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Política

Hoy en el Pleno del Congreso se aprobaría por insistencia Ley Fonavi

A pesar de la negativa del gobierno de Sagasti por haber observado la ley; los fonavistas aún podrían recuperar sus aportaciones si es que el Congreso finalmente la promulga.

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El Pleno del Congreso hoy debatiría y aprobaría por insistencia el proyecto de ley que faculta las devoluciones de los aportes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), luego que la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) recolectara firmas para que se incluya en la agenda de esta sesión.

Nueve bancadas firmaron a favor de que autógrafa observada por el gobierno se discuta ya; en la agenda se incluyó las firmas de los voceros de Alianza para el Progreso, Acción, Popular, Podemos Perú, Frepap, Frente Amplio, Unión Por el Perú, Somos Perú y Descentralización Democrática y Nueva Constitución.

En el debate, se analizará la votación de la autógrafa que fue observada por el Ejecutivo porque alegaron que la devolución del Fonavi implicaría un gasto al presupuesto público.

Cabe recordar que, la Comisión de Economía aprobó por unanimidad la insistencia del dictamen, después que regresó a la mesa de trabajo congresal, desde Palacio de Gobierno.

Hay que señalar que solo hubo dos bancadas que no apoyaron la iniciativa de la ley Fonavi: el Partido Morado y Fuerza Popular, que desde un principio se mostraron en contra, en la Comisión de Economía.

Si finalmente, la ley se aprueba por insistencia, al día siguiente saldrá publicado en el diario oficial El Peruano, y la Comisión Ad Hoc del Fonavi será reconformada y los nuevos integrantes (Federación de fonavistas, Ministerio de Economía y ONP), tendrán que emitir los certificados que respaldarán la deuda que tienen con los exafiliados del fallido fondo de vivienda. Asimismo, los fondos para la devolución provendrán del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la recuperación de bienes de entidades como el Banco de Materiales, Techo Propio, entre otras.

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Política

Congreso aprueba en primera votación autorizar el 100% de clases ‘online’ en las universidades

La Comisión Permanente aprobó la medida que autoriza la total educación a distancia y el licenciamiento permanente para las universidades.

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¿En el Congreso defienden los intereses de las universidades? o ¿de los estudiantes universitarios? La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó con 13 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, en primera votación, el proyecto de ley que propone autorizar que las clases sean 100% virtuales en las universidades, argumentando que la modalidad a distancia promueve el aprendizaje autónomo. La propuesta legislativa plantea modificar el artículo 13° y 47° de la Ley Universitaria.

¿Quién presentó el proyecto de ley?

El proyecto de ley fue presentado por el congresista Héctor Valer Pinto, de Somos Perú. Justamente, este legislador recientemente confundió al actor de cine porno conocido como ‘Niño Polla’, con el joven físico peruano Gustavo Aldana, quien ganó un concurso internacional de física cuántica. En su red social, Valer Pinto felicitó al actor español de cine para adultos, en lugar de Aldana.

Con respecto a la modalidad a distancia, o no presencial, en la Comisión se indicó que este tipo de clases permiten un aprendizaje autónomo sin perder la interacción entre estudiantes y docentes, gracias a los medios tecnológicos que se convierten en verdaderas herramientas para los alumnos.

“Podrá comprender hasta el 100 % de los créditos académicos, siempre y cuando se utilicen tecnologías de información y la comunicación (TIC) certificadas”, añade.

El proyecto legislativo de Valer Pinto, es una respuesta a la necesidad de reducir la incertidumbre de los estudiantes, respecto de la oferta académica en sus respectivas localidades. Además, “busca fortalecer los mecanismos de supervisión para asegurar la calidad de servicio educativo universitario”.

Sin embargo, el proyecto de ley establece casos excepcionales. Se trata de las carreras y especialidades que obligatoriamente requieren la realización de experimentos y prácticas presenciales, como es medicina, química, ingeniería civil, entre otros.

Asimismo, los mecanismos para garantizar la calidad de la modalidad a distancia son los siguientes: “Plataforma de gestión académica virtual”, “Estándares de calidad para TIC”, “Capacitación continua” y “Evaluación de satisfacción”, establece el proyecto de ley.

También se aprobó el licenciamiento permanente de las universidades

Asimismo, aprobaron en primera votación establecer de forma permanente el licenciamiento otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Entre los argumentos indican que esta modificación de licenciamiento permanente, lograría una mayor predictibilidad y seguridad en la continuidad de los estudios de los alumnos universitarios.

“La autorización otorgada mediante el licenciamiento por la Sunedu, es de carácter permanente, siempre y cuando las universidades demuestren el cumplimiento continuo de las condiciones básicas de calidad. No obstante, las universidades estarán sujetas a evaluaciones periódicas inopinadas para garantizar la calidad educativa y la transparencia en el uso de recursos públicos”, señala el proyecto de ley.

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Política

Poder Judicial rechazó demanda de amparo presentada por Dina Boluarte para anular denuncia por muertes en protestas

La Corte Superior de Justicia de Lima la declaró improcedente en segunda instancia. Este es el segundo intento fallido de la presidenta para anular la denuncia constitucional que presentó en su contra la exfiscal Patricia Benavides, por las 77 muertes en las protestas de 2022 y 2023.

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La Corte Superior de Justicia de Lima del Poder Judicial declaró improcedente en segunda instancia, la demanda de amparo que presentó la presidenta de la República, Dina Boluarte, para anular la denuncia constitucional que interpuso en su contra la Fiscalía de la Nación, por las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023.

El Poder Judicial, a través de su cuenta oficial de ‘X’, informó sobre la medida que fue decidida en la Segunda Sala Constitucional de Lima, sobre el recurso constitucional presentado por Boluarte Zegarra.

“Poder Judicial rechazó en segunda instancia, la demanda de amparo presentada por la Presidenta Dina Boluarte Zegarra para anular la denuncia constitucional en su contra por las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023. Segunda Sala Constitucional de Lima emitió dicha decisión”, se lee en el post del PJ.

Esta denegatoria vendría a ser el segundo intento fallido de la presidenta para anular la denuncia constitucional que presentó en su contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en noviembre de 2023 por las 77 muertes en las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023.

Como se sabe, Dina Boluarte Zegarra fue denunciada por el Ministerio Público ante el Congreso de la República por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves. Sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso liderada por Leidy Camones de APP acaba de ‘blindarla’ y decidió archivar la denuncia por las 77 muertes en las protestas antigubernamentales. Y como una especie de “premio consuelo”, admitieron la denuncia por el ‘caso Rolex’.

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Ley de taxis por aplicativo deberá ser revisada nuevamente en el Congreso tras observaciones del Ejecutivo [VIDEO]

La ATU sostiene que dicha norma, de aprobarse por insistencia, sería una “puerta abierta” a la informalidad.

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Le pusieron freno de mano. El Poder Ejecutivo observó la norma que regula a las empresas de taxis por aplicativo, exigiéndoles establecer un registro nacional con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios.

Como se recuerda, la autógrafa de ley aprobada el 30 de mayo, plantea regular a las empresas administradoras de intermediación del servicio de transporte, dedicadas principalmente al servicio de taxi, como Uber, Didi, InDrive, Cabify, entre otras. El objetivo es garantizar los derechos y la seguridad de sus usuarios. Para ello, se determina que las compañías deben exigir a los conductores una serie de datos sobre ellos mismos, sus vehículos y el servicio que brindarán.

Bajo la dirección de la presidenta Dina Boluarte, desde Palacio argumentan que, aunque la ley busca regular a las empresas que administran servicios de transporte privado especial mediante plataformas tecnológicas, está afectando negativamente al servicio de transporte terrestre.

Además, la norma introduce un nuevo término denominado “servicio de transporte especial”, pero sin ofrecer una definición clara.

En este contexto, el Congreso de la República tiene la responsabilidad de revisar nuevamente el proyecto de ley que regula las aplicaciones de taxis y podría aprobarlo por insistencia a través de la Comisión Permanente.

fuente: 24 horas.

ATU en contra de ley

Al respecto, la presidenta ejecutiva de la ATU, Marybel Vidal, afirmó que la autógrafa de ley aprobada por el Congreso de la República permitiría evadir la fiscalización a través del uso de aplicativos para taxis y otros vehículos.

Por ello, advirtió que de aplicarse dicha norma sería una puerta abierta a la informalidad en todos los servicios de transporte público.

Explicó que sería “un grave retroceso para el transporte público” debido a que tiene una débil regulación y una inexistente potestad fiscalizadora y sancionadora para los operadores que presten servicios de transporte mediante el uso de aplicativos”.

Agregó que la fórmula legislativa aprobada por el Congreso contraviene la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, la ley de creación de la ATU y el Reglamento Nacional de Administración de Transporte.

En ese sentido, Vidal sostuvo que, en la autógrafa de ley, no se define qué es un servicio privado de transporte especial y cuál es su alcance o delimitaciones. “Al no definirse y delimitarse el denominado servicio privado de transporte especial, se permitiría que a través del uso de aplicativos se oferten y presten servicios informales, no solo de taxi sino también de carga y de una ciudad a otra”, insistió.

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Política

Congreso blindó a presidenta Dina Boluarte y archivó la denuncia de Fiscalía por muertes en protestas

Nuevamente la mandataria encuentra protección en el Parlamento. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales votó en contra de tramitar la denuncia por las 77 muertes en protestas antigubernamentales y como “premio consuelo”, admitieron la denuncia por el ‘caso Rolex’.

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Como era de esperarse, con 14 votos en contra y 2 a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, liderada por Lady Camones, subordinada de Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña, archivo de manera definitiva la denuncia constitucional que interpuso la Fiscalía, contra la presidenta del Perú, Dina Boluarte, relacionada con las muertes ocurridas durante las protestas violentas en su contra, a fines de 2022 e inicios de 2023; sucesos que se desataron tras el intento de golpe de Estado realizado por Pedro Castillo.

La Subcomisión archivó denuncia contra Dina Boluarte porque estimó que era improcedente

De acuerdo al informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, durante las protestas se registraron actos violentos contra las fuerzas del orden y daños a la infraestructura pública y los activos críticos. El documento resalta la vigencia del estado de emergencia decretado en aquel tiempo, debido a las manifestaciones y el marco legal que regula la actuación policial. Por lo tanto, como no se demostró un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, ni se obtuvo reconocimiento de responsabilidad por parte de los investigados, la Subcomisión asumió que la denuncia era improcedente y, por lo tanto, fue archivada.

La Subcomisión sí admitió la denuncia contra Dina Boluarte porcaso Rolex’

En su defecto, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sí aprobó dar trámite a la denuncia del Ministerio Público contra la presidenta Dina Boluarte por el ‘caso Rolex’. Esta denuncia fue presentada en mayo pasado por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y en ella se le atribuye a Boluarte Zegarra el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado, porque según la Fiscalía, la mandataria habría recibido “en donación continua” tres relojes de la marca Rolex, así como una pulsera Bangle y un par de aretes de oro. Dicho informe de calificación fue aprobado con 17 votos a favor y dos en contra.

Como se recuerda, el denominado ‘Caso Rolex’, involucra al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien también es investigado por la Fiscalía, por el presunto delito de cohecho activo genérico por el préstamo de relojes de la marca Rolex y costosas joyas a la mandataria Boluarte Zegarra. Lo sospechoso en este caso, es que dicho préstamo coincidió con una transferencia millonaria que hizo el gobierno central a la gobernación de la región Ayacucho.

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Política

Ejecutivo observa ley de nombramiento automático de docentes

Aproximadamente 180 mil profesores iban a ingresar a la carrera magisterial, afectado el presupuesto público de dicho sector.

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No hay plata. Aparte de no contar con la preparación adecuada, el ingreso de alrededor de 180 mil docentes de educación básica afectaría, según las explicaciones del Poder Ejecutivo, generaría un mayor gasto para el Estado, precisando que no cuentan con dicho presupuesto para pagar a todos esos profesores.

Es así que el Gobierno de Dina Boluarte observó la ley de nombramiento automático de docentes, los cuales iban a ingresar a la Carrera Pública Magisterial con tan solo 3 años de preparación y sin rendir la Prueba Nacional del Docente.

Según el oficio firmado por la jefa de Estado y su primer ministro, Gustavo Adrianzén, dicha autógrafa vulnera el Principio de Equilibrio Presupuestario debido a que generaría gastos y no se contarían con los recursos suficientes para poder financiarlo

“La Autógrafa de Ley contraviene el Principio de Equilibrio Presupuestario (…), al generar gastos sin contar con recursos suficientes para su financiamiento en el presupuesto institucional de los pliegos involucrados para el presente año fiscal”, se lee en el documento.

Asimismo, se menciona que, de acuerdo al artículo 79 de la Constitución Política del Perú, los representantes ante el Congreso de la República no poseen iniciativa para crear ni mucho menos aumentar gastos públicos

“Teniendo en cuenta que la propuesta legislativa es de iniciativa congresal, es pertinente mencionar que el artículo 79 de la Constitución Política del Perú establece: Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos”, agregan. 

Es importante precisar que, hace un mes, con 64 votos en contra, 28 a favor y 23 abstenciones, el Pleno rechazó la reconsideración de la votación respecto al dictamen que proponía el nombramiento excepcional de los docentes que se encuentran contratados para la modalidad de educación básica regular. 

Ante ello, el Consejo Nacional de Educación (CNE) solicitó al Parlamento mantener un comportamiento netamente responsable no solo frente a la formación educativa de los estudiantes sino también una actitud ética en cuanto a los procesos de nombramiento de docentes

Como se sabe, cada año, un gran número de profesores se inscriben y participan en el concurso público del Ministerio de Educación con la finalidad de acceder al nombramiento permanente. 

No obstante, de llegar a concretarse la aprobación de la ley de nombramiento automático, la prueba de rigor se eliminaría y los profesores obtendrían dicho beneficio con solo tener tres años o más como contratados en dicho sector.

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Política

Pedro Castillo continuará encarcelado: Poder Judicial amplía por 18 meses su prisión preventiva

Se declaró fundado el pedido de la Fiscalía de ampliar la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por cargos de abuso de autoridad, rebelión, y perturbación de la tranquilidad pública, debido al autogolpe que orquestó en diciembre de 2022. La Sala judicial indicó que aún subsiste el “peligro de fuga”.

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El Poder Judicial, mediante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República prolongó por 18 meses más la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo Terrones en la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, rebelión y perturbación de la tranquilidad pública, por causa del autogolpe que protagonizó el 7 de diciembre del 2022, antes de que sea vacado del cargo de jefe de Estado del Perú. Dicho fallo, revocó la resolución de primera instancia que había ampliado la medida coercitiva por 14 meses; en esa línea, el tribunal argumentó que la subsistencia del peligro de fuga justifica la medida de prolongación de la prisión preventiva.

“Lo expuesto permite inferir razonablemente la subsistencia del peligro de fuga, más aún si el proceso tiene un largo tramo para su culminación dentro de un plazo razonable. El recurso defensivo, en este extremo, debe desestimarse. Corresponde prolongar la medida de prisión preventiva”, se lee en el fallo.

Adicionalmente, pesa sobre Pedro Castillo otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras se le investiga por presuntamente haber liderado una red de corrupción en el Poder Ejecutivo.

Acusaciones de Pedro Castillo

Como se recuerda, el 7 de diciembre del 2022, mediante un mensaje a la Nación, el entonces presidente Pedro Castillo ordenó el cierre del Congreso y la reestructuración del Poder Judicial y el Ministerio Público, así como de otras instituciones autónomas. Tras estos hechos, Castillo Terrones fue acusado por el presunto delito de rebelión y enfrenta un pedido de la Fiscalía de 34 años de cárcel. El proceso judicial por el autogolpe de Estado se encuentra en la etapa de control de acusación, y el juez Juan Carlos Checkley viene evaluando la acusación fiscal y los argumentos de la defensa, para decidir si el caso avanza a juicio.

Adicionalmente, la Fiscalía ha pedido 25 años de prisión para la expremier Betssy Chávez, los exministros Roberto Sánchez Palomino (Comercio Exterior) y Willy Huerta Olivas (Interior), y los oficiales de la Policía Nacional (PNP), Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez, todos ellos presuntos partícipes en el fallido autogolpe. Asimismo, el expremier Aníbal Torres, afronta un pedido de 15 años de cárcel por rebelión.

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Política

Alejandro Soto se quedaría en la presidencia del Congreso, tras recibir el apoyo de Fuerza Popular

¡Se atrincheran al poder del Parlamento! En una nueva alianza, Keiko Fujimori y César Acuña habrían acordado que Alejandro Soto se reelija en la Mesa Directiva del Congreso para cautelar los intereses de ambos grupos políticos, mientras que el país entero cada vez tiene menos representación.

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Aunque parezca una broma de mal gusto, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, se estaría preparando para ir a la reelección en la mesa directiva, luego que el fujimorismo le diera la venia para continuar en el cargo un año adicional y así mantener el ‘pacto secreto’ que tienen con Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña.

Como se sabe, durante la presidencia de Alejandro Soto en la mesa directiva, el Parlamento se fue en picada, a tal punto que tiene 9% de aprobación en las encuestas, y un rechazo de más de 85%. A pesar de esa impopularidad y desaprobación, ambos grupos políticos pretenden mantener hegemonía en el Legislativo, para cautelar sus fines políticos y asegurar su permanencia y la de la presidenta Dina Boluarte en el poder hasta el 2026. Y para ello, Soto Reyes, ha resultado ser un “subordinado” ideal a los intereses naranjas desde julio del 2023. Entre tanto, quedan descartadas las voceadas candidaturas de los “empleados” de APP, Eduardo Salhuana y Lady Camones.

Es sabido que Soto Reyes, granjeó buen compañerismo con un gran numero de colegas congresistas, especialmente con los “mochasueldos” y los que han sido denunciados en la comisión de Ética, ya que, durante su gestión, dicha comisión de la moralidad se abstuvo de imponer sanciones y, si lo hizo, apenas han sido muy leves, a pesar de la gravedad de las denuncias. Eso sin contar, el poder que ha mostrado a sus colegas parlamentarios al ofrecerles gollerías, como bonos, colocación de cargos a familiares y amigos, viajes pagados al extranjero, entre otros beneficios, gracias al millonario presupuesto que Dina Boluarte le otorgó al Poder Legislativo, que actualmente alberga a más de tres mil trabajadores, la mayoría de ellos colocados por favores políticos.

Soto Reyes tiene un absoluto respaldo ‘naranja’

Al parecer, Soto Reyes se sintió respaldado en su afán de relegirse en la presidencia del Congreso, tras el anuncio de Keiko Fujimori, la semana pasada, de que no apoyarían una candidatura de Eduardo Salhuana, por sus notorias vinculaciones con la minería ilegal en su región, Madre de Dios.

Asimismo, se ha hecho evidente que, a Fuerza Popular, no le “quita el sueño” no presidir la mesa directiva, considerando que durante los últimos meses han sabido manejar en ‘las sombras’ la hermenéutica parlamentaria y la “dirección” del Congreso.

Como se recuerda, Alejandro Soto, además de Maricarmen Alva, ha sido el único presidente del Congreso, que evade a la prensa. Hay que mencionar que, desde agosto del año pasado, no declara, ni ofrece entrevistas a los medios periodísticos, por negarse a responder sobre sus procesos judiciales y sobre su cuestionado manejo en la aprobación de leyes.

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Política

Pacientes con ‘enfermedades raras’ protestan frente al Ministerio de Salud por falta de medicamentos

Hay un desabastecimiento generalizado en todo el país y el gobierno de Dina Boluarte a través del ministro de Salud César Vásquez no encuentra ninguna voluntad para solucionar este problema. Pilar Estremadoyro, vicepresidenta de la ‘Federación Peruana de Enfermedades Raras’ indica que se han visto obligados a salir a las calles.

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Diversas asociaciones y pacientes con ‘enfermedades raras’ protestan en los exteriores del Ministerio de Salud en Jesús María reclamando la falta de medicamentos en diversos hospitales del Minsa. Las familias de los pacientes, en su mayoría niños, se ven obligados a adquirir estos medicamentos en farmacias y boticas privadas, lo que resulta perjudicial e insostenible para ellos, por ser productos carísimos y que deberían ser otorgados por el sistema nacional de salud.

Exigen que el gobierno abastezca de medicinas a los nosocomios del Estado

La vicepresidenta de la Federación Peruana de Enfermedades Raras (FEPER), Pilar Estremadoyro, reveló en Canal N que, “hay un desabastecimiento generalizado en todo el país. Los pacientes somos muy vulnerables, y la verdad es que no hemos encontrado voluntad para solucionar el problema, por eso estamos aquí en la calle.”

Los medicamentos para tratar este tipo de enfermades son altamente costosos y difíciles de encontrar en el sector privado, exacerbando la situación de pobreza de muchas familias peruanas. “El sistema de salud debe proveer estos medicamentos porque las familias se empobrecen al tener que comprarlos”, indicó Estremadoyro.

Entre las enfermedades denominadas raras y que son afectadas por esta situación de desabastecimiento se encuentran: la fibrosis quística, lupus, esclerosis múltiple, osteogénesis imperfecta, hemofilia, miastenia gravis, e hipertensión pulmonar.

El desabastecimiento de medicinas es un problema recurrente en el sistema de salud nacional y no solo impacta económicamente a las familias, sino que también pone en riesgo la salud de los pacientes. Si no se tiene continuidad en el tratamiento cumpliendo con las fechas de suministro de medicinas, enfermedades como el cáncer pueden reactivarse, volviendo a una situación crítica para los afectados.

Por su parte, el vicedecano del Colegio Químico Farmacéutico, Jorge Luis Li que también se encuentra en las calles, frente al Minsa acompañando a los manifestantes, explicó que el desabastecimiento se debe, en parte, a una mala gestión en la distribución de medicamentos.

“Muchos medicamentos han llegado, pero se han dispersado por todo el país. Las enfermedades raras requieren tratamiento en hospitales especializados, y estamos coordinando con Cenares y el Minsa para centralizar estos medicamentos y rectificar el problema,” refirió.

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