Política
Inteligencia Artificial expone al Congreso sobre reparto de utilidades en el sector eléctrico ¿justicia laboral o riesgo económico?
Con imparcialidad la inteligencia artificial analiza y responde sobre un proyecto de ley del sector eléctrico.

En medio de la crisis política, el pasado 21 de marzo de 2025, el Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó en primera votación una modificación al Decreto Legislativo 892, que regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas. La reforma propone aumentar progresivamente el porcentaje de reparto de utilidades en el sector eléctrico del actual 5% hasta alcanzar el 10% en 2030.
El aumento irá de manera progresiva año a año: 7% en 2025, 8% en 2026 y 9% en 2027. Esto con el objetivo de equiparar este sector con otros, como el pesquero y el de telecomunicaciones, que ya aplican dicho porcentaje.
El arriesgado dictamen actualmente se encuentra pendiente de una segunda votación. Sin embargo, su aprobación en primera instancia ha generado polémica entre los sectores empresariales y trabajadores.
Postura del sector empresarial y analistas
Voces del sector empresarial han sido críticos con la iniciativa, ya que consideran que la medida es inviable y perjudicial por las siguientes razones:
– Impacto en tarifas: El aumento del reparto de utilidades podría incrementar las tarifas eléctricas en un 4%, afectando a todos los consumidores.
– Falta de sustento técnico: No existe un análisis técnico ni económico que justifique la medida y evalúe sus implicancias en el sector.
– Desincentivo a la productividad: Se modificaría la distribución de utilidades sin considerar el rendimiento individual de los trabajadores, lo que podría afectar la eficiencia laboral.
– Riesgo para la inversión: La medida podría desalentar la inversión en un sector que requiere constantes desembolsos para modernización y expansión.
– Falta de respaldo del Ministerio de Trabajo: Este organismo ha señalado que la propuesta carece de sustento suficiente, pues se basa en datos desactualizados.

Postura de los trabajadores del sector eléctrico
Por otro lado, la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú ha defendido la iniciativa. Los sindicalistas han lanzado los siguientes argumentos:
– La medida corrige una desigualdad histórica en la distribución de utilidades en comparación con otros sectores industriales.
– La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce a la industria eléctrica como parte del sector industrial, lo que justificaría un reparto mayor de utilidades.
– Consideran que el aumento del porcentaje no afectará la rentabilidad de las empresas ni desalentará la inversión.
– Argumentan que otros sectores con una distribución del 10% de utilidades no han sufrido impactos negativos en su economía.
– Sostienen que la oposición a la medida responde a intereses empresariales y no al bienestar de los trabajadores.

Evaluación del impacto
Tras conocer las posiciones y argumentos del sector empresarial y de los trabajadores, consultamos a la inteligencia artificial (ChatGPT) para obtener una respuesta imparcial del impacto potencial de esta medida en la inversión en infraestructura y energías renovables.
Nuestra pregunta fue: ¿Cómo afectaría el aumento del reparto de utilidades al 10% la capacidad de inversión en infraestructura y energías renovables del sector eléctrico, y cuáles serían las consecuencias para los consumidores y la economía a largo plazo?
A continuación, la respuesta tras el análisis de la inteligencia artificial:
El aumento del reparto de utilidades al 10% en el sector eléctrico afectaría la capacidad de inversión en infraestructura y energías renovables de varias maneras:
Impacto en la inversión
1. Reducción de recursos para inversión: Las empresas del sector eléctrico, especialmente aquellas con inversiones intensivas en capital, destinarían una mayor parte de sus utilidades al reparto de beneficios, lo que reduciría los fondos disponibles para proyectos de expansión, modernización de redes y transición hacia energías limpias.
2. Mayor dependencia del financiamiento externo: Para compensar la menor reinversión de utilidades, las empresas podrían recurrir a deuda o financiamiento externo, lo que aumentaría costos financieros y riesgos a largo plazo.
3. Desincentivo a nuevas inversiones: Un mayor reparto de utilidades podría hacer que los inversionistas perciban menor rentabilidad en el sector, reduciendo el atractivo para nuevos proyectos, especialmente en energías renovables que requieren grandes desembolsos iniciales.
Consecuencias para los consumidores
1. Tarifas más altas: Si las empresas trasladan el impacto del menor margen de inversión a los consumidores, podrían aumentar las tarifas eléctricas para compensar la menor rentabilidad y garantizar la sostenibilidad de las operaciones.
2. Menor calidad del servicio: La reducción en inversión en mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica podría aumentar la frecuencia de cortes de energía y reducir la confiabilidad del suministro eléctrico.
3. Retraso en la transición energética: Menos inversión en energías renovables significaría una mayor dependencia de fuentes convencionales de generación, retrasando la descarbonización del sector eléctrico.
Impacto en la economía a largo plazo
1. Menor competitividad del sector eléctrico: La reducción de inversiones podría afectar la capacidad del sector para modernizarse y mejorar su eficiencia, haciendo que el país dependa más de energías costosas o contaminantes.
2. Impacto en la generación de empleo: Aunque el mayor reparto de utilidades beneficiaría a los trabajadores en el corto plazo, una reducción en la inversión podría frenar la creación de nuevos empleos en el sector eléctrico y en industrias relacionadas.
3. Mayor incertidumbre para el crecimiento económico: La energía es un insumo clave para la industria y la economía en general. Si el sector eléctrico se vuelve menos eficiente o más costoso, esto podría afectar la competitividad de otros sectores productivos, reduciendo el crecimiento económico en el largo plazo.
En conclusión, aunque el aumento del reparto de utilidades podría beneficiar a los trabajadores en el corto plazo, su impacto en la inversión y el desarrollo del sector eléctrico podría generar efectos negativos en la calidad del servicio, las tarifas y la transición energética, afectando tanto a los consumidores como al crecimiento económico del país a largo plazo.
Aspectos pendientes en el debate legislativo
Al analizar el dictamen y sus antecedentes, se identificó que este proviene de dos proyectos de ley acumulados:
* PL 02117/2021-CR, presentado por el congresista Ilich Fredy López Ureña (Acción Popular).
* PL 01644/2021-CR, presentado por el congresista Alex Antonio Paredes Gonzales (Bloque Magisterial de Concertación Nacional).
El 21 de febrero de 2025, la CGTP solicitó al presidente del Congreso acelerar la aprobación de la medida. Sin embargo, sorprende que el dictamen solo cuente con una opinión del Ministerio de Trabajo, que indica que no hay sustento suficiente en la exposición de motivos, la cual se basa en datos desactualizados.

Por otro lado, llama la atención la ausencia de opiniones técnicas de entidades clave como el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas, cuyos aportes serían fundamentales para evaluar las implicancias económicas y sectoriales.
Preguntas claves que debe responder el Congreso
Ante la falta de un análisis integral, surgen las siguientes interrogantes:
– Afectará la medida las tarifas eléctricas para los consumidores?
– Cómo impactará en la competitividad de sectores industriales que dependen de la electricidad?
– Se está considerando el riesgo de desincentivar la inversión privada?
– El aumento del reparto de utilidades podría comprometer la generación de empleo en el sector a largo plazo?
Si bien la Federación de Trabajadores argumenta en favor de la justicia laboral y la equiparación con otros sectores, no ha presentado evidencia sobre cómo esta medida afectará las inversiones necesarias para garantizar el desarrollo sostenible del sector eléctrico.
En este contexto, resulta indispensable que las comisiones de Economía y Energía y Minas del Congreso analicen de manera rigurosa estos puntos antes de someter la norma a segunda votación. Una decisión apresurada podría tener consecuencias adversas para la estabilidad del servicio eléctrico, las tarifas y la inversión en energías renovables.
Política
General PNP Víctor Zanabria gasta millones en ‘autos de lujo’
Mientras cientos de comisarías del país enfrentan la delincuencia con patrulleros obsoletos, el comandante general Víctor Zanabria autorizó la compra de camionetas de alta gama para los altos mandos policiales, incluyendo un Audi que él mismo se adjudicó.

En un país donde la inseguridad ciudadana se agrava cada día y cientos de comisarías operan con vehículos en estado deplorable, el alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha decidido priorizar la compra de autos de alta gama para sus propios oficiales. La medida, autorizada por el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), teniente general Víctor Zanabria Angulo, ha generado una ola de críticas tanto dentro como fuera de la institución.
La adquisición incluye 168 vehículos, entre ellos camionetas Audi para los tenientes generales, como el propio Zanabria Angulo, quien se adjudicó uno de estos lujosos automóviles. Según el portal del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), también se compraron 40 camionetas Toyota RAV4 para los generales (por S/5.2 millones) y 120 Toyota Corolla para los coroneles (por S/11.9 millones). El monto total supera los S/18 millones.

Contraste indignante con la realidad policial
Mientras estas compras se realizan, muchas comisarías en el país operan con patrulleros destartalados, sin combustible suficiente, equipos de comunicación obsoletos y personal mal equipado. Esta realidad contrasta de forma escandalosa con el nivel de gasto para satisfacer las necesidades de confort y estatus de una minoría de oficiales de alto rango.
Los vehículos fueron adquiridos tras un proceso de licitación que incluyó a 13 empresas automotrices, y finalmente fueron adjudicados a las concesionarias Euroshop y Autoespa. Cada vehículo Audi costó S/200,834, las Toyota RAV4 se compraron por S/131,683 cada una, y los Corolla a S/99,292.
Beneficiados y justificaciones legales
Entre los beneficiados, además de Zanabria Angulo, figuran el jefe del Estado Mayor de la PNP, Óscar Arriola; el inspector general Jhony Veliz; y el jefe de Operaciones, Carlos Céspedes. Las autoridades se amparan en una normativa del Ejecutivo que permite el financiamiento de vehículos oficiales. Sin embargo, la ley no establece marcas ni especificaciones de lujo, por lo que la elección recayó completamente en el criterio del Comando Policial.
Además, aunque los vehículos deben ser devueltos a la institución policial al pasar al retiro, existe la posibilidad de que los oficiales los compren a mitad de precio, como lo confirmó el general PNP (r) José Baella, quien criticó la decisión, señalando que en un contexto de creciente criminalidad, la Policía debería enfocar sus recursos en tecnología, armamento, movilidad y condiciones dignas para el personal en las calles. “Se debe tener criterio. Estas compras no son una prioridad cuando las comisarías no pueden operar con eficiencia”, advirtió.
Política
Pese a medida cautelar, la Policía sigue utilizando caballos para contener las protestas
En 2022, Sala Constitucional del PJ reconoció a los equinos como seres sintientes, recalcando que en la actualidad existen otros métodos más efectivos y modernos para contener las movilizaciones sociales.

Existiendo drones, motos y otros vehículos, aún se persiste en utilizar, como si estuviéramos en el siglo XIX, caballos para repeler o disuadir multitudes. Los tiempos han cambiado y utilizar equinos como por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) resulta desfasado e injustificado, entendiéndose que vivimos en un mundo civilizado.
En agosto del año 2022, la Primera Sala Constitucional de Lima otorgó una medida cautelar presentada por el Instituto Peruano de Asesoría Legal del Medio Ambiente y la Biodiversidad (IPALEMA) con la que se suspendía el artículo del Reglamento de la PNP que autoriza el empleo de la denominada Policía Montada en eventos o espectáculos públicos; sin embargo, se ha hecho caso omiso de dicha orden judicial.
La sentencia, dictada con los votos de los jueces superiores Ordóñez Alcántara y Tapia Gonzales, concluye que el uso de caballos en operativos policiales no supera el test de proporcionalidad. Según el fallo, “el uso de vehículos de transporte terrestre administrados por la Policía Nacional del Perú, así como de armas disuasivas como las bombas lacrimógenas, constituyen medios idóneos para efectuar un control de multitudes en escenarios de manifestaciones o eventos públicos”.

“(La medida cautelar) dice que no pueden sacar a los caballos mientras se resuelve para los eventos de multitudes, para los espectáculos, para el control de multitudes donde exista la violencia (…) porque existen otros métodos, como las unidades motorizadas”, dijo Sonia Córdova, presidenta de IPALEMA para Canal N.
La activista mencionó que la Policía ha usado caballos en protestas registradas en Arequipa, así como en conflictos con mineros. Indicó que el 14 de julio se ha solicitado a la Sala Constitucional que haga efectiva la advertencia que se le hizo en febrero de 2024 a la PNP para que se denuncie el incumplimiento ante el Ministerio Público y que se inicie un procedimiento disciplinario con posible destitución contra los efectivos responsables.
El dato:
El Ministerio del Interior apeló la sentencia y será la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema la instancia que tendrá la última palabra en este caso.
Política
López Aliaga no asistió a reunión técnica con el MTC sobre trenes de Lima
El ministro de Transportes y Comunicaciones lamentó la ausencia del alcalde de Lima y dijo: “¿Yo qué puedo hacer? El que está postulando a la candidatura presidencial es él, no yo”. Diversos sectores cuestionan su falta de compromiso y diálogo ante un proyecto de alto impacto metropolitano.

En un contexto donde la coordinación técnica entre autoridades es crucial para el avance de proyectos de infraestructura, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, decidió no participar en la reunión convocada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), prevista para el martes 22 de julio. La cita tenía como objetivo definir aspectos técnicos del proyecto ferroviario Lima–Chosica, una iniciativa esperada por miles de limeños que enfrentan diariamente problemas de movilidad.
La ausencia del burgomaestre fue confirmada por el propio ministro de Transportes, César Sandoval, quien lamentó públicamente la decisión de López Aliaga. Desde Chiclayo, donde participaba en una actividad oficial, Sandoval declaró: “Lamento mucho, porque desprecia la convocatoria y es su naturaleza de ser. ¿Yo qué puedo hacer? El que está postulando a la candidatura presidencial es él, no yo”.
A pesar de su frustración, el titular del MTC señaló que el encuentro seguirá adelante con el equipo técnico que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha designado como representante. “Con él o sin él, el municipio estará representado”, precisó.

La decisión de López Aliaga responde, según sus propias palabras, a un malestar con el enfoque del ministro Sandoval. Acusó al MTC de adoptar una postura política frente al proyecto ferroviario, y señaló “tratos discutibles” como argumento para justificar su ausencia. “Yo solo he dado amor a este señor”, ironizó el alcalde de Renovación Popular en declaraciones a la prensa, insinuando un trato despectivo por parte del Ejecutivo.
Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada por diversos sectores, que consideran que su negativa a participar en una mesa técnica revela una falta de compromiso institucional frente a un proyecto de impacto metropolitano. En lugar de buscar diálogo o resolver las discrepancias de forma técnica y directa, López Aliaga ha optado por una actitud confrontacional y ausente.
No obstante, su ausencia en espacios de decisión estratégica como esta reunión deja dudas sobre su verdadero interés en concretar un avance tangible. Frente a proyectos de alto interés ciudadano, se espera que las autoridades estén a la altura del cargo, no solo con discursos, sino con presencia, responsabilidad y voluntad de diálogo.
Política
Red de Ollas Comunes de Lima exige a López Aliaga una disculpa pública
Las madres de las ollas comunes piden que el alcalde de Lima se rectifique inmediatamente por sus agravios y el desprecio hacia su labor. Además, rechazan la desinformación que ejerció sobre nutrición infantil y advierten que, al atacar a una de ellas, ataca a todas. En suma, demandan respeto.

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, no puede evitar estar en el centro de la polémica tras haber lanzado insultos desmedidos y profundamente ofensivos contra Abilia Ramos, presidenta de las Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho, quien días antes denunció la entrega de sangrecita de pollo en mal estado por parte de una empresa contratada por la Municipalidad.
En lugar de responder con responsabilidad ante una denuncia pública que involucra directamente a su gestión edil en la provisión de alimentos básicos para familias vulnerables, el alcalde de Renovación Popular optó por atacar personalmente a la dirigente. “Una olla que estamos localizando, que es politizada, que está ligada a una señora de izquierda, mentirosa, asesina y ladrona”, declaró López Aliaga en un acto público, desatando la indignación de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

Las declaraciones no solo carecen de evidencia y sustento, sino que constituyen una grave falta de respeto hacia una mujer que representa a cientos de madres que, desde 2020, sostienen la alimentación comunitaria en los barrios más golpeados por la crisis económica y social. Lejos de responder con altura a una crítica legítima, López Aliaga optó por el insulto, el desprecio y la desinformación.
Frente a ello, la ‘Red de Ollas Comunes de Lima’ a través de un pronunciamiento público expresó su más enérgico rechazo a las expresiones del alcalde.
“No es solo una falta de respeto personal; es una agresión contra todas las mujeres que, desde el año 2020, respondemos a la desidia del Estado con organización y solidaridad. Nos parece indignante que una autoridad municipal que además pretende postular a la presidencia de la República, se exprese con desprecio hacia quienes hemos sostenido y seguimos sosteniendo la alimentación de miles de familias durante la pandemia y luego, con el alza del costo de vida, la falta de presupuesto y el aumento en el precio de los alimentos”, señalaron.
Recordaron, además que el trabajo de las ollas comunes es voluntario, sostenido con esfuerzo y dignidad, y ha sido fundamental durante la pandemia y la posterior crisis alimentaria.
El detonante del conflicto fue la denuncia sobre la entrega de sangrecita de pollo en pésimo estado a varias ollas comunes de San Juan de Lurigancho. Lejos de anunciar una investigación o verificar las condiciones de la entrega, el alcalde de Lima se refugió en el ataque verbal y la descalificación ideológica. Una estrategia que, según diversos analistas, busca distraer la atención pública de la verdadera gravedad del caso: el posible uso de recursos municipales para entregar alimentos en condiciones inadecuadas.

La ‘Red de Ollas Comunes’ también cuestionó duramente las afirmaciones del burgomaestre respecto a una supuesta disminución de la anemia infantil en Lima, atribuida únicamente a la entrega de sangrecita. Consideraron que esta visión es “simplista, peligrosa e irresponsable”, ya que invisibiliza las múltiples causas del problema, como el acceso limitado a alimentos nutritivos, servicios de salud deficientes y la falta de educación alimentaria.
“Expresamos nuestra extrañeza frente a las declaraciones del acalde que sin respaldo técnico afirma que gracias a su gestión se ha reducido la anemia en Lima Metropolitana, de 70% a 30%. Reducir el problema de la anemia a la entrega de sangrecita es una visión simplista y peligrosa. La anemia es un problema de salud pública multicausal, vinculado a múltiples factores como el acceso a alimentos nutritivos, agua segura, servicios de salud, vivienda adecuada y reducación alimentaria. Invisibilizar esa complejidad con fines propagandísticos es irresponsable”, también señalaron en el pronunciamiento.
A esto se suma la preocupación por el uso político de cifras sin respaldo técnico, justo en momentos en que el alcalde ha manifestado sus intenciones de postular a la presidencia de la República.
Las lideresas de las ollas comunes exigen una rectificación inmediata y una disculpa pública por parte de Rafael López Aliaga. “No se trata solo de una falta de respeto a una compañera. Es un agravio a todas las mujeres que sostenemos con nuestras manos la alimentación de miles de familias peruanas”, expresaron con firmeza.
Desde la sociedad civil, distintas voces se han sumado al repudio. El silencio o la tibieza frente a declaraciones de este calibre normaliza el abuso de poder, la violencia política y la criminalización de la protesta social.
Porque cuando una autoridad insulta sin pruebas a una mujer que exige transparencia, lo que está en juego no es solo su honor: está en juego la dignidad de miles que luchan día a día contra el hambre, la indiferencia estatal y, ahora, también contra la agresión desde el poder.
Política
Cambios en la ATU: Jaime Romero Bonilla se convierte en su nuevo presidente
MTC aceptó la renuncia de David Hernández Salazar.

Cambio de timón. El Gobierno oficializó ayer el cambio en la presidencia del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao, organismo encargado de organizar y gestionar el sistema integrado de transporte en la capital. A través de la Resolución Suprema n.° 006-2025-MTC, publicado en el diario oficial El Peruano, se aceptó la renuncia de David Hernández Salazar como miembro y presidente del Consejo Directivo de la entidad.
En el documento, refrendado por el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se agradece a Hernández Salazar “por los servicios prestados”, sin dar mayores explicaciones del porqué de su repentina salida.
Poco después, mediante la Resolución Suprema n.° 007-2025-MTC, el Ejecutivo designó a Jaime Francisco Romero Bonilla como nuevo miembro y presidente del Consejo Directivo de la ATU, conforme a la propuesta del MTC.

Romero Bonilla asumirá la Presidencia Ejecutiva del organismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley N.° 30900, que establece la estructura directiva de la ATU. Dicha norma señala que el Consejo Directivo está conformado por ocho miembros designados por un período de cinco años, y que el presidente del Consejo ejerce también la función ejecutiva de la entidad.
La designación de Romero se sustenta en lo establecido por la legislación vigente, incluyendo la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley que regula la participación del Ejecutivo en el nombramiento de funcionarios públicos, así como los reglamentos internos del MTC y de la propia ATU.
Nuevo presidente de la ATU viene siendo investigado
En 2023, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao solicitó una condena de 5 años y 11 meses de prisión efectiva contra el entonces gobernador regional del Callao, Dante José Mandriotti Castro, por el presunto delito de colusión agravada.
La acusación también incluyó al entonces gerente general del Gobierno Regional, Jaime Romero Bonilla, y otros funcionarios, por presuntas irregularidades en la contratación de servicios durante el XI GORE Ejecutivo en 2019.
Según la tesis fiscal, se habrían contratado proveedores allegados y sobrevalorado servicios no justificados, generando un perjuicio económico de S/ 32,348 al Estado. La acusación se sustenta en 34 elementos de convicción, incluyendo informes del Órgano de Control Institucional (OCI) que detectaron sobrevaloraciones de hasta 200 % en algunos servicios.
Política
APP ahora cuenta con tres nuevos integrantes
Jorge Flores Ancachi, Segundo Quiroz y Luis Cordero Jon Tay se suman a bancada de César Acuña.

Ya parecen piratas, pues no tienen bandera. A solo cinco días para la conformación de la nueva Mesa Directiva, otros tres parlamentarios decidieron pasarse a una nueva bancada que acepte sus ‘términos y condiciones’. Se trata de los legisladores Luis Cordero Jon Tay, Jorge Flores Ancachi y Segundo Quiroz, quienes se suman a Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña. Con esta inclusión, la agrupación parlamentaria de ‘Plata como cancha’ ahora tiene 17 representantes en el Legislativo, permaneciendo por detrás de Fuerza Popular que tiene 21.
Cabe mencionar que Luis Cordero renunció a la bancada de Somos Perú, el congresista Ancachi dejó Podemos Perú, en tanto su colega Quiroz hizo lo propio deslindándose del Bloque Magisterial.
Tras la partida de Óscar Zea, el Bloque Magisterial, formado en mayo de 2022, queda disuelto al no contar con el mínimo requerido de integrantes, el reglamento exige un mínimo de cinco participantes.
En tanto, las bancadas con 11 integrantes cada una son: Podemos Perú, Perú Libre y Renovación Popular. Mientras que Acción Popular y Somos Perú cuentan con 9 miembros.
Juntos por el Perú – Voces del Pueblo con 8; y Avanza País con 6. Las bancadas Socialista, Honor y Democracia, y el Bloque Democrático Popular suman 5 legisladores cada una. Los no agrupados alcanzan 10 parlamentarios.
Política
Leslie Urteaga viaja a Nueva York mientras el MIDIS sigue sin resultados concretos
Gobierno autorizó el viaje de la titular del Midis para participar en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, en Estados Unidos.

Mientras la pobreza y la exclusión social siguen golpeando a millones de peruanos, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, se alista para representar al país en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de la ONU, que se realizará en Nueva York del 20 al 23 de julio.

Su viaje, oficializado mediante la Resolución Suprema N.º 158-2025-PCM y firmado por Dina Boluarte Zegarra, ha sido presentado como una oportunidad para «visibilizar los avances del Perú» ante la comunidad internacional. Sin embargo, la realidad interna dista mucho de ese discurso optimista.
Urteaga Peña, quien asumió el MIDIS tras una gestión muy cuestionada en el Ministerio de Cultura, ha sido criticada por su bajo perfil técnico, la falta de liderazgo y la inacción frente al alarmante aumento de la pobreza en los últimos años. Bajo su gestión, los programas sociales no han mostrado mejoras sustanciales, y la articulación territorial sigue estancada.
El evento en Naciones Unidas, aunque relevante en la agenda global, corre el riesgo de convertirse en otro acto simbólico para el gobierno de Boluarte: mucha diplomacia, poca gestión real.
Durante su ausencia, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, quedará a cargo del despacho del MIDIS. A pesar de ello, la resolución indica que todos los gastos del viaje serán cubiertos por el propio ministerio, en un contexto donde las prioridades presupuestales del sector deberían estar enfocadas en atender las urgencias sociales.
¿Realmente se están exponiendo avances, o simplemente se está maquillando una gestión sin resultados para ganar visibilidad internacional? La presencia de Leslie Urteaga en foros globales puede sonar bien, pero poco aporta si en casa las cifras siguen en rojo.
Política
Congresista Carlos Zeballos: «La tercerización le está haciendo mucho daño a EsSalud. Son casi 5 mil millones de soles en tercerización» [VIDEO]
El parlamentario habló sobre su paso por cinco bancadas y su trabajo fiscalizador desde el Congreso de la República.

En una conversación sin rodeos, el congresista Carlos Zeballos conversó con el periodista Edwin Cavello para una nueva edición del podcast de Lima Gris, transmitido por NEO TV. A lo largo de poco más de media hora, el parlamentario abordó temas que rara vez ocupan los titulares, pero que son claves para entender el trabajo político más allá del escándalo.
Zeballos, actual presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, defendió la necesidad de apostar por la conectividad nacional como una política pública transversal. “No puede haber desarrollo sin acceso a internet, sobre todo en las zonas rurales”, afirmó, subrayando los esfuerzos por reactivar la llamada red dorsal nacional, uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos —y rezagados— del Estado peruano.
Uno de los momentos más relevantes de la entrevista fue cuando se refirió a la crisis hídrica que amenaza a varias regiones del país. Zeballos reveló que ha solicitado información al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) para anticipar escenarios de escasez de agua. Su mensaje fue claro: el Perú necesita planificar ahora o pagar las consecuencias después.
El congresista también habló de su participación en la Comisión de Fiscalización, donde ha adoptado una postura crítica frente al Ejecutivo, pero sin alinearse con los sectores más radicales. Reivindicó su independencia parlamentaria y su compromiso con una fiscalización que no se convierta en circo político. “Fiscalizar no es perseguir, es hacer que las cosas funcionen”, dijo con énfasis.
Durante la entrevista, el parlamentario también se refirió a uno de los temas que más preocupa a los asegurados: el estado crítico de EsSalud. Denunció la existencia de una “mafia enquistada” en el sistema de salud estatal, con redes de corrupción que, según él, bloquean cualquier intento de reforma. Cuestionó además el deficiente servicio que reciben millones de peruanos pese al presupuesto millonario que maneja la institución. “Essalud se ha convertido en un botín político”, advirtió, al tiempo que exigió que se investigue la designación de funcionarios y las contrataciones irregulares. Su postura evidencia que, más allá de las comisiones técnicas, el congresista no teme tocar intereses poderosos.
Esta conversación es una invitación a mirar más allá de los titulares y escuchar a un legislador que intenta posicionarse desde el trabajo técnico y el debate de ideas.
Aquí la entrevista completa.
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