La designación de Gino Ríos Patio como representante del Ministerio Público ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha generado una ola de indignación. No solo por su perfil político, sino porque Ríos Patio posee una sentencia consentida por violencia familiar y maltrato psicológico. A pesar de ello, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ha salido a respaldar su nombramiento, minimizando los antecedentes y colocando el foco únicamente en la legalidad del proceso. Pero ¿es suficiente cumplir con los requisitos formales para ocupar un cargo de esa envergadura? ¿Dónde queda el estándar ético?

Josué Gutiérrez ha sostenido que “no existe impedimento legal” para que Ríos integre la JNJ, órgano que evalúa y sanciona a jueces y fiscales. Su argumento se ancla en la literalidad de la norma, ignorando el mensaje institucional que se envía con este tipo de nombramientos. La violencia de género no es una falta menor. Es un delito que carcome los cimientos de la confianza ciudadana en sus instituciones. El silencio cómplice, o peor aún, la defensa activa de figuras como Ríos, erosiona aún más esa credibilidad.

El rol de la Defensoría del Pueblo no es el de interpretar la ley con frialdad técnica. Su misión es más alta: velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. En ese marco, la actitud de Josué Gutiérrez no solo resulta desconcertante, sino incompatible con los principios de la institución que representa. ¿Qué señal se le da a las víctimas de violencia familiar cuando quien debe protegerlas avala a un sentenciado por ejercerla?

La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué esta férrea defensa a Gino Ríos? ¿Es acaso un simple acto de lealtad política? ¿O hay un cálculo detrás para garantizar el control de un órgano clave como la JNJ? Lo cierto es que la obstinación de Gutiérrez no respondería al mandato de la ciudadanía, sino a intereses oscuros aún no del todo develados.

Al defender lo indefendible, Josué Gutiérrez no solo desnaturaliza el rol de la Defensoría del Pueblo. Se coloca, paradójicamente, del lado contrario al que juró defender: el del poder que protege al agresor.

En esta mesa hay sitio para todos, y nadie se quiere quedar afuera en el último año. La mañana de ayer se reunieron los congresistas del Bloque Democrático Popular. Al término del encuentro, el nuevo vocero, Edgar Reymundo, dijo que la bancada evalúa presentar una tercera lista y que habrá otra sesión el jueves.

El principal promotor de esa lista sería el legislador Carlos Zeballos, quien deberá explicar a más tardar el jueves la eventual composición de la fórmula que pretende impulsar. De esa manera quedaría descartado cualquier tipo de apoyo a la lista conformada por el parlamentario José Cueto. Una razón es que Cueto apoyó la aprobación de la ley de amnistía para militares y policías procesados.

«Estamos en sesión permanente, recibiendo información de distintas reuniones. Aún no hemos tomado una decisión final», señaló Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular.

La Bancada Socialista, otra agrupación de izquierda, también formaría parte de la fórmula y con ello sumarían 10 votos (5 del Bloque Democrático Popular y 5 de la Bancada Socialista). A ellos se sumarían algunos congresistas no agrupados, con lo cual buscarían consolidar una alternativa distinta a las opciones ya anunciadas.

En tanto, el candidato con más opciones de presidir la Mesa Directiva, José Jerí, fue ratificando recientemente por su bancada Somos Perú. Él cuenta con el apoyo de Somos Perú (9), Fuerza Popular (21), Alianza Para el Progreso (17) y Perú Libre (11). Los cuatro grupos parlamentarios suman 58 votos.

Cabe mencionar que la elección se gana con 66 votos en primera vuelta.

El dato:

Las bancadas del Bloque Democrático Popular (5), Bancada Socialista (5), JP (8), Acción Popular (9) y Avanza País (6) tienen 33 congresistas, cifra considerable para las aspiraciones de José Cueto, quien cuenta con el apoyo de su bancada Honor y Democracia (5), Renovación Popular (11) y Podemos Perú (13). En total, suman 29 votos.

El programa «Cuarto Poder» denunció el domingo 20 que la designación del presidente de EsSalud estaba mal realizada debido a una serie de inconsistencias que se habrían encontrado en la contratación del doctor Segundo Acho Mego. Éstas obedecerían a que no cuenta con la experiencia para ocupar cargos de importancia y que no acredita haber ocupado cargos similares ni en el sector público ni en el privado.

Según se puede leer: «(…) Un informe oficial reveló que los documentos presentados por el presidente de EsSalud, Segundo Acho Mego, para asumir el cargo, carecen de sustento. La Contraloría determinó que los certificados laborales no cuentan con contratos, recibos de pago u otros elementos que acrediten efectivamente su experiencia previa en cargos directivos, requisito indispensable para ocupar la presidencia ejecutiva del Seguro Social de Salud (…)»

Un alto funcionario de la mismísima Contraloría nos explicó que este tipo de informes posteriores contravienen la Ley de Control, porque no precisan responsabilidades. Este tipo de informes fue aprobado mediante una directiva que se dio en la poca de Nelson Schack Yalta como Contralor General —una de las tantas «perlas raras» que nos dejó aquel funcionario de control, de cuyo recuerdo solo quedan unos zapatitos rojos y un puesto de Contralor al que no dio la talla, porque durante su patético paso por la CGR se la pasó  jugando con números y anunciando astronómicos montos que el país perdía como consecuencia de la corrupción generalizada en el Estado, pero no logró denunciar ni un solo caso emblemático que terminara con los mentados funcionarios procesados y pagando larga condena tras las rejas. Así no juega Perú, «samurai».

LO CURIOSO DE TODO ESTO, ES QUE EL ACTUAL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA CÉSAR AGUILAR Y SUS FUNCIONARIOS, EN VEZ DE CORREGIR LOS ERRORES QUE SE COMETIERON EN EL PASADO, SIGUEN COMETIÉNDOLOS CON UNA TERQUEDAD EQUINA, CONTRAVINIENDO LA LEY GENERAL DE CONTROL. CON RAZON LOS FUNCIONARIOS A QUIENES SE LES ABRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, AL RECURRIR A LA VIA JUDICIAL SALEN BIEN LIBRADOS, POR LA INCAPACIDAD QUE EXISTE EN LA PROPIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA HACER SU TRABAJO COMO DIOS MANDA. BIEN DICEN POR AHÍ QUE LA PRIMERA METIDA DE PATA (O SEA, EN LA GESTIÓN DEL «SAMURAI» FUE UNA TRAGEDIA. PERO SU REITERACIÓN CON CONNOCIMIENTO DE CAUSA EN LA ACTUAL CONTRALORÍA, YA RESULTA UNA ABSURDA, RIDÍCULA COMEDIA DE MAL GUSTO, PAGADA CON EL DINERO DE TODOS LOS PERUANOS.

INCONGRUENCIAS EN LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, O UNA PANTOMIMA PARA ENGAÑAR INCAUTOS

El artículo 10 de la Ley 27785, Ley del Sistema Nacional de Control, establece claramente que las acciones de control deben culminar en informes orientados al mejoramiento de la gestión de las entidades públicas, incluyendo el señalamiento de responsabilidades cuando corresponda. Sin embargo, crecen las interrogantes sobre el servicio conocido como Acción de Oficio Posterior (AOP), ejecutado actualmente por la Contraloría General de la República.

Especialistas advierten que la AOP no se estaría ajustando a los lineamientos de su propia Ley Orgánica. Según la normativa vigente, toda acción de control debe tener un fin preventivo, correctivo o sancionador. No obstante, diversas instituciones y expertos denuncian que la AOP se limita a reportes descriptivos sin efectos vinculantes ni el debido señalamiento de responsabilidades. Un claro ejemplo de ello es el caso ya explicado del actual presidente ejecutivo de EsSalud.

Si los informes no contribuyen a corregir las deficiencias ni sancionar a los responsables, entonces ¿cuál sería el verdadero propósito de estas acciones? Las opiniones están encontradas. Algunos sostienen que la CGR estaría pecando de ingenua y lerda, pues resulta una reverenda estulticia continuar aplicando la AOP sin corrección alguna. Otros, en cambio, sostienen que aquí habría gato encerrado, pues el uso excesivo de la AOP estaría orientado —así dicen los mal pensados— a crear una apariencia de control, sin asumir compromisos efectivos frente a la corrupción o la ineficiencia. En buen romance, se estarían pasando de pendeivis.

La pregunta queda abierta: ¿La Acción de Oficio Posterior se ha convertido en un mecanismo sin impacto real o responde a otros fines menos claros? Las malas lenguas dicen que todo indicaría de que se trataría de puro fufurufu. o sea, bulla y puro humo para las tribunas, porque la verdad de la milanesa sería que se trata de meras acciones de control sin filo, con balas de salva y con armas de utilería: pura pantomima que no denuncia a nadie y que no pasa de ser un PATÉTICO simulacro de control. Andáaa.

DENUNCIAN QUE CONGRESISTA ROBERTO SANCHEZ POR HABER CONTRATADO A SOBRINO, EL HOY PRESO Y EX PRESIDENTE PEDRO CASTILLO

Esta semana la prensa denunció la contratación de Gian Marco Castillo Gómez, sobrino del ex presidente Pedro Castillo, en el despacho del parlamentario Roberto Sánchez. Castillo Gómez ocupa el cargo de coordinador en el equipo del legislador y percibe un salario mensual de S/ 3,146.

Sus funciones comprenden el seguimiento de información económica y social, así como el monitoreo de medios y sectores estratégicos. Lo que no entendemos es cómo, habiendo tanto profesionales en el partido Juntos por el Perú, se tiene que contratar a una persona que sin mérito y que incluso en algún momento fue cuestionado por supuestamente estar involucrado en el caso Sarratea, hoy labora en el despacho del congresista Roberto Sánchez.

En declaraciones a la prensa, el congresista Roberto Sánchez dijo lo siguiente «(…) El derecho al trabajo es una prerrogativa de cualquier ciudadano y, si cumple los requisitos, es absolutamente lícito y correcto (…)», sostuvo el legislador.

AQUÍ VEMOS UN NUEVO CASO EN EL QUE LAS CONTRATACIONES EN EL CONGRESO PARECEN QUE SE HACEN SIN LA DEBIDA MERITOCRACIA, PUES PARECE QUE TODO SE HACE POR UNA SIMPLE RECOMENDACIÓN. ¿ES QUÉ ACASO NO HAY PROFESIONALES EN EL PARTIDO QUE HOY LIDERA ROBERTO SÁNCHEZ? NO SÓLO LOS PARTIDOS DE DERECHA ABUSAN DE ESA PRERROGATIVA EN EL PARLAMENTO. TAMBIÉN LO HACEN LOS ROJOS. LOS ELECTORES YA ESTAMOS ADVERTIDOS PARA ELEGIR EN EL 2026.

REGIDORES BAJO SOSPECHA EN SAN BORJA: DENUNCIAN CONTRATACIONES IRREGULARES Y ASESORÍA DE FUNCIONARIO ACUSADO DE VIOLENCIA. PARA EL 2025 SE PLANEA UN GASTO DE S/800,000 PESE A LA FALTA DE RESULTADOS EN CONTRATACIONES PREVIAS

La fiscalización en el municipio de San Borja ha sido puesta en tela de juicio tras revelarse que un grupo de regidores, asesorados por un funcionario con antecedentes de violencia contra mujeres y altercados en la vía pública, habrían impulsado contrataciones por montos de S/20,000, S/30,000 y hasta S/40,000, sin que se reporten beneficios concretos para la administración municipal.

La situación ha generado indignación entre los ciudadanos y trabajadores del municipio, al descubrirse que, pese a los resultados nulos de estas contrataciones, para el año 2025 se pretende continuar con este tipo de gastos, esta vez por un monto que alcanzaría los S/800,000.

El funcionario que funge como asesor de los regidores enfrenta denuncias por agresión física a mujeres y comportamiento violento en espacios públicos. A pesar de ello, ha influido activamente en las decisiones sobre a quién contratar, vulnerando principios de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Los regidores implicados han justificado su accionar en su labor de fiscalización. Sin embargo, esto ha generado una ola de críticas. “¿Quién fiscaliza a los fiscalizadores?”, se preguntan vecinos y representantes sociales, ante el silencio del alcalde.

Hasta ahora, el despacho del alcalde Álvarez no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas denuncias. La ciudadanía exige explicaciones y acciones inmediatas para frenar lo que califican como “un derroche institucionalizado”.

ORGANIZACIONES CIVILES Y MEDIOS LOCALES ESTÁN SOLICITANDO QUE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGUEN ESTAS CONTRATACIONES, ASÍ COMO EL PAPEL DEL ASESOR CUESTIONADO. LA COMUNIDAD ESPERA QUE LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN USO DEL DINERO PÚBLICO PREVALEZCAN SOBRE LOS INTERESES PERSONALES Y POLÍTICOS. ESPERAMOS QUE LA CONTRALORIA SE DEJE DE REALIZAR INFORMES CON BALAS DE SALVA Y META PRECIOSOS A ESOS ALADINES QUE SON MÁS CORRUPTOS QUE LOS DELINCUENTES QUE FUERON CRUCIFICADOS JUNTO A NUESTRO SEÑOR JESÚS. AMÉN.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, enfrenta una situación judicial que pone en jaque su permanencia al frente de la institución. El Ministerio Público ha solicitado su suspensión del cargo por 18 meses, en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su gestión como jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa, en 2020. Aunque el alto oficial ha intentado mantenerse en silencio frente al escándalo, los testimonios, documentos y transferencias financieras que obran en la carpeta fiscal dibujan un panorama complejo y preocupante.

Un historial con antecedentes y controversias

Zanabria no es un desconocido para la polémica. Su gestión ha estado marcada por decisiones controversiales, como la compra millonaria de lujosos vehículos Audi para uso de altos mandos policiales, cuestionados por su alto costo en un contexto de austeridad estatal. Más recientemente, videos difundidos en redes sociales donde aparece bailando ‘perreo’ con una joven suboficial (de 2da) en un evento social y con quien luego viajó a Colombia, alimentaron aún más las críticas sobre su conducta pública. Sin embargo, las acusaciones que hoy enfrenta lo colocan en una posición mucho más comprometida: no se trata de formas, sino de posibles delitos graves contra la administración pública.

Acusaciones desde Arequipa: policías convertidos en obreros

Según el Ministerio Público, mientras Zanabria dirigía la región policial de Arequipa, habría ordenado utilizar a suboficiales para trabajos de construcción, electricidad y albañilería dentro del complejo policial, todo ello durante su horario laboral y bajo la fachada de supuestas tareas de patrullaje. La fiscalía sostiene que estas acciones configuraron una desviación ilícita de funciones y una posible apropiación indebida de recursos públicos.

Seis suboficiales han brindado su testimonio bajo condición de reserva, asegurando que fueron forzados a abandonar labores de seguridad ciudadana para realizar trabajos físicos, como remodelaciones de patios, fachadas y ambientes internos del cuartel policial. Esta denuncia se sustenta, además, en registros oficiales donde dichos policías aparecían asignados al patrullaje mientras, en la práctica, eran empleados como mano de obra.

El testimonio que compromete a Zanabria

Una de las declaraciones más relevantes en el expediente proviene de la mayor PNP Claudia del Castillo, quien se desempeñaba como jefa del Escuadrón Verde en Arequipa. Según indicó ante la Fiscalía, fue el propio Víctor Zanabria quien le instruyó reclutar personal técnico para las obras internas, bajo el encubrimiento de labores policiales regulares.

Más aún, un maestro de obras identificado como Claver Colquehuanca, quien participó en las remodelaciones, declaró haber recibido pagos por montos muy superiores a los inicialmente pactados. Al consultar por la diferencia, habría recibido instrucciones directas de Zanabria para cobrar el total y luego entregarle el excedente en efectivo. Este dato, sumado a movimientos bancarios registrados entre el maestro de obras Colquehuanca y otros funcionarios de la región policial, como el operador logístico (SS PNP) Rolando Rodríguez Bilbao, refuerza la hipótesis fiscal de una presunta red de malversación.

Documentos que no cuadran

La investigación fiscal incluye órdenes de servicio, actas de conformidad y comprobantes de pago que presentan inconsistencias y, en algunos casos, carecen de respaldo legal. La ejecución de las obras, que incluyó trabajos como el revestimiento de fachadas con piedra laja o la construcción de un cenotafio, no habría seguido ningún procedimiento de licitación o contrato formal. Para la Fiscalía, esto evidencia una actuación coordinada para encubrir el desvío de recursos públicos, bajo el aparente control del entonces jefe regional Víctor Zanabria.

Fundamento legal del pedido de suspensión

El fiscal Arturo Marcos Valencia Paiva, a cargo del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Arequipa, ha solicitado al Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria que se imponga la suspensión del cargo a Zanabria por un periodo de 18 meses. El pedido se ampara en el artículo 297, inciso 1, del Código Procesal Penal, que permite la suspensión de funciones cuando existe riesgo de reiteración delictiva o si el cargo facilita la continuación del delito.

En este caso, los presuntos delitos son peculado doloso y abuso de autoridad, ambos con penas que contemplan inhabilitación y cárcel efectiva. La suspensión no implica una condena, pero sí impediría que Zanabria ejerza poder institucional mientras la investigación avanza.

Silencio estratégico y defensa en curso

Hasta el momento, el comandante general no ha ofrecido una declaración pública detallada sobre el pedido fiscal. En declaraciones anteriores, negó haber ordenado tareas fuera del reglamento y defendió su gestión como orientada al fortalecimiento institucional. Fuentes cercanas aseguran que se encuentra preparando su defensa junto a su equipo legal, aunque su permanencia en el cargo depende ahora de la decisión judicial.

Implicancias institucionales y políticas

Si el Poder Judicial aprueba la medida solicitada, la Policía Nacional deberá reorganizar su cúpula de forma inmediata. La salida de Zanabria, en medio de un escándalo de corrupción, tendría efectos no solo operativos, sino también políticos, dada la cercanía del comando policial con el Ministerio del Interior y la Presidencia del Consejo de Ministros.

El caso también involucra a otros altos mandos regionales, como los coroneles Francis Alarcón Gallegos y Luis Cancela Roggero, además de varios suboficiales responsables de logística. La Fiscalía investiga su rol en la ejecución de obras sin concursos públicos, en un esquema que podría configurar colusión agravada y negociación incompatible.

Más allá de Zanabria: un síntoma estructural

Este nuevo escándalo revela, una vez más, cómo el poder dentro de las instituciones del Estado puede ser utilizado para fines personales o ilegales, incluso en organismos encargados de hacer cumplir la ley. La Policía Nacional del Perú, golpeada por problemas de legitimidad, se ve nuevamente envuelta en un proceso que pone en entredicho su ética institucional.

La decisión final queda ahora en manos del Poder Judicial. Pero, más allá del caso individual de Zanabria, el país enfrenta una pregunta de fondo: ¿qué controles fallaron para que esto ocurriera y cómo evitar que se repita?

Y cómo lo hace, cuál es el negocio. Qué buena vida la de algunos alcaldes que les gusta realizar Tiktoks empleando su tiempo y personal de su municipalidad, hacer transmisiones en vivo en sus redes sociales con conocidos streamers o youtubers, pero ignorando que a tan solo unas cuadras cientos de ambulantes invadan las calles de su jurisdicción, o de celebrar su cumpleaños a todo dar, pero sin dar mayores explicaciones sobre cómo se ha financiado todo ese derroche de dinero.

El polémico alcalde de Comas, Ulises Villegas, se encuentra envuelto nuevamente en una polémica tras anunciar que tiene previsto realizar un megaevento con motivo de sus 50 años de vida y para ello tiene en mente convocar a una estela de orquestas musicales para este 28 de julio en el estadio Musga.

De acuerdo a la publicidad, el evento será gratuito y estará abierto al público. Entre los artistas confirmados figuran Deyvis Orosco, Grupo Guinda, La Bella Luz, Chechito, Toño Centella, Sonia Morales y La Única Tropical.

Panamericana Televisión intentó comunicarse con el alcalde para tener mayor conocimiento sobre el financiamiento de este evento y si es que se utilizarán recursos del Municipio, sin embargo, no se encontró un pronunciamiento oficial de parte del alcalde Villegas.

Sentenciado por colusión

En abril de este año, Villegas fue condenado en primera instancia a seis años de prisión por el delito de colusión agravada. El fallo, emitido por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, se relaciona con su gestión anterior como funcionario de la Municipalidad de Independencia.

La sentencia señala que la autoridad, junto a otros exfuncionarios, autorizó la entrega de la obra “Mejoramiento de vías de la prolongación Santa Rosa y pasaje De la Cruz” pese a que no estaba concluida. Esta decisión ocasionó un perjuicio económico al Estado.

También fueron condenados Rubén Jiménez (exgerente municipal), Elizabeth Espinoza (exgerente de Infraestructura), Pedro Ancajima (ingeniero de planta) y César Cervantes (supervisor de obra). Todos fueron considerados coautores del delito. Además, Santos Espinoza y Raymundo Concepción recibieron una pena de tres años por falsedad ideológica.

Los sentenciados quedaron inhabilitados para ejercer funciones públicas o contratar con el Estado durante cinco años, pero como no es un fallo definitivo, un tribunal superior debe revisar la decisión y, si corresponde, confirmarla.

La congresista Kelly Portalatino protagonizó un sorpresivo giro político al anunciar, en menos de diez días, su renuncia y posterior retorno a la bancada de Perú Libre, el partido que la llevó al Congreso. Aunque en su carta de dimisión, dirigida al vocero Flavio Cruz, alegó “motivos estrictamente personales”, su rápida reincorporación plantea dudas sobre los verdaderos motivos detrás de ambas decisiones.

El anuncio de su retorno lo realizó el martes 22 de julio a través de su cuenta en la red social X, donde aseguró que, tras una “reflexión honesta”, había reconsiderado su renuncia. “Las convicciones profundas no se abandonan por temas personales”, escribió, afirmando que su salida fue “precipitada” y que no se apartará del camino recorrido junto a la población.

Sin embargo, este brusco cambio de postura no pasó desapercibido. La parlamentaria descartó que su regreso esté motivado por intereses personales y aseguró que lo hace porque el pueblo “necesita organización, lucha y esperanza”. A pesar de los rumores, también negó cualquier conflicto con el líder del partido, Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, a quien incluso etiquetó en su publicación.

La sincronía entre su renuncia y la transmisión en vivo realizada por Cerrón, poco antes del anuncio de Portalatino, no ha dejado de llamar la atención. ¿Fue realmente una decisión personal o respondió a presiones internas dentro del partido? Aún más llamativo fue el respaldo que la congresista expresó, tras su retorno, a la candidatura de Waldemar Cerrón para la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso para el periodo 2025-2026.

Portalatino agradeció la “tolerancia” del partido del lápiz frente a su decisión y afirmó: “No me voy a retirar del partido, me mantengo como militante”. Pero su repentino vaivén ha puesto en entredicho la consistencia de sus decisiones políticas y la transparencia de sus motivaciones.

Su caso refleja un patrón ya conocido en el Congreso peruano: la inestabilidad y la falta de coherencia en las posiciones de algunos legisladores, muchas veces más atentos a los cálculos políticos que a la voluntad popular que dicen representar.

El congresista José Jerí fue confirmado como candidato de la bancada Somos Perú para integrar la nueva Mesa Directiva del Congreso en el periodo legislativo 2025-2026. A través de un comunicado publicado en la red social X, el grupo parlamentario hizo oficial su postulación, que ya venía siendo comentada desde hace semanas en el Congreso.

En el mismo anuncio, se informó sobre otros cambios internos, como el nombramiento de la congresista Ana Zegarra como nueva vocera, en reemplazo de Héctor Valer. La bancada expresó que Jerí fue elegido por su “capacidad para promover el diálogo y construir consensos” dentro del Parlamento.

Sin embargo, su postulación se da en medio de serias investigaciones fiscales. El legislador del partido del corazón es acusado de presunta agresión sexual contra una mujer que lo señala de haberla atacado y ultrajado durante una reunión en las celebraciones por Año Nuevo en la provincia de Canta. Por este caso, el pasado 15 de julio, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, decidió que la fiscal suprema Zoraida Ávalos continúe con la investigación.

Uno de los aspectos que agrava la situación legal de Jerí es que el Poder Judicial le ordenó seguir un tratamiento psicológico en un centro de salud cercano a su domicilio, medida que debía cumplirse en un plazo de 15 días. Sin embargo, no existen pruebas oficiales de que haya cumplido con esta disposición judicial.

Frente a las acusaciones, el congresista ha insistido en su inocencia y ha asegurado estar colaborando con el Ministerio Público. Según ha declarado, las denuncias en su contra formarían parte de una “campaña de desprestigio”.

Además del caso de presunta agresión, José Jerí también es investigado por un posible enriquecimiento ilícito. En enero de este año, se detectó un incremento en su patrimonio, que de S/97 mil habría pasado a más de un millón de soles sin justificación clara.

Pese a estos cuestionamientos, Somos Perú respalda su candidatura a la Mesa Directiva del Congreso.

La última vez que la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, le tomó más de tres horas decir lo que su gobierno tenía en mente hacer en los próximos 365 días, sin embargo, más fue el tiempo que se tomó en pronunciar su discurso que lo que se realizó de manera efectiva.

En aquella ocasión, la mandataria se despachó hablando sobre mejorar la salud y la educación en el país, pero teniendo a un ministro de Educación como Morgan Quero es más que evidente que esa cartera no es prioridad para ella. Así también desde el sector Salud, las colas no han desaparecido ni la carencia de medicamentos desde que el ministro César Vásquez se encuentra al frente de ese portafolio, al contrario, la situación se ha agravado durante los últimos meses tras las denuncias de tomógrafos presuntamente averiados de manera intencional.

En el aspecto del crimen organizado es más que notorio que la jefa de Estado no ha sabido conducir correctamente sus esfuerzos y todas sus estrategias solo fueron ‘flor de un día’, como los tan ineficientes y repetidos estados de emergencia en distintos departamentos del Perú. Es ahí donde la población no encuentra una respuesta clara por parte del Ejecutivo, llegando a sospechar incluso que estarían coludidos con las más poderosas organizaciones criminales, dejándolos delinquir libremente o realizar el mínimo esfuerzo por capturar a sus cabecillas.

En el ámbito económico, pocos son los proyectos originales de su mandato, arrogándose en varias ocasiones obras iniciadas en otros gobiernos, como por ejemplo el nuevo aeropuerto Jorge Chávez o el megapuerto de Chancay. Para buena fortuna de Boluarte, aún permanece inmóvil Julio Velarde al frente del Banco Central de Reservas del Perú (BCRP); es finalmente él quien le otorga algo de estabilidad a la moneda nacional tras tantos conflictos sociales ocurridos durante los últimos meses.

La jefa de Estado se llena la boca diciendo que estamos mejor a nivel económico, pero la realidad es completamente distinta. A propósito de ello, a casi millón y medio de peruanos no les alcanza su sueldo mínimo para costear media canasta familiar, la misma que borda aproximadamente S/. 1,700.

Otro factor relevante que representa una ‘cruz’ para la mandataria es lo relacionado a la minería ilegal, la misma que representa millones de soles en pérdida al año para la recaudación del país, sin mencionar que también ha significado un coste de decenas de vidas en regiones como La Libertad, Arequipa o Madre de Dios. Ese conflicto se ha visto agudizado hace menos de 10 días con el bloqueo de carreteras en el sur del país, paralizaciones que han significado millones de soles en pérdidas para los agricultores.

Ahora, a un año de que deje el sillón presidencial, ¿volverá a repetir su extenso y vacío discurso sabiendo que no cuenta con el tiempo suficiente para concretar sus promesas? De ser así de aburrido, mejor sería dejarla hablando sola a tener que soportarla repitiendo hasta el cansancio que tiene enemigos que solo se encargan de hacerle “terrorismo de imagen”. Para hacerle vivas y aplaudir como focas están sus ministros y los congresistas que oportunamente han visto conveniente archivar sus denuncias. El 28 de julio los volveremos a ver cómo agachan la cabeza nuevamente.