque se sabe que estaba pendiente la elaboración de la ley MAPE. La ley busca brindar asistencia técnica con tecnologías limpias, generar incentivo para la formalización, establecer zonas especiales y áreas exclusivas para estas actividades, con potencial minero. Establece procedimientos para la formalización, con las direcciones regionales del Minem», remarcó Rómulo Mucho en conferencia de prensa.
Como se recuerda, desde su implementación en 2017, el Reinfo registró cerca de 90.000 inscritos. Previamente, se advirtió que el registro fue empleado de manera inadecuada, facilitando el avance desmedido de la minería ilegal.
Mineros informales bloquean Panamericana Sur en Ica y Arequipa en desacuerdo con la Ley MAPE
Según informó Máximo Becker, presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, los mineros informales están en desacuerdo con la reciente aprobada ley MAPE y exigen la extensión del ‘Reinfo’ por dos años más.
Más de mil mineros informales mantienen bloqueada la carretera Panamericana Sur en el kilómetro 440 en la provincia de Nasca, en la región Ica, donde la fila de vehículos alcanza los 10 km, y en el kilómetro 782 a la altura del Puente Ocoña, en Camaná, Arequipa. Los mineros informales que se encuentran bloqueando ambos puntos desde ayer, 20 de noviembre, exigen la extensión de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera, porque este documento les permite trabajar en concepciones mineras de terceros, sin embargo, vence este 31 de diciembre.
Solo 2% de los registros que ha tenido el ‘Reinfo’ logró ser formalizado
Dicha cifra obedece a un análisis de Videnza realizado al Registro Integral de Formalización Minera, (Reinfo), que trata de difundir la intención de formalizar, pero sin resultados concretos.
La minería no formal, que comprende a la informal e ilegal, se ha convertido en la actividad que más dinero ilícito genera en el Perú; incluso mucho más que el propio narcotráfico, según lo reportan expertos en temas mineros. En tal sentido, según cifras estimadas por el Instituto Peruano de Economía (IPE), la exportación de oro ilegal se multiplicó hasta por siete veces entre el periodo 2005-2023, y solo este año 2024 alcanzará el máximo histórico de US$ 6,840 millones, un crecimiento de 41%, respecto del 2023.
Mientras Japón abre sus fronteras sin visa a los peruanos, Perú ya tiene un TLC con Hong Kong, a su vez que ha llevado a su perfeccionamiento el TLC con China que permitirá el ingreso de diversas frutas a la China, un mercado de 1400 millones de consumidores. Fue esto lo que resumió el presidente del Congreso, Salhuana que puso como moción del día la comparecencia de los ministerios claves en esta APEC para dar resultados de esta cumbre.
Con mucho entusiasmo Salhuana mencionó el impacto positivo de la cumbre, como es la potencialidad de otras frutas peruanas como la castaña de Madre de Dios. También refirió en el pleno de hoy que que se ha declarado a Perú libre de fiebre aftosa lo cual cristaliza la posibilidad de exportación de carne de ganado vacuno.
«Considero de suma importancia que el Premier, el Canciller, el titular del MEF, el ministro de Agricultura y riego y el titular de Comercio Exterior, asistan al congreso y nos informen cuales son los acuerdos precisos y en qué manera beneficiarán al país en materia agraria, forestal, comercial, de turismo, etc».
La propuesta de Salhuana fue aprobada con 88 votos de aprobación. Los ministros habrán de presentarse este viernes 22 de noviembre a las 9am, a lo que parece una invitación sobre los resultados del APEC, pero que más podría ser una oportunidad para cercar al gobierno.
El Pleno del Congreso de la República aprobó ayer el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 8242/2023-PE, que propone otorgar una asignación especial mensual a los comandos militares que participaron en el exitoso operativo de rescate de rehenes, conocido como “Chavín de Huántar”.
La iniciativa legislativa fue aprobada en primera votación con 77 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones.
La congresista Adriana Tudela Gutiérrez (Avanza País), presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, explicó que la propuesta establece una asignación especial mensual de 2,550.00 nuevos soles para cada uno de los comandos militares involucrados en el operativo.
Este beneficio no será aplicable a los comandos que tengan sentencia firme condenatoria por la comisión de un delito doloso.
Tudela destacó que los miembros de las Fuerzas Armadas son ciudadanos con una profunda vocación de servicio, dedicación y sacrificio por la nación.
«Su función principal es la defensa nacional frente a cualquier amenaza, tanto externa como interna», señaló. Agregó que, a menudo, esta labor implica comprometer la integridad física de los efectivos y poner en riesgo sus vidas.
«Están dispuestos a sacrificar su bienestar personal y su vida para garantizar la paz y la tranquilidad de la ciudadanía, asegurando así nuestra seguridad y el bienestar colectivo del país», expresó la parlamentaria.
Por su parte, la congresista Lady Camones Soriano (APP), presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, indicó que el objetivo de este proyecto es reconocer la valiosa labor de los comandos militares que participaron en el operativo Chavín de Huántar, realizado con éxito el 22 de abril de 1997.
«La finalidad de esta asignación es reconocer las acciones de los comandos militares en el rescate de las 72 personas que se encontraban como rehenes en la residencia de la embajada de Japón», explicó.
Camones precisó que la asignación especial mensual no tiene carácter remunerativo, ni es transferible, ni pensionable, ni hereditario. Además, no está sujeta a cargas sociales.
A su turno, los congresistas Alejandro Soto Reyes y Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, de la bancada Alianza para el Progreso, manifestaron su apoyo al proyecto, destacando que esta asignación es un justo reconocimiento al sacrificio y valentía de quienes pusieron en riesgo su vida por defender a la nación.
El dictamen fue aprobado en segunda votación con 82 votos a favor, 18 en contra y 23 abstenciones.
Mincul: Ministro Fabricio Valencia remueve a los funcionarios Shirley Mozo y Daniel Navarro
Tras la confianza que hace 18 meses le dio la exministra Leslie Urteaga a la cuestionada Shirley Mozo, ella acaba de ser destituida y abandona la Dirección General de Patrimonio Cultural. Asimismo, despidieron al director de Industrias Culturales, Daniel Navarro Reto, un abogado en derecho concursal de Indecopi, y quien se desempeñó como director del Registro de Grados y Títulos de Sunedu.
Ya era hora que se den estos cambios en el Ministerio de Cultura. y como dice el dicho, “Zapatero a sus zapatos”. En tal sentido, la ominosa dinastía que impuso la exministra de Cultura Leslie Urteaga. ha sufrido un leve revés, debido a que al menos algunos funcionarios designados vienen siendo removidos.
La exdirectora de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, Shirley Yda Mozo Mercado, es recordada por haber estado en medio de un escándalo que indignó a los vecinos del distrito de Jesús María en 2021, debido a la postura que ella adoptó en la Dirección General de Patrimonio Cultural del Mincul, a través de su respuesta formal, mediante la Resolución Directoral del Ministerio de Cultura (R.D Nº 000099-2020-DGPC/MC).
En aquella respuesta firmada por Shirley Mozo, ella apoyó el cuestionado proyecto de “Rehabilitación y Acondicionamiento” del Campo de Marte, impulsado por el exalcalde de Jesús María, Jorge Quintana y señalaba literalmente que dicho proyecto: “Mejorará las condiciones de habitabilidad y funcionamiento del espacio público dotándolo de servicios higiénicos, porque actualmente, el Campo de Marte no cuenta con estos servicios y los ciudadanos hacen uso indebido de las áreas verdes y especies arbóreas para sus necesidades fisiológicas”.
Como era de esperarse, los vecinos Jesusmarianos se indignaron, e inmediatamente desmintieron la respuesta de la entonces directora de Patrimonio Cultural Shirley Mozo.
Aquí, la publicación de una vecina de Jesús María, en respuesta a la carta de Shirley Mozo:
Según fuentes del Ministerio de Cultura, Mozo Mercado, también fue una de las protegidas de la exministra Leslie Urteaga Peña.
Finalmente, desde el 19 de noviembre esta señora dejó de dirigir y pertenecer al Programa Sectorial IV de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, según la Resolución Ministerial Nº 000417-2024-MC, donde se señala: “Aceptar la renuncia formulada por la señora Shirley Yda Mozo Mercado”. El documento lleva la rúbrica del ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja.
El ministro Fabricio Valencia en las últimas semanas ha designado a cuestionados personajes para que se desempeñen en el Ministerio de Cultura, pese a que fue advertido. Asimismo, aún no renueva diversos cargos que han sido copados por personas provenientes de Sunedu e Indecopi, con la venia de la exministra Leslie Urteaga. Sin embargo, por lo menos ha removido a Daniel Adolfo Gaspar Navarro Reto, del cargo de Director de Programa Sectorial IV de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, mediante la Resolución Ministerial N° 000418-2024-MC.
Como se sabe, este abogado fue designado por la exministra de Cultura Leslie Urteaga, en enero de este año y según la hoja de vida de Daniel Alfaro Navarro Reto, es un abogado con 20 años de experiencia en cargos directivos y en procedimientos administrativos de derecho de la competencia, protección al consumidor y procesos concursales. En esa línea, se desempeñó como Secretario Técnico en Indecopi, elaborando proyectos de resoluciones finales, de trámites y ejecutando acciones de investigación en materia de consumo.
Además, se desempeñó como director de la Dirección de Fiscalización y Sanción de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), gestionando la fiscalización y sanción a cargo de Sunedu. Y posteriormente, en su calidad de Director de la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la SUNEDU, se dedicó a supervisar la gestión del Registro de Grados y Títulos, y supervisó la gestión de la documentación universitaria y los procesos de emisión de carné universitario, así como la Cooperación Internacional en materia de reconocimientos de grados y títulos.
Afortunadamente, el abogado Navarro Reto no va más en el cargo de Director General de Industrias Culturales y Artes del Mincul. ¡Se esperan más cambios!