El caso “Los Niños”, que involucra a 13 congresistas presuntamente ligados a una red criminal durante el gobierno de Pedro Castillo, está a punto de naufragar no por falta de pruebas, sino por la inacción y desidia del Ministerio Público. El Poder Judicial ha ordenado a la Fiscalía de la Nación tomar una decisión inmediata: archivar el caso o presentar una denuncia constitucional ante el Congreso. El plazo legal de investigación preliminar venció en mayo, y ya han pasado más de dos meses sin que el Ministerio Público se pronuncie.

La resolución judicial busca frenar una situación insostenible: mantener a los investigados bajo un limbo procesal indefinido, lo que vulnera principios básicos del debido proceso y revela una preocupante falta de capacidad institucional para enfrentar casos de corrupción de alto perfil.

Una red criminal bajo la sombra del Congreso

La investigación comenzó hace tres años con una premisa grave: los congresistas habrían formado parte de una red criminal encabezada por el expresidente Pedro Castillo. Se les acusa de operar como su brazo político en el Parlamento, facilitando designaciones ilegales y blindando a funcionarios afines.

Los indicios apuntan a intervenciones en instituciones clave como el Ministerio de la Producción y Migraciones, con el objetivo de copar el aparato estatal. Sin embargo, pese a la gravedad del caso, el avance ha sido lento, errático y lleno de omisiones inexplicables.

Plazo vencido sin respuestas

En mayo se cumplieron los 36 meses que la ley concede como máximo para la investigación preliminar. Frente a la inacción de la Fiscalía, los abogados de los congresistas Juan Carlos Mori y Jorge Flores Ancachi presentaron un recurso de control de plazos ante el Poder Judicial, que fue admitido y resolvió presionar al Ministerio Público para definir el futuro del caso.

“El plazo se venció hace más de dos meses y medio. Estamos en una etapa completamente extemporánea”, advirtió el penalista Julio Espinoza. Su colega, Julio Rodríguez, fue aún más enfático: “Este caso refleja el estado de crisis y falta de liderazgo del Ministerio Público”.

Diligencias se postergaron sin justificación

Uno de los aspectos más preocupantes del caso ha sido la demora en la ejecución de diligencias básicas. Recién en mayo pasado, la Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario de los implicados, una medida que debería haberse adoptado al inicio de la investigación.

“En un caso de corrupción, lo primero es revisar las cuentas y comunicaciones de los investigados. Aquí pasaron tres años sin hacerlo”, criticó Rodríguez. Esta omisión no solo revela negligencia, sino que pone en duda el compromiso del Ministerio Público con la lucha contra la corrupción.

Posibles consecuencias: impunidad y deslegitimación institucional

Si la Fiscalía opta por archivar el caso, los 13 congresistas investigados quedarían libres de cualquier proceso penal por estos hechos, salvo que surgieran nuevas pruebas. Esto beneficiaría a personajes como Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi, Juan Mori, Darwin Espinoza e Ilich López, entre otros.

Aunque el archivo no equivale a una absolución, el mensaje político y social sería devastador: que un grupo de parlamentarios puede estar involucrado en actos de corrupción y salir impune gracias a la lentitud del sistema judicial.

Congreso: juez y parte

En caso de que la Fiscalía presente finalmente una denuncia constitucional, el caso deberá pasar por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso. Pero aquí surge otro obstáculo: los implicados serían juzgados por sus propios colegas, muchos de los cuales podrían tener vínculos políticos con ellos, o interés en protegerlos.

Como explicó el penalista Espinoza, “incluso si la Fiscalía denuncia, el proceso no avanza sin que el Congreso levante el fuero parlamentario. Y esa decisión es política”. De no hacerlo, la investigación se estancará nuevamente, esta vez por voluntad del Legislativo.

Una Fiscalía paralizada

La debilidad institucional del Ministerio Público en este caso es inocultable. El retraso en diligencias clave, el incumplimiento de los plazos legales y la falta de resultados concretos reflejan un patrón de ineficiencia que trasciende a “Los Niños”.

“No se puede entender que un caso de esta magnitud, con pruebas públicas, testimonios y seguimiento mediático constante, se quede sin avance real durante tres años”, señaló Julio Rodríguez. “La Fiscalía ha demostrado que no está preparada para enfrentar redes de corrupción cuando estas involucran a altos funcionarios del Estado”.

Más allá del aspecto jurídico, el caso “Los Niños” se ha convertido en un símbolo del deterioro institucional del país. La percepción de que el sistema protege a los corruptos mientras castiga con dureza a los ciudadanos comunes erosiona la ya debilitada confianza en la democracia.

La sociedad civil, los medios y varios sectores políticos exigen una respuesta clara y urgente de la Fiscalía de la Nación. La reciente orden judicial no solo es un llamado de atención, sino una última oportunidad para evitar que otro caso emblemático termine en el archivo, sin justicia ni sanción.

¿Y ahora qué?

La pelota está en la cancha del Ministerio Público. Tiene la obligación de actuar, de dejar atrás la inercia que ha caracterizado su gestión en este caso y definir el futuro del expediente. Archivar el caso sin una investigación seria, sería una claudicación institucional. Presentar una denuncia permitiría al menos avanzar hacia una posible rendición de cuentas, aunque los obstáculos políticos permanezcan.

En cualquier escenario, el manejo del caso “Los Niños” quedará registrado como un fracaso más del sistema judicial peruano en su lucha contra la corrupción en las altas esferas del poder.

Si ya se le pagó a una ‘vecinita’ para que pueda viajar a Francia, por qué no hacer lo mismo con un ingeniero cercano al segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, total, el dinero no es de ellos, sino de todos los peruanos. Así de mal estamos.

El hermano del prófugo Vladimir Cerrón, el mismo que repite ser un paladín de la justicia, pero escribiendo solo en Twitter, Waldemar, aquel curioso parlamentario que gusta de condecorar a la comediante trans ‘Dayanita’ por su “impacto positivo en el arte”, ahora le estaría dando ‘alas’ al ingeniero Dennis Jack Núñez Huamancayo para que pueda viajar sin muchas complicaciones a cursar su maestría a Moscú-Rusia.

Y es que recientemente el Parlamento acordó financiar el viaje a Rusia de Núñez, tras obtener una beca académica completa. Según el acta de la 39.ª sesión de la Mesa Directiva, celebrada el 21 de mayo de 2025, el pedido fue presentado por el segundo vicepresidente Waldemar Cerrón, de Perú Libre.

El ingeniero obtuvo una beca, pero esta no cubre gastos como alojamiento, alimentación o transporte. Es por ello que el cuestionado legislador solicitó el apoyo económico para cubrir el costoso pasaje que lo llevará a la tierra de Lenin y Putin.

Al respecto, Rodolfo Reyna, especialista en temas parlamentarios comentó para Exitosa que este tipo de ayudas deben de pasar necesariamente por criterios técnicos a fin de evitar posibles “donaciones amicales”. «Las donaciones deben ser justificadas y de conocimiento público para garantizar que no existan favores personales», indicó.

Un Congreso ‘regalón’

Si un escándalo no basta, también la Mesa Directiva aprobó el apoyo económico a la empresaria María Jesús Gosálvez Postigo, vecina del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, para que pueda viajar a Francia.

Cabe destacar que Gosálvez Postigo y Salhuana crecieron como vecinos en Puerto Maldonado, donde vivían a pocas cuadras de distancia y forjaron una estrecha relación que perdura hasta el día de hoy.

En una época donde la política se juega más en la esfera virtual que en la real, donde los hilos del poder se mueven por chats y no por discursos en el hemiciclo, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha decidido envolverse en el más antiguo de los disfraces: el silencio. Un silencio que no niega, pero tampoco se atreve a confirmar.

Ayer, publicamos un chat de WhatsApp donde Salhuana califica como “prensa basura” al programa dominical Punto Final. La frase, lanzada con liviandad y sin remordimiento, fue enviada el lunes 14 durante una conversación con Dante Seminario, un conocido consultor en gestión gubernamental, figura cercana al aparato parlamentario. El número de teléfono desde el cual se emitió el mensaje —inicia en 997 y termina en 145— corresponde al celular que Salhuana utiliza desde hace años y que diversos actores políticos y periodistas reconocen como suyo.

La publicación desató una veloz reacción del equipo de Comunicaciones del Congreso. Desde sus redes oficiales —esa maquinaria siempre presta a maquillar, distorsionar o negar— se apresuraron a calificar el chat como “falso”. Sin una sola prueba. Sin un solo desmentido personal de Salhuana. Sin siquiera el atrevimiento de una duda metódica. ¿Desde cuándo la verdad se decreta por redes sociales?

Publicación del Congreso de la República.

La respuesta institucional no solo carece de sustento, sino que revela un patrón inquietante: el desprecio por la prensa crítica, el uso político de las plataformas oficiales del Estado y, lo más grave, la manipulación descarada de la opinión pública. Porque mientras se lanza un comunicado negando la veracidad de un chat, el protagonista de ese mensaje guarda un silencio sepulcral. Ni un tuit, ni un comunicado, ni una palabra ha salido de los labios o dedos de Salhuana. La llamada de este medio —que buscaba, como corresponde, recoger su versión— no fue respondida. Y ese silencio, en política, tiene nombre: confirmación tácita.

No se trata aquí solo de una frase desafortunada. Se trata del reflejo de una mentalidad autoritaria que late bajo las formas democráticas, de esa incomodidad visceral que el poder siente cuando la prensa cumple su labor fiscalizadora. Llamar “prensa basura” a un medio que investiga, denuncia y pregunta, es una confesión más que una ofensa.

El Congreso —institución que debería ser el templo de la deliberación pública— no puede ser convertido en una agencia de propaganda. El equipo de comunicaciones del Parlamento no está al servicio de la reputación de sus autoridades, sino del derecho de los ciudadanos a estar informados. Y si desde esa trinchera se lanza una mentira para proteger al presidente del Congreso, lo que está en juego no es solo una anécdota más de arrogancia, sino la credibilidad de una institución entera.

El mensaje fue escrito. El número es verificable. La conversación existió. Salhuana calla. Y el Congreso miente.

No se puede maquillar la verdad con notas de prensa. La historia reciente del país ha demostrado que las pantallas de poder se desmoronan más pronto que tarde, y que la prensa —esa misma que hoy es vilipendiada— siempre encuentra el camino para que la verdad emerja, aunque venga herida y embarrada.

La pregunta, ahora, no es si el chat es verdadero. Eso ya quedó claro. La pregunta es por qué Salhuana piensa que puede insultar a la prensa impunemente. Y la respuesta —aunque él no lo sepa— no vendrá desde el silencio, sino desde la misma prensa que él pretendió callar.

Tras varios días de silencio frente al informe titulado: “Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales”, publicado por el portal Lima Gris, la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP), antes ENSABAP, emitió un comunicado oficial en el que rechaza tajantemente las afirmaciones difundidas, calificándolas de “falsas y tendenciosas”.

El pronunciamiento, firmado por la Secretaría General, afirma que la institución sale a aclarar el contenido del reportaje “en honor a la transparencia institucional y del correcto uso de los recursos públicos”. Según la universidad, la publicación genera confusión y afecta la imagen de una institución que —según recalcan— actúa conforme a los principios de legalidad, ética y transparencia.

Deslindan responsabilidades

El comunicado también intenta desligar de responsabilidad a la actual directora general, Eva López Miranda, señalando que durante su gestión, iniciada en 2021, no se han efectuado pagos con fondos institucionales a favor de los docentes demandantes. Agregan que la mayoría de los procesos judiciales iniciaron en años anteriores y que han sido heredados por la administración vigente.

En esa línea, la universidad asegura que las sentencias que reconocen “beneficios sociales” a docentes —una vez que adquieren calidad de cosa juzgada— son gestionadas y pagadas directamente por el Ministerio de Educación, a través de la Procuraduría Pública y con recursos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Así, afirman que la UNABAP no tiene competencia directa, ni presupuesto asignado para ejecutar dichos pagos.

Finalmente, niegan que la universidad esté reservando dinero propio para cumplir con las indemnizaciones y reiteran que la publicación periodística “carece de rigor informativo”.

La respuesta de Lima Gris: contradicciones y documentos judiciales

Frente al pronunciamiento institucional de Bellas Artes, Lima Gris responde que, contrario a lo afirmado en el comunicado, sí intentó recabar la versión de las autoridades involucradas antes de la publicación del informe. De hecho, la Unidad de Investigación se comunicó oportunamente con la directora general Eva López, con su esposo Mauro Yrigoyen y con otros docentes implicados en el caso.

La única respuesta recibida, fue una escueta declaración de la directora general López Miranda, indicando que cualquier información debía canalizarse exclusivamente a través de la Secretaría General, a cargo de Mabel Lizarzaburu Rodríguez. No obstante, esta tampoco emitió respuesta directa, alegando que debían cumplirse procedimientos formales mediante correos institucionales.

Por lo tanto, Lima Gris refuta que su informe carezca de rigurosidad, o que haya buscado desinformar, y subraya que fue precisamente la falta de voluntad institucional para brindar descargos oportunos lo que motivó la publicación sin sus versiones.

Embargo judicial contradice afirmaciones de ‘Bellas Artes’

Más allá de las declaraciones, existe un hecho documentado que desmiente parte del pronunciamiento de la UNABAP. En efecto, mediante la Resolución N° 34 del Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente del Poder Judicial, con fecha 2 de enero de 2024, se declaró fundada una solicitud de EMBARGO en forma de retención sobre los fondos de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú.

La resolución judicial ordena expresamente embargar y retener un total de S/ 2,898,987.44 (más de dos millones ochocientos mil soles) de los fondos no ejecutados correspondientes al presupuesto institucional del ejercicio económico 2023. Además, dispone que tanto la directora general como el secretario general adopten todas las acciones necesarias para ejecutar dicha retención.

Esto contradice y desmiente directamente la afirmación institucional de Bellas Artes, de que los pagos serán cubiertos exclusivamente por el Ministerio de Educación con dinero del MEF, y no con fondos de la propia universidad. El documento judicial, de carácter vinculante, confirma que los recursos provendrán del presupuesto no utilizado de la propia UNABAP, como parte del cumplimiento de una sentencia laboral firme.

¿Quién daña la imagen institucional?

Lima Gris concluye que no es el medio, ni la publicación la que afecta la imagen de Bellas Artes, sino la situación generada por un grupo de docentes que judicializó sus vínculos laborales para obtener beneficios económicos, y por la falta de transparencia de las autoridades bellasartinas para informar a la comunidad académica y a la ciudadanía sobre el destino de los fondos públicos.

En un contexto donde la legalidad y la transparencia deben ser pilares de la gestión universitaria, el comunicado de la UNABAP no solo evita asumir responsabilidad institucional, sino que omite hechos verificables que hoy obran en los registros del Poder Judicial.

Continúan los puyazos. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó hoy admitir a trámite la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por archivar una investigación contra el fiscal supremo Pablo Sánchez.

Se trata de la denuncia constitucional n.° 570, interpuesta por el parlamentario Alejandro Muñante y otros, por la presunta infracción al artículo 159, numeral 1 de la Constitución Política y la posible comisión de los delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal.

La propuesta del informe de calificación fue sustentada, debatida y aprobada hoy en sesión ordinaria de la SAC, bajo la conducción de su presidenta, la congresista María Acuña (APP). El grupo de trabajo aprobó su admisión a trámite con 11 votos a favor.

El caso

De acuerdo con la denuncia, en julio de 2018, Pablo Sánchez, entonces fiscal de la Nación, tuvo una presunta intervención irregular en una diligencia fiscal que se llevaba a cabo en las instalaciones del local del Instituto de Defensa Legal (IDL) para la incautación de documentos, en el contexto de la filtración y publicación de los denominados “CNM audios”.

Dicha intervención se habría dado a través de una llamada al fiscal que desarrollaba dicha diligencia, precisa el texto de la denuncia constitucional.

Se indica que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, emitió el27 de enero del 2025 una disposición fiscal a través de la cual estableció no haber mérito para formular denuncia constitucional contra Sánchez Velarde por estos hechos, en lugar de haberse inhibido por decoro.

Al respecto, Acuña Peralta explicó que el siguiente paso será que la denuncia sea remitida a la Comisión Permanente. De aprobarse en dicha instancia, deberá regresar a la Subcomisión para que se lleve a cabo la investigación y elaboración del informe final respectivo en un plazo de 15 días.

«Hoy hemos aprobado admitir a trámite la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en el sentido de que presuntamente habría favorecido a Pablo Sánchez. Hoy lo que corresponde es que esta denuncia vaya a la Permanente, se apruebe allí y regrese a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en 15 días para delegar la denuncia y llevemos a una investigación y lleguemos a un informe final», dijo a Canal N.

Además, la presidenta de la Subcomisión indicó que, si bien habrá un cambio en la presidencia de dicho grupo de trabajo, debido al inicio de la nueva legislatura, quien la suceda en el cargo deberá continuar con el trámite de la misma. 

Frente a las críticas sobre un posible uso político del proceso, Acuña negó que exista persecución: “He actuado dentro del reglamento del Congreso, sin saltarme plazos ni por presión de bancadas. No he venido a perseguir a ningún funcionario público”.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, expresó su “extrañeza y preocupación” por no haber sido considerada en la mesa de trabajo convocada por la presidenta Dina Boluarte para abordar el proceso de formalización minera, una problemática crítica que involucra no solo aspectos económicos, sino también legales y penales.

A través de un oficio dirigido a la jefa de Estado, Espinoza Valenzuela cuestionó que el Ministerio Público haya sido marginado de una reunión de alto nivel en la que sí fueron invitados representantes de los tres poderes del Estado, incluyendo la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello. En contraste, su institución —clave en la lucha contra delitos asociados a la minería ilegal, como el crimen organizado y el lavado de activos— no fue tomada en cuenta.

“Preocupa y causa extrañeza que no se haya convocado al Ministerio Público”, enfatizó la fiscal de la Nación.

La jornada, anunciada de forma sorpresiva por Boluarte Zegarra el domingo por la noche, se realizó este lunes con la participación del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana; la presidenta del Poder Judicial; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; así como representantes de gremios mineros, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. También asistió el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, Paul Gutiérrez.

Sin embargo, el Ministerio Público no fue convocado oficialmente, ni se cursó invitación alguna a un representante. Así lo confirmaron fuentes fiscales. Frente a ello, Delia Espinoza recordó que su institución forma parte de la Comisión Multisectorial de seguimiento a la formalización minera y erradicación de la minería ilegal, lo que refuerza su participación activa y constante en estos temas.

En su carta, Espinoza remarcó que dejar fuera al Ministerio Público representa un riesgo para la eficacia y legitimidad de las políticas que se pretendan formular, ya que la formalización minera no solo implica regulación técnica o económica, sino que está íntimamente ligada a delitos graves como la trata de personas, el tráfico de insumos químicos, corrupción y lavado de dinero.

“Cualquier proceso de formalización debe estar sustentado en la legalidad y en la defensa del Estado de derecho. La presencia del Ministerio Público es coherente y necesaria”, escribió la fiscal de la Nación.

Defensor del Pueblo minimiza rol del Ministerio Público

Consultado sobre esta exclusión, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, minimizó la necesidad de que la Fiscalía participe en el encuentro. “¿Qué tendría que hacer ahí el Ministerio Público? Nada”, declaró, alegando que la convocatoria se limitó a los tres poderes del Estado, y que la Fiscalía no forma parte de ese esquema.

Sin embargo, esta afirmación contrasta con la invitación cursada a la presidenta del Poder Judicial, que, al igual que la Fiscalía, tampoco es un poder del Estado en el sentido estricto, sino un órgano autónomo del sistema de justicia.

Salhuana pide que se incluya a la Fiscalía

Por su parte, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, consideró necesario que la fiscal de la Nación se incorpore al diálogo. Aunque recordó que Espinoza ha rechazado en el pasado algunas invitaciones del Legislativo, reconoció que su rol es fundamental en este tipo de debates.

“La fiscal de la Nación también tiene que poner de su parte. Pero creo que su participación en esta mesa es importante. Exhorto al Ejecutivo a que se le invite para que participemos todos”, declaró.

¿Una omisión deliberada o una descoordinación institucional?

La falta de invitación a Delia Espinoza —justificada por algunos como una cuestión de formato— podría interpretarse también como una omisión deliberada en medio de un contexto político sensible. La Fiscalía es uno de los actores que investiga casos de minería ilegal, corrupción pública e incluso redes delictivas con nexos en el poder local y regional, precisamente en zonas mineras informales.

En un tema tan complejo como la formalización de la minería —con fuertes presiones gremiales, tensiones sociales y millonarios intereses de por medio—, la ausencia del Ministerio Público deja fuera al principal organismo encargado de perseguir el delito, justo cuando se pretende diseñar políticas que separen la informalidad de la ilegalidad.

Delia Espinoza ha dejado claro que quiere estar presente. Su mensaje no es solo un reclamo institucional, sino una advertencia sobre la necesidad de abordar el problema de la minería ilegal con todos los actores del sistema de justicia. Y en esa mesa, el componente penal no puede quedarse vacío.

¿En qué momento legislarán a favor del país? El pasado 2 de julio, el congresista Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) presentó el Proyecto de Ley (PL) n.° 11822/2024-CR, que busca modificar artículos sustanciales de la Ley 26834, conocida también como la Ley de Áreas Naturales Protegidas.

De acuerdo con el texto, se propone modificar nueve artículos e incorporar tres disposiciones complementarias. Los cambios que se proponen abren la posibilidad de que se realicen actividades extractivas en áreas protegidas, donde actualmente están prohibidas.

Entre las modificaciones se busca permitir la explotación de recursos en parques nacionales y santuarios nacionales e históricos y otorgar mayor injerencia en estas áreas por parte del Ministerio de Energía y Minas, institución responsable de la extracción de hidrocarburos en el país.

El PL presenta como justificación la posibilidad de generar el aumento del canon y sobrecanon que sirvan para el cierre de brechas sociales y de infraestructura. La propuesta se encuentra actualmente en las comisiones de Energía y Minas y de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.

No es la primera vez que se pretende cambiar la norma que rige para las áreas protegidas. En 2023, una propuesta del Ejecutivo planteaba modificar nueve artículos de la Ley de Áreas Naturales Protegidas para abrir estos espacios a la exploración y explotación de gas y petróleo. Sin embargo, la norma no fue aprobada.

Diversas instituciones civiles y de pueblos indígenas se han manifestado en contra de esta nueva propuesta. “Con esta modificatoria de la ley se legalizaría la extracción de hidrocarburos en espacios intangibles. Sería un impacto grave no solamente a la diversidad biológica, sino que también se promueve un retroceso y debilitamiento de toda la normativa ambiental”, señala Vanessa Cueto, coordinadora del Programa Sostenibilidad de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

En un análisis legal publicado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) se señala que se trata de un PL inconstitucional que debe ser archivado porque “constituye un retroceso para la institucionalidad ambiental de nuestro país y una vulneración al derecho humano a un ambiente sano y equilibrado”, por lo que considera que debería “ser observada por el Ministerio del Ambiente”.

Los cambios que ponen en riesgo las áreas protegidas

La nueva propuesta de ley indica que cuando el desarrollo de un proyecto para la extracción de recursos renovables o no renovables sea declarado de necesidad pública e interés nacional se permitiría su explotación, así como la modificaciones y transformaciones de la zona.

Otro de los cambios se refiere a la creación y modificación legal de las áreas protegidas. En la ley vigente se indica que “la reducción física o modificación legal” de un área natural protegida “solo será aprobada por ley”. En el nuevo proyecto de ley las modificaciones en las áreas protegidas serán aprobadas por decreto supremo y refrendadas por “el ministro del Ambiente y por uno o más ministros a cuyo ámbito de competencia correspondan”.

Además, en el caso de áreas protegidas marinas, “donde sea posible el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos”, lo debe refrendar el ministro de Producción. En el caso de que las áreas naturales protegidas “incluya áreas donde exista evidencia de la presencia o el posible aprovechamiento de recursos hidrocarburíferos, incluyendo las áreas promocionales y otras de similar naturaleza en cualquier parte del territorio nacional”, también lo deberá refrendar el ministro de Energía у Minas.

Una tercera modificación que se cuestiona tiene que ver con la aprobación del plan maestro de cada área protegida. Se propone que la aprobación de este plan de gestión, así como de sus modificaciones y actualizaciones, cuente con la opinión del ministro de Energía y Minas cuando exista evidencia de la presencia o del posible aprovechamiento de recursos hidrocarburíferos.

La SPDA también cuestiona la participación del ministerio en los procesos de creación, aprobación y modificación de las áreas protegidas y señala que incluir a este ministerio significa “colocar una presión sobre gran parte del territorio nacional, reduciendo procesos técnicos a procesos politizados”.

La organización también señala que la creación de un área protegida es reconocida internacionalmente como herramienta de conservación importante, por lo que establecer medidas de este tipo contradice la postura del Estado peruano para dar cumplimiento a las metas internacionales de conservación, como el Convenio de Diversidad Biológica.

En la zona de Gambetta Alta, en el Callao, decenas de familias viven a escasos centímetros de los rieles por donde circulará el tren de pasajeros recientemente traído desde Estados Unidos. Este convoy forma parte del anunciado servicio ferroviario Lima–Chosica. Sin embargo, la proximidad de las viviendas a la vía férrea —menos de un metro en algunos casos— incumple abiertamente la norma técnica, que exige una franja de seguridad de al menos 20 metros a cada lado.

Cuarenta años en terreno público

Los vecinos reconocen haber ocupado el terreno de manera informal desde hace décadas, incluso antes de que existiera el proyecto de reactivación del tren. No cuentan con títulos de propiedad, pero afirman que ninguna autoridad se ha acercado a informarles qué ocurrirá ahora que el tren de pasajeros podría comenzar a operar con mayor frecuencia.

“Nadie nos ha dicho nada. No sabemos si nos van a desalojar ni cuándo. Estamos en el limbo”, declaró un residente.

Acostumbrados al riesgo

Aunque la cercanía al tren siempre ha representado un peligro, los vecinos del Callao afirman que ya estaban habituados. Relatan que cuando el tren pasaba, cerraban puertas y se mantenían dentro de casa. Sin embargo, en el pasado ya se han producido accidentes, incluso con consecuencias fatales para personas y animales.

“Siempre hemos tenido cuidado, pero si este nuevo tren pasa cada hora, no sabemos qué puede pasar”, alertó un morador.

El tren donado por la empresa Caltrain, de mayor tamaño y diseñado para transporte de pasajeros, podría operar con una frecuencia mucho mayor, lo que incrementa el riesgo de accidentes, especialmente en tramos sin cercos ni señalización mínima.

“Es más ancho, y si uno está cerca, lo puede arrastrar”, advirtió un vecino.

Hasta ahora, ni el Ministerio de Transportes, ni las autoridades locales del Callao han informado sobre planes de mitigación, reubicación o medidas de seguridad. Los vecinos afirman estar dispuestos a dialogar y reconocer su condición de ocupantes informales, pero exigen información clara y anticipada. Temen que, si no se actúa pronto, la puesta en marcha del tren termine en una tragedia evitable.