El estado de emergencia fue declarado oficialmente el pasado miércoles en dos distritos de la capital y también en Sullana –Piura, sin embargo, las personas de esas localidades se cuestionan la poca presencia policial en las calles, ya que solo el efectivo policial se estaría ubicando en las principales avenidas, exhibiéndose solo para la foto, como viene ocurriendo por ejemplo en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

El problema radicaría en una cuestión logística debido al pobre manejo presupuestal para esa institución, y así lo dio a entender recientemente el Comandante General PNP, Jorge Angulo, quien solicitara que se declare en emergencia a la institución debido a que más del 50% de su flota vehicular se encuentra inoperativa. 

El representante de la PNP señaló que el equipo fuera de uso corresponde tanto a patrulleros como a vehículos de otras áreas, como las direcciones de investigación criminal, inteligencia, antidrogas y fluviales. 

“Estamos hablando de que cerca del 50% de la flota vehicular que se encuentra inoperativa. Esto involucra a patrulleros que están asignados al patrullaje y también vehículos que están asignados a otras especialidades institucionales”, declaró para los medios de prensa.

Según dio cuenta Angulo, la PNP informó ante el titular del Ministerio del Interior, Vicente Romero, la situación en la que se encuentran a fin de poder plantear que estrategias que permitan revertir este escenario. 

La primera medida que se implementaría sería suplir esta limitación con un trabajo conjunto con el personal de serenazgo en los diversos distritos de Lima Metropolitana. 

“Este diagnóstico lo estamos realizando desde el mes de enero. De tal manera que, en las próximas semanas vamos a oficializar ello a través de los requerimientos ha hecho el ministro del Interior. Tenemos que recuperar nuestra capacidad operativa, la cual estamos supliendo a través del patrullaje integrado”, señaló. 

En otro momento, el general PNP indicó que las crisis políticas por las que atraviesa el país se reflejan en la falta de logística de la institución policial. Incluso así, la Policía estaría realizando su mayor esfuerzo para lograr efectuar sus labores como fuerzas del orden.

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria del Cusco dispuso ayer nueve meses de prisión preventiva de la libertad para la bachiller en obstetricia Lizzet Blanca Zambrano Huayhua, acusada del delito contra la dignidad humana, trata de personas.

La jueza Zulay Sánchez Farfán decidió la medida coercitiva después de una audiencia solicitada por el fiscal Paulo Rivera Quispe, adjunto de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas, que investiga el caso de tráfico de bebés (“compra y venta de bebés recién nacidos”).

Rivera Quispe sustentó que el caso comenzó el 4 de setiembre después de la captura de Fanny Hurtado Altamirano (45), quien acudió al centro de salud de Manco Cápac del distrito de Santiago con un bebé en brazos.

Aquel día también se montó un operativo para capturar a Doris Rosa Huayhua Mamani (55) y Rubén Mora Cuyuchi (55). Todos permanecieron detenidos hasta la primera audiencia de solicitud de prisión preventiva; fue encarcelado por nueve meses Hurtado Altamirano, permanece con restricciones a la libertad Mora Cuyuchi y Huayhua Mamani fugó.

Según la tesis fiscal hay un clan familiar dedicado al presunto delito, pues están investigadas directamente Doris Rosa Huayhua Mamani y su hija Lizzet Blanca Zambrano Huayhua. Ambas se dedicarían a la “compra y venta de recién nacidos” desde una clínica de obstetricia clandestina, ubicada en el piso dos de la calle Tres Cruces de Oro.

La audiencia solo se basó en el bebé presuntamente vendido a Hurtado Altamirano; sin embargo, se aseguró que existen conversaciones por chat sobre el bebé en mención y otros pagos por el sistema Yape, incluso figura el costo final solicitado por recién nacido: 4,500 soles.

La bachiller en obstetricia, al emitir el certificado de nacido vivo (CNV), instruyó aparentemente a Hurtado Altamirano a señalar que el bebé nació en agosto último en una casa del distrito de Curahuasi, en Apurímac, pero fue inscrito bajo el nombre E.H.H.A. en la ciudad del Cusco. Sobre el lugar del nacimiento y los padres biológicos aún no hay pruebas y se continúa con las investigaciones.

La jueza Sánchez Farfán valoró los presupuestos sustentados como graves y fundados elementos de convicción y dispuso orden de captura, que a decir del fiscal debe ser nacional e internacional, y la prisión preventiva por nueve meses. La abogada de oficio de la bachiller en obstetricia sostuvo que apelará y en un principio afirmó que su patrocinada no fue notificada para esta audiencia.

La magistrada explicó los fundamentos de su decisión e incluso lo hizo en quechua para una mejor compresión del caso por parte de ciudadanía.

El dato:

La Defensoría del Pueblo en el Cusco ha contabilizado 299 desapariciones de menores de todas las edades, hasta los 18 años. Dicha cifra no incluye a los que fueron hallados, sino que solo corresponden a los casos que no han sido resueltos.

Granadas, mensajes de voz amenazantes, cartas con balas incluidas las cuales estarían destinadas para acabar con un emprendedor, detonaciones en plena vía pública, terror en todo el sentido de la palabra. Los vecinos de San Juan de Lurigancho (SJL) prefieren salir a la calle sin su celular y tarjetas de crédito por temor a que les roben; los negociantes viven inmersos en una espiral sin fin debido a las constantes amenazas por parte de bandas criminales extranjeras que les piden todas las semanas dinero, caso contrario harán explotar sus locales sin importarles si hay vidas inocentes adentro.

Ayer por la mañana, desde Nueva York, la presidenta Dina Boluarte anunció el estado de emergencia en dos distritos de la capital, y también en la ciudad de Sullana en Piura, pero tal parece que las cosas van a seguir como están pues no se ve la presencia militar ni policial recorriendo las calles de SJL. A tan solo horas de haberse comunicado el estado de emergencia en ese distrito populoso, un grupo de desconocidos dejaron un presunto artefacto explosivo en las las inmediaciones de la pollería “Brasas Calor Familiar”, restaurante ubicado en el paradero 7 de avenida Las Flores de SJL.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), de la Policía Nacional del Perú (PNP), conjunto encargado de ubicar y desactivar artefactos explosivos, quienes determinaron que el objeto se trataba de una bomba de humo.

Tras el suceso, la UDEX evacuó rápidamente el lugar a fin de mantener a salvo a los transeúntes y personal del restaurante. Ahora las autoridades se encuentran realizando las investigaciones correspondientes. En paralelo, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) ha iniciado las diligencias respectivas, como parte de las acciones de investigación para esclarecer el hecho, entre ellas la revisión de las cámaras de vigilancia de la zona y locales colindantes.

Dueño de local ya venía recibiendo amenazas

El dueño a cargo del local ha denunciado que, desde hace tres meses, viene siendo amenazado por una banda de extorsionadores. El agraviado ha informado que los sujetos le exigen el pago de 25 mil soles a cambio de permitir que los trabajadores que laboran en el lugar puedan realizar sus actividades de manera segura.

Asimismo, ha señalado que los presuntos miembros de la organización criminal dedicada a la extorsión se graban cuando transitan frente a la pollería, advirtiendo: “Tienes 24 horas para dar solución. Caso contrario, plomo contigo y con todos tus trabajadores”, como se muestra un video.

Cabe resaltar que este sería el tercer atentado con artefactos explosivos registrado en el distrito de San Juan de Lurigancho. El primero ocurrió el viernes 15 de setiembre, donde más de 10 personas resultaron heridas tras la detonación de una granada en los exteriores de la discoteca ‘Xander’s’.

Luego, 72 horas después del primer ataque, en la madrugada del lunes 18 de septiembre se registró una segunda detonación provocada por un aparente artefacto explosivo en el segundo piso del local D’Cora, ubicado en el cruce de la avenida El Muro con el jirón Marcelo. Lugar donde la orquesta Los chicos de la cumbia ofrecía un concierto cuando se escuchó una detonación aproximadamente a las 2:30 de la madrugada.

Basta con recorren unas cuantas calles para percatarse que más y más negocios cierran por temor a los extorsionadores; otros, se resignan a pagar los cupos y guardan cautela en contárselo a los demás por temor a las represalias. Ser un emprendedor, alquilar un pequeño local, o trabajar de manera ambulante en San Juan de Lurigancho (SJL) se ha vuelto un reto que muchos, lamentablemente, van tirando la toalla por la delincuencia extranjera que ha encontrado en el distrito más poblado del país una fuente para enriquecerse de manera ilegal; conociendo además que es escaza la presencia policial en sus calles.

Fue el alcalde de ese distrito, Jesús Maldonado, quien ha recalcado que la presencia del Serenazgo de su distrito no basta y no es el medio adecuado para combatir a delincuentes dispuestos a responder con balas, solicitante reiteradas veces que lo que se requiere es declarar en emergencia SJL.

“80 muertos (en lo que va del año) y ayer pudieron ser más. Si nosotros pedimos la declaratoria del Estado de Emergencia, es porque la Policía no es suficiente”, reclamó Jesús Maldonado, burgomaestre de SJL.

Como se sabe, el distrito más poblado de todo el Perú tiene alrededor de 1.5 millones de vecinos, 400 centros educativos y 200 mercados, entre otros importantes establecimientos de primera necesidad.

Sin embargo, la cantidad de efectivos que custodian dicha jurisdicción de Lima Este sería de, aproximadamente, apenas mil agentes. Es decir, SJL sólo tiene un policía por cada mil residentes. Toparse con un efectivo policial es casi un milagro y ver un patrullero del Serenazgo es un acontecimiento increíble.

Nueva explosión en tan solo 48 horas

No ha pasado ni 72 horas del último ataque a la discoteca Xander’s que se ubica en ese distrito y un nuevo acto de sicariato pone los “pelos de punta” a los vecinos.

Según el noticiero de Latina, se conoció que el explosivo estalló en unas tiendas comerciales que está ubicada en la zona de El Muro, a pocos metros de la comisaría de esta jurisdicción, lo cual causa más asombro, pues estos delincuentes ya no le temen a las fuerzas del orden.

Cabe mencionar que en el segundo piso de este local existe un salón de eventos, por lo que se presume que el artefacto explosivo estaría destinado para este espacio de entretenimiento.

El ataque se produjo a las 2:30 de la madrugada de este lunes, haciendo que los vecinos del lugar salgan de sus casas despavoridos por la fuerte onda expansiva del explosivo. Este ataque ocasionó que tres personas quedaran heridas, las cuales se identificaron como: Guisela Gutiérrez Huamanzana, Elizabeth Rodríguez Cornejo y Maritza Contreras Huayta.

Los heridos tuvieron que ser conducidos de inmediato hasta el hospital San Juan de Lurigancho para su pronta atención médica. Hasta el momento el estado de salud de estas personas es estable, ya que sus heridas no son de consideración.

Fue a conocer al amor de su vida, pero solo encontró a un descuartizador disfrazado de estudiante de medicina. El Poder Judicial (PJ) ha condenado a 35 años de prisión efectiva a Juan Pablo Villafuerte por el feminicidio de la ciudadana mexicana Blanca Arellano, en noviembre del año pasado, en la ciudad de Huacho.

A través de sus redes sociales, el organismo informó que el veredicto fue dictado por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte de Huaura en ‘audiencia de adelanto de fallo’.

“El sentenciado, además, deberá pagar una reparación civil de S/ 50 mil soles a favor de los heredados de la víctima”, detalló.

Desde el penal de Huacho, donde venía cumpliendo prisión preventiva, el estudiante de medicina participó de manera virtual de la audiencia y escuchó cuando el juez René Holguín leyó su fallo.

En su ponencia, el magistrado determinó que no existe el delito de tráfico de órganos, como le imputó la fiscalía a Villafuerte. Remarcó que el representante del Ministerio Público no pudo presentar los suficientes elementos de convicción respecto a esto, por lo que se desestimó.

“Eso solo es una apreciación subjetiva del Ministerio Público. Es verdad que no se encontraron los órganos vitales de esa persona, pero no se tiene corroborado de que estos órganos hayan sido traficados o hayan tenido algún destino”, explicó Holguín.

El argumento de la condena impuesta por el juez Holguín recae principalmente en el delito de feminicidio y la crueldad con la que se cometió este.

Para el fallo se tomó en cuenta que Villafuerte usó sus conocimientos en medicina humana para descuartizar el cuerpo de la extranjera de 57 años, con quien mantenía una relación sentimental.

El magistrado aceptó la tesis fiscal que el acusado desmembró a Blanca Arellano para desaparecer su crimen y hacer como si nada hubiera pasado, con el fin de seguir con su relación sentimental con una peruana en Lima Metropolitana.

De los indicios más importantes para dictar la condena fueron las pertenencias de la extranjera, encontrados en el cuarto de un hospedaje de Huacho, donde convivía con el estudiante de medicina. Entre las cosas se encontró una bandera de México, ropa y calzado de la víctima.

Descuartizador de Huacho habría intentado suicidarse

Cuando se le dictó la prisión preventiva, Villafuerte supuestamente tuvo una tentativa de suicidio. Además, había escrito una carta en la que aseguraba que era inocente.

“Aun así decidan encarcelarme, injustamente y dañar mi vida, he decidido, antes de que sigan dañando a mi familia y a mi madre, acabar con mi existencia como una persona de principios. Esta será una lucha que no podré vencer y tampoco soportaré la humillación de ser paseado preso como un animal, tal cual me están tildando”, escribió.

En noviembre del año pasado, Perú se vio conmocionado por el hallazgo de partes seccionadas de un cuerpo que pertenecía a una mujer en el mar de Huacho. El caso dio la vuelta al mundo y motivó que autoridades nacionales y mexicanas intervengan.

Al mismo estilo que el viejo Oeste. Objetivo: dar con el paradero de sujetos incluidos en “los más buscados” y luego cobrar jugosas recompensas que el propio Ministerio del Interior (Mininter) incentiva para que el ciudadano participe con la captura de prófugos de la justicia. Negocio que muchos ciudadanos han visto como rentable, pero que en la actualidad cuenta con un gran obstáculo.

Así lo reveló PTV Perú, a través de un informe en el que expone el testimonio de tres cazarrecompensas, quienes prefirieron guardar bajo reserva su identidad por miedo a que peligrosos delincuentes puedan tomar represalias en su contra.

El caso más llamativo es el de alias la China, una víctima de Yanera Yazmín Gomez Aquino, quien fue incluida el 7 de octubre de 2022 en el Programa de Recompensas del Mininter, luego que fue sentenciada por la Corte de Justicia de Madre de Dios por el delito de trata de personas.

La justicia encontró responsable a Gomez Aquino de secuestrar y trasladar bajo engaños a menores para prostituirlas en campamentos mineros de la selva peruana. Se ofreció 20 mil soles por su paradero.

Al conocer de la recompensa, y tras escapar de su captora, la China narró a la policía con lujo de detalles donde se encontraba Gomez Aquino. Su objetivo era rehacer su vida con el dinero que le pagarían y dejar en el pasado la explotación sexual de la que fue víctima.

Sin embargo, de acuerdo su relato, el Mininter nunca le pagó, pese a que llegó a capturar a la sentenciada, y por miedo a que la maten por represalia se refugió en el sur del país.

“Conté que la señora estaba llevando a menores para prostituirlas y con la esperanza de cobrar”, dijo la China a PTV Perú.

El 5 de diciembre de 2022 fue capturada Yazmín Gomez en el distrito de Ate, luego que la cazarrecompensas diera el dato. “Fui con la policía de inteligencia hasta la casa (donde tenían atrapadas a las menores) y luego de dos días de seguimiento la capturaron”, narró.

Pese a que ya ha pasado casi un año de ese hecho, la China aún guarda la esperanza de que le paguen la recompensa. Contrario a desanimarse ha emprendido la búsqueda de otros requisitoriados, de la mano con unos familiares.

‘El Flaco’ y ‘La Patrona’, los otros cazarrecompensas

A diferencia de la China, el Flaco, otro cazarrecompensas peruano, se ha decepcionado del programa de recompensas. Él contó que se dedicó a buscar al requisitoriado Félix Antonio Minas Juan, por quien ofrecían pagar 15 mil soles por su captura.

Sobre Minas Juan pesaba una grave acusación de abuso sexual a una niña. El caso estuvo a cargo de la Corte Superior de Justicia de Áncash. El Flaco ubicó, de casualidad, al requisitoriado en el distrito de Carabayllo. Este fue capturado el 26 de octubre de 2022, gracias a la información brindada por el cazarrecompensa. Pero, al igual que la China, el Mininter tampoco le pagó.

Raúl Ronal Espinoza Solís, acusado de robo agravado y tráfico ilícito de drogas, es otro requisitoriado. Para dar con su captura ayudó la cazarrecompensas, conocida como la Patrona. La información que brindó, y por la que ofrecían 15 mil soles, fue vital, pero el dinero nunca llegó a sus manos.

Dentro de un centro comercial y en un local para juegos infantiles, los delincuentes no consideran los daños colaterales y se encuentran más que dispuestos a abrir fuego sea el lugar que sea. Momentos de terror vivieron un grupo de personas que se encontraban dentro del centro comercial en Minka del Callao, luego que de un momento a otro unos sujetos armados iniciaran una balacera desatando el pánico en este concurrido lugar del Callao.

Fue exactamente en horas de la noche cuando tres avezados delincuentes ingresaron por la parte del parqueo del estacionamiento con armas de fuego. Según las primeras investigaciones, los delincuentes estaban buscando a un joven que corrió desesperadamente al recinto comercial, donde se habría escondido junto con una mujer en un local de juegos infantiles.

Uno de los criminales logró herir al joven con un disparo, lo que lo dejó herido y caído en el suelo, causando sorpresa entre los clientes presentes. Los agentes de seguridad del sitio actuaron de inmediato y alertaron a las autoridades pertinentes.

Los testigos de este hecho, informaron que un total de tres individuos fueron responsables de empezar el tiroteo, y su intención era asesinar al joven. Afortunadamente, no tuvieron éxito en su intento. Además, ninguna persona resultó herida tras esta ráfaga de balas que sorprendió a más de uno.

“A lo lejos he escuchado siete disparos (…) Yo estaba acá sentado y he escuchado que los policías han atrapado a esos dos delincuentes y uno se dio a la fuga. Eran tres, pero dos querían matarlo al chibolo”, contó uno de los testigos de la balacera.

Luego de que se desatara esta balacera, por precaución se cerraron las puertas de las tiendas y quedó suspendida la atención dentro de este establecimiento. Además, se activó el protocolo de seguridad a fin de resguardar a las personas que se encontraban departiendo un domingo en familia.

A los minutos de informar sobre este hecho, llegó la Policía Nacional del Perú (PNP) y lo primero que hicieron fue evacuar a las personas que se encontraban dentro. Además, acordonaron la zona en donde ingresó el joven para pedir ayuda, ya que ahí fue el punto en donde se escucharon más balazos.

Respecto del joven, que hasta el momento no ha sido identificado, pudo ser auxiliado por personal de seguridad del centro y fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, donde viene recibiendo atención médica.

En tanto, la PNP confirmó que se logró la captura de un menor de 17 años, que presuntamente estaría involucrado en el tiroteo.

Ni honor ni gloria. Como si fueran unos miserables delincuentes, dos policías protagonizaron una espectacular persecución en la avenida Trapiche, distrito de Carabayllo, tras ser descubiertos por la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (PNP) cobrando una coima de 30 soles a un conductor el pasado 6 de setiembre.

Los dos suboficiales identificados como Luis Alberto Ordaya Santana, conductor del patrullero, y Eduardo Barriga Guerrero, operador de la unidad policial, lejos de cumplir con su deber intentaron escapar en un patrullero tras ser descubiertos en flagrancia delictiva.  

Todo comenzó cuando los malos efectivos fueron denunciados por un chofer a quien habían detenido bajo el pretexto de la falta de revisión técnica de su vehículo. Los dos policías pertenecientes a la Comisaría Santa Isabel en Carabayllo, habían solicitado el soborno a cambio de no llevar al conductor a la comisaría.

Sin embargo, su intento de huida fue interceptado por un equipo especial conformado por agentes de Inspectoría General de la Policía, la Dirección contra la Corrupción y la Dirin, quienes los encontraron en flagrancia delictiva.

“Personal interviniente anticorrupción se dirige a la comisaría a la cual pertenece el patrullero, en este caso la comisaría Santa Isabel, donde se coordina con el comisario para que disponga que el personal policial (los dos agentes que solicitaron la coima) llegue a la comisaría”, sostuvo el General Zenón Loayza, jefe de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP.

A pesar de lograr escapar inicialmente, los agentes no pudieron eludir a la justicia por mucho tiempo. La Fiscalía está actualmente investigando el caso y determinará la situación legal de los policías implicados, quienes enfrentan acusaciones por cohecho y violencia y resistencia a la autoridad.