Mientras el país atraviesa una crisis económica y miles de ciudadanos luchan por llegar a fin de mes, el Congreso de la República vuelve a dar una muestra clara de desconexión y derroche. Una de sus unidades ejecutoras ha firmado un contrato de alquiler por S/ 480 mil anuales para ocupar el sexto piso de un edificio en la avenida San Luis 1361. La cifra, que equivale a S/ 40 mil mensuales, resulta escandalosa considerando que el Congreso ya cuenta con numerosas oficinas en el Centro Histórico de Lima, muchas de las cuales están subutilizadas.

La operación ha sido oficializada mediante una resolución directorial que no ofrece mayor justificación técnica ni argumenta por qué se optó por ese predio en particular. Aunque se menciona que se evaluaron doce postores, no se detallan los criterios que llevaron a adjudicar el contrato al consorcio ‘Pisano SAC’, empresa cuyo gerente general Luis Arturo Luy Chung, figura como militante de Somos Perú, partido político con representación congresal. Este vínculo ha encendido las alarmas sobre posibles conflictos de interés y favorecimientos indebidos.

Más preocupante aún es el hecho de que el gasto no se limita al alquiler. La resolución autoriza el uso de fondos públicos para costear el transporte diario en taxi de ida y vuelta entre la sede del Congreso y el local en San Luis. Con un costo estimado de S/ 30 por trayecto y hasta S/ 80 diarios por persona, el gasto operativo se dispara de forma absurda y sin justificación clara.

Desde el Congreso se intenta justificar esta decisión argumentando que el local servirá para la implementación de oficinas relacionadas con la futura bicameralidad. Sin embargo, no existe un plan concreto aprobado para dicha reforma, lo que convierte este alquiler en una apuesta costosa e innecesaria.

La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es simple: ¿era realmente necesario alquilar un nuevo espacio cuando ya existen oficinas disponibles en pleno centro de Lima? Para varios parlamentarios, la respuesta es un rotundo no. Denuncian que este tipo de decisiones solo refuerzan la imagen de un Congreso que gasta sin control y prioriza intereses políticos por encima del bienestar ciudadano.

En tiempos de austeridad, este tipo de gastos injustificados representan no solo una burla a la población, sino también una señal clara de que la reforma que realmente necesita el Congreso es la de su propia ética.

La pugna en la cúpula del Ministerio Público ha alcanzado un nuevo punto de tensión. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dio un ultimátum de 24 horas a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para restituir en el cargo a Patricia Benavides, tal como ordena la Resolución N.º 231-2025-JNJ.

A través de un oficio firmado por Magnolia Martínez Hidalgo, directora de Procedimientos Disciplinarios, la JNJ señaló que Espinoza no ha cumplido con el mandato de reponer a Benavides en el cargo, pese a que el pleno del organismo anuló el proceso disciplinario que originó su suspensión.

“Requiérase a la señora Delia Milagros Espinoza Valenzuela […] que en el día cumpla con lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución N.º 231-2025-JNJ, esto es, reponga a la señora Liz Patricia Benavides Vargas en el cargo de fiscal de la Nación”, señala el documento. Además, la JNJ advierte que, en caso de desacato, se podrían tomar medidas más drásticas, incluyendo el uso de la fuerza pública.

Por su parte, Espinoza Valenzuela ha reiterado por tercera vez su pedido a la JNJ para que se le remita la resolución completa y el acta que respalda la decisión del pleno, asegurando que necesita esos documentos para formalizar la reposición. El Ministerio Público informó del requerimiento a través de un comunicado en la red social X.

Este nuevo episodio agrava la confrontación institucional entre Espinoza y Benavides, en un escenario donde el liderazgo del Ministerio Público permanece en entredicho. La presión crece mientras la JNJ exige cumplimiento inmediato, y Espinoza responde con demandas formales para documentar su accionar.

La crisis continúa escalando y la incertidumbre se instala en el sistema de justicia peruano.

Mala hija. Todo comenzó cuando el dominical Cuarto Poder difundió una nota sobre cómo había llegado a trabajar dentro del Congreso la joven abogada Yessenia Lozano, desempeñándose como jefa del Centro de Modalidades Formativas y colocar dentro de sus documentos tener una maestría.

Pero eso no era todo. En el citado medio se lograba observar cómo una inmensa imagen del líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, se asomaba en una pared de su oficina como si se tratara del presidente de la República.

Ante tales cuestionamientos, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó que Yessenia Lozano efectivamente había vulnerado el principio de neutralidad al exhibir la imagen del infame ‘Plata como cancha’. Según la Resolución n.°1830-2022-JNE, el JNE declara infundada la apelación presentada por la autodenominada “hija política” de Acuña Peralta.

En su fallo del pasado 19 de junio, el JNE confirmó la resolución del JEE, destacando que la exhibición de propaganda política en un espacio oficial constituye una infracción clara al deber de neutralidad electoral.

“La señora recurrente, como funcionaria pública, infraccionó el principio de neutralidad, en un contexto en el cual ya se encontraba convocado el proceso electoral de las EG 20266, siendo que, en este caso, no solo se trata de una mera exhibición de la imagen del fundador de un partido político, sino que se trata de la muestra del nombre y símbolo de una organización política inscrita en el ROP del JNE, el cual cuenta con inscripción vigente para participar en proceso electoral”, se lee en el fallo.

Lozano, en su apelación, argumentó que es “usual que, en las oficinas de los servidores públicos, estos guarden fotografías de seres queridos, personajes que admiran e incluso imágenes religiosas, las que corresponden a su esfera privada”, sin embargo, para el JNE “ello no resulta de recibo para desvirtuar el hecho denunciado”.

Finalmente, el JNE considera el hecho de que el propio Congreso anunció, tras el reportaje, que se procedería a retirar el cuadro de César Acuña. “Lo que abunda a determinar que el hecho denunciado se cometió”, aseveran.

El dato:

Al ser una primera infracción, no se impondrá sanción de multa. Esta recién procedería con una segunda infracción.

Por tener las uñas largas. En marzo de este año se había dado un adelanto de fallo y este fin de semana se conoció con mayor detalle la condena de 8 años de prisión para el expresidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry.

La magistrada Norma Carbajal, de la Sala Penal Especializada de la Corte Suprema, indicó que el excongresista de Fuerza Popular fue condenado por el delito de peculado.

“Habiendo quedado probada la autoría por los delitos de peculado doloso. […] La sala penal por mayoría resuelve condenar a Salaverry como autor de los delitos de peculado doloso para sí y por apropiación para otros. Imponer la pena de 8 años de pena privativa de la libertad de carácter efectiva», mencionó la jueza Carbajal.

De acuerdo con el Ministerio Público, el exlegislador habría utilizado de manera irregular S/ 10.000, un monto asignado por la Dirección General de Administración del Congreso para cubrir gastos relacionados con la semana de representación. Este dinero debía ser empleado para actividades en su región de representación, La Libertad, durante su periodo como congresista de Fuerza Popular entre 2017 y 2018. Sin embargo, Salaverry no cumplió con asistir a las actividades programadas en varias ocasiones y tampoco devolvió los fondos asignados.

Asimismo, el fallo establece que Daniel Salaverry deberá pagar una indemnización de 119.578 soles a favor del Estado. Asimismo, se le impuso una multa de 360 días, equivalente a 71.699 soles. Además de las sanciones económicas, el excongresista ha sido inhabilitado por un periodo de cinco años para ejercer cualquier cargo público.

Cabe mencionar que la decisión emitida en la ejecución de la condena se encuentra suspendida hasta que esta quede firme por una sala superior.

Entre las medidas que se le impusieron a Daniel Salaverry están el pasar por un control biométrico los primeros días de cada mes, el impedimento de ausentarse de su lugar de residencia sin permiso judicial, concurrir a todos los llamados de los jueces y fiscales bajo apercibimiento de revocar la suspensión de la sentencia, es decir, de darle prisión efectiva.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso presidida por la apepista María Acuña Peralta (APP) archivó la denuncia presentada contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra y cuatro de sus exministros por las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y 2023, tras su asunción al poder.

Con once votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, el grupo parlamentario concluyó que la acusación no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 89° del Reglamento del Congreso.

La denuncia, impulsada por la congresista Ruth Luque, también involucraba al exjefe del gabinete Pedro Angulo, al exministro de Defensa Alberto Otárola, al excomandante general de la PNP César Cervantes y al exministro de Justicia, José Tello. A todos se les señalaba por su presunta responsabilidad política y penal en la represión de manifestaciones que dejaron decenas de muertos y heridos.

El informe de calificación aprobado señala que no se logró establecer una relación directa entre los hechos denunciados y posibles infracciones constitucionales o delitos como homicidio calificado o lesiones graves. En ese sentido, la Subcomisión determinó que no era procedente admitir la denuncia para dar inicio a un proceso político-penal.

La decisión generó opiniones divididas en el Congreso. Mientras algunos legisladores respaldaron el sustento técnico del informe, otros denunciaron un posible blindaje a las más altas autoridades del país ante hechos graves ocurridos durante la crisis social y política que siguió a la vacancia de Pedro Castillo.

El Parlamento aún tiene pendientes otras denuncias contra Boluarte Zegarra. Una de ellas, presentada por el congresista Jaime Quito, la acusa de haber asumido irregularmente la jefatura del Estado. Esta será evaluada en próximas sesiones.

Además, se revisan informes preliminares sobre otras autoridades, como el juez supremo Víctor Ticona, denunciado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible cuando presidía el Jurado Nacional de Elecciones. La Subcomisión continúa evaluando otros informes de calificación.

Todo suma para mejorar la ‘Tierra del Eterno Sol’. En un esfuerzo conjunto entre el congresista de Alianza por el Progreso (APP) Jorge Marticorena, el gobernador de Ica, Jorge Hurtado y el Poder Ejecutivo, se aprobó el Decreto Supremo n.° 119-2025 -EF, que autoriza la transferencia de S/77,647,154.00 millones para financiar actividades de limpieza y descolmatación de cauces, conformación de dique con material propio, perfilado y refine de talud de dique, y acarreo de material excedente en zonas declaradas en Estado de Emergencia por impacto de daños ante intensas precipitaciones pluviales en la región de Ica.

El representante de la región Ica destacó la importancia de dicha transferencia que permitirá al gobernador de Ica, Jorge Hurtado y a su gerente general, Abel Osorio, realizar intervenciones de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres desde la unidad ejecutora de agricultura y otros proyectos de infraestructura que mejoren la conectividad y el desarrollo económico de la región.

«Me siento orgulloso de haber podido contribuir a este logro significativo para la región de Ica. Lo seguiré sosteniendo, la articulación y coordinación entre las autoridades es fundamental para lograr resultados concretos y beneficiosos para nuestros hermanos iqueños, tantas veces olvidados. Para lograr que Ica sea grande, aquí todos debemos sumarnos. Agradezco al gobernador de Ica, Jorge Hurtado, a su gerente general y a los medios de comunicación de Ica y del país por estar marcándonos la cancha porque gracias a ello podemos seguir perseverando con la ruta de trabajo que debemos impulsar desde el Congreso de la República», señaló Marticorena.

El también vocero de APP detalló que en el Decreto Supremo se autoriza la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, el mismo que se encuentra amparado en el Decreto Supremo n.° 021-2025, prorrogado mediante el Decreto Supremo n.° 050-2025-PCM y el Decreto Supremo n.° 066-2025-PCM, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

No era un ministro ‘escudero’ de Boluarte. El área de Prensa o las personas más cercanas al despacho de Dina Boluarte se confundieron con un estudiante de 16 años, quienes le habrían entregado un discurso ya elaborado para que solo lo lea, pero se confundieron pues no se trataba de un ministro o funcionario que sigue al pie de la letra todo lo que indica la jefa de Estado.

Y es que José Guerrero Ordinola, un estudiante de 16 años del colegio Ignacio Merino de Talara confesó que quisieron utilizarlo como ‘vocero’ del gobierno, pero él, con apoyo de su familia, decidieron modificar el discurso que iba a pronunciar horas después.

Conocido por encarar a la mandataria durante la inauguración de su colegio, recientemente declaró que no quiso repetir un guion, sino que la noche anterior optó por rehacerlo, demostrando en esa nueva versión la verdadera problemática de su ciudad y las dificultades de miles de estudiantes.

«Me agarraron a última hora. En hora de salida me dijeron ‘vas a dar tú el discurso’. Me dieron una plantilla, de la misma empresa, pero no me gustó mucho porque básicamente agradecía todo a la presidenta Dina Boluarte y entonces hablé con mi familia y redactamos el guion«, contó en declaraciones al medio local Talara TV.

“Junto con mi familia, nos basamos en la problemática que vivimos todos los días. Todos los jóvenes no nos sentimos escuchados. Muchas mentiras por parte del gobierno. Existe mucha corrupción”, acotó. Así, el discurso que finalmente pronunció el joven distaba del tono complaciente sugerido en el guion inicial y se enfocó en exponer los retos concretos que viven los alumnos.

Tras concluir el discurso, el estudiante se acercó a Dina Boluarte y le ofreció un abrazo, momento en el cual la presidenta le recomendó aprovechar la infraestructura del colegio y le agradeció por sus palabras. El propio alumno aseguró que la respuesta de la mandataria fue cordial, con un deseo de éxitos para él y su generación. “Me dijo muchas gracias y espero que te vaya bien. Muchos éxitos. Esas fueron las palabras de la Presidenta”, relató el joven.

Desde que asumió el cargo, la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, ha mantenido una relación particularmente cercana con la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). Una cercanía que se ha vuelto visible no solo en actos protocolares, sino también en el uso frecuente de las instalaciones de esta universidad privada como escenario para eventos municipales.

El 5 de mayo de 2023, a pocos meses de haber iniciado su gestión edil, Jessica Vargas Gómez visitó la sede de la UTEC y sostuvo reuniones con sus directivos para conocer sus planes institucionales y su proyección hacia el distrito. Desde los canales oficiales de la municipalidad se presentó esta visita como el inicio de una alianza que —se dijo— traería beneficios para los vecinos. ¿Pero cuáles han sido esos beneficios concretos?

Poco después, el 23 de junio, la alcaldesa participó como ponente en el evento “Warmikay 2023” por el Día Internacional de la Mujer Ingeniera, organizado por la misma universidad. El 27 de febrero de 2024, nuevamente asistió a un acto institucional dentro de UTEC, esta vez en un evento de Defensa Civil, junto a funcionarios de la Municipalidad de Lima, como el Gerente de Riesgos y Desastres, el subordinado de López Aliaga, Mario Casaretto, y directivos académicos como el decano Enrique Stiglich.

En marzo, la regidora oficialista Katia Tajaje representó a la alcaldesa en un taller sobre el rol de la inteligencia artificial (IA), también desarrollado en la UTEC. Y en abril, la propia alcaldesa volvió a la universidad para participar en una mesa de trabajo con sus autoridades universitarias, reafirmando la alianza, con la promesa de capacitar a docentes de colegios del distrito.

A lo largo de este tiempo, Jessica Vargas ha estado acompañada constantemente por sus regidores de confianza, entre ellos los incondicionales Katia Tajaje y Juan Mariluz, en actividades institucionales dentro de UTEC. Si bien no es cuestionable que una municipalidad establezca convenios con instituciones privadas, cabe preguntarse si esta reiterada preferencia por una sola universidad es realmente estratégica o si responde a afinidades personales o políticas. ¿En qué medida esta relación beneficia de manera tangible y equitativa a la población barranquina?

Cabe recordar que la UTEC fue construida sobre los restos de la Huaca La Viñita, el último vestigio arqueológico precolombino de Barranco, desaparecido tras una resolución del INC que generó amplio rechazo vecinal. La universidad pertenece al acaudalado empresario Eduardo Hochschild, también presidente del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y miembro del patronato y del Consejo del Museo de Arte de Lima (MALI).

Frente a este contexto, es legítimo preguntarse si la cercanía institucional de la alcaldesa con esta universidad privada responde al interés público o si, por el contrario, proyecta una imagen de parcialidad que debilita la neutralidad que exige el ejercicio del poder edil.