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Carlos Mesía: “La Sunedu no debe ser un ente sancionador sino promotor de la buena educación»
El asesor jurídico de la Sunedu respondió a los cuestionamientos que se le hace a la nueva gestión. Además, habló sobre los avances y el fortalecimiento de la calidad educativa.

La nueva gestión de la Sunedu encabezada por el Superintendente Manuel Castillo Venegas, inició con una política de puertas abiertas, con un mejor diálogo y desterrando los errores del pasado. A pesar de los cuestionamientos, en estos dos meses la nueva gestión de la Sunedu ha sabido responder de manera firme a los ataques políticos.
Conversamos con el doctor Carlos Mesía, actual Jefe de Asesoría Jurídica de la Sunedu para conocer más detalles de la actual gestión.
Un reportaje televisivo cuestionó al Superintendente de la Sunedu, señalando que habría designado a un ex cliente suyo como rector de la Universidad de Piura. ¿Cuál es la respuesta de ustedes?
Se trata de una información dirigida a cuestionar y, por eso, no han recogido toda la información. El Superintendente no designa rectores. El rector de la Universidad de Piura fue elegido en base a un proceso electoral que, incluso, contó con la supervisión de la ONPE. Esa designación, en un acto irregular, fue bloqueada por la administración anterior de la Sunedu. Entonces, como la actual administración considera que la Sunedu no debe de intervenir en los procesos electorales internos de las universidades, derogó el dispositivo que le permitía inmiscuirse a la Sunedu.
¿Dice usted que el rector de la Universidad de Piura ya estaba electo con anterioridad?
Así es. El tema no es como lo han presentado. No ha habido ninguna injerencia ni del Superintendente ni del Consejo Directivo. Sólo se ha desbloqueado un proceso electoral que ya había ocurrido mucho antes de que asuma la actual administración. Hoy existe un criterio distinto: la Sunedu no debe intervenir en los procesos electorales de las autoridades universitarias porque eso vulnera la autonomía universitaria.

¿Cree usted que la nueva gestión de la Sunedu incomoda a personajes de la antigua gestión?
Sin duda. Hay un afán por tratar de deslegitimar y cuestionar a las nuevas autoridades. También les molesta que se esté planteando un nuevo estilo de trabajo basado en el diálogo democrático y pluralista con las autoridades universitarias.
¿Los cuestionamientos, en su opinión, son técnicos o políticos?
Se trata de ataques políticos definitivamente. Fíjese ¿qué sentido tiene criticar que el actual Consejo Directivo se reúna con los rectores de las universidades públicas y privadas para saber qué piensan del sistema universitario, en qué asuntos se puede mejorar? Criticar eso es absurdo. Y terminan mostrando que la intencionalidad es política.
La objeción que un programa de televisión planteó es que estaban citando a los rectores para coordinar acciones…
Decir eso es hacer política. La Sunedu tiene la obligación de reunirse con las autoridades que conocen los problemas de cada una de sus universidades. Además, fue un evento público, no fue una reunión clandestina, fue una cita en las oficinas de la Sunedu. No tiene sentido cuestionar que hoy la Sunedu trabaje desde el diálogo y no desde la imposición.

¿Cómo encontraron la Sunedu?
Con un ambiente hostil frente a las nuevas autoridades. Pero es normal que haya resistencia al cambio por parte de la burocracia que, lamentablemente, se acostumbró a trabajar en base criterios ideológicos y que no entiende que esta es una nueva administración que tiene otra perspectiva.
Se habló de la existencia de contratos, obras de servicio, consultorías que habría realizado en exceso la anterior administración. ¿Existe alguna investigación al respecto?
Lo he visto en los periódicos y en las redes sociales, pero no me consta. Como asesor legal de la Sunedu, no he tenido oportunidad de mirar a detalle cómo han tenido lugar este tipo de asesorías.
Algunos medios pusieron el rótulo de ‘contrarreforma universitaria’ a la nueva Ley 31520. ¿Qué opina usted?
No se trata de una contrarreforma, se trata de una norma por la cual la Sunedu no debe violar la autonomía universitaria, la cual es un derecho constitucional. Lo que se llama una contrarreforma es solo un adjetivo con el cual se ha pretendido desvirtuar a la nueva administración. Hay un sector al que le cuesta entender que, en un país democrático, con una Constitución que garantiza el intercambio libre de las ideas, es natural que una nueva administración piense distinto a la anterior, pero el pensar distinto no lo deslegitima a uno.
¿Cuál es la idea? ¿Un nuevo estilo de gestión?
Mire. Lo que hizo el anterior Consejo Directivo fue convertir a la Sunedu en una entidad que se inmiscuía en el nombramiento de los rectores, quitaba y ponía autoridades, actos que son clara violación de la autonomía universitaria. La nueva administración piensa “Menos Estado, más iniciativa de las universidades”.
¿Cómo sería esa nueva perspectiva?
Son varios puntos. Lograr un equilibrio entre la autonomía universitaria y el interés del estudiante. Que la Sunedu no sea un ente omnipresente y con gran injerencia. Al contrario, creemos que se debe incentivar la iniciativa privada y lograr más promoción de la excelencia académica. También se debe permitir que las universidades, por iniciativa propia, soliciten colaboración y no obstrucción.

¿Cuáles han sido los avances iniciales en los dos meses que tiene en funciones el nuevo Consejo Directivo?
En este momento estamos elaborando un plan para relanzar la gestión de la Sunedu y que tenga concordancia con las modificaciones que se han hecho a la Ley Universitaria. También se está evaluando los procesos administrativos sancionadores contra universidades públicas y privadas, algunas, desde mi punto de vista, con un exceso por parte de la Sunedu anterior pero mientras exista una normativa vigente no queda más que aplicarla. En otro ámbito, se está evaluando cómo es que vamos a llevar adelante la supervisión y fiscalización de las nuevas carreras universitarias que las universidades están ofreciendo. La modificatoria de la Ley Universitaria ya no habla del control o del licenciamiento de las carreras y de los nuevos locales. La apertura de nuevas carreras incide directamente en la calidad de los estudios universitarios.
¿Y en cuanto a las multas que solía imponer la Sunedu anterior?
Las multas que se han impuesto bordean casi los 280 millones de soles, que resultan un exceso. Estamos ahogando a las universidades con sanciones administrativas. Hay que ver la proporcionalidad de las multas.
¿Qué pasará con los procesos de licenciamiento pendientes?
Debe de regir el principio de la continuidad en los servicios públicos. Desde esa perspectiva los procesos de licenciamiento deben continuar, siempre ciñéndose a las nuevas disposiciones de la Ley Universitaria. Esta ley tiene un sentido, el cual es garantizar las calidades básicas de enseñanza y a eso no se puede renunciar. Lo que hay que ver es cómo vamos a supervisar las carreras, las filiales, los locales y los licenciamientos de las universidades.
¿Cuál considerarían un reto o una meta para la nueva gestión de la Sunedu?
El gran reto es descentralizar el sistema universitario. No puede ser que en Lima se concentren 36 universidades. Hay que ver cómo las universidades puedan abrir filiales en las regiones. Asimismo, en el mundo digital de hoy, tenemos que ver una política con las carreras online que se dictan desde universidades de Europa o Asia, ¿vamos a negar a los estudiantes peruanos el acceso a las carreras online? Mientras que los estudiantes de Chile, Bolivia, Ecuador o Brasil tienen acceso a este tipo de estudios y que en sus países se les reconoce.
El Superintendente Manuel Castillo hace unos días mencionó que las calidades básicas se van a fortalecer para las universidades eleven su calidad educativa. ¿Ya existe un plan para eso?
Hay un plan que tiene que ser aprobado por el Consejo Directivo de la Sunedu, y que además se desarrolla en el marco de las modificaciones que ha tenido la Ley Universitaria, a través de la Ley 31 520.
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Pisaq y Tipón bajo amenaza: turistas defecan en nuestro patrimonio por falta de baños
Una denuncia ciudadana revela que, por falta de baños y señalización, turistas estarían utilizando zonas arqueológicas como letrinas

Hay actos que no solo denotan ignorancia, sino un desprecio inconsciente –y por eso más brutal– por la historia que nos sostiene. Lo que está ocurriendo en los Parques Arqueológicos de Pisaq y Tipón no es una simple anécdota escatológica, como algún burócrata desganado podría resumir en un parte olvidable. Es, en verdad, una forma sutil y cruel de profanación.
El 29 de junio, según denuncias de guías turísticos, visitantes defecaron y orinaron entre las piedras sagradas de nuestros ancestros. Y no lo hicieron por rebeldía o vandalismo gratuito, sino porque no hay baños. Así de sencillo. Así de grotesco.
La escena sería cómica si no fuera tan trágica: turistas desesperados, buscando dónde aliviarse, mientras la brisa andina arrastra los ecos de un pasado glorioso convertido en letrina. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que un país que se llena la boca hablando de su riqueza patrimonial no sea capaz de instalar un baño seco, una letrina digna, un mísero cartel que diga “por aquí no”?
El problema no es nuevo. Lo nuevo es la frecuencia con la que se repite, la indiferencia con la que se recibe, y la absoluta desidia de quienes deben solucionarlo. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, órgano que debería velar por estos santuarios, parece vivir en un letargo administrativo. La escasa señalización, la falta de personal de resguardo y la inexistencia de puntos de información para los visitantes no son fallas técnicas: son síntomas de una renuncia institucional a proteger lo que nos define.

Pero la responsabilidad no termina ahí. El Ministerio de Cultura, que debería ser la conciencia vigilante del país, se ha convertido en una oficina de trámites opacos, más preocupada en sostener convenios insólitos con asociaciones ufológicas que en evitar que las ruinas se llenen de heces.
Lo que ocurre en Pisaq y Tipón no es solo un atentado físico contra las piedras: es una erosión simbólica. Cada micción entre muros incas es una bofetada a nuestra identidad. Cada excremento, una prueba de que el Estado se desentiende de su misión civilizatoria. Porque eso es, al final, el patrimonio: un recordatorio de que venimos de algo más alto que nosotros mismos.
No basta con declarar la indignación. Urge que el Estado reaccione, que asigne presupuesto, que entienda –de una buena vez– que la defensa del patrimonio no es un lujo, sino una urgencia nacional. Que los caminos del turismo no pueden estar sembrados de basura, ni los templos ancestrales convertidos en urinarios.
Si no somos capaces de proteger ni siquiera las huellas de quienes nos precedieron, ¿cómo aspiramos a dejar alguna huella nosotros?
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Respuesta a Carta Notarial de Hotel Casa República
El gerente general del ‘Hotel Casa República’ envió una carta notarial requiriendo que se rectifiquen las supuestas expresiones falsas y difamatorias publicadas en una nota periodística del 17 de junio en nuestra web. Esta es la respuesta de Lima Gris.

Llegó a nuestra redacción una carta notarial fechada el 25 de junio de 2025, recibida con fecha 2 de julio del presente, enviada por el gerente general del Hotel Casa República, señor Juan José Mendoza Arredondo, en la que se nos requiere la rectificación de una nota periodística publicada el 17 de junio de 2025 en el portal digital de la revista Lima Gris, titulada: “Barranco y el ruido del Hotel Casa República”, bajo el argumento de que la misma contendría afirmaciones «falsas y difamatorias».
Al respecto, como medio de comunicación debidamente constituido y en ejercicio legítimo de la libertad de prensa, respetuosamente expresamos lo siguiente:
- Libertad de información y de expresión protegidas constitucionalmente
La publicación realizada por Lima Gris responde a la labor periodística de informar sobre hechos de interés público, en este caso, las quejas y preocupaciones de vecinos del distrito de Barranco respecto al impacto de ciertas actividades nocturnas en su entorno urbano y patrimonial. Esto se encuentra amparado por el artículo 2 inciso 4 de la Constitución Política del Perú, que reconoce el derecho fundamental a «buscar, recibir y difundir información de toda índole por cualquier medio de comunicación». Este derecho no solo ampara a los periodistas, sino también a la ciudadanía que tiene derecho a ser informada.
- Veracidad y sustento de la información publicada
Contrario a lo afirmado en su carta notarial, la publicación en mención no contiene expresiones difamatorias ni afirmaciones falsas. La información difundida ha sido elaborada con base en fuentes verificables, incluyendo testimonios directos de residentes, material audiovisual y reportes ciudadanos disponibles en redes sociales y otras plataformas. En ningún momento se ha atribuido de manera maliciosa o con intención de dañar, la generación de «escándalos nocturnos» al hotel sin fundamento fáctico.
- No existe animus difamandi
El contenido publicado se enmarca en un ejercicio legítimo de crítica y fiscalización periodística. Como lo ha sostenido reiteradamente el Tribunal Constitucional del Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el debate público admite expresiones incluso severas cuando se trata de asuntos de interés común. La publicación no ha tenido como propósito afectar la imagen de su representada, sino evidenciar un problema urbano percibido por un sector de la comunidad.

- Exigencia desproporcionada y amedrentamiento a la prensa
La amenaza de iniciar acciones penales y civiles en caso de no acceder a un pedido de «rectificación total en 24 horas» constituye una forma de censura indirecta y presión indebida sobre la libertad de prensa, prohibida por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Resulta preocupante que un actor privado pretenda condicionar la labor informativa mediante la judicialización de contenidos críticos.
- Posibilidad de réplica o descargo
Como corresponde a un medio que respeta el pluralismo, reiteramos que el Hotel Casa República pudo ejercer su derecho a réplica en el mismo portal, en vista que pudimos comunicarnos telefónicamente con el gerente Juan José Mendoza Arredondo, y cuyas versiones fueron debidamente transcritas en la misma publicación en calidad de descargo.
Por lo tanto, no existe obligación legal de rectificar contenidos que han sido redactados de buena fe, con base en hechos y bajo un interés informativo legítimo. En consecuencia, rechazamos el requerimiento de rectificación exigido en su carta notarial.
Sin otro particular, reafirmamos nuestro compromiso con el periodismo independiente, crítico y respetuoso del estado de derecho.
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Sujeto embiste su camioneta en conocido restaurante porque local lo había expulsado debido a que se encontraba presuntamente bajo los signos del alcohol [VIDEO]
Miguel Ángel Requejo Astochado ahora será denunciado por tentativa de homicidio.

Un demente al volante. La noche de ayer, comensales del restaurante ‘El Charrúa’, ubicado en el distrito de La Molina, previo el incidente, indicaron que Miguel Ángel Requejo (51 años), había discutido con los mozos del local, quienes procedieron a expulsarlo ya que el sujeto había ingerido bastante alcohol y estaba incomodando a los demás comensales.
Minutos después, el sujeto se sube en su moderna camioneta para conducir sin frenos hasta la fachada del local, colisionando sin importarle que adentro se encontraban personas consumiendo.
Producto del salvaje impacto resultaron heridas dos personas, además del daño material ocasionado por el irresponsable conductor.
Uno de los afectados mencionó que procederá a denunciar penalmente a Requena, calificando el hecho de tentativa de homicidio, tildando además de “enfermo mental” al ebrio chofer, quien no paraba de gritar en todo momento, relata el agraviado, que era un magnate y podía hacer cualquier cosa.
«Ya está detenido. Es un enfermo mental. Esto es un intento de homicidio. Nosotros estamos pidiendo la cuenta y pagando. En un principio estaba sentado y me levanté no sé cómo segundos antes de que el carro se empotre por eso que estaba a un costado e igual me hizo volar», detalló a Canal N.
En tanto, el restaurante ‘El Charrúa’, lamentó el incidente ocurrido anoche, manifestando que colaborará directamente con la Policía para suministrar las grabaciones dentro del local.
«Desde ‘El Charrúa’, reafirmamos nuestro firme compromiso con la seguridad y el bienestar de todos nuestros clientes y colaboradores. Como medida preventiva y con el objetivo de reforzar nuestros protocolos internos, hoy miércoles 3 de julio permaneceremos cerrados», indicaron.
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Clínica Delgado-Auna responde a sanción de Susalud por filtración del historial médico de Shakira
Centro de salud privado indicó que el caso se encuentra en “proceso de revisión” y que apelará multa de más de 600 mil soles.

Quieren ir hasta las últimas. La Clínica Delgado-Auna recientemente emitió un comunicado respondiendo a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) por el caso que los involucra con la cantante colombiana Shakira. Al respecto, indicaron que dicho caso aún se encuentra en “proceso de revisión”, pues no existe hasta el momento una resolución final.
Como se recuerda, en febrero pasado, el historial clínico de la cantante barranquillera fue divulgado públicamente por personal de ese centro de salud privado, constituyéndose una grave vulneración a la confidencialidad de los datos de las personas, sean nacionales o extranjeras.
Es así que Susalud le impuso una multa a la clínica equivalente a S/668,750 por la difusión no autorizada del parte médico de la cantante Isabel Mebarak Ripoll, mejor conocida como Shakira.
Al respecto, la Clínica Delgado-Auna también indicó que apelará la millonaria sanción, argumentando que el caso se encuentra bajo evaluación por el Tribunal de Susalud, contando para ello con 15 días hábiles para presentar formalmente su impugnación.
“Clínica Delgado presentará la impugnación correspondiente para que el caso sea evaluado por el Tribunal de SuSalud, conforme lo establece el debido proceso, confiando en la solidez de los argumentos que nos respaldan. Cabe señalar que contamos con un plazo de 15 días hábiles para impugnar”, concluye el comunicado.

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Fiscalía investiga a Johny Isla y a Jeanette Águeda Gutiérrez por caso ‘Líneas de Nasca’
El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra los dos funcionarios de la DDC de Cultura de Ica y el alcalde de Nasca, William Jorge Bravo Quispe, por presunto atentado contra las Líneas y geoglifos de Nasca, Patrimonio Mundial de la Unesco.

El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca, a cargo del fiscal provincial José Alejandro Meléndez Curasi, ha iniciado una investigación preliminar de 60 días —con posibilidad de ampliarse— contra dos funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Nasca. Están siendo investigados por los presuntos delitos de atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes funcionales y abuso de autoridad, en agravio del Estado Peruano.

Los involucrados son la arqueóloga Jeanette Águeda Gutiérrez Achulla, responsable interina de la DDC de Ica, Johny Augusto Isla Cuadrado, arqueólogo responsable del Sistema de Gestión Nasca-Palpa de dicha dirección; y William Jorge Bravo Quispe, actual alcalde de Nasca.

La investigación se origina tras la modificación del área de reserva arqueológica de las Líneas y geoglifos de Nasca y Palpa, declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco. Esta zona protegida fue delimitada inicialmente en 1993 y reafirmada en 2004, cubriendo un total de 5,633.47 km². Sin embargo, una reciente resolución viceministerial —la N° 000128-2025-VMPCIC/MC, firmada a fines de mayo por la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva— redujo esta área a solo 3,235 km². Es decir, se recortaron 2,397 km² de territorio protegido.
La denuncia sostiene que esta reducción no cumplió con los procedimientos legales requeridos. Además, acusa que la resolución habría sido emitida como una “maniobra falaz” para encubrir posibles irregularidades.

El Ministerio Público investiga si la resolución favoreció intereses mineros. Se han detectado petitorios mineros en las zonas que quedaron fuera de la protección, así como posibles vínculos familiares y políticos entre los involucrados. También se denunció la exclusión de más de 100 sitios arqueológicos, y se presume la existencia de una red político-económica que habría actuado para facilitar la reducción del área protegida con fines de lucro y tráfico de terrenos.
Este caso surge semanas después de que el ciudadano Leonardo Favio Rojas Escajadillo denunciara ante la Fiscalía Especializada de Restos Arqueológicos y Monumentos de Nasca y Palpa a varios altos funcionarios, incluyendo al ministro de Cultura, Fabricio Valencia, y a la viceministra Novoa Silva.

En la acusación también figuran el director de la DDC de Ica, Injante Tipismana; Miriam Moquillaza Ramos; Johny Isla; Henmer Alva Neyra; el gobernador regional Jorge Hurtado Herrera; Javier Borjas Olaechea; el alcalde William Bravo Quispe y el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo. Sin embargo, la Fiscalía por el momento inició investigación preliminar contra las tres personas indicadas en la introducción de esta nota.
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Ilusión de control: ¿Qué tan común es este fenómeno en el juego en línea?
Conoce más sobre el viejo mecanismo del cerebro.

La ilusión de control es un sesgo cognitivo donde una persona cree influir sobre resultados en realidades definidas por el azar. En el contexto de los casinos en línea, donde gran parte depende del azar, este fenómeno puede intensificarse. Esto ocurre porque las personas suelen buscar patrones y apoyo incluso en los detalles más pequeños, tratando de mantener el control sobre situaciones inciertas, como el juego.
A continuación, verás cómo se manifiesta, en qué juegos es más evidente, por qué conviene conocerla y cómo se puede manejar.
¿Qué es la ilusión de control?
En los mejores sitios de juegos de azar —ya sea en Perú, España u otros mercados bien desarrollados— vas a encontrar todo tipo de opciones. Si entras a cualquier buen casino online español, te vas a topar con juegos en vivo, ruletas, slots, blackjack… y cada uno ofrece distintos niveles de participación por parte del jugador.
Hay momentos en los que el azar es el único protagonista: tiras los dados, apretas un botón en la tragamonedas o eliges un número en la ruleta, esperando que sea el indicado. Pero si sientes que tu decisión tuvo algo que ver con el resultado —aunque racionalmente sepas que no—, eso es la ilusión de control. Un viejo mecanismo del cerebro.
La psicóloga Ellen Langer acuñó este término hace ya más de cincuenta años, y lo cierto es que el fenómeno sigue más presente que nunca. Hoy en día, con tantos juegos disponibles al alcance de un clic, es fácil sentir que estamos tomando decisiones clave. Las personas, en general, tienden al optimismo y a confiar demasiado en sus habilidades, lo que alimenta esta ilusión. Forma parte de esas pequeñas ilusiones positivas que ayudan a sobrellevar la vida… aunque, en contextos de juego, pueden jugar en contra.
Manifestaciones en los casinos en línea
En general, las personas tienden a buscar patrones y a predecir resultados, incluso en situaciones donde el azar manda. Durante una sesión en un casino online, hay momentos en los que esa ilusión se vuelve especialmente sutil. Estas son algunas de las formas más comunes en que puede aparecer:
Máquinas tragamonedas y “near-misses”
Cuando los símbolos casi coinciden, el cerebro se activa como si hubiera ganado. Ese “casi” no pasa desapercibido. Según Frontiers in Psychiatry, una revista científica de prestigio, los jugadores tienden a seguir apostando después de una “casi victoria”, motivados por la ilusión de estar cerca.
Juegos con interacción física simulada
Lanzar los dados o girar la ruleta con un gesto da la sensación de agencia. Pero no cambia las probabilidades. Estudios confirman que esa interacción refuerza la percepción (falsa) de control.
Bonificaciones y programas de fidelidad personalizados
Incluso los bonos, promociones y programas de fidelidad, si no se usan con responsabilidad, pueden reforzar la sensación de control. Estos incentivos personalizados hacen que los jugadores se sientan recompensados por sus elecciones y lealtad, lo que aumenta la creencia de que sus acciones influyen en los resultados, aunque en realidad el azar sigue siendo el factor clave.
¿Por qué vale la pena identificarla?
Porque cuando usted cree que tiene el control, lo pierde. Entender la ilusión de control es como quitarse una venda: le permite tomar decisiones más lúcidas, sin la trampa del “esta vez sí gano”. Como advierte la psicóloga Dra. Clark, de la Universidad de Cambridge, este sesgo está ligado a un menor autocontrol durante el juego. Al reconocer que el azar manda, es más fácil frenar la escalada de apuestas y evitar ese ciclo en que se apuesta más para recuperar lo perdido. El resultado: menos ansiedad, menos pérdidas, y una relación más sana con el juego. Al final, el juego no debería ser una fuente de estrés, sino un pasatiempo que aporte disfrute, emoción y momentos agradables.
¿Cómo combatir esta ilusión?
No se trata de dejar de jugar, sino de jugar con los ojos abiertos. Una forma efectiva de romper la ilusión de control es establecer límites de tiempo y dinero antes de empezar, cuando la cabeza todavía manda sobre el impulso.
También ayuda evitar juegos que imitan control con botones, gestos o decisiones irrelevantes. Pensar críticamente —¿esto depende de mí o del azar?—es clave.
Y ojo: estudios recientes destacan el valor de mensajes personalizados que alertan sobre patrones de riesgo. A veces, una simple notificación puede ser un freno necesario.
Antes de hacer clic otra vez
La ilusión de control no es un monstruo invisible ni un invento de los expertos en comportamiento. Es una voz suave que le susurra: “Esta vez sí puedes ganar”. Y lo hace justo cuando usted más quiere creerlo. Aparece en las tragamonedas que casi aciertan, en cada gesto que simula decisión.
Detectarla no significa dejar de jugar. Significa jugar con criterio. Con límites. Con la conciencia de que, en la mayoría de los casos, no hay una estrategia mágica, ni un toque especial, ni un presentimiento acertado. Solo azar.
Antes de hacer clic otra vez, pregúntese: ¿es esta decisión realmente mía… o solo parece serlo?
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Imponen multa de más de 600 mil soles a Clínica Delgado -Auna por filtrar historial médico de Shakira
Susalud indicó que vulneración de confidencialidad de datos de la artista colombiana configura como una “falta grave”.

Tremenda multaza que le acaba de caer a la Clínica Delgado–Auna, la misma que en pandemia recibió una ola de críticas por el excesivo cobro de “garantías” cuando un paciente se quería hospitalizar por Covid-19, llegando a pagar hasta 60 mil soles, y que la misma era solo una fracción del monto total.
Sí, el karma existe, y ahora le tocó el turno a la mencionada clínica privada, luego que la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa) le impusiera una sanción administrativa equivalente a S/668,750 por filtrar información confidencial sobre la salud de la cantante colombiana Isabel Mebarak Ripoll, mejor conocida en el mundo artístico como ‘Shakira’, quien sufriera un malestar estomacal el pasado mes de febrero.
Como se recuerda, la cantante barranquillera ingreso de emergencia a la mencionada clínica luego de acusar un severo malestar estomacal que le impidió poder presentarse en la primera fecha de sus conciertos previstos en Lima. Horas después, personal que ya fue identificado por la propia clínica difundió parte de su historial clínico en las redes sociales. Ante ello, el centro de salud privado se pronunció sobre lo ocurrido, precisando que ya se había iniciado una “investigación exhaustiva”.
«Siempre hemos actuado con el máximo respeto por nuestros pacientes, su privacidad y cumpliendo con el marco normativo existente. El incidente ocurrido, en el que se filtró información confidencial de uno de nuestros pacientes, no representa en absoluto la ética profesional que rige nuestra institución. Lamentamos, profundamente lo sucedido y reiteramos nuestra tolerancia cero contra todo acto que vulnere la información personal de nuestros pacientes», indicó.
Más allá de las investigaciones iniciadas por la Clínica Delgado-Auna, Susalud mencionó que tal divulgación de datos representaba una “falta grave” y por ello ameritaba una sanción pecuniaria.
«Susalud enfatiza que, toda persona usuaria de los servicios de salud, independiente de su nacionalidad, seguro, y tipo de establecimiento donde se atienda, tiene derecho a ser atendido con pleno respeto de su dignidad e intimidad, con la garantía de la confidencialidad y protección de los datos referidos a su atención», se puede leer en el portal web de la institución.

Asimismo, recalcó que los centros médicos deben de proteger datos acerca del diagnóstico, tratamiento y condición médica de los pacientes, y que resaltó que esta información no puede ser revelada sin consentimiento previo, de su familiar responsable o representante legal.
«La garantía de este derecho tiene su amparo en la Constitución Política del Perú, la Ley General de Salud, así como la Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, que reconocen el derecho fundamental de toda persona a su dignidad, a la intimidad personal y familiar, así como, guardar la reserva de la información en salud», añadió.
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Nombramientos Irregulares en la UNSAAC: nepotismo y despilfarro de recursos públicos
El derrumbe institucional de la UNSAAC. Una historia que incluye a un familiar de la presidenta Dina Boluarte.

La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, otrora símbolo de sabiduría andina y resistencia intelectual, atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. Las paredes coloniales que la rodean ya no resguardan el espíritu crítico, sino los ecos de la indignación. Una federación estudiantil en pie de guerra, docentes que denuncian a gritos el desmoronamiento ético de su alma máter, y autoridades que —con el silencio como único argumento— se atrincheran tras resoluciones y formalismos.
La causa inmediata de esta crisis: el proceso de nombramiento de docentes contratados, amparado en la Ley N.º 32171, convertido en botín político y familiar. La ley, que buscaba regularizar a miles de docentes precarios, se ha transformado en Cusco en un instrumento para beneficiar a allegados, parientes y amigos de autoridades universitarias, bajo el manto cómplice de la burocracia y la opacidad.
El Rector Eleazar Crucinta Ugarte y la vicerrectora Paulina Taco han sido señalados públicamente por actos de presunto nepotismo. Más de seis artículos documentadas han encendido las alarmas. Mientras tanto, la comunidad estudiantil —en un acto que recuerda las viejas huelgas universitarias— tomó las instalaciones, exigiendo que las actividades se trasladen a la virtualidad, como si el problema pudiera esconderse tras una pantalla.
El caso más escandaloso, sin embargo, lo protagoniza la Escuela Profesional de Antropología. En un documento fechado el 26 de junio de 2025, los docentes de dicha escuela denuncian un proceso plagado de irregularidades: nombramientos sin sustento técnico, ampliación indiscriminada de plazas sin análisis de carga académica, y vínculos familiares que rozan el tráfico de influencias.

Entre los casos más indignantes figura el del director del Departamento Académico, Dr. Máximo Cama Tito, cuya esposa, Alejandra Tito Tica, aparece nombrada. Similar situación se presenta con el Antropólogo David Ugarte Vegacenteno, cuya hija —Luz Gabriela Ugarte Boluarte, sobrina de la presidenta de la República— figura entre las beneficiadas, pese a no cumplir con los requisitos de la ley. ¿Coincidencia? ¿Amnesia legal? ¿O simple impunidad disfrazada de meritocracia?
La evaluación de candidaturas parece haberse realizado con la ligereza de quien selecciona nombres al azar. Morvely Karen Núñez del Prado, declarada «apta», jamás figuró como docente contratada durante el semestre exigido por ley. Su inclusión en el listado revela la precariedad —y quizás la perversidad— de los criterios utilizados. En cualquier administración seria, este sería motivo suficiente para anular el proceso. En Cusco, sin embargo, todo sigue igual.
La Federación Universitaria del Cusco, en su oficio N.º 036-2024-FUC-SAG, ha denunciado incluso el pago de sueldos a docentes sin carga académica. Es decir, funcionarios que cobraban sin enseñar. Entre ellos, una vez más, la ya mencionada Luz Gabriela Ugarte Boluarte. ¿Quién autoriza estos pagos? ¿Quién los supervisa? ¿Quién los encubre?

Peor aún, el acuerdo firmado el 8 de mayo entre el rector y el Centro Federado de Estudiantes, donde se comprometía a priorizar la demanda real antes de los nombramientos, fue flagrantemente ignorado. No solo se incumple la palabra dada; se traiciona a una comunidad entera.
Para hablar de estos temas, nos comunicamos con el rector Eleazar Rucinta, pero hasta el cierre del artículo no tuvimos respuesta.

UNSAAC en cuidados intensivos
La UNSAAC está enferma. Y su enfermedad no es solo burocrática, sino moral. La corrupción, ese viejo mal peruano que se infiltra en los pasillos del poder como una hiedra venenosa, ha encontrado terreno fértil en la universidad más antigua del sur del país.
La pregunta ya no es si estas denuncias son ciertas —los documentos hablan por sí solos—, sino cuánto tiempo más la sociedad cusqueña y el Estado peruano permitirán que esta situación se prolongue. ¿Dónde están los organismos fiscalizadores? ¿Dónde está la Sunedu? ¿Dónde está la presidenta, cuya sobrina es parte del escándalo?
Urge una intervención que no sea decorativa. Una auditoría real. Un castigo ejemplar. Porque si dejamos que la UNSAAC se hunda, con ella se hundirá también una parte esencial de nuestra historia académica, de nuestro futuro colectivo. Y lo más terrible: no nos daremos ni cuenta.
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