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LA MESA TRIPARTITA, ONGs FEMINISTAS y ESTERILIZACIONES FORZADAS
En agosto de 1997 se constituyó la “Mesa Tripartita” integrada por sectores del Estado, entre ellos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, PROMUDEH, la Secretaría de Cooperación Técnica Internacional, el Instituto de Estadística e Informática, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Mujer del Congreso de la República. También hicieron parte las agencias de cooperación internacional USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas), OPS (Organización Panamericana de la Salud) y la Unión Europea, y, por último, ONGs feministas, organizaciones de control natal y universidades peruanas: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Movimiento Manuela Ramos, Red Nacional de Promoción de la Mujer, REDESS-Jóvenes, Pontificia Universidad Católica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Instituto de Estudios de Población de la Universidad Cayetano Heredia, APROPRO e INPPARES (1).
Su objetivo era realizar el seguimiento para que se cumplieran los compromisos adquiridos por parte del gobierno peruano del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo llevada a cabo en El Cairo en 1994, es decir, monitorear y evaluar todo lo referente a la “salud reproductiva” y “planificación familiar” entre otros puntos.
La Mesa Tripartita se constituyó en “un espacio de trabajo conjunto y de coordinación”(2) y de intercambio de información entre sus componentes, así, todos los participante se mantenían al tanto del avance y desarrollo del PROGRAMA NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR del gobierno.
Cuando se instaló la Mesa Tripartita había transcurrido más de un año de denuncias sobre casos de esterilizaciones forzadas a las que estaban siendo sometidas miles de mujeres en los “Festivales de ligaduras de trompas” del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación familiar.
A pesar de esta grave situación de violencia ejercida desde el Estado contra la mujer, la indiferencia e impasibilidad fueron los signos característicos de la Mesa Tripartita. No era sorprendente, pues la mayor parte de sus componentes participaban activamente en el programa gubernamental. Pero el Movimiento Manuela Ramos y el Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”, las dos principales ONGs feministas que hacían parte de la Mesa Tripartita y que se presentaban como defensoras de los derechos de la mujer peruana ¿por qué callaron esta situación?
¿Ignoraban acaso las intenciones del régimen cuando Alberto Fujimori viajó personalmente a Beijing y pronunció un discurso de apariencia “progresista” y “feminista” en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en 1995? En su discurso, Fujimori había prometido llevar a cabo “una estrategia integral de planificación familiar como parte de una política de desarrollo social y de lucha contra la pobreza” (3) proporcionando la información y los servicios necesarios a tal efecto, una estrategia integral donde “las mujeres puedan tener a su disposición con plena autonomía y libertad, las herramientas necesarias para tomar decisiones sobre sus propias vidas”(4).
Pero, ¿se podía dar credibilidad al discurso de un presidente que meses antes había promulgado una ley de amnistía para proteger con un manto de impunidad a los militares del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte culpable de múltiples ejecuciones extrajudiciales?
Lo cierto es que esta parte del movimiento feminista peruano hacia finales de los ochenta había pasado de las calles a las oficinas del Estado y de las Agencias de Cooperación Internacional. Este sector oenegizado del feminismo cobró mucha mayor fuerza e importancia, con mayores fondos y recursos que los colectivos autónomos.
Si bien la Iglesia Católica peruana ha estado siempre opuesta a los programas de control de la natalidad del gobierno que incluyeran métodos anticonceptivos “artificiales”, así como al aborto, tenemos que reconocer que fueron justamente miembros de la Iglesia quienes prestaron atención a los testimonios de mujeres que denunciaban desde mediados de 1996 lo que también comenzó a aparecer en la prensa peruana de ese entonces, es decir, el desarrollo de campañas de esterilizaciones forzadas a lo largo y ancho del territorio peruano. Hay que reconocer también aquí la labor infatigable de la periodista Julia María Urrunaga, la importante investigación de la activista feminista Giulia Tamayo, y las denuncias hechas por la dirigente de la Federación de la Mujer Campesina de Anta, Hilaria Supa, en esos primeros tiempos.
En enero de 1998, Joseph Rees, jefe de asesores del Subcomité del Congreso Norteamericano sobre Operaciones Internacionales y Derechos Humanos, fue enviado al Perú, donde se entrevistó con representantes del sector Salud, de la Iglesia, ONGs feministas y de Derechos Humanos por las innumerables denuncias que recaían sobre el PROGRAMA NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR del régimen de Fujimori.
Rees declaró en una entrevista a un diario local que “El Subcomité tiene la responsabilidad de fiscalizar los programas de planificación familiar financiados por los Estados Unidos. El programa de planificación familiar de USAID en el Perú es el más grande de su clase en este hemisferio” (5). Afirmó también que había un “consenso de que existen abusos contra las mujeres, metas para esterilizaciones”(6).
Ante la pregunta sobre las denuncias hechas por las campesinas acerca de la relación existente entre el Programa de Asistencia Alimentaria para Niños Desnutridos PANFAR y las campañas de ligaduras de trompas, Joseph Rees respondió que “en pueblos alejados, ambos programas son administrados en la posta médica y a veces es la misma persona quien hace las dos cosas”(7).
Aunque aceptó la existencia de metas y la aplicación de esterilizaciones, Rees defendió el rol de USAID en el programa del gobierno peruano: “tengo la seguridad que USAID no financia intencionalmente campañas de esterilización” (8). Rees finalizó la entrevista señalando que en su informe “sugerirá que se marque públicamente la distancia con las campañas de esterilización” (9).
En realidad las verdaderas intenciones de USAID ya se venían plasmando desde finales de los años 80 a través de sus primeros programas pilotos con ONGs de control natal en el Perú, programas centrados principalmente en AQVs (10) y DIUs o T de Cobre, cuando la esterilización aún no había sido legalizada en el Perú. Ya con Fujimori en el poder, desde los primeros años de su mandato, el proceso de capacitación en técnicas de AQV y las Ferias de Ligaduras de Trompas “casa por casa” (11) se desarrollaron como objetivo prioritario, con el financiamiento de USAID, con quien el Ministerio de Salud tenía reuniones mensuales.
Un mes después de la entrevista, Avelina Sánchez Nolberto y Victoria Vigo, dos mujeres esterilizadas, y el médico ayacuchano Héctor Chávez Chuchón, presentaron sus testimonios ante el Congreso Estadounidense.
Días antes de la presentación en Washington, cuando se esperaban los testimonios acusatorios ante el pleno del Congreso, Mark Schneider, jefe de USAID para América latina y el Caribe, “anunció que el gobierno peruano le había comunicado oficialmente que descontinuaría las campañas de ligadura de trompas y vasectomías” (12).
Esta primera partida la ganó definitivamente el grupo conservador republicano estadounidense, del que hacía parte el patrón de Rees, Christopher Smith, ferviente militante anti-abortista; aunque esto no impidió que Marino Costa Bauer, ministro de Salud de ese entonces, respondiera enfáticamente que las campañas de planificación familiar no se descontinuarían y que, por el contrario, seguirían desarrollándose.
Lo cierto es que cuando el “Gran Jefe” Rees llegó al Perú, la tierra tembló. La sacudida hizo que las ONGs feministas Centro de la Mujer Flora Tristán, el Movimiento Manuela Ramos y varias otras organizaciones, a través de una carta abierta, pidieran cuentas al gobierno peruano sobre “las irregularidades” (13) en las “acciones de AQV” sin denunciar directamente el PROGRAMA NACIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR, es decir, la política gubernamental. También PRISMA, otra ONG del entorno USAID, que dirigía el programa PANFAR, señaló que abriría una investigación. La Defensoría del Pueblo, financiada desde su creación por USAID, dio visto bueno al informe que se estaba efectuando sobre los casos de esterilizaciones forzadas. Hechos todos que muestran la importancia que tuvo la llegada de Rees al Perú, pero lo significativo fue ver que las dos principales ONGs feministas, el Centro de la Mujer Flora Tristán y el Movimiento Manuela Ramos, a pesar de las claras evidencias sobre las campañas de esterilizaciones forzadas, nunca abandonaron la Mesa Tripartita.
Aún en 1999 cuando las esterilizaciones desbordaban y hacían agua por todos lados, la Mesa Tripartita manifestó a través de un comunicado que, a pesar de las múltiples denuncias de “la supuesta aplicación en el Perú de un programa de esterilización masivo de carácter coercitivo”, concluían que estas obedecían a una ‘información errónea” y “no se ajustaba a la realidad” (14).
El millonario proyecto REPROSALUD del Movimiento Manuela Ramos, financiado por USAID con 25 millones de dólares, y el financiamiento por parte de la Fundación Ford, USAID, la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre otras más del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, parece que tuvieron mayor relevancia que la defensa de los derechos de las mujeres que tanto preconizaban defender.
Por ello, exigir actualmente responsabilidades y justicia en el caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú, pasa también por pedir cuentas a este sector del feminismo, aliados del fujimorismo.
Aquí el documental La cicatriz de Paulina.
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(1) Persistencia de la Memoria, Feminismo y estado en el Perú de los 90, Maruja Barrig.
(2) La Conferencia de El Cairo y la afirmación de los derechos sexuales y reproductivos, como base para la salud sexual y reproductiva, Susana Galdos Silva.
(3) Discurso del Presidente de la República del Perú Alberto Fujimori en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing China 1995.
(4) Ibíd.
(5) Entrevista a Joseph Rees, Julia María Urrunaga, Diario El Comercio 1 de febrero de 1998.
(6) Ibíd.
(7) Ibíd.
(8) Ibíd.
(9) Ibíd.
(10) AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria) es el término técnico constantemente cambiante para definir las ligaduras de trompas. En épocas de Alan García se empleó el término PQRR (Prevención Quirúrgica del Riesgo Reproductivo)
(11) Salud Reproductiva. Ministerio de Salud.
(12) Diario El Comercio, 26 de febrero de 1998.
(13) Carta Abierta a Alberto Fujimori Fujimori, Presidente de la República, 18 de febrero 1998
(14) Diario El Comercio, 19 de enero de 1999.
Manuel Legarda es artista visual y cineasta. Realizador del documental La cicatriz de Paulina, que recoge los testimonios de mujeres esterilizadas en los años 90. Seleccionado en diferentes festivales internacionales, obtuvo la Mención Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine Político en Buenos Aires-Argentina y ganó el Premio al Mejor Documental en el Festival de Cinéma Péruvien de Paris.
http://lacicatrizdepaulina.blogspot.com
http://manuel-legarda.blogspot.com
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Fiscal de la Nación exige al gobierno que reponga al equipo especial de la PNP que apoya a Eficcop [VIDEO]
El interino Juan Carlos Villena se pronunció para apoyar a los fiscales que combaten la corrupción y exhortó al Poder Ejecutivo reponer al grupo policial que apoyaba al equipo que lidera Marita Barreto.
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Terrorismo en Patáz: volaron otra torre de alta tensión de minera Poderosa
Los terroristas desafían a las FF. AA y a la PNP. Pese al estado de emergencia en Pataz y pesar del patrullaje de 300 efectivos policiales y la presencia de cientos de soldados del Ejército, destruyen otra torre, entre las 15 torres que fueron destrozadas en los últimos meses. Y dejaron sin energía a la minera Poderosa.
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Procurador Javier Pacheco: “Alberto Fujimori no debe recibir pensión vitalicia por ser condenado”
El procurador general del Estado, Javier Pacheco asegura que la pensión vitalicia de S/15 600 para Alberto Fujimori queda suspendida, por haber sido condenado por delitos de corrupción y lesa humanidad y que, si bien fue indultado recientemente, esto no implica que se le haya declarado inocente.
El recién designado procurador general del Estado, Javier Pacheco Palacios, afirmó que, según la Ley N° 26519 (Ley de pensión para ex Presidentes Constitucionales de la República), la pensión vitalicia de S/15 600 soles de Alberto Fujimori, queda suspendida al haber sido condenado por delitos de corrupción y lesa humanidad.
El artículo 1° de la ley establece: “Los ex Presidentes Constitucionales de la República gozarán, de una pensión equivalente al total de los ingresos de un Congresista en actividad”.
Sin embargo, el artículo 2° señala: “El derecho referido en esta ley queda en suspenso para el caso de ex Presidentes de la República respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes”.
Ley N° 26519 (Ley de pensión para ex Presidentes Constitucionales de la República).
El procurador Pacheco en entrevista a Exitosa, advirtió que, si bien fue indultado, el expresidente Fujimori no ha sido absuelto de los cargos. Es importante recordar que, si bien fue liberado recientemente, esto no implica que se le haya declarado inocente.
“Nosotros conocemos cuál fue el resultado y que aquí no fue declarado inocente. Fue condenado tanto por delitos de corrupción, como delitos de lesa humanidad (…) No tiene este beneficio en el Congreso de la República”, remarcó.
Alberto Fujimori sí cobra pensión de catedrático
Con respecto a este tema, el abogado del exmandatario Elio Riera reconoció que, actualmente, el expresidente recibe pensión por haber sido catedrático de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM).
“¿Él está ganando como catedrático? Es correcto, y de la renta que genera de los libros (…) estimo que son menos de S/2000”, puntualizó.
Fujimori pidió al Congreso su pensión vitalicia, más vales de combustible
A través de un documento enviado el 24 de abril, el exmandatario y su abogado, Elio Riera, formalizaron el pedido ante el oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno Florez, amparándose del acuerdo de Mesa 078-2016-2017/MESA-CR.
Fuente: Latina.
“Por medio de la presente me es grato saludarlo y a la vez solicitarle se disponga se le otorgue la pensión establecida en la Ley N°26519 al expresidente constitucional de la República, Alberto Fujimori Fujimori, según Acuerdo de Mesa N°078-2015-2017/MESA-CR”, se lee en el oficio.
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Colectivos realizarán protesta contra ‘apología al terrorismo’ en el Ministerio de Cultura
Ante el escenario ciudadano que exige una responsable inversión del erario público para el estímulo de obras cinematográficas, varios colectivos harán un plantón el miércoles 8 de mayo en el frontis de la sede principal del Ministerio de Cultura.
Más de una decena de colectivos realizarán este miércoles 8 de mayo un plantón-protesta en el frontis de la sede principal del Ministerio de Cultura para mostrar su rechazo a los criterios utilizados por la Dirección de Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) para otorgar los estímulos económicos provenientes de los fondos públicos a proyectos cinematográficos con sesgo ideológico.
El plantón se realizará desde las tres de la tarde y participarán colectivos como Legión Patriota y Comando Valer, Insurgencia, Movimiento Democrático Anticomunista, Fenavit, Fundación Juana López, Elite Democrático, Trinchera Demócrata Perú, Anti Comunistas-Anticaviares, entre otros.
En la promoción de su anuncio se lee: “Ministra de Cultura financia películas que le lavan la cara al terrorismo sanguinario pisoteando la memoria de mies de víctimas”.
Cabe mencionar que el Congresista Alejandro Muñante ya solicitó a través de una moción de orden del día, crear una Comisión Investigadora en el Parlamento para investigar los ‘Estímulos Económicos’ del Mincul para conocer cuáles fueron los criterios para financiar proyectos cinematográficos, y advirtió que el “Ministerio de Cultura destinó fondos públicos para financiar y promover cinematografías que tergiversan la historia”.
Ministerio de Cultura anunció una reestructuración en el financiamiento para los proyectos cinematográficos
Ante el escenario ciudadano que exige una responsable inversión del erario público para el estímulo de obras cinematográficas y tras el oficio que la congresista Rosangella Barbarán le envió a la ministra Leslie Urteaga, para que explique sobre el financiamiento de películas con temática terrorista, la titular del sector anunció, reestructuración.
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Congresista Muñante solicitó crear Comisión para investigar los ‘Estímulos Económicos’ del Mincul
El congresista Alejandro Muñante presentó una moción para crear una comisión investigadora para conocer cuáles fueron los criterios para financiar proyectos cinematográficos, y advirtió que el “Ministerio de Cultura destinó fondos públicos para financiar y promover cinematografías que tergiversan la historia”.
El parlamentario Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentó una moción de orden del día (N° 11383) para crear una comisión multipartidaria que investigue en el plazo de 60 días, el uso de los fondos públicos otorgados por el Estado para la Actividad Cinematográfica y Audiovisual; es decir, a los proyectos de cine presentados por sus realizadores, entre los años 2011 y 2023.
La investigación busca determinar si estos fondos “cumplieron los propósitos contemplados en la norma, esto es, estimular la educación, y promover la imagen del Perú a nivel nacional e internacional”.
Moción que solicita crear comisión para investigar uso de fondos públicos para películas.
El congresista, a través de su cuenta en X, advirtió que el “Congreso de la República debe investigar inmediatamente el correcto uso de los recursos públicos destinados a la producción de películas señaladas por su sesgo ideológico y acusadas de tergiversar la historia de país”.
En el segundo folio de la moción se indica que el Mincul destinó fondos públicos para financiar producciones que tergiversan ideológicamente la historia del Perú, respecto al terrorismo que azotó al país.
“Contrariamente a los fines de la norma, a través de denuncias periodísticas, se ha podido conocer que el Ministerio de Cultura ha destinado fondos públicos para financiar, promover y distribuir producciones cinematográficas y audiovisuales que tergiversan la historia del Perú en lo que respecta al terrorismo y proyectos artísticos que tienen una carga ideológica”, señaló Muñante.
Asimismo, el congresista citó películas como “El Viaje de Javier Heraud”, “La Revolución y la Tierra”, “Hugo Blanco, Río Profundo”, “La Última Tarde”, y la recién estrenada “La Piel Más Temida”, estas dos últimas dirigidas por el cineasta huancaíno Joel Calero.
Expremier Salvador del Solar también se benefició con S/800 mil para una de sus películas
Muñante Barrios, se refirió al Decreto de Urgencia N° 022-2019 que promulgó el expresidente Martín Vizcarra
“Estas producciones habrían tenido un importante incremento a raíz de la dación del Decreto de Urgencia 022-2019 que fue promulgada por Martín Vizcarra de la mano con Salvador del Solar, aprovechando el interregno parlamentario, tras el cierre del Congreso. Sin embargo, llama la atención que, gracias a este DU, el expremier habría sido beneficiado con S/800 mil en el 2023 para la producción de una de sus películas”.
Hasta 2022 el Ministerio de Cultura otorgó casi 110 millones para producción de películas
El congresista también se refirió a los años de financiamiento de producciones cinematográficas por parte del ministerio de Cultura:
“Asimismo, hemos advertido en la moción que, desde el 2011 al 2022 se ha entregado S/109 millones, 883 mil, 873 para la Actividad Cinematográfica y Audiovisual. Además, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, ha anunciado otros S/36 millones en el 2024”.
Así las cosas, y pese a que a la ministra de Cultura Leslie Urteaga ya anunció que en DAFO habrá una reestructuración en el financiamiento para proyectos cinematográficos; de todas maneras, tiene mucho qué explicar, sobre este tema y sobre otros casos, como la contratación de la empresa Joinnus y las vulneraciones que acaban de darse en patrimonios arqueológicos como Chan Chan y Kuélap.
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Walter Gutiérrez renunció a los cargos de embajador del Perú en España y Andorra
Al exdefensor del Pueblo los cargos solo le duraron unas semanas. Walter Gutiérrez fue designado como embajador de Perú en España en marzo de 2023; sin embargo, inició funciones el 21 de abril y lo más probable es que El Ejecutivo lo coloque en otro cargo.
¿Acaso el Ejecutivo le está reservando otro cargo? Walter Gutiérrez ha presentado su renuncia al cargo de embajador en España y del Principado de Andorra, y como representante del país ante la Organización Mundial de Turismo (OMT).
La decisión fue comunicada a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a través de una carta.
La designación de Walter Gutiérrez como embajador en España se llevó a cabo en marzo de 2023, y comenzó oficialmente sus funciones el 21 de abril del mismo año. Luego, el 12 de mayo, asumió simultáneamente como embajador extraordinario y plenipotenciario de Andorra.
Según el exdefensor del Pueblo, su motivación corresponde a “consideraciones personales que hacen inviable continuar desempeñándome como embajador del Gobierno”.
Asimismo, trascendió que el también exdefensor del Pueblo, habría tenido diferencias con el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea acerca de las políticas del Gobierno sobre el Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Al presentar estas dimisiones debo agradecerle la confianza brindada para asumir las mencionadas responsabilidades. Asimismo, deseo expresarle que ha sido un honor representar al Estado peruano y a mi país en el reino de España”, señala Gutiérrez en la misiva.
Carta enviada por Walter Gutiérrez a Dina Boluarte donde renuncia a los cargos de embajador.
“Finalmente, es mi más sincero deseo que su Gobierno pueda concretar los objetivos de Estado que se han propuesto, así como cumplir con éxito el periodo constitucional de su gestión”, añade.
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Osiptel bloqueó más de 600,000 celulares con IMEI clonados en apenas 11 días
Asimismo, la representante de Osiptel advirtió que, a partir del 22 de julio, se bloquearán los equipos móviles que no estén registrados en la lista blanca del sistema.
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Alcalde Rennán Espinoza a pesar de evidente video, negó que haya piloteado camioneta y que haya escapado de la ambulancia
Tras cinco días de silencio, apareció el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza y en una entrevista aseguró que nunca manejó la camioneta accidentada y que no huyó de la ambulancia que lo llevaba al hospital y más bien aseveró: “Se fuga quien está detenido, preso o impedido de su libertad. Cuando uno es un paciente y es trasladado en este tipo de casos, es a voluntad de la persona que se retira”.
Tras una clandestinidad de cinco días, por fin apareció el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, y pesar de las imágenes de video que registraron los detalles del accidente y su explicita fuga de la ambulancia que lo trasladaba al hospital, él dio declaraciones a periodistas de América Noticias y negó todo.
Mientras monitoreaba la remodelación de un parque, el burgomaestre de Puente Piedra aseguró que el primero de mayo, día en el que su camioneta se estrelló contra una caseta en el peaje Chillón, él no conducía y negó que se haya fugado de la ambulancia que lo trasladaba al hospital.
Cuando el periodista le preguntó: ¿Usted no quiso entrar por temor a que le hagan un dosaje? Renán Espinoza respondió: “Pero yo no tengo que pasar dosaje etílico ¿cuál sería mi temor a pasar dosaje etílico?”
Entonces, vino la repregunta: “Alguien podría pensar que usted manejaba”.
“Pero si eso se estableció en el accidente; para eso estaba la policía en el lugar”, respondió el alcalde Espinoza.
Asimismo, el alcalde de Puente Piedra desvirtuó el video en el que se observa hasta cuatro mujeres que intervienen en su rescate para emprender la fuga y en su lugar asegura que se trató de un ‘retiro voluntario’.
“Se fuga quien está detenido, preso o impedido de su libertad. Cuando uno es un paciente y es trasladado en este tipo de casos, es a voluntad de la persona que se retira”, respondió.
También dijo que decidió ir a una clínica porque no estaba tan mal y agregó que solo fue auxiliado por unas vecinas.
“Mucha gente se acercó y es probable que sean personas de la Municipalidad como otras vecinas y vecinos, tengo varios amigos”.
Ante ello, se le preguntó: ¿No conoce a sus funcionarios?
“Sí los conozco, pero ni siquiera he apreciado bien los videos”, contestó el alcalde de Somos Perú.
Sin embargo, las imágenes hablan por sí solas y en realidad, no se acercó ningún vecino, ni amigo. Por ello, el propio alcalde Rennán Espinoza terminó por reconocer que fueron sus funcionarias municipales, las que se lo llevaron de la ambulancia.
“Sí, son trabajadoras de la municipalidad”, admitió el burgomaestre.
Sila Pilar Chahua Bailón es la gerenta de Salud; Hilda Chaccha Suasnabar es la gerenta de Seguridad Ciudadana; Brenda Milagritos Santana Sáenz trabaja en la agencia centro y Deysi Linn Ortiz Tarazona es gerenta de Participación Vecinal. Aunque ésta última no estuvo, según el alcalde.
Cámara de seguridad registra cómo fugó el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza.
Negó que sus funcionarios municipales le hayan ayudado a escapar
“Yo no necesitaba ayuda para poder trasladarme, no estaba incapacitado; tranquilamente podía caminar, y se han acercado para ver si estaba en una situación más gravosa”, refirió.
Rennán Espinoza también negó haber estado ese mismo día en una reunión con sus trabajadores en el estadio municipal y señaló que dicho evento ocurrió un día antes.
Lo cierto, es que el hombre evacuado por la ventana del piloto de la camioneta vestía polo celeste y gorro azul; justamente, la indumentaria del alcalde Espinoza al momento del accidente; sin embargo, lo negó todo y dijo que se trata de una especulación, e incluso mencionó que las cámaras lo pueden corroborar todo.
“Todo lo demás es pura especulación, las cámaras pueden corroborar todo esto, yo entiendo que la especulación y la suspicacia es mucho más grande decir que el alcalde estaba ahí, porque es el político, lo comprendo”, de esa manera negó todo.
Finalmente, también dijo que no vio la agresión de su sereno contra un efectivo de la Policía y que menos sabía que su jefe de Imagen nunca había tramitado un brevete en su vida.
Ante este afán de confundir a la opinión pública y de presuntamente obstaculizar las investigaciones con declaraciones insólitas y contrarias a las evidencias tecnológicas, ahora solo queda esperar a la Fiscalía de la Nación, para que tome cartas en el asunto, porque solo su institución es la que debe perseguir el delito y la única titular de la acción penal.
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