La reciente protesta de los voceros de la Asociación de Motociclistas del Perú frente a las nuevas medidas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha vuelto a poner en debate una realidad que ya resulta insostenible: el caos sobre dos ruedas que se vive a diario en Lima.

Con gritos de “discriminación” y alegatos de violación a sus derechos humanos y a su derecho al libre tránsito, los motociclistas nuevamente han reaccionado airadamente contra las disposiciones que los obligan a portar chaleco y casco con la placa visible, y a restringir el número de pasajeros en las unidades. Según ellos, estas medidas los convierten en chivos expiatorios de una crisis de seguridad que el Estado ha sido incapaz de controlar. Pero, ¿realmente son víctimas o parte del problema?

La victimización de los gremios de motociclistas no es nueva. Cada vez que se plantea alguna regulación que busca ordenar el uso de motocicletas, la reacción es inmediata, organizada y visceral. Es decir, creen que las calles son suyas a sus anchas y que bajo ninguna circunstancia se les debe poner restricciones.

Argumentan que son ciudadanos decentes, trabajadores, padres de familia, que no deben pagar por los delitos de otros y que por ello no se les debe regular. Y tienen razón, en parte. No todos los motociclistas son delincuentes; pero ese no es el punto. El verdadero problema es que la mayoría de ellos se mueve bajo una cultura vial anómica, temeraria y peligrosamente irresponsable, que hace imposible distinguir al ciudadano decente, del criminal en potencia.

El doble rasero de los gremios de moteros tiene dimensiones alarmantes, porque de forma unilateral se defienden mediante un inmoral ‘espíritu de cuerpo’ incondicional, porque hay que reconocer que para ello sí son unidos; pero si de educación vial se trata y de respeto a las leyes del Reglamento Nacional de Tránsito, ellos no existen y callan y solapan la pésima cultura que tienen en sus conducciones.

A diario se observan motocicletas zigzagueando entre autos detenidos, circulando en sentido contrario, invadiendo veredas con total impunidad, pasándose semáforos en rojo y usando luces altas que enceguecen a los demás conductores. No es una exageración: es la cotidianidad. Una jungla sin reglas donde la motocicleta ya no es símbolo de eficiencia, sino de anarquía y peligro sobre ruedas. Pero a pesar de eso, ellos siguen reclamando que se les discrimina y que se les estigmatiza.

¿Dónde están los gremios cuando se trata de promover una cultura de respeto y seguridad en las vías? ¿Por qué no se les escucha organizando campañas de educación vial? ¿Por qué no levantan la voz contra sus propios miembros que infringen las normas con total desparpajo? Porque, en el fondo, mantienen una complicidad que los lleva a callar ante las faltas propias, mientras que con indignación exigen comprensión ajena.

Y no solo eso. En las redes sociales, cualquier crítica razonada es respondida con insultos, ataques personales y una postura agresiva que busca silenciar el disenso. Se han convertido en una tribu digital de troles que reacciona con virulencia ante cualquier cuestionamiento y se niegan a reconocer que son anarquistas con motor. Pero la libertad de tránsito que tanto defienden no puede ser una licencia para la anarquía, ni un escudo para ocultar la ausencia de responsabilidad.

Sin embargo, el mayor pecado no es solo de los motociclistas, sino del Estado. El gobierno de Dina Boluarte, como tantos anteriores, ha optado por emitir normas sin capacidad ni voluntad de hacerlas cumplir. Se ha prohibido que los deliverys circulen con cajuelas portadas a la espalda. Se ha restringido la circulación de acompañantes en motos en ciertas zonas. Se ha ordenado el uso obligatorio de chalecos y cascos con placas visibles. Pero la realidad es que esas normas se cumplen solo en el papel, porque en las calles reina la impunidad. No hay operativos constantes, no hay fiscalización territorial efectiva, no hay una estrategia clara ni sostenida. El gobierno legisla para los titulares, pero no gobierna para las calles; sino para los reflectores.

La informalidad ha sido una política de Estado no escrita. Se permitió por años que las motocicletas invadieran el espacio urbano sin control alguno. Se vendieron motos a diestra y siniestra sin control del parque automotor. Se otorgaron licencias con una laxitud vergonzosa. Y hoy, cuando el crimen organizado ha adoptado a la moto como su herramienta predilecta, se pretende imponer orden con decretos ineficaces, sin infraestructura ni voluntad política detrás.

Mientras tanto, el crimen sobre dos ruedas está como se dice coloquialmente, “ñato de risa”. Los sicarios, raqueteros y extorsionadores, continúan moviéndose cómodamente en motocicletas, y encuentran en ella un vehículo ideal para el escape, el anonimato y la rapidez. Muchas de estas motos no tienen placas visibles, o las usan robadas. Y cuando la Policía logra identificar a los responsables, ya están lejos, amparados por la alta velocidad y la ausencia de control urbano. Sin embargo, los gremios y asociaciones de motociclistas lo minimizan y le dan la espalda al problema. Se victimizan, se defienden, y lanzan un argumento tan falaz como peligroso: “como nosotros no somos delincuentes, no deben restringirnos”.

¿Cómo pueden los gremios motociclistas cerrar los ojos y alegar que las medidas son injustas? ¿Es discriminación pedir que los chalecos y cascos tengan la placa del vehículo? ¿Es abuso impedir que dos personas circulen en una moto en zonas con alta criminalidad? Claro que no. En realidad, hay un intento desesperado por frenar una emergencia de seguridad pública.

No se criminaliza a los motociclistas por lo que son, sino por la manera en que, en demasiados casos, se comportan en el espacio público. El problema no es la moto, sino su uso irresponsable y delictivo. Y mientras sigan escudándose en el discurso de “nosotros no somos delincuentes”, sin mostrar la más mínima disposición a colaborar con soluciones reales, seguirán siendo parte del problema. Su grado de empatía es tan nulo e insólito que se resisten a colaborar con las nuevas disposiciones de la PCM y del MTC, así sean populistas y demagogas, pero que, por lo menos en algo pretenden mitigar cualquier antijuricidad que ha invadido las calles.

Si bien, las temporales medidas del Gobierno son, en el mejor de los casos, parches mal colocados. Lo que se necesita es una reforma estructural, que incluya educación vial desde la escuela, control riguroso del parque automotor, formación policial adecuada para fiscalizar el tránsito, y una estrategia coordinada entre municipios, ministerios y ciudadanía. Pero, sobre todo, se necesita una transformación cultural. Hay que devolverle al espacio público el orden y el respeto que hoy ha perdido.

No podemos seguir tolerando que las calles se conviertan en una jungla sin reglas, donde la ley del motorizado más rápido y más ruidoso imponga su voluntad. Tampoco podemos seguir cediendo ante los chantajes emocionales de gremios que no reconocen sus propias responsabilidades. La libertad de circular no puede ser más importante que el derecho a vivir en seguridad. Es hora de trazar límites claros. Y que esos límites se respeten, sin excepción. El mensaje es claro: las calles no son territorio libre para tribus motorizadas sin ley.

Mientras tanto, la ciudadanía tiene el deber de no callar. Porque las calles no son de los motociclistas, ni de los delincuentes, ni del Estado ausente. Las calles son de todos y deben ser seguras para todos.

Por: Jorge Paredes Terry

Desde sus inicios en la política en 1990, postulando a la Cámara de Diputados por la Izquierda Socialista, su trayectoria ha sido una escalada hacia el enriquecimiento personal a costa del sufrimiento de su pueblo. Un recorrido marcado por la ambición desmedida, la corrupción y una total falta de compromiso con las necesidades de quienes, supuestamente, representaba.

Su paso por el Congreso, primero como independiente tras romper con Solidaridad Nacional, luego con Unidad Nacional y finalmente con su propio partido, Alianza para el Progreso, no fue más que una estrategia para tejer redes de poder. Miembro de subcomisiones investigadoras –irónicamente, sobre corrupción–, Acuña utilizó su posición para construir su imperio económico, protegiéndose de las sombras que lo persiguen: narcotráfico y violación. Sus proyectos de ley, enfocados en la educación empresarial, parecen más una herramienta para consolidar sus universidades que para mejorar la educación pública. Las elecciones del 2006, donde su candidatura presidencial fracasó, solo sirvieron para impulsar su carrera hacia la alcaldía de Trujillo.

Dos periodos como alcalde de Trujillo (2006-2014), marcados por acusaciones de abuso de autoridad, inducción al voto y hasta compra de votos, consolidaron su control político en la región. Mientras tanto, Pataz, sumida en la violencia y la pobreza, era ignorada. Las denuncias por corrupción, el escándalo del plagio en sus tesis, no fueron más que obstáculos menores en su camino hacia el poder.

Su paso como gobernador regional de La Libertad (2015-2016 y 2022-presente) no ha sido diferente. Renunció al cargo en 2016 para lanzarse a la presidencia, una campaña salpicada por escándalos de plagio y compra de votos que lo dejaron fuera de carrera. Sin embargo, su ambición no se detuvo. Su regreso en 2022, con una campaña basada en memes y publirreportajes, demuestra su cinismo. Mientras la crisis de seguridad se agrava en La Libertad, Acuña minimiza el problema, mostrando una vez más su desprecio por la población.

Acuña ha tenido todo: poder político, control de ministerios, bancadas congresales a su disposición, y una fortuna construida sobre la base de la corrupción y la impunidad. Sin embargo, Pataz y La Libertad siguen sumidas en el abandono, en la pobreza y la violencia. Su legado no es de progreso, sino de destrucción. Su historia es una lección amarga: la de un hombre que ha utilizado el poder para enriquecerse, protegiéndose de la justicia mientras deja a su pueblo a la deriva. ¡Basta de impunidad! ¡César Acuña debe responder por sus crímenes!

Desde una posición simplista y moralista y reduccionista, se podría fácilmente observar u objetar que esta es, ‘después de todo’, y en síntesis cruel, pero no inexacta, la película pesimista de un suicida. O (también, pero menos) la película suicida de un pesimista. Pero yo la prefiero -y la honro en su honestidad y sinceridad sostenidas y conmovedoras y perdurables sin ser yo mismo necesariamente pesimista ni suicida- a la mayoría de películas que eluden (ya casi por sistema, o peor, por conveniencia) poner el dedo en el centro de la llaga, en el corazón de la herida.

La moral de esta película es maravillosa: pasa por mostrarte, con exactitud, pertinencia y pureza, un estado del espíritu, un fuir del ánimo que funciona en lo general tanto como en lo particular; un tono emocional determinado (que puede lucir fatalista) por unas condiciones materiales y morales claramente adversas. Es el dolor, es el malestar de estar vivo. Una cierta devastación existencial profunda, omnipresente en la atmósfera: en cada plano.  

La cercanía cómplice casi amorosa de la cámara. Los seguimientos. La cámara es un cuerpo cerca de los cuerpos, una compañía tan cerca de sus soledades (aunque se relacionen entre sí cada quien está en su propia soledad). La cámara sabe rodearlos, es casi un abrazo solidario a estos seres instalados en lo gris, sin grandes esperanzas, sin futuro a la vista. Y no, no es miserabilismo. La cámara casi parece querer cuidarlos, protegerlos, en medio de sus insatisfacciones, problemas, huidas, sinsabores y desgracias.

Otro recurso empleado, y con gran acierto, es el desenfocado del fondo de manera que se crea una especie de otra o nueva dimensión, es como estar al borde de un espacio en off o de un fuera de campo. Es como si el personaje imbuido en sí extendiera su mirada y encontrara al otro, o a lo otro, en una situación, sin embargo, no tan distinta de la suya.

Me agrada, sobremanera, tras los hilos narrativos y las peripecias varias del pequeño desfile de personajes, que todos parezcan ser al fin y al cabo manifestaciones muy variadas de lo mismo, son un mundo de seres perdidos ‘en la normalidad del capitalismo destructor’; en ese sentido, la coherencia de la película resulta total: sin reservas, admirable.

Por Marlet Ríos

Debido al colosal tinglado de clientelismo y patrimonialismo que fue su “capital social”, en los 90 el régimen autocrático de Fujimori contó no solo con el apoyo de empresarios, intelectuales, periodistas y políticos oportunistas, sino también se valió de populares cómicos para atacar sistemáticamente a sus oponentes políticos.

Es sabido que el humor corrosivo es un arma potente y eficaz que puede ser empleado en particulares coyunturas sociales. Entre nosotros existieron notables revistas de humor político como Fray K. Bezón y Monos y monadas. Fueron publicaciones que marcaron toda una época, signada por el militarismo y los caudillismos.

Hoy sabemos que Fujimori y Montesinos apuntaron a un proyecto autoritario de largo plazo. La cooptación fue la clave para atornillarse en el poder. Así, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, el JNE, la ONPE, etc., fueron controlados eficazmente —y sin ningún escrúpulo— por el régimen. No obstante, el régimen buscó también impregnarse en el imaginario popular. Para ello recurrió a conocidos artistas peruanos a quienes, eventualmente, exhibió en sus mítines multitudinarios. La tecnocumbia fue la música distintiva del fujimorismo.

Uno de los cómicos emblemáticos del régimen bicéfalo (dixit Alfonso Quiroz) era Carlos Álvarez. No fue, ciertamente, por amor al arte que este apoyó a Fujimori. Álvarez acabó sentenciado a cuatro años de pena suspendida por haber “colaborado” con Fujimori a cambio de dinero. Uno de los blancos recurrentes de Álvarez fue, precisamente, el laureado escritor Mario Vargas Llosa, quien criticó urbi et orbi a la dictadura. Retratado como antiperuano, rencoroso y superfluo, el novelista sufrió en carne propia la amenaza real de ser privado de su nacionalidad peruana por el fujimorismo.  

Actualmente, Álvarez quiere ser presidente y se afilió al partido País para Todos. Ha pedido perdón de corazón, según él, por su pasado fujimorista. ¿Quiénes, en realidad, están detrás de su esperpéntica candidatura? ¿Quiere seguir el rumbo exitoso de Volodímir Zelenski? ¿Tiene la mínima preparación como estadista?

Para la poeta y periodista Maruja Valcárcel, hay detrás del cómico padrinos poderosos que lo utilizan para lograr réditos políticos y una cuota efectiva de poder. Valientemente, ella ha denunciado esta instrumentalización en un foro reciente en Miraflores. Se trata del mercantilismo y el clientelismo de toda la vida en la política peruana. Según una encuesta nacional, realizada en abril, Álvarez se ubica en el tercer lugar de las preferencias electorales. Nada mal para un outsider carismático y con evidente rabo de paja.

Por Rafael Romero

Espartanos y no espartanos, pongamos las cartas sobre la mesa, exhortando a la verdad y a un análisis objetivo de la realidad, y el peruano tiene la inteligencia suficiente para discernir estos conceptos a tiempo. En las próximas elecciones del 2026, Perú no solo se juega un cambio de gobierno nacional y una nueva composición política en el Congreso, sino que se juega su futuro, su existencia como nación, Estado y República.

A diferencia de otras elecciones de nuestra historia, esta vez la vida peruana, la peruanidad de nuestros abuelos y padres, de todos nosotros, desaparecerá para dar paso a la más absoluta crisis moral, a la destrucción de la familia, del barrio, de la empresa y del club, pues la codicia, la angurria, la avaricia, los vientres de alquiler y las mafias de unos malvados que se han hecho de la administración estatal solo buscarán saciar su vanidad, sus bajas pasiones y las más antojadizas ambiciones.

Eso es bíblico, no es fantasía, porque el ser humano se destruye a sí mismo, como cuando Caín mató a Abel. No obstante, estamos a tiempo de salvar la vida peruana y a 34 millones de compatriotas. Por eso tenemos que elegir no solo estando bien informados, sino también hay que hacerlo con mucha inteligencia y siendo extremadamente conscientes respecto a quien se le dará nuestro el respaldo por cinco años.

Lamentablemente, ahora los tiempos no son como los de antes cuando la criminalidad era reducida y desarticulada. No, señores. Eso ya no es así, pues ahora existen estructuras y organizaciones criminales transnacionales y esas bandas tiene sus ojos puestos en Perú.

De manera que, si no están las personas correctas y los lideres honestos en los puestos de gobierno, en el Congreso y en las organizaciones sociales, es decir, si no está la mejor gente al frente del país, entonces sencillamente vencerá el mal y convertirá todo el Perú en campo de Agramante y la peruanidad se sumirá en el caos más absoluto y con signos de ser un país irrecuperable.

Pero, desde las ánforas, estamos a tiempo para decirle a las mafias electoreras y a sus vientres de alquiler oportunistas y vendepatrias que hay una excepción al estatus quo imperante y es Partido Cívico Obras, fundado por el periodista Ricardo Belmont el 8 de julio de 1989.

El valor diferencial de esta alternativa partidaria es que cuenta con un líder, con una doctrina, con una ideología y una filosofía humanista, hecha a pulso y es a través de esa adversidad que una persona madura y ama al Perú, y mucho más cuando Ricardo tiene arraigo, al ser descendiente de Ramón Castilla, y porque proviene de dos familias nacionales antiguas como los Belmont y los Cassinelli. Sobre esa base y con ese valor él como candidato brilla con luz propia, máxime a partir de sus pergaminos y de su trayectoria personal, al ser el creador del programa “Habla el Pueblo”, el 18 de enero de 1973, al ser el expositor de los principios morales de RBC Televisión, en 1986; o al ser un promotor del deporte en general, y de la natación, del boxeo y del fútbol en especial. Ese espíritu de atleta y deportista Ricardo lo lleva en el alma, incluso lo he visto nadar 100 metros sin fatiga en el mar, cosa que no haría ni Barnechea ni Hernando de Soto, por citar a algunos precandidatos.

Ricardo aporta a la vida peruana su compromiso espartano por el deporte, por disciplinar el carácter y por la superación personal, y si México tuvo a su Miguel Ángel Cornejo, Perú tiene hoy a su Ricardo Belmont Cassinelli, con el saldo a favor del peruano a partir de su brillante gestión edil en dos períodos de alcalde de Lima, desde donde inauguró 600 losas deportivas, además de muchas otras obras útiles y vigentes para la ciudad, las que permanecen intactas en su infraestructura, siendo largo enumerarlas.

Así, por respeto a la objetividad, no hay un candidato mejor que Ricardo, y si hay otros más jóvenes, lo sano y lógico es que esperen su turno, que estudien más y se preparen mejor para futuras elecciones porque les falta ganar más madurez y experiencia. Ya vendrá su tiempo y podrán dar mucho al Perú como ahora lo puede hacer Ricardo y es quien está en la edad de oro para brindarle a la política peruana lo mejor de su sabiduría, de su inteligencia emocional y de su experiencia.

No obstante, nadie puede negar que la inmensa mayoría de peruanos vive bajo un sistema de corrupción, donde hay grupos económicos que manejan medios de comunicación y que se hicieron más ricos durante el fujimorato, en el gobierno de Toledo, en el de Humala y hasta con la tristemente célebre alcaldesa Susana Villarán, haciendo un pacto mafioso para velar por sus intereses particulares y para ello combaten a todo aquel que ponga en peligro sus ilegales negocios. Hoy no le dan tribuna a Ricardo Belmont y en la praxis declaran su “muerte civil” poque no les conviene que un líder social les abra los ojos a los más jóvenes y a las nuevas generaciones.

Es más, el propio sistema mafioso con sus encuestadoras, que eran parte del SIN de Montesinos en los años 90, ahora está al servicio de los vientres de alquiler y de los negocios de las argollas electoreras. Sin embargo, es posible descolocarlos y darles una batalla dialéctica, poniendo como contrapeso frente a sus cuitas mediáticas, frente a sus televisoras y sus radios tradicionales, la alternativa del boca a boca, la opción del poder ciudadano y de las redes sociales no contaminadas por bots, hackers o troles.

El país no debe permitir nunca más los métodos de traición, los sondeos de opinión manipulados, el marketing político millonario que, directa o indirectamente, promueve el fraude. Por fortuna, a la luz de estudios e investigaciones serias, actualmente la televisión y la radiodifusión tradicionales vienen perdiendo fuerza a pasos agigantados, y encima se diluyen ante la masificación de las redes sociales, que están en estrecha relación con el entorno familiar y social del elector, pues sucede que el sistema perverso no la tiene todas consigo, porque el ciudadano ya no se deja manipular y hace crítica de los contenidos y enlatados de esos medios de comunicación convencionales, los que solo buscan “lavarle el cerebro” o condicionar su voto. Es decir, la gente ha empezado a ser más contestaria contra el poder abusivo y a abrir los ojos ante la manipulación obscena.

En este contexto, esas investigaciones señalan que entre el 30% y el 50% de los electores deciden su voto en el seno familiar, faltando pocos días para las elecciones o lo deciden en la misma ánfora el día de la elección. En otras palabras, el voto lo decide un ciudadano conversando con sus familiares y amigos, ya sea directamente o a través de sus redes sociales. Y es aquí donde gana el boca a boca de Ricardo Belmont y del Partido Cívico Obras.

De manera que algunos podrán gastar millones en marketing político y propaganda electorera pero ni aun con eso convencerán al elector, incluso la gente no votará por el candidato o partido que gasta millones de dólares en gigantescos paneles o en reiteradas tandas de comerciales, pues ese gasto excesivo trae a la memoria la época más infame de los táperes y el reparto de dinero en efectivo entre los votantes, pero esa historia oscura debe terminar, con la estrategia del boca a boca con la cual ya ganó Ricardo Belmont en Lima en 1989, y en 1992, aunque la elección presidencial del 95 se la robaron, pero dicha estrategia hoy se renueva con las frases “queremos abrazos y no balazos”, con “el que me da la mano se convierte en espartano” o el mensaje de mucha fuerza que dice así: “sé personero y no prisionero de la corrupción”, y estas son ideas fuerza que están calando muy rápido en el alma ciudadana.

Ahora, no solo es esa efectividad cuantitativa frente al elector sino que también el discurso de Ricardo y el mensaje del Partido Cívico Obras produce una toma de conciencia mayor y cualitativa entre la gente, elevando el nivel de crítica y de rechazo a los vientres de alquiler, porque se está llegando a abrir los ojos de los más jóvenes con el objetivo de que asuman no solo un voto informado, sino más consciente y más maduro, un voto que grita a los cuatro vientos “abajo las máscaras, no más fariseísmos, fuera las traiciones y nunca más las hipocresías”.

Ese boca a boca del Partido Cívico Obras le está diciendo al pueblo “vota bien”, “elige mejor”, “escoge a los buenos hijos e hijas del Perú”, “no más un plato de lentejas a cambio de votos”. En ese sentido, en las elecciones del 2026 “deben caer las máscaras” y tiene que venir una “revolución de las conciencias”.

A diferencia de otros candidatos, que actúan impostadamente en medio del más absoluto oportunismo electorero, Ricardo Belmont no exhibe máscaras, se presenta tal cual, porque es una persona conocida, porque no es un advenedizo del último cuarto de hora, él sí quiere mucho a la niñez, es sincero, y eso se corrobora por sus acciones. Por ejemplo, cuando apoyó al Hogar Clínica San Juan de Dios que pasaba a inicios de los ochenta del siglo pasado por una grave crisis económica dejando de atender a los niños más vulnerables del país, pero la aparición de Ricardo fue por una obra de amor a partir de que vivía en carne propia ese sentimiento de apego por la niñez del Perú, desarrollado al máximo por su hijo Omarcito, tal como él mismo lo ha narrado.

Solo con esa sinceridad y transparencia el Perú podrá reencontrar su camino para ser una gran nación, heredera del legado de los incas, y abierta al mundo para recibir lo mejor de la ciencia y la innovación bajo el crisol de una filosofía humanista, estoica y espartana, forjada en la adversidad, porque solo así se puede vencer a los malvados que fugen de políticos, quienes han defraudado al elector, lo han traicionado y le han robado. Por eso el PCO combate a los vientres de alquiler donde los jefes de los “partidos” piden 100,000, 200,000 o 300,000 dólares para ser un candidato al Congreso, y el pueblo sabe cuáles son esos seudo partidos que cometen semejante barbaridad. Por eso se requiere de una refundación de la política y del Perú.

Afortunadamente, ocurren señales, prodigios y milagros, o si se quiere presagios, como recientemente sucedió con la elección del Papa León XIV, donde el estadounidense-peruano Robert Prevost, quien no estaba en la lista de favoritos para suceder a Francisco (Jorge Bergoglio), resultó elegido evidenciando un aura especial, un discurso abierto, una visión latinoamericana y una mirada agustinas en provecho del prójimo y del más débil, coincidiendo en muchos aspectos con Ricardo. Por ejemplo, el ser ambos admiradores de la encíclica “Rerum Novarum”.

El caso es que hay un vaso comunicante entre aquel como periodista, broadcaster, deportista, idealista, filósofo o líder político y el Santo Padre Robert o León XIV, y ese vaso comunicante es el amor al Perú, a la paz, a la niñez, querencias estas que son fortalezas inspiradoras para darle soluciones a la patria frente a sus problemas, porque el amor todo lo puede, mucho más cuando hay que tener esa fuerza para hacer los cortes necesarios donde haya que hacerlos, para vencer a las mafias que han tomado el Estado, y lograr ese cometido con éxito, sin necesidad de caer en ese debate insulso e irreal de “izquierdas” y “derechas” porque quita tiempo y distrae a las fuerzas positivas.

La solución para el Perú no pasa ni por la izquierda ni por la derecha, ya que son entelequias fabricadas desde los centros del poder corporativo con el fin de dividir a nuestros pueblos. La batalla hoy es entre soberanistas y globalistas, y no la de derechistas e izquierdistas.  Pero esa paradoja la resuelve Ricardo Belmont con su conocido estilo comunicativo, cuando afirma respecto de una de sus obras emblemáticas, como es el Trébol de Javier Prado, obra que está con sus puentes que no se han caído, señalando él que por ahí transita tanto la derecha como la izquierda. Además, las vías y circuitos de dicho trébol se unen, sirviendo de interrelación a través de las vías que van de izquierda a derecha, y viceversa en medio de un óvalo.

De manera que, con símil o metáfora, el debate queda superado y la discusión resuelta a la hora de elegir al próximo presidente del Perú y es Ricardo quien está en el centro aristotélico, en el justo medio, y es la fuerza centrípeta y no centrífuga que necesita el Perú, la que une a los compatriotas, a los estudiantes, trabajadores, campesinos, empresarios, emprendedores y a los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. El Perú es nuestro y es demasiado bueno como para no ordenarlo y garantizar a las nuevas generaciones su existencia con paz, desarrollo, justicia y libertad, sin corrupción ni impunidad, para este siglo.

En los Extramuros del mundo, de Enrique Verástegui, fue sin duda uno de los mejores poemarios de la década del setenta. EV lo escribió a los veinte años en Lima lejos de su Cañete natal, en los pasillos de la UMSM y en la calle Tigre por Barrios Altos, donde todas las tardes los universitarios disfrutaban de unas cervezas y unos cigarrillos “críos”. Ampuero decía que este libro traía luces de los patrulleros y Pablo Guevara lo quería llevar a Cuba.

EV cuenta que tenía el libro en hojas sueltas y quería entregarle a Milla Batres para que lo publicara, ya en el camino a la oficina de CMB-Ediciones, encontró un fólder viejo, lo encuadernó a mano y así es como empezó todo. Batres escribe: “…de la protesta intelectual de los manifiestos (…), Verástegui ha pasado a la insurrección creadora como lo testimonia verdaderamente este valiosísimo libro revolucionario de una singular vitalidad por su aportadora originalidad a la poesía peruana y latinoamericana”.

“Se había iniciado otra variante en mi destino. El libro editado significaba la aceptación o compromiso público de algo que ya me había comprometido íntimamente a realizar en el verano de 1966, a los 15 años: una noche de bodas permanente con la poesía.”  EVen Escritores peruanos qué piensan qué dicen de Wolfgang Luchting (1977).

Ricardo Gonzáles Vigil dice: «Integrante del movimiento Hora Zero, Verástegui logró el mejor poemario, artísticamente hablando, de la primera fase de dicho movimiento: En los extramuros del mundo, temas y recursos detectables en Pimentel, Ramírez Ruíz, Cerna, etc. Se dan cita en ese libro con una solvencia artística comparable con la de los primeros libros de Heraud, Hinostroza y Sánchez León.»

De este modo y por alguna extraña empatía, Verástegui se convirtió en el maese de los poetas del noventa a quiénes recibía amablemente en su casa de la calle O’Higgins y después en la Molina y por último en su casa de la avenida Brasil donde sin faltar nos reuníamos cada 24 de abril para celebrar su cumpleaños.

En el festival de poesía de la Universidad de Lima en 1994, Enrique Verástegui leyó el poema Datzibao de este fabuloso libro, lo acompañaba en la mesa el centenario poeta Leoncio Bueno. Y al terminar, el vate chileno Raúl Zurita se acercó y aplaudió de pie y luego apuntó: “(Verástegui) un esfuerzo que quiere recogerlo todo, nombrarlo todo, reescribirlo todo”.

El Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) es una aberración tributaria que ya no tiene cabida en el Perú moderno. Tras 21 años de existencia, este gravamen continúa castigando a quienes el Estado debería proteger: los ciudadanos formales que utilizan el sistema financiero con transparencia. Lo que empezó como una “medida temporal” ha mutado en una trampa perpetua, disfrazada de herramienta fiscal.

Con una tasa actual de 0.005% sobre cada movimiento bancario —como depósitos, transferencias y pagos—, el ITF parece inofensivo. Pero en realidad es un impuesto regresivo, antitécnico y obsoleto. No solo recae sobre los más vulnerables, sino que penaliza el uso del sistema financiero a quienes desean andar derecho, incentivando el regreso al efectivo y la informalidad. Es un impuesto para los que cumplen, mientras los evasores y actores informales siguen operando libremente al margen del control tributario.

Su creación en 2004 fue impulsada por el procesado por corrupción Pedro Pablo Kuczynski (PPK), entonces ministro de Economía del hoy encarcelado expresidente Alejandro Toledo. Ambos “cómplices” prometieron que sería un tributo temporal, con el argumento de que serviría para “mejorar la recaudación” y “fortalecer la lucha contra la evasión”. Lo que no dijeron es que este impuesto recaería eternamente sobre quienes usamos el sistema bancario con responsabilidad, mientras los informales continuarían navegando impunes.

Hoy, 21 años después, el ITF no ha cumplido ninguna de sus promesas. La SUNAT no ha mejorado significativamente su capacidad fiscalizadora, la evasión no ha disminuido, y la inclusión financiera ha sido socavada. ¿Qué sentido tiene entonces mantenerlo? Su recaudación apenas representa menos del 1% de los ingresos tributarios. Su efecto real es simbólico y dañino: desalienta la formalidad y perpetúa la cultura del efectivo-líquido.

Y no es solo una opinión. En septiembre pasado, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada, en parte, la demanda de inconstitucionalidad contra este impuesto, presentada por diversos Colegios de Abogados del país. El TC reconoció que el ITF vulnera principios básicos de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Qué más se necesita para que el Ejecutivo y el Congreso tomen cartas en el asunto?

El ITF castiga al que cumple y premia al informal. Esa es la contradicción más brutal de un sistema tributario que afirma que pretende ser justo. En lugar de mantener esta medida ineficaz, el Gobierno debe plantear una reforma tributaria profunda, centrada en promover la formalización de pequeñas y microempresas, y no seguir exprimiendo a quienes ya están dentro del sistema.

Basta de parches y medidas cómodas para el Estado. Basta de exprimir al contribuyente formal. El ITF debe ser derogado ya.

Por: Jorge Paredes Terry

Afirmo con categoría que el REINFO, tan criticado por la gran prensa limeña, vocera asalariada de los grandes intereses de la oligarquía minera es la única red de protección real en zonas de riesgo ¿Acaso el Estado está en las zonas más remotas repartiendo comida, medicinas y empleo? La respuesta es NO. En vastas regiones del Perú, la pequeña y mediana minería registrada en el REINFO es la única fuente real de sustento. Sin ella no habría ingresos para comprar alimentos, no habría capacidad para enfrentar enfermedades y las comunidades entrarían en crisis humanitaria, así de categórico. 

Mientras el gobierno central no llega, son los mineros en proceso de formalización bajo el REINFO los que mantienen viva la economía local. ¿Quieren Destruir el REINFO? Entonces Prepárense para más delincuencia, más informalidad y más miseria en las ciudades. Si se debilita el REINFO y se frena la minería formal, decenas de miles de trabajadores quedarán sin empleo, obligados a migrar, saturarán las capitales donde NO HAY TRABAJO. ¿Qué les espera? Más ambulantes, más delincuencia, más explotación laboral. ¿De verdad quieren convertir Lima, Arequipa, Piura, Puno o Trujillo en focos de desesperación social? Hoy ya sobran peluquerías, restaurantes, supermercados y farmacias monopolizadas que no dan empleo digno. ¿Esa es la alternativa que ofrecen? La agricultura y la pesca NO son suficientes, solo la Minería Sostiene en Tiempos de Crisis. El Fenómeno del Niño destruye cosechas y arruina la pesca. En esos años, la anemia se dispara y la pobreza se profundiza. Sin minería a pequeña escala en proceso de formalización, no hay ingresos para compensar estas crisis. ¿Qué pasará en el próximo desastre climático o una nueva pandemia que muchos dicen que nos llegará de todas maneras? Sin el REINFO y la minería que este regula, habrá miles de muertos por hambre y enfermedades prevenibles. ¿Eso es lo que buscan los que atacan al REINFO?

Antes de atacar el REINFO la solución es más formalización, menos represión e interdicciones injusta e ilegales, mayor control, seguridad y protección ambiental por parte del gobierno.

El camino no es debilitar el REINFO, sino EXPANDIRLO: Hay que Duplicar o triplicar los mineros formalizados, llevar empleo real a las zonas más pobres y evitar la migración desesperada a ciudades colapsadas y tomadas por la delincuencia. Con más pequeños mineros formalizados correctamente, Se reducen la pobreza y la delincuencia, se dinamizan economías regionales y se salvan vidas en épocas de crisis.  El REINFO es vida, el REINFO es futuro, atacar al REINFO es condenar a millones al hambre y la informalidad. No hay otro sector con la capacidad de generar empleo masivo y sostenible en las zonas más olvidadas del Perú.

Pataz Rechaza la Militarización y Exige la Anulación del Decreto Minero Criminal.

La provincia de Pataz, en una demostración contundente de rechazo a la militarización impuesta por el gobierno de Dina Boluarte, condena enérgicamente la presencia de fuerzas militares en la Provincia, considerándola una medida represiva y un ataque directo a la población.  Esta militarización, impulsada por la compañía minera Poderosa a través de un decreto considerado «criminal», solo busca limpiar territorio para Poderosa y facilitar su explotación minera sin considerar el aspecto social.

Los artículos del Decreto que buscan eliminar el REINFO en la Provincia, paralizando las actividades económicas ignoran la realidad de Pataz.  Mientras el gobierno presume de los beneficios del REINFO, en Pataz se vive una situación de caos y desorientación, lo cual es un caldo de cultivo para futuros actos de violencia.  La supuesta formalización minera, en la práctica, se traduce en la imposición de un modelo extractivista que prioriza los intereses de las grandes empresas mineras sobre el bienestar de la población.  

El supuesto impacto positivo de la explotación de la mediana y gran minería en la generación de empleo y desarrollo económico no se refleja en la realidad de Pataz, donde la minería, en lugar de generar progreso, ha traído consigo la destrucción ambiental y la profundización de la pobreza.  El gobierno debe entender que la verdadera formalización implica la participación activa de las comunidades, el respeto a sus derechos y la garantía de un desarrollo sostenible que beneficie a todos, no solo a las empresas mineras.

Este sábado 24 de mayo, todas las fuerzas vivas de Pataz se reunirán en Llacuabamba para exigir la inmediata anulación del decreto que permite la militarización y la eliminación el Decreto criminal de Poderosa.  Exigimos al gobierno una agenda clara que priorice el diálogo, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo sostenible de la provincia de Pataz.  No permitiremos que se siga imponiendo un modelo económico que solo beneficia a unos pocos a costa del sufrimiento de la mayoría.  La lucha por la defensa de nuestros territorios y la soberanía económica continúa.  ¡Fuera la militarización de Pataz! ¡Abajo el decreto criminal!