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LADRILLERAS CONTAMINAN GRAVEMENTE CUSCO CON GASES TÓXICOS Y CANCERÍGENOS

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Escribe: Edwin Cavello Limas

En medio de la alarma del coronavirus y del dengue en la selva, los pobladores de Cusco luchan su propia batalla contra los gases tóxicos y cancerígenos producidos por 400 hornos de ladrilleras que pertenecen a 168 empresarios que trabajan sin licencia de funcionamiento en el distrito de San Jerónimo en la ciudad imperial.

Las denuncias contra la contaminación que originan las ladrilleras en Cusco vienen desde el año 2007, donde se indica que se ha identificado que, en el distrito de San Jerónimo, provincia de Cusco, se desarrolla la mayor actividad de elaboración de ladrillos y tejas de tipo artesanal de forma ilegal. Lo grave es que las ladrilleras de San Jerónimo trabajan sin licencia de funcionamiento, y durante estos años han venido utilizando ramas de eucalipto, llantas, aserrín, plásticos, entre otros materiales que producen contaminación y envenenamiento en la ciudad de Cusco.

Algunos de los ciudadanos afectados por la contaminación de las ladrilleras. Foto: La República.

Lo sorprendente de esto es que existe la omisión de funciones por parte de la Municipalidad Provincial del Cusco, el Gobierno Regional del Cusco, la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, quienes tendrían sería responsabilidad por permitir hasta el día de hoy el funcionamiento y la emisión de gases altamente tóxicos y cancerígenos por más de 10 años.

La elaboración de ladrillos es la segunda actividad económica más importante después del comercio en el distrito de San Jerónimo, pero se han convertido en letales fuentes de contaminación ambiental en Cusco. Las llantas, aserrín y plásticos usados como combustible son materiales inapropiados que vienen provocando la contaminación al medio ambiente y generando graves problemas de salud en la población.

Conversamos con representantes de la Asociación Vida y Medio Ambiente (Causaninchis Quirinchascca), ellos son pobladores afectados directamente por los 400 hornos de las ladrilleras, y señalan que vienen realizando una lucha permanente contra la contaminación ambiental que afecta a miles de familias cusqueñas.  Los pobladores en Cusco están sufriendo de fibrosis pulmonar, rinitis, asma, quistes paranasales, perdida de vista, dolor de cabeza y de cuello. Además, presentan síntomas de tos y sequedad nasal.

Sobre el tema, Juan Miranda, representante de la Asociación, mencionó “Hay dos denuncias, una es penal que tiene ya tres años, pero lamentablemente el Fiscal del medio ambiente se está haciendo de la vista gorda. Estos fiscales son José Odicio y su adjunto Dueñas. Esos fiscales al ver que somos ciudadanos sin poder económico han estado dilatando el caso. Por otro lado, la OEFA que debe fiscalizar y sancionar, lo único que ha hecho es proteger a las ladrilleras. Nosotros nos hemos dado con la sorpresa que no solo nos enfrentamos a 168 empresarios ladrilleros ilegales, sino también, nos enfrentamos a los oídos sordos de la Fiscalía, la OEFA, la Dirección Regional de Salud, al exalcalde de San Jerónimo y también al actual alcalde Albert Arenas. El exalcalde incluso está incluido en la denuncia penal. No puede ser que a nosotros nos envenenen y nos maten”.

El INFORME WARTHON

En el 2018 se realizó el informe Warthon por la universidad San Antonio Abad de Cusco. El informe es un estudio sobre la calidad de aire (ECA) en San Jerónimo, bajo la responsabilidad de Julio Warthon (Profesor del Departamento de Física de la UNSAAC). En los resultados obtenidos se demostró que efectivamente, la calidad de aire supera los estándares internacionales. Es decir, que el resultado obtenido sobrepasa cuatro veces según los estándares estipulados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente N° 141-2018-OEFA/DSAP-CIND se señala que se encontraron 330 hornos operativos para la fabricación artesanal de ladrillos; 323 se encontraban funcionando en la visita del OEFA. También en el documento se menciona que el uso de combustibles genera contaminantes como dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y partículas de suspensión en la etapa de cocción de los ladrillos.

¿Por qué estas 168 unidades productoras de ladrillos siguen funcionando?  Es la gran pregunta que los pobladores se hacen. Ya que las ladrilleras no tienen licencia de funcionamiento, tampoco cuentan con instrumentos de gestión y certificación ambiental para realizar la elaboración de ladrillos. Además, no cuentan con una zonificación específica para la producción del ladrillo.

 LA DEMANDA

El 10 de febrero de 2020, Juan Miranda, Gloria Rodríguez y Fortunato Nina, de la mano del área de Litigio de Pueblos Indígenas de IDL, presentaron una demanda de amparo Constitucional ante el Poder Judicial de Cusco. En el documento entre los demandados figuran el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Cusco, Miguel Ángel Atausupa Quin; el Director General de la Dirección Regional de Salud de Cusco, Luis Alberto Torres Chávez; el exalcalde Provincial de Cusco, Víctor Boluarte Medina; el exalcalde de San Jerónimo, Willian Paño Chinchazo; la presidenta del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Tessy Torres Sánchez; y el Gerente General y representante legal de la Asociación Tejas y Ladrillos Sucso Aucallli Sociedad Anónima, Susano Condori Ttito.

Dentro de lo que se ha detectado es que la Municipalidad Provincial debió zonificar el espacio geográfico utilizado por los ladrilleros, pues se encuentran ubicados en una zona de reglamentación especial. El Gobierno Regional del Cusco no evaluó ni planificó políticas de servicio de saneamiento de las ladrilleras. La Municipalidad Distrital de San Jerónimo debió cerrar las ladrilleras, pues no cuentan con licencia de funcionamiento. La subgerencia de Normatividad y Gestión Ambiental debió fiscalizar el debido cumplimiento de la normativa ambiental. DIRESA Cusco debió brindar atención médica adecuada a los afectados que viven en el distrito de San Jerónimo. Lamentablemente nada de esto se realizó.

Hay que señalar que el informe de la OEFA recién se hizo público cuando intervino la Defensoría del Pueblo de Cusco, ya que anteriormente los pedidos de información por parte de los pobladores cusqueños eran ignorados. Según Juan Miranda, el Ministerio del Ambiente ocultó la Evaluación Ambiental realizada a las ladrilleras de San Jerónimo por más de nueve meses.

Respuesta a la solicitud de la Defensoria del Pueblo de Cusco.

Nos comunicamos vía telefónica con el alcalde de San Jerónimo, Albert Arenas Yabar. Con él conversamos sobre la problemática de las ladrilleras en su actual gestión. Aquí las preguntas y respuestas de nuestra comunicación.

Alcalde Albert Arenas Yabar.

¿Por qué se permite el funcionamiento de las ladrilleras en San Jerónimo, a pesar que no cuentan con licencia de funcionamiento?

Nosotros asumimos la presente gestión en el año 2019. Inmediatamente se convocó al economista Alejandro Contreras, para que levante un diagnostico situacional del estado de la zona de Tejas y Ladrillos. Ese documento lo tenemos concluido. Previamente tuvimos reuniones de trabajo con el alcalde de Cusco Víctor Boluarte y el Gobernador Regional del Cusco Jean Paul Benavente. Nosotros de acuerdo a ley orgánica como todas las municipalidades, tenemos la Gerencia de Desarrollo Económico. Los lineamientos generales nos dicen que nosotros debemos de promover el desarrollo económico. En el diagnóstico que se realizó nos dicen que existe contaminación ambiental por parte de las ladrilleras. Viendo esos documentos nosotros hemos armado mesas técnicas en las que han participado la Municipalidad del Cusco, el Gobierno Regional del Cusco, DIRESA y la OEFA. El objetivo era que estos señores de Tejas y Ladrillos, cambien su matriz energética, porque ellos utilizan carbón minero…

En el informe de la OEFA se menciona que han estado utilizando ramas de eucalipto, aserrín y se han encontrado llantas alrededor.

Desde el 2014 han dejado de utilizar llantas y plásticos, pero si hasta el 2018 han estado utilizando ramas de eucalipto de la zona de San Jerónimo. No es que saque cara por ellos, pero es la principal industria del distrito y de la provincia de Cusco. El producto de las ladrilleras llega hasta el Brasil y a varias regiones del Perú.

Alcalde, ¿usted me está diciendo que la Municipalidad prioriza la inversión económica y no la salud de la población?

No. Lo que nosotros hemos priorizado es la que la Municipalidad de San Jerónimo junto con la Municipalidad Provincial del Cusco tenemos que contar con los instrumentos de gestión municipal. En este caso es un diagnóstico situacional, y el otro es el plan específico de la zonificación.

¿Quién debe aprobar la zonificación de la zona?

La zonificación lo debe aprobar la Municipalidad Provincial del Cusco. Una vez que tengamos esa zonificación aprobada sabremos si es compatible o no realizar esa actividad comercial.

Entonces, ¿quién es el responsable de que las ladrilleras sigan funcionando sin tener una licencia de funcionamiento?

Ojo, nosotros recién tenemos un año de gestión. Las demás gestiones, aparte de ese informe que usted indica de OEFA de 2018, no han realizado ningún otro tipo de trabajo para recudir o clausurar esos establecimientos. De acuerdo a esos informes la ministra del Medio Ambiente nos ha visitado en la zona, también nos visitó el año pasado el viceministro de Produce, y también hemos recibido al viceministro y a la ministra de Trabajo para ver esa situación. Yo soy consciente que, de acuerdo a esas normas legales de nuestra Constitución Política, la finalidad suprema de un gobierno local es la calidad de vida del poblador. Frente a eso no puedo hacer un trabajo en beneficio de los señores de Tejas y Ladrillos, sino que tengo que velar por la salud de la población de San Jerónimo.

¿Se puede decir que usted tiene la voluntad de subsanar lo que la gestión pasado no ha hecho?

En eso estamos. Le repito que no nos han dejado los instrumentos municipales de ley. Sin esos instrumentos no podemos realizar nosotros ningún tipo de clausura.

Ladrillera en San Jerónimo.

Pero usted como alcalde tiene la autoridad para poder clausurar las ladrilleras.

Una municipalidad tiene un TUPA, y en ese TUPA deben estar los requisitos para obtener licencia, de acuerdo a ese TUPA tenemos que tener nuestro reglamento de sanciones, luego viene lo que son las infracciones y los documentos con lo cual nosotros podemos clausurar. Esa zona donde funcionan las ladrilleras de Tejas y Ladrillos, no está zonificada, por eso quiero explicarle que, en toda la jurisdicción de San Jerónimo de norte a sur, esa zona nunca fue zonificada, o sea, legalmente no estaría identificado. Frente a eso nosotros hemos solicitado a la Municipalidad Provincial del Cusco que nos zonifique esa zona.

Ante la denuncia constitucional y penal contra varios funcionarios que se ha presentado, ¿qué se está haciendo actualmente?

Estamos coordinando con la Municipalidad Provincial de Cusco, con el Gobierno Regional del Cusco y también con la OEFA. Como se sabe, la OEFA le ha dado un plazo a la zona de Tejas y Ladrillos hasta el mes de agosto, ya que tienen que cambiar o adecuar su matriz energética de la ingeniería de quema de ladrillos.

¿Cuál es la posición del actual alcalde de Cusco Ricardo Valderrama?

Justo hoy día nos hemos reunido y hemos conversando con el alcalde de la provincia de Cusco, y le hemos dicho que en manos de él está el tema de la zonificación. Nos han pedido un plazo de tres o cuatro meses, ya que en ese plazo nos van a entregar la zonificación de la zona. Y en base a la zonificación ellos nos pueden decir que esa actividad de Tejas y Ladrillos no funciona, entonces lo que vamos a hacer es proceder con el tema de la clausura de esos establecimientos.

Alcalde Provincial de Cusco Ricardo Valderrama.

Entonces, todavía seguirán funcionando y contaminando las ladrilleras tres o cuatro meses más o lo que dure el proceso de zonificación.

Probablemente, pero nosotros también estamos en plena coordinación con los señores de la OEFA, y seguramente vamos a tener una mesa de trabajo con los señores de la OEFA, Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial de Cusco, DIRESA, y ahí recién tomaremos decisiones que sean de conformidad a las normas legales.

Alcalde, la realidad es que estos gases tóxicos y cancerígenos de las ladrilleras están afectando a miles de personas, ¿cuál es la prevención y atención médica que se le está dando a la población?

Nosotros hemos conversado con las juntas vecinales de la parte colindante, con ellos mismos hemos armados equipos de fiscalización conjuntamente con la OEFA. Cuando hemos hecho nuestro trabajo de fiscalización en las mismas plantas, nosotros no hemos encontrado plásticos ni llantas. Pero sí hemos encontrar carbón minero y aserrín. Nosotros venimos haciendo trabajos de fiscalización inclusive con personal de serenazgo, con ellos a diario se ha programado que realicen ese tipo de actividades conjuntamente con las juntas vecinales.

Muchos pobladores señalan que los hornos de las ladrilleras incluso funcionan de noche.

Funcionan de día y de noche, porque la realidad es que hacen quemas en horas de la mañana, tarde y noche. Aquí hay un señor que se llama Fortunato Nina, ese señor ha llegado a constituir una cooperativa denominada Ninagas. Su objetivo de esa cooperativa era traer gas de Bolivia. Ese señor Fortunato vino a la municipalidad y me presentó una serie de documentos, y me dijo: usted como alcalde tiene que financiarnos la constitución legal de nuestra cooperativa y dos viajes a Bolivia para poder contactarnos y firmar un contrato para que nos traigan gas. De acuerdo a las normas yo no puedo estar financiando a empresas particulares. A raíz de eso nace este problema con este señor, que empezó a realizar una serie de quejas.

¿Usted recibió apoyo económico en su campaña por parte de los empresarios de las ladrilleras?

No, en ningún momento. Mi apellido es Arenas Yabar, muy diferente es mi apellido al de los señores de esa zona.

¿Cuál es el mensaje para la población que está muy preocupada por la contaminación?

Como autoridad tengo que ver todos los ejes de desarrollo de mi distrito. Uno es el tema de desarrollo económico, otro es el tema del medio ambiente, transporte y el crecimiento del tema urbano de nuestro distrito. Como autoridad yo tengo que enfocarme en todos los ejes que están en la ley orgánica de municipalidades. Quiero aclarar que este problema se arrastra desde hace años atrás, es un problema de hace 50 años tanto para el distrito de San Jerónimo como para la provincia de Cusco. Nosotros hemos tomado la decisión política que primero vamos a ver todo el marco legal para que nosotros podamos actuar en las funciones fiscalizadoras.

Alcalde, es un hecho que hay contaminación de gases tóxicos y cancerígenos. ¿Usted como cusqueño estaría de acuerdo en clausurar estas ladrilleras?

Si no sería autoridad ahora, como cusqueño le pediría a la autoridad que tome las medidas correctivas, y esa persona como autoridad, seguro me respondería que primero tiene que ver el marco legal antes de hacer las acciones correspondientes.

Carta enviada la ministro de Salud en agosto del 2019.

Los pobladores afectados enviaron cartas para denunciar sobre la contaminación al ministerio de Salud y al ministerio de Ambiente, sus misivas no tuvieron las respuestas necesarias. Es por eso que también se viene denunciando una supuesta corrupción entre instituciones del Estado y empresarios de Tejas y Ladrillos. En el año 2019 la exministra del Ambiente Lucía Ruiz, visitó el distrito de San Jerónimo y fue bien recibida por el actual alcalde Albert Arenas y por los empresarios de Tejas y Ladrillos que la recibieron entre agasajos, flores y globos de colores. En su vista la ministra señaló que en San Jerónimo hay un tema de salud que los propios empresarios están infringiendo. En abril del 2019 la propia exministra Ruiz, le señaló al alcalde Albert Arenas, que tiene que correr con el tema de zonificación. Pero como vemos después de casi un año no se ha realizado.

Exministra de Ambiente Lucía Ruiz, acompañada del alcalde de San Jerónimo y funcionarios. (Abril de 2019 en Cusco).

Diferentes medios de comunicación vienen denunciando la grave contaminación que está causando las ilegales ladrilleras en Cusco. Diversos videos y fotografías también son publicados en las redes sociales mostrando el gran nivel de contaminación regional. Incluso desde la filmación de un avión se pudo registrar la terrible contaminación en el aire que producen las ladrilleras en la zona sur de la ciudad imperial.

Juan Miranda, defensor del medio ambiente también denunció que los empresarios ladrilleros han tenido la venia y la protección de la actual ministra del Ambiente Fabiola Muñoz. Además, hizo un llamado al presidente Martín Vizcarra para que salve las vidas de los niños, madres gestantes y ancianos de Cusco.

Presidente Martín Vizcarra y ministra de Ambiente Fabiola Muñoz.

Por su parte el abogado de IDL, Juan Carlos Ruiz, mencionó en una entrevista en Exitosa que en San Jerónimo existen alrededor de entre 300 a 500 ladrilleras informales, que pertenecen a 168 dueños. “Estas ladrilleras no tienen licencia ni esta saneado el terreno. Estas ladrilleras deberían de usar otro tipo de mecanismo de combustión, que incluso se les ha ofrecido, pero es la angurria impresionante. Nosotros no estamos en contra la de la actividad empresarial, pero no se puede poner en riesgo la salud de las personas. Se ha presentado el 10 de febrero una demanda de amparo junto a Juan Miranda y otros pobladores directamente afectados ante el juzgado Mixto de la Corte Superior de Cusco, y el 20 de febrero ha sido admitida la demanda, eso significa que requisitos de forma han sido cumplidos, y ahora estamos entrando al tema de fondo, donde la jueza va a citar al Municipio Provincial de Cusco y al Municipio Distrital de San Jerónimo y al Gobierno Regional de Cusco, porque todos ellos tienen competencias y ninguno las ha cumplido”.

Juan Carlos Ruiz, abogado de IDL.
Demanda admitida.

Vía telefónica nos comunicamos con Julio Warthon (Profesor del Departamento de Física de la UNSAAC) responsable del informe del estudio de la calidad del aire en San Jerónimo. Estas fueron sus declaraciones.

Julio Warthon.

¿Qué tan grave es para el ser humano está contaminación que esta produciendo las ladrilleras en San Jerónimo?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) mueren miles de personas al año debido al aire contaminado. La contaminación ambiental en muchos casos genera fibrosis pulmonar y cáncer al pulmón. En Cusco diferentes instituciones han determinado hace quince años que la principal contaminación es del parque automotor seguido de las ladrilleras. Ahora ambos contaminan fuertemente el medio ambiente, porque han crecido desmesuradamente.

Las ladrilleras están contaminando debido a que usan como combustible, ramas de eucalipto, llantas y aserrín entre otras cosas.

Lo que más utilizan es leña que proviene de eucalipto. También utilizan ramas, aserrín y otros derivados. Otro aspecto es que OEFA, en las evaluaciones que ha realizado en este sector, ha encontrado alrededor restos de plásticos y llantas, según lo que indica OEFA en sus informes. Quiero explicar que la materia puede cambiar de estado, es decir, de sólido a gas, la biomasa cuando entra al horno se convierte en gases contaminantes, y luego se convierte en material particulado, lo que llamamos ceniza, ese humo negro. Entonces, son miles de kilos, son más de 330 hornos, saque su cuenta, al día cuántos kilos queman. Estamos hablando de miles de kilos por día. Aquí el problema es que están quemando grandes cantidades de leña.

¿Por qué cree que estás ladrilleras siguen funcionando a pesar que no cuentan con licencia de funcionamiento?

Es que las autoridades han sido cómplices de todo esto y no han hecho nada, es decir, no han cumplido con su función de fiscalizar y sancionar durante años. Aquí los responsables también son todos los funcionarios que han pasado por las instituciones responsable en años anteriores. En el inciso 22  del artículo 2 de la constitución política se señala que tenemos derecho a gozar de un ambiente saludable, y no se ha cumplido eso. El artículo del código penal 304, indica que todo el que vierte gases contaminantes al medio ambiente será pasible de sanción, ya que es delito ambiental, y esa contaminación lo ha identificado OEFA. Son como cinco pruebas contundentes que demuestran que hay contaminación muy fuerte.

Esta grave contaminación reduce el tiempo de vida, y los más afectados son los niños y ancianos.

Así es, los niños y las personas mayores. El efecto de la contaminación no es de un día para otro, sino, cuando las personas ya cumplen cincuenta o sesenta años, es ahí cuando comienzan a tener problemas de fibrosis pulmonar. Los niños que están en crecimiento también son los afectados, al igual que las madres. Ahorita se está desarrollando un estudio con la Cayetano Heredia en ese sentido. Ahora esperemos que el Poder Judicial cumpla su rol, para que exista sanción contra todas estas autoridades. Porque mire usted, estos empresarios ladrilleros parece que tuvieran una especie de carta blanca, porque durante años nadie les hace nada, parecen intocables, a qué debe eso. O sea, ellos si pueden contaminar nuestro medio ambiente y transgredir nuestros derechos y nadie les dice nada.

Marcha de empresarios de la ladrillera de ayer martes 10 de marzo.

Ayer por la mañana los empresarios y trabajadores de la ladrillera de San Jerónimo realizaron una marcha como protesta por las denuncias que se viene realizando con la contaminación que originan las ladrilleras en Cusco. En el comunicado que fue distribuido a la población se lee:

“El Cusco y el país deberían saber que la industria ladrillera en Cusco, actualmente da puestos directos de trabajo a más de 3, 500 personas, sin contar con los puestos de trabajo indirecto, como proveedores y estibadores, comerciantes, transportistas y demás, no obstante pretender cerrar la industria más importante de la región con el pretexto de la contaminación ambiental, no nos parece correcto, más aún cuando las actuales autoridades ofrecieron traer el gas virtual para nuestra ciudad”.

En el comunicado los empresarios de las ladrilleras también mencionan que “El alcalde de San Jerónimo en su campaña electoral ofreció todo su empeño en el objetivo de traer gas virtual, similar a lo que tiene Arequipa, sin embargo, hasta ahora ni siquiera promesas hay. En el mes de julio del año pasado sostuvimos una reunión en el despacho del alcalde con el ingeniero Néstor Zegarra, Director del Programa de Masificación del Gas, organismo que depende de Pro Inversión, en esa oportunidad dijo que la licitación para nueve departamentos, entre ellos Cusco, se haría en septiembre del 2019, estamos en marzo del 2020 y no tenemos nada”.

Sobre el comunicado de los empresarios ladrilleros, conversamos con Sandra Chavarría, Ingeniera, Consultor y Experta Internacional en Energía (Hidrocarburos y Electricidad), Ecología y Recursos Naturales (Energía y Minería). La doctora mencionó “El comunicado es una muy buena estrategia. Si bien el problema del gas natural es un problema que existe, pero ellos saben perfectamente que es fácil teniendo los medios poder cambiar de tecnología, y al tener zepelines de almacenamiento la disposición del gas está. Yo no veo que ese sea un problema”.

Mientras tanto, miles de personas siguen respirando el aire contaminado en Cusco, que representa ya un problema regional y que lamentablemente hasta la fecha las instituciones responsables de fiscalizar y sancionar siguen mirando a un costado ¿Qué intereses se esconde entre los empresarios de las ladrilleras y los funcionarios del Estado? La incapacidad por parte del gobierno central mediante el Ministerio del Ambiente y Salud ha sido sorprendente, a pesar de tener conocimiento de la contaminación a gran escala que existe en la ciudad imperial. Todos evaden responsabilidades e intentan lavarse las manos, pero no por el coronavirus, sino por esta tremenda incapacidad institucional.

Mientras esto sucede, en Cusco miles de niños, jóvenes, madres gestantes y adultos mayores se mueren lentamente.

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Edwin Cavello Limas. Periodista y cinéfilo. Es CEO y director de la revista, radio y TV Lima Gris. Fue editor de la revista ONCE, Actualmente es columnista del diario La Razón, Editor de Cultura de Diario UNO y conductor del programa Lima Gris que se transmite por Radio Planicie 91.5.FM.

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Profesor de Bellas Artes amenaza con querellar a sus colegas por difundir publicación periodística

Mauro Yrigoyen Fajardo, docente y esposo de la directora de Bellas Artes, ha amenazado con denunciar a profesores que compartieron una nota periodística que lo vincula a millonarios beneficios judiciales.

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Una reciente publicación de Lima Gris titulada: Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales ha reavivado tensiones dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP). El informe periodístico revela que la actual directora general, Eva Dalila López Miranda, su esposo, el profesor Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo, y un grupo de docentes cercanos a la gestión, interpusieron demandas judiciales para obtener millonarios pagos por presuntos beneficios laborales, pese a que existirían fundamentos administrativos que cuestionan la legalidad de tales compensaciones.

Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtienen millonarios pagos, tras demandar a la institución donde laboran

Frente a la difusión de esta información —de acceso público y de interés institucional— el profesor Yrigoyen Fajardo ha optado por una respuesta que ha sido calificada por sus colegas como intimidatoria: ha amenazado con querellas por difamación a quienes compartan o comenten el contenido de la mencionada nota.

«Dejen de replicar una nota que la hace suya al publicarla y que no se ajusta a la verdad, o les haré una querella por difamación», se lee en el mensaje del docente Mauro Yrigoyen.

La advertencia se realizó en un grupo de WhatsApp denominado “DOCENTES_ENSABAP”, donde participan profesores de la casa de estudios. En dicho espacio, Yrigoyen Fajardo afirmó que las demandas iniciadas en 2014 por un grupo de 22 docentes —incluyéndose él mismo— fueron procesos ganados legalmente y que aún se encuentran en etapa de liquidación. También señaló que no se ha percibido monto alguno, y que el desembolso no le corresponde a la universidad bellasartina, sino al Ministerio de Educación y a la Procuraduría General del Estado. Además, alegó que se está atentando contra su honor por bajezas personales.

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Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales

La Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtuvieron millonarios pagos tras demandar a la institución donde laboran. A través de procesos judiciales, lograron beneficios que, en algunos casos, superan el medio millón de soles por persona. En total, los requerimientos económicos de este grupo ascienden a la millonaria suma de más de 5 millones de soles.

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La actual directora general de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP), antes Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú (ENSABAP), Eva Dalila López Miranda, su esposo Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo y un grupo de docentes allegados, han protagonizado una serie de demandas judiciales contra la institución. A través de estas acciones legales, han obtenido y buscan obtener millonarios pagos por supuestos beneficios laborales, pese a que existen fundamentos legales y administrativos que indicarían que tales compensaciones no les corresponden.

Una estrategia judicial

Desde hace varios años, un grupo de docentes vinculados a la Dirección ha instaurado una práctica sistemática de llevar al ámbito judicial diversos reclamos laborales. Esta tendencia, definida por trabajadores internos como el “modus operandi de judicializar todo”, ha resultado en múltiples juicios contra Bellas Artes, los cuales han permitido a los demandantes obtener beneficios económicos que en condiciones regulares serían improbables.

Mauro Yrigoyen, Eva López y Antonio Pimentel.

Entre los casos más llamativos se encuentra el uso de demandas judiciales para obtener grados académicos sin haber cumplido los requisitos establecidos por ley. En algunos expedientes, jueces han ordenado que se reconozca el grado de bachiller a docentes que solo contaban con un título profesional a nombre de la Nación, sin tesis ni el proceso universitario correspondiente. Es la primera vez que un juez dispone homologar un título profesional como equivalente al grado académico de bachiller sin sustentación de tesis.

Grado de Eva Dalila López Miranda (Directora General de Bellas Artes).

Grado de Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (Esposo de la Directora General).

Grado de Herminio Andía Chávez (Director de Centro Pre Bellas Artes (Cepreba).

Demandas por beneficios millonarios

El patrón se repite en el terreno económico. Eva López Miranda, en su rol de directora general, junto con su esposo Mauro Yrigoyen Fajardo y otros colaboradores cercanos, han interpuesto demandas para exigir pagos por nivelación de sueldos, bonificaciones por preparación de clases y otros conceptos. Algunos de estos montos alcanzan cifras que superan el medio millón de soles por persona.

Esposo de la Directora General de Bellas Artes demandó a la escuela por nivelación de sueldos.

Por ejemplo:

Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora) ha solicitado el pago de S/ 484,519.74.

Herminio Andía Chávez, actual director del Centro Pre Bellas Artes (Cepreba), exige S/ 573,641.92.

Antonio Pimentel Nieto, exdirector de dicho centro, demanda S/ 326,068.74.

A esto se suma un juicio global por S/ 2’898,987.44 ya en etapa de ejecución.

En total, los requerimientos judiciales interpuestos por Mauro Yrigoyen Fajardo y este grupo ascenderían a aproximadamente S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos dos soles), monto que representa una carga presupuestal que afectaría las arcas de la institución universitaria.

¿Les corresponde por ley?

La base legal a la que apelan estos docentes para justificar sus demandas es la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial. En particular, argumentan tener derecho a beneficios señalados en el artículo 41° de dicha ley, como vacaciones, asignaciones, compensaciones por tiempo de servicio, subsidios por luto y otros.

Sin embargo, existe una omisión crucial: el artículo 4° de la misma norma establece como requisito indispensable para acceder a estos beneficios ser profesional de la educación, es decir, contar con título de profesor o licenciatura en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas.

Al revisar la situación académica de los demandantes, se observa que muchos no cumplen con este requisito. Según información de SUNEDU, ni la directora Eva López Miranda, ni su esposo Mauro Yrigoyen, ni sus funcionarios cercanos como Herminio Andía Chávez y José Lino Ayala, cuentan con títulos pedagógicos que los acrediten como profesionales de la educación.

En consecuencia, su inclusión en el régimen de la Ley 29944 es jurídicamente cuestionable. De hecho, por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por ley, los beneficios reclamados no deberían ser reconocidos. Más aún, se sostiene que parte de lo ya cobrado podría haber sido obtenido de manera irregular y, por tanto, debería ser devuelto.

Reincorporados, no nuevos contratados

Otro punto crítico es el régimen laboral al que pertenecen estos docentes. Según la Ley N.º 26860 de 1997, que reorganiza la Escuela Nacional de Bellas Artes, el personal que ingresó a laborar después de su entrada en vigencia se sujeta al régimen laboral de la actividad privada. Sin embargo, los docentes demandantes no ingresaron como nuevos contratados, sino que fueron reincorporados o repuestos por orden judicial, lo cual implica que mantienen su régimen original: el del Decreto Legislativo N.º 276 (administrativo público).

Como se recuerda, el 27 de junio de 2012, una sentencia del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo presentada por Mauro Yrigoyen Fajardo y otros docentes, por despido arbitrario. En consecuencia, se ordenó a la Escuela Nacional de Bellas Artes la reposición de Eva Dalila López Miranda, Herminio Andía Chávez, Serafín López Fabián, José Lino Ayala, Juan Marcelino León Dextre y Martina Martínez Rodríguez. Este grupo de docentes ha mantenido una relación muy estrecha y “coordinada” desde entonces.

Sentencia del TC falló a favor de la “cofradía” de docentes bellasartinos.

Pese a ello, en sus demandas utilizan como argumento la Ley del Profesorado N.º 24029, que también requiere título profesional de profesor para pertenecer a la carrera pública. Una vez más, muchos de los demandantes no cumplen ese requisito básico, por lo que su inclusión en dicha carrera y los beneficios asociados también carecerían de sustento legal.

En busca de más millones

La controversia alcanzó un punto álgido con la Resolución N.º 33 del 28 de diciembre de 2023, emitida por el juzgado que atiende el pedido del Sr. Mauro Yrigoyen Fajardo. En dicha resolución, se autoriza el embargo en forma de retención de hasta S/ 2’898,987.44, ordenando que la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú retenga fondos no ejecutados del presupuesto 2023 para cubrir el pago.

Resolución N° 33 que atiende pedido de Mauro Yrigoyen y se autoriza embargo.

Este hecho se torna aún más preocupante cuando se revela que el propio demandante conocía con anticipación el monto no ejecutado en el área de Recursos Humanos. Tal como consta en documentos oficiales, el presupuesto del área en 2023 fue de S/ 2’495,048, de los cuales solo se ejecutaron S/ 1’107,088, quedando S/ 1’387,960.46 sin usar.

Resolución 34 que se integra como parte de la Resolución 33.

El 28 de marzo de 2025, mediante la Resolución N.º 38, el juzgado aprobó las pericias de parte de los demandantes y otorgó un plazo de diez días para que Bellas Artes cumpla con abonar los siguientes montos:

Mauro Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora López Miranda) : S/ 484,519.74

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Mauro Yrigoyen Fajardo.

Serafín López Fabián: S/ 479,368.34

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Serafín López Fabián.

Herminio Andía Chávez: S/ 573,641.92

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Herminio Andía Chávez.

Antonio Pimentel Nieto: S/ 326,068.74

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Antonio Pimentel Nieto.

Estas cifras no incluyen los S/ 611,919.88 ya cobrados entre 2011 y 2014 (según se indica, en promedio 27 mil soles por persona, (incluida la directora López Miranda), ni el juicio general de casi tres millones en ejecución.

Total estimado:

S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro millones) en beneficios judiciales.

Resolución N.º 38 que ordena a Bellas Artes abonar cientos de miles de soles a los docentes demandantes.

¿De dónde saldrá el dinero?

El origen de los fondos para cubrir estos pagos ha generado alarma. Documentos judiciales demuestran que la Dirección de Planificación de Bellas Artes liderada por el señor Alfredo Ocrospoma proporcionó a la Secretaría General de la escuela mediante el FUT N.º 8643, información detallada sobre la ejecución presupuestal de los años 2016 al 2023. Esa data fue utilizada para identificar los saldos disponibles, los cuales están siendo comprometidos judicialmente para pagar los beneficios en litigio.

Por ejemplo, del presupuesto 2023 de S/ 2’495,048 asignado a Recursos Humanos, solo se ejecutó S/ 1’107,088, dejando disponible S/ 1´387,960.46; cantidad suficiente para cubrir lo solicitado judicialmente.

Una ejecución presupuestal en crisis

La ejecución presupuestal general de la institución también ha sido motivo de pronunciamiento por parte del Sindicato de Trabajadores Administrativos. En un comunicado fechado el 24 de junio de 2025, el gremio alerta que “la ejecución presupuestal se hace agua”.

Pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores de Bellas Artes.

Según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Bellas Artes ha ejecutado apenas S/ 4´133,880 de un presupuesto total de S/ 14´687,497, es decir, menos del 30% a mitad de año.

El sindicato se pregunta con ironía si la razón detrás de esta baja ejecución es el deseo de reservar fondos para el cumplimiento de sentencias judiciales como las aquí descritas. Mientras tanto, los recursos que deberían invertirse en mejoras académicas, obras, equipos, atención estudiantil y otros fines prioritarios, siguen sin ejecutarse. ¿Será que no hay ejecución para luego pagar millonarios beneficios que están judicializados?

Un detalle importante, aquí la directora Eva López sería juez y parte, ya que ella dirige Bellas Artes, y al mismo tiempo impulsa procesos judiciales que la benefician directamente.

Eva López.

El caso de la UNABAP revela un patrón preocupante: el uso del aparato judicial para obtener beneficios económicos personales a costa del presupuesto público, incluso cuando existen fundamentos legales para cuestionar dichas demandas. La falta de títulos pedagógicos, el régimen laboral inaplicable, el conocimiento previo del presupuesto disponible y la sospechosa inejecución de fondos institucionales conforman un escenario que merece la atención de las autoridades fiscalizadoras.

Lima Gris intentó comunicarse vía telefónica con Mauro Yrigoyen Fajardo, su esposa Eva Dalila López Miranda, Antonio Pimentel Nieto, Herminio Andía Chávez, y Serafín López Fabián, para que brinden sus descargos respectivos, y se les dejó un mensaje en el chat del WhatsApp.

Hasta el cierre del informe la única funcionaria que respondió el mensaje fue la directora general Eva Dalila López Miranda; sin embargo, se abstuvo de responder las preguntas que se le formuló y únicamente indicó que todas las consultas le sean derivadas a la secretaria general de la UNABAP, Mabel Lizarzaburu Rodríguez, con quien luego de entablar comunicación se le formuló las preguntas correspondientes; sin embargo, tampoco respondió las mismas.

Mientras tanto, la universidad más importante de formación artística del país enfrenta una crisis financiera que afecta directamente su misión educativa. Finalmente, el Ministerio de Educación, hasta el cierre de este informe, tampoco se pronuncia oficialmente sobre este escandaloso caso.

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El controvertido viaje de la alcaldesa de Barranco a Israel

Mientras Barranco afronta caos urbano y obras inconclusas, su alcaldesa Jessica Vargas hará una gira a Israel para asistir a la MUNI EXPO 2025. La agenda incluye visitas a zonas de conflicto, memoriales de ataques terroristas y encuentros políticos. Es decir, será parte de la campaña proisraelí.

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El pasado 7 de julio, la Municipalidad Distrital de Barranco recibió una invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel dirigida a la alcaldesa Jessica Vargas Gómez, para participar en la MUNI EXPO 2025. El evento, organizado por la Federación de Autoridades Locales de Israel, se llevará a cabo entre el 12 y el 19 de julio en Jerusalén y Tel Aviv. La invitación fue canalizada por la Secretaría General a través de Jorge Luis Rey de Castro y remitida a la Gerencia Municipal para su evaluación.

Invitación a la alcaldesa de Barranco Jessica Vargas para viaje a Israel.

Desde el primer momento, el procedimiento burocrático siguió su curso. El gerente municipal, Manuel Milenco Espinoza Loarte, solicitó un dictamen legal a la Gerencia de Asesoría Jurídica, bajo la dirección de Jorge Aurelio Alferrano D’Onofrio, para determinar la procedencia del viaje. En su informe, Alferrano concluyó que el Consejo Municipal debía autorizar o rechazar la solicitud, dado que los costos del viaje (pasajes aéreos, alojamiento, alimentación, visitas técnicas, transporte interno y entrada al evento) serán asumidos por los organizadores, a excepción del seguro médico y de viaje.

Memorándum enviado por el Gerente Municipal al Gerente Legal de la MDB.


No obstante, en un matiz significativo, el asesor legal recomendó que, en caso de no obtener la autorización del Consejo, la alcaldesa podía optar por hacer uso de su descanso vacacional para asistir al evento, siempre que se dejara constancia oficial de la encargatura del despacho edil al teniente alcalde, Jaime Chihuán León.

Informe del Gerente Legal, que eleva autorización de viaje al Consejo Municipal.

¿Un viaje de “interés nacional”?

Más allá de los tecnicismos legales, el informe jurídico de Alferrano citó la Ley N° 27619, que regula los viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos. Esta norma establece, en su artículo 2°, que los viajes deben estar debidamente sustentados en un interés nacional o institucional. La pregunta inevitable es: ¿responde este viaje a una necesidad urgente del distrito o representa un genuino interés institucional? ¿O estamos frente a otro caso de turismo diplomático disfrazado de gestión pública?

Informe del abogado Alferrano señala que viaje obedece a un interés institucional.

La agenda oficial del evento deja dudas razonables. Incluye actividades con un marcado tinte político e incluso militar, como visitas a zonas afectadas por ataques con misiles iraníes, recorridos por kibutzim atacados por Hamás el 7 de octubre de 2023, y encuentros con sobrevivientes de estos eventos, como la fatídica Fiesta Nova.

Itinerario a seguir el 14 de julio en Israel.  

También se contempla un diálogo con el periodista Henrique Cymerman, especialista en temas de Medio Oriente, y recorridos por lugares históricos y turísticos como el Monte Bental, la Galilea, el Mar de Galilea, Cesarea Marítima, y el Museo del Holocausto Yad Vashem.

Itinerario a seguir el 16 de julio en Israel. 

Uno se pregunta: ¿qué beneficio directo o indirecto obtiene el distrito de Barranco de estas actividades geopolíticas? ¿De qué manera la visita a un sitio de conflicto bélico en el Mediterráneo oriental se traduce en mejoras para la congestión vial, la seguridad ciudadana, el ordenamiento urbano o la gestión ambiental de este pequeño distrito limeño?

Un distrito que espera soluciones

Mientras la alcaldesa prepara su maleta, Barranco sigue sumido en problemas urgentes y cotidianos. Las obras inconclusas en la avenida 28 de Julio y Alfonso Ugarte mantienen cerradas vías clave del distrito, generando congestionamiento vehicular, desvíos improvisados y el malestar creciente de los vecinos. Se han tenido que habilitar ambos sentidos en la avenida Grau como medida de emergencia, un reflejo claro del desorden urbano. La paciencia de los barranquinos se agota ante demoras sin explicación técnica clara ni cronogramas realistas de ejecución.

La sensación general es que la gestión edil prioriza el protocolo internacional por encima de las urgencias vecinales. En un contexto donde cada día de inacción pesa sobre la calidad de vida de los ciudadanos, la imagen de una alcaldesa ausente en una gira que difícilmente se traducirá en mejoras concretas para su distrito no es bien recibida.

Sesión extraordinaria y votos divididos Ante la solicitud de autorización del viaje, el Secretario General, Rey de Castro convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, celebrada el miércoles 9 de julio por la mañana.

Secretario General Rey de Castro convocó a Sesión de Consejo para tratar autorización de viaje.

El resultado no fue unánime, pero bastó para aprobar la solicitud. Cuatro regidores votaron a favor del viaje: Juan Mariluz, Aldair Santa Cruz, Cristina Vásquez y Marcos Montes de Oca. Tres se pronunciaron en contra: Jaime Chihuán, Katia Tataje y Fiorella Muñoz. Resulta particularmente llamativo que dos de los votos en contra provinieran de regidores afines a la actual administración (Chihuán-Tataje), lo cual sugiere un posible desacuerdo interno.

Esta división política no es menor. Revela que, incluso entre los aliados, existe incomodidad sobre la forma en que se priorizan las actividades de la alcaldesa. Para muchos, el mensaje es claro: se está más interesado en las relaciones internacionales que en los vecinos de siempre.

¿Turismo disfrazado de gestión?

El itinerario de la alcaldesa Jessica Vargas en Israel refuerza la impresión de que el viaje tiene más de turismo que de gestión municipal. Desde cenas de bienvenida hasta visitas a sitios religiosos, memoriales del Holocausto, mercados y calles históricas, la agenda está salpicada de actividades de carácter más simbólico y cultural, que técnico o administrativo. Aunque se prevé la asistencia a la MUNI EXPO y algunas reuniones con autoridades israelíes, la proporción de actividades turísticas parece desproporcionada para un viaje que se ampara en el supuesto “interés institucional”.

El viernes 18 de julio, por ejemplo, la agenda incluye visitas al Monte Bental, un volcán en inactividad en el Golán; y a lugares cristianos en Galilea, como Capernaum, Tabgha y Yardenit en el Río Jordán, donde se realizan bautismos simbólicos. Un día después, la alcaldesa paseará por las ruinas de Cesarea Marítima, ciudad portuaria construida por el rey Herodes hace más de 2000 años. ¿Cuál es el valor técnico de esta experiencia para la administración de un distrito de 3 km² al sur de Lima?

El viernes 18 de julio la alcaldesa visitará el volcán Bental y el Río de Jordán.

¿Una nueva tendencia en la política local?

Este tipo de viajes internacionales no es un fenómeno aislado. En los últimos años, varios alcaldes y autoridades locales han aprovechado invitaciones diplomáticas para justificar desplazamientos al extranjero, muchas veces sin resultados tangibles. La ciudadanía empieza a ver con escepticismo estos periplos, que suelen coincidir con periodos de crisis interna o baja aprobación política.

Alcaldesa Jessica Vargas viajó en marzo de 2024 a Punta Cana con invitación falsa.

En el plano nacional, es inevitable recordar el caso de la presidenta Dina Boluarte, cuyas prioridades personales —como cirugías estéticas, viajes oficiales y aumentos de sueldo— han sido objeto de crítica por parte de la opinión pública, mientras el país enfrenta problemas estructurales profundos. ¿Está ocurriendo lo mismo en la escala distrital? ¿Se está replicando esta lógica—al estilo Boluarte—de desconexión entre la agenda del poder y las necesidades del pueblo?

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, viajará a Israel con la venia del Concejo Municipal. Sin embargo, su decisión revela una preocupante desconexión con la realidad de su distrito. El contexto no acompaña: grúas implacables que aún operan pese a la ilegalidad de sus operaciones; calles colapsadas, obras sin terminar y vecinos molestos por la falta de respuestas concretas. Mientras tanto, se opta por asistir a un evento en el extranjero cuyo impacto en la gestión local es, como mínimo, cuestionable.

En una época donde se demanda austeridad, eficacia y transparencia, la autoridad edil parece seguir una ruta contraria. La interrogante sigue en el aire: ¿estamos ante un viaje institucional o ante un sofisticado periplo turístico financiado en parte por terceros, pero legitimado por la estructura del Estado?

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Pataz se levanta: Rondas campesinas inician paro indefinido y bloquearán vías clave

Anunciaron que el paro será indefinido. Exigen al Gobierno central atención urgente a sus demandas.

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En un acto de protesta contundente, las Rondas Campesinas de la provincia de Pataz, en la región La Libertad, han anunciado e iniciado un paro indefinido que incluye el bloqueo de puentes estratégicos y aeródromos usados por empresas mineras. La medida fue formalizada mediante un comunicado firmado por la Central Única de Rondas Campesinas de Pataz, con el respaldo de sus principales dirigentes.

El paro, según el documento difundido este martes, surge como respuesta a lo que consideran una sistemática exclusión de los pequeños mineros del proceso de formalización, así como una política estatal que favorece abiertamente a las grandes compañías mineras en desmedro de las comunidades locales.

Entre los puntos de bloqueo mencionados se encuentran el Puente Mamahuaje, Puente Antonio Raimondi, Puente Calemar y Puente Marcos. Asimismo, las Rondas de los distritos de Pías y Huayo han anunciado que tomarán control de los aeródromos utilizados por las empresas mineras, interrumpiendo así el tránsito aéreo relacionado con estas actividades.

“Alertamos a la población a abastecerse de alimentos y medicinas, pues no habrá paso para vehículos de carga de las empresas mineras”, advierte el comunicado, dejando entrever la magnitud de la paralización.

Exigencias al Estado

Las Rondas Campesinas exigen al gobierno central y al Congreso de la República la atención urgente de tres demandas concretas:

  1. La exclusión arbitraria de pequeños mineros en el proceso de formalización. Exigen que se revise y corrija lo que consideran una marginación injusta, que deja fuera a gran parte de quienes dependen de esta actividad para sobrevivir.
  2. La aprobación de una ley que beneficie a la mayoría de pequeños mineros del país, garantizando su derecho al trabajo frente a la hegemonía de la gran minería y la minería transnacional.
  3. El derecho al trabajo digno para las familias de la provincia de Pataz, que actualmente se ven perjudicadas por decisiones centralistas y políticas que no consideran la realidad local.

Con el lema “¡Basta de saqueo y mentiras!”, las Rondas han declarado que no cederán hasta obtener respuestas. “Si no hay solución, no habrá producción minera en Pataz”, enfatiza el comunicado. Se trata, según sus palabras, de una lucha justa y legítima en defensa de la dignidad de la provincia.

Un paro con raíces sociales y económicas

La provincia de Pataz ha sido históricamente una zona de intensa actividad minera, tanto formal como informal. Sin embargo, el proceso de formalización iniciado por el Estado en los últimos años ha dejado fuera a decenas de pequeños productores, que ahora enfrentan criminalización y pérdida de sustento. Para muchos de ellos, la minería artesanal es su única fuente de ingreso.

La Central Única de Rondas Campesinas denuncia que, mientras las grandes corporaciones continúan explotando los recursos con protección estatal, los pequeños mineros son acosados, perseguidos y privados de sus derechos. En ese contexto, el paro representa no solo una protesta económica, sino también una reivindicación social frente a lo que consideran un modelo extractivista excluyente.

La medida ha generado expectativa y preocupación en toda la región, especialmente por el posible impacto en el abastecimiento de bienes y en la operatividad de las empresas mineras, muchas de las cuales podrían paralizar su producción debido a los bloqueos logísticos.

Desde Lima, hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Energía y Minas ni de la Presidencia del Consejo de Ministros, a pesar de la advertencia explícita de que el paro será indefinido.

El comunicado concluye con una promesa firme: “Defenderemos nuestro derecho al trabajo amparado en la Constitución”. Las Rondas Campesinas, organizadas y determinadas, han dejado claro que no abandonarán su lucha hasta lograr una respuesta estatal concreta y satisfactoria.

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Condenaron a 20 años de prisión a integrantes de ‘Los injertos del Tren de Aragua’

Proxenetas venezolanos pensaron que en el país la impunidad aún manda.

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Creyeron que en el Perú todo se podía hacer sin consecuencias. Pero no fue así. Cuatro integrantes de la banda criminal venezolana ‘Los injertos del Tren de Aragua’ fueron condenados a 20 años de prisión por el delito de explotación sexual de 10 mujeres extranjeras en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Tony Suárez (22), María Griman (27), Izmaury Galindo (26) y Yohan Pedra (34) deberán además pagar, de forma solidaria, una reparación civil de S/ 20 000 a favor de las víctimas, según informó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte.

La investigación reveló que las mujeres habían sido engañadas con la promesa de trabajo en Chile. Pero al llegar a Lima, se les informó que no podían continuar su viaje. Allí comenzó la pesadilla: fueron retenidas y obligadas a ejercer la prostitución, bajo amenazas de muerte.

Ante la gravedad de los hechos y tras recibir pedidos de auxilio, las autoridades lograron ubicar el 3 de septiembre de 2022 un inmueble en la urbanización Fiori, en Lima norte, donde operaba esta red criminal. Allí fueron detenidos los delincuentes venezolanos y se rescató a las víctimas.

La fiscal Luisa Inés Quispe Asmat presentó pruebas contundentes en el juicio: peritajes psicológicos, testimonios, actas de intervención, informes policiales y documentos incautados. Todo confirmó el accionar violento y sistemático del grupo criminal.

Este caso deja una lección clara: el Perú no es tierra sin ley, y quienes llegan del extranjero a delinquir creyendo que no habrá castigo, se equivocan. La justicia puede tardar, pero llega. Y en este caso, fue firme contra quienes buscaron lucrar con el sufrimiento humano.

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Más de 140 mil escolares se benefician con mejoras en 168 colegios

El Ministerio de Educación invierte más de 14 millones de soles para garantizar ambientes seguros y adecuados para el aprendizaje.

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El Ministerio de Educación (Minedu) ha destinado más de S/14 millones para mejorar las condiciones de 168 colegios públicos en 31 distritos de Lima Metropolitana, beneficiando directamente a casi 140 mil escolares. Esta intervención incluye desde reparaciones estructurales hasta la entrega de mobiliario escolar, con el objetivo de asegurar entornos seguros y funcionales para estudiantes y docentes.

Las obras se vienen realizando de forma progresiva durante todo el año y contemplan la instalación de mallas raschell contra la radiación solar, renovación de carpetas, sillas y mesas, mantenimiento de estructuras metálicas, y acondicionamiento de puertas, ventanas y otros ambientes. Ante las lluvias persistentes, se ha priorizado la atención en los distritos más afectados, como San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. En estos sectores ya se trabaja en instituciones como Sol de Los Milagros, Juan Guerrero Quimper, José Olaya Balandra y Bartolomé Mitre.

La intervención se ha dividido en cuatro etapas. Las dos primeras, desarrolladas entre marzo y mayo, beneficiaron a más de 57 mil estudiantes en 61 colegios con una inversión de S/4.5 millones. Actualmente, se ejecuta una tercera fase en 51 instituciones, con S/4.7 millones destinados para mejorar la educación de más de 40 mil escolares. A partir del 7 de julio, arranca una cuarta etapa que atenderá a 56 colegios adicionales, con una inversión similar y más de 41 mil beneficiarios.

Estas acciones del Minedu se respaldan en las leyes 32272 y 32260, que permiten intervenciones inmediatas y financiamiento directo en instituciones educativas públicas afectadas por daños estructurales o emergencias climáticas.

Los colegios intervenidos están ubicados en distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Lurín, Ate, Los Olivos, Comas, Chorrillos, Ventanilla, entre otros, abarcando un amplio sector de Lima Metropolitana.

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Mineros informales bloquean siete carreteras tras ser excluidos del REINFO

La exclusión de más de 50 mil mineros del REINFO expone el fracaso de una política de formalización que nunca llegó a los territorios.

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Las tensiones en el sector minero estallaron este lunes 7 de julio, luego de que el Gobierno excluyera a más de 50.000 mineros de la pequeña minería y minería artesanal del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La medida ha desencadenado bloqueos en al menos siete vías nacionales, interrumpiendo el tránsito en regiones clave como La Libertad, Arequipa, Cusco e Ica.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló que solo 31.500 mineros han cumplido parcialmente con los requisitos del REINFO y deberán completar cinco etapas adicionales antes de diciembre de 2025. Estas incluyen la formalización laboral, acuerdos de acceso a superficie, firma de contratos con los titulares de concesiones y la incorporación al nuevo Fondo Minero, un mecanismo diseñado para canalizar recursos hacia el desarrollo sostenible del sector.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte justificó la exclusión afirmando que cerca de 45.000 mineros llevaban más de cuatro años sin avanzar en su formalización, a pesar de una prórroga otorgada desde noviembre de 2024. Además, se identificaron 1.500 casos de uso irregular de permisos, incluyendo su alquiler o tercerización en zonas ya concesionadas, lo que habría generado conflictos legales y sociales.

Siete carreteras bloqueadas

De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), todas las interrupciones en vías nacionales están vinculadas directamente a protestas por parte de mineros informales y pequeños productores. El monitoreo realizado en coordinación con la Policía Nacional, Defensa Civil y concesionarias viales muestra las siguientes rutas afectadas:

Trujillo – Agallpampa – Quiruvilca (km 121), La Libertad: interrumpida por huelga de mineros.

Longitudinal de la Costa Sur (km 443), Ica, Nasca: bloqueada por protesta de la Confederación Nacional de Pequeña Minería.

Mara – Velille (km 37+600), Cusco, Chumbivilcas: vía cerrada por manifestación de mineros artesanales.

Mara – Velille (km 121), Cusco, Chamaca: nuevo punto de bloqueo reportado por la misma confederación.

Costa Sur (km 619), Arequipa, Chala: interrupción por movilización de pequeños mineros.

Costa Sur (km 782), Arequipa, Camaná: manifestación de pobladores vinculados a la minería informal.

Sierra Norte (km 129+500), La Libertad, Quiruvilca: protesta de mineros artesanales.

La situación genera serias afectaciones al transporte de carga, alimentos y personas, además de evidenciar un problema estructural no resuelto: la informalidad minera y la incapacidad del Estado para implementar una política de formalización efectiva y sostenida en el tiempo.

Desde el Gobierno, el mensaje es claro: quienes no cumplan con los pasos establecidos quedarán fuera del proceso. Sin embargo, la falta de acompañamiento técnico, la demora institucional y la débil presencia estatal en zonas mineras explican en parte el fracaso de la formalización. Hoy, esa deuda estalla en las carreteras.

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Miguel Ángel Requejo: una ‘tentativa de homicidio’ que exige justicia

La jueza Kharla Orellana Sánchez dictó nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo, acusado de embestir con su camioneta en el restaurante ‘El Charrúa’.

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En un país donde la impunidad muchas veces se confunde con indulgencia, el Poder Judicial ha ordenado nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo Astochado, el sujeto imputado por tentativa de homicidio calificado, omisión de socorro y otros cargos, tras haber embestido con su vehículo el restaurante «El Charrúa», en La Molina. Este hecho, que dejó cuatro heridos y cuantiosos daños materiales, pudo haber terminado en una tragedia de dimensiones mayores.

La noche del miércoles 2 de julio, Requejo Astochado —según la acusación fiscal— condujo y estrelló su automóvil directamente contra el establecimiento gastronómico, poniendo en grave riesgo la vida de comensales y trabajadores. Entre los lesionados figuran Augusto Fernando Ramengui Quintanilla, Mario Rodolfo Barbacci Quintanilla, Aníbal Aliaga Masías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez. Más allá del impacto físico y económico, lo ocurrido revela una profunda irresponsabilidad criminal que hoy intenta disfrazarse de arrepentimiento.

Durante la audiencia, la fiscal Karen Rosario Cueva Quispe fue categórica: el acusado no solo huyó de la escena sin brindar auxilio a los heridos —lo cual evidencia su desprecio por la vida ajena— sino que además tiene antecedentes por lesiones dolosas. A pesar de autodenominarse empresario, no presentó prueba alguna de arraigo laboral. ¿Cómo confiar entonces en que no intentará fugar del país?

Lo más llamativo, sin embargo, fue el cambio de actitud del imputado al escuchar la decisión de la jueza Kharla Orellana Sánchez, quien finalmente acogió el pedido fiscal, dictando 9 meses de prisión de preventiva y dispuso su reclusión hasta abril de 2026. En ese momento, el acusado rompió en llanto y pidió perdón entre balbuceos, apelando a la conmiseración con frases como «El restaurante es como mi casa» o “no sé qué pasó, perdí mis lentes”.

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