En los últimos años en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) la pugna por el poder ha sido la constante y por ello se han venido realizando tropelías y nombramientos a dedo.

Sus presidentes ejecutivos de turno han sabido encontrar una especie de “imperio” en la entidad estatal, porque colocan a sus allegados en puestos claves, cancelan programas culturales que tuvieron auge durante años y producen otros con tinte ideológico y militancia caviar; e incluso, despiden de forma masiva a trabajadores que llevaban años laborando.

¿Cuáles son las razones?  

El IRTP; no tiene el rigor que tienen los medios privados que inevitablemente están sometidos a resultados de productividad, rating, tiraje y costo beneficio, debido a que en el predio de Santa Beatriz tienen la planilla asegurada y no tienen por qué preocuparse, y sólo les queda gastar el presupuesto asignado por el MEF para asegurar sus planillas doradas.

Actualmente, la televisora estatal se encuentra en manos del magister online Jesús Solari, y prácticamente se encuentra en piloto automático, porque la gerencia de prensa continúa acéfala, sin gerente ni encargado; la gerencia de televisión con la encargada Verónica Flores, y la Gerencia de Radio Nacional, nada menos que a cargo del propio presidente ejecutivo… Jesús Solari.

Entre tanto, el IRTP afronta otro escándalo, porque acaban de despedir a dos periodistas: al caviar proizquierda Carlos Cornejo, por haber editorializado su programa Rimanchik en contra del gobierno de Dina Boluarte, y además sacaron al gerente de Prensa, Carlos Becerra por aumentar el salario a 20 trabajadores que ganaban sueldos bajísimos.

Pero lo más evidente en la gestión de Solari y que ha convertido al IRTP en una entidad de la izquierda caviar, fue el corte de la trasmisión del Concurso Nacional de Marinera en TV Perú, para trasmitir en VIVO los desmanes en Lima, algo similar a lo que hicieron los del partido Morado con la venia de los medios en noviembre de 2020.

Desde hace siete gobiernos El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú ha carecido de autoridad, monitoreo y fiscalización, y todo por las decisiones de un privilegiado grupo de servidores con cargos de confianza que solamente se han encargado de llevarlo casi al hundimiento.

Finalmente, ¿Cuándo designarán a un Presidente del IRTP que no sea ideologizado y que termine con las incompetencias y repartijas que han golpeado a la televisora estatal desde hace varios años?

Un arsenal para la guerra. Las recientes protestas en Lima se fueron tornando violentas con el pasar de las horas y todos se preguntaban quiénes se encuentran detrás de ellas, pues se constata una previa organización para movilizar a cientos de ciudadanos con el propósito de vandalizar instituciones del Estado y el ornato público.

Provistos de palos, escudos, cascos y compuestos químicos, los manifestantes poco a poco se han ido asemejando a una guerrilla capaz de poner en jaque el Centro de Lima, obligando a los comerciantes de la zona a cerrar sus negocios de manera prematura; y a su vez, a redoblar los esfuerzos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para contener a los violentistas que se disfrazan de seudodemócratas colocándose una bandera del Perú en la espalda.

Tras un operativo, la PNP logró incautar palos, líquidos con compuestos químicos para neutralizar las bombas lacrimógenas, cascos, y escudos, que eran transportados en un vehículo por Maritza del Carmen Sánchez Perales, que fue directora regional de educación de Lima en el gobierno de Pedro Castillo.

Sin embargo, ella no estuvo sola, junto a ella la PNP intervino a Vilma Castillo Ramírez, que registra antecedentes por robo. Lo más increíble de la detención es que ambas fueron candidatas al Congreso de la República.

Para los agentes de la PNP, las inscripciones en los escudos tienen significados relacionados a la violencia y a la muerte, y han sido tomados de la película “Invicto”.

Asimismo, los efectivos del orden señalaron que despliegue logístico de estos materiales, corresponde a la actuación propia de una organización criminal; incluso se logró determinar que el material usado en las violentas protestas que cobran vidas, es recogido en vehículos luego que termina el enfrentamiento.

La PNP informó que queda prohibido, el transporte y utilización de esta logística para las manifestaciones. Sobre la intervención informó que se puso de conocimiento a la Fiscalía para determinar la situación legal de las intervenidas, asimismo ya se investiga las identidades de los líderes que incitan a la violencia.

Adiós a las fotopapeletas abusivas. El alcalde provincial del Callao, Pedro Spadaro, anunció este martes que no renovará el contrato a la empresa encargada de las fotopapeletas en su jurisdicción, que vence el 28 de mayo, debido a que el consorcio no cumplió con “una serie de factores” y por cometer “abusos”.

En entrevista para RPP, el alcalde chalaco señaló que el Consorcio Tránsito Ciudadano (CTC) tuvo el “monopolio de la imposición de multas” en el Callao durante 16 años, por lo que se pidió una auditoría al contrato de la cual ya se conocen algunas observaciones.

“De acuerdo a lo que hemos informado el día de ayer al Concejo Municipal no se le concederá un solo día más a esta empresa por varios motivos (…) lo que ha sucedido en el Callao es que este Consorcio Tránsito Ciudadano no ha cumplido con una serie de factores que estaban colocados en su contrato”, dijo.

Pedro Spadaro explicó que el CTC no cumplió con la modernización en la semaforización del Callao, no hizo una inversión en el mejoramiento de las vías y denunció una “serie de abusos y arbitrariedades” que sufrió la población por parte de la empresa.

“El esconderse sin la señalización adecuada para imponerle una multa per se solamente por colocarle una multa y que además tenga que reclamar ante un tercero y estos reclamos hasta el día de hoy no se han resuelto, y que además tengan que embargarle cuentas y extraerle el dinero, no es un fin educativo o un fin de mejorar el tránsito en el Callao. Obviamente lo que se ve es un fin lucrativo”, lamentó.

La autoridad municipal anunció que a partir del 28 de mayo la Municipalidad Provincial del Callao asumirá el trabajo de las fotopapeletas y buscar invertir los montos recaudados en señalización, semaforización y mejoramiento de las vías.

“Se imponen aproximadamente dos mil papeletas diarias, de las cuales son notificadas entre 1 200 a 1 600, aproximadamente son entre tres a cuatro millones de soles que la empresa factura mensualmente”, aclaró.

Asimismo, Spadaro informó que se logró una amnistía de fotopapeletas al 80 % de descuento para que los afectados puedan regularizar su situación ante sanciones “impuestas indebidamente”.

“Digan la verdad”, ese fue el reclamo de Elizabeth Santisteban, hermana del hombre de 55 años quien falleciera el último sábado durante las protestas en el Centro de Lima, indicando que su familiar pereció producto de un “objeto contundente duro”, el cual se trataría de una granada de gas lanzada a muy corta distancia, según algunas imágenes difundidas.

En esa línea, la mujer desmintió las versiones que señalan lo contrario y pidió que se difunda la verdad al respecto, ello como muestra de respeto para su familia.

De igual forma, anunció que los familiares de Víctor Santisteban pretenden llegar “hasta las últimas consecuencias”, a fin de lograr obtener justicia por la muerte de su hermano.

“Acá está, ha sido un artefacto contundente y duro, que si ustedes (prensa) pueden entrar a Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, van a ver todos los videos, de que a mi hermano lo mató, le destrozó el cráneo, un objeto contundente duro, no una piedra. Así que yo, Elizabeth Santisteban, hermana del fallecido desmiento a todos los canales que están diciendo que es una piedra. Digan la verdad, que es lo único que pido, respeto a mi familia, digan la verdad. Y, definitivamente, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias“, declaró ante la prensa.

Tras ello, manifestó que “el que tiene que caer, va a caer” porque afirma que existen videos que apoyan lo que señala. Además, precisó que buscarán “todos los videos” que sean necesarios para las indagaciones correspondientes.

Elizabeth Santisteban no terminó su pronunciamiento ante los medios sin antes dirigirse a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a quien le solicitó que los ayude con su caso. 

“Me dirijo a la presidenta, como mujer, como madre, como hermana, que nos mire y nos ayude, porque no basta decir un sentido pésame, queremos actuar“, expresó la hermana del manifestante fallecido.

Una muerte que se busca minimizar

De acuerdo al certificado de necropsia se precisa que la causa de muerte del hombre de 55 años es por “contusión y laceración encefálica, fractura craneal y traumatismo craneoencefálico severo”. De acuerdo a lo determinado por el médico que evaluó el cuerpo esto lo originó un “elemento contundente duro”.

Asimismo, alrededor de la muerte de Santisteban Yacsavilca se han tejido una serie de contradicciones y suspicacias que empezaron con los comunicados emitidos por el Ministerio de lnterior y EsSalud, donde primero se dijo una cosa y luego otra.

En su primer comunicado, EsSalud refirió: “Lamentamos informar el fallecimiento del adulto de iniciales V.R.S.Y., policontuso y con traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, nuestro personal hizo todo lo posible para salvarle la vida”.

Casi una hora después, la institución de salud señaló: “El paciente ingresó al hospital de Emergencias Grau en mal estado general con trastorno de conciencia, presentando herida contuso cortante en región retroauricular derecha (detrás de la oreja) producto de un golpe”.

Creyeron, de manera ingenua, que una muchedumbre los iba a proteger para que de manera impune cometan actos vandálicos. El Poder Judicial (PJ) ordenó 4 meses de prisión preventiva en contra de 7 ciudadanos quienes, el último 26 de enero, fueron detenidos en flagrancia por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), cuando generaron bloqueos en la Panamericana Sur; así lo informó el Ministerio del Interior (Mininter).

“El Poder Judicial ordenó la prisión preventiva, por un periodo de 4 meses, contra siete personas, quienes fueron detenidas el pasado 26 de enero, durante los disturbios registrados en la Panamericana Sur, en las zonas conocidas como Expansión Urbana y Barrio Chino, en la región Ica”, precisa el comunicado difundido en la cuenta oficial de Twitter del Mininter.

Según detalla, las personas contra las que se dictó dicha medida fueron identificados como: Joel Vega Muñoz, Luis Alcides Castillón Estrada, Yony Mendoza Llamocca, Wilber Huamaní Flores, Felimon Huamani Medina, Ezequiel Benedicto Fernández Ponce y Junior Alexander Guzmán Castillo.

Se conoce que los mencionados ya fueron trasladados hasta el penal “Cristo Rey” de Cachiche, esto por disposición del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica. Los detenidos podrían cumplir prisión efectiva hasta por 7 años.

El oficio judicial, que fue enviado al director del mencionado establecimiento penitenciario, indica que dichos sujetos son investigados por el presunto delito de entorpecimiento al “funcionamiento de servicios públicos y otros”, en agravio del Estado y otros.

“Como se recuerda, estas personas fueron detenidas en flagrancia por efectivos de la Policía Nacional del Perú, cuando participaron de los bloqueos de la Panamericana Sur y hasta agredieron a los efectivos con piedras y otros objetos contundentes“, agrega el pronunciamiento.

De igual manera, el Mininter recalca que, entre el 24 y 27 de enero de este año, un total de 44 efectivos policiales fueron heridos como consecuencia de los enfrentamientos contra los manifestantes que bloquearon las vías de Ica.

En tanto, el Juzgado de Ica aprobó imponer un mes de prisión preventiva a Edwin Apari Huamán (29) y Adan Sanchoma Machari (26), intervenidos por lanzar objetos incendiarios contra policías y bloquear la carretera Panamericana Sur.

Hasta el momento, un grupo de manifestantes continúa bloqueando dos tramos de la carretera Panamericana Sur en Barrio Chino y Expansión Urbana.

La tarde de ayer un grupo de personas limpió la carretera en el kilómetro 290, pero una hora después esta volvió a ser cerrada. 

Estudiantes universitarios se aúnan a las protestas y en esta ocasión le tocó el turno a los de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), quienes hace unos días vienen solicitando a la rectora de su casa de estudios, Cristina Asunción, el uso de las instalaciones para poder dar cobijo a los manifestantes que se han congregado en la ciudad, en su mayoría provenientes de regiones del sur del Perú.

A través de una carta abierta enviada el pasado 21 de enero del 2023, la Coordinadora Democrática Estudiantil (COODE UNFV), el frente de estudiantes de diversas facultades y la autora del pedido, se solidarizó con quienes están ejerciendo su derecho a la protesta.

“Exigimos a la rectora de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Cristina Asunción, a la Asamblea Universitaria y al Consejo Universitario, a permitir el uso de las instalaciones de nuestra alma máter, con el objetivo de apoyar y solidarizarnos con aquellos compañeros y estudiantes que ejercen su derecho de protesta contra la dictadura de Dina Boluarte”, se lee en la misiva.

“Recordemos que, según el inciso A del artículo 4 de nuestro estatuto, uno de los principios de nuestra universidad es la justicia social, la solidaridad, la libertad, la fraternidad, la afirmación de los valores nacional y la defensa de los derechos humanos“, agregó.

En otra parte del comunicado, la COODE UNFV también rechazó la intervención policial a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Indicó que dicho operativo se habría podido evitar si la rectora Jerí Ramón hubiera mantenido el espíritu de diálogo, tal como ocurrió en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

“Los compañeros sanmarquinos venían realizando una medida de lucha en solidaridad con los protestantes provenientes de interior del país. Esto se pudo haber evitado si la rectora de dicha universidad hubiese mantenido el dialogo y abierto la casa de estudios de manera solidaria, tal como ocurrió en la Universidad Nacional de Ingeniería”, precisó.

Cabe recordar que previamente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) abrieron sus puertas para albergar a ciudadanos de la región macro sur del país, quienes posteriormente acudieron a las marchas en contra del gobierno de la presidenta Boluarte.

De aprobarse el petitorio por parte de los alumnos de la UNFV esa casa de estudios superiores se convertiría en la tercera universidad pública en albergar a los protestantes.

Caras nuevas y algunas ya conocidas. El Ejecutivo designó este jueves 26 de enero – mediante Resolución Suprema N° 001-2023-MC – a María Teresa del Carmen Quiroz Velasco, Manuel Ignacio Chiroque Farfán y Owan Néstor Eugenio Lay González, como integrantes del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

El IRTP, es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Cultura, que tiene por finalidad ejecutar actividades y acciones a nivel nacional de difusión de contenidos educativos, informativos, culturales y de esparcimiento.

Perfil de los nuevos integrantes

María Teresa del Carmen Quiroz Velasco es Magister en Sociología y Doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad Científica del Sur. Cuenta con publicaciones de libros dedicados a la educación y las comunicaciones.

También se desempeñó como investigadora y profesora principal en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima y fue docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue directora del Instituto de Investigación Científica y es especialista en temas de comunicación, educación, cultura, tecnologías, periodismo, libertad de expresión y autorregulación.

Manuel Chiroque Farfán es especialista en comunicación audiovisual, con estudios de posgrado en marketing. Actualmente es docente y jefe del Laboratorio de Televisión de la Universidad Nacional del Santa, desde donde investiga sobre comunicación transmedia, audiencias multiplataforma, narrativas móviles y video en 360°.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en producción y dirección de contenidos televisivos, proyectos multiplataforma; así como en gestión de marca y comunidades virtuales. También fue director del noticiero Primera Edición de Chimbote del 2006 al 2009. Ha presentado ponencias en el Perú y el extranjero, y forma parte de la Comisión Ejecutiva de la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales – Red INAV, presente en 13 países.

Owan Néstor Eugenio Lay González regresa al Consejo Directivo del IRTP, donde participó entre los años 2018 – 2021. Es gestor público y cultural, con licenciatura en Relaciones Internacionales y estudios de maestría en Gestión Pública. Ejerció cargos directivos en el sector público, organismos internacionales y no gubernamentales. Entre ellos, como director técnico del Centro Regional para Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina- CRESPIAL, Centro de categoría 2 de UNESCO.

En el sector público, fue director de Políticas para Población Afroperuana, logrando la aprobación de diferentes normas como el Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana; director del Lugar de la Memoria la Tolerancia y la Inclusión Social y es miembro del directorio de la organización afroperuana Makungu para el Desarrollo y del Foro Peruano de Relaciones Internacionales FOPRI.

Creyó sentirse seguro detrás de una computadora y que sus publicaciones no iban a pasar desapercibidas por las autoridades, sin embargo Rodrigo Benjamín Benites Silva acaba de ser condenado por el delito de apología al terrorismo, a través del uso de tecnologías de la información o comunicación (redes sociales), el último miércoles 18 de enero del presente año.

El sujeto realizó una publicación en la red social Facebook, anteriormente, donde enalteció, exaltó y justificó el accionar del cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso (SL), Abimael Guzmán Reinoso, quien falleció el pasado once de septiembre del 2021.

Al grupo terrorista SL se le atribuyen más de 200 masacres, en todo el país y especialmente en zonas rurales, lideradas por Guzmán Reinoso. Además, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), los asesinados por esta organización ascendieron a más de 32 mil víctimas.

En este escenario, el Ministerio Público y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo consiguieron demostrar que Benites Silva fue el autor del post, en la mencionada plataforma digital, donde se incurrió en el referido delito.

El hecho sienta un precedente en el sistema judicial, tras la disposición del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, debido a que se trata de la primera sentencia condenatoria en este tipo de casos.

El delito de apología al terrorismo se encuentra comprendido en el artículo 316-A del Código Penal, el mismo que fue incluido mediante la Ley N° 30610 publicada el 19 de julio del pasado 2017.

El Poder Judicial determinó, en este marco, un total de ocho años de pena privativa de la libertad efectiva, así como el pago de una determinada suma de dinero, al sentenciado.

“Se dictó la primera sentencia condenatoria por Apología al terrorismo en redes sociales. Poder Judicial impuso en primera instancia ocho años de prisión efectiva y el pago de 10 mil soles por concepto de reparación civil”, informó la Procuraduría.

Sendero Luminoso nunca fue un movimiento político sino un grupo terrorista

Por otro lado, Milko Alberto Ruiz Espinoza, procurador público especializado en delitos de terrorismo, destacó la medida como un avance, en nuestro sistema judicial, en la lucha contra el terrorismo en el país.

El funcionario reafirmó que cualquier tipo de declaración, expresión o publicación, ya sea en redes sociales u otro escenario, que exalte, justifique o enaltezca el terrorismo constituye el delito de apología sancionado con una pena privativa de la libertad de hasta 15 años.

La misma sanción recae contra aquellos que, en las mismas circunstancias o similares, justifiquen, enaltezcan o exalten a una persona condenada por el delito de terrorismo.

Según la CVR, en su informe final, se contabilizaron pérdidas económicas en el Perú por un total de US$ 9′184,584.648 tras los ataques terroristas entre los años 1980 y 1988. Dicho monto fue calculado por la Comisión Especial del Senado de la República.

Asimismo, la CVR también informó del costo económico para las familias rurales al interior del país, tras finalizar este periodo, que sufrieron directamente los estragos del terrorismo. Esta suma, según la entidad, superó los más de 17.000 soles por familia.