Pese a que el hermano de la presidenta no se presentó ni compadeció en la audiencia de prisión preventiva realizada este lunes 18 de noviembre, el juez Richard Concepción Carhuancho resolvió el pedido de la Fiscalía y le impuso 36 meses de prisión preventiva, por el caso ‘Los waykis en la sombra’.

Tras días de dilatación, el magistrado decidió e impuso la medida restrictiva a Nicanor Boluarte Zegarra, en medio de la investigación en su contra. El abogado Luis Vivanco, defensa del hermano de la presidenta ya había informado que no logró comunicarse con su patrocinado. No obstante, el juez Concepción Carhuancho simplemente registró su ausencia

Concepción Carhuancho rechaza aplicar Ley 32108 en caso ‘Waykis en la Sombra’

En el marco de la investigación, Concepción Carhuancho decidió no aplicar la Ley 32108, una norma que regula el crimen organizado, en el proceso que afecta a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta y otros tres involucrados, quienes enfrentan una solicitud de prisión preventiva por cargos de organización criminal y tráfico de influencias.

Asimismo, el juez destacó que el delito de organización criminal debe regirse por la ley anterior y no por la recientemente aprobada por el Congreso. Además, denunció que la nueva norma contravendría la Constitución Política del Perú y a la Convención Americana de Derechos Humanos.

“El juzgado ha llegado a la conclusión que el delito de organización criminal debe regirse por el artículo 317° del Código Penal, modificado por Decreto Legislativo 1244. Ley anterior, no pudiendo aplicarse la Ley 32108, la ley posterior, a pesar de ser más favorable a los investigados, por ser contrario a la Constitución Política del Perú y a la Convención Americana de los Derechos Humanos, en aplicación del control difuso y del control de convencionalidad”, enfatizó Concepción Carhuancho.

Tras el fallo del juez Concepción Carhuancho, el hermano de la presidenta continuaba no habido. Si Nicanor Boluarte sigue en la clandestinidad se convertirá en prófugo de la justicia.

En medio de un escenario político en el que se viene llevando a cabo una audiencia de requerimiento de prisión preventiva por 36 meses contra el hermano presidencial Nicanor Boluarte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, no se mostró ajeno y vertió sus opiniones al respecto.

Entre tanto, el juez Richard Concepción Carhuancho decidirá hoy si es que a Boluarte Zegarra se le impone la medida excepcional de prisión preventiva, que solicitó el Ministerio Público.

Salhuana Cavides, comentó que las investigaciones llevadas contra el hermano de la presidenta, continúan por una probabilidad que se dé la medida preventiva de privación de la libertad, y en caso que éste se fugue y pase a la clandestinidad, deberá ser inmediatamente capturado por la PNP. 

«En este caso, el hermano de la señora presidenta está inmerso en una imputación de tipo penal, tengo entendido que están a la espera de la resolución del juez Concepción Carhuancho para el tema de la prisión preventiva. El juzgado dispondrá lo que corresponde y si se fuga, la Policía tiene que encargarse de capturarlo», indicó Salhuana.  

En esa línea, el parlamentario agregó que considera que las leyes deben cumplirse, ello en referencia a la separación de la ‘Ley de Organizaciones Criminales’ a favor de los investigados. Por tanto, acusó de un posible abuso sobre la figura de control difuso usada por los jueces para discernir entre las normas a aplicarse.

«Es su punto de vista, pero yo considero que las leyes se dan para que sean cumplidas. Creo que se está abusando del control difuso que establece la Constitución en la carta política», concluyó el presidente del Parlamento.

Como no les alcanza su sueldazos, ahora el Poder Judicial (PJ) se premia a sí mismo con un ‘bono’ nada despreciable. El Congreso de la República oficializó el bono mensual de 9360 soles que recibirán los jueces titulares del PJ.

La normativa fue aprobada en una sesión del Pleno el pasado 15 de junio de este año. Según el acuerdo, se tomó esta decisión para reconocer la “labor y dedicación al servicio público”. En la Ley n.º 32164 se establece que serán beneficiarios de la bonificación: Jueces superiores titulares (9369 soles), jueces especializados y/o mixtos titulares (7254 soles), y los jueces de paz letrado titulares (4680 soles).

“La bonificación adicional mensual no tiene carácter remunerativo, no está afecta a cargas sociales y no es de naturaleza pensionable ni forma parte de los beneficios laborales. Asimismo, no constituye base de cálculo para la compensación por tiempo de servicios (CTS) o cualquier otro tipo de bonificación, asignación o entrega”, explica la Ley.

También se menciona que el bono se financia con los saldos de partidas presupuestarias del PJ del año fiscal 2024 o con cargo al presupuesto del 2025, “sin demandar recursos adicionales al tesoro público”. Para ello, se autoriza al PJ hacer los cambios necesarios para implementar esta norma.

Cuando la Ley fue aprobada en el Parlamento, a medios de este año, la Comisión de Presupuesto precisó que por medio de esta acción se busca “corregir la “disparidad existente en las remuneraciones entre los distintos niveles de jueces”.

En el dictamen incluso se sostiene que la ampliación “podría traer beneficios significativos”, como “el fortalecimiento de la independencia judicial al garantizar una remuneración equitativa para todos los magistrados, lo que a su vez contribuiría a preservar la imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional”.

“Además, esta medida podría ayudar a prevenir conflictos y demandas judiciales relacionadas con la disparidad salarial entre los jueces, promoviendo un ambiente laboral más equitativo y justo dentro del Poder Judicial. Asimismo, al garantizar una remuneración suficiente para todos los jueces titulares, se estaría protegiendo la estabilidad y la integridad del sistema judicial en su conjunto, lo que a su vez podría tener un impacto positivo en la calidad y eficiencia de la administración de justicia en el país”, dice el texto.

La normativa fue firmada por el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso, y por la vicepresidenta, Patricia Juárez, de Fuerza Popular.

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Javier Demartini Montes, prácticamente fundó el equipo ministerial, desde que la presidenta Dina Boluarte asumió su mandato y le dio la confianza desde hace 23 meses ininterrumpidos para que se encargue de la cartera del MIDIS. Sin embargo, su sector ha tenido recurrentes denuncias sobre el programa social ‘Qali Warma’. Y esta vez, una reciente revelación periodística indicó que productos enlatados de la empresa ‘Frigoinca’ del programa en mención también habrían servido como alimento para perros.

No obstante, tras este nuevo escándalo que evidencia la falta de protección y la falta de cuidado de miles de niños peruanos, el ministro Demartini Montes, simplemente, descartó su renuncia; y en respuesta aclara que trabajará «muy duro» para corregir los errores en su sector.

Demartini asume su responsabilidad sobre caso ‘Qali Warma’ pero no renuncia

El titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) indicó en entrevista con Canal N que ante las denuncias contra ‘Qali Warma’ su despacho tomará decisiones estructurales, pero que no renunciará al cargo, porque trabajará de acuerdo a la responsabilidad que le dio la mandataria Dina Boluarte.   

«Más allá de las encuestas, lo que nosotros responsablemente tenemos que hacer es tomar decisiones estructurales. No pasar la página ni echar la basurita debajo de la alfombra. Lamentablemente, yo ya conozco cuando pasan estas cosas y salen por todas partes a pedir la cabeza del ministro. Hasta donde me dé la responsabilidad que me encargó la presidenta seguiré trabajando muy duro para corregir esto», aclaró Demartini Montes.

Midis desmiente la denuncia contra ‘Qali Warma’

Asimismo, a través de un comunicado, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) desmintió «enfáticamente» que el programa ‘Qali Warma’ distribuyera alimentos para animales en colegios de Ayacucho, como lo denunció el dominical ‘Punto Final’.

«El Midis desmiente enfáticamente que el programa Qali Warma distribuyera alimentos dirigidos para el consumo animal, pues los productos que adquiere cuentan con todos los registros sanitarios y certificados emitidas por la Digesa, autoridad sanitaria responsable de autorizar la fabricación y comercialización de cualquier producto apto para el consumo humano», se lee en el oficio.

El hombre que destruyó el fútbol peruano podría pasar un buen tiempo en prisión. El Ministerio Público (MP), por intermedio del fiscal Jorge Chávez Cotrina, formalizó la investigación contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano Saavedra, y otros cuatro investigados por el caso ‘Los Galácticos del Fútbol’.

De esta manera, el MP indicó a través de sus redes sociales que ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra Lozano, quien enfrenta cargos por los presuntos delitos de lavado de activos, coacción y corrupción.

La formalización de la investigación también alcanza a otros miembros de la FPF, incluyendo a José Isla Montaño, Genaro Miñán, Sabrina Martins y Óscar Chiri. Todos ellos, junto a Lozano, son investigados por su presunta participación en la estructura delictiva relacionada con el fútbol peruano.

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Fiscalía pide prisión preventiva en contra de Agustín Lozano por el caso Los Galácticos

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— Canal N (@canalN_) November 19, 2024

Cabe mencionar que más temprano se ordenó la liberación del presidente del club Sporting Cristal, Joel Raffo; a la presidenta de Cantolao, Karen Mandriotti; a la operadora de venta de entradas, Norma Alva; al contador de la FPF, Fredi Salazar; al exsecretario general de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Robilliard y al presidente de la Liga Departamental de Amazonas, Franklin Chuquizuta.

La tesis fiscal que hunde a Lozano

De acuerdo a la investigación formalizada, Lozano habría ejercido actos fraudulentos contra el patrimonio de la persona jurídica, refiriéndose al control de los derechos televisivos y los recursos generados, correspondientes a la Liga 1 2023. También, indicaron que se suscribió un contrato “irregular” con la empresa 1190 Sports”.

Además, el oficio indica que Agustín Lozano habría realizado desembolsos de dinero a los clubes de primera división, segunda división y las ligas departamentales, desde el año 2019 al 2023, con el objetivo de asegurar votos a su gestión, a cambio de beneficios, dádivas y hacer caso omiso a las presuntas irregularidades en el manejo de la FPF. 

«Habría realizado desembolsos de dinero a los clubes de fútbol profesional de primera, segunda división y las ligas departamentales, desde el año 2019 al 2023, con la finalidad de asegurar votos a su gestión, a cambio de beneficios, dádivas y hacer caso omiso a las presuntas irregularidades en el manejo de la Federación Peruana de Fútbol», indica el texto. 

La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República presidida por la legisladora Jessica Córdova Lobatón de Avanza País acordó por unanimidad (9 votos a favor) citar para la próxima sesión extraordinaria al ministro del interior, Juan José Santiváñez, por el feminicidio del último fin de semana en el distrito de Comas que arrebató la vida de la joven Sheyla Mayumi Cóndor Torres.

Ministro del Interior Santiváñez deberá informar qué acciones han tomado

En dicha sesión, el titular de Interior deberá informar sobre las acciones que adoptarán para sancionar a los efectivos policiales que no recibieron la denuncia por la desaparición de Cóndor Torres, así como las acciones para capturar al policía feminicida Darwin Condori y las gestiones realizadas frente a la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú.

“Planteo convocar al ministro del Interior, pues estos efectivos policiales habrían cometido el delito de omisión de funciones, si tal vez la policía hubiese actuado diligentemente no hubiera ocurrido este atroz feminicidio. Además, debe informar, ¿Por qué la PNP tenía en sus filas a un efectivo con antecedentes de denuncias por violación?”, refirió la presidenta de la Comisión Córdova Lobatón.

La Comisión de Ética Parlamentaria, que preside Alex Paredes Gonzales (BMCN), aprobó los informes de calificación que autorizan iniciar investigaciones formales contra las congresistas Kelly Portalatino Ávalos (PL) y María Agüero Gutiérrez (PL), por diversas infracciones éticas.

En el informe de calificación del expediente 190-2024-2025/CEP-CR, seguido contra María Agüero Gutiérrez, se le acusa de haber infringido diversos artículos del Código y el Reglamento de Ética Parlamentaria por haber recortado, supuestamente, el 10% del sueldo de trabajadores de su despacho, de acuerdo con una información periodística de Punto Final, en el caso conocido como ‘Mochasueldos’ y que desató gran polémica. Según las investigaciones, Agüero Gutiérrez, a través de sus asesores de confianza Edson Flores y César de la Cruz, habría obligado a 12 empleados de su despacho a entregar un ‘cupo’, es decir el 10% de sus salarios para asegurar la renovación de sus contratos.

El informe recomienda declarar procedente la denuncia de oficio e iniciar investigación. Fue aprobado con 11 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Fiscalía investiga a María Agüero por enriquecimiento ilícito

Como se sabe,la Fiscalía, ya investiga a la congresista María Agüero por los presuntos delitos de colusión y enriquecimiento ilícito, cargos que implican la exigencia de dinero de manera ilegal por parte de un funcionario, en este caso, en perjuicio del Estado.

Kelly Portalatino será investigada por infringir el Código de Ética

El primer informe recayó en el expediente 184-2024-2025/CEP-CR, seguido contra Kelly Portalatino Ávalos, donde se le acusa de no haber asistido a la inspección de tierras en el Proyecto Especial Chinecas, a pesar de su condición de presidenta de la Comisión Multipartidaria de seguimiento de dicho proyecto. Y también, por haber creado un formulario para inscribir a las asociaciones y agricultores posesionarios dentro del proyecto; y haber emitido expresiones agraviantes contra el congresista Elías Varas Meléndez en una sesión de la Comisión de Fiscalización.

El informe concluye que existen indicios para iniciar investigación por presunta infracción al Código y el Reglamento de Ética Parlamentaria y recomienda el inició de la investigación. Este fue aprobado con 9 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

Hubo audiencias contra legisladores Paul Gutiérrez, Darwin Espinoza y Kira Alcarraz

Como primer punto de orden del día, la Comisión de Ética continuó y finalizó dos audiencias. La primera fue la seguida contra el congresista Paul Gutiérrez Ticona (BMCN), que tiene como número de expediente el 179-2023-2024/CEP-CR. A Gutiérrez Ticona se le acusa de haber utilizado inteligencia artificial en la elaboración de cinco proyectos de ley. Este absolvió las imputaciones en su contra y dijo que “no existió mala fe, sino que fue un error técnico”. Se presentó, además, Julio Reza Huaroc, asesor I en el despacho del congresista Gutiérrez Ticona.

La segunda audiencia fue por el expediente 174-2023-2024/CEPCR, seguido contra los congresistas Darwin Espinoza Vargas (PP) y Kira Alcarraz Agüero (PP), a quienes se les acusa de un supuesto intercambio de favores al haber contratado a personas allegadas. Por su parte, Darwin Espinoza absolvió preguntas y presentó sus alegatos finales. Por Kira Alcarraz los alegatos finales los realizó su abogado Humberto Abanto Verástegui.

Finalizadas ambas audiencias, de acuerdo con el Reglamento de Ética Parlamentaria, concluye el proceso de investigación, y en un plazo no mayor de 15 días hábiles se resolverá la denuncia con un informe final en el que se declarará fundada o infundada la misma.

Tras el nuevo escándalo revelado en un programa dominical, en el que se revela que el programa Qali Warma distribuía en colegios de Ayacucho las conservas Don Simón, de la empresa Frigoinca, que no eran aptos para consumo humano sino para animales, y que no solo involucran al director de dicho programa escolar alimentario, Pedro Jonel Ripalda Ramírez, sino, al propio ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, el congresista de la bancada de Honor y Democracia, Jorge Montoya, criticó al programa Qali Warma y subrayó la importancia de investigar a fondo estas nuevas denuncias sobre la distribución de alimentos no aptos para los niños.

El legislador, señala que las personas responsables de poner en riesgo la salud pública deben ser tratadas con severidad, sugiriendo que las penas sean tan duras como las de un crimen o cadena perpetua.

“Una persona que juega con la salud de la población no tiene nombre es como un asesino. Eso es lo que sucede cuando hay personas que tienen esa manera de ganar dinero de manera sucia», aseveró Montoya Manrique. 

Asimismo, el legislador de ‘Honor y Democracia’ hace un llamado a la Comisión de Fiscalización del Congreso para interpelar al ministro Julio Demartini y, si es necesario, censurarlo.

“La Comisión de Fiscalización debería citar al ministro y previo a una interpelación que es necesario. Yo creo que en este caso debe llamarse a los responsables del sector como primer responsable. Es un tema de suma importancia que tiene muchas aristas”, sostuvo.

Asimismo, menciona al actual vocero presidencial Freddy Hinojosa, quien era director del programa cuando se dieron los permisos para la distribución de los alimentos, sugiriendo que debe rendir cuentas.

Jaime Quito exige la renuncia del ministro Julio Demartini

Por su parte, el congresista de la Bancada Socialista, Jaime Quito, también se pronunció respecto a este nuevo escandalo de Qali Warma y exige la inmediata renuncia del ministro de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Julio Demartini, así como del director de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) Mario Troyes Rivera y pide fuertes sanciones contra todos los responsables de este nuevo escándalo de las conservas toxicas distribuidas a los niños por el programa social, por considerarse un grave caso de negligencia que sigue afectando a miles de niños.