El gobierno de Dina Boluarte observó la autógrafa de ley que propone modificar la Ley 31614, “Nueva Ley del Trabajador Porteador”, respecto a sus condiciones laborales. Sin embargo, ayer con 67 votos a favor, 0 en contra y 37 abstenciones, el pleno del Congreso de la República la aprobó por insistencia. La vicepresidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Isabel Cortez de la bancada Cambio Democrático Juntos Por el Perú, sostuvo que la iniciativa reconoce los derechos laborales de los trabajadores porteadores. Por su parte, Luis Aragón de Acción Popular, aseveró que en Cusco, serán más de ocho mil los porteadores beneficiados con la propuesta.

Asimismo, Guido Bellido de Podemos Perú señaló que las condiciones laborales de los porteadores mejorarán, pues ahora podrán estar afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS). Su colega Héctor Valer de Somos Perú destacó que esta propuesta no solo favorece a los 8 mil porteadores del Cusco, sino a 4 mil personas de Apurímac. Asimismo, resaltó que el gobierno regional de Cusco impulsó dicha iniciativa que ha tenido el respaldo del Parlamento.

Como se sabe, el porteador es un trabajador independiente que presta servicios personales de carga para empresas o agencias de viajes, o turismo. Al tener una relación laboral con uno o más empleadores, esta se sujeta a las normas que establece la ley y al régimen tributario de cuarta categoría.

Con la nueva propuesta el trabajador porteador puede afiliarse voluntariamente a los regímenes pensionarios existentes bajo la condición de trabajador independiente y se agrega que: “La jornada de trabajo del porteador se realiza durante el servicio específico de expedición o travesía de grupos de turismo, desde el punto inicial hasta el punto final, y no debe superar las 48 horas semanales (…) El empleador está obligado al cumplimiento debido del descanso semanal obligatorio a favor del trabajador”.

Hernán Mendieta, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional, anunció hoy en una entrevista que realizarán un Paro Nacional para el próximo jueves 10 de octubre, y que congregaría al 90% de gremios de transportes. Además, agregó que a la movilización nacional se sumarán los integrantes de la Confederación Nacional de Usuarios del Perú. Asimismo, los bodegueros, quienes también han denunciado ser víctimas de extorsiones.

“Está confirmado el paro para el 10 de octubre, donde van a participar el 90% de gremios del transporte a nivel nacional, sumándose la Confederación Nacional de Usuarios del Perú y algunas otras organizaciones y personas naturales como los bodegueros, que también han sido víctimas de extorsiones”, declaró Mendieta a Exitosa.

ANITRA deberá acatar el Paro Nacional

Hernán Mendieta también se refirió al presidente de la Asociación Nacional de Integridad de Transportistas (Anitra) Martín Valeriano, y pidió que se “una a la medida de fuerza”, que solo busca defender la vida y alzar su voz de protesta contra la extorsión.

“Yo creo que el señor Martín va a tener que unirse a la medida de fuerza. Si bien es cierto, él representa a una asociación de integración nacional de transportes, pero el sicariato está atacando justamente a sus allegados y sería contraproducente que no acate el paro del 10 de octubre (…). Y no queremos formular división, porque esto no se trata de derecha o izquierda, es un paro pacífico en defensa de la vida y contra la extorsión”, advirtió.

Además, contó que él también participó en el paro pasado con el fin de que el Gobierno y el Congreso de una vez hagan algo contra la criminalidad y las extorsiones: así como con los malos funcionarios; sin embargo, hasta la fecha no se ven logros.  

“Nosotros fuimos parte de la movilización del pasado jueves 26 de septiembre, pensando que con eso el Ejecutivo y Legislativo pondrían ‘las barbas en remojo’ y presentar proyectos de ley, no solamente contra delincuentes comunes sino contra la inoperancia de los funcionarios del MTC, las municipalidades, de la ATU y Sutrán”, culminó.

El Gobierno de Dina Boluarte oficializó la renuncia del economista Waldo Mendoza Bellido como miembro del Consejo Fiscal. Mediante la Resolución Suprema Nº 030-2024-EF, firmada por la mandataria Dina Boluarte y el titular del Ministerio de Economía, José Arista, dejando sin efecto su designación en el cargo.

“Se resuelve: Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por el señor Waldo Epifanio Mendoza Bellido como miembro del Consejo Fiscal, dándosele las gracias por los servicios prestados. Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas”, se puede leer en el documento.

Waldo Mendoza, un acérrimo enemigo de los aportantes al Fonavi, ONP y AFP

Como se recuerda, el economista ayacuchano Waldo Mendoza, desde que fue designado ministro de Economía durante la encargatura de Francisco Sagasti, se empecinó en declarar que el MEF estaba quebrado y se resistió a promulgar diversas leyes que previamente fueron aprobadas por el Congreso para cumplir con la devolución de aportes de la ONP, FONAVI y retiros anticipados de las AFP. Mientras miles de ancianos hacían huelga de hambre en las calles para clamar por sus aportes, el exministro Mendoza de manera indolente decía que no había plata. Además, fue tan despiadado, que través del encargado de Palacio Francisco Sagasti, recurrió al Tribunal Constitucional para dejar sin efecto las leyes aprobadas por el Parlamento que les lanzaba un salvavidas a las economías familiares de miles de extrabajadores peruanos.  

Waldo Mendoza fue denunciado por el Congreso por negarse a promulgar ley de ONP

Por esa razón, el propio Congreso de la República lo denunció por infracción constitucional de los artículos 109°, 123° y 38° de la Constitución Peruana. Además, por la probable comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y resistencia o desobediencia a la autoridad, tipificados en los artículos 377° y 368° del Código Penal, respectivamente. A Mendoza se le imputó la falta de implementación de la Ley 31083, que establecía un régimen especial facultativo de devolución de los aportes para los aportantes activos e inactivos bajo el Decreto Ley 19990 administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Se puso su armadura, cogió la lanza y sujetó bien su escudo. Si la presidenta de la República, Dina Boluarte, no quiere salir a declarar a los medios de prensa, los que sí dan la cara por ella son sus ministros, y el que encabeza a todos ellos, siempre con cara de pocos amigos, es el primer ministro, Gustavo Adrianzén, ofreciéndose como ‘chaleco’ de la jefa de Estado.

Tras sustentar las modificaciones presupuestarias aprobadas por decreto supremo durante el cuarto bimestre 2024, en la Comisión de Presupuesto del Congreso; el jefe del Gabinete rechazó los presuntos vínculos de Andrés Hurtado con la mandataria.

“Miente. Falso”, respondió notablemente incómodo ante la pregunta sobre las declaraciones de Henry Shimabukuro. “Señorita, por favor, ¿de qué estamos hablando? Viene un procesado a decir barbaridad y media, y lo dan, por cierto. Eso es intolerable. Vamos a terminar, por favor“, manifestó.

#EnVivo

Gustavo Adrianzén, jefe de Gabinete, niega que la presidenta Dina Boluarte tenga alguna relación con Andrés Hurtado “Chibolín”

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/2wLi0dDq7z

— Canal N (@canalN_) October 4, 2024

Ejecutivo insistirá en la ley de terrorismo urbano

De otro lado, Gustavo Adrianzén señaló que el Poder Ejecutivo insistirá con el proyecto sobre terrorismo urbano y pidió que el Congreso de la República invite a los ministros para participar en el debate de un tema, que afirmó, “es sumamente controversial”.

“Nosotros creemos que es imprescindible llamar a las cosas por su nombre. Lo que está ocurriendo en el Perú es terrorismo urbano. No tenemos que estar utilizando ningún otro tipo de lenguaje, a las cosas hay que llamarlas por lo que son, y esto se llama terrorismo urbano”, expresó.

En ese sentido, el presidente del Consejo de Ministros aclaró que el Ejecutivo tipifica con absoluta claridad el terrorismo urbano y que la disposición complementaria planteada por el Ejecutivo se hizo pensando en la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, ya que “merecen la protección constitucional legal” para realizar sus actividades cuando se actúe en estados de excepción.

“Lo único que estamos haciendo, es decir, que cuando nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional actúen en el marco de los estados de excepción, desarrollando, ejecutando los planes operativos correspondientes, es decir, en pleno ejercicio de sus funciones, cualquier acto que de allí se derive tiene que ser atendido ante el fuero policial militar, que es lo que nos parece lo más correcto”, aseguró.

El pleno del Congreso aprobó en segunda votación, el Proyecto de Ley N° 484/2021-CR, de creación del Colegio de Politólogos del Perú. Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Segundo Montalvo Cubas (PL), señaló que la propuesta mejorará la vida profesional del licenciado en Ciencias Políticas del país.

La iniciativa recibió 75 votos a favor, 22 en contra y cuatro abstenciones quedando expedita para que la autógrafa correspondiente pueda ser promulgada en el Ejecutivo.

Plantean que una de sus principales funciones será la protección a nivel nacional del ejercicio profesional de la ciencia política, conforme a ley; así como velar por el ejercicio transparente e idóneo de la profesión dentro del marco del código de la ética profesional. Sin embargo, diversos expertos no están de acuerdo con el impulso de esta ley, porque consideran que los politólogos normalmente vienen ejerciendo esa profesión, sin necesidad de ser licenciados y habilitados en ciencias políticas. Y ahora en adelante desde un enfoque positivista, con la nueva ley, los egresados de la carrera de ciencia política estarán obligados a colegiarse pagando un cupo económico para que sean considerados “habilitados”, para poder ejercer. Y, por otro lado, los que hayan cursado una especialización en ciencia política, también serán vulnerados, porque no tendrían opciones de colegiarse, por no haber seguido previamente un pregrado en dicha carrera.

De acuerdo con el artículo 3 del dictamen, la colegiación es obligatoria para el ejercicio de la profesión del politólogo.

Durante el debate, el congresista Ilich López Ureña (AP) se mostró a favor de la propuesta, asegurando que los colegios profesionales les dan un orden a los egresados del país y generan espacios de debate entre sus miembros. Asimismo, el parlamentario Alex Flores Ramírez (BS) alegando que los colegios profesionales son necesarios para el control de la buena práctica.

Por su parte, el legislador Alejandro Muñante Barrios (RP) señaló que éstos generan burocracia y muchas veces marcan una línea ideológica, la cual sería más peligrosa por tratarse de las ciencias políticas. En esa línea, la legisladora Susel Paredes Piqué (BDP) también mostró su oposición y planteó una cuestión previa para que pase a la Comisión de Constitución y Reglamento, la cual fue rechazada con 53 votos en contra.

Si finalmente este proyecto es promulgado, sin duda va a generar controversia ente los politólogos, porque en el futuro tendrán que verse inmersos en nuevas tramitologías onerosas, al ser sometidos a barreras burocráticas que retardarán sus aspiraciones profesionales.

Resulta increíble que algunos parlamentarios, a pesar de ser extorsionados desde hace meses, hayan estado a favor de la ley contra el crimen organizado. Como cualquier otro ciudadano de pie, los legisladores no se salvan del crimen organizado que los tiene en la mira por sus cuantiosos patrimonios desde hace meses.

Una de esas víctimas de ese terrible flagelo que no distingue de los pobres y pudientes es la congresista de Fuerza Popular, Vivian Olivos, quien en reiteradas ocasiones ha dicho ser una víctima más de los extorsionadores, situación que, según ella, la hace sentir como “un ciudadano más”. En el debate en el Congreso, la fujimorista expresó su frustración y temor, destacando que su cargo no la ha salvado de la creciente inseguridad en el país.

Durante el debate en el Pleno, mientras se discutía una posible normativa contra el terrorismo urbano, Vivian Olivos tomó la palabra para hacer una revelación personal que captó la atención de todos sus colegas.

“Uno se siente un ciudadano más. Que uno siendo congresista y contando con seguridad, padece de extorsión“, expresó la parlamentaria, dejando en claro que ni su posición ni las medidas de seguridad que la rodean la han salvado de este delito.

Pobre la fujimorista Vivian Olivos. Dice con pena y preocupación que se siente una ciudadana más por la inseguridad. Xd ¿Y dónde la habrán extorsionado? ¿Quién le estará pidiendo la cuota de su sueldo? pic.twitter.com/ifAE8ryNUt

— 🐉 Andy Livise (@elcholaco) October 4, 2024

Similar situación la viene viviendo el congresista de la Bancada Socialista, Pasión Dávila, quien también confesara que es víctima de extorsión.

“Debo denunciar que hace meses estoy siendo extorsionado. Y eso no es correcto, colegas. Lamentablemente, la delincuencia ha llegado a las esferas más seguras de nuestro país”, dijo en su intervención en el Pleno sobre el proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para incorporar el terrorismo urbano.

Más congresistas extorsionados

En noviembre del 2023, la ahora primera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Patricia Juárez, denunció que delincuentes le exigían el pago de hasta 10 mil soles mensuales.

“Somos de la legión Oder, cuídese y ya sabe, ya sabemos dónde vive, es decisión de usted si quiere que muera un familiar, nosotros ya dimos nuestra advertencia”, se escuchaba en un audio enviado a Juárez Gallegos por un individuo que supuestamente era integrante de la banda Odarteam de Brasil.

En tanto, en mayo de este año, el congresista Héctor Acuña, de Honor y Democracia, denunció que le solicitaban S/ 35 mil soles a cambio de no dejar explosivos en una de las sedes de su institución educativa y poner en riesgo a la comunidad.

“A fines de marzo, llegaron dos mensajes. De ahí, ya quedó todo tranquilo, silencio, hasta que recién, hace unos días, ha llegado otro mensaje y por eso nuevamente se ha reactivado la denuncia. Esperemos que esta vez la Policía realmente haga su trabajo que corresponde”, demandó el legislador en RPP.

De la comodidad, los lujos y la opulencia barroca que le podía brindar su dinero a pasar la noche en una celda estrecha y fría de una de las cárceles más temidas del país. Nadie sabe hasta cuándo durará el hermetismo de Andrés Hurtado ‘Chibolín’ para proteger a aquellos personajes que habrían orquestado junto a él una serie de presuntos sobornos, dádivas y demás negociados ilícitos.

El infame animador televisivo que en el pasado se ufanaba de conversar con unos “seres superiores” ahora deberá cumplir los 18 meses de prisión preventiva que el Poder Judicial (PJ) le impuso mientras duren las investigaciones por los presuntos delitos de cohecho activo y lavado de dinero.

La caída de ‘Chibolín’

Como se recuerda, el presentador de televisión fue detenido el pasado 19 de setiembre por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), mientras permanecía internado en una clínica de San Borja a consecuencia de algunas complicaciones de salud, según refirió.

Por tal motivo, la prisión preventiva se ha computado desde el 19 de setiembre y se extenderá hasta el 18 de marzo de 2026.

Dentro del caso de presuntos sobornos y lavado de activos, el juez Juan Carlos Checkley ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el animador, mientras para los otros dos coinvestigados, la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario minero Javier Miu Lei, solo recibieron comparecencia con restricciones.

La decisión del tribunal se alinea con la solicitud del Ministerio Público, que había pedido esta medida debido al riesgo de fuga y la posible obstrucción de la justicia.

El arraigo y otros factores fueron determinantes para esta decisión, pese a los intentos de Hurtado de justificar su libertad durante el proceso.

Andrés Hurtado había tratado de demostrar su arraigo mediante la presentación de propiedades en Surco y su trabajo en Panamericana Televisión. Sin embargo, estas pruebas fueron desestimadas por el tribunal.

Durante las audiencias, Hurtado alegó que no recordaba su número de celular ni la dirección de su casa, y tampoco podía proporcionar una cifra exacta de sus ingresos mensuales, atribuyendo estos olvidos a su hiperactividad y déficit de atención.

La exfuncionaria del Ministerio de Cultura, Claudia Miranda Sotomayor, es recordada por haber estado en medio del escándalo del caso Joinnus. Durante ese momento ella ejercía el cargo de directora de la DDC de Cusco, y según fuentes de la ciudad imperial, fue una de las protegidas de la exministra Urteaga Peña. Pero tras la llegada del ministro Fabricio Valencia, desde el 27 de septiembre esta señora dejó de pertenecer a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, según la Resolución Ministerial Nº 000363-2024-MC, donde se señala: “Dar por concluida la designación de la señora Claudia Miranda Sotomayor”. El documento lleva la rúbrica del ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja.

Sin embargo, Miranda Sotomayor aún mantenía el cargo de responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones del ámbito de acción de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco,

en la cartera de Cultura. No obstante, el ministro Valencia mediante la Resolución Ministerial N° 000372-2024-MC, dio por concluida su designación en dicho cargo en Cusco.

Removieron a otro exSunedu traído por Leslie Urteaga

Como se recuerda, la ministra de Cultura Leslie Urteaga designó a Martín Rodolfo Pittman Castro en el cargo de Asesor II de la Secretaría General del Ministerio de Cultura, desde el 30 de noviembre del 2023 (Resolución Ministerial N° 000497-2023-MC). Este abogado de la universidad de Piura, también fue Director de Sistema Administrativo II de la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario de la Oficina de Administración de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), designado por el cuestionado superintendente de entonces, Martín Benavides, desde el 2 de enero del 2019 (Resolución de Superintendencia N° 0205-2018-Sunedu), hasta el 20 de febrero del 2022.

Asimismo, se desempeñó como Director de la Dirección de Supervisión e Instrucción del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) desde el 8 de mayo de 2023 hasta el 30 de agosto del mismo año.

No obstante, ya no va más, porque el ministro Valencia mediante la Resolución Ministerial N° 000371-2024-MC, acaba de aceptar la renuncia de Pittman Castro al cargo de Asesor II de la Secretaría General del Ministerio de Cultura que venia desempeñando desde hace 11 meses.

Sin embargo, el ministro Fabricio Valencia en los últimos días también ha designado a cuestionados personajes para que se desempeñen en el Ministerio de Cultura, pese a que fue advertido. Asimismo, aún no renueva diversos cargos que han sido copados por personas provenientes de Sunedu e Indecopi, con la venia de la exministra Leslie Urteaga.