La presidenta de la República, Dina Boluarte, tras retornar de su viaje a la República Popular China, vuelve a sus actividades protocolares y, desde Palacio de Gobierno, arremetió contra la prensa y calificó de tendencias las noticias lanzadas por los medios.  

Luego de destacar los diversos convenios con empresas de dicho país, como es el caso de la cuestionada empresa Huawei, que pretende instaurar la tecnología de sus vehículos eléctricos en el Perú y que desde el año pasado ha financiado los pasajes aéreos de algunos congresistas de la República, para invitarlos a eventos tecnológicos, la mandataria adoptó un tono irónico y cuestionó a los medios de comunicación y calificó de noticias tendenciosas las investigaciones en su contra. Y pidió noticias más positivas.

“Ojalá que este convenio que hoy se firma para la construcción de estos hospitales de alta complejidad en Áncash y Piura, la prensa nos ayude a repetirla las 24 horas, así como hacen con las noticias tendenciosas. Repitan esto, en las cámaras y micrófonos, estoy convencida de que más peruanas podrán enterarse de las cosas buenas que este Gobierno está haciendo”, expresó.

Tras haber ejercido un desprecio total y burlarse de las niñas Awajún, y negarse a responder ante el Congreso por las denuncias de abuso sexual en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, el ministro de Cultura, esta vez no podrá evadir tratar sobre el tema enfrente de los parlamentarios.

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte acordó realizar una sesión extraordinaria este martes 16 de julio y convocó al titular de Cultura Morgan Quero Gaime, a que asista y brinde un informe sobre las denuncias de abuso sexual contra niñas escolares en la provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas.

Ante esa situación, el presidente del grupo de trabajo, José Balcázar Zelada (PB), señaló que emitirán un pronunciamiento público a nombre de la Comisión de Educación, donde exigirán que se tomen medidas correctivas contra las autoridades que hayan incurrido en responsabilidad. Así también lo sugirieron los legisladores Roberto Chiabra (APP) y Alejandro Muñante (RP).

“Considero que el ministro debe ser citado nuevamente. No puede evadir la responsabilidad de no venir y rendir cuentas a la población”, advirtió el congresista, Waldemar Cerrón Rojas.

Este miércoles 3 de julio, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento se aprobó con ocho votos a favor, doce en contra y cuatro abstenciones, el predictamen del Proyecto de Ley 8166/2023-CR que tiene como objetivo reformar el Código Penal para establecer la responsabilidad penal de los adolescentes de 16 y 17 años de edad, como imputables dentro del sistema penal, y estén implicados en delitos graves como sicariato y extorsión.

Por su parte, el congresista Juan Burgos Oliveros explicó que la medida obedece a un incremento significativo de crímenes violentos cometidos por menores, como el sicariato, la extorsión y el crimen organizado. Tras su aprobación, el predictamen será elevado al pleno, o a la comisión permanente, según lo disponga el Congreso, para una decisión final.

El congresista Juan Burgos explicó que esta medida responde a un incremento significativo de crímenes violentos cometidos por menores, como el sicariato, la extorsión y el crimen organizado. Asimismo, advirtió que los jóvenes de 16 a 18 años que cometan estos delitos serán tratados bajo un marco legal similar al de los adultos.

Impulsarán construcción de cárceles para adolescentes

Asimismo, Burgos anunció que se está impulsando la construcción de centros penitenciarios especializados para jóvenes de 16 a 18 años, para separarlos de los adultos en el sistema penitenciario.

El Poder Judicial, a través de los jueces de la Sala Penal de Apelaciones resolvió por unanimidad CONFIRMAR la resolución del 7 de setiembre del 2023 contra el sentenciado Nicolás Risco Orbegozo, exalcalde del distrito de Pallasca en Áncash, como autor del delito contra la administración publica en la modalidad de enriquecimiento ilícito, en agravio del Estado.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa ratificó la decisión del juez. En vista que la apelación de la defensa de Risco Orbegozo fue declarada infundada, confirmaron la condena de cinco años de cárcel efectiva, e inhabilitación por el mismo plazo, por el delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Asimismo, se le impuso una reparación civil de S/668 329.07 y 365 días de multa.

Los jueces, el ponente Daniel Vásquez Cárdenas, Niczon Espinoza Lugo y Walter Lomparte Sánchez ordenaron la ejecución inmediata de la sentencia y solicitaron su captura. Por su parte, la defesa técnica del condenado apeló la decisión judicial.

Como se sabe, Risco Orbegozo fue alcalde del distrito de Pallasca, entre 2011-2014 por el Movimiento Regional Independiente Cuenta Conmigo, y 2015-2018 por el partido Alianza para el Progreso (APP). En esa línea, el tipo penal por el cual ha sido sentenciado abarca desde enero de 2011, hasta julio de 2017.  Y a pesar de haber percibido como alcalde un salario de S/1581 soles, fue denunciado por enriquecimiento ilícito porque poseía cinco predios inmuebles (en Nuevo Chimbote y en Conchucos) y dos camionetas.

Asimismo, Nicolás Risco Orbegozo pretendió ser alcalde de Pallasca en 2022, y postuló a dicha comuna, por el partido Somos Perú.  

La presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra apenas cuenta con una baja aprobación del 4% de la población, mientras que el 92% rechaza su gestión, según la última encuesta realizada por CIT.

Los analistas señalan que la mandataria se ha ganado a pulso su desaprobación, debido a la falta de liderazgo en sus decisiones, y a la inacción en el manejo de los problemas que actualmente sufre el país, como es la inseguridad, y el deficiente manejo del sector salud. Asimismo, la mandataria ha sido duramente cuestionada por su decisión de no querer dar declaraciones a la prensa, por casi tres meses. Incluso, tras su viaje a China, la ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuellar, en declaraciones a la prensa, este martes aseveró que la jefa de Estado debería estar hablando ante los medios de comunicación “en los siguientes días”, sobre los logros de su viaje a China.

Según declaraciones del exministro Juan Sheput, la bajísima aprobación hacia Boluarte Zegarra, responde a su incapacidad para hacer cambios en el Gabinete, como los del premier Gustavo Adrianzén o los ministros Raúl Pérez-Reyes de Transportes y Comunicaciones y Hania Pérez de Cuéllar en el Ministerio de Vivienda.

“Si la señora presidenta no se da cuenta de este mensaje de la población, simplemente ella está rumbo al desastre”, aseveró Sheput.

Como se recuerda, el mes pasado se registró que la aprobación de la gestión presidencial de la mandataria Dina Boluarte caía mes a mes. Y durante los primeros días de junio, la jefa de Estado registró una desaprobación récord del 91 %, según la última encuesta de Datum publicada por el diario El Comercio. La encuesta también mostró que solo el 5 % de los encuestados aprobaba la gestión de Boluarte Zegarra, lo que representó una cifra histórica negativa. Sin embargo, según el último muestreo, la cifra se vuelve inédita.  

En mayo la desaprobación de Dina Boluarte era de 90%

Cabe recordar que el mes de mayo no fue la excepción para la caída de la aceptación de Dina Boluarte. De acuerdo a la encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) entre el 18 y el 23 de mayo, publicada por el diario La República, indicó que un 90 % desaprobaba el gobierno de Boluarte Zegarra, mientras que solo un 5 % aprobaba su desempeño.

La caída de la presidenta se ha venido incrementando, poque hace cuatro meses, según otro estudio del IEP, la mandataria era desaprobada por 86 % y aprobada por un 8 %. La aprobación de Boluarte Zegarra en abril cayó aún más en Lima, donde solo un 4.1 % de los encuestados dijo que aprobaba su gobierno.

La región de la Libertad desde principios de año se encuentra en el abandono total, siendo tomada por extorsionadores, delincuentes que asaltan con armas de fuego ya sea de día o de noche, mineros ilegales que dinamitan torres eléctricas o que asesinan trabajadores, o asaltantes que secuestran a empresarios para exigir millonarias recompensas. A pesar de todo eso, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, se va de viaje a China, no para traer tecnología o recibir instrucciones de seguridad, sino para ver en qué se puede beneficiar con empresarios chinos ‘sedientos’ por un mercado peruano endeble.

Aunque parezca increíble, su hijo, el ex congresista Richard Acuña Núñez, aseguró que su papá es el candidato “natural” de Alianza para el Progreso (APP) para las elecciones presidenciales a realizarse el 2026.

“Creo que César Acuña es el candidato natural de Alianza para el Progreso (APP). Tiene todo el respaldo de la militancia, sabemos que es la mejor propuesta de que podamos tener nosotros, pero creo que es bastante prematuro para hablar de candidaturas”, indicó.

Por otro lado, Richard califica como una falta de respeto las discrepancias de un ciudadano al gobernador de La Libertad, durante un vuelo. El pasajero le reclamó al líder de APP por la inseguridad ciudadana que aqueja Trujillo y La Libertad.

«Lamento esas faltas de respeto de parte de algunas personas. Me imagino que no han tenido una buena formación. Sé muy bien que pueden haber diferencias en la forma de pensar, pero respetos guardan respetos. Ninguna persona merece este tipo de agresiones», señaló Richard en defensa de su padre.

Finalmente, señaló que no apoyó a Pedro Castillo Terrones durante la segunda vuelta electoral en 2021. Esto ocurre tras las declaraciones de Salatiel Marrufo, quien afirmó ante el Ministerio Público que Richard Acuña habría influido en las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para favorecer a Perú Libre.

«Lamentamos que personas corruptas quieran afectar el nombre de mi persona. Estoy bastante tranquilo porque nunca apoyé y respaldé. No hubo la oportunidad de apoyar en la candidatura del señor Pedro Castillo», puntualizó el hijo César Acuña.

A través de una disposición emitida el 31 de mayo pasado, la Fiscalía de la Nación, mediante Juan Carlos Villena archivó la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo. Sin embargo, tras un mes de cuestionamientos y solicitudes de reexamen con existencias de nuevos elementos de convicción, han decidido reabrir investigación preliminar contra el exmandatario y algunos de sus ministros, por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, por presuntas irregularidades en la compra de 1 millón 400 mil pruebas rápidas para la detección del Covid-19 en marzo del 2020.

Como se recuerda, ante la cuestionada decisión de no presentar una denuncia constitucional contra el expresidente Vizcarra Cornejo y archivar la investigación contra él, el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena Campana, intentó excusarse y dijo:

“No creo que sea un beneficio. (…) Nosotros los fiscales trabajamos bajo el principio de objetividad. Hacemos las investigaciones; esta investigación ha tenido muchas actuaciones, se han recabado muchas declaraciones, documentación, información y en la resolución de la disposición está detallado todo el procedimiento. Se ha determinado que, en efecto, al menos hasta el momento de la investigación, no hay indicios de corrupción. (…) No recuerdo exactamente quién presentó la denuncia, pero se han realizado muchas diligencias y recopilado numerosas declaraciones. Varios ministros están involucrados, y se ha detallado cómo han intervenido en estos hechos”.

El caso de las ‘pruebas rápidas’ contra el expresidente Martín Vizcarra se reabre luego de que se declararan fundadas las solicitudes de reexamen de los actuados presentados por la exprocuradora Katherine Ampuero y la actual procuradora del Estado, María Aurora Caruajulca.

La investigación incluye a Martín Vizcarra y a sus exministros María Antonieta Alva (de Economía), María Elizabeth Hinostroza y Víctor Zamora (de Salud). Todos ellos, involucrados por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible en agravio del Estado.

El Ministerio Público precisó que este caso se reabrirá por 120 días y estará a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.

Jua19 en marzo del 2020.

Estamos todos locos. La táctica que viene realizando desde hace algunos días las figuras de Fuerza Popular es cuestionar la capacidad mental del fiscal José Domingo Pérez, quien viene presentando los alegatos en el juicio oral por el caso ‘Cócteles’ que involucra a Keiko Fujimori así como a otros 45 miembros de la cúpula del fujimorismo.

En los exteriores del Congreso de la República, el legislador del partido naranja criticó al fiscal del Equipo Especial Lava Jato por calificar reiteradas veces a Alberto Fujimori como un dictador y pidió que piense dos veces antes de mencionarlo en el marco del juicio.

“En cada momento está hablando de mala manera de dictador Fujimori. Primero tiene que hacer gárgaras con Pinesol para poder hablar del expresidente Fujimori“, sostuvo el congresista.

Por si fuera poco, el legislador deslizó la idea de que el fiscal tendría un “problema psiquiátrico” que le impediría realizar sus labores de manera objetiva y eficaz.

“Yo sí le pediría al colegiado que antes de proseguir sea sometido a un peritaje psiquiátrico porque una persona de esa naturaleza no puede administrar justicia, además que tiene limitaciones académicas, prueba de ello es no haber aprobado el examen de juez”, declaró.

Juicio se suspende hasta el 9 de julio

Por otro lado, La audiencia, presidida por la jueza Mercedes Caballero, comenzó ayer a las nueve de la mañana y concluyó antes de la una de la tarde.

Entre los acusados que ya se han presentado se encuentra Pier Figari, mientras que Keiko Fujimori se presentó en el lugar unos minutos después.

El Ministerio Público, representado por José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato, busca una condena de más de 30 años de prisión para Fujimori por cargos de presunta organización criminal, lavado de activos, encubrimiento y obstrucción a la justicia.

El juicio se llevará a cabo de manera presencial, y los cargos incluyen delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia.