Hay artistas que pintan por oficio, otros por catarsis, y unos pocos —los más raros, los más necesarios— que lo hacen como quien respira o sueña. Luis Castellanos pertenece a esa casta secreta. En el nuevo episodio del podcast de Lima Gris, conversamos con él, en medio de la melancolía y la lucidez, sobre su infancia, su paso por Bellas Artes y la manera en que la vida —esa vieja maestra caprichosa— lo fue modelando con la paciencia de un escultor.

Su más reciente exposición, La intuición de la extrañeza, presentada en el ICPNA del centro de Lima, no es solo una muestra, sino una retrospectiva íntima, donde confluyen los fantasmas y las revelaciones de treinta años de creación. En cada trazo hay una interrogante suspendida, una sospecha del mundo. Castellanos no busca retratar lo visible, sino ese temblor invisible que habita en las formas y se escapa de las palabras. Su obra es una meditación estética, un lenguaje de lo incierto, una poética de la duda.

Escuchar a Castellanos es como mirar uno de sus cuadros: uno sale distinto, con una inquietud nueva, con la impresión de haber asomado a un espejo que devuelve algo más que el reflejo.

El dato: la presentación del libro de la muestra de Luis Castellanos será el 11 de julio a las 7 pm en el ICPNA del Centro de Lima.

Aquí la entrevista completa.

La problemática del Ministerio de Cultura se intensifica. No solo hay cuestionamientos contra el ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja. Además, los empleados de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, exhaustos y humillados, claman a la presidenta Dina Boluarte que lo reemplace. Y como si el drama fuera aún poco, lo último que se sabe es que estos trabajadores planean tomar Machu Picchu. No por vandalismo, sino por desesperación. Porque el Estado los ha dejado solos, igual que al Santuario.

A esto se suma que Machu Picchu ha sido incluida en la lista negra por el portal Travel and Tour World, que recomienda no visitar la ciudadela inca.

Mediante una comunicación telefónica, Andy Ancasi, representante del Sitracas, nos da todos los detalles de lo que viene sucediendo en Cusco.

Aquí el video del programa.

En una ceremonia cargada de símbolos y solemnidad, el poeta Julio Barco fue galardonado con el segundo puesto en los Juegos Florales La Familia Túpac Amaru, organizados por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una de las instituciones académicas más prestigiosas del Perú. El reconocimiento fue acompañado por un premio de S/. 4,000 y una ovación cálida por parte del jurado, autoridades y asistentes.

La distinción no solo celebra el talento literario de Barco, sino también la creciente necesidad de reconciliar la ciencia con la sensibilidad, la técnica con la poesía. Que una universidad dedicada históricamente a la formación de ingenieros rinda homenaje a la palabra escrita es, sin duda, un signo de que el arte aún pulsa en los espacios más racionales del país.

Con más de treinta libros publicados, Julio Barco ha construido una obra intensa, vital, crítica. Su participación en este certamen reafirma su compromiso por llevar la poesía al centro del debate cultural peruano. «Este premio me impulsa —dijo al recibir el reconocimiento—. Tengo tantos proyectos para revolucionar el arte en nuestro país. La poesía no ha muerto, solo está esperando que le hablemos desde otro ángulo».

El evento se realizó el 27 de junio de 2025 en el campus principal de la UNI. La entrega de premios fue precedida por palabras de homenaje a la familia Túpac Amaru, símbolo de lucha, dignidad y resistencia cultural —valores que resuenan también en la poesía de Barco—.

Con esta distinción, el autor de Me da pena que la gente crezca y Cantar de Chancay suma un nuevo capítulo en su incansable travesía por devolverle a la poesía peruana su fuerza originaria.

La convocatoria CAS N.° 216-2025-MC, lanzada en abril de 2025 por el Ministerio de Cultura (Mincul), tenía como objetivo contratar a un(a) Coordinador(a) para la Dirección de Certificaciones. Se trataba de un puesto clave, pues esta dirección es responsable de coordinar, planificar y ejecutar acciones orientadas a preservar, proteger y conservar el patrimonio arqueológico inmueble del país.

Fuente: Mincul.

Entre sus principales funciones, figura la revisión, aprobación y seguimiento de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y de los Planes de Monitoreo Arqueológico (PMA), documentos indispensables para el desarrollo de proyectos de inversión pública y privada.

Concluido el proceso en mayo, la arqueóloga Karla María Alarcón García fue anunciada como la ganadora del concurso. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Sin embargo, una revisión detallada de los requisitos y de la trayectoria de la ganadora revela una serie de inconsistencias que comprometen la transparencia del proceso y siembran dudas sobre su legitimidad.

¿Se cumplían los requisitos?

El perfil exigido para el cargo incluía, como mínimo, título universitario en arqueología con colegiatura vigente, formación complementaria en gestión o patrimonio cultural, así como experiencia general de al menos siete años en el sector público o privado. Más aún, se pedía una experiencia específica de al menos cuatro años en funciones vinculadas al cargo, o tres años en el sector público en áreas similares. Pero lo más importante: el postulante debía acreditar dos años de experiencia en la dirección de Planes de Monitoreo Arqueológico y/o Proyectos de Evaluación Arqueológica y/o gestión de CIRAs.

Karla Alarcón no cumple con requisitos de 2 años como directora de PMA y CIRA.

Este último punto no es un detalle menor. Se trata de un filtro clave, pues quien asume la coordinación de la ‘Dirección de Certificaciones’ debe tener conocimiento de campo y experiencia comprobada en dirigir intervenciones arqueológicas. No basta con conocer los documentos, hay que haber estado en terreno. De otro modo, resulta inviable liderar técnicamente la instancia más estratégica del sector.

¿Y cómo pasó Karla Alarcón la evaluación?

Según los documentos revisados, la arqueóloga Karla Alarcón no cumple con el requisito específico de haber dirigido intervenciones arqueológicas. Su experiencia laboral no evidencia dirección alguna de PMA, proyectos de evaluación ni gestiones de CIRA en campo. Es más, su trabajo ha sido siempre de oficina, como técnica dentro del propio Ministerio. Sin embargo, en su ficha de postulación, consignó haber ejercido la “gestión de CIRAs”, una frase y/o formulación ambigua que se asemeja a una leguleyada y parece haber sido suficiente para que pasara la evaluación curricular, etapa que por norma es eliminatoria.

Karla Alarcón se amparó en una palabra, para validar su postulación.

Aquí surge la primera gran interrogante: ¿cómo validó el comité evaluador esa experiencia? ¿Desde cuándo dar conformidad a documentos administrativos desde un escritorio equivale a dirigir una intervención arqueológica en el campo?

La respuesta no es técnica, es política. Lo que aquí se ha validado es una interpretación forzada del término “gestión”, que abre peligrosamente la puerta para que personas sin experiencia real en campo postulen y ganen puestos clave, mientras otros profesionales con trayectoria probada quedan fuera.

Una plaza con nombre propio

El contexto del concurso no ayuda a disipar las dudas. Según fuentes cercanas al proceso, la convocatoria habría estado originalmente dirigida a Ruth Quispe Calderón, amiga cercana de la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Novoa Silva. Sin embargo, ante la filtración de esta información, se habría descartado ese nombramiento para evitar un escándalo mayor. Como alternativa, se habría optado por Karla Alarcón, quien ya se desempeñaba como directora encargada de la Dirección de Certificaciones y, por tanto, era una figura “de confianza” dentro del sector.

Viceministra Moira Novoa, la misma que firmó la Resolución Viceministerial para el recorte de las Líneas de Nasca y Palpa.

En este punto, el proceso se vuelve aún más cuestionable. La convocatoria fue ganada por Luis Felipe Mejía Huamán, pero mediante una fe de erratas se corrigió el resultado, otorgándole el puesto a Alarcón García en calidad de accesitaria. Mejía no habría llegado a firmar el contrato, y en un giro curioso pero conveniente, Alarcón asumió el cargo de forma oficial, pasando de ganar S/4,500 a más de S/11,264 mensuales.

El CAS fue ganado por Luis Felipe Mejía Huamán, pero luego corrigieron el resultado.

¿Quién dio la orden?

La pregunta es inevitable: ¿quién intervino para asegurar que Karla Alarcón se quedara con el puesto? Todo apunta a decisiones tomadas desde las más altas esferas del Mincul. Tanto la Oficina General de Recursos Humanos como la Alta Dirección —es decir, el ministro Fabricio Valencia y la viceministra Moira Novoa— estarían al tanto del proceso. Con el nombre de Ruth Quispe ya comprometido, y para no arriesgar la llegada de un profesional externo, se habría optado por consolidar a una figura que ya venía ejerciendo el cargo sin concurso y que, además, respondería fielmente a los intereses de quienes manejan el sector.

El 11 de junio convocaron como ganadora a Karla Alarcón García.

El cargo más codiciado

No se debe olvidar que la Dirección de Certificaciones es la joya de la corona del Ministerio de Cultura. Por esa oficina pasan todos los proyectos de inversión del país que requieren una evaluación arqueológica previa: minería, infraestructura, hidrocarburos, construcción, telecomunicaciones. Cualquier obra pública o privada necesita un CIRA o un PMA. Es decir, quien dirige esa oficina no solo tiene poder técnico, sino capacidad de incidencia en decisiones multimillonarias.

Por eso resulta tan preocupante que el proceso de selección no haya sido riguroso, ni transparente. En lugar de optar por la meritocracia, se ha preferido perpetuar prácticas que favorecen el amiguismo y el control político de una dirección técnica. Y si se valida como experiencia el trabajo administrativo desde una oficina, pronto veremos a otros funcionarios, sin experiencia real, disputando cargos estratégicos bajo el mismo criterio.

¿Y ahora qué?

Lo ocurrido en la convocatoria CAS N.° 216-2025-MC debe ser revisado con seriedad por los órganos de control del Estado. No se trata solo de un concurso más, sino de un proceso que compromete la legitimidad del sistema de contrataciones públicas, la credibilidad del Ministerio de Cultura y, sobre todo, la adecuada protección del patrimonio arqueológico del país.

Porque si quienes deben garantizar la conservación del patrimonio no saben ni siquiera cómo se ejecuta una intervención en campo, ¿Qué nos queda como ciudadanos? Solo mirar desde lejos cómo el poder se distribuye a puertas cerradas, mientras las formas legales se ajustan, como siempre, al tamaño de los intereses.

El esplendor de Machu Picchu, esa ciudadela suspendida entre la niebla y el abismo, ha dejado de ser solo un símbolo de orgullo nacional para convertirse, lamentablemente, en ejemplo de lo que ocurre cuando el patrimonio se subordina al lucro. La reciente inclusión del santuario inca en la lista de destinos que “ya no valen la pena visitar”, elaborada por la publicación internacional Travel and Tour World, es mucho más que una advertencia: es un grito de auxilio.

Junto a destinos igualmente emblemáticos como Venecia o Bali, Machu Picchu aparece ahora en un índice vergonzoso: el de los sitios donde el turismo masivo ha comenzado a erosionar lo que una vez se admiró. Las razones son contundentes: sobresaturación de visitantes, tarifas desproporcionadas y un impacto ambiental alarmante. A ello se suma la advertencia de la Unesco, que evalúa declararla Patrimonio en Peligro si el Estado peruano no actúa con urgencia y decisión.

No es una exageración. Según informes recientes, rutas diseñadas para no recibir más de 450 personas al día han llegado a registrar hasta 700 ingresos. El resultado es predecible: senderos desbordados, piedras milenarias al borde del colapso y una experiencia cada vez más parecida a la de una feria caótica que a la contemplación sagrada de un legado ancestral.

La Contraloría General de la República, por su parte, ha emitido un informe demoledor: aforos incumplidos, ausencia de fiscalización y una Aguas Calientes convertida en una máquina de exprimir turistas, donde los precios suben, pero la calidad se desploma.

El problema, claro está, no es el turismo, sino su pésima gestión. Especialistas en conservación han exigido una reestructuración del sistema de ingreso, la implementación de límites reales y no simbólicos, y un nuevo modelo de turismo sostenible que reconcilie el desarrollo con la protección. No se trata de clausurar el acceso a la maravilla, sino de salvarla de su propia fama.

La inclusión de Machu Picchu en esta lista negra debe interpelarnos como país. ¿Vamos a permitir que uno de nuestros mayores legados se pierda en manos de la improvisación y la codicia? ¿O tendremos, al fin, el coraje de actuar antes de que la historia nos pase la factura?

Mientras tanto, el ministro Fabricio Valencia continúa en su búnker solucionando sus problemas y haciendo seguimiento a la investigación de la fiscalía por el caso Shirley Hopkins.

Por Luis Huertas

Desde hace años, las convocatorias CAS en el Ministerio de Cultura, tanto en la sede central como en sus Direcciones Desconcentradas, han sido señaladas por beneficiar a personas del entorno de confianza de ciertos funcionarios. Lo preocupante es que esta práctica no parece detenerse, y ahora el foco está sobre la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica.

Surgen preguntas inevitables: ¿Desde cuándo la DDC Ica ha sido terreno fértil para estas maniobras irregulares?, ¿A quién favorecen realmente estas contrataciones?, ¿Por qué en medio de la grave crisis por las Líneas de Nasca, se lanza una convocatoria que despierta tantas sospechas?

Primer intento: CAS N°072-2025-MC

El 4 de febrero de 2025, se publica en la web del Ministerio de Cultura un concurso CAS para cubrir el cargo de subdirector/a de la DDC Ica. El puesto exigía un perfil técnico exigente, con experiencia específica, título en arqueología y colegiatura vigente. El sueldo: S/ 6,906 nuevos soles. Todo parecía estar en regla, hasta que el concurso desapareció.

Fuentes internas revelaron que, el concurso fue retirado tras una denuncia desde la misma DDC Ica, advirtiendo que la subdirección es un cargo de confianza y no debería concursarse vía CAS. Así, el proceso fue abruptamente anulado. Coincidentemente, semanas después, el entonces director Alberto Martorell presentó su renuncia mediante Resolución Viceministerial N° 069-2025-MC. ¿Este CAS era algún premio, orquestado por algunos “amiguitos” para cierto funcionario de la sede Ica? Y todo con el aval del ex director Martorell, hoy involucrado en algunos chats internos con el ministro Valencia. Luego de su renuncia, asume el abogado Víctor Injante la dirección de la DDC Ica y, sorprendentemente, se vuelve a insistir con el mismo CAS pero maquillado con otras aristas.

Fuente: Ministerio de Cultura.

Segundo intento: CAS N°296-2025-MC

El 10 de junio —en plena tormenta por la reducción del área protegida de las Líneas de Nasca y la crisis de gestión en la DDC Ica— se lanza una nueva convocatoria. Esta vez, el puesto se denomina “Coordinador/a de Subdirección de Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e Interculturalidad”. En la práctica, el mismo cargo de subdirección, pero con otro nombre. Lo curioso es que los requisitos ahora son más flexibles:

• Experiencia general: de 6 a 5 años
• Experiencia específica: de 4 a 3 años
• Experiencia en el sector público: de 3 a 2 años
• Sueldo: de S/ 6,906 a S/ 6,000

Fuente: Ministerio de Cultura.

Como para hacerlo más accesible, solo se exige haber sido “especialista” durante un año. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Todo apunta a que, presuntamente, esta nueva convocatoria estaría hecha a medida para la actual subdirectora Jeanette Gutiérrez, quien pasaría de ganar S/ 3,000 a S/ 6,000, con una plaza concursada y mayor estabilidad. Algunos señalan que podría incluso pedir licencia sin goces de haber, de su puesto actual y postular, sin riesgo alguno. Desde hoy se puede postular a este CAS, y todo puede pasar.

Fuente: Ministerio de Cultura.

¿Puestos a la carta?

Lo más preocupante es el trasfondo: ¿Por qué insistir tanto en este puesto? ¿Por qué reducir los requisitos? ¿Por qué en medio de una crisis de credibilidad en la gestión cultural? La DDC Ica no necesita una coordinación adicional, ya que la actual subdirectora cumple esas funciones. Entonces, ¿por qué insistir?

Mientras los titulares nacionales apuntaban al escándalo de las Líneas de Nasca, en silencio se gestaba una convocatoria que huele a favoritismo. El patrón es claro: flexibilización de requisitos, coincidencias con cargos en funciones, y beneficios personales.

Una llamada a la reflexión

Este tipo de maniobras no son nuevas en el aparato estatal, pero es hora de ponerle freno. Si el Estado sigue siendo usado para beneficiar a ciertos círculos de poder, sin meritocracia ni transparencia, estamos condenando la institucionalidad.

La ciudadanía exige respuestas, pero sobre todo decencia en la gestión pública. Desde Lima Gris seguiremos vigilantes. Porque el patrimonio no solo se protege en el terreno, también se defiende en la transparencia de quienes lo administran.

Este libro nos permite conocer la historia de las aves kanchu, míticas aves sagradas de quienes se toma el nombre para crear el vocablo Rurikanchu, que a su vez da origen a la denominación del distrito de San Juan de Lurigancho. Un relato que muestra personajes y hechos con trascendencia histórica y ficticia; fruto de una investigación basada en los manuscritos del padre Francisco de Ávila, el libro “Ritos y tradiciones de Huarochirí”, así como en evidencias arqueológicas halladas en el distrito.

El proyecto fue concebido desde el área de museo del Centro de Cultura, Recreación y Educación Ambiental Huiracocha (CREA Huiracocha), el cual estuvo ubicado en el parque zonal del mismo nombre en el distrito de San Juan de Lurigancho. La sala permanente Ruricancho, más conocida entre sus pobladores como el museo de San Juan de Lurigancho, tuvo como propósito difundir y revalorizar la historia del distrito (ubicado en un territorio con aproximadamente 11 000 años de historia) entre sus pobladores y el público en general, mediante visitas guiadas y talleres de educación patrimonial. Gracias a estas actividades y de manera lúdica, se realizaron también jornadas de cuentacuentos para niños, con relatos basados en la historia de la comuna.

En la presentación participarán Lizbeth Pretell Romero, autora del libro; Ricardo Puga Huamán, ilustrador; y Alan Concepción Cuenca, bibliotecólogo. Además, se contará con la participación especial de Gerardo García Chinchay, director de la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura del Perú. La cita es el miércoles 25 de junio a las 6:30 p.m. en el auditorio de la Casa de la Literatura Peruana, ubicada en jirón Ancash 207, Centro Histórico de Lima. Ingreso libre con aforo limitado.

El libro podrá ser adquirido el mismo día de la presentación o a través de las redes sociales de la organización cultural Quebrada Canto Grande.

Un nuevo escándalo remueve los cimientos del Ministerio de Cultura del Perú. El 24 de septiembre de 2024, esta institución firmó un convenio con la Asociación Pi Rambla Heritage, dirigida por el conocido español Anselmo Pi Rambla. ¿El propósito? Avalar “investigaciones” que rozan la pseudociencia, en sitios arqueológicos del Cusco.

Pi Rambla sostiene que los muros del Coricancha datan de hace 4000 años y fueron construidos por una «sociedad solar, intraterrestre». Afirmaciones sin sustento arqueológico, que niegan el legado de los pueblos andinos, y reescriben la historia con relatos místicos de civilizaciones perdidas y leyendas celtas. El retorno de su proyecto “Avalón en los Andes”, impulsado hace más de dos décadas, plantea serias amenazas al patrimonio cultural peruano, disfrazadas de exploración científica.

Sorprendentemente, el convenio fue realizado por el exdirector de la DDC de Cusco, Régulo Gilberto Franco Jordán, quien luego de firmar mencionó: “Mediante este convenio estamos impulsando la investigación interdisciplinaria para continuar ampliando los conocimientos de las culturas pre incas e inca que habitaron en la ciudad de Cusco”.

Cuestionado arqueólogo Régulo Franco.

Desde Cusco señalan que esto no se trata de un simple debate académico. Es una ofensiva simbólica que intenta reemplazar la historia real de las civilizaciones precolombinas con relatos foráneos sin base científica. Es una forma de neocolonialismo cultural. El Ministerio de Cultura, en lugar de rechazar estas ideas, ha abierto las puertas a una organización esotérica que ya ha causado daños documentados al patrimonio.

Páginas 26 y 27 de la revista Mas Alla, correspondiente al N°144/ 2/ 2001, nótese a Anselm Pi presidente de la empresa Boric Ruz SAC , el buscador del Avalón.

Entre 2001 y 2003, Pi Rambla lideró excavaciones en Cusco en busca de «tesoros», actividades que terminaron siendo denunciadas por el propio Instituto Nacional de Cultura ante la UNESCO. Aquella intervención fue paralizada por los daños que generó, pero hoy, más de 20 años después, se le otorga nuevamente carta blanca para operar.

La Asociación de Comunidades Campesinas del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán ha levantado la voz. Exigen la anulación del convenio y denuncian la incongruencia de un Ministerio que se supone custodio del patrimonio, pero que termina validando delirios ufológicos. ¿Qué intereses se esconden detrás de esta decisión?

Amselmo Pi excavando Coricancha.

¿Red de corrupción y destrucción Patrimonial?

El problema no es nuevo. El 14 de diciembre del 2000, el diario El Comercio denunció que Boric Ruz S.A.C., empresa vinculada a Pi Rambla, realizaba intervenciones destructivas en el Coricancha. En lugar de sancionar, el Estado salió a defender. Luis Enrique Tord, entonces director del INC, viajó a Cusco a justificar las acciones de la empresa, desestimando las advertencias de profesionales del propio ministerio, entre ellas la destacada antropóloga Arminda Gibaja, madre del actual ministro de Cultura.

¿Qué clase de funcionario defiende a quien atenta contra uno de los templos más importantes de la civilización inca? La respuesta puede encontrarse en la densa red de favores y corrupción del gobierno fujimorista.

Hay más. Pi Rambla, en sus declaraciones, decía estar tras “un inmenso tesoro” oculto en el Coricancha. Poco después, en octubre del 2000, Vladimiro Montesinos huía del país en el velero Karisma, que unos años antes había sido propiedad de Anselmo Pi pero terminó en manos de José Lizier Corvetto. ¿Coincidencia? Cuesta creerlo. Lo que se dibujaría es un entramado de encubrimiento y complicidad que permitió a Pi actuar con total impunidad.

Este caso no solo revela negligencia institucional. Devela un patrón: la permisividad del Estado frente a intereses personales que se disfrazan de investigación, mientras destruyen, roban y tergiversan. Es urgente saber quiénes autorizaron este nuevo convenio y por qué. Sabemos que Régulo Franco recibió la orden pero ¿Quién ordenó?

No se trata de una simple polémica académica. Es una agresión directa contra nuestra historia, una amenaza al patrimonio y una muestra del desprecio por la verdad histórica. El Perú no necesita buscar Avalon. Necesita proteger Machu Picchu, Sacsayhuamán y el Coricancha. Y necesita, sobre todo, autoridades que entiendan la diferencia entre ciencia y superstición.

Piden que convenio sea derogado

Mediante un oficio enviado al ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja el 03 de enero pasado, la Unión de Comunidades de Indígenas del Parque Arqueológico Sacsayhuamán señaló: «Hemos tomado conocimiento que la persona que ha firmado el convenio y es el que dirige dicha asociación es el señor Anselmo Pi, quien en el año 2000 junto con el arqueólogo Ernesto García Calderón puso en peligro el templo de Santo Domingo por hacer excavaciones de manera indiscriminada, por tal motivo el Instituto Nacional de Cultura suspendió dichas excavaciones«.

Además, agregan: «No es posible que el Ministerio de Cultura se esté prestando para avalar cuestiones de ufología, lejanas de la ciencia académica de la arqueología. Por tal motivo, pedimos señor ministro, que dicho convenio sea derogado, así también solicitamos que no se le dé ningún permiso de excavación a la referida asociación».

Primero fue el recorte de las Líneas de Nasca y Palpa, ahora nos quieren sorprender con un convenio.

Mientras todo esto ocurre, el ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja se niega a dar una entrevista a Lima Gris.