Cerró la puerta sin dejar limpio el departamento. José Cedrón Caballero, uno de los tantos ‘waykis’ de la presidenta de la República, Dina Bolaurte, no va más en la jefatura de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE), entidad adscrita a EsSalud, tras su paso nefasto desde agosto del año pasado; así lo confirmó la entidad sanitaria mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 477 con fecha del 10 mayo del año en curso.

La noticia se dio luego que la titular de Essalud, María Elena Aguilar del Águila, diera por concluida el vínculo laboral con Cedrón Caballero.

“Dar por concluida a partir de la fecha, la designación y el vínculo laboral conferido a don José María Martín Cedrón Caballero, mediante resolución de Presidencia Ejecutiva N° 709-PE-ESSALUD-2023 de fecha 9 de agosto del 2023″, menciona el documento.

Además, el documento establece que el ex funcionario deberá entregar su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas al área de la Oficina de Administración de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos en un plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha en que concluya su gestión.

“El citado ex servidor deberá presentar ante el área de la Oficina de Administración de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos su Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas dentro de los quince días útiles siguientes a la fecha de cese de su gestión”, indica el documento.

Es importante destacar que previamente, el 8 de mayo, Aguilar Del Águila había comunicado la partida del allegado de Dina Boluarte, durante su tiempo en el Reniec, indicando que su salida fue “voluntaria”.

“Tengo entendido que voluntariamente se está retirando de la institución. Siempre (EsSalud) ha tenido desabastecimiento de medicamentos a pesar de que se ha tratado de superar, es un problema histórico. Actualmente, estamos llevando procesos logísticos para abastecer de medicamentos oncológicos a los pacientes”, dijo.

La cercanía de Cedrón con Dina Bolaurte

Como se recuerda, el programa dominical ‘Cuarto Poder’ informó que José Cedrón Caballero formó parte de comités de selección en Reniec desde 2016 hasta 2021, coincidiendo con el periodo en el que la presidenta de la República laboraba como funcionaria en la entidad pública.

De acuerdo con el reportaje, José Cedrón fue designado como Jefe de la Oficina de Abastecimiento del MIDIS el 19 de octubre de 2021, poco después de haber visitado a Dina Boluarte en su despacho, quien en ese momento ocupaba el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

En julio de 2023, con Dina Boluarte como presidenta del país, José Cedrón se trasladó a EsSalud como Asesor II de la Gerencia de Asesoría Jurídica. Un mes más tarde, fue designado como Gerente Central del CEABE, entidad encargada de todas las compras de medicamentos e instrumental médico para los hospitales del seguro social en el Perú.

Tras las recientes declaraciones públicas que dio la mandataria el ultimo martes en un evento en el Callao, y en el que anunció que de todas maneras su gobierno se quedará hasta el 28 de julio de 2026, en el Congreso de la República, las mociones de vacancia contra ella continúan acumulándose. 

Además de las propuestas de vacancia ya conocidas de Cambio Democrático- Juntos por el Perú, la bancada de Perú Libre ha iniciado una nueva moción para destituir a Boluarte Zegarra.

Este miércoles 15 de mayo, el congresista Alfredo Pariona ha anunciado que también está impulsando una moción de vacancia y ya envió el documento necesario para recolectar las 26 firmas que necesita.

Moción de vacancia contra Dina Boluarte.

Se vienen más mociones de vacancia contra Dina Boluarte

Con esta nueva propuesta, ahora hay siete mociones de vacancia en circulación. Hay que recordar que cuatro de estas mociones no lograron avanzar en el Congreso, mientras que las tres restantes están en proceso de recolección de firmas dentro del Congreso. 

Estas acciones reflejan un clima político tenso y un esfuerzo constante por parte de ciertos sectores del Congreso para remover a la presidenta Dina Boluarte de su cargo.

Mientras todos miraban hacia otro lado los ‘Otorongos’ sacaron la coraza. Con 89 votos a favor y 15 en contra, el Congreso de la República aprobó el pasado 10 de mayo el proyecto de ley que modifica el artículo 5 de la Ley 30424. Esto quiere decir que ahora los partidos políticos que incurran en delitos no podrán ser disueltos, clausurados o suspendidos, y ahora solamente serán sancionados de acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas, la cual establece multas administrativas.

Mientras todos los medios de prensa cubrían el allanamiento en la oficina del abogado de Dina Boluarte, el Parlamento aprobaba el dictamen del Proyecto de Ley 6084 “Ley que optimiza la democracia representativa y establece medidas de lucha contra la corrupción en las organizaciones políticas”.

El texto aprobado modifica el artículo 105 del Código Penal, que indicaba que ante cualquier “hecho punible” o delito cometido por una persona jurídica [en este caso, una organización política] el juez podría aplicar las siguientes medidas dispuestas en la ley: 

1. Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. 
2. Disolución y liquidación de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité. 
3. Suspensión de las actividades de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité por un plazo no mayor de dos años. 
4. Prohibición a la sociedad, fundación, asociación, cooperativa o comité de realizar en el futuro actividades, de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
5. Multa no menor de cinco ni mayor de 500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Fue la presidenta de las Comisiones de Constitución, la congresista de Fuerza Popular Martha Moyano, quien sustentó ante el Pleno el pedido para que se exonere de segunda votación.

“Los partidos políticos no podrán ser sujetos de disolución, suspensión o del cierre de sus locales por la vía judicial, sino que su régimen sancionador se rige por la Ley N.º 28094, Ley de organizaciones políticas y sus estatutos partidarios”, acotó la parlamentaria fujimorista.

Ahora, con la modificación, el Congreso ha indicado que no se puedan aplicar las medidas 1, 2 y 3 (clausura de locales, disolución de la organización y suspensión de actividades) a un partido político, así lo decida un juez.

El dictamen también establece que solo los integrantes de los partidos podrán ser investigados de manera individual.

Partidos políticos en la mira de la Fiscalía

Diversas agrupaciones políticas en Perú, entre ellas Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú, y Renovación Popular, se encuentran actualmente bajo investigación por parte de la fiscalía del país por una serie de delitos que incluyen presunto lavado de activos y falsificación de firmas.

Solo cabe recordar que el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, viene siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos durante las elecciones del año 2021; o el partido de Vladimir Cerrón, Perú Libre, que viene siendo investigado por presuntas fuentes de financiamiento ilícitas relacionadas con la organización criminal “Los Dinámicos del Centro”, especialmente durante la campaña electoral de 2021.

De vuelta a su casa. La Comisión Permanente del Congreso acaba de rechazar la propuesta de la presidenta Dina Boluarte para que el juez supremo provisional Pedro Cartolín sea designado como el nuevo contralor general de la República en reemplazo de Nelson Shack.

Su candidatura fue denegada por la Comisión Permanente por 17 votos en contra, 8 a favor, y 4 abstenciones.

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Comisión Permanente del Congreso no aprobó la designación de Pedro Cartolín como contralor de la República

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— Canal N (@canalN_) May 15, 2024

Cabe mencionar los congresistas que votaron en contra de la postulación de Cartolín como nuevo contralor, entre ellos se encuentran fujimoristas Arturo Alegría, Alejandro Aguinaga, Patricia Juárez, Juan Lizarzaburu, Martha Moyano y Eduardo Castillo; los congresistas de Avanza País Rosselli Amuruz y Diego Bazán; los de Cambio Democrático Edgard Reymundo y Nieves Limachi; los de Somos Perú Héctor Valer y Esdras Medina; los de Acción Popular Wilson Soto e Hilda Portero. A ellos se sumaron los votos de Segundo Montalvo (Perú Libre), Jorge Coayla (Perú Bicentenario) y Alex Paredes (Bloque Magisterial).

Los votos a favor fueron de los apepistas Eduardo Salhuana, María Acuña y Lady Camones; los de Podemos José Luna Gálvez y Francis Paredes; Jorge Montoya de Renovación Popular; Lucinda Vásquez de Bloque Magisterial; y Patricia Chirinos de Avanza País.

Finalmente, las abstenciones vinieron de los perulibristas Waldemar Cerrón, Isaac Mita, Margot Palacios y José Cueto de Renovación Popular.

Luego de que se conoció la votación, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, indicó que se le hará conocer la decisión a la presidenta Dina Boluarte para que proponga a un nuevo candidato a contralor general.

Pedro Cartolín y su “maestro” César Hinostroza

En la víspera de la votación, se dio a conocer un audio entre Cartolín y el destituido prófugo ex juez supremo César Hinostroza, a quien el candidato a contralo denominaba como “maestro”.

Al respecto, el juez supremo provisional rechazó categóricamente con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto y con el presunto cabecilla de la referida organización criminal, César Hinostroza. Indicó que “jamás” participó en un acto de corrupción y que los encuentros con el prófugo magistrado fueron protocolares.

Reitero que nunca ha recibido un pedido o favor por parte de algún implicado por el caso y recordó que existe un audio donde César Hinostroza lo califica como “una persona a la que es difícil de acceder”.

La Fiscalía de la Nación interpuso ayer una denuncia constitucional contra el congresista de Acción Popular, Jorge Flores Ancachi, por supuestos delitos de concusión y perjuicio a la administración pública, en el marco del caso ‘Mochasueldos’. Bajo la dirección del fiscal Juan Carlos Villena, esta acusación ha sido remitida al presidente del Congreso, Alejandro Soto, y está documentada en la carpeta fiscal N.º 200-2023.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitirle los actuados de la carpeta fiscal N.º 200-2023, que guarda relación con la denuncia constitucional interpuesta contra Jorge Luis Flores Ancachi (en su condición de congresista de la República), como presunto autor del delito contra la administración pública – concusión, en grado tentativa, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 382º del Código Penal, en agravio del Estado”, se lee en la documentación.

Esta acción legal surge a raíz de la solicitud de la Procuraduría General del Estado (PGE) para llevar a cabo investigaciones preliminares contra Flores Ancachi, planteando la posibilidad de que el parlamentario haya también incurrido en cohecho.

En efecto, de acuerdo a un informe periodístico del dominical Cuarto Poder, el parlamentario habría abusado de su cargo para obligar a los trabajadores de su despacho congresal y de la Comisión de Energía y Minas (que presidió en el periodo 2022-2023) para que le entreguen parte de sus remuneraciones.

El legislador puneño, quien también es investigado por el Ministerio Público como integrante del denominado grupo ‘Los Niños’, presuntamente exigía a sus trabajadores a entregarles el 10% de sus salarios y la mitad de todos los bonos que recibían. En audios que fueron grabados en enero de 2023 y que fueron oportunamente difundidos, se le escucha decir al parlamentario. “Con ustedes había quedado bien claro de que ustedes nos iban a apoyar con el 10%. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50. Lo han cumplido, no, parte de ustedes, pero no veo esa voluntad”, señaló entonces.

Flores Ancachi arremetió contra fiscal de la Nación interino

Como se recuerda, el pasado 17 de abril, el legislador Jorge Flores Ancachi presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y la fiscal suprema Delia Espinoza, por presunto abuso de autoridad, entre otros. Dentro de la acusación, solicitó la inhabilitación de la función pública de ambos durante un plazo de 10 años.

El parlamentario envió la delación a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) a fin de que siga su curso. En última instancia, tendría que llegar al hemiciclo parlamentario para que se efectúe.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, en medio de excesivas medidas de seguridad, con una comitiva presidencial compuesta por aproximadamente doce vehículos, llegó a la sede del Ministerio Público aproximadamente a las 9:08 a.m. para participar en una diligencia respecto del caso ‘Rolex’.

La diligencia, en respuesta a la citación del titular interino del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, tiene como objetivo ampliar el testimonio de Boluarte Zegarra ante él, sobre la supuesta recepción de relojes Rolex y otras joyas valoradas.

Hoy, la mandataria deberá responder a los cuestionamientos hacia su persona, ante la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de datos en su declaración jurada.

La investigación comenzó hace tres meses y abarca la posible recepción de beneficios indebidos por parte de funcionarios públicos, incluyendo relojes de alta gama y otras joyas que no se declararon entonces. Y como resultado, se incautaron dichas joyas.

Aunque, Boluarte Zegarra negó las acusaciones, alegando que los objetos eran préstamos del gobernador de Ayacucho Wilfredo Oscorima; ni la opinión pública, ni la mayor parte de la población le cree.

En abril pasado, Boluarte ya había dado una primera declaración sobre este asunto, y hoy se espera que dé una ampliatoria. 

Está de vuelta. El 23 de junio del año pasado, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, fue inhabilitada por 5 años por el Congreso de la República para el ejercicio de la función pública por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en relación al ex presidente Pedro Castillo.

“De esa manera, a través de su conducta omisiva, Zoraida Ávalos Rivera habría contravenido lo establecido tanto en la Constitución Política del Perú, como en las normas infraconstitucionales que se han invocado en el acápite 3.1.2.1, así como las normas procesales que regulan lo concerniente a la investigación preliminar y su finalidad”, concluyó en ese momento el Parlamento.

Luego de 11 meses de inhabilitación, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia (CSJ) se pronunció acerca del proceso de amparo interpuesto por Ávalos Rivera.

En ese sentido, resolvió “declarar fundada en parte la demanda, y por tanto inaplicable a la demandante los efectos de la Resolución Legislativa N° 024- 2022-2023-CR, publicada el 23 de junio de 2023″, que dispuso su inhabilitación por la presunta infracción a la Constitución Política del Perú, en su artículo 159°, inciso 4.

De acuerdo a los fundamentos de la Corte Suprema indican en el considerando vigésimo de la resolución que “(…) el Congreso de la República no ha motivado debidamente la infracción constitucional atribuida a la demandante conforme a los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional, dado que incurre en motivación insuficiente/incongruente (…)”.

“Esta Sala Superior Constitucional concluye que se ha vulnerado el derecho al debido proceso formal, en el ámbito de la motivación de la resolución legislativa de inhabilitación, de la demandante”, precisa el documento.

La resolución también ordena reponer “las cosas al estado anterior a la violación o amenaza del derecho fundamental, corresponde ordenar la reincorporación de la demandante Zoraida Ávalos Rivera como Fiscal Suprema Titular del Ministerio Público”.

Por último, la Sala resolvió “dejar a salvo la potestad del Congreso de la República para que proceda conforme a sus atribuciones constitucionales con relación a los actos que le fueron imputados a la demandante como infracción constitucional, garantizándole el irrestricto respeto a sus derechos fundamentales”.

Zoraida Ávalos lo celebra

Tras el fallo del Poder Judicial (PJ), Zoraida Ávalos Rivera celebró su reincorporación como fiscal suprema en el Ministerio Público (MP) y señaló que “está de vuelta”.

A través de su cuenta oficial de ‘X’, antes Twitter, la exfiscal de la Nación se pronunció sobre la decisión que tomó la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Con las energías recargadas. El congresista Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular) presentó el 29 de setiembre del año pasado el Proyecto de Ley N.º 6030/2023-CR, “Ley que prioriza proyectos científicos de inversión privada y/o pública destinados a la agrovoltaica”, en donde se mencionaba en el segundo artículo del proyecto referido la finalidad de la misma:

“…el Estado peruano impulse el desarrollo científico de alternativas de energías renovables para el desarrollo de la agricultura de manera sostenible y amigable con el medio ambiente, lo que conlleva a la generación de electricidad, el abaratamiento de los costos de energía, y la mejora en los resultados de la producción agrícola”.

Pero, ¿Qué significa la agrovoltaica? En palabras del mismo PL se enmarca dentro de una “actividad agraria sostenible, que implica instalar paneles fotovoltaicos orientados a generar energía en terrenos dedicados a actividades agrícolas ocurriendo de manera simultánea sobre una misma área. El objetivo de dicha actividad es el aprovechamiento de los suelos disponibles de manera eficiente, administrando conjuntamente recursos naturales para alimentación y generación de energía en base a una fuente renovable, inagotable y respetuosa con el medio ambiente”.

Hasta ahí todo bien con el Proyecto de Ley si no fuera por los antecedentes del congresista Jorge Luis Flores Ancachi en cuanto a sus presuntos vínculos con empresas dedicadas a las energías renovables con las cuales ya tendría un acuerdo previo para ingresar al mercado nacional, entre ellas la gigante asiática Huawei, empresa que financió el viaje a China del parlamentario Flores Ancachi.

Al respecto, Lima Gris publicó el 11 de octubre del año 2023 una nota en donde se mencionaba su cercanía Flores Ancachi (sindicado de pertenecer a la presunta organización criminal ‘Los Niños), con la empresa china Huawei. En ese momento se hacía énfasis en correos electrónicos donde aparecía el nombre del parlamentario acciopopulista, así como su viaje a China, todo pagado, junto con su pareja. Aquí el enlace: https://limagris.com/huawei-jorge-flores-ancachi-y-la-energia-agrovoltaica/.

Flores Ancachi, ¿el brazo político de Huawei en Perú?

Para que la gigante asiática en tecnología pueda tener ‘terreno fértil’ para sus operaciones comerciales requiere necesariamente de un intermediario en la política, en específico un congresista peruano que se encuentre, casualmente, en la Comisión de Energía y Minas, y que desde ahí se encargue de impulsar proyectos de ley que modifiquen las leyes nacionales a favor de la gigante tecnológica. Al parecer, el elegido sería el parlamentario natural de Puno, nos referimos a Jorge Luis Flores Ancachi.  

Desde el 2014, la empresa china con sede central en Shenzhen viene promoviendo el mayor proyecto agrovoltaico del mundo. Este proyecto ha sido construido en China, exactamente en el distrito de Binhe New. Desde allí se viene trabajando desde diez años para revitalizar terrenos de tierra árida en la provincia de Ningxia. El proyecto, es el resultado de un acuerdo entre el grupo Baofeng y la división Solar de Huawei, ya se ha instalado 640 megavatios de energía agrovoltaica con el objetivo de llevar la capacidad final a 1 gigavatio.

Ahora que el proyecto elaborado por el congresista Flores Ancachi se encuentra en etapa de estudio por parte de la Comisión de Energía y Minas del Congreso cabe preguntarse si dicho grupo de trabajo dejará pasar por alto todas esas irregularidades que solamente favorecerían a la gigante asiática que no ve las horas en meter a nuestro país sus paneles fotovoltaicos.