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José Carlos Martinat hizo pasar como suyas obras de tres artistas peruanos

Escribe: Luis Felipe Alpaca
Hace un mes se inauguró en Puerto Rico la feria de arte Meca International Art Fair, y la galería peruana Revólver participó en ella exponiendo en su stand la individual Un solo show con obras del instalador peruano José Carlos Martinat. El hecho es que tres de las obras que se expusieron y se pusieron a la venta, son de autoría de los artistas locales Mía Caro Ponce Requena (Mía Gore), Raúl Vargas Quispe (Rustoy) y Bruno Guzmán La Torre (Bla).

Cuando Mía Gore, Rustoy y Bra se enteraron que Martinat expuso como suyas sus obras, se desconcertaron y lo primero que hicieron fue tratar de comunicarse con Meca, la organización del Art Fair, luego con la galería Revolver y finalmente con el propio José Carlos Martinat, y la única respuesta que recibieron vino de la organización Meca. En tanto, Revolver y Martinat no responden ni dan una explicación a los mensajes de los artistas vulnerados.
Todo comenzó los primeros días de enero de 2019, cuando un grupo de artistas que iban caminando por la auxiliar de la panamericana Sur a la altura de Asia se percataron del exceso de propaganda política en los terrenos, fachadas y espacios públicos, y ante la contaminación visual decidieron intervenir artísticamente a la altura del kilómetro 100. Alrededor de la una de la madrugada empezaron a pintar sobre algunas paredes las obras que hoy, de forma insólita, son parte del patrimonio de la galería Revolver y de José Carlos Martinat. Aquellos trabajos extraídos son grafitis con técnicas mixtas y son:
Obra 1: Realizada por el Colectivo Nervio que estuvo integrado por Rustoy (artista de 24 años egresado en 2019 de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú), por Bla y Diego Zegarra Balarezo (Cutue, artista de 30 años también egresado de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes) y consiste en un toro de color negro con una letra V y una letra I de colores verde claro y blanco.

Obra 2: Realizada por Mía Gore, (artista de 27 años que estudió artes visuales en el Instituto Edith Sachs) y consiste en un toro cíclope con alas y con una X, además de una escritura que dice Hola extraños.

Obra 3: Realizada por Bla (artista de 25 años egresado de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú en 2018) y consiste en un toro con patines y que bota espuma del hocico.

Los artistas vulnerados fundamentan en su reclamo que si bien su intervención artística se dio en un espacio público y por eso ya no les pertenece, porque desde ese momento le pertenece al espectador de la calle y al paisaje urbano, y que si han sido obras autogestionadas y sin fines de lucro ¿cómo es posible que Revólver se haya prestado para exponer trabajos creados sin fines de lucro para luego privatizarlos y lucrar con ellos en otros espacios elitistas con el único afán de venderlos a precios elevados? algo que también reclaman es que si bien la práctica de la apropiación siempre pasa por una modificación o intervención que descontextualiza la obra primigenia, eso no ha sucedido cuando extrajeron su obras, porque el equipo de Martinat no hizo ningún tipo de transformación o alteración y más bien las piezas fueron extraídas intactas y han sido expuestas tal cual los artistas las pintaron.
Es por eso que ellos consideran que ha sido un atentado contra su verdadera intención artística y simbólica de compartir su arte en el contexto de la calle para que luego sea accesible a todo tipo de público y a toda clase social. Además, resaltan que Martinat se contradijo cuando afirmó en una entrevista para El Comercio: “La autoría es subjetiva en el espacio público. Yo cojo los elementos y los transformo para crear un cuerpo nuevo”. Nada más falso, porque no hubo la más mínima modificación en las obras extraídas y porque fueron expuestas de forma intacta, en el sentido más literal.
¿En qué consiste el Apropiacionismo?
El apropiacionismo es una corriente artística tan antigua como la historia y consiste en apropiarse de creaciones ajenas para luego replantearlas como propias, no obstante en el siglo XX se le dio el auge correspondiente a esta práctica, donde personajes como Marcel Duchamp, quien introdujo la idea del ready made, y posteriormente Andy Warhol, Jeff Koons y Damien Hirst, continuaron con la práctica hasta los años noventa. Generalmente los apropiacionistas buscan simplemente el impacto que generará la exhibición de las piezas apropiadas; en suma, solo enfatizan el concepto que prima sobre ellas para recontextualizarlas y darle entonces otra narrativa.

Quizá en términos teóricos aquella explicación suena interesante, no obstante, el posmodernismo imperante pretende insertarnos en nuestras mentes que eso es arte contemporáneo. Y si ahondamos en el plano anecdótico, el apropiacionismo que además está muy lejos del copyright, también fue motivo de escándalo en los años sesenta, como el caso de Andy Warhol cuando en sus serigrafías copió fotografías de flores que fueron capturadas por Patricia Caulfield y que luego las expuso en la galería de arte de Leo Castelli en Nueva York. Pero cuando Caulfield vio sus fotografías en una publicidad, reclamó a Warhol por sus derechos de autor y antes de ir a los tribunales llegaron a un acuerdo para obtener regalías por el uso de las imágenes.
Lo mismo sucedió con el fotógrafo y pintor norteamericano Richard Prince que fue uno de los más controversiales en el mundo del arte por hacer uso indebido del copyright al apropiarse de trabajos de otros creadores para venderlos como suyos y a 90 mil dólares cada uno. En 2015 Prince expuso 38 gigantografías de capturas de pantallas de imágenes de Instagram que fueron realizadas por algunos artistas de los circuitos oficiales. La muestra se dio en la galería Gagosian de Nueva York y se llamó New Portraits; aquello fue el motivo de las protestas de algunos autores como el reputado fotógrafo Donald Graham que a través de su abogado respondió de forma oficial a la galería y al propio Prince exigiéndoles que retiren su fotografía ya que no estaban autorizados para exhibirla.
Finalmente el apropiacionismo siempre generará polémica y controversia, a pesar que ya es aceptado y establecido en las esferas del arte posmoderno, pese a que en la mayoría de los casos significa un plagio explícito y por la falta de conocimiento y consentimiento del artista original que creó la obra extraída y al hecho de lucrar a través de ella con miles de dólares y sin ninguna intención de retribuir a los verdaderos creadores. Tampoco es menos cierto que los apropiacionistas fundamentalmente buscan adquirir fama y renombre a través de la provocación y la controversia para adquirir réditos económicos, más allá de su dizque “reflexión” y “recontextualización social”.
José Carlos Martinat es un bendecido de los círculos elitistas de arte en Perú
Aunque reconoce que no tiene formación de artista, José Carlos Martinat siempre ha estado patrocinado por circuitos artísticos altamente segmentados como el MALI y ha sido artista, o mejor dicho: marca exclusiva de la desaparecida galería Lucía de la Puente y la galería Revolver (que hoy funciona en el barrio de Recoleta en Buenos Aires); incluso su hermano mellizo José Luis Martinat ganó el premio Sura en el PArC 2017 con una instalación que consistía en una enorme manta negra con una inscripción circular que decía País con futuro.
Aquel jurado estuvo conformado por Caridad de la Puente Wiese, hermana de la dueña de la galería concursante, y por el manejador del arte en el Perú Armando Andrade de Lucio (Andrade al que la revista Cosas le hace entrevistas complacientes y el que decide qué es lo que va y no va en la Bienal de Venecia en su calidad de Presidente del Patronato Cultural del Perú, y también como presidente del Comité de Subasta del MALI).
José Carlos Martinat es tan afortunado que su trabajo ha sido promovido para ser expuesto en algunos países de Latinoamérica, Norteamérica, e incluso Europa, además participó en el último ARCO Madrid y por si fuera poco sus instalaciones forman parte en la colección del magnate minero Eduardo Hochschild, actual Presidente del MAC, directivo en el MALI y dueño de la exuberante UTEC ubicada en Barranco; no por algo su caballo hecho en cobre y reciclados se exhibe en el décimo piso de la nueva casa universitaria.
Pero la historia de Martinat sobre su afán de extraer creaciones ajenas data de mucho tiempo, como aquella ocasión en la galería Ignacio Liprandi de la avenida de Mayo en Buenos Aires cuando inauguró aquel sábado 30 de octubre de 2010 su individual Ejercicios para galería y donde irrumpieron grafiteros muy furiosos para protestar y boicotear la vernissage porque se descubrió que las obras expuestas habían sido extraídas por su equipo de trabajo de algunos muros ubicados en las arterias urbanas de Buenos Aires; obviamente, luego de aquella gresca la muestra se canceló y no hubo nada más para exponer. No obstante, él en su afán de conceptualista pretendió capitalizar el incidente y afirmó en las redes sociales que aquel ciclo correspondía a una Vandalización de la vandalización de la vandalización.
Lo mismo sucedió en 2017 en Venezuela durante las elecciones para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente, cuando Martinat pisó suelo llanero y ordenó a sus colaboradores extraer algunos murales políticos de las calles caraqueñas para luego exponerlos como suyos en Los Ángeles en la importante muestra Proyectos LA del Pacific Standard Time y donde fue igualmente representado por la galería Revolver.
La técnica que ellos utilizan para extraer los murales callejeros se denomina peeling off y es mediante la aplicación de una resina que luego remueve las capas pictóricas de las paredes para desprenderlas con espátulas, aunque en la mayoría de los casos las obras se estropean si es que no se domina esta técnica.
¿Qué dice el rollo que explica la temática de Martinat cuando se apropia de creaciones ajenas?
“José Carlos Martinat durante la última década se apropia de pintas y murales urbanos de la convulsa de distintos países como Argentina, Venezuela y el mismo Perú, y los lleva a exposiciones con un reconocimiento internacional inmensurable. A simple vista, estas obras serían inaceptables para la voz del pueblo o para los artistas del grafiti.
De este modo, José Carlos ha convertido la apropiación en su marca inalterable. A diferencia de su despliegue artístico de finales de los noventas, donde se preocupa por cuestiones relativas a la originalidad en las artes. Su enfoque con respecto a la apropiación, de acuerdo a Revolver Galería, implica la extracción de elementos de las calles -peeling-off pintas políticas, la recopilación de los moldes de yeso de las fundiciones donde héroes del siglo XIX fueron fundidas en bronce, o sacar moldes de las superficies de figuras ecuestres con papel aluminio que luego re-contextualiza con el fin de comentar acerca de los diferentes usos del espacio público y de las historias políticas de determinados lugares”.
Es decir, da caché apropiarse de obras de artistas que trabajaron en su creación, y en el colmo de la exclusión la cita afirma que a simple vista las obras serían inaceptables para la voz del pueblo o para los artistas del grafiti. Al parecer, eso significa que para la voz de las elites del arte y para la crítica oficial las obras apropiacionistas serían absolutamente aceptables.
¿Y sobre los derechos de autor?
Los derechos de autor son normas legales que protegen a los autores de una creación, sea esta artística, literaria, musical o científica y sus especificaciones técnico-jurídicas se rigen según las leyes vigentes de los países donde se utilice las obras creadas.
Aquellos derechos se clasifican en derechos patrimoniales, derechos morales y derechos de integridad. En ese sentido, la legislación peruana es muy genérica; si bien en el Título VII del Código Penal peruano que se refiere a los Delitos contra los derechos intelectuales, en su capítulo primero que tipifica los Delitos contra los derechos de autor y conexos están los artículos 216°, 217°, 218°, 219° y 220° con penas que fluctúan entre los dos a ochos años de cárcel; no obstante, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) cuenta con una Dirección de Derechos de Autor donde se puede registrar las obras creadas por sus autores e iniciar un proceso de derecho moral de paternidad y además denunciar cualquier vulneración realizada a alguna creación con autoría a través de un trámite con requisitos específicos señalados en el TUPA (Texto Único de Procedimiento Administrativo) correspondiente.
Hablan los artistas Mía Gore, Rustoy y Bla
¿Qué es lo que ustedes sintieron cuando se enteraron de que sus obras fueron llevadas de forma intacta a esa exposición de arte en Puerto Rico?
Mía Gore: Las obras que nosotros hemos realizado también tienen un fin y además un concepto, entonces la intervención que hicimos tenía toda la intención de estar donde estaba, ahí en la calle, y no tenía por qué ser nuestra, ni de otra persona, ni de una galería y más bien de toda la gente que pasara por la calle. Creo que es un atropello a nuestro trabajo y al concepto que nosotros tenemos al hacer lo que hacemos.
Rustoy: Lo que particularmente me molesta es la privatización de la obra, porque el fin de ella como bien mencionó Mía es que sea algo hecho para el público y que no tenga dueño y que sea para todas las personas; en cambio al sustraerlo lo quitaron del espacio original y lo privatizaron para otro público, porque para ingresar al Meca te cobran la entrada y es para gente con dinero y ya no para los transeúntes. Esas obras nosotros las hicimos sin ningún fin de lucro y más como una cuestión de grafiti, de simplemente tomar un espacio, pintarlo e intervenirlo, pero lo terminaron vendiendo en miles de dólares y al fin y al cabo nosotros ni enterados sino fuese por las redes sociales.
Mía Gore, ni bien te enteraste del suceso intentaste comunicarte con ellos ¿exactamente con quiénes, y qué te respondieron?
Le escribí a la galería Revólver, le escribí a la Meca de Puerto Rico y le escribí a José Carlos Martinat y ni Martinat, ni la galería Revólver me respondieron. Los únicos que me respondieron fueron los de la Meca y me dijeron que hable con los de Revólver, nada más.


¿Qué sentiste ante esa omisión de una respuesta ante tu petición?
Eso me pareció muy mal, porque yo esperé aclarar el asunto, pero no sé qué se creerán en realidad al no querer dar la cara para explicar algo y si realmente ellos creen que lo que han hecho es arte ¿Por qué no responden? Y si creen que lo que han hecho está bien y tienen derecho a hacerlo y es válido en el mundo del arte, deberían haber dado la cara y quizás responder: “Sí, lo hicimos por tales motivos” y así darme un sustento de lo que ellos consideran que es su trabajo.

Generalmente cuando se realiza este tipo de extracciones de las obras urbanas que son públicas, ellos tienen un discurso que señala que están recontextualizando la obra en otro espacio o soporte para revalorizarla, etcétera; sin embargo le ponen un precio a las obras, es decir las venden en miles de dólares. ¿Qué opinan de eso?
Mía Gore: Yo creo que eso es solo una fachada para vender y ganar dinero. En realidad no creo que ellos tengan un fin realmente artístico porque están yendo en contra de todo, porque eso de vandalizar lo vandalizado, no lo creo. Ellos solo quieren vender las obras y no están tomando en cuenta el contexto, porque creo que si fuera así ellos ya nos habrían respondido.
Bla: El grafiti es algo para la calle y funciona en el momento de hacerlo y cuando ya está en la calle ya no me pertenece a mí porque le pertenece a todo el paisaje. Yo entiendo que se lleven murales políticos porque no tienen ninguna intención artística; pero él no solamente se ha llevado la forma estética de lo que yo he hecho, sino se ha llevado algo que estaba allí para la calle. Entonces ha intentado llevarse ese conocimiento de la calle y lo ha sacado de la calle y nuevamente lo encierra en una galería, cuando estamos en épocas en que se necesita que esto esté afuera, en las calles. Él modifica la propuesta de los grafiteros porque el grafiti nunca va a tener un precio y el grafiti solo es grafiti cuando es ilegal y está en la calle y no cuando está dentro de una galería y ni siquiera lo saca él mismo, porque lo saca otra persona y Revólver lo avala y le paga el conteiner. A él solo se le ocurre algo y lo hace y no sabe sobre las repercusiones que puede traer todo esto, porque la gente no se va a quedar tranquila.
¿En el arte también existe la ética?
Mía Gore: Es válido todo, pero creo que también se debe respetar el trabajo de otras personas y dentro de tus posibilidades lo ético y lo moral es algo relativo.
Rustoy: Yo creo que él se basa en todo ese vacío que existe dentro de la galería porque al fin y al cabo todo ese circuito artístico del arte contemporáneo está basado en lo que una galería termina legitimando como arte y lo que no es arte y en este caso el discurso que tiene Martinat es que estas obras al transportarlas a otro espacio también las reconfigura, pero con respecto a nuestras obras él no las cambió nada, absolutamente y simplemente las retiró y las puso tal como estaban. Entonces, pienso que también se contradice en su propio discurso, porque ahí se ve su verdadera intención de extraer algo y basarse en una feria para que eso sea un producto vendible.
Ustedes están disgustados con todo esto porque además no ha habido ninguna explicación ¿Van a interponer alguna acción legal?
Rustoy: Sí. Nos estamos asesorando en acciones judiciales sobre propiedad intelectual y por otro lado también nos interesa exponer de una manera artística porque sentimos que no todo puede quedarse dentro de lo mismo, porque solamente se agrandaría toda esta polémica sobre el mismo artista y simplemente generaríamos más sobre su propia obra.
Mía Gore: Yo me siento muy ofendida porque siento que no es correcto lo que está haciendo y bueno… seguiré pintando.
*Antes de publicar esta nota intentamos comunicarme con el director de la galería Revolver, Giancarlo Scaglia, para que explique detalles sobre el tema y si las obras mencionadas fueron vendidas, y también con José Carlos Martinat, que por cierto, ya no está en las redes sociales; sin embargo, no recibimos respuesta.
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Profesor de Bellas Artes amenaza con querellar a sus colegas por difundir publicación periodística
Mauro Yrigoyen Fajardo, docente y esposo de la directora de Bellas Artes, ha amenazado con denunciar a profesores que compartieron una nota periodística que lo vincula a millonarios beneficios judiciales.

Una reciente publicación de Lima Gris titulada: “Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales” ha reavivado tensiones dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP). El informe periodístico revela que la actual directora general, Eva Dalila López Miranda, su esposo, el profesor Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo, y un grupo de docentes cercanos a la gestión, interpusieron demandas judiciales para obtener millonarios pagos por presuntos beneficios laborales, pese a que existirían fundamentos administrativos que cuestionan la legalidad de tales compensaciones.

Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtienen millonarios pagos, tras demandar a la institución donde laboran
Frente a la difusión de esta información —de acceso público y de interés institucional— el profesor Yrigoyen Fajardo ha optado por una respuesta que ha sido calificada por sus colegas como intimidatoria: ha amenazado con querellas por difamación a quienes compartan o comenten el contenido de la mencionada nota.
«Dejen de replicar una nota que la hace suya al publicarla y que no se ajusta a la verdad, o les haré una querella por difamación», se lee en el mensaje del docente Mauro Yrigoyen.

La advertencia se realizó en un grupo de WhatsApp denominado “DOCENTES_ENSABAP”, donde participan profesores de la casa de estudios. En dicho espacio, Yrigoyen Fajardo afirmó que las demandas iniciadas en 2014 por un grupo de 22 docentes —incluyéndose él mismo— fueron procesos ganados legalmente y que aún se encuentran en etapa de liquidación. También señaló que no se ha percibido monto alguno, y que el desembolso no le corresponde a la universidad bellasartina, sino al Ministerio de Educación y a la Procuraduría General del Estado. Además, alegó que se está atentando contra su honor por bajezas personales.
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Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales
La Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtuvieron millonarios pagos tras demandar a la institución donde laboran. A través de procesos judiciales, lograron beneficios que, en algunos casos, superan el medio millón de soles por persona. En total, los requerimientos económicos de este grupo ascienden a la millonaria suma de más de 5 millones de soles.

La actual directora general de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP), antes Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú (ENSABAP), Eva Dalila López Miranda, su esposo Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo y un grupo de docentes allegados, han protagonizado una serie de demandas judiciales contra la institución. A través de estas acciones legales, han obtenido y buscan obtener millonarios pagos por supuestos beneficios laborales, pese a que existen fundamentos legales y administrativos que indicarían que tales compensaciones no les corresponden.
Una estrategia judicial
Desde hace varios años, un grupo de docentes vinculados a la Dirección ha instaurado una práctica sistemática de llevar al ámbito judicial diversos reclamos laborales. Esta tendencia, definida por trabajadores internos como el “modus operandi de judicializar todo”, ha resultado en múltiples juicios contra Bellas Artes, los cuales han permitido a los demandantes obtener beneficios económicos que en condiciones regulares serían improbables.

Mauro Yrigoyen, Eva López y Antonio Pimentel.
Entre los casos más llamativos se encuentra el uso de demandas judiciales para obtener grados académicos sin haber cumplido los requisitos establecidos por ley. En algunos expedientes, jueces han ordenado que se reconozca el grado de bachiller a docentes que solo contaban con un título profesional a nombre de la Nación, sin tesis ni el proceso universitario correspondiente. Es la primera vez que un juez dispone homologar un título profesional como equivalente al grado académico de bachiller sin sustentación de tesis.

Grado de Eva Dalila López Miranda (Directora General de Bellas Artes).

Grado de Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (Esposo de la Directora General).

Grado de Herminio Andía Chávez (Director de Centro Pre Bellas Artes (Cepreba).
Demandas por beneficios millonarios
El patrón se repite en el terreno económico. Eva López Miranda, en su rol de directora general, junto con su esposo Mauro Yrigoyen Fajardo y otros colaboradores cercanos, han interpuesto demandas para exigir pagos por nivelación de sueldos, bonificaciones por preparación de clases y otros conceptos. Algunos de estos montos alcanzan cifras que superan el medio millón de soles por persona.

Esposo de la Directora General de Bellas Artes demandó a la escuela por nivelación de sueldos.
Por ejemplo:
Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora) ha solicitado el pago de S/ 484,519.74.

Herminio Andía Chávez, actual director del Centro Pre Bellas Artes (Cepreba), exige S/ 573,641.92.

Antonio Pimentel Nieto, exdirector de dicho centro, demanda S/ 326,068.74.

A esto se suma un juicio global por S/ 2’898,987.44 ya en etapa de ejecución.
En total, los requerimientos judiciales interpuestos por Mauro Yrigoyen Fajardo y este grupo ascenderían a aproximadamente S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos dos soles), monto que representa una carga presupuestal que afectaría las arcas de la institución universitaria.
¿Les corresponde por ley?
La base legal a la que apelan estos docentes para justificar sus demandas es la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial. En particular, argumentan tener derecho a beneficios señalados en el artículo 41° de dicha ley, como vacaciones, asignaciones, compensaciones por tiempo de servicio, subsidios por luto y otros.
Sin embargo, existe una omisión crucial: el artículo 4° de la misma norma establece como requisito indispensable para acceder a estos beneficios ser profesional de la educación, es decir, contar con título de profesor o licenciatura en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas.
Al revisar la situación académica de los demandantes, se observa que muchos no cumplen con este requisito. Según información de SUNEDU, ni la directora Eva López Miranda, ni su esposo Mauro Yrigoyen, ni sus funcionarios cercanos como Herminio Andía Chávez y José Lino Ayala, cuentan con títulos pedagógicos que los acrediten como profesionales de la educación.
En consecuencia, su inclusión en el régimen de la Ley 29944 es jurídicamente cuestionable. De hecho, por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por ley, los beneficios reclamados no deberían ser reconocidos. Más aún, se sostiene que parte de lo ya cobrado podría haber sido obtenido de manera irregular y, por tanto, debería ser devuelto.
Reincorporados, no nuevos contratados
Otro punto crítico es el régimen laboral al que pertenecen estos docentes. Según la Ley N.º 26860 de 1997, que reorganiza la Escuela Nacional de Bellas Artes, el personal que ingresó a laborar después de su entrada en vigencia se sujeta al régimen laboral de la actividad privada. Sin embargo, los docentes demandantes no ingresaron como nuevos contratados, sino que fueron reincorporados o repuestos por orden judicial, lo cual implica que mantienen su régimen original: el del Decreto Legislativo N.º 276 (administrativo público).
Como se recuerda, el 27 de junio de 2012, una sentencia del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo presentada por Mauro Yrigoyen Fajardo y otros docentes, por despido arbitrario. En consecuencia, se ordenó a la Escuela Nacional de Bellas Artes la reposición de Eva Dalila López Miranda, Herminio Andía Chávez, Serafín López Fabián, José Lino Ayala, Juan Marcelino León Dextre y Martina Martínez Rodríguez. Este grupo de docentes ha mantenido una relación muy estrecha y “coordinada” desde entonces.

Sentencia del TC falló a favor de la “cofradía” de docentes bellasartinos.
Pese a ello, en sus demandas utilizan como argumento la Ley del Profesorado N.º 24029, que también requiere título profesional de profesor para pertenecer a la carrera pública. Una vez más, muchos de los demandantes no cumplen ese requisito básico, por lo que su inclusión en dicha carrera y los beneficios asociados también carecerían de sustento legal.
En busca de más millones
La controversia alcanzó un punto álgido con la Resolución N.º 33 del 28 de diciembre de 2023, emitida por el juzgado que atiende el pedido del Sr. Mauro Yrigoyen Fajardo. En dicha resolución, se autoriza el embargo en forma de retención de hasta S/ 2’898,987.44, ordenando que la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú retenga fondos no ejecutados del presupuesto 2023 para cubrir el pago.


Resolución N° 33 que atiende pedido de Mauro Yrigoyen y se autoriza embargo.
Este hecho se torna aún más preocupante cuando se revela que el propio demandante conocía con anticipación el monto no ejecutado en el área de Recursos Humanos. Tal como consta en documentos oficiales, el presupuesto del área en 2023 fue de S/ 2’495,048, de los cuales solo se ejecutaron S/ 1’107,088, quedando S/ 1’387,960.46 sin usar.


Resolución 34 que se integra como parte de la Resolución 33.
El 28 de marzo de 2025, mediante la Resolución N.º 38, el juzgado aprobó las pericias de parte de los demandantes y otorgó un plazo de diez días para que Bellas Artes cumpla con abonar los siguientes montos:
Mauro Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora López Miranda) : S/ 484,519.74


Cuadro de reintegro e intereses a favor de Mauro Yrigoyen Fajardo.
Serafín López Fabián: S/ 479,368.34


Cuadro de reintegro e intereses a favor de Serafín López Fabián.
Herminio Andía Chávez: S/ 573,641.92


Cuadro de reintegro e intereses a favor de Herminio Andía Chávez.
Antonio Pimentel Nieto: S/ 326,068.74


Cuadro de reintegro e intereses a favor de Antonio Pimentel Nieto.
Estas cifras no incluyen los S/ 611,919.88 ya cobrados entre 2011 y 2014 (según se indica, en promedio 27 mil soles por persona, (incluida la directora López Miranda), ni el juicio general de casi tres millones en ejecución.
Total estimado:
S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro millones) en beneficios judiciales.


Resolución N.º 38 que ordena a Bellas Artes abonar cientos de miles de soles a los docentes demandantes.
¿De dónde saldrá el dinero?
El origen de los fondos para cubrir estos pagos ha generado alarma. Documentos judiciales demuestran que la Dirección de Planificación de Bellas Artes liderada por el señor Alfredo Ocrospoma proporcionó a la Secretaría General de la escuela mediante el FUT N.º 8643, información detallada sobre la ejecución presupuestal de los años 2016 al 2023. Esa data fue utilizada para identificar los saldos disponibles, los cuales están siendo comprometidos judicialmente para pagar los beneficios en litigio.
Por ejemplo, del presupuesto 2023 de S/ 2’495,048 asignado a Recursos Humanos, solo se ejecutó S/ 1’107,088, dejando disponible S/ 1´387,960.46; cantidad suficiente para cubrir lo solicitado judicialmente.
Una ejecución presupuestal en crisis
La ejecución presupuestal general de la institución también ha sido motivo de pronunciamiento por parte del Sindicato de Trabajadores Administrativos. En un comunicado fechado el 24 de junio de 2025, el gremio alerta que “la ejecución presupuestal se hace agua”.

Pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores de Bellas Artes.
Según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Bellas Artes ha ejecutado apenas S/ 4´133,880 de un presupuesto total de S/ 14´687,497, es decir, menos del 30% a mitad de año.
El sindicato se pregunta con ironía si la razón detrás de esta baja ejecución es el deseo de reservar fondos para el cumplimiento de sentencias judiciales como las aquí descritas. Mientras tanto, los recursos que deberían invertirse en mejoras académicas, obras, equipos, atención estudiantil y otros fines prioritarios, siguen sin ejecutarse. ¿Será que no hay ejecución para luego pagar millonarios beneficios que están judicializados?
Un detalle importante, aquí la directora Eva López sería juez y parte, ya que ella dirige Bellas Artes, y al mismo tiempo impulsa procesos judiciales que la benefician directamente.

Eva López.
El caso de la UNABAP revela un patrón preocupante: el uso del aparato judicial para obtener beneficios económicos personales a costa del presupuesto público, incluso cuando existen fundamentos legales para cuestionar dichas demandas. La falta de títulos pedagógicos, el régimen laboral inaplicable, el conocimiento previo del presupuesto disponible y la sospechosa inejecución de fondos institucionales conforman un escenario que merece la atención de las autoridades fiscalizadoras.
Lima Gris intentó comunicarse vía telefónica con Mauro Yrigoyen Fajardo, su esposa Eva Dalila López Miranda, Antonio Pimentel Nieto, Herminio Andía Chávez, y Serafín López Fabián, para que brinden sus descargos respectivos, y se les dejó un mensaje en el chat del WhatsApp.
Hasta el cierre del informe la única funcionaria que respondió el mensaje fue la directora general Eva Dalila López Miranda; sin embargo, se abstuvo de responder las preguntas que se le formuló y únicamente indicó que todas las consultas le sean derivadas a la secretaria general de la UNABAP, Mabel Lizarzaburu Rodríguez, con quien luego de entablar comunicación se le formuló las preguntas correspondientes; sin embargo, tampoco respondió las mismas.
Mientras tanto, la universidad más importante de formación artística del país enfrenta una crisis financiera que afecta directamente su misión educativa. Finalmente, el Ministerio de Educación, hasta el cierre de este informe, tampoco se pronuncia oficialmente sobre este escandaloso caso.
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El controvertido viaje de la alcaldesa de Barranco a Israel
Mientras Barranco afronta caos urbano y obras inconclusas, su alcaldesa Jessica Vargas hará una gira a Israel para asistir a la MUNI EXPO 2025. La agenda incluye visitas a zonas de conflicto, memoriales de ataques terroristas y encuentros políticos. Es decir, será parte de la campaña proisraelí.

El pasado 7 de julio, la Municipalidad Distrital de Barranco recibió una invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel dirigida a la alcaldesa Jessica Vargas Gómez, para participar en la MUNI EXPO 2025. El evento, organizado por la Federación de Autoridades Locales de Israel, se llevará a cabo entre el 12 y el 19 de julio en Jerusalén y Tel Aviv. La invitación fue canalizada por la Secretaría General a través de Jorge Luis Rey de Castro y remitida a la Gerencia Municipal para su evaluación.

Invitación a la alcaldesa de Barranco Jessica Vargas para viaje a Israel.
Desde el primer momento, el procedimiento burocrático siguió su curso. El gerente municipal, Manuel Milenco Espinoza Loarte, solicitó un dictamen legal a la Gerencia de Asesoría Jurídica, bajo la dirección de Jorge Aurelio Alferrano D’Onofrio, para determinar la procedencia del viaje. En su informe, Alferrano concluyó que el Consejo Municipal debía autorizar o rechazar la solicitud, dado que los costos del viaje (pasajes aéreos, alojamiento, alimentación, visitas técnicas, transporte interno y entrada al evento) serán asumidos por los organizadores, a excepción del seguro médico y de viaje.

Memorándum enviado por el Gerente Municipal al Gerente Legal de la MDB.
No obstante, en un matiz significativo, el asesor legal recomendó que, en caso de no obtener la autorización del Consejo, la alcaldesa podía optar por hacer uso de su descanso vacacional para asistir al evento, siempre que se dejara constancia oficial de la encargatura del despacho edil al teniente alcalde, Jaime Chihuán León.


Informe del Gerente Legal, que eleva autorización de viaje al Consejo Municipal.
¿Un viaje de “interés nacional”?
Más allá de los tecnicismos legales, el informe jurídico de Alferrano citó la Ley N° 27619, que regula los viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos. Esta norma establece, en su artículo 2°, que los viajes deben estar debidamente sustentados en un interés nacional o institucional. La pregunta inevitable es: ¿responde este viaje a una necesidad urgente del distrito o representa un genuino interés institucional? ¿O estamos frente a otro caso de turismo diplomático disfrazado de gestión pública?

Informe del abogado Alferrano señala que viaje obedece a un interés institucional.
La agenda oficial del evento deja dudas razonables. Incluye actividades con un marcado tinte político e incluso militar, como visitas a zonas afectadas por ataques con misiles iraníes, recorridos por kibutzim atacados por Hamás el 7 de octubre de 2023, y encuentros con sobrevivientes de estos eventos, como la fatídica Fiesta Nova.

Itinerario a seguir el 14 de julio en Israel.
También se contempla un diálogo con el periodista Henrique Cymerman, especialista en temas de Medio Oriente, y recorridos por lugares históricos y turísticos como el Monte Bental, la Galilea, el Mar de Galilea, Cesarea Marítima, y el Museo del Holocausto Yad Vashem.

Itinerario a seguir el 16 de julio en Israel.
Uno se pregunta: ¿qué beneficio directo o indirecto obtiene el distrito de Barranco de estas actividades geopolíticas? ¿De qué manera la visita a un sitio de conflicto bélico en el Mediterráneo oriental se traduce en mejoras para la congestión vial, la seguridad ciudadana, el ordenamiento urbano o la gestión ambiental de este pequeño distrito limeño?
Un distrito que espera soluciones
Mientras la alcaldesa prepara su maleta, Barranco sigue sumido en problemas urgentes y cotidianos. Las obras inconclusas en la avenida 28 de Julio y Alfonso Ugarte mantienen cerradas vías clave del distrito, generando congestionamiento vehicular, desvíos improvisados y el malestar creciente de los vecinos. Se han tenido que habilitar ambos sentidos en la avenida Grau como medida de emergencia, un reflejo claro del desorden urbano. La paciencia de los barranquinos se agota ante demoras sin explicación técnica clara ni cronogramas realistas de ejecución.
La sensación general es que la gestión edil prioriza el protocolo internacional por encima de las urgencias vecinales. En un contexto donde cada día de inacción pesa sobre la calidad de vida de los ciudadanos, la imagen de una alcaldesa ausente en una gira que difícilmente se traducirá en mejoras concretas para su distrito no es bien recibida.
Sesión extraordinaria y votos divididos Ante la solicitud de autorización del viaje, el Secretario General, Rey de Castro convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, celebrada el miércoles 9 de julio por la mañana.

Secretario General Rey de Castro convocó a Sesión de Consejo para tratar autorización de viaje.
El resultado no fue unánime, pero bastó para aprobar la solicitud. Cuatro regidores votaron a favor del viaje: Juan Mariluz, Aldair Santa Cruz, Cristina Vásquez y Marcos Montes de Oca. Tres se pronunciaron en contra: Jaime Chihuán, Katia Tataje y Fiorella Muñoz. Resulta particularmente llamativo que dos de los votos en contra provinieran de regidores afines a la actual administración (Chihuán-Tataje), lo cual sugiere un posible desacuerdo interno.
Esta división política no es menor. Revela que, incluso entre los aliados, existe incomodidad sobre la forma en que se priorizan las actividades de la alcaldesa. Para muchos, el mensaje es claro: se está más interesado en las relaciones internacionales que en los vecinos de siempre.
¿Turismo disfrazado de gestión?
El itinerario de la alcaldesa Jessica Vargas en Israel refuerza la impresión de que el viaje tiene más de turismo que de gestión municipal. Desde cenas de bienvenida hasta visitas a sitios religiosos, memoriales del Holocausto, mercados y calles históricas, la agenda está salpicada de actividades de carácter más simbólico y cultural, que técnico o administrativo. Aunque se prevé la asistencia a la MUNI EXPO y algunas reuniones con autoridades israelíes, la proporción de actividades turísticas parece desproporcionada para un viaje que se ampara en el supuesto “interés institucional”.
El viernes 18 de julio, por ejemplo, la agenda incluye visitas al Monte Bental, un volcán en inactividad en el Golán; y a lugares cristianos en Galilea, como Capernaum, Tabgha y Yardenit en el Río Jordán, donde se realizan bautismos simbólicos. Un día después, la alcaldesa paseará por las ruinas de Cesarea Marítima, ciudad portuaria construida por el rey Herodes hace más de 2000 años. ¿Cuál es el valor técnico de esta experiencia para la administración de un distrito de 3 km² al sur de Lima?

El viernes 18 de julio la alcaldesa visitará el volcán Bental y el Río de Jordán.
¿Una nueva tendencia en la política local?
Este tipo de viajes internacionales no es un fenómeno aislado. En los últimos años, varios alcaldes y autoridades locales han aprovechado invitaciones diplomáticas para justificar desplazamientos al extranjero, muchas veces sin resultados tangibles. La ciudadanía empieza a ver con escepticismo estos periplos, que suelen coincidir con periodos de crisis interna o baja aprobación política.

Alcaldesa Jessica Vargas viajó en marzo de 2024 a Punta Cana con invitación falsa.
En el plano nacional, es inevitable recordar el caso de la presidenta Dina Boluarte, cuyas prioridades personales —como cirugías estéticas, viajes oficiales y aumentos de sueldo— han sido objeto de crítica por parte de la opinión pública, mientras el país enfrenta problemas estructurales profundos. ¿Está ocurriendo lo mismo en la escala distrital? ¿Se está replicando esta lógica—al estilo Boluarte—de desconexión entre la agenda del poder y las necesidades del pueblo?
La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, viajará a Israel con la venia del Concejo Municipal. Sin embargo, su decisión revela una preocupante desconexión con la realidad de su distrito. El contexto no acompaña: grúas implacables que aún operan pese a la ilegalidad de sus operaciones; calles colapsadas, obras sin terminar y vecinos molestos por la falta de respuestas concretas. Mientras tanto, se opta por asistir a un evento en el extranjero cuyo impacto en la gestión local es, como mínimo, cuestionable.
En una época donde se demanda austeridad, eficacia y transparencia, la autoridad edil parece seguir una ruta contraria. La interrogante sigue en el aire: ¿estamos ante un viaje institucional o ante un sofisticado periplo turístico financiado en parte por terceros, pero legitimado por la estructura del Estado?
Actualidad
Pataz se levanta: Rondas campesinas inician paro indefinido y bloquearán vías clave
Anunciaron que el paro será indefinido. Exigen al Gobierno central atención urgente a sus demandas.

En un acto de protesta contundente, las Rondas Campesinas de la provincia de Pataz, en la región La Libertad, han anunciado e iniciado un paro indefinido que incluye el bloqueo de puentes estratégicos y aeródromos usados por empresas mineras. La medida fue formalizada mediante un comunicado firmado por la Central Única de Rondas Campesinas de Pataz, con el respaldo de sus principales dirigentes.
El paro, según el documento difundido este martes, surge como respuesta a lo que consideran una sistemática exclusión de los pequeños mineros del proceso de formalización, así como una política estatal que favorece abiertamente a las grandes compañías mineras en desmedro de las comunidades locales.
Entre los puntos de bloqueo mencionados se encuentran el Puente Mamahuaje, Puente Antonio Raimondi, Puente Calemar y Puente Marcos. Asimismo, las Rondas de los distritos de Pías y Huayo han anunciado que tomarán control de los aeródromos utilizados por las empresas mineras, interrumpiendo así el tránsito aéreo relacionado con estas actividades.
“Alertamos a la población a abastecerse de alimentos y medicinas, pues no habrá paso para vehículos de carga de las empresas mineras”, advierte el comunicado, dejando entrever la magnitud de la paralización.

Exigencias al Estado
Las Rondas Campesinas exigen al gobierno central y al Congreso de la República la atención urgente de tres demandas concretas:
- La exclusión arbitraria de pequeños mineros en el proceso de formalización. Exigen que se revise y corrija lo que consideran una marginación injusta, que deja fuera a gran parte de quienes dependen de esta actividad para sobrevivir.
- La aprobación de una ley que beneficie a la mayoría de pequeños mineros del país, garantizando su derecho al trabajo frente a la hegemonía de la gran minería y la minería transnacional.
- El derecho al trabajo digno para las familias de la provincia de Pataz, que actualmente se ven perjudicadas por decisiones centralistas y políticas que no consideran la realidad local.
Con el lema “¡Basta de saqueo y mentiras!”, las Rondas han declarado que no cederán hasta obtener respuestas. “Si no hay solución, no habrá producción minera en Pataz”, enfatiza el comunicado. Se trata, según sus palabras, de una lucha justa y legítima en defensa de la dignidad de la provincia.

Un paro con raíces sociales y económicas
La provincia de Pataz ha sido históricamente una zona de intensa actividad minera, tanto formal como informal. Sin embargo, el proceso de formalización iniciado por el Estado en los últimos años ha dejado fuera a decenas de pequeños productores, que ahora enfrentan criminalización y pérdida de sustento. Para muchos de ellos, la minería artesanal es su única fuente de ingreso.
La Central Única de Rondas Campesinas denuncia que, mientras las grandes corporaciones continúan explotando los recursos con protección estatal, los pequeños mineros son acosados, perseguidos y privados de sus derechos. En ese contexto, el paro representa no solo una protesta económica, sino también una reivindicación social frente a lo que consideran un modelo extractivista excluyente.
La medida ha generado expectativa y preocupación en toda la región, especialmente por el posible impacto en el abastecimiento de bienes y en la operatividad de las empresas mineras, muchas de las cuales podrían paralizar su producción debido a los bloqueos logísticos.
Desde Lima, hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Energía y Minas ni de la Presidencia del Consejo de Ministros, a pesar de la advertencia explícita de que el paro será indefinido.
El comunicado concluye con una promesa firme: “Defenderemos nuestro derecho al trabajo amparado en la Constitución”. Las Rondas Campesinas, organizadas y determinadas, han dejado claro que no abandonarán su lucha hasta lograr una respuesta estatal concreta y satisfactoria.
Actualidad
Condenaron a 20 años de prisión a integrantes de ‘Los injertos del Tren de Aragua’
Proxenetas venezolanos pensaron que en el país la impunidad aún manda.

Creyeron que en el Perú todo se podía hacer sin consecuencias. Pero no fue así. Cuatro integrantes de la banda criminal venezolana ‘Los injertos del Tren de Aragua’ fueron condenados a 20 años de prisión por el delito de explotación sexual de 10 mujeres extranjeras en el distrito limeño de San Martín de Porres.
Tony Suárez (22), María Griman (27), Izmaury Galindo (26) y Yohan Pedra (34) deberán además pagar, de forma solidaria, una reparación civil de S/ 20 000 a favor de las víctimas, según informó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte.

La investigación reveló que las mujeres habían sido engañadas con la promesa de trabajo en Chile. Pero al llegar a Lima, se les informó que no podían continuar su viaje. Allí comenzó la pesadilla: fueron retenidas y obligadas a ejercer la prostitución, bajo amenazas de muerte.
Ante la gravedad de los hechos y tras recibir pedidos de auxilio, las autoridades lograron ubicar el 3 de septiembre de 2022 un inmueble en la urbanización Fiori, en Lima norte, donde operaba esta red criminal. Allí fueron detenidos los delincuentes venezolanos y se rescató a las víctimas.
La fiscal Luisa Inés Quispe Asmat presentó pruebas contundentes en el juicio: peritajes psicológicos, testimonios, actas de intervención, informes policiales y documentos incautados. Todo confirmó el accionar violento y sistemático del grupo criminal.
Este caso deja una lección clara: el Perú no es tierra sin ley, y quienes llegan del extranjero a delinquir creyendo que no habrá castigo, se equivocan. La justicia puede tardar, pero llega. Y en este caso, fue firme contra quienes buscaron lucrar con el sufrimiento humano.
Actualidad
Más de 140 mil escolares se benefician con mejoras en 168 colegios
El Ministerio de Educación invierte más de 14 millones de soles para garantizar ambientes seguros y adecuados para el aprendizaje.

El Ministerio de Educación (Minedu) ha destinado más de S/14 millones para mejorar las condiciones de 168 colegios públicos en 31 distritos de Lima Metropolitana, beneficiando directamente a casi 140 mil escolares. Esta intervención incluye desde reparaciones estructurales hasta la entrega de mobiliario escolar, con el objetivo de asegurar entornos seguros y funcionales para estudiantes y docentes.
Las obras se vienen realizando de forma progresiva durante todo el año y contemplan la instalación de mallas raschell contra la radiación solar, renovación de carpetas, sillas y mesas, mantenimiento de estructuras metálicas, y acondicionamiento de puertas, ventanas y otros ambientes. Ante las lluvias persistentes, se ha priorizado la atención en los distritos más afectados, como San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. En estos sectores ya se trabaja en instituciones como Sol de Los Milagros, Juan Guerrero Quimper, José Olaya Balandra y Bartolomé Mitre.
La intervención se ha dividido en cuatro etapas. Las dos primeras, desarrolladas entre marzo y mayo, beneficiaron a más de 57 mil estudiantes en 61 colegios con una inversión de S/4.5 millones. Actualmente, se ejecuta una tercera fase en 51 instituciones, con S/4.7 millones destinados para mejorar la educación de más de 40 mil escolares. A partir del 7 de julio, arranca una cuarta etapa que atenderá a 56 colegios adicionales, con una inversión similar y más de 41 mil beneficiarios.

Estas acciones del Minedu se respaldan en las leyes 32272 y 32260, que permiten intervenciones inmediatas y financiamiento directo en instituciones educativas públicas afectadas por daños estructurales o emergencias climáticas.
Los colegios intervenidos están ubicados en distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Lurín, Ate, Los Olivos, Comas, Chorrillos, Ventanilla, entre otros, abarcando un amplio sector de Lima Metropolitana.
Actualidad
Mineros informales bloquean siete carreteras tras ser excluidos del REINFO
La exclusión de más de 50 mil mineros del REINFO expone el fracaso de una política de formalización que nunca llegó a los territorios.

Las tensiones en el sector minero estallaron este lunes 7 de julio, luego de que el Gobierno excluyera a más de 50.000 mineros de la pequeña minería y minería artesanal del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La medida ha desencadenado bloqueos en al menos siete vías nacionales, interrumpiendo el tránsito en regiones clave como La Libertad, Arequipa, Cusco e Ica.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló que solo 31.500 mineros han cumplido parcialmente con los requisitos del REINFO y deberán completar cinco etapas adicionales antes de diciembre de 2025. Estas incluyen la formalización laboral, acuerdos de acceso a superficie, firma de contratos con los titulares de concesiones y la incorporación al nuevo Fondo Minero, un mecanismo diseñado para canalizar recursos hacia el desarrollo sostenible del sector.
Por su parte, la presidenta Dina Boluarte justificó la exclusión afirmando que cerca de 45.000 mineros llevaban más de cuatro años sin avanzar en su formalización, a pesar de una prórroga otorgada desde noviembre de 2024. Además, se identificaron 1.500 casos de uso irregular de permisos, incluyendo su alquiler o tercerización en zonas ya concesionadas, lo que habría generado conflictos legales y sociales.
Siete carreteras bloqueadas
De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), todas las interrupciones en vías nacionales están vinculadas directamente a protestas por parte de mineros informales y pequeños productores. El monitoreo realizado en coordinación con la Policía Nacional, Defensa Civil y concesionarias viales muestra las siguientes rutas afectadas:
Trujillo – Agallpampa – Quiruvilca (km 121), La Libertad: interrumpida por huelga de mineros.
Longitudinal de la Costa Sur (km 443), Ica, Nasca: bloqueada por protesta de la Confederación Nacional de Pequeña Minería.
Mara – Velille (km 37+600), Cusco, Chumbivilcas: vía cerrada por manifestación de mineros artesanales.
Mara – Velille (km 121), Cusco, Chamaca: nuevo punto de bloqueo reportado por la misma confederación.
Costa Sur (km 619), Arequipa, Chala: interrupción por movilización de pequeños mineros.
Costa Sur (km 782), Arequipa, Camaná: manifestación de pobladores vinculados a la minería informal.
Sierra Norte (km 129+500), La Libertad, Quiruvilca: protesta de mineros artesanales.
La situación genera serias afectaciones al transporte de carga, alimentos y personas, además de evidenciar un problema estructural no resuelto: la informalidad minera y la incapacidad del Estado para implementar una política de formalización efectiva y sostenida en el tiempo.
Desde el Gobierno, el mensaje es claro: quienes no cumplan con los pasos establecidos quedarán fuera del proceso. Sin embargo, la falta de acompañamiento técnico, la demora institucional y la débil presencia estatal en zonas mineras explican en parte el fracaso de la formalización. Hoy, esa deuda estalla en las carreteras.
Actualidad
Miguel Ángel Requejo: una ‘tentativa de homicidio’ que exige justicia
La jueza Kharla Orellana Sánchez dictó nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo, acusado de embestir con su camioneta en el restaurante ‘El Charrúa’.

En un país donde la impunidad muchas veces se confunde con indulgencia, el Poder Judicial ha ordenado nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo Astochado, el sujeto imputado por tentativa de homicidio calificado, omisión de socorro y otros cargos, tras haber embestido con su vehículo el restaurante «El Charrúa», en La Molina. Este hecho, que dejó cuatro heridos y cuantiosos daños materiales, pudo haber terminado en una tragedia de dimensiones mayores.
La noche del miércoles 2 de julio, Requejo Astochado —según la acusación fiscal— condujo y estrelló su automóvil directamente contra el establecimiento gastronómico, poniendo en grave riesgo la vida de comensales y trabajadores. Entre los lesionados figuran Augusto Fernando Ramengui Quintanilla, Mario Rodolfo Barbacci Quintanilla, Aníbal Aliaga Masías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez. Más allá del impacto físico y económico, lo ocurrido revela una profunda irresponsabilidad criminal que hoy intenta disfrazarse de arrepentimiento.
Durante la audiencia, la fiscal Karen Rosario Cueva Quispe fue categórica: el acusado no solo huyó de la escena sin brindar auxilio a los heridos —lo cual evidencia su desprecio por la vida ajena— sino que además tiene antecedentes por lesiones dolosas. A pesar de autodenominarse empresario, no presentó prueba alguna de arraigo laboral. ¿Cómo confiar entonces en que no intentará fugar del país?
Lo más llamativo, sin embargo, fue el cambio de actitud del imputado al escuchar la decisión de la jueza Kharla Orellana Sánchez, quien finalmente acogió el pedido fiscal, dictando 9 meses de prisión de preventiva y dispuso su reclusión hasta abril de 2026. En ese momento, el acusado rompió en llanto y pidió perdón entre balbuceos, apelando a la conmiseración con frases como «El restaurante es como mi casa» o “no sé qué pasó, perdí mis lentes”.
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