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Política

Investigado juez Checkley blindó a la fiscal Elizabeth Peralta

El juez Checkley, investigado en el caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’ porque habría realizado acuerdos ilícitos con Patricia Benavides para favorecer a su hermana Enma, desestimó la prisión preventiva contra Elizabeth Peralta quien no solo es amiga de ‘Chibolín’, sino que es cercana al prófugo exjuez César Hinostroza, cabecilla de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

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El Juez Supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley Soria ha ordenado la prisión preventiva por 18 meses contra Andrés Hurtado ‘Chibolín’; sin embargo, declaró infundada la misma medida en contra de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta Santur y la mandó a su casa para que en libertad siga su investigación por tráfico de influencias agravado y así tenga la posibilidad de planear lo que le dé en gana para obstruir su propio proceso y se configure un verdadero peligro procesal. Sin embargo, para Checkley, eso no va a pasar.  

Juez Juan Carlos Checkley declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra Elizabeth Peralta.

Entre los hechos atribuidos a Elizabeth Peralta en su condición de Fiscal Superior Titular Especializada en delitos de Lavado de Activos, se le imputa la acción de interceder influencias reales ante el Fiscal Provincial Lucio Sal y Rosas, para que el minero Augusto Miu Lei pague un millón de dólares por intermedio de la familia Siucho y de Andrés Hurtado ‘Chibolín’, con el fin que se levante la incautación de 200 kilos de oro, que pertenecería al minero. En esa línea, la Fiscalía le atribuye ser coautora del presunto delito de tráfico de influencias y cohecho activo especifico, ambos en agravio del Estado.

¿Cuáles fueron los argumentos de la Fiscalía?                           

El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de 18 meses contra la imputada Peralta Santur por haberse hallado graves elementos de convicción. Y además del riesgo de fuga, existe el peligro de obstaculización. Si bien se determinó que tiene arraigo domiciliario, ella no tiene arraigo familiar, porque es soltera y sus dos hijos son mayores de edad y económicamente independientes. Asimismo, tampoco tiene arraigo laboral de calidad, porque el 17 de septiembre pasado la Autoridad de Nacional de Control del Ministerio Público la apartó preventivamente del cargo de la función fiscal por un plazo de seis meses.

Volviendo al peligro de fuga, Peralta Santur ha realizado numerosos viajes al extranjero desde el 2011 hasta el 2022, por lo tanto, tiene capacidad económica y a pesar de haber entregado sus pasaportes, ella igualmente tiene una alta probabilidad de viajar sin necesidad de contar con dicho documento a países de la Comunidad Andina, como Colombia, Bolivia y Ecuador. Es decir, actualmente en libertad tiene todas las posibilidades de fugarse. Asimismo, la imputada en lugar de cautelar su rol en aras de una correcta administración pública para preservar la imagen de su institución, ha normalizado su amistad con ‘Chibolín’ a pesar que ha admitido que conocía que él sería proxeneta. No es menos cierto que todos tienen derecho a elegir a los amigos que quiera, como menciona su cómico abogado defensor Benji Espinoza. Sin embargo, aquí cobra alta relevancia el dicho: “Dime con quién andas y te diré quién eres”. En otros términos, una persona que se precie de cauta y ejerza un mínimo de sentido común, jamás se juntaría con un personaje como ‘Chibolín’, y menos mantendría una estrecha amistad, tras considerar los antecedentes precedentes de este personaje. Y mucho menos, un servidor del Estado, que no solo por ley, sino por decoro está obligado a mantenerse al margen de este tipo de personas, porque, de todas formas, comprometería su imagen institucional.

Fiscal Elizabeth Peralta viajó junto a su amigo Andrés Hurtado ‘Chibolín’ a Estados Unidos.

El grosero blindaje de Juan Carlos Checkley a favor de Elizabeth Peralta

El juez Juan Carlos Checkley, tras haber evaluado los graves elementos de convicción presentados por la Fiscalía, ha considerado que no amerita una prisión preventiva contra Elizabeth Peralta, precisamente, por no haber encontrado los mismos (elementos de convicción).

Y con respecto al peligro de fuga, advierte que tampoco ha encontrado una actitud negativa procesal de parte de Peralta Santur. Y por el contrario, ella acudió a todas las citaciones y a la diligencia de allanamiento en su domicilio personal y en su oficina. Por lo tanto, no ha perturbado la investigación.  Asimismo, Checkley tampoco considera que con Peralta Santur exista peligro de obstaculización. Pese a que de manera contundente la Fiscalía ha sustentado que la imputada ha tratado de ocultar los elementos de prueba que la involucran, al negarse entregar su teléfono móvil y de ser la posesionaria del número celular 920778740, a pesar que los fiscales y administrativos que laboraban con ella han asegurado que dicho número de celular era parte del grupo de WhatsApp de su despacho.

Asimismo, durante el allanamiento a su inmueble encontraron en su cartera un manuscrito que dice: “Borrar el backup del WhatsApp”. “Borrar configuración de obtener historial” y “Borrar historial de Google Maps (mis rutas)”. Y pese a las contundentes pruebas que evidencian un flagrante peligro procesal, el juez Checkley se ha puesto en contra de su deber de administrar justicia y aduce que ello no necesariamente constituye obstrucción a la justicia. Finalmente, con respecto al ticket de viaje y la maleta con ropa encontrada que estaría preparada para ser utilizada en la huida, el juez argumenta que como la imputada manifestó que preveía que iba a ser detenida, entonces tenía preparado su equipaje. Es decir, el juez le creyó todo. ¿Acaso es creíble la ‘credulidad’ de Juan Carlos Checkley?  

 

 

Juez Checkley es investigado en caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’

Como se recuerda, el 21 de mayo pasado el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria se inhibió de despachar en los casos que involucran a las hermanas Patricia y Enma Benavides, luego que la propia Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos lo incluyera en la investigación del caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’. Según la tesis de fiscal suprema Delia Espinoza, Checkley en su condición de juez supremo provisional, habría realizado acuerdos irregulares con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides con el fin de favorecer y blindar a su hermana, la jueza Enma Benavides, actual investigada por presuntamente favorecer a narcotraficantes, a cambio de dinero cuando era parte de la Sala Penal Nacional. Asimismo, el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) también abrió una investigación preliminar contra Checkley Soria, por el mismo caso de un presunto favorecimiento hacia las hermanas Benavides Vargas.

Juez Checkley es investigado por el MP porque habría favorecido al clan de las hermanas Benavides Vargas.

Finalmente, la fiscal Elizabeth Peralta amiga del prófugo exjuez supremo César Hinostroza, líder de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, ha sido blindada por el también investigado juez Juan Carlos Checkley, pese a los contundentes elementos de convicción que requerían que esta fiscal se mantenga recluida para evitar que borre más evidencias que la incriminan por tráfico de influencias. Sin embargo, nuevamente vuelve la vieja práctica de “Los hermanitos”, que entre ellos se protegen y se “parcializan” en sus funciones procesales con el afán de cautelar a la “cofradía”. En tal sentido, es exigible una pronta recomposición y una “fumigación” tanto en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, porque están plagados en su mayoría no solo de prevaricadores e ignorantes en doctrina jurídica, sino, de inmorales y corruptos, que apenas subsisten para satisfacer sus afanes crematísticos y están muy lejos de conocer cuál es la verdadera dimensión del honor.  

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Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.

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Política

Betssy Chávez da por terminada su huelga de hambre tras llegar a un acuerdo con el INPE

Expremier pasó 15 días sin probar alimentos; sus familiares le convencieron de desistir su protesta.

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No pudo más. Quiénes más que nuestros familiares más cercanos para hacernos recapacitar y aconsejarnos sobre lo mejor para nosotros. Tras 15 días de abstinencia alimenticia, la expremier Betssy Chávez, decidió dar por terminada su huelga de hambre luego que llegara a un acuerdo con un alto funcionario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y tras haber escuchado los consejos de sus familiares y amigos más cercanos.

Fue su abogado, Raúl Noblecilla, quien indicara a través de un comunicado que la medida de su patrocinada se debió a una serie de conversaciones.

«Betssy Chávez levanta huelga de hambre tras 15 días, luego de llegar a un acuerdo con el Director Regional del INPE y ante la insistencia de sus familiares, compañeros y amigos. Exige cambios reales e investigar la corrupción en el Penal de Chorrillos que ha denunciado», indicó.

Betssy Chávez denunció que la acosaban sexualmente

Todo se inició cuando la expremier publicó una carta donde denunciaba que venía siendo víctima de una serie de hostigamientos por parte de funcionarios del INPE, llegando a asegurar que venía siendo chantajeada sexualmente, así como exigirle el pago de cupos en el interior del penal de mujeres de Chorrillos.

Tras varios días de iniciada su huelga de hambre, el letrado mencionó que su defendida presentaba un grave deterioro en su salud al punto de estar bajo riesgo de sufrir un paro cardiaco.

«Tengo el informe médico del día 22, lo cual da cuenta del precario y grave estado de salud de Betssy Chávez y se pueden advertir riesgos de paro cardiaco que cada día y cada hora se acrecientan. Esto implica que ella no pueda comparecer y solicitó que se suspenda esta audiencia. Betssy Chávez está yendo a la muerte, lo dice el doctor clínico», precisó aquella vez.

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Política

Unidad Popular, de Duberlí Rodriguez, obtiene la inscripción provisional gracias a resolución del PJ

Partido del expresidente del Poder Judicial obtuvo “inscripción provisional” tras declararse fundado recurso de amparo.

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Aún tienen chances, pocas, pero las tienen. El Poder Judicial (PJ) ordenó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reconocer la inscripción provisional del partido político Unidad Popular (UP), liderado por el expresidente del PJ, Duberlí Rodríguez.

De acuerdo a la resolución del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Cortes Superior de Justicia de Lima, se declaró fundada la demanda de amparo presentada por Rodríguez en representación de su partido.

El recurso presentado por el exjuez supremo plantea que se vulneró el derecho a la participación política de su partido, en lo referido al “derecho de constituir organizaciones políticas”.

En esa línea, el colegiado dispuso declarar nulo el Oficio N° 001059-2025-DNROP/JNE, así como la Resolución N° 160-2025-JNE, de fecha 12 de abril de 2025, mediante las cuales la autoridad electoral negó la inscripción provisional del partido político Unidad Popular, ordenándose su reposición al estado anterior de la vulneración y que la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas se reconozca la “inscripción provisional de la organización política ‘UP Unidad Popular’, a la fecha de la solicitud de la inscripción provisional, o en su defecto, la fecha de su calificación, el 7 de abril de 2025”.

Ello, en atención que al momento del pedido se encontraba vigente el artículo 96 de la Ley Orgánica de Elecciones. Por lo que, una vez culminado favorablemente el periodo de tachas, se deberá inscribir definitivamente a dicha organización política, en el Registro de Organizaciones Políticas, considerando su inscripción en la fecha antes descrita.

“Se ha hecho justicia”

Por su parte, desde UP se emitió un comunicado señalándose que se ha hecho justicia con esta decisión de declarar fundado el amparo.

“Hoy podemos decir con orgullo que se ha hecho justicia. Recibimos esta noticia con alegría y esperanza, conscientes del enorme encargo que nos ha dado el pueblo. El tiempo apremia, los desafíos son grandes, pero es aún mayor nuestra sed de justicia y devolver al pueblo el poder que le fue arrebatado. Se avecina una lucha electoral y debemos unirnos para ganar esta batalla”, indicaron.

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Política

Pugna entre ministro Sandoval y López Aliaga paraliza avances del tren para Lima

El titular de Transportes César Sandoval defiende procedimientos administrativos; y el alcalde López Aliaga cede la operación del tren a privados sin competencias claras. Esta descoordinación entre MTC, ATU y la MML posterga otra vez las soluciones urgentes para millones de limeños.

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Mientras miles de ciudadanos siguen atrapados a diario en el caos del transporte público, la disputa entre el ministro de Transportes, César Sandoval, y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, vuelve a poner en evidencia cómo los intereses políticos terminan por obstaculizar cualquier intento de modernización real en la capital.

Pese a las declaraciones del ministro Sandoval asegurando que no se opone al proyecto del tren Lima-Chosica, impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), lo cierto es que la descoordinación entre ambos niveles de gobierno refleja una gestión marcada por la desconfianza y la competencia institucional. “También sufrimos la frustración burocrática”, afirmó el titular del MTC en una entrevista, insistiendo en que hay un plan nacional ferroviario y normas que deben cumplirse. Pero esas normas parecen más una excusa para justificar la lentitud de su sector.

Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha cedido la operación del tren a empresas privadas, sin tener competencias reales sobre transporte urbano, según aclaró Luis Vilela, asesor de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Vilela fue enfático en señalar que la ATU y el MTC son las únicas entidades con facultades sobre transporte en Lima y Callao, no la comuna limeña.

Alcalde pretendió ‘marcha blanca’ de trenes para alimentar su imagen política.

El trasfondo de este cruce de versiones es una disputa política que parece no tener fin. Mientras el ministro y el alcalde se lanzan declaraciones cruzadas, la ciudadanía sigue esperando soluciones concretas para un sistema de transporte que, lejos de modernizarse, continúa fragmentado y al borde del colapso. En medio del enfrentamiento, los trenes no avanzan y los usuarios siguen pagando el precio de la ineficiencia.

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Política

Gobierno de Boluarte y su ‘alianza silenciosa’ con la industria militar de Israel

Mientras el mundo condena el genocidio en Gaza, el Perú, a través de FAME, nuevamente abre sus puertas al brazo armado del sionismo. Con aval estatal, la firma israelí ‘Elbit Systems’ instala su poder militar en territorio nacional.

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Mientras la comunidad internacional intensifica sus denuncias por crímenes de guerra y genocidio cometidos por Israel en Gaza, el Estado peruano actualmente liderado por Dina Boluarte Zegarra ha optado por una estrategia opuesta: estrechar lazos con uno de los principales actores del complejo militar israelí. A través de la empresa estatal FAME SAC, el Perú ha firmado un contrato por 60 millones de dólares con Elbit Systems, firma que produce armamento militar y que es señalada por las Naciones Unidas por su rol en la maquinaria de ocupación y destrucción en Palestina.

El acuerdo va más allá de una simple compra. Incluye transferencia tecnológica y la fabricación en suelo peruano de sistemas de lanzacohetes múltiples (MLRS), armas desarrolladas por Elbit y utilizadas en conflictos urbanos con efectos devastadores. Con este convenio, Perú se convierte en el primer país de la región en abrir sus puertas al ensamblaje local de estos sistemas, en plena expansión internacional de la industria militar israelí.

FAME SAC y las compras sin licitación

Este contrato, firmado mediante un “concurso privado internacional” —una figura legal que elude procesos de licitación pública—, forma parte de una tendencia reciente: la normalización de acuerdos cerrados entre el Estado peruano y proveedores extranjeros de armamento, sin mayor fiscalización. En esta oportunidad, la propuesta israelí superó a las presentadas por las firmas china Norinco y turca Roketsan. Sin embargo, más que una competencia técnica, la decisión parece haber estado determinada de antemano: el Ejército ya contaba con presupuesto aprobado para la adquisición.

La modalidad de compra fue la misma usada previamente para adquirir 10.000 fusiles Arad 7 de la firma israelí IWI y 30 vehículos blindados 8×8 K808 de origen coreano. En todos los casos, FAME aplicó procedimientos amparados en la Ley N.º 31684 —conocida como la “Ley FAME”— que obliga a las fuerzas armadas a canalizar sus adquisiciones mediante esta empresa estatal, permitiéndole contratar directamente sin licitaciones abiertas.

Gobierno gastó más de US$ 27 millones en 7 mil fusiles israelíes ‘sin licitación’ mediante ley FAME.

Elbit Systems: una empresa denunciada internacionalmente

Elbit Systems no es una empresa cualquiera. Está en el centro de múltiples denuncias por su rol en el aparato de guerra israelí. El reciente informe de la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, documenta cómo esta y otras firmas han capitalizado económicamente la devastación en Gaza. La firma Elbit es mencionada específicamente por probar sus armas en territorio palestino, lo que ha llevado a calificar a Gaza como un “laboratorio de guerra”. Las armas desarrolladas en este contexto son luego comercializadas con la etiqueta “combat proven” (probadas en combate), una estrategia de marketing siniestro basada en la destrucción real de poblaciones civiles. Según Albanese, lo que sucede en Gaza no es solo una ofensiva militar, sino un modelo económico: “Este genocidio continúa porque es lucrativo para muchos”, afirma la relatora.

La firma del contrato con Elbit, en este contexto, no es una decisión técnica o comercial aislada. Tiene implicancias éticas y jurídicas. La Convención sobre el Genocidio de 1948 establece la obligación de los Estados no solo de no participar en actos genocidas, sino también de prevenirlos y de no colaborar de ninguna forma con su comisión o sostenimiento.

Firmar convenios con empresas señaladas por complicidad en crímenes de guerra puede exponer al Estado peruano a responsabilidades internacionales. Más aún cuando el informe de la ONU ha pedido expresamente a los países romper relaciones comerciales y militares con firmas como Elbit Systems, e incluso promover sanciones y acciones legales contra ellas.

Hasta ahora, el gobierno de Dina Boluarte no ha respondido públicamente al informe ni ha dado explicación alguna sobre los términos del contrato. Tampoco el Congreso ha mostrado interés en fiscalizar estos vínculos, mientras que organismos de derechos humanos locales e internacionales comienzan a manifestar su preocupación.

Fabricarán armas israelíes en Perú

El sistema MLRS que fabricará FAME en alianza con Elbit, denominado PULS, es un mecanismo de lanzamiento de cohetes de largo alcance usado en escenarios de guerra de alta intensidad. Su despliegue ha sido ampliamente documentado en operaciones militares israelíes sobre Gaza. El acuerdo con Elbit contempla la instalación de líneas de ensamblaje en Perú y el entrenamiento técnico del personal peruano, con miras a convertir al país en una plataforma de exportación regional. Elbit ha sido clara: su objetivo es posicionar a Perú como centro logístico para América Latina.

Este proyecto plantea preguntas inquietantes: ¿quién controla el destino final de estas armas? ¿Qué garantía existe de que no sean vendidas a otros gobiernos o actores involucrados en conflictos armados? ¿Es este el tipo de rol que el Perú quiere jugar en el escenario global?

Sistema israelí PULS, será producido por la firma israelí Elbit System y FAME.

¿Quién está detrás?

Poco se sabe sobre las personas o instancias concretas que impulsan estos acuerdos desde el Ejecutivo. Las decisiones se toman con secretismo, bajo el paraguas de la “seguridad nacional”. Sin embargo, está claro que existe un núcleo de poder dentro del Ministerio de Defensa y del propio gobierno que promueve la consolidación de FAME como brazo ejecutor de la industria militar sionista en el país.

Más grave aún, la falta de transparencia permite que estos convenios se firmen sin debate público, sin supervisión parlamentaria y sin evaluar su impacto ético y geopolítico.

¿Un negocio militarizado?

FAME SAC, con este tipo de convenios, se aleja de una lógica de desarrollo tecnológico autónomo o de fortalecimiento de capacidades nacionales. En cambio, se convierte en una extensión de industrias extranjeras cuyos intereses no son los del Perú. A esto se suma el carácter servil con que se ha presentado el acuerdo: lejos de una postura soberana, el Perú parece ofrecer su territorio como campo de operaciones para una empresa involucrada en uno de los conflictos más brutales del siglo XXI.

En suma, Perú ha decidido ubicarse del lado de una empresa israelí que, según el derecho internacional, es parte activa de un sistema genocida.

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Política

Cancillería de Bolivia califica de “inadmisible” declaraciones de Dina Boluarte al llamarlos “país fallido” [VIDEO]

En su discurso del 28, Boluarte dijo que gracias a ella se evitó que el Perú sea un “país fallido como Cuba, Bolivia y Venezuela”.

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Tensión de altura. Ni leyendo un discurso (revisado por varios de sus asesores) la presidenta Dina Boluarte puede evitar cometer exabruptos, pareciéndose cada vez más a su gran aliado político César Acuña. Durante su mensaje por Fiestas Patrias, la mandataria manifestó que “el país estaría sumido en indeseado vacío de poder con graves consecuencias […] camino a convertirse en un país fallido como Cuba, Bolivia y Venezuela”.

La mandataria peruana argumentó que su liderazgo evitó que el Perú cayera en el caos institucional y económico, y justificó su gestión señalando que eligió el “deber constitucional” frente a lo que llamó un intento de desestabilización.

“Muchos me critican por haber elegido el deber constitucional de preservar la democracia, la libertad, la propiedad, el respeto a los derechos humanos y de las instituciones democráticas”, dijo.

Ante tal declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia salió de manera inmediata a responder tal mensaje, rechazando de manera enérgica lo dicho por Boluarte el pasado 28 de julio.

Las autoridades bolivianas calificaron la intervención de la mandataria como “sorprendente” y “totalmente inadmisible”. Además, tomaron una serie de medidas diplomáticas.

“Manifestamos nuestro enérgico rechazo como Gobierno boliviano a las declaraciones de la presidenta del Perú, Dina Boluarte”, declaró el vicecanciller boliviano, Elmer Catarina, en una conferencia de prensa. “En el 204° aniversario de la independencia del Perú, lamentablemente se pronunciaron declaraciones ofensivas hacia nuestra nación. Para nosotros, son completamente inadmisibles”.

Exigen disculpas

Ante la gravedad de lo dicho, el Gobierno boliviano tomó medidas diplomáticas inmediatas. El vicecanciller confirmó que se convocó al Encargado de Negocios del Perú en Bolivia, con quien sostuvieron una reunión formal. “Hoy por la mañana nos reunimos con el Encargado de Negocios del Perú para expresarle directamente nuestro rechazo. Esta declaración no puede ser pasada por alto”.

Además, se anunció la convocatoria de la Encargada de Negocios de Bolivia en Perú, quien deberá regresar a La Paz para informar personalmente a la canciller Celinda Sosa sobre las repercusiones del discurso presidencial.

“Ella vendrá a darnos un informe en detalle sobre la situación, porque este tipo de declaraciones no podemos aceptarlas en ningún nivel”, afirmó Catarina.

“Somos dos países hermanos que hemos estado manteniendo un diálogo fructífero. Hemos construido una agenda técnica altamente positiva en lo económico-comercial, sobre límites y fronteras, aguas internacionales e inclusive compartimos el lago Titicaca”, recalcó el vicecanciller.

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Política

Congreso 2025-2026: Jerí al mando y la repartija de comisiones

Mientras el Congreso define el reparto de sus 24 comisiones, las bancadas priorizan intereses propios y cuotas de poder. La elección del cuestionado José Jerí como presidente del Legislativo no ayuda a recuperar la legitimidad del Parlamento, que finalmente logrará quedarse hasta 2026.

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Con la reciente elección de José Jerí como presidente del Congreso —una decisión que ha generado muchas suspicacias por su cercanía con ciertos sectores cuestionados y en especial, serias críticas por la investigación fiscal en su contra, por presunta violación sexual— se abre un nuevo capítulo en la lucha por el control de las comisiones parlamentarias. A partir de la próxima semana, las bancadas comenzarán las “negociaciones” para definir quiénes liderarán las 24 comisiones ordinarias durante el periodo 2025-2026, en un contexto marcado por el transfuguismo y los intereses partidarios.

José Jerí presidirá la Mesa Directiva del Congreso hasta julio del 2026.

Los movimientos internos entre congresistas, como las renuncias e incorporaciones a distintas bancadas, alteraron el equilibrio de fuerzas dentro del Legislativo. Por ejemplo, Somos Perú y Juntos por el Perú-Bloque Magisterial han incrementado su representación, lo que les daría acceso a presidir dos comisiones cada uno. En el caso de la bancada Somos Perú, esta buscaría conservar la Comisión de Descentralización y añadir la de Educación, con el nombre de Alex Paredes como posible presidente.

Mientras tanto, la hegemónica Alianza para el Progreso (APP), fuera por primera vez de la Mesa Directiva, quiere retener la estratégica Comisión de Presupuesto, aunque la disputa incluiría también a Acción Popular y Podemos Perú. A su vez, Fuerza Popular buscaría continuar al frente de Constitución y no se descarta que intente recuperar la Comisión de Economía, cedida el año pasado a Ilich López de Acción Popular.

Otra comisión clave en disputa es la de Energía y Minas. El grupo que presidió Paul Gutiérrez —proveniente del ahora disuelto Bloque Magisterial— impulsó propuestas favorables a la minería informal y a las energías renovables (RER). Este año, Avanza País pretendería asumir el liderazgo con Diana Gonzales, aunque perdería otra comisión en el proceso.

El reparto de poder no se limita a lo económico. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales —que ha sido foco de críticas por su lentitud y por sus blindajes a algunos parlamentarios y a la propia mandataria Dina Boluarte— también está en la mira por la importancia de su poder fiscalizador. Alianza para el progreso (APP), que la presidió a través de la no menos cuestionada María Acuña Peralta, intentaría conservarla. La Comisión de Ética, por su parte, aún no ha sido asignada.

Más allá de la distribución formal, lo que se revela es un Congreso donde el cálculo político predomina sobre el interés público. La elección de Jerí y las pugnas por las comisiones evidencian una institucionalidad débil, donde las bancadas priorizan cuotas de poder antes que eficiencia o transparencia en la labor legislativa.

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Política

Pifian y abuchean a Dina Boluarte durante Desfile Militar [VIDEO]

Para colmo, mandataria llegó tarde al evento.

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Al grito de “rata”, “corrupta” o “asesina”, así los asistentes al Desfile Cívico – Militar recibieron a la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien por momentos trataba de disimular el abucheo proveniente de varias tribunas de la avenida Brasil, y es era más que evidente que su ‘portátil’ no podía estar ubicada en toda esa extensa avenida.

Resguardada por una imponente seguridad, francotiradores y guardaespaldas, la mandataria se trasladó a bordo de un jeep, tratando de emular a otros jefes de Estado, pero rápidamente se sintió vulnerable a los silbidos de los asistentes que no ocultaban su descontento hacia ella, pues para colmo llegó a la tribuna oficial media hora tarde.

“Rata”, “asesina”, “ladrona”, vociferaba la población que ya previamente tuvo que soportar su extenso, pero poco convincente, mensaje a la Nación el 28.

El desprecio de las mayorías se lo tiene ganado a pulso, pues resulta sumamente difícil que Boluarte tenga la intención de acercarse a la población; solo basta recordar los últimos episodios ocurridos en Loreto o Arequipa, donde manifestantes salieron a protestar por su llegada.

Por momentos con la mirada perdida, o esbozando una pequeña sonrisa, la mandataria se sentía incómoda debido a que en esta ocasión no se encontraba en un colegio rodeado de sus aduladores ministros ni de inocentes escolares que poco saben sobre la desastrosa gestión de la autodenominada “mamá de todos los peruanos”.

Fue así que Boluarte llegó a la Parada Militar, apareciéndose en un vehículo lo más cercano al estrado principal para no tener que soportar el desprecio de la población que prefería en esos momentos ver desfilar a los militares y a las distintas instituciones. Ya ubicada en su sillón, Boluarte pudo respirar más tranquila, sabiendo que otra vez se encontraba en su “zona de confort”, rodeada de sus ministros y demás autoridades que de alguno u otra manera tratan de levantarle su alicaída popularidad.

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Política

La educación pública despierta: una promesa postergada que por fin empieza a cumplirse

El Gobierno ha comenzado a reconstruir un pilar esencial del Perú: su sistema educativo. La inversión en infraestructura y formación docente marca un punto de inflexión que merece ser contado.

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En un país acostumbrado a ver sus escuelas como ruinas abandonadas por la historia, el anuncio de una inversión sin precedentes —más de 11 400 millones de soles— en infraestructura educativa no puede pasar desapercibido. Se trata de la mayor inversión en cinco mandatos presidenciales, una cifra que, más que estadística, representa ladrillos, pizarras, laboratorios, techos que ya no gotean y niños que dejarán de aprender entre paredes resquebrajadas.

Desde diciembre de 2022, el Ministerio de Educación ha intentado torcer el rumbo de décadas de desidia. Se construyeron 153 colegios nuevos en 15 regiones. En Piura, 38 instituciones educativas fueron remodeladas; en Áncash, Moquegua y Tacna se levantaron tres nuevos Colegios de Alto Rendimiento (COAR), símbolo de una apuesta por la excelencia que, hasta hace poco, parecía un lujo reservado a unos pocos.

A esta lista se suman las Escuelas Bicentenario: 41 ya están en pie y se espera culminar 75 a finales de este año. El segundo paquete —17 más— llevará este modelo a 18 regiones. Pero lo que importa no es la aritmética, sino la idea que la sostiene: convertir a la escuela pública en un espacio digno, moderno, conectado, útil. No es solo cemento. Es un acto de justicia histórica.

El ministro Morgan Quero, ha puesto el acento donde debe estar: el futuro. “Estas escuelas no son solo paredes”, dijo. Y tiene razón. Son laboratorios de ciudadanía, talleres de sueños, centros donde se forma al país que vendrá.

La reactivación de obras paralizadas durante más de una década en ocho regiones —beneficiando a más de 88 000 escolares— es otra señal de que algo está cambiando. En Lima Metropolitana, 159 colegios fueron mejorados, elevando las condiciones de estudio de más de 129 000 estudiantes.

Pero la infraestructura no sirve de nada si no hay docentes preparados. Por ello, más de 300 000 maestros fueron capacitados en los últimos tres años, muchos de ellos en herramientas digitales e inteligencia artificial. Es un número que conmueve y desafía, porque formar a un maestro es formar a mil alumnos.

El ingreso de 97 000 docentes a la Carrera Pública Magisterial ha elevado la cifra de nombrados del 51 % al 71 %, rompiendo con décadas de inestabilidad y clientelismo. La meritocracia, palabra incómoda para algunos, empieza a abrirse paso en las aulas.

Por otro lado, más de 58 000 jóvenes accedieron a becas del Pronabec desde 2023, y la meta es llegar a 83 000 en 2026. Se suman las nuevas Beca Tec, dirigidas a carreras técnicas de alta demanda. De 300 becas iniciales, se espera llegar a 10 000.

Tal vez, por primera vez en años, el rostro de la educación pública se está lavando la cara. No es una revolución, pero sí una transformación silenciosa, paciente y profundamente humana. Como todo lo que realmente importa.

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