Mientras la ciudad de Lima enfrenta serios desafíos en transporte, seguridad y servicios básicos, su alcalde, Rafael López Aliaga, parece haber decidido abandonar de facto su responsabilidad para enfocar sus energías en una campaña presidencial anticipada. Así lo denunció la regidora metropolitana Ivone Tapia Vivas, quien exigió su renuncia inmediata para que se dedique “al 100%” a su proyecto político personal.

Tapia Vivas no se limita a señalar una falta de atención en la gestión municipal; advierte también que López Aliaga estaría utilizando recursos de la comuna para promocionar su imagen y la de su partido, Renovación Popular. “Hace un momento escuchaba a un especialista sobre cómo se está utilizando el presupuesto de Lima Metropolitana para hacer campaña. Eso no me parece honesto”, declaró en entrevista con Exitosa.

La regidora que pertenece a las filas de APP, ha sido enfática en sus críticas a la forma en que el alcalde ha convertido actos oficiales en vitrinas políticas. Mencionó como ejemplo la reciente presentación de los vagones del frustrado tren Lima–Chosica, evento en el que no solo desvió el foco hacia su candidatura, sino que recurrió a una puesta en escena cuestionable, llevando incluso un cerdo como símbolo de campaña.

A esto se suma su abandono del diálogo institucional. López Aliaga “pateó el tablero” de la mesa técnica organizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), donde debía discutirse el avance del proyecto ferroviario. En vez de dialogar, optó por el insulto. Acusó al ministro César Sandoval de “ignorante” y “ayayero de César Acuña”, mientras la obra, que ha costado ya 24 millones de dólares en estudios, permanece paralizada y los vagones comprados duermen en almacenes que también le costarán a la ciudad.

Pero la controversia no termina ahí. Tapia Vivas recordó la agresión verbal del alcalde López Aliaga contra la presidenta de la Red de Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho, Abilia Ramos, a quien descalificó públicamente. “En lugar de pedir la renuncia de ministros, debería pedir disculpas a las mujeres que luchan todos los días por alimentar a sus comunidades”, sentenció.

A la vista de todo esto, queda una pregunta urgente: ¿quién está gobernando Lima mientras su alcalde hace campaña? Porque en las calles, lo único visible son paneles celestes, no soluciones.

Se fue al mismo estilo que Nadine Heredia. El exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo, se fue del país el pasado domingo 20 de julio con destino a Ecuador, a pocos días de que el Poder Judicial dictara sentencia sobre el caso Metro de Lima.

Fue el fiscal José Domingo Pérez quien diera aviso esta mañana de la fuga de Cuba, aclarando que un informe policial había reportado la fuga del exfuncionario del segundo gobierno aprista (2006-2011).

«La Policía Nacional el Perú ha dado cuenta que el señor Cuba Hidalgo ha salido del país el 20 de julio vía terrestre por la frontera con el Ecuador«, informó en la diligencia el miembro del equipo especial Lava Jato.

La Fiscalía solicita 35 años de prisión contra Cuba, a quien le imputa haber recibido US$8 millones en coimas de la compañía brasileña para que este encaminara la licitación del Tramo 1 en beneficio de la misma.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional anunciará hoy su decisión después de dos años y seis meses de iniciado la etapa de juicio oral.

Como se recuerda, este proceso comenzó en el 2017 y se convirtió en una de las primeras investigaciones del caso Odebrecht en el Perú, en el que la constructora brasilera admitió haber pagado sobornos a funcionarios peruanos para suscribir un acuerdo de colaboración eficaz.

El dato:

Además de Cuba Hidalgo, el exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Edwin Luyo, la exvoleibolista Jessica Tejada y otros se encuentran involucrados en el caso.

Para Edwin Luyo, el Ministerio Público pidió 35 años de prisión; en tanto, solicitó 25 años de cárcel para Jessica Tejada. Además, para los demás implicados se pidieron penas de hasta 34 años.

Lima pierde mientras el alcalde de Lima Rafael López Aliaga y el ministro de Transportes César Sandoval se atacan. En lugar de avanzar hacia un diálogo técnico y responsable que permita destrabar el proyecto ferroviario Lima–Chosica, los mandamases del gobierno local y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) han optado por una confrontación pública plagada de insultos, descalificaciones y acusaciones mutuas. La pugna entre el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el ministro César Sandoval Pozo, más que un desacuerdo político, se ha convertido en una guerra de egos que termina afectando a millones de ciudadanos.

Rafael López Aliaga, fiel a su estilo agresivo y confrontacional, acusó al ministro Sandoval de carecer de idoneidad técnica para ocupar la cartera de Transportes y Comunicaciones. Durante un evento en Lurigancho-Chosica, no escatimó calificativos: “No tiene perfil ligado a transportes”, “su único mérito es ser ayayero del señor César Acuña”, y finalmente, lo tildó de “ignorante absolutamente del tema”. Palabras que venidas de un alcalde no solo revelan un tono grosero, sino una preocupante falta de disposición al diálogo institucional.

La reacción del ministro Sandoval no fue mucho mejor. Visiblemente molesto, respondió con amenazas de acciones legales por difamación y lo desafió públicamente a presentar registros que prueben un supuesto encuentro en la Municipalidad de Lima, el cual negó tajantemente. “Lamento mucho semejante patraña y mentira… Por ello, tomaré las acciones legales”, sentenció. El funcionario apepista no solo cayó en el juego de provocaciones del alcalde, sino que reforzó el espectáculo mediático, convirtiendo una disputa de gestión en un cruce personal.

Limeños deben soportar peleas insulsas

Ambos servidores públicos han perdido de vista su rol principal: servir al ciudadano. Mientras los limeños esperan avances en proyectos fundamentales como el tren Lima–Chosica, deben tolerar un espectáculo lamentable que confirma que ni el municipio ni el ministerio están actuando con visión técnica, responsabilidad política ni mínima madurez.

El proyecto ferroviario entre Lima y Chosica fue anunciado como una obra clave para aliviar el caótico sistema de transporte en la capital, especialmente en la sobrecargada zona este. Sin embargo, en lugar de ver cronogramas, avances de obra o estudios técnicos, la ciudadanía presencia peleas estériles protagonizadas por dos autoridades que han olvidado que el cargo público exige sobriedad, negociación y capacidad de priorizar los intereses colectivos sobre los personales.

El alcalde López Aliaga ha demostrado una vez más que su estilo comunicacional, lejos de conectar con la población, agudiza la polarización política. Su desprecio abierto por la institucionalidad del Ejecutivo evidencia una gestión más enfocada en confrontar y en impulsar una campaña electoral, que en construir. Pero el ministro Sandoval no está exento de críticas: su falta de templanza y su decisión de enfrascarse en una querella legal solo prolongan un enfrentamiento innecesario, además de contribuir al desgaste de la autoridad estatal.

La presidenta Dina Boluarte, responsable directa de la designación de Sandoval, también queda expuesta por permitir que una cartera técnica sea usada como cuota política. El MTC, más que ningún otro ministerio, requiere perfiles técnicos con conocimiento en planificación urbana, movilidad y transporte. La ausencia de ese perfil técnico ha sido una crítica válida que, lamentablemente, se diluye entre gritos y agravios.

Mientras tanto, los ciudadanos de Lima siguen atrapados en un sistema de transporte colapsado, sin un cronograma claro para el tren prometido, y con dos autoridades egocéntricas en pugna que parecen más interesadas en sus batallas personales, que en atender los problemas reales de la ciudad.

El país necesita funcionarios capaces de sentarse a dialogar, incluso en medio de profundas diferencias. Lo ocurrido entre López Aliaga y Sandoval es una muestra clara de cómo no debe funcionar el Estado. Y mientras ambos se insultan y se amenazan, los limeños siguen esperando respuestas, no excusas.

Se acabó el misterio. Los congresistas José Cueto (Honor y Democracia) y Carlos Zeballos (Bloque Democrático Popular) anunciaron anoche que acordaron unir fuerzas con miras a la próxima votación para la nueva Mesa Directiva. La confirmación llegó a través de una fotografía donde se les ve estrechando manos.

La alianza implica que Cueto y Zeballos trabajarán juntos para presentar una única lista, con respaldo compartido de sus respectivas bancadas y otras agrupaciones que ya se han sumado. De resultar ganadora la fórmula Cueto-Zeballos, ambos tendrán roles claves en la conducción administrativa del Congreso.

Antes del acuerdo, José Cueto había asegurado que contaba con el respaldo de Renovación Popular, Podemos Perú y su grupo, Honor y Democracia.

Cabe recordar que Carlos Zeballos había declarado que no descartaba liderar una tercera lista si no se llegaban a consensos, sin embargo, tras varios días de conversaciones, optó por sumarse al proyecto de Cueto.

Con esta alianza, la fórmula Cueto-Zeballos se fortalece y se posiciona como una de las principales candidatas frente a la liderada por el congresista José Jerí, de Somos Perú.

Ambos congresistas han insistido en que la fórmula que proponen prioriza el consenso y el equilibrio político, y no responde a intereses particulares o de grupo.

Posibles respaldos

En tanto, el legislador Cueto indicó que Acción Popular estaría considerada para ocupar la primera vicepresidencia, aunque aclaró que aún se encuentran en procesos internos de decisión.

Por su parte, indica, también habría apoyo de algunas bancadas de izquierda como Juntos por el Perú, pero hasta el momento su respaldo solo es informal. También mencionó acercamientos con exmiembros del Bloque Magisterial.

El dato:

La elección está programada para este sábado, mediante votación secreta en el pleno. De no alcanzarse la mayoría simple, se procederá a una segunda vuelta entre las listas con mayor votación.

La designación de Gino Ríos Patio como representante del Ministerio Público ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha generado una ola de indignación. No solo por su perfil político, sino porque Ríos Patio posee una sentencia consentida por violencia familiar y maltrato psicológico. A pesar de ello, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ha salido a respaldar su nombramiento, minimizando los antecedentes y colocando el foco únicamente en la legalidad del proceso. Pero ¿es suficiente cumplir con los requisitos formales para ocupar un cargo de esa envergadura? ¿Dónde queda el estándar ético?

Josué Gutiérrez ha sostenido que “no existe impedimento legal” para que Ríos integre la JNJ, órgano que evalúa y sanciona a jueces y fiscales. Su argumento se ancla en la literalidad de la norma, ignorando el mensaje institucional que se envía con este tipo de nombramientos. La violencia de género no es una falta menor. Es un delito que carcome los cimientos de la confianza ciudadana en sus instituciones. El silencio cómplice, o peor aún, la defensa activa de figuras como Ríos, erosiona aún más esa credibilidad.

El rol de la Defensoría del Pueblo no es el de interpretar la ley con frialdad técnica. Su misión es más alta: velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. En ese marco, la actitud de Josué Gutiérrez no solo resulta desconcertante, sino incompatible con los principios de la institución que representa. ¿Qué señal se le da a las víctimas de violencia familiar cuando quien debe protegerlas avala a un sentenciado por ejercerla?

La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué esta férrea defensa a Gino Ríos? ¿Es acaso un simple acto de lealtad política? ¿O hay un cálculo detrás para garantizar el control de un órgano clave como la JNJ? Lo cierto es que la obstinación de Gutiérrez no respondería al mandato de la ciudadanía, sino a intereses oscuros aún no del todo develados.

Al defender lo indefendible, Josué Gutiérrez no solo desnaturaliza el rol de la Defensoría del Pueblo. Se coloca, paradójicamente, del lado contrario al que juró defender: el del poder que protege al agresor.

En esta mesa hay sitio para todos, y nadie se quiere quedar afuera en el último año. La mañana de ayer se reunieron los congresistas del Bloque Democrático Popular. Al término del encuentro, el nuevo vocero, Edgar Reymundo, dijo que la bancada evalúa presentar una tercera lista y que habrá otra sesión el jueves.

El principal promotor de esa lista sería el legislador Carlos Zeballos, quien deberá explicar a más tardar el jueves la eventual composición de la fórmula que pretende impulsar. De esa manera quedaría descartado cualquier tipo de apoyo a la lista conformada por el parlamentario José Cueto. Una razón es que Cueto apoyó la aprobación de la ley de amnistía para militares y policías procesados.

«Estamos en sesión permanente, recibiendo información de distintas reuniones. Aún no hemos tomado una decisión final», señaló Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular.

La Bancada Socialista, otra agrupación de izquierda, también formaría parte de la fórmula y con ello sumarían 10 votos (5 del Bloque Democrático Popular y 5 de la Bancada Socialista). A ellos se sumarían algunos congresistas no agrupados, con lo cual buscarían consolidar una alternativa distinta a las opciones ya anunciadas.

En tanto, el candidato con más opciones de presidir la Mesa Directiva, José Jerí, fue ratificando recientemente por su bancada Somos Perú. Él cuenta con el apoyo de Somos Perú (9), Fuerza Popular (21), Alianza Para el Progreso (17) y Perú Libre (11). Los cuatro grupos parlamentarios suman 58 votos.

Cabe mencionar que la elección se gana con 66 votos en primera vuelta.

El dato:

Las bancadas del Bloque Democrático Popular (5), Bancada Socialista (5), JP (8), Acción Popular (9) y Avanza País (6) tienen 33 congresistas, cifra considerable para las aspiraciones de José Cueto, quien cuenta con el apoyo de su bancada Honor y Democracia (5), Renovación Popular (11) y Podemos Perú (13). En total, suman 29 votos.

El programa «Cuarto Poder» denunció el domingo 20 que la designación del presidente de EsSalud estaba mal realizada debido a una serie de inconsistencias que se habrían encontrado en la contratación del doctor Segundo Acho Mego. Éstas obedecerían a que no cuenta con la experiencia para ocupar cargos de importancia y que no acredita haber ocupado cargos similares ni en el sector público ni en el privado.

Según se puede leer: «(…) Un informe oficial reveló que los documentos presentados por el presidente de EsSalud, Segundo Acho Mego, para asumir el cargo, carecen de sustento. La Contraloría determinó que los certificados laborales no cuentan con contratos, recibos de pago u otros elementos que acrediten efectivamente su experiencia previa en cargos directivos, requisito indispensable para ocupar la presidencia ejecutiva del Seguro Social de Salud (…)»

Un alto funcionario de la mismísima Contraloría nos explicó que este tipo de informes posteriores contravienen la Ley de Control, porque no precisan responsabilidades. Este tipo de informes fue aprobado mediante una directiva que se dio en la poca de Nelson Schack Yalta como Contralor General —una de las tantas «perlas raras» que nos dejó aquel funcionario de control, de cuyo recuerdo solo quedan unos zapatitos rojos y un puesto de Contralor al que no dio la talla, porque durante su patético paso por la CGR se la pasó  jugando con números y anunciando astronómicos montos que el país perdía como consecuencia de la corrupción generalizada en el Estado, pero no logró denunciar ni un solo caso emblemático que terminara con los mentados funcionarios procesados y pagando larga condena tras las rejas. Así no juega Perú, «samurai».

LO CURIOSO DE TODO ESTO, ES QUE EL ACTUAL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA CÉSAR AGUILAR Y SUS FUNCIONARIOS, EN VEZ DE CORREGIR LOS ERRORES QUE SE COMETIERON EN EL PASADO, SIGUEN COMETIÉNDOLOS CON UNA TERQUEDAD EQUINA, CONTRAVINIENDO LA LEY GENERAL DE CONTROL. CON RAZON LOS FUNCIONARIOS A QUIENES SE LES ABRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, AL RECURRIR A LA VIA JUDICIAL SALEN BIEN LIBRADOS, POR LA INCAPACIDAD QUE EXISTE EN LA PROPIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA HACER SU TRABAJO COMO DIOS MANDA. BIEN DICEN POR AHÍ QUE LA PRIMERA METIDA DE PATA (O SEA, EN LA GESTIÓN DEL «SAMURAI» FUE UNA TRAGEDIA. PERO SU REITERACIÓN CON CONNOCIMIENTO DE CAUSA EN LA ACTUAL CONTRALORÍA, YA RESULTA UNA ABSURDA, RIDÍCULA COMEDIA DE MAL GUSTO, PAGADA CON EL DINERO DE TODOS LOS PERUANOS.

INCONGRUENCIAS EN LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, O UNA PANTOMIMA PARA ENGAÑAR INCAUTOS

El artículo 10 de la Ley 27785, Ley del Sistema Nacional de Control, establece claramente que las acciones de control deben culminar en informes orientados al mejoramiento de la gestión de las entidades públicas, incluyendo el señalamiento de responsabilidades cuando corresponda. Sin embargo, crecen las interrogantes sobre el servicio conocido como Acción de Oficio Posterior (AOP), ejecutado actualmente por la Contraloría General de la República.

Especialistas advierten que la AOP no se estaría ajustando a los lineamientos de su propia Ley Orgánica. Según la normativa vigente, toda acción de control debe tener un fin preventivo, correctivo o sancionador. No obstante, diversas instituciones y expertos denuncian que la AOP se limita a reportes descriptivos sin efectos vinculantes ni el debido señalamiento de responsabilidades. Un claro ejemplo de ello es el caso ya explicado del actual presidente ejecutivo de EsSalud.

Si los informes no contribuyen a corregir las deficiencias ni sancionar a los responsables, entonces ¿cuál sería el verdadero propósito de estas acciones? Las opiniones están encontradas. Algunos sostienen que la CGR estaría pecando de ingenua y lerda, pues resulta una reverenda estulticia continuar aplicando la AOP sin corrección alguna. Otros, en cambio, sostienen que aquí habría gato encerrado, pues el uso excesivo de la AOP estaría orientado —así dicen los mal pensados— a crear una apariencia de control, sin asumir compromisos efectivos frente a la corrupción o la ineficiencia. En buen romance, se estarían pasando de pendeivis.

La pregunta queda abierta: ¿La Acción de Oficio Posterior se ha convertido en un mecanismo sin impacto real o responde a otros fines menos claros? Las malas lenguas dicen que todo indicaría de que se trataría de puro fufurufu. o sea, bulla y puro humo para las tribunas, porque la verdad de la milanesa sería que se trata de meras acciones de control sin filo, con balas de salva y con armas de utilería: pura pantomima que no denuncia a nadie y que no pasa de ser un PATÉTICO simulacro de control. Andáaa.

DENUNCIAN QUE CONGRESISTA ROBERTO SANCHEZ POR HABER CONTRATADO A SOBRINO, EL HOY PRESO Y EX PRESIDENTE PEDRO CASTILLO

Esta semana la prensa denunció la contratación de Gian Marco Castillo Gómez, sobrino del ex presidente Pedro Castillo, en el despacho del parlamentario Roberto Sánchez. Castillo Gómez ocupa el cargo de coordinador en el equipo del legislador y percibe un salario mensual de S/ 3,146.

Sus funciones comprenden el seguimiento de información económica y social, así como el monitoreo de medios y sectores estratégicos. Lo que no entendemos es cómo, habiendo tanto profesionales en el partido Juntos por el Perú, se tiene que contratar a una persona que sin mérito y que incluso en algún momento fue cuestionado por supuestamente estar involucrado en el caso Sarratea, hoy labora en el despacho del congresista Roberto Sánchez.

En declaraciones a la prensa, el congresista Roberto Sánchez dijo lo siguiente «(…) El derecho al trabajo es una prerrogativa de cualquier ciudadano y, si cumple los requisitos, es absolutamente lícito y correcto (…)», sostuvo el legislador.

AQUÍ VEMOS UN NUEVO CASO EN EL QUE LAS CONTRATACIONES EN EL CONGRESO PARECEN QUE SE HACEN SIN LA DEBIDA MERITOCRACIA, PUES PARECE QUE TODO SE HACE POR UNA SIMPLE RECOMENDACIÓN. ¿ES QUÉ ACASO NO HAY PROFESIONALES EN EL PARTIDO QUE HOY LIDERA ROBERTO SÁNCHEZ? NO SÓLO LOS PARTIDOS DE DERECHA ABUSAN DE ESA PRERROGATIVA EN EL PARLAMENTO. TAMBIÉN LO HACEN LOS ROJOS. LOS ELECTORES YA ESTAMOS ADVERTIDOS PARA ELEGIR EN EL 2026.

REGIDORES BAJO SOSPECHA EN SAN BORJA: DENUNCIAN CONTRATACIONES IRREGULARES Y ASESORÍA DE FUNCIONARIO ACUSADO DE VIOLENCIA. PARA EL 2025 SE PLANEA UN GASTO DE S/800,000 PESE A LA FALTA DE RESULTADOS EN CONTRATACIONES PREVIAS

La fiscalización en el municipio de San Borja ha sido puesta en tela de juicio tras revelarse que un grupo de regidores, asesorados por un funcionario con antecedentes de violencia contra mujeres y altercados en la vía pública, habrían impulsado contrataciones por montos de S/20,000, S/30,000 y hasta S/40,000, sin que se reporten beneficios concretos para la administración municipal.

La situación ha generado indignación entre los ciudadanos y trabajadores del municipio, al descubrirse que, pese a los resultados nulos de estas contrataciones, para el año 2025 se pretende continuar con este tipo de gastos, esta vez por un monto que alcanzaría los S/800,000.

El funcionario que funge como asesor de los regidores enfrenta denuncias por agresión física a mujeres y comportamiento violento en espacios públicos. A pesar de ello, ha influido activamente en las decisiones sobre a quién contratar, vulnerando principios de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Los regidores implicados han justificado su accionar en su labor de fiscalización. Sin embargo, esto ha generado una ola de críticas. “¿Quién fiscaliza a los fiscalizadores?”, se preguntan vecinos y representantes sociales, ante el silencio del alcalde.

Hasta ahora, el despacho del alcalde Álvarez no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas denuncias. La ciudadanía exige explicaciones y acciones inmediatas para frenar lo que califican como “un derroche institucionalizado”.

ORGANIZACIONES CIVILES Y MEDIOS LOCALES ESTÁN SOLICITANDO QUE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGUEN ESTAS CONTRATACIONES, ASÍ COMO EL PAPEL DEL ASESOR CUESTIONADO. LA COMUNIDAD ESPERA QUE LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN USO DEL DINERO PÚBLICO PREVALEZCAN SOBRE LOS INTERESES PERSONALES Y POLÍTICOS. ESPERAMOS QUE LA CONTRALORIA SE DEJE DE REALIZAR INFORMES CON BALAS DE SALVA Y META PRECIOSOS A ESOS ALADINES QUE SON MÁS CORRUPTOS QUE LOS DELINCUENTES QUE FUERON CRUCIFICADOS JUNTO A NUESTRO SEÑOR JESÚS. AMÉN.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, enfrenta una situación judicial que pone en jaque su permanencia al frente de la institución. El Ministerio Público ha solicitado su suspensión del cargo por 18 meses, en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su gestión como jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa, en 2020. Aunque el alto oficial ha intentado mantenerse en silencio frente al escándalo, los testimonios, documentos y transferencias financieras que obran en la carpeta fiscal dibujan un panorama complejo y preocupante.

Un historial con antecedentes y controversias

Zanabria no es un desconocido para la polémica. Su gestión ha estado marcada por decisiones controversiales, como la compra millonaria de lujosos vehículos Audi para uso de altos mandos policiales, cuestionados por su alto costo en un contexto de austeridad estatal. Más recientemente, videos difundidos en redes sociales donde aparece bailando ‘perreo’ con una joven suboficial (de 2da) en un evento social y con quien luego viajó a Colombia, alimentaron aún más las críticas sobre su conducta pública. Sin embargo, las acusaciones que hoy enfrenta lo colocan en una posición mucho más comprometida: no se trata de formas, sino de posibles delitos graves contra la administración pública.

Acusaciones desde Arequipa: policías convertidos en obreros

Según el Ministerio Público, mientras Zanabria dirigía la región policial de Arequipa, habría ordenado utilizar a suboficiales para trabajos de construcción, electricidad y albañilería dentro del complejo policial, todo ello durante su horario laboral y bajo la fachada de supuestas tareas de patrullaje. La fiscalía sostiene que estas acciones configuraron una desviación ilícita de funciones y una posible apropiación indebida de recursos públicos.

Seis suboficiales han brindado su testimonio bajo condición de reserva, asegurando que fueron forzados a abandonar labores de seguridad ciudadana para realizar trabajos físicos, como remodelaciones de patios, fachadas y ambientes internos del cuartel policial. Esta denuncia se sustenta, además, en registros oficiales donde dichos policías aparecían asignados al patrullaje mientras, en la práctica, eran empleados como mano de obra.

El testimonio que compromete a Zanabria

Una de las declaraciones más relevantes en el expediente proviene de la mayor PNP Claudia del Castillo, quien se desempeñaba como jefa del Escuadrón Verde en Arequipa. Según indicó ante la Fiscalía, fue el propio Víctor Zanabria quien le instruyó reclutar personal técnico para las obras internas, bajo el encubrimiento de labores policiales regulares.

Más aún, un maestro de obras identificado como Claver Colquehuanca, quien participó en las remodelaciones, declaró haber recibido pagos por montos muy superiores a los inicialmente pactados. Al consultar por la diferencia, habría recibido instrucciones directas de Zanabria para cobrar el total y luego entregarle el excedente en efectivo. Este dato, sumado a movimientos bancarios registrados entre el maestro de obras Colquehuanca y otros funcionarios de la región policial, como el operador logístico (SS PNP) Rolando Rodríguez Bilbao, refuerza la hipótesis fiscal de una presunta red de malversación.

Documentos que no cuadran

La investigación fiscal incluye órdenes de servicio, actas de conformidad y comprobantes de pago que presentan inconsistencias y, en algunos casos, carecen de respaldo legal. La ejecución de las obras, que incluyó trabajos como el revestimiento de fachadas con piedra laja o la construcción de un cenotafio, no habría seguido ningún procedimiento de licitación o contrato formal. Para la Fiscalía, esto evidencia una actuación coordinada para encubrir el desvío de recursos públicos, bajo el aparente control del entonces jefe regional Víctor Zanabria.

Fundamento legal del pedido de suspensión

El fiscal Arturo Marcos Valencia Paiva, a cargo del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Arequipa, ha solicitado al Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria que se imponga la suspensión del cargo a Zanabria por un periodo de 18 meses. El pedido se ampara en el artículo 297, inciso 1, del Código Procesal Penal, que permite la suspensión de funciones cuando existe riesgo de reiteración delictiva o si el cargo facilita la continuación del delito.

En este caso, los presuntos delitos son peculado doloso y abuso de autoridad, ambos con penas que contemplan inhabilitación y cárcel efectiva. La suspensión no implica una condena, pero sí impediría que Zanabria ejerza poder institucional mientras la investigación avanza.

Silencio estratégico y defensa en curso

Hasta el momento, el comandante general no ha ofrecido una declaración pública detallada sobre el pedido fiscal. En declaraciones anteriores, negó haber ordenado tareas fuera del reglamento y defendió su gestión como orientada al fortalecimiento institucional. Fuentes cercanas aseguran que se encuentra preparando su defensa junto a su equipo legal, aunque su permanencia en el cargo depende ahora de la decisión judicial.

Implicancias institucionales y políticas

Si el Poder Judicial aprueba la medida solicitada, la Policía Nacional deberá reorganizar su cúpula de forma inmediata. La salida de Zanabria, en medio de un escándalo de corrupción, tendría efectos no solo operativos, sino también políticos, dada la cercanía del comando policial con el Ministerio del Interior y la Presidencia del Consejo de Ministros.

El caso también involucra a otros altos mandos regionales, como los coroneles Francis Alarcón Gallegos y Luis Cancela Roggero, además de varios suboficiales responsables de logística. La Fiscalía investiga su rol en la ejecución de obras sin concursos públicos, en un esquema que podría configurar colusión agravada y negociación incompatible.

Más allá de Zanabria: un síntoma estructural

Este nuevo escándalo revela, una vez más, cómo el poder dentro de las instituciones del Estado puede ser utilizado para fines personales o ilegales, incluso en organismos encargados de hacer cumplir la ley. La Policía Nacional del Perú, golpeada por problemas de legitimidad, se ve nuevamente envuelta en un proceso que pone en entredicho su ética institucional.

La decisión final queda ahora en manos del Poder Judicial. Pero, más allá del caso individual de Zanabria, el país enfrenta una pregunta de fondo: ¿qué controles fallaron para que esto ocurriera y cómo evitar que se repita?