El congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez, insiste en mencionar que ya debe haber adelanto de elecciones generales, ante la creciente inseguridad. El legislador explicó a Exitosa que el Congreso actual «no tiene la fuerza» para enfrentar esta grave problemática. Por lo que, consideró que es mejor irse todos.

«Nosotros seguimos proponiendo lo mismo, vámonos todos de una vez. No podemos, este Congreso no tiene la fuerza y el Ejecutivo menos para hacer y parar. Vámonos todos para que no haya un muerto (…) La decisión era hace dos años cuando dijimos para irnos todos y darle la oportunidad a otro grupo humana para que pare la delincuencia», expresó el congresista.

Asimismo, indicó que el Gobierno de Dina Boluarte tampoco ha demostrado tener las competencias necesarias para poder afrontar esta problemática. Por ello, sostuvo que todos deben de dejar sus cargos y dar la posta a un nuevo grupo de servidores para que atiendan la ola de criminalidad.  Para ello, remarcó que el Ejecutivo tendría que hacer un shock de inversión en materia de seguridad ciudadana para poder adquirir el personal y herramientas necesarias para la lucha contra la criminalidad.

«Nuestra posición siempre ha sido esa (a favor del adelanto) porque analizábamos que el Congreso no tiene la fuerza moral para tomar esas decisiones. No nos queda otra cosa que hacer eso. Por eso nosotros retiramos al de la Mesa Directiva», mencionó.

Podemos votará por censura contra Santiváñez

José Luna Gálvez también anunció que respaldarán la moción de censura contra el cuestionado ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

«Voy a votar por eso (que salga Santiváñez), pero a la vez tenemos que exigir un shock de inversiones. Si no se inyecta dinero, cualquiera que asuma el cargo de ministro del Interior no podrá solucionar el problema. La Policía no tiene bala, uniforme, gasolina, etc. Tenemos que botar a toda esta gente, no solo a Santiváñez (…) El señor Santiváñez debería renunciar, pero eso no soluciona el problema», concluyó el propietario de Podemos Perú.

La Fiscalía de la Nación ya tiene en sus manos material tecnológico con información crucial del teléfono celular que utilizó hasta hace poco la investigada presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, quien por mucho tiempo ocultó que fue sometida a cirugías estéticas en 2023.

La exasistente de Boluarte, Patricia Muriano, habría podido acceder a la cuenta de iCloud de la jefa de Estado, y habría cedido toda la información al Ministerio Público, en coordinación con el expremier Alberto Otárola.

Entre la información recabada según el programa Cuarto Poder, se hallaron mensajes de texto, selfis, un certificado gemológico (determinar la autenticidad de una joya) y detalles sobre una propiedad en Estados Unidos. Entre las capturas del dispositivo móvil se observa el interior de un avión en el que viajaba, el estado postoperatorio de la rinoplastia que se realizó, a su hermano Nicanor Boluarte acariciando a un gato negro, un altar religioso de Chalhuanca, su tierra natal de Apurímac, y otros detalles de la vida cotidiana.

Con respecto a la imagen de un certificado gemológico, este corresponde a dos pequeños diamantes con un peso total de 0.06 quilates. Justamente, la joyería que emite estos certificados está ubicada cerca del Palacio de Gobierno.

Chats de amor

Asimismo, el iPhone entregado al Ministerio Público registra conversaciones de WhatsApp entre la presidenta Boluarte y un interlocutor identificado como “JOS”. El sujeto en mención sería el expresidente del Club Departamental Apurímac y exalcalde de La Victoria, Juan Olazábal Segovia. Según el informe periodístico, Fiscalía investiga si esta persona habría obtenido ‘beneficios indebidos’ por su cercanía con Boluarte Zegarra, lo cual constituiría un delito. No obstante, parte de la familia de Olazábal Segovia, sí ha mantenido contratos con el Estado.

En una de las conversaciones con JOS, la presidenta de la República escribió: “Amor, llamé y no respondes. Hasta mañana, descansa, te amo”. Sin embargo, después llegó la respuesta de JOS: “Amor, buenos días. Esperé (…) y ya me quedé dormido”. Luego continuaron los mensajes, pero con intentos fallidos de comunicación por la mañana: “Amor, hola, buen día. Te estoy llamando. ¿Te has vuelto a dormir? Tu celular está apagado», “Hola amor, prende y apaga tu celular para reiniciar. Aparece como apagado”.

La casa de Estados Unidos

Asimismo, según el informe periodístico, en el celular de la mandataria se halló un correo electrónico enviado el 11 de junio de 2024, a las 14:05 horas. El mensaje viene de una empresa inmobiliaria norteamericana y está dirigido al ciudadano Kurt Deutchle y en él se menciona un pago de garantía de $2,000 dólares relacionado con una propiedad ubicada en “2254 Beechcreek Avenue, Cincinnati, Ohio”. Curiosamente, al mes siguiente, en julio de 2024, la casa le fue transferida a Deutchle por $439,000 dólares.

En el podcast de Lima Gris, Edwin Cavello tuvo como invitado al congresista Guido Bellido Ugarte. El expremier habló fuerte sobre el crimen del Real Plaza Trujillo, la crisis del Gobierno, la posible vacancia de Dina Boluarte, la continuidad del ministro Santiváñez y sobre el papel de la bancada Podemos en el parlamento.

Además, dio detalles de la visita que realizó al expresidente Pedro Castillo en el penal Barbadillo. Y nos contó sobre el partido Pueblo Consciente, con el que aspiraría postular a la presidencia de la República.

Aquí el podcast completo.

Y pensar que aún existen ‘padres de la Patria’ que continúan defendiéndolo ciegamente. El ex presidente de la República Pedro Castillo Terrones continúa siendo reticente con la justicia y ahora ya ni siquiera quiere salir de su celda en el penal de Barbadillo. Al respecto, ya los médicos legistas le han examinado en reiteradas ocasiones concluyendo que su salud es estable y que no existen impedimentos para su ausencia en la sala del juicio.

Pese a sus constantes evasivas, la sexta audiencia se reanudó a las 9 de la mañana de manera con la presencia de la Fiscalía y la defensa legal de ex presidente chotano, y cerca de las 10 de la mañana la audiencia entró en un breve receso para citar al director del penal de Barbadillo para que informe sobre la situación del acusado de perpetrar un golpe de Estado.

En tanto, para la audiencia de hoy los jueces de la Sala Penal Especializada de la Corte Suprema han citado a cuatro testigos de la Fiscalía. Estos son: Manuel Gómez de la Torre, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Andrés Salas, ex viceministro del Ministerio de Defensa; Alberto Alcalá, ex comandante general de la Marina; y Walter Córdova, ex comandante general del Ejército.

Cabe recordar que el ex presidente Castillo Terrones viene siendo acusado de perpetrar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.La Fiscalíasolicita 34 años de prisión preventiva por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad. También son acusados por rebelión los exministros Betssy Chávez (25 años), Aníbal Torres (15 años) y Willy Huerta (25 años), así como los policías Manuel Lozada (25 años) y Jesús Venero (25 años).

Desde Palacio de Gobierno las mentiras van creciendo, algunas mentiras tienen argumentos tecnológicos como inteligencia artificial. Otras mentiras, desde la boca de los propios ministros se dice que los selfies de la presidenta Dina Boluarte han sido intervenidas con Photoshop. Queda claro que ante de la desesperación de un posible pedido de vacancia el gobierno con Dina a la cabeza, entra en trompo.

Desde el Ministerio Público se ha confirmado que la mandataria tiene 34 carpetas fiscales. Los casos que más preocupa a Palacio de Gobierno son las denuncias por el caso Rolex, la intromisión de Nicanor Boluarte en el gobierno y las cirugías estéticas que Dina Boluarte se realizó abandonando su cargo de presidenta.

A pesar de los hechos y las pruebas que confirmarían algunos delitos, desde sillón presidencial se insiste en mantener el rostro de la impunidad.

En este podcast Edwin Cavello y Luis Felipe Alpaca desarrollan todos los detalles.

Tras varios meses de permanecer en la clandestinidad, el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, se entregó a la justicia norteña y mientras se acercaba junto a sus abogados a los exteriores de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, optó por grabarse mientras refería que «ahora sí existirían garantías para su caso».

El burgomaestre suspendido llegó con su portátil hasta el interior del Poder Judicial de La Libertad, sede de Natasha Alta, y mientras grababa el momento, iba compartiéndolo   en las redes con sus simpatizantes, asegurando que se “pondría a derecho con la justicia” debido a que han cambiado de juez, al parecer, «en todas sus investigaciones que se le sigue en contra».

«Nos encontramos aquí en Trujillo. Como ustedes verán me encuentro en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, donde hay jueces probos y me han dicho que ya no está la jueza, entonces estamos aquí. Estoy sano y ya no está la jueza Pajares, ahora hay más garantías», aseveró Fernández Bazán, quien, tras varios meses de encontrarse en situación de prófugo, tomó la decisión de ponerse a derecho.

Motores apagados hasta nuevo aviso. Si el peruano es mayoritariamente informal, ocasionando desorden y caos, desde la otra orilla que supuestamente es formal, llámese consorcios o grandes empresas la historia no es tan distinta. Muchas veces una obra puede durar meses y hasta incluso años es ser terminada gracias a las famosas adendas. Para ejemplos hay varios como el de la Línea 1 y 2 del Metro, donde la primera tuvimos que esperar varios años y la segunda sigue el mismo camino. Ahora, con el nuevo aeropuerto Jorge Chávez no hay fecha cierta para que empiece a operar, replicando la historia de las denominadas grandes obras presentadas con bombos y platillos, pero a la hora pocas son las autoridades que quieren salir en la foto.

Por tercera vez consecutiva se suspende la inauguración del mencionado aeropuerto, descartándose que sus operaciones arranquen el próximo 30 de marzo.

Así lo anunció ayer por la tarde el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, en conferencia de prensa tras confirmar que aún faltan realizar más pruebas al nuevo terminal aéreo para asegurar sus competencias.

“Para el 30 de marzo, Lima Airport Partners (LAP) no contará con el certificado de aeródromo ni con el de Osinergmin. Aún no se han ejecutado todas las pruebas necesarias. En cuanto a la labor de Osinergmin, se han realizado varias pruebas, pero aún quedan pendientes algunas, como la de detección de fallas y fugas cuando el avión recargue petróleo. A la fecha, no tenemos certeza de que estas pruebas se resuelvan dentro de los próximos 15 días”, manifestó el responsable del MTC.

“En materia de infraestructura, el aeropuerto está construido al 99.5 %. Se ha observado que todavía hay una serie de deficiencias que corregir. Esta es la razón por las que justamente consideramos que no se puede emitir el Certificado de Operaciones y Servicios Aeroportuarios”, agregó.

Cabe recordar que en principio LAP había anunciado que a inauguración del nuevo terminal aéreo se llevaría a cabo el 18 de diciembre de 2024. Sin embargo, esto fue posteriormente postergada al 29 de enero de 2025.

En tanto, el ministro Pérez Reyes no pudo brindar una nueva fecha de inicio ya que no depende del MTC, sino de que LAP subsane las observaciones críticas identificadas y cumpla todos los requisitos.

“No queremos poner una nueva fecha, porque la fecha anterior la pusimos en común acuerdo con toda la industria. Así, hicimos una estimación de los plazos, es claro que estos compromisos no fueron cumplidos del todo por quien correspondía hacerlo”, sostuvo.

La Defensoría del Pueblo ha solicitado formalmente a la Presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, al Presidente del Consejo Ministros y al Ministro del Interior los documentos técnicos que sustenten la anuncia declaratoria de emergencia para Lima y Callao.

La institución ha manifestado su preocupación por la creciente ola de extorsiones y sicariato en el país, pero ha subrayado que las medidas de excepción previamente dictadas no han tenido un impacto significativo en la reducción de estos delitos. Ejemplo de ello son los recientes estados de emergencia en diversas provincias, que no han logrado frenar el avance del crimen organizado ni de la delincuencia común.

“Para nuestra institución, la seguridad ciudadana constituye una línea prioritaria de intervención, toda vez que, si no es debidamente garantizada y protegida por el Estado conforme al mandato expreso que estipula el artículo 44 de la Constitución, se afecta y pone en riesgo el ejercicio de una serie de derechos de primer orden, como: a la vida, la libertad, la propiedad, la salud, la integridad, entre otros. Además, se debilita la institucionalidad, obstaculizando el progreso y el crecimiento socioeconómico de la nación”, indica el Defensor del Pueblo en su petitorio.

Asimismo, se reiteró la necesidad de una política de seguridad que priorice la prevención y protección de niños y adolescentes, en lugar de propuestas como la pena de muerte o la reducción de la edad de responsabilidad penal a los 16 años, medidas que fueron calificadas como «populistas».

Es así que la Defensoría ha solicitado la destitución inmediata de funcionarios corruptos en la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario, quienes han facilitado la infiltración de redes criminales en dichas instituciones. 

Además, exhortó a los distintos poderes del Estado a trabajar de manera conjunta para implementar estrategias efectivas y sostenibles contra la delincuencia, tras múltiples tragedias que el país está sometido.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la unidad nacional para articular esfuerzos en la lucha contra la inseguridad ciudadana y devolver la tranquilidad a la población.