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Política

La historia oculta de Sunedu

La famosa reforma universitaria tiene una serie de irregularidades y más de una investigación pendiente. Cerrar pésimas universidades recoge total consenso pero, detrás de esa pantalla, se utilizó a la SUNEDU para cierres indiscriminados con la oscura finalidad de crear un nuevo mercado universitario.

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Martín Vizcarra, Oswaldo Zegarra y Martín Benavides.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) fue creada el 3 de julio de 2014 en el gobierno de Ollanta Humala, a través de la Ley 30220, conocida como la Ley Universitaria, norma que estableció las 17 funciones de la SUNEDU. En ninguna de esas funciones se le otorgó la facultad de clausurar universidades. En efecto, la ley señaló que la finalidad de la SUNEDU es “asegurar una oferta educativa de calidad en favor de los estudiantes, a través del licenciamiento y supervisión de este servicio público”. La supervisión le permitía a esta entidad tomar las medidas necesarias para reestructurar, reformar, rectificar el rumbo de una casa de estudios pero jamás la ley universitaria contempló el cierre de universidades.

¿Por qué la ley original no autorizaba el cierre? Por una razón: proteger a los cientos de miles de estudiantes. Cerrar una universidad es dejar en la calle a miles de estudiantes, es privarles de un futuro profesional, es atentar contra su derecho a recibir educación superior. Por eso, la Ley Universitaria nunca estableció mecanismos de cierre para que la SUNEDU clausure centros de estudio. Al contrario, fue creada para que tome las medidas necesarias para encauzar a las universidades en problemas y obligarlas a que mejoren el nivel educativo: las Condiciones Básicas de Calidad.

Una muestra indiscutible de que esa fue la idea central de  la Ley Universitaria es que entre el 2014, año de creación de la SUNEDU, y abril de 2018, se licenciaron 22 universidades públicas y 32 universidades privadas y no se cerró ninguna.

Fachada de la sede de la SUNEDU.

Cuándo y por qué cambiaron las reglas


Todo cambio cuando el expresidente Martín Vizcarra vio la oportunidad de un lucrativo e ilegal negociado que hasta hoy no se investiga. La historia es la siguiente.

El 7 de mayo de 2018, Vizcarra nombró como Superintendente de la SUNEDU a un desconocido sociólogo que se desempeñaba como profesor de la Pontificia Universidad Católica, llamado Martín Benavides Abanto. Cuatro meses después de su nombramiento, exactamente el 10 de setiembre de 2018, Benavides creó y puso en vigencia un sorpresivo reglamento para cerrar universidades. Lo hizo mediante Resolución del Consejo Directivo N° 111-2018-SUNEDU/CD.

Yendo contra la Ley Universitaria y contra las funciones específicas de la SUNEDU, Benavides, el socio de Vizcarra, cambió ilegalmente las reglas de juego al disponer lo siguiente: “El presente reglamento regula el proceso de cese de actividades de universidades y escuelas de posgrado” (Artículo 1) y se encargó de precisar que, por cese de actividades, se debería entender “Cese de la prestación del servicio educativo superior universitario debido a la denegatoria o cancelación de la licencia institucional o, de ser el caso, ante la decisión voluntaria de la universidad y/o escuela de posgrado”.

Su paso por la SUNEDU reflejó irregularidades.

Así nació el famoso Licenciamiento de universidades y en su gestión Benavides rápidamente desenvainó una espada que la ley no le había concedido a la SUNEDU y, usando el reglamento hecho a la medida por él mismo, cerró 46 universidades en apenas 20 meses. Una cifra que demuestra que la evaluación de universidades fue un trámite falso por una razón: se cerraron 2.3 universidades por mes, es decir, cada 13 días la SUNEDU de Benavides Abanto y Vizcarra cerraba una universidad. Esto es imposible porque significaría haber inspeccionado locales, analizado miles de documentos, recibido descargos, evaluado informes en solo 13 días para una sola universidad. Algo imposible.

Con esa espada, la SUNEDU despedazó el derecho a la educación y dejó en la calle a más de 180 mil estudiantes y, lo más grave, no se tomaron el afán de darles una alternativa. Miles de jóvenes estudiantes se quedaron sin ninguna alternativa y quedó deshecho el esfuerzo de sus padres por darles un futuro. En ningún caso, la SUNEDU contempló la opción de exigir la reforma, la adecuación, la reestructuración de centros de estudio. Solo buscó el cierre, la cancelación de las licencias.  

SUNEDU, Vizcarra, Benavides y un escenario pendiente de investigación

En el gobierno de Vizcarra, los medios de comunicación se encargaron de ser propagandistas de su gestión y una eficaz campaña mediática convirtió a la SUNEDU en un ente intocable. Cuando se intentaba mostrar los actos oscuros de la gestión de Benavides, empezaba el coro: “Si cuestionan a Benavides, están atacando la reforma universitaria; si atacan a Benavides, están apoyando a Telesup y a Luna Gálvez”.

Martín Vizcarra y Martín Benavides Abanto.

Ese fue el escudo fabricado por el ex presidente Martín Vizcarra y los medios de comunicación y fue utilizado por la SUNEDU de Benavides. Es verdad que los casos de Telesup y otras universidades cuestionadas merecían el cierre pero también existieron otras que podían ser restructuradas.

Lo que en verdad ocurrió tiene una hipótesis central: se retiraron licenciamientos para darle el mercado a un sector que Vizcarra y Benavides buscaron beneficiar y, en ese sentido, hubo actos que, por ahora, hay que llamar de presunta corrupción y presunto tráfico de influencias, y que necesitan de una investigación.

Las sombras del Caso UTP

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) es el negocio universitario de Intercorp, el poderoso grupo empresarial de Carlos Rodríguez Pastor que abarca banca, seguros, hotelería, restaurantes, inmobiliarias, educación, administración, lotería, y servicios. Es un grupo de tendencia monopólica como es el caso de la cadena Inkafarma y Mifarma y que ha incursionado en el rubro educación a nivel escolar y universitario.

UTP tiene su sede central en Lima pero un mercado millonario consiste en establecer una cadena de universidades en provincias. En vista de que ese mercado ya contaba con universidades en funcionamiento ¿cuál era el mecanismo para dejar libre ese mercado? El cierre indiscriminado de universidades. Allí adquiere sentido lo siguiente: Benavides Abanto inventó el reglamento de cierre de universidades el 10 de setiembre de 2018, llegó a cerrar 46 universidades en apenas 20 meses a un ritmo absurdo de 2.3 universidades sin licencia por mes, una cerrada cada 13 días y, de pronto, en enero de 2018 la SUNEDU emitió un comunicado señalando que “El 26 de enero del 2018, la UTP presentó la solicitud de creación de 8 filiales ubicadas en las regiones de Ancash, Cusco, Tacna, Puno, Ica, Piura, Junín y La Libertad” y añadió que “Para obtener su licenciamiento, la universidad demostró contar con la infraestructura y el equipamiento necesario para la prestación del servicio educativo”. De inmediato, la SUNEDU le extendió el licenciamiento a las filiales de la  UTP del Grupo Intercorp “tras corroborar que dicha casa de estudio cumplía las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) indispensables para ofrecer el servicio educativo de nivel universitario en el Perú”.

Se terminó otorgando licenciamiento a la UTP (sede central) y a 7 filiales (pidieron 8 al final fueron 7), trayendo abajo las reglas establecidas porque la UTP no cumplía con las reglas aplicadas para cerrar a 46 universidades pero, milagrosamente, obtuvo los licenciamientos.

Para que una universidad obtenga el Licenciamiento Institucional debe cumplir con una exigencia obligatoria: que la sede principal y sus filiales a nivel nacional tengan infraestructuras similares y el mismo nivel de equipamiento e implementación y estos requisitos deben ser verificados de manera presencial durante el proceso de licenciamiento. Es decir, la SUNEDU debe constatar que la infraestructura esté completa, que estén instaladas las bibliotecas, equipados los laboratorios y todo lo necesario para el funcionamiento óptimo de una sede universitaria.

¿Qué hizo la SUNEDU en el caso de las filiales de la UTP? Otorgó las licencias sin que existan los locales. Más de una de esas filiales, en el momento que se les otorgó el licenciamiento, se encontraban en construcción y otras ni siquiera iniciaban. Es decir, no cumplían con lo que la ley exige: infraestructura completa, bibliotecas ni laboratorios. Tampoco contaban con otro requisito exigido por la SUNEDU: licencia de funcionamiento municipal que se otorga recién cuando se empieza a operar.

Cada vez que se querían revelar estas irregularidades, la prensa adicta a Vizcarra y ciertos opinólogos saltaban furiosamente sosteniendo que la inmaculada SUNEDU no debía ser cuestionada. A estos medios no les interesaba para nada la situación de las decenas de miles de estudiantes.

Oswaldo Zegarra, actual jefe de la SUNEDU.

Las preguntas que están pendientes de investigación son varias. ¿Cuáles fueron los nexos de Vizcarra y Benavides con el Grupo Intercorp? ¿Cuál fue el rol de Fernando Zavala, quien después de haber compartido tareas ministeriales con Vizcarra terminó como gerente general de Intercorp? ¿Cuántas decenas de millones de soles significan las siete filiales universitarias que obtuvo ilegalmente la UTP? ¿Por qué Vizcarra nombró como ministro de Educación a Martín Benavides cuando terminó la famosa pero ilegal reforma universitaria de la SUNEDU? ¿Por qué el licenciamiento se volvió uno de los documentos más valiosos en el sistema educativo peruano? Y finalmente ¿por qué nadie pensó en los más de 180 mil estudiantes a los que dejó sin un futuro profesional?

La SUNEDU debe ser investigada y, sobre todo, debe cumplir con las normas en lugar de dedicarse a rechazar todo intento para reestructurar universidades que sí podrían funcionar siempre y cuando cumplan con las reglas de Condiciones Básicas de Calidad.  

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Política

Bancadas de izquierda y No Agrupados consiguen los votos requeridos para presentar una moción de vacancia contra Dina Boluarte

Moción multipartidaria sostiene que la mandataria ha incurrido en una “permanente incapacidad moral” relacionado a los casos Rolex y ‘Waykis en la sombra’, entre otras conductas irregulares a su investidura.

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Hace unos días la presidenta de la República, Dina Boluarte, manifestó que su intención es permanecer hasta el 2026 en el sillón de Pizarro, a pesar de que cada día van apareciendo más indicios de que ella habría cometido actos de corrupción gracias a favorecimientos indebidos de sus ‘waykis’. Ajena a la realidad de millones de peruanos, ella intenta crear una realidad alterna solo para el exterior, aseverando que existe un “gobierno fuerte”. Al parecer, tantas joyas en su cuello y brazos la han enceguecido de no percatarse que tiene en sus narices un país al borde del abismo.

Es así que las bancadas de Perú Libre y Cambio Democrático-Juntos por el Perú han presentado una nueva moción de vacancia contra la “mamá de todos los peruanos” para que se declare su “permanente incapacidad moral” por la desactivación del Equipo Especial de policías que prestaban apoyo al Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

En la moción, se le acusa a Dina Boluarte de intervenir indebidamente en las investigaciones policiales y fiscales relacionadas con su familia. Por ejemplo, se cuestiona que el 7 de mayo Boluarte haya convocado al coronel PNP Franco Moreno Panta, jefe de la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), tan solo tres días antes de la detención de su hermano, para discutir temas relacionados con las investigaciones en curso.

Durante esta reunión, según trascendió, la presidenta realizó varias preguntas incisivas al coronel Moreno, como: “¿Por qué usted no ha puesto a disposición al coronel Harvey Colchado a la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional?”. Se reporta que esta pregunta se refería a la destitución de Colchado como jefe de la Diviac después del allanamiento de la residencia de Boluarte en marzo de 2024, en el marco de un caso de relojes Rolex.

Los 28 congresistas que apoyan la moción (7 de Perú Libre, 8 de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, 4 del Bloque Magisterial, 2 de Perú Bicentenario, 1 de Podemos Perú, y 6 No Agrupados) afirman que Boluarte Zegarra ha violado varias disposiciones constitucionales y ha abusado de su posición para obstruir la justicia. También indicaron que la presidenta habría “cometido delitos utilizando indebidamente su cargo de jefa de Estado y de la Nación para tal efecto”. Añaden que la desactivación del equipo especial que apoyaba al Eficcop fue una maniobra para evitar la investigación de su entorno.

Como se recuerda, el Ministerio del Interior emitió la Resolución Ministerial 0610-2024-IN que desactivó el equipo policial de apoyo al Eficcop. Esta medida, según el ministerio, se tomó debido a la “duplicidad de funciones” entre este equipo y la Diviac. Sin embargo, la medida fue criticada por diversos sectores que la consideraron una forma de obstrucción a la justicia.

El dato:

Esta sería la sexta moción de vacancia contra la mandataria, las cinco anteriores no alcanzaron los votos requeridos para su debate y pasaron a su archivo.

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Política

Juan José Santiváñez juramentó como nuevo ministro del Interior [VIDEO]

Abogado ingresa en reemplazo de Walter Ortiz, quien presentó su carta de renuncia a la mandataria tras 45 días al frente del Mininter.

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El sexto en la lista. El abogado Juan José Santiváñez Antúnez juramentó hoy a las 2 de la tarde como nuevo titular del Ministerio del Interior (Mininter), reemplazando del renunciante Walter Ortiz, quien permaneciera poco más de un mes al frente de dicha cartera.

Santiváñez junto a Walter Ortiz, quien fuera su superior hasta hace unas horas. Foto: Presidencia.

Santiváñez Antúnez, se desempeñaba hasta la fecha como viceministro de Orden Interno desde abril de este año, y en dos ocasiones anteriores (mayo 2020 y febrero – marzo 2024) fue jefe de gabinete de asesores en el Mininter.   

El primer civil en asumir la jefatura del Mininter es un abogado que hasta este 16 de mayo se desempeñaba como viceministro de Orden Interno de dicho portafolio, cargo al que juramentó hace tan solo un mes en reemplazo del general PNP (r) Miguel Núñez Polar. Asimismo, se ha desempeñado dentro del Mininter como jefe del gabinete de asesores.

El letrado es egresado de la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con maestrías en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Según su hoja de vida, tiene también un máster en Litigación Oral por la California Western School of Law (USA), y máster en Acción Política y Participación Ciudadana por la Universidad Rey Juan Carlos (España), por la que obtuvo la calificación “Summa Cum Laude”.

fuente: rpp.

Nuevo ministro del Interior y sus fuertes lazos con la Policía

Juan José Santiváñez fue abogado de miembros de la Policía en casos vinculados a presuntos actos de corrupción, como el del general general Héctor Petit Amésquita, implicado en la presunta adquisición a precio sobrevalorado de rancho policial y equipos de protección contra la Cco-19, en el 2020.

Santiváñez también fue abogado del general PNP José Figueroa, quien en 2018 fue señalado como presunto integrante de la organización criminal Los Intocables Ediles, vinculada al cobro de extorsiones a comerciantes ambulantes y liderada aparentemente por el exalcalde de La Victoria, Elías Cuba.

Asimismo, mencionó haber sido abogado “a nivel administrativo” de Enrique Prado Ravines y otros involucrados en el caso del Escuadrón de la Muerte, que entre 2012 y 2016 presuntamente llevó a cabo ejecuciones extrajudiciales de sospechosos delincuentes.

En 2023, se supo de otros casos similares en los que Juan José Santiváñez actuó como abogado de tres generales de la Policía Nacional implicados en presuntos ascensos irregulares durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, en el 2021. Santiváñez Antúnez representó legalmente a Luis Enrique Legua Egocheaga, Eduardo Espinoza López y Fredy Aristo del Carpio, acusados de pagar una ‘coima’ para acceder a un ascenso.

“Son defensas que yo asumí en el ejercicio de mi profesión porque toda persona tiene derecho a su defensa”, manifestó en febrero de este año para RPP, luego de haber sido designado nuevamente como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, en la gestión del exministro Víctor Torres.

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Política

Ministra Elizabeth Galdo respalda a la presidenta y asegura que no existen fundamentos para vacarla

La ministra de Comercio Exterior y Turismo afirmó que confía en que la nueva vacancia contra la mandataria Dina Boluarte no va a prosperar y aseguró que la presidenta debe culminar su mandato en 2026.

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La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo, que perdió el control el 23 de abril pasado en un lamentable hecho en la ciudad imperial, cuando agredió a un periodista, al arrebatarle el micrófono para luego arrojarlo al suelo, solo porque le formuló una pregunta incomoda, ha salido a pronunciarse en favor de la presidenta Dina Boluarte y se suma a los ministros que han ejercido su férrea defensa hacia el gobierno, como si fueran los voceros oficiales.

Esta vez la titular del Mincetur durante su estancia en Arequipa se pronunció ante la nueva moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, presentada por las bancadas de izquierda en el Congreso y dijo que la vacancia es una facultad que tiene el Parlamento, pero que debe haber “razonabilidad”.

“Considero que el Congreso está haciendo un ejercicio de las facultades que tiene como sucede en cualquier país democrático. Si esa moción avanza, esperemos que haya razonabilidad y sustento, porque los peruanos queremos seguridad, tranquilidad, trabajo”, sostuvo Galdo.

Además, consideró que no existen fundamentos para destituir a la presidenta Dina Boluarte del cargo que ocupa desde el 7 de diciembre de 2022 y confió que la moción será rechazada por la mayoría de los congresistas.

“Yo esperaría que esta moción se rechace, considero que no existen fundamentos para que prospere, pero por supuesto que respeto el libre ejercicio de las funciones del Congreso que democráticamente pueden optar por esas alternativas. Confío en que no va a prosperar”.

Ministra de Comercio Exterior Elizabeth Galdo fue denunciada por haber agredido a periodista en Cusco.

Elizabeth Galdo respalda incondicionalmente a la presidenta Dina Boluarte

“Yo respaldo a la presidenta, porque veo que es una persona que está completamente dedicada las 24 horas a trabajar por sacar adelante a nuestro país. Además, es una persona resiliente, fuerte, que nos da mucha fuerza e impulso a todos los ministros”, indicó.

La ministra de Comercio Exterior Elizabeth Galdo se encuentra en Arequipa, con motivo de las reuniones del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) que se celebrarán en noviembre.

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Política

Daniel Hermoza explica la demora para que se apruebe la ley para la reducción de la valla eléctrica: “Las distribuidoras no están acostumbradas a la competencia”

Recientemente la Comisión de Energía y Minas aprobó el dictamen de los PL para el acceso de las Mypes al mercado libre energético luego de casi 4 años de insistencia.

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Finalmente la Comisión de Energía y Minas, presidida por el congresista de Perú Libre Segundo Quiroz, aprobó el dictamen de los Proyectos de Ley N.º 2543/2021-CR, 2691/2021-CR, 3394/2022-CR y 3619/2022-CR, proyectos que tienen en común la posibilidad del micro y pequeño empresario a pasar del mercado regulado al mercado libre energético, pues de esa manera se verían beneficiados en las tarifas de electricidad al elegir a qué empresa generadora contratar.

Al respecto, Lima Gris conversó con Daniel Hermoza, director de la Mypes Unidas del Perú (MUP) para que nos explique los motivos de la demora en aprobarse una ley que beneficiaría a cientos de miles de micro empresarios, así como de quiénes estarían detras en impedir que se se concretice finalmente en una ley.

Aquí la conversación:

¿Por qué hay tanta oposición para que se aprueben los proyectos de ley para la reducción de la valla eléctrica?

Obviamente los intereses de las empresas chinas que están manejando ahora Enel como Luz del Sur para que se evite, digamos, la posibilidad que la Mype pueda adquirir la electricidad directamente de los generadores, lo cual les va a traer en el futuro una disminución en los ingresos que ellos pretenden tener a costa. Cabe saber claramente que una Mype tiene un alto consumo que no se puede comparar a la de un consumidor residencial. Entonces, creo que eso básicamente ese ha sido el motivo por el cual existe una oposición férrea.

Desde el 2020 que comenzamos nosotros a pedir al Congreso de la República en reiterados proyectos de ley. Creo que desde la experiencia Mype es la lucha que más proyectos de ley se han presentado en los últimos casi cuatro años sobre la misma materia a pesar de que se pedía de que se bajara la vaya a 50 el Congreso ha encontrado una fórmula un poco negociadora, imagino con el sector de la distribución, que ha bajado tres tramos. Primero a 150, luego a 100 y ahora a 50 para el 2019. No es una fórmula que no hubiéramos esperado, pero peor es no tener absolutamente nada; por lo menos tenemos esperanza de que dentro casi 5 años podamos a comenzar a adquirir, sobre todo los más pequeños, la energía directamente a los generadores.

Para tener bien en claro los conceptos, ¿podría mencionar la diferencia entre generador y distribuidor?

Por supuesto. Los generadores sonlos produce la energía, vale decir a través de las hidroeléctricas, a través del gas, de las generadoras del ciclo combinado, que utilizan gas para poder generar la electricidad, o eventualmente las de energía renovable como la eólica o la solar; esos son los que producen la electricidad. Los distribuidores son aquellos que se dedican a la comercialización de la energía, que son los que les venden a los usuarios regulados, tanto Mypes como domiciliarios.

Enel y Luz del Sur son las distribuidoras de energía en la capital.

El Ministerio de Energía y Minas se pronunció respecto a esos proyectos indicando que se generaría un doble pago y que eso perjudicaría al consumidor final.

Eso es totalmente falso. Lo que pasa es que hay que entender que el Estado también tiene distribuidoras. El Estado también distribuye en las demás provincias; Lima nomás tiene este fenómeno de las empresas privadas: Enel y Luz del Sur. Pero en cuanto a las regiones es el Estado a través de FONAFE que son dueñas de las distribuidoras; por ejemplo, Adinelsa, Hidroandina, Distriluz que son parte del grupo de FONAFE, y es lógico y entendible que el Estado no sea una parte neutral al momento de emitir su opinión, sino que al contrario resulta una parte interesada dado que posee empresas que están en el sector distribución. Entonces, también en algunas regiones muchas Mypes podrán adquirir la energía al generador; eso va a quitarles de repente.

El hecho de que exista este dictamen (y ojalá se apruebe la ley) es lo siguiente: esta ley no quitaría el hecho de que Luz del Sur, Enel o las distribuidoras del Estado puedan negociar con el empresario. Yo le puedo decir a Luz del Sur que la hidroeléctrica de Machu Picchu o del Mantaro me está dejando 20% más barata la luz de la que tú me vendes. Y Luz del Sur o cualquier otra distribuidora podrá salir a igualar la oferta. Lo que pasa es que las distribuidoras no están acostumbradas a la competencia, ese es el problema de fondo. No podemos seguir con este modelo que fue diseñado con cierta lógica en la década del noventa cuando se dio la Ley de Concesiones Eléctricas; esa ley obedece a una realidad distinta a la que estamos viviendo hoy.

Entre los argumentos de las distribuidoras indican que al reducirse la valla estarían perdiendo muchos clientes pues elegirían la opción de usuario libre.

Eso también es totalmente falso por dos motivos fundamentales. Primero, eso se demuestra porque todos los años, yo diría hasta mensualmente, todas las distribuidoras hacen contratos de ampliación de oferta, es decir, hacen adicionales a los contratos porque demandan más energía, y eso se debe fundamentalmente al ingreso de aproximadamente 50 mil viviendas nuevas al año en todo el Perú que obviamente demandan electricidad.

Todos los años ingresan nuevas viviendas al mercado del consumo de energía, al igual que los centros comerciales. Y a todo eso hay que sumarle que todos los años ingresan al mercado alrededor de 10 mil a 20 mil nuevas empresas, que también van a demandar mayor cantidad de energía. Por lo tanto, no es tan cierto de que pierden, porque todos los años van incrementando su oferta. Ese argumento se desbarata por sí solo; no es que pierdan, sino que van a dejar de seguir ganando más de lo que deberían ganar. Recuerda que una de las pocas empresas en el Perú que generan utilidades son las distribuidoras.

Al inicio de la conversación mencionó que habrían intereses de algunas empresas chinas que en la actualidad vienen copando el sector energético.

Eso no tengo la menor duda. Los chinos tienen que haber evaluado el mercado esclavista que tiene la distribución de energía fundamentalmente en Lima, y cual juego de monopolio les interesa mucho tener la distribución de un mercado cautivo que no tiene competencia. Ellos al invertir lo que han invertido en estas distribuidoras no quieren que ese mercado cautivo desaparezca. Este tipo de normas les causa a ellos un malestar que no debería ocurrir porque no es que los saquen del cuadro, sino que de aprobarse la ley ahora tendrán que acostumbrarse a competir y no quieren competir.

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Política

Poder Judicial: Audiencia de ‘tutela de derechos’ de la presidenta Dina Boluarte será el 21 de mayo

El Juzgado Supremo programó la diligencia virtual, solicitada por la investigada Dina Boluarte, para el próximo martes. La mandataria actualmente es indagada por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y otros.

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El Juzgado Supremo de Tutela de Derechos del Poder Judicial (PJ) programó la audiencia de tutela de derechos solicitada por la indagada, presidenta de la República, Dina Boluarte, para el próximo martes 21 de mayo.

La audiencia será de manera virtual

Así fue dispuesto por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, de acuerdo al Expediente 00018-2024-4—5001-JS-PE-01, cuyo magistrado supremo es Saúl Peña Farfán.

Dicha instancia resolvió que la sesión tenga lugar alrededor de las 03:00 p.m. del próximo martes 21 de mayo y se desarrollará de manera virtual y deberá contar con la presencia obligatoria del representante de la Fiscalía de la Nación.

“Convocar para el día martes 21 de mayo de 2024, a las 15:00 horas, la realización de la audiencia de tutela de derechos, solicitada por la indagada Dina Ercilia Boluarte Zegarra, la cual se llevará a cabo a través del aplicativo Google Hangouts Meet”, se lee en el documento de la Corte Suprema de Justicia.

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Política

Wilfredo Oscorima ingresó a la Fiscalía de la Nación para declarar por el ‘caso Rolex’

¿Acaso nuevamente se acogerá al silencio? Tras mes y medio de haber visitado la sede principal del Ministerio Publico, el gobernador de Ayacucho fue citado a diligencia de hoy y llegó acompañado de su abogado Humberto Abanto y su equipo de seguridad.

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Este jueves 16 de mayo, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, llegó a la sede principal de la Fiscalía de la Nación para rendir su declaración por el denominado ‘caso Rolex’, por la investigación que se le sigue, junto a la mandataria Dina Boluarte, por presuntos delitos cometidos por la entrega de joyas y relojes de alta gama a la presidenta de la Republica.

Tras mes y medio de haber visitado la sede de la Fiscalía y en la que se acogió a su derecho a guardar silencio; esta vez el gobernador Regional de Ayacucho llegó acompañado de su abogado Humberto Abanto y de su equipo de seguridad y al momento de ingresar al Ministerio Público no quiso prestar declaraciones a la prensa. 

¿En esta diligencia también se acogerá al silencio?

Se espera que esta vez Oscorima responda a las preguntas del interrogatorio y que no se acoja al derecho al silencio como lo hizo en la diligencia anterior del jueves 4 de abril pasado. En esa ocasión, pese a que la autoridad regional permaneció al interior de la sede del Ministerio Público aproximadamente 2 horas, él decidió no hablar.

El gobernador ante su llegada a la Fiscalía también fue rodeado por periodistas que le preguntaban sobre los relojes de la presidenta Dina Boluarte; sin embargo, tampoco respondió ante los medios. Y a su salida de la sede del Ministerio Público, Oscorima salió apresurado y sonriente, se subió a su camioneta e hizo lo mismo, no dar declaraciones.

Por su parte, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, supervisa el proceso. 

Presidenta Dina Boluarte también acudió a la Fiscalía por ‘caso Rolex’

Recordemos que el último miércoles 15 de mayo, la presidenta Dina Boluarte también se presentó ante la Fiscalía de la Nación para dar una declaración por este caso que ha sido ampliado para incluir relojes Rolex y diversas joyas. Sin embargo, según fuentes, también se habría acogido a su derecho de guardar silencio, tomando en cuenta que la diligencia fue más breve que su primera aparición del 5 de abril, que duró cinco horas; mientras que ayer permaneció apenas una hora y veinte minutos.

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Política

Dina Boluarte alista maletas para viajar a China en medio de investigaciones por los casos ‘Rolex’ y ‘Los waykis en la sombra’

Sería el sexto viaje al exterior de la mandataria. Viaje se daría en junio para sostener una reunión con su homólogo Xi Jinping.

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Incongruencias. El último reporte del INEI reveló un incremento en la pobreza a nivel nacional, sin embargo, para la jefa de Estado, Dina Boluarte, eso no es ningún inconveniente para que siga viajando al extranjero, pese a que el canciller Javier González -Olaechea había resaltado que los viajes a partir de ese momento solamente tenían que ser necesarios. Todo ello se puede sumar a su bajísima aprobación ciudadana, reflejada en las encuestas y, sobre todo, sus cuestionamientos respecto a los “préstamos” de los relojes Rolex y diversas joyas de “bisutería fina”, o cómo olvidar el caso de ‘Los waykis en la sombra’.

Fue el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, quien deslizara durante una conferencia de prensa la información de posible sexto viaje al extranjero de la mandataria.

Según lo declarado por el titular del Midagri, la presidenta tiene planeado viajar a China en junio próximo en una visita oficial que tiene como objetivo tratar un total de 29 puntos con el presidente chino Xi Jinping, en los que se incluye la posibilidad de exportar carne peruana al gigante mercado chino.

“La presidenta Dina Boluarte está yendo a China en junio y lleva 28 puntos para tratarlo con el presidente chino (Xi Jinping). Hemos logrado incorporar el punto 29: exportar carne a China”, expresó durante la conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros.

Titular del Midagri, Ángel Manero. Foto: Presidencia.

Permiso para viajar a China aún no ha sido presentado ante el Congreso

Cabe destacar que este viaje al país del Pacífico debe ser previamente aprobado por el Congreso de la República, a fin de movilizarse bajo lo que concibe la ley que permite la presidencia remota. Una norma que ha sido considerada como inconstitucional de la cual la última voz la tiene el Tribunal Constitucional. Ahora, la mandataria, sin la expresa autorización el Legislativo, planea gastar cientos de soles en el viaje.

Dina, entre ‘waykis’, Rolex y costosos viajes al extranjero

Desde la Dina Boluarte asumió como mandataria de todos los peruanos, sus gustos y excentricidades poco a poco se han incrementado, pasando por exhibir costosísimas joyas, una decena de vehículos escolta que no se apartan de ella ni un minuto, “préstamos” de “waykis” incondicionales, o viajes al extranjero que obviamente son pagados por todos los peruanos.

A propósito, cabe recordar sus cinco viajes previos.

El primer viaje oficial de Dina Boluarte, luego de la aprobación del gobierno remoto mediante la Ley 31810, fue a Brasil para la IV Reunión de Presidentes de los Estados Parte en el Tratado de Cooperación Amazónica, del 7 al 9 de agosto de 2023. El segundo fue con destino a Nueva York, Estados Unidos, del 18 al 21 de septiembre del año pasado, para asistir al 78 Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Su tercer viaje abarcó una gira oficial por Europa del 12 al 15 de octubre de 2023, durante la cual visitó Alemania, Italia y el Vaticano. El cuarto viaje de Boluarte Zegarra al extranjero fue para asistir a la cumbre inaugural de Líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP), en Washington, Estados Unidos, del 1 al 4 de noviembre del año pasado.

Y el último fue a San Francisco, Estados Unidos, para participar en la 30ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tuvo lugar del 15 al 17 de noviembre de 2023.

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Política

Fiscal suprema Delia Espinoza pide suspensión por 36 meses de Patricia Benavides

La fiscal solicitó la medida ante el juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú, Juan Carlos Checkley.

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La Fiscalía Suprema en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal Delia Espinoza, presentó un requerimiento de suspensión temporal en el ejercicio del cargo de Patricia Benavides, fiscal suprema titular y Fiscal de la Nación, por un período de 36 meses. 

La fiscal solicitó la medida ante el juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú, Juan Carlos Checkley Soria, en el marco de la investigación preliminar que se le sigue a Benavides Vargas, por los delitos contra la tranquilidad publica, organización criminal agravada y por los delitos contra la administración púbica, en las modalidades de cohecho activo especifico, cohecho pasivo especifico, patrocinio ilegal, negociación incompatible, trafico de influencias agravado, cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio, todos en agravio del Estado.

Convocan audiencia para el 22 de mayo

La Fiscalía Suprema Especializada ha informado que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, mediante la resolución número uno del 14 de mayo de 2024, ha convocado una audiencia para el miércoles 22 de mayo de 2024 a las 9:30 de la mañana para discutir el requerimiento de suspensión de derechos.

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