Por Jorge Paredes Terry

La presidenta Dina Boluarte ha sorprendido al país con un anuncio que, en principio, parece contundente: está considerando seriamente la implementación de la pena de muerte como herramienta para combatir la delincuencia organizada y desbordada que aqueja al Perú. Sin embargo, antes de que este anuncio se convierta en otro «cohete lanzado al aire» una de esas promesas grandilocuentes que luego se diluyen en la inacción, es importante analizar qué implicaría realmente llevar esta medida a cabo y qué pasos concretos debería seguir el gobierno para que no quede en una mera declaración mediática.

1. Reforma constitucional: el primer paso ineludible

La Constitución Política del Perú de 1993 establece en su artículo 140 que la pena de muerte solo puede aplicarse por traición a la patria en caso de guerra y por terrorismo. Para extender su aplicación a otros delitos, como los vinculados a la delincuencia organizada, es necesario modificar la Carta Magna. Esto implica:

– Mayoría calificada en el Congreso: Se requiere la aprobación de dos tercios del Parlamento (87 votos) para reformar la Constitución. Esto significa que el gobierno debe construir consensos políticos, algo que no ha sido precisamente su fuerte.

– Debate público y técnico:  La reforma no puede ser apresurada. Debe incluir un amplio debate con expertos en derecho, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil para evaluar sus implicaciones.

2. Cumplir con los tratados internacionales

Perú es signatario de tratados internacionales que limitan el uso de la pena de muerte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para implementar esta medida, el gobierno tendría que:

– Denunciar o renegociar tratados:Esto implicaría un proceso complejo y podría aislar al Perú en el escenario internacional.

– Garantizar estándares de derechos humanos: Aún en casos extremos, el Estado debe asegurar que no se violen los derechos fundamentales, como el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia.

3. Fortalecer el sistema judicial

Uno de los mayores riesgos de la pena de muerte es la posibilidad de errores judiciales. En un sistema con fallas estructurales, como el peruano, este riesgo es aún mayor. Para minimizarlo, el gobierno debería:

– Invertir en el Poder Judicial:  Mejorar la capacitación de jueces, fiscales y policías para garantizar investigaciones rigurosas y procesos transparentes.

– Evitar la corrupción: Implementar mecanismos para prevenir la influencia de grupos criminales en las decisiones judiciales.

– Crear salvaguardas: Establecer instancias de revisión y apelación exhaustivas para evitar condenas injustas.

4. Definir criterios claros y limitados

La pena de muerte no puede ser una medida aplicada de manera arbitraria o populista. Para que sea efectiva y justa, el gobierno debe:

– Delimitar los delitos aplicables: Establecer de manera precisa qué crímenes serían susceptibles de esta pena (por ejemplo, narcotráfico a gran escala, asesinatos en masa, terrorismo en todas sus modalidades, crímenes atroces).

– Evitar su uso discriminatorio: Garantizar que no se aplique de manera desproporcionada contra grupos vulnerables o minorías.

5. Enfocarse en las causas estructurales del crimen

La pena de muerte, por sí sola, no resolverá el problema de la delincuencia organizada. Para que esta medida no sea una simple distracción, el gobierno debe complementarla con acciones concretas que ataquen las raíces del crimen:

– Lucha contra la corrupción:  La delincuencia organizada florece en entornos corruptos. Es esencial fortalecer las instituciones y sancionar a los funcionarios coludidos con el crimen.

– Inversión social: Mejorar las condiciones de vida en las zonas más afectadas por la delincuencia, con programas de educación, empleo y salud.

– Inteligencia policial: Limpiar de malos elementos y modernizar las fuerzas del orden para desarticular redes criminales desde su base.

6. Transparencia y rendición de cuentas

Si el gobierno decide avanzar con esta medida, debe hacerlo con total transparencia. La ciudadanía tiene derecho a saber:

– Cómo se implementará: Detalles sobre los procesos judiciales, las garantías para los acusados y los mecanismos de supervisión.

– Cuáles son los resultados: Informes periódicos sobre el impacto de la medida en la reducción de la delincuencia.

Vamos a darle el beneficio de la duda a esta señora.

 Dina Boluarte tiene la oportunidad de demostrar que su anuncio no es otro «cohete lanzado al aire», sino una propuesta seria y bien fundamentada. Sin embargo, la pena de muerte no es una solución mágica. Su implementación requiere un esfuerzo enorme en términos políticos, jurídicos y sociales, y debe ir acompañada de medidas integrales que aborden las causas profundas de la delincuencia.

Si el gobierno realmente quiere combatir el crimen organizado, debe dejar de lado las distracciones y enfocarse en acciones concretas y sostenibles. De lo contrario, esta propuesta no será más que otra promesa incumplida en un país que ya está cansado de escuchar palabras vacías. Basta de lanzar cohetes al aire, señora. Es hora de actuar con seriedad y responsabilidad.

Con un palo no basta. La Comisión de Defensa del Congreso de la República aprobó por mayoría la propuesta legislativa para dotar a los serenos municipales de armas de electrochoque en el ejercicio de sus funciones.

El predictamen recaído en los proyectos de ley 07874/2023-GL y 10075/2024-CR, el primero de ellos presentado por la Municipalidad de Surco, fue aprobado con 12 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones. 

La propuesta modifica el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, mediante el cual se agrega la utilización de armas de electrochoque.

La actual legislación señala que los medios de defensa usados por los serenos, según los recursos de cada municipalidad, son los siguientes: grilletes de seguridad, escudos, bastones tonfa, aerosoles de pimienta, y chalecos antibalas para el cumplimiento de sus funciones. A ello se le agregaría las armas de electrochoque.

Durante el debate de la iniciativa, el alcalde Surco, Carlos Bruce, indicó que la experiencia en otros países demuestra que es posible que se puede emplear estas herramientas en la lucha contra la inseguridad ciudadana. 

“Lo que buscamos es permitirles a los serenos, previa capacitación, que puedan tener estas pistolas paralizadoras. Los civiles las podemos usar, pero los serenos por ley no pueden”, afirmó el alcalde de Surco.

A su vez, el congresista Fernando Rospigliosi Capurro (FP), dijo que la utilización de estas armas es peligros ya que no existe control; su colega Roberto Chiabra León (APP), se mostró en contra del proyecto y propuso que las armas letales no deben ser utilizadas por gente que no está preparada para usarlas.

En tanto, el congresista Edwin Martínez Talavera (NA), dijo que los alcaldes deben tomar previsiones para esta ley, y propuso que los serenos deben tener capacitación constante.

El predictamen aprobado debe ser ahora debatido y aprobado en el pleno del Congreso.

La Comisión de Ética aprobó por mayoría el informe final que declara fundada la denuncia contra la parlamentaria Sigrid Bazán Narro, por violar diversos artículos del Código de Ética Parlamentaria y su Reglamento. Asimismo, se recomienda imponerle una amonestación escrita pública.

Calificó al Congreso de ‘delincuencial’

El informe se basa en el Expediente 201-2024-2025/CEP-CR y corresponde a un proceso especial de flagrancia. Esto se debe a que, en enero de este año, la congresista publicó en la red social X un mensaje en el que calificaba al Congreso de la República como «delincuencial», tras la aprobación de un dictamen que devuelve la firma del expresidente Alberto Fujimori a la Constitución de 1993. En el informe se concluye que Bazán Narro no respetó los valores de respeto, tolerancia y responsabilidad al emplear esa expresión, lo cual ofende al Congreso y a todos los congresistas. Además de la amonestación escrita, se recomendó una multa equivalente a 30 días de legislatura.

El cambio en la recomendación final ocurrió debido a una cuestión previa planteada por el congresista Elvis Vergara, quien sugirió que solo se le impusiera una amonestación escrita pública, tal como lo establece el literal b) del artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria. La cuestión previa fue aprobada con 7 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención.

El congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez, insiste en mencionar que ya debe haber adelanto de elecciones generales, ante la creciente inseguridad. El legislador explicó a Exitosa que el Congreso actual «no tiene la fuerza» para enfrentar esta grave problemática. Por lo que, consideró que es mejor irse todos.

«Nosotros seguimos proponiendo lo mismo, vámonos todos de una vez. No podemos, este Congreso no tiene la fuerza y el Ejecutivo menos para hacer y parar. Vámonos todos para que no haya un muerto (…) La decisión era hace dos años cuando dijimos para irnos todos y darle la oportunidad a otro grupo humana para que pare la delincuencia», expresó el congresista.

Asimismo, indicó que el Gobierno de Dina Boluarte tampoco ha demostrado tener las competencias necesarias para poder afrontar esta problemática. Por ello, sostuvo que todos deben de dejar sus cargos y dar la posta a un nuevo grupo de servidores para que atiendan la ola de criminalidad.  Para ello, remarcó que el Ejecutivo tendría que hacer un shock de inversión en materia de seguridad ciudadana para poder adquirir el personal y herramientas necesarias para la lucha contra la criminalidad.

«Nuestra posición siempre ha sido esa (a favor del adelanto) porque analizábamos que el Congreso no tiene la fuerza moral para tomar esas decisiones. No nos queda otra cosa que hacer eso. Por eso nosotros retiramos al de la Mesa Directiva», mencionó.

Podemos votará por censura contra Santiváñez

José Luna Gálvez también anunció que respaldarán la moción de censura contra el cuestionado ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

«Voy a votar por eso (que salga Santiváñez), pero a la vez tenemos que exigir un shock de inversiones. Si no se inyecta dinero, cualquiera que asuma el cargo de ministro del Interior no podrá solucionar el problema. La Policía no tiene bala, uniforme, gasolina, etc. Tenemos que botar a toda esta gente, no solo a Santiváñez (…) El señor Santiváñez debería renunciar, pero eso no soluciona el problema», concluyó el propietario de Podemos Perú.

La Fiscalía de la Nación ya tiene en sus manos material tecnológico con información crucial del teléfono celular que utilizó hasta hace poco la investigada presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, quien por mucho tiempo ocultó que fue sometida a cirugías estéticas en 2023.

La exasistente de Boluarte, Patricia Muriano, habría podido acceder a la cuenta de iCloud de la jefa de Estado, y habría cedido toda la información al Ministerio Público, en coordinación con el expremier Alberto Otárola.

Entre la información recabada según el programa Cuarto Poder, se hallaron mensajes de texto, selfis, un certificado gemológico (determinar la autenticidad de una joya) y detalles sobre una propiedad en Estados Unidos. Entre las capturas del dispositivo móvil se observa el interior de un avión en el que viajaba, el estado postoperatorio de la rinoplastia que se realizó, a su hermano Nicanor Boluarte acariciando a un gato negro, un altar religioso de Chalhuanca, su tierra natal de Apurímac, y otros detalles de la vida cotidiana.

Con respecto a la imagen de un certificado gemológico, este corresponde a dos pequeños diamantes con un peso total de 0.06 quilates. Justamente, la joyería que emite estos certificados está ubicada cerca del Palacio de Gobierno.

Chats de amor

Asimismo, el iPhone entregado al Ministerio Público registra conversaciones de WhatsApp entre la presidenta Boluarte y un interlocutor identificado como “JOS”. El sujeto en mención sería el expresidente del Club Departamental Apurímac y exalcalde de La Victoria, Juan Olazábal Segovia. Según el informe periodístico, Fiscalía investiga si esta persona habría obtenido ‘beneficios indebidos’ por su cercanía con Boluarte Zegarra, lo cual constituiría un delito. No obstante, parte de la familia de Olazábal Segovia, sí ha mantenido contratos con el Estado.

En una de las conversaciones con JOS, la presidenta de la República escribió: “Amor, llamé y no respondes. Hasta mañana, descansa, te amo”. Sin embargo, después llegó la respuesta de JOS: “Amor, buenos días. Esperé (…) y ya me quedé dormido”. Luego continuaron los mensajes, pero con intentos fallidos de comunicación por la mañana: “Amor, hola, buen día. Te estoy llamando. ¿Te has vuelto a dormir? Tu celular está apagado», “Hola amor, prende y apaga tu celular para reiniciar. Aparece como apagado”.

La casa de Estados Unidos

Asimismo, según el informe periodístico, en el celular de la mandataria se halló un correo electrónico enviado el 11 de junio de 2024, a las 14:05 horas. El mensaje viene de una empresa inmobiliaria norteamericana y está dirigido al ciudadano Kurt Deutchle y en él se menciona un pago de garantía de $2,000 dólares relacionado con una propiedad ubicada en “2254 Beechcreek Avenue, Cincinnati, Ohio”. Curiosamente, al mes siguiente, en julio de 2024, la casa le fue transferida a Deutchle por $439,000 dólares.

En el podcast de Lima Gris, Edwin Cavello tuvo como invitado al congresista Guido Bellido Ugarte. El expremier habló fuerte sobre el crimen del Real Plaza Trujillo, la crisis del Gobierno, la posible vacancia de Dina Boluarte, la continuidad del ministro Santiváñez y sobre el papel de la bancada Podemos en el parlamento.

Además, dio detalles de la visita que realizó al expresidente Pedro Castillo en el penal Barbadillo. Y nos contó sobre el partido Pueblo Consciente, con el que aspiraría postular a la presidencia de la República.

Aquí el podcast completo.

Y pensar que aún existen ‘padres de la Patria’ que continúan defendiéndolo ciegamente. El ex presidente de la República Pedro Castillo Terrones continúa siendo reticente con la justicia y ahora ya ni siquiera quiere salir de su celda en el penal de Barbadillo. Al respecto, ya los médicos legistas le han examinado en reiteradas ocasiones concluyendo que su salud es estable y que no existen impedimentos para su ausencia en la sala del juicio.

Pese a sus constantes evasivas, la sexta audiencia se reanudó a las 9 de la mañana de manera con la presencia de la Fiscalía y la defensa legal de ex presidente chotano, y cerca de las 10 de la mañana la audiencia entró en un breve receso para citar al director del penal de Barbadillo para que informe sobre la situación del acusado de perpetrar un golpe de Estado.

En tanto, para la audiencia de hoy los jueces de la Sala Penal Especializada de la Corte Suprema han citado a cuatro testigos de la Fiscalía. Estos son: Manuel Gómez de la Torre, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Andrés Salas, ex viceministro del Ministerio de Defensa; Alberto Alcalá, ex comandante general de la Marina; y Walter Córdova, ex comandante general del Ejército.

Cabe recordar que el ex presidente Castillo Terrones viene siendo acusado de perpetrar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.La Fiscalíasolicita 34 años de prisión preventiva por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad. También son acusados por rebelión los exministros Betssy Chávez (25 años), Aníbal Torres (15 años) y Willy Huerta (25 años), así como los policías Manuel Lozada (25 años) y Jesús Venero (25 años).

Desde Palacio de Gobierno las mentiras van creciendo, algunas mentiras tienen argumentos tecnológicos como inteligencia artificial. Otras mentiras, desde la boca de los propios ministros se dice que los selfies de la presidenta Dina Boluarte han sido intervenidas con Photoshop. Queda claro que ante de la desesperación de un posible pedido de vacancia el gobierno con Dina a la cabeza, entra en trompo.

Desde el Ministerio Público se ha confirmado que la mandataria tiene 34 carpetas fiscales. Los casos que más preocupa a Palacio de Gobierno son las denuncias por el caso Rolex, la intromisión de Nicanor Boluarte en el gobierno y las cirugías estéticas que Dina Boluarte se realizó abandonando su cargo de presidenta.

A pesar de los hechos y las pruebas que confirmarían algunos delitos, desde sillón presidencial se insiste en mantener el rostro de la impunidad.

En este podcast Edwin Cavello y Luis Felipe Alpaca desarrollan todos los detalles.