Política
Hermano de Mávila Huertas fue promovido por el Presidente Vizcarra ¿Cuánto cobró?

El 5 de junio de 2018 se firmó la resolución ministerial N° 715-32018 DE/MGP que autorizó el viaje del oficial de marina de Guerra del Perú José Abelardo Martín Huertas Centurión con CIP 00963240 para una comisión especial a los Estados Unidos.

Lo curioso es que aquel oficial de marina que fue promovido durante el mandato de Martín Vizcarra, es el hermano de la periodista y conductora del programa televisivo 2020, Mávila Huertas Centurión.
Hay que resaltar, que si bien aquella designación no es una noticia porque se dio hace dos años; tampoco es menos cierto que en esta coyuntura, evidentemente cobra más atención. También es cierto que no existe una ley que prohíba designar al hermano de una periodista a una misión extranjera; no obstante, siempre resultó extraña aquella designación, más allá de las calidades profesionales del hermano de la periodista, si tomamos en cuenta que en la Armada Peruana habían casi dos mil oficiales superiores que también hubieran podido ser designados por sus propios méritos.
También hay que tomar en cuenta la férrea defensa que ha ejercido Mávila Huertas hacia la gestión de Martín Vizcarra a través de su programa televisivo desde que él asumió la presidencia en 2018, porque ella siempre adoptó un rol parcializado con respecto a los desaciertos del gobierno; e incluso, en una entrevista que le hizo a Vizcarra en agosto de 2019, de forma inconsciente patinó y mencionó: “Me están pidiendo desde Palacio que vaya acelerando el paso… digo”, y Martín Vizcarra con mucha sorna y relajo le respondió: ¿De palacio? ¡Yo estoy acá!
Asimismo, luego de la reciente no otorgación de confianza negada a Pedro Cateriano, surgió en los medios una especie de campaña que la denominaban “La extorsión hacia el premier”. Dicha campaña fue inicialmente orquestada por los periodistas Rosa María Palacios y Augusto Álvarez Rodrich, que por esos días le hacían la resonancia al gobierno, ya que estuvieron rabiosos y agresivos en las redes sociales porque que le habían cerrado las puertas de la PCM, nada menos que a su amigo en común: don Pedro Cateriano Bellido.
Además, Mávila Huertas en otra de sus habituales patinadas, en una entrevista de la semana pasada que dio al expremier Cateriano, éste la hizo quedar mal y durante el diálogo en vivo, luego de que ella aseguró que había toda una orquestación de extorsión de parte del parlamento, su entrevistado simplemente la desmintió enfáticamente y afirmó que él nunca habló de que se trataba de una extorsión o chantaje.
Aquí el breve diálogo:
“Cuando nosotros dimos a conocer en nuestro caso y en el de otros periodistas que teníamos esa información, estaba claro para la interpretación de cualquier periodista que se estaba condicionando, que era una advertencia que llevaba un mensaje y que ese mensaje tenía que ver directamente con la presencia del ministro de educación y esto sí se lo decimos, desde nuestra propia perspectiva y autoría, desde la capacidad que podemos tener algunos de sacar conclusiones y es que evidentemente el Congreso a través de algunas bancadas como la bancada de Podemos ha venido intentando boicotear el trabajo de la Sunedu y traerse abajo la reforma universitaria, entonces era coherente con la información que recibíamos lo que estaba sucediendo. Esa fue una interpretación y nosotros sí dijimos (sic) acá hay una extorsión o hubo una extorsión, pero entiendo que usted ya no se quiera referir concretamente a esa reunión con el señor Merino”.
Y esta fue la respuesta de Pedro Cateriano:
“Pero a ver Mávila, yo ya declaré. En ningún momento he empleado el término extorsión o chantaje. Y mi papel en este momento no es azuzar los ánimos”.
¿Por qué en su explicación Mávila Huertas insistió en decir que el famoso chantaje fue una “interpretación” y que lo hizo desde su “propia perspectiva y autoría”? ¿Acaso no se dio cuenta que con esa aseveración al defender sus derechos de autora de la tesis del chantaje y extorsión estaba quedando peor como periodista? Pero ella insistió y apeló a su dizque interpretación periodística, sin tomar en cuenta que así estaba evidenciando sus vínculos con el gobierno; no olvidar que hace unos meses se le vio ingresar al despacho de la ministra de Economía María Antonieta Alva.
Según la resolución del ministerio de Defensa que fue firmada por el exministro extinto José Huerta Torres, el hermano de Mávila Huertas se desempeñó como Oficial Adjunto a la Delegación del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa (JID) y participó en el Colegio Interamericano de Defensa (CID) que se realizó en la ciudad de Washington D.C, Estados Unidos, del 3 de julio de 2018, al 2 de julio de 2020, a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Lo curioso de esta misión diplomática es que, más allá de que haya sido un trabajo de agregaduría y de asesoría militar al servicio del país enviado; ha sido más bien, una especie de curso estrella para que a través de las experiencias que se hayan adquirido a nivel estratégico, así como el conocimiento de nuevas doctrinas, permitirán a futuro a la Marina de Guerra del Perú contar con las capacidades del capitán Huertas Centurión, porque luego de aquella misión ya se habría convertido en un personal altamente capacitado en todos los aspectos inherentes al desarrollo humano, profesional y ocupacional (Así mencionan en la Resolución Ministerial).
Obviamente, eso suena rimbombante. En otros términos, el gobierno envió a Estados Unidos al hermano de la periodista, para que a través de sus nuevos conocimientos adquiridos, luego su propia institución naval se vea beneficiada. ¿Eso es verosímil?
Todo fue en dólares
Lo cierto es, que aquella misión según el documento firmado por el ministerio de Defensa, se desarrolló por 24 meses y se pagó con el presupuesto del sector público de los años fiscales 2018 y 2019. Asimismo, el costo incluyó gastos generales de la esposa e hijos. Estos gastos incluyeron el concepto de cuatro tickets aéreos, que en total fueron US$ 4,365.08 dólares americanos, más la Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero de US$ 10,693.80 dólares americanos por mes; es decir, de julio a diciembre de 2018 el oficial cobró US$ 63,472.88 dólares. Además, los gastos de traslado solamente de ida, que correspondieron a equipaje, menaje e instalación, ascendieron a US$ 10,693.80 dólares por persona, pero como la compensación se duplicó a 2, ésta se incrementó a US$ 21,387.60 dólares. Es decir, solamente por 6 meses durante el 2018, el capitán Huertas Centurión recibió casi 90 mil dólares del Estado peruano.
Ahora bien, si tomamos en cuenta la escala del Decreto Supremo N° 262-2014-EF, el capitán Huertas Centurión habría cobrado durante 24 meses (si es que cumplió con su estadía hasta el 02 de julio de este año) alrededor de 270 mil dólares, ya que de acuerdo a la norma vigente, él durante su misión extranjera debió ganar como Oficial Superior alrededor de US$ 7,505 dólares americanos como salario, aunque algunas fuentes refieren que ganaba 10 mil dólares mensuales.
Se exige una auditoria urgente para conocer los criterios reales que llevaron a designar a dicha misión a este Oficial Superior de la Armada Peruana porque no deja de ser un asunto de interés público y porque en honor a la transparencia se debe poner las cosas claras, ya que tenemos conocimiento que muchos esposos, esposas y hermanos de otras periodistas que se marketean como incisivas, están realizando suculentos negocios con el Estado, mientras que la gente común sufre para obtener un trabajo que apenas le reditué un salario mínimo.
Política
Congreso blinda nuevamente a Dina Boluarte
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por María Acuña, hermana de César Acuña, archivó la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas sociales.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso presidida por la apepista María Acuña Peralta (APP) archivó la denuncia presentada contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra y cuatro de sus exministros por las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y 2023, tras su asunción al poder.
Con once votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, el grupo parlamentario concluyó que la acusación no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 89° del Reglamento del Congreso.
La denuncia, impulsada por la congresista Ruth Luque, también involucraba al exjefe del gabinete Pedro Angulo, al exministro de Defensa Alberto Otárola, al excomandante general de la PNP César Cervantes y al exministro de Justicia, José Tello. A todos se les señalaba por su presunta responsabilidad política y penal en la represión de manifestaciones que dejaron decenas de muertos y heridos.

El informe de calificación aprobado señala que no se logró establecer una relación directa entre los hechos denunciados y posibles infracciones constitucionales o delitos como homicidio calificado o lesiones graves. En ese sentido, la Subcomisión determinó que no era procedente admitir la denuncia para dar inicio a un proceso político-penal.
La decisión generó opiniones divididas en el Congreso. Mientras algunos legisladores respaldaron el sustento técnico del informe, otros denunciaron un posible blindaje a las más altas autoridades del país ante hechos graves ocurridos durante la crisis social y política que siguió a la vacancia de Pedro Castillo.
El Parlamento aún tiene pendientes otras denuncias contra Boluarte Zegarra. Una de ellas, presentada por el congresista Jaime Quito, la acusa de haber asumido irregularmente la jefatura del Estado. Esta será evaluada en próximas sesiones.
Además, se revisan informes preliminares sobre otras autoridades, como el juez supremo Víctor Ticona, denunciado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible cuando presidía el Jurado Nacional de Elecciones. La Subcomisión continúa evaluando otros informes de calificación.
Política
Ejecutivo transfiere 77 millones de soles para la región Ica
Con la participación del congresista Jorge Marticorena, el gobernador de Ica y el Ejecutivo, presupuesto será destinado para la limpieza y descolmatación de cauces en zonas afectadas por las lluvias.

Todo suma para mejorar la ‘Tierra del Eterno Sol’. En un esfuerzo conjunto entre el congresista de Alianza por el Progreso (APP) Jorge Marticorena, el gobernador de Ica, Jorge Hurtado y el Poder Ejecutivo, se aprobó el Decreto Supremo n.° 119-2025 -EF, que autoriza la transferencia de S/77,647,154.00 millones para financiar actividades de limpieza y descolmatación de cauces, conformación de dique con material propio, perfilado y refine de talud de dique, y acarreo de material excedente en zonas declaradas en Estado de Emergencia por impacto de daños ante intensas precipitaciones pluviales en la región de Ica.

El representante de la región Ica destacó la importancia de dicha transferencia que permitirá al gobernador de Ica, Jorge Hurtado y a su gerente general, Abel Osorio, realizar intervenciones de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres desde la unidad ejecutora de agricultura y otros proyectos de infraestructura que mejoren la conectividad y el desarrollo económico de la región.
«Me siento orgulloso de haber podido contribuir a este logro significativo para la región de Ica. Lo seguiré sosteniendo, la articulación y coordinación entre las autoridades es fundamental para lograr resultados concretos y beneficiosos para nuestros hermanos iqueños, tantas veces olvidados. Para lograr que Ica sea grande, aquí todos debemos sumarnos. Agradezco al gobernador de Ica, Jorge Hurtado, a su gerente general y a los medios de comunicación de Ica y del país por estar marcándonos la cancha porque gracias a ello podemos seguir perseverando con la ruta de trabajo que debemos impulsar desde el Congreso de la República», señaló Marticorena.

El también vocero de APP detalló que en el Decreto Supremo se autoriza la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, el mismo que se encuentra amparado en el Decreto Supremo n.° 021-2025, prorrogado mediante el Decreto Supremo n.° 050-2025-PCM y el Decreto Supremo n.° 066-2025-PCM, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.
Política
Estudiante que encaró a Dina Boluarte confesó que le habían preparado un discurso demasiado zalamero
José Guerrero Ordinola dijo que le habían enviado una plantilla cuyo contenido era genérico y carente de críticas hacia la mandataria.

No era un ministro ‘escudero’ de Boluarte. El área de Prensa o las personas más cercanas al despacho de Dina Boluarte se confundieron con un estudiante de 16 años, quienes le habrían entregado un discurso ya elaborado para que solo lo lea, pero se confundieron pues no se trataba de un ministro o funcionario que sigue al pie de la letra todo lo que indica la jefa de Estado.
Y es que José Guerrero Ordinola, un estudiante de 16 años del colegio Ignacio Merino de Talara confesó que quisieron utilizarlo como ‘vocero’ del gobierno, pero él, con apoyo de su familia, decidieron modificar el discurso que iba a pronunciar horas después.
Conocido por encarar a la mandataria durante la inauguración de su colegio, recientemente declaró que no quiso repetir un guion, sino que la noche anterior optó por rehacerlo, demostrando en esa nueva versión la verdadera problemática de su ciudad y las dificultades de miles de estudiantes.
«Me agarraron a última hora. En hora de salida me dijeron ‘vas a dar tú el discurso’. Me dieron una plantilla, de la misma empresa, pero no me gustó mucho porque básicamente agradecía todo a la presidenta Dina Boluarte y entonces hablé con mi familia y redactamos el guion«, contó en declaraciones al medio local Talara TV.
“Junto con mi familia, nos basamos en la problemática que vivimos todos los días. Todos los jóvenes no nos sentimos escuchados. Muchas mentiras por parte del gobierno. Existe mucha corrupción”, acotó. Así, el discurso que finalmente pronunció el joven distaba del tono complaciente sugerido en el guion inicial y se enfocó en exponer los retos concretos que viven los alumnos.
Tras concluir el discurso, el estudiante se acercó a Dina Boluarte y le ofreció un abrazo, momento en el cual la presidenta le recomendó aprovechar la infraestructura del colegio y le agradeció por sus palabras. El propio alumno aseguró que la respuesta de la mandataria fue cordial, con un deseo de éxitos para él y su generación. “Me dijo muchas gracias y espero que te vaya bien. Muchos éxitos. Esas fueron las palabras de la Presidenta”, relató el joven.
Política
La alcaldesa de Barranco y su estrecha relación con la UTEC
¿Alianza estratégica o favoritismo? Desde que asumió el cargo, la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, ha convertido las instalaciones de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), propiedad del Grupo Hochschild, en escenario habitual para actos protocolares y eventos municipales.

Desde que asumió el cargo, la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, ha mantenido una relación particularmente cercana con la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). Una cercanía que se ha vuelto visible no solo en actos protocolares, sino también en el uso frecuente de las instalaciones de esta universidad privada como escenario para eventos municipales.

El 5 de mayo de 2023, a pocos meses de haber iniciado su gestión edil, Jessica Vargas Gómez visitó la sede de la UTEC y sostuvo reuniones con sus directivos para conocer sus planes institucionales y su proyección hacia el distrito. Desde los canales oficiales de la municipalidad se presentó esta visita como el inicio de una alianza que —se dijo— traería beneficios para los vecinos. ¿Pero cuáles han sido esos beneficios concretos?

Poco después, el 23 de junio, la alcaldesa participó como ponente en el evento “Warmikay 2023” por el Día Internacional de la Mujer Ingeniera, organizado por la misma universidad. El 27 de febrero de 2024, nuevamente asistió a un acto institucional dentro de UTEC, esta vez en un evento de Defensa Civil, junto a funcionarios de la Municipalidad de Lima, como el Gerente de Riesgos y Desastres, el subordinado de López Aliaga, Mario Casaretto, y directivos académicos como el decano Enrique Stiglich.

En marzo, la regidora oficialista Katia Tajaje representó a la alcaldesa en un taller sobre el rol de la inteligencia artificial (IA), también desarrollado en la UTEC. Y en abril, la propia alcaldesa volvió a la universidad para participar en una mesa de trabajo con sus autoridades universitarias, reafirmando la alianza, con la promesa de capacitar a docentes de colegios del distrito.

A lo largo de este tiempo, Jessica Vargas ha estado acompañada constantemente por sus regidores de confianza, entre ellos los incondicionales Katia Tajaje y Juan Mariluz, en actividades institucionales dentro de UTEC. Si bien no es cuestionable que una municipalidad establezca convenios con instituciones privadas, cabe preguntarse si esta reiterada preferencia por una sola universidad es realmente estratégica o si responde a afinidades personales o políticas. ¿En qué medida esta relación beneficia de manera tangible y equitativa a la población barranquina?


Cabe recordar que la UTEC fue construida sobre los restos de la Huaca La Viñita, el último vestigio arqueológico precolombino de Barranco, desaparecido tras una resolución del INC que generó amplio rechazo vecinal. La universidad pertenece al acaudalado empresario Eduardo Hochschild, también presidente del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y miembro del patronato y del Consejo del Museo de Arte de Lima (MALI).
Frente a este contexto, es legítimo preguntarse si la cercanía institucional de la alcaldesa con esta universidad privada responde al interés público o si, por el contrario, proyecta una imagen de parcialidad que debilita la neutralidad que exige el ejercicio del poder edil.
Política
Fiscalía allana vivienda de Michael Burga por el caso ‘Qali Warma’ [VIDEO]
Desde las 4 de la madrugada, efectivos de la fiscalía se encuentran en la vivienda del hijo de Nilo Burga, quien fuera dueño de la empresa Frigoinca.

Lo madrugaron. A primeras horas del día, integrantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú (PNP), allanaron 16 inmuebles en Lima, Cajamarca, Trujillo, Chimbote y Huaura con motivo del sonado caso ‘Qali Warma’. Fue en uno de esos inmuebles, ubicado en el distrito de Jesús María, donde miembros de la Fiscalía detuvieron a Michael Burga, hijo de Nilo Burga, fallecido dueño de Frigoinca.
Además de Michael Burga también se encuentran detenidos preliminarmente por 15 días Edgar Capani, Miguel Ángel Rosales y demás investigados. Al respecto, el fiscal Reynaldo Abia, encargado de las diligencias, mencionó que se había solicitado la orden de detención de ocho involucrados, pero solo se pudo dar con el paradero de 6.
«Se ha pedido ocho detenciones. Hasta el momento se ha ubicado a seis personas. Obviamente, es un trabajo reservado y la Policía nos está apoyando árduamente. Son distintos funcionarios», indicó.
Finalmente, Abia detalló que ya hay cinco personas con prisión preventiva con 36 meses y que las seis personas detenidas hoy de manera preliminar serán dirigidas a exámenes antes de que el Ministerio Público solicite dicha medida coercitiva.
A Michael Burga se le investiga por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y cohecho pasivo propio.
De acuerdo con la Fiscalía, Michael Burga habría tenido conocimiento de que uno de los trabajadores de Frigoinca tenía reuniones con representantes de Qali Warma; ello, cuando Dina Boluarte era titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el director de este programa era el vocero presidencial Fredy Hinojosa, quien también forma parte de la investigación.
El caso Qali Warma se dio a conocer luego de que en distintas partes del país padres de familia denunciaron que las conservas con las que eran alimentados sus hijos no estaban aptas para el consumo humano.
Política
Ninoska Chandía renunció a la presidencia ejecutiva del IRTP
La gestión de la allegada a Nicanor Boluarte fue duramente cuestionada por los despilfarros, despidos masivos para contratar a cercanos del hermano presidencial, viajes personales durante su mandato y un polémico contrato de 16 millones para alquilar un antiguo edificio como sede provisional del IRTP.

Ninoska Chandía Roque presentó su renuncia a la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). Según nuestra fuente interna, Chandía no asistió a su oficina desde el martes 17 de junio, y su salida se da en medio de crecientes presiones políticas desde el Congreso.
El detonante habría sido el contrato millonario para el alquiler de un nuevo local provisional del IRTP por 16 millones de soles. La contratación se realizó de manera directa —sin concurso público—, para un edificio antiguo, desocupado desde hace años, ubicado en inmediaciones de la cuadra 4 de la avenida Arenales. Esto ocurre justo cuando sectores del Parlamento impulsan una nueva moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, hermana de Nicanor Boluarte, muy cercano a Chandía.
La gestión de Chandía ha sido duramente cuestionada por trabajadores. David Panta, secretario general del Sindicato de Trabajadores CAS del IRTP, declaró en un reportaje televisivo: “La gestión de la señora Chandía es la peor que hemos vivido en estos largos años”.

Además de los despidos realizados durante su gestión, se le acusó de contratar a los allegados de Nicanor Boluarte y realizar viajes de carácter turístico. Para muchos, bajo su mandato, el canal del Estado dejó de ser “el canal de todos los peruanos” para convertirse en “el canal de los amigos de Nicanor”.
Según nuestra fuente, quien reemplazará a Ninoska Chandía sería un exgerente del propio IRTP.
Política
Phillip Butters, figuretismo agresivo en campaña
Desde hace unas semanas, el conductor televisivo se viene paseando por distintos programas de Youtube, compartiendo su agresividad, su pensamiento de derecha y resentimiento.

Ya falta poco para el 1 de agosto, fecha fijada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la presentación de alianzas de aquellos partidos políticos que llegaron a inscribirse, entre los cuales se encuentra Avanza País. Entre sus afiliados se encuentra nada menos que el polémico conductor televisivo Phillip Butters, quien pertenece al partido del tren desde junio del año pasado, estando, en teoría, habilitado para participar de las elecciones primarias del 30 de noviembre. Quince días después, el JNE proclamará a los candidatos presidenciales, donde podría estar el nombre del poco simpático conductor.
Durante las últimas semanas, Butters Rivadeneira, trujillano de 58 años, se ha venido paseando por distintos programas de Youtube donde se otorga un espacio para hablar de política y realidad peruana. Es ahí donde el conocido ‘Sabelón’ viene desarrollando su pensamiento crítico, confrontando, muy a su estilo, a los conductores que mayoritariamente no comulgan con él, muchos ellos de tendencia de izquierda y progresista.

Son precisamente aquellos conductores los que le vienen recordando sobre sus ácidos comentarios. Por ejemplo, la vez en que dijo que agrediría físicamente a dos homosexuales por besarse en la puerta de su casa; o aquella ocasión en que dijo que no dudaría en patear a dos lesbianas si las veía besándose en la puerta del nido de su hija. Tales comentarios se llevaron la crítica por el gremio LGBTI+, calificándolas como homofóbicas.

Amado u odiado en partes poco equitativas, Butters, de tendencia ultraconservadora, representa para muchos ciudadanos el candidato de la derecha. A propósito, hace unos días, durante una entrevista en Willax, manifestó que si él no ganaba las elecciones del 2026 lo iba a hacer un comunista. “Si yo no gano, ganará un comunista”, indicó el aún no oficializado candidato presidencial de Avanza País.
Y es que tras el nefasto gobierno de izquierda de Pedro Castillo y el errático mandato de Dina Boluarte (vicepresidenta de Castillo Terrones) todos los focos apuntan a un personaje que devuelva la estabilidad al país, aunque ello resulte una tarea titánica. Con un Congreso dominado por el fujimorismo y Alianza para el Progreso (APP) puede que el próximo presidente, de repetirse esa mayoría en la cámara de senadores y diputados, el futuro presidente del Perú goce de total apoyo para la promulgación de leyes que puedan llegar a afectar algunos derechos fundamentales o algunas convenciones internacionales.
La campaña electoral para algunos personajes de la política ya inició desde hace tiempo, y tal como lo hiciera Antauro Humala, Butters viene ‘madrugando’ a algunos veteranos en la política, visitando esos espacios poco convencionales, pues sabe que la mayoría de votantes, muchos de ellos jóvenes de 18 a 33 años, son consumidores habituales de esos programas.
Hay que reconocer que el ‘Sabelón’ sabe escoger bien sus batallas y por el momento, aunque no esté nada confirmada su postulación, su estrategia le viene dando resultado. ¿Serán los ‘progres’ capaces de visitar algún set de un canal de derecha?
Política
La derecha arremete contra la Junta de Fiscales Supremos
Norma Yarrow, de Renovación Popular, anunció una denuncia constitucional contra la Junta de Fiscales Supremos por no acatar la reposición de Patricia Benavides, en una clara ofensiva del ala conservadora. No olvidar que, en 2023, Rafael López Aliaga la condecoró con una medalla de oro valorizada en 8 mil soles.

La crisis en el Ministerio Público ha dejado de ser un asunto institucional para convertirse en un show político lamentable. La pugna entre Delia Espinoza y Patricia Benavides, ambas decididas a no ceder ni un milímetro en su disputa por el control de la Fiscalía de la Nación, refleja no solo el colapso del liderazgo dentro del órgano autónomo, sino también la politización descarada del sistema de justicia. En medio de esta tormenta, la derecha parlamentaria, lejos de exigir orden y legalidad, ha optado por tomar partido y profundizar el conflicto.
La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, anunció que su bancada presentará una denuncia constitucional contra los cuatro integrantes de la Junta de Fiscales Supremos y no menos cuestionados: Delia Espinoza, Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez. ¿El motivo? Haber desobedecido —según sus propias palabras— la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que dispone la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Es decir, para esta ala política, el retorno de Benavides Vargas no es una cuestión jurídica discutible, sino un mandato incuestionable que se debe ejecutar de inmediato, sin debate ni procedimiento.
Lo más grave es que la defensa férrea y “militante” de Benavides Vargas por parte de sectores de la derecha no responde a principios institucionales, sino a afinidades políticas. La fiscal suspendida fue funcional a los intereses del Congreso en sus investigaciones selectivas, y su retorno representa para varios sectores una garantía de continuidad en ese alineamiento. No olvidar que Rafael López Aliaga en 2023 condecoró a Patricia Benavides y le entregó una medalla bañada en oro de 18 quilates valorizada en más de 8 mil soles.

Por eso, ahora que su poder está en entredicho, sus aliados en el Parlamento no dudan en atacar a la Junta de Fiscales Supremos, acusándolos de «atrincherarse» y «desacatar» la ley, cuando lo que realmente hacen es esperar un acto formal colegiado que determine con claridad la situación legal.
Norma Yarrow incluso comparó a Delia Espinoza con Pedro Castillo, insinuando que intenta «perpetuarse en el poder». La ironía es evidente: mientras cuestionan a Espinoza por presuntamente resistirse a una orden, callan cuando Patricia Benavides irrumpe en la sede de la Fiscalía acompañada de abogados y policías, autoproclamándose fiscal de la Nación sin un acto oficial que la respalde. ¿Esa acción no merece el mismo nivel de crítica?
Esta doble moral no solo daña aún más al Ministerio Público, sino que desenmascara la instrumentalización de la justicia para fines políticos. El enfrentamiento entre Espinoza y Benavides es profundamente dañino, pero más preocupante aún es cómo desde el Congreso se exacerban las divisiones y se utiliza la crisis para perseguir a fiscales que no se alinean con determinados intereses.
En lugar de buscar una solución institucional, u organizar una reforma integral, la derecha opta por la confrontación. Mientras tanto, la Fiscalía continúa perdiendo legitimidad ante una ciudadanía harta de ver cómo los más altos cargos de justicia se comportan como enemigos de una guerra partidaria, y no como guardianes del Estado de derecho.
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