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GRAVES DENUNCIAS CONTRA LA DDC- CUSCO DEL MINISTERIO DE CULTURA

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Vidal Pino Zambrano, Jorge Vargas Prado y Luis Nieto Degregori

Con el nuevo ministro de cultura Jorge Nieto Montesinos, ha comenzado una nueva ola de críticas, por estos días en la ciudad del Cusco se respira una atmósfera tensa, debido a las diversas denuncias dirigidas directamente a la Dirección Regional de Cultura Cusco, dirección que pertenece al Ministerio de Cultura, y actualmente tiene como director a Víctor Vidal Pino Zambrano.

Las denuncias son diversas, en algunos casos se habla de corrupción, mediante la malversación de fondos, en otros casos de lobby, también se denuncia el maltrato a los escritores cusqueños y se señala la mala gestión que viene teniendo la III Feria Internacional del libro de Cusco, feria internacional que aunque parezca una broma de mal gusto, se realiza en el estacionamiento de un centro comercial.

Una de las personas que se ha pronunciado con fuertes críticas, es Mario Guevara, escritor y director de la revista Siete Culebras. Guevara señaló que  Jorge Vargas Prado, trabajador del Ministerio de Cultura, lo llamó para invitarlo a participar de la III Feria Internacional del Libro de Cusco, invitación que rechazó porque siente que no se respeta a los escritores cusqueños.

“En cualquier ciudad del continente, cuando se realiza una feria internacional del libro los primeros invitados son los de casa y la invitación no es por —teléfono— sino por escrito y rubricado por la institución que la patrocina. Sin embargo, los de casa (narradores, poetas y editores cusqueños), en la otrora capital de los incas, tenemos que ir a inscribirnos a las oficinas de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco para participar en dicha feria. Pareciera que nos estarían haciendo un gran favor al incluirnos en la programación. Por esta falta de tino y desatención, varios escritores cusqueños como Carlos Velásquez, Yván Yauri, Ángel Avendaño, Mario Pantoja, Jaime Pantigozo, Juan Mescco, Mario Guevara y otros, no participarán en el evento”.

Además, Guevara señaló que se estaría realizando actos de corrupción:

“Ahora que hay un nuevo Director en DDC-Cusco que se replantee los fines y objetivos de dicha feria que se organiza con el dinero de todos los cusqueños. Y que los involucrados en la organización de las tres ferias, del fondo editorial (que entre otras perlas, publicaron 5 libros de autores extranjeros con un tiraje de 5000 ejemplares cada uno, antes de que a sus propios autores), talleres, conciertos y otros, sean investigados por el control interno del DDC-Cusco, porque existen claros signos de malversación de fondos de la institución. Asimismo, esperamos cambios del personal que trabaja en dichas áreas por el bien de la cultura del Cusco”.

Lo que menciona Mario Guevara es muy grave, pero sabemos que hasta ahora no existe ninguna denuncia formal. En el tema de los libros publicados, hay que señalar que los libros fueron de autores como  Gabriel García Márquez, Adolfo Bioy Casares, Clarice Lispector, Mario Vargas Llosa y Juan Carlos Onetti. Obras de consagrados autores publicados en quechua.

Si bien es cierto, lo lógico sería comenzar a promover a los autores cusqueños primero, y luego, invertir en publicaciones de esta naturaleza. Ahora, lo que si sería bueno es que el órgano de control institucional investigue, cuánto se pagó por esas publicaciones, libros que fueron editados  nada menos que por la editorial Estruendomudo, de Álvaro Lasso, personaje polémico en el mundo editorial. Esperamos que la jefa de la OCI del Ministerio de Cultura, María del Rosario Márquez, nos dé una respuesta.

Otro de los temas que menciona Mario Guevara en el artículo publicado también en Lima Gris, es el grupo de jóvenes trabajadores de la oenegé Guamán Poma de Ayala, esta aparente camarilla que se ha introducido en la DDC- Cusco, ha conseguido puestos de trabajo, camarilla  que viene gestionando diversos eventos y publicaciones a base de lobby y dedocracia.

Con tan solo ver la programación de la III Feria Internacional del Libro de Cusco, podemos darnos cuenta de esto. Lamentablemente el amiguismo impera en las instituciones del Estado, convirtiendo estás instituciones en chacras privadas. Basta de llevar a sus amiguitos al Cusco, tienen que entender que con su argolla, solo convierten la feria en un evento mediocre.

Semanario Qosqo Times.

En el semanario Qosqo Times, el poeta Juan Mescco también señaló “El área de industrias culturales está infectado de onegeneros, influenciados por un escritorcillo alimeñado, donde por ignorancia se atropella a la cultura viva cusqueña”.

Otro de los poetas que lanzó una crítica fue Raúl Pacheco “La burla de llevar a la feria a la cochera del Mall, el maltrato a los escritores, gente que busca aprovecharse de estos eventos para promocionarse y utilizar actividades y por ende fondos del Estado y figuretear, se llama peculado de uso y es un delito. Por eso se les dice corruptos a los que organizan la feria. Hoy hay un nuevo Director de Cultura, ojalá pueda detener esta burla, cancelarla, llevarla a la UNSAAC, o algún espacio o casa pública, y echar y procesar a quienes han malversado fondos estatales, promoviendo actividades culturales en espacios privados. No saben que el Estado no puede invertir en espacios privados, eso es delito, eso se llama malversación de fondos”.

Otro escritor que se pronunció con más críticas es Iván Yauri,  indicó “Para los organizadores de la feria del libro del Cusco, los escritores cusqueños nunca han existido. Para el festival de Enero en la Palabra me anunciaron por correo que me enviaran la invitación, pero esa invitación jamás llegó. Lo que debo contar, es que hace siete meses, desde el último Enero en la Palabra, que Aleyda Cárdenas, parte del mismo equipo de Luis Nieto en la DDC-Ministerio, se ha terminado apropiando de libros, cds y dinero que me pertenecen, hasta el día de la fecha. Este tipo de cosas son una completa vergüenza”.

Por su parte el pintor y escritor Braddy Romero señaló “Sugerencia amigos del poderoso Ministerio de Cultura del Cusco, la publicidad en la redes que le dan a los músicos y escritores que viene de Lima y fuera del país, la podrían usar también con sus paisanos: recuadrito, fotito, librito, cheverito pues. Con el esmero que le ponen a los otros, así igualito para sus hermanos cusqueños, ¿la feria del libro es para poner en vitrina la producción de los cusqueños cierto?”.

Foto: Pulso Regional.

El poeta Pavel Ugarte también criticó la feria: “No encuentro razón en realizar un evento literario en un espacio con el cual no tiene ninguna afinidad cultural, en una ciudad como el Cusco. Hacerse este evento en el Real Plaza huele mal, debido a la imperiosa obligación de realizar esta “feria” en el secretismo”. Además, señala que no tiene ningún personal con el señor Luis Nieto, por el contrario le tenía una gran admiración que se desvaneció al ver como procedió en la gestión pública, donde toda persona es sujeto de cuestionamiento o felicitaciones de acuerdo a sus actos como funcionario».

Aquí entra el personaje de Luis Nieto Degregori, personaje que ha sido fuertemente criticado en su gestión y que hasta hace poco fue nada menos que asesor de la Dirección Regional de Cultura  de Cusco. Como han leído en los diversos comentarios de los escritores, todo ellos hablan del maltrato que reciben los autores cusqueños, hablan de corrupción, de lobby, argolla y de la ventaja que sacan algunos funcionarios del Ministerio de Cultura para figuretear y viajar con todo pagado a eventos nacionales e internacionales.

Según el semanario Qosqo Times, Luis Nieto, sería nada menos que primo del ministro de Cultura Jorge Nieto Montesinos. Menciono esto porque este año Perú es el país invitado de Honor de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, feria que se realiza en Uruguay, y dentro de la delegación peruana que estaría viajando a dicha feria se encuentra el nombre de Luis Nieto. Es decir, lo estarían llevando al primo del ministro con todo pagado. No es nada ético ese viajecito, como tampoco es ético que los trabajadores de la Dirección Regional de Cultural del Cusco, acaparen con su presencia la III Feria Internacional del libro del Cusco (Programa). Basta de mediocridades señores.

Regresando al poeta Pavel Ugarte, aparte de la crítica que lanza contra la feria, también hay que señalar otra denuncia que hizo contra la Dirección Regional de Cultura de Cusco. Pavel en el 2015 ganó el Premio Regional de Cultura, ganador de la modalidad en poesía en la categoría C, premio que consistía en la publicación del libro y un monto económico de diez mil soles. Hasta la fecha el libro no ha sido publicado y el dinero tampoco ha sido entregado. Como él, otros 22 ganadores también han resultado perjudicados.

Según una fuente de la DDC-Cusco, el problema de los premios se originó porque el premio fue realizado conjuntamente con el Gobierno Regional, pero el cambio de gestión ha desconocido los compromisos. Así que en estos días se anunciará que la DDC-Cusco se hará responsable de la publicación del libro y de los premios en efectivo.

Aquí la carta enviada por el poeta Paven Ugarte al Ministerio de Cultura.

 

318405916 Carta Ministerio de Cultura Pavel Ugarte 2

Otra de las instituciones que se pronunció contra la DDC- Cusco y contra Jorge Vargas Prado, trabajador del Ministerio de Cultura, fue La Academia Mayor de la Lengua Quechua, la revista Amaru público lo siguiente:

“Algunos funcionarios de la Dirección Regional de Cultura, piensan que pueden asumir posiciones personales, sin comprender que las entidades del Estado son de todos los peruanos, por cuya razón eventos como una Feria del Libro debe ser parte de todo un proceso de edición, promoción de escritores y creadores, que es totalmente a una reunión comercial de venta de libros con ponentes invitados de la collera del organizador; señaló Fernando Hermoza Presidente de la Academia mayor de la Lengua Quechua.

En los últimos años en la últimas tres gestiones, la ONG Guamán Poma de Ayala, logró copar totalmente el manejo de las principales direcciones de la entidad nacional en el Cusco; llevados de la mano del escritor Lucho Nieto llegaron algunos muchachos, que se consideran la quinta espada del movimiento cultural, porque de boca para afuera se pintan de amplios, convocantes y diversos, pero a la hora de definir las políticas y actividades, son tan sectarios y argolleros que solo entran sus amiguitos, continua la autoridad del quechua en Cusco.

Jorge Vargas Prado es la cabeza visible de esta pequeña collera, que usa la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, para aplicar sus propios intereses; define ediciones de libros con sus amigos, para promocionarse él en las ferias; invita ponentes que luego retribuirán con otras invitaciones; viaja a diversas ferias llevando libros de sus amigos y la escaza producción editorial de dicha entidad.

Ya en el colmo de la manipulación resulta que este jovenzuelo, ahora también se pinta de padre del quechua trivocálico, como le ordena su ong; resultando que la Academia Mayor de la Lengua del Cusco, fue marginado de toda invitación y convocatoria de la Feria Internacional del Libro; invitando en cambio a su argolla de trivocálicos y amiguitos a “exponer sus trabajos” a varias sesiones; que el señorito haga lo que le da la gana con su plata y hable como quiera es asunto de él, pero no se puede aceptar, que los dineros que provienen del patrimonio quechua, sea malversado, despilfarrado por el mencionado personaje, para satisfacer su argolla; señala enfático Fernando Hermoza.

Vamos a entregar un memorial al nuevo Director Dr. Vidal Pino Zambrano, exigiendo la reorganización de dicha entidad, en particular pidiendo la renuncia de la collera oenegera de Vargas Prado, por un grave acto de malversación de recursos, con la edición de libros, manejados por este personaje, culminó el Presidente de la Academia de Quechua”. Finaliza Fernando Hermoza.

Otra de las críticas de los escritores cusqueños es que el evento de la III Feria Internacional de Libro de Cusco se ha politizado, y se está gastando dinero invitando al excandidato a la presidencia Julio Guzmán, quien presentará su libro Nuestro propio camino. Tal como lo anuncia en su cuenta de Facebook, Julio Guzmán estará en la feria de Cusco el 01 de setiembre.

 

Lo que sucede actualmente en Cusco es lamentable, como también es lamentable escuchar decir a los trabajadores de la DDC-Cusco que todo lo que dicen los escritores cusqueños, lo dicen por envidia. Un argumento bastante inocente, cuando hay visibles cosas que están siendo mal manejadas. Para aclarar las denuncias, sobre todo de corrupción es necesaria la acción del Órgano de Control Institucional de Ministerio de Cultura, ya que resulta importante que el público conozca toda la verdad de lo que viene ocurriendo en el Cusco. Basta de corrupción, basta de argolla y de eventos mediocres. Es importante controlar y conocer en qué se gasta el dinero del Estado.

La OCI debe intervenir  y sancionar con todo el peso de la ley a los culpables. Esperemos que el nuevo ministro Jorge Nieto Montesinos, conozca del tema y que su gestión no cometa el error de proteger o ocultar delitos de corrupción. La única forma de cambiar el país es denunciando a los corruptos.

Respecto a la feria, sino se tiene el personal competente para realizar un evento internacional de esa magnitud, simplemente se tiene que buscar gente con la capacidad de poder organizar y gestionar ese tipo de eventos, porque hacerlo al caballazo y en una cochera no habla nada bien de una ciudad como el Cusco. Basta de improvisados.

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Edwin Cavello Limas. Periodista y cinéfilo. Es CEO y director de la revista, radio y TV Lima Gris. Fue editor de la revista ONCE, Actualmente es columnista del diario La Razón, Editor de Cultura de Diario UNO y conductor del programa Lima Gris que se transmite por Radio Planicie 91.5.FM.

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Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales

La Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtuvieron millonarios pagos tras demandar a la institución donde laboran. A través de procesos judiciales, lograron beneficios que, en algunos casos, superan el medio millón de soles por persona. En total, los requerimientos económicos de este grupo ascienden a la millonaria suma de más de 5 millones de soles.

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La actual directora general de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP), antes Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú (ENSABAP), Eva Dalila López Miranda, su esposo Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo y un grupo de docentes allegados, han protagonizado una serie de demandas judiciales contra la institución. A través de estas acciones legales, han obtenido y buscan obtener millonarios pagos por supuestos beneficios laborales, pese a que existen fundamentos legales y administrativos que indicarían que tales compensaciones no les corresponden.

Una estrategia judicial

Desde hace varios años, un grupo de docentes vinculados a la Dirección ha instaurado una práctica sistemática de llevar al ámbito judicial diversos reclamos laborales. Esta tendencia, definida por trabajadores internos como el “modus operandi de judicializar todo”, ha resultado en múltiples juicios contra Bellas Artes, los cuales han permitido a los demandantes obtener beneficios económicos que en condiciones regulares serían improbables.

Mauro Yrigoyen, Eva López y Antonio Pimentel.

Entre los casos más llamativos se encuentra el uso de demandas judiciales para obtener grados académicos sin haber cumplido los requisitos establecidos por ley. En algunos expedientes, jueces han ordenado que se reconozca el grado de bachiller a docentes que solo contaban con un título profesional a nombre de la Nación, sin tesis ni el proceso universitario correspondiente. Es la primera vez que un juez dispone homologar un título profesional como equivalente al grado académico de bachiller sin sustentación de tesis.

Grado de Eva Dalila López Miranda (Directora General de Bellas Artes).

Grado de Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (Esposo de la Directora General).

Grado de Herminio Andía Chávez (Director de Centro Pre Bellas Artes (Cepreba).

Demandas por beneficios millonarios

El patrón se repite en el terreno económico. Eva López Miranda, en su rol de directora general, junto con su esposo Mauro Yrigoyen Fajardo y otros colaboradores cercanos, han interpuesto demandas para exigir pagos por nivelación de sueldos, bonificaciones por preparación de clases y otros conceptos. Algunos de estos montos alcanzan cifras que superan el medio millón de soles por persona.

Esposo de la Directora General de Bellas Artes demandó a la escuela por nivelación de sueldos.

Por ejemplo:

Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora) ha solicitado el pago de S/ 484,519.74.

Herminio Andía Chávez, actual director del Centro Pre Bellas Artes (Cepreba), exige S/ 573,641.92.

Antonio Pimentel Nieto, exdirector de dicho centro, demanda S/ 326,068.74.

A esto se suma un juicio global por S/ 2’898,987.44 ya en etapa de ejecución.

En total, los requerimientos judiciales interpuestos por Mauro Yrigoyen Fajardo y este grupo ascenderían a aproximadamente S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos dos soles), monto que representa una carga presupuestal que afectaría las arcas de la institución universitaria.

¿Les corresponde por ley?

La base legal a la que apelan estos docentes para justificar sus demandas es la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial. En particular, argumentan tener derecho a beneficios señalados en el artículo 41° de dicha ley, como vacaciones, asignaciones, compensaciones por tiempo de servicio, subsidios por luto y otros.

Sin embargo, existe una omisión crucial: el artículo 4° de la misma norma establece como requisito indispensable para acceder a estos beneficios ser profesional de la educación, es decir, contar con título de profesor o licenciatura en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas.

Al revisar la situación académica de los demandantes, se observa que muchos no cumplen con este requisito. Según información de SUNEDU, ni la directora Eva López Miranda, ni su esposo Mauro Yrigoyen, ni sus funcionarios cercanos como Herminio Andía Chávez y José Lino Ayala, cuentan con títulos pedagógicos que los acrediten como profesionales de la educación.

En consecuencia, su inclusión en el régimen de la Ley 29944 es jurídicamente cuestionable. De hecho, por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por ley, los beneficios reclamados no deberían ser reconocidos. Más aún, se sostiene que parte de lo ya cobrado podría haber sido obtenido de manera irregular y, por tanto, debería ser devuelto.

Reincorporados, no nuevos contratados

Otro punto crítico es el régimen laboral al que pertenecen estos docentes. Según la Ley N.º 26860 de 1997, que reorganiza la Escuela Nacional de Bellas Artes, el personal que ingresó a laborar después de su entrada en vigencia se sujeta al régimen laboral de la actividad privada. Sin embargo, los docentes demandantes no ingresaron como nuevos contratados, sino que fueron reincorporados o repuestos por orden judicial, lo cual implica que mantienen su régimen original: el del Decreto Legislativo N.º 276 (administrativo público).

Como se recuerda, el 27 de junio de 2012, una sentencia del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo presentada por Mauro Yrigoyen Fajardo y otros docentes, por despido arbitrario. En consecuencia, se ordenó a la Escuela Nacional de Bellas Artes la reposición de Eva Dalila López Miranda, Herminio Andía Chávez, Serafín López Fabián, José Lino Ayala, Juan Marcelino León Dextre y Martina Martínez Rodríguez. Este grupo de docentes ha mantenido una relación muy estrecha y “coordinada” desde entonces.

Sentencia del TC falló a favor de la “cofradía” de docentes bellasartinos.

Pese a ello, en sus demandas utilizan como argumento la Ley del Profesorado N.º 24029, que también requiere título profesional de profesor para pertenecer a la carrera pública. Una vez más, muchos de los demandantes no cumplen ese requisito básico, por lo que su inclusión en dicha carrera y los beneficios asociados también carecerían de sustento legal.

En busca de más millones

La controversia alcanzó un punto álgido con la Resolución N.º 33 del 28 de diciembre de 2023, emitida por el juzgado que atiende el pedido del Sr. Mauro Yrigoyen Fajardo. En dicha resolución, se autoriza el embargo en forma de retención de hasta S/ 2’898,987.44, ordenando que la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú retenga fondos no ejecutados del presupuesto 2023 para cubrir el pago.

Resolución N° 33 que atiende pedido de Mauro Yrigoyen y se autoriza embargo.

Este hecho se torna aún más preocupante cuando se revela que el propio demandante conocía con anticipación el monto no ejecutado en el área de Recursos Humanos. Tal como consta en documentos oficiales, el presupuesto del área en 2023 fue de S/ 2’495,048, de los cuales solo se ejecutaron S/ 1’107,088, quedando S/ 1’387,960.46 sin usar.

Resolución 34 que se integra como parte de la Resolución 33.

El 28 de marzo de 2025, mediante la Resolución N.º 38, el juzgado aprobó las pericias de parte de los demandantes y otorgó un plazo de diez días para que Bellas Artes cumpla con abonar los siguientes montos:

Mauro Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora López Miranda) : S/ 484,519.74

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Mauro Yrigoyen Fajardo.

Serafín López Fabián: S/ 479,368.34

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Serafín López Fabián.

Herminio Andía Chávez: S/ 573,641.92

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Herminio Andía Chávez.

Antonio Pimentel Nieto: S/ 326,068.74

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Antonio Pimentel Nieto.

Estas cifras no incluyen los S/ 611,919.88 ya cobrados entre 2011 y 2014 (según se indica, en promedio 27 mil soles por persona, (incluida la directora López Miranda), ni el juicio general de casi tres millones en ejecución.

Total estimado:

S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro millones) en beneficios judiciales.

Resolución N.º 38 que ordena a Bellas Artes abonar cientos de miles de soles a los docentes demandantes.

¿De dónde saldrá el dinero?

El origen de los fondos para cubrir estos pagos ha generado alarma. Documentos judiciales demuestran que la Dirección de Planificación de Bellas Artes liderada por el señor Alfredo Ocrospoma proporcionó a la Secretaría General de la escuela mediante el FUT N.º 8643, información detallada sobre la ejecución presupuestal de los años 2016 al 2023. Esa data fue utilizada para identificar los saldos disponibles, los cuales están siendo comprometidos judicialmente para pagar los beneficios en litigio.

Por ejemplo, del presupuesto 2023 de S/ 2’495,048 asignado a Recursos Humanos, solo se ejecutó S/ 1’107,088, dejando disponible S/ 1´387,960.46; cantidad suficiente para cubrir lo solicitado judicialmente.

Una ejecución presupuestal en crisis

La ejecución presupuestal general de la institución también ha sido motivo de pronunciamiento por parte del Sindicato de Trabajadores Administrativos. En un comunicado fechado el 24 de junio de 2025, el gremio alerta que “la ejecución presupuestal se hace agua”.

Pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores de Bellas Artes.

Según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Bellas Artes ha ejecutado apenas S/ 4´133,880 de un presupuesto total de S/ 14´687,497, es decir, menos del 30% a mitad de año.

El sindicato se pregunta con ironía si la razón detrás de esta baja ejecución es el deseo de reservar fondos para el cumplimiento de sentencias judiciales como las aquí descritas. Mientras tanto, los recursos que deberían invertirse en mejoras académicas, obras, equipos, atención estudiantil y otros fines prioritarios, siguen sin ejecutarse. ¿Será que no hay ejecución para luego pagar millonarios beneficios que están judicializados?

Un detalle importante, aquí la directora Eva López sería juez y parte, ya que ella dirige Bellas Artes, y al mismo tiempo impulsa procesos judiciales que la benefician directamente.

Eva López.

El caso de la UNABAP revela un patrón preocupante: el uso del aparato judicial para obtener beneficios económicos personales a costa del presupuesto público, incluso cuando existen fundamentos legales para cuestionar dichas demandas. La falta de títulos pedagógicos, el régimen laboral inaplicable, el conocimiento previo del presupuesto disponible y la sospechosa inejecución de fondos institucionales conforman un escenario que merece la atención de las autoridades fiscalizadoras.

Lima Gris intentó comunicarse vía telefónica con Mauro Yrigoyen Fajardo, su esposa Eva Dalila López Miranda, Antonio Pimentel Nieto, Herminio Andía Chávez, y Serafín López Fabián, para que brinden sus descargos respectivos, y se les dejó un mensaje en el chat del WhatsApp.

Hasta el cierre del informe la única funcionaria que respondió el mensaje fue la directora general Eva Dalila López Miranda; sin embargo, se abstuvo de responder las preguntas que se le formuló y únicamente indicó que todas las consultas le sean derivadas a la secretaria general de la UNABAP, Mabel Lizarzaburu Rodríguez, con quien luego de entablar comunicación se le formuló las preguntas correspondientes; sin embargo, tampoco respondió las mismas.

Mientras tanto, la universidad más importante de formación artística del país enfrenta una crisis financiera que afecta directamente su misión educativa. Finalmente, el Ministerio de Educación, hasta el cierre de este informe, tampoco se pronuncia oficialmente sobre este escandaloso caso.

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El controvertido viaje de la alcaldesa de Barranco a Israel

Mientras Barranco afronta caos urbano y obras inconclusas, su alcaldesa Jessica Vargas hará una gira a Israel para asistir a la MUNI EXPO 2025. La agenda incluye visitas a zonas de conflicto, memoriales de ataques terroristas y encuentros políticos. Es decir, será parte de la campaña proisraelí.

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El pasado 7 de julio, la Municipalidad Distrital de Barranco recibió una invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel dirigida a la alcaldesa Jessica Vargas Gómez, para participar en la MUNI EXPO 2025. El evento, organizado por la Federación de Autoridades Locales de Israel, se llevará a cabo entre el 12 y el 19 de julio en Jerusalén y Tel Aviv. La invitación fue canalizada por la Secretaría General a través de Jorge Luis Rey de Castro y remitida a la Gerencia Municipal para su evaluación.

Invitación a la alcaldesa de Barranco Jessica Vargas para viaje a Israel.

Desde el primer momento, el procedimiento burocrático siguió su curso. El gerente municipal, Manuel Milenco Espinoza Loarte, solicitó un dictamen legal a la Gerencia de Asesoría Jurídica, bajo la dirección de Jorge Aurelio Alferrano D’Onofrio, para determinar la procedencia del viaje. En su informe, Alferrano concluyó que el Consejo Municipal debía autorizar o rechazar la solicitud, dado que los costos del viaje (pasajes aéreos, alojamiento, alimentación, visitas técnicas, transporte interno y entrada al evento) serán asumidos por los organizadores, a excepción del seguro médico y de viaje.

Memorándum enviado por el Gerente Municipal al Gerente Legal de la MDB.


No obstante, en un matiz significativo, el asesor legal recomendó que, en caso de no obtener la autorización del Consejo, la alcaldesa podía optar por hacer uso de su descanso vacacional para asistir al evento, siempre que se dejara constancia oficial de la encargatura del despacho edil al teniente alcalde, Jaime Chihuán León.

Informe del Gerente Legal, que eleva autorización de viaje al Consejo Municipal.

¿Un viaje de “interés nacional”?

Más allá de los tecnicismos legales, el informe jurídico de Alferrano citó la Ley N° 27619, que regula los viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos. Esta norma establece, en su artículo 2°, que los viajes deben estar debidamente sustentados en un interés nacional o institucional. La pregunta inevitable es: ¿responde este viaje a una necesidad urgente del distrito o representa un genuino interés institucional? ¿O estamos frente a otro caso de turismo diplomático disfrazado de gestión pública?

Informe del abogado Alferrano señala que viaje obedece a un interés institucional.

La agenda oficial del evento deja dudas razonables. Incluye actividades con un marcado tinte político e incluso militar, como visitas a zonas afectadas por ataques con misiles iraníes, recorridos por kibutzim atacados por Hamás el 7 de octubre de 2023, y encuentros con sobrevivientes de estos eventos, como la fatídica Fiesta Nova.

Itinerario a seguir el 14 de julio en Israel.  

También se contempla un diálogo con el periodista Henrique Cymerman, especialista en temas de Medio Oriente, y recorridos por lugares históricos y turísticos como el Monte Bental, la Galilea, el Mar de Galilea, Cesarea Marítima, y el Museo del Holocausto Yad Vashem.

Itinerario a seguir el 16 de julio en Israel. 

Uno se pregunta: ¿qué beneficio directo o indirecto obtiene el distrito de Barranco de estas actividades geopolíticas? ¿De qué manera la visita a un sitio de conflicto bélico en el Mediterráneo oriental se traduce en mejoras para la congestión vial, la seguridad ciudadana, el ordenamiento urbano o la gestión ambiental de este pequeño distrito limeño?

Un distrito que espera soluciones

Mientras la alcaldesa prepara su maleta, Barranco sigue sumido en problemas urgentes y cotidianos. Las obras inconclusas en la avenida 28 de Julio y Alfonso Ugarte mantienen cerradas vías clave del distrito, generando congestionamiento vehicular, desvíos improvisados y el malestar creciente de los vecinos. Se han tenido que habilitar ambos sentidos en la avenida Grau como medida de emergencia, un reflejo claro del desorden urbano. La paciencia de los barranquinos se agota ante demoras sin explicación técnica clara ni cronogramas realistas de ejecución.

La sensación general es que la gestión edil prioriza el protocolo internacional por encima de las urgencias vecinales. En un contexto donde cada día de inacción pesa sobre la calidad de vida de los ciudadanos, la imagen de una alcaldesa ausente en una gira que difícilmente se traducirá en mejoras concretas para su distrito no es bien recibida.

Sesión extraordinaria y votos divididos Ante la solicitud de autorización del viaje, el Secretario General, Rey de Castro convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, celebrada el miércoles 9 de julio por la mañana.

Secretario General Rey de Castro convocó a Sesión de Consejo para tratar autorización de viaje.

El resultado no fue unánime, pero bastó para aprobar la solicitud. Cuatro regidores votaron a favor del viaje: Juan Mariluz, Aldair Santa Cruz, Cristina Vásquez y Marcos Montes de Oca. Tres se pronunciaron en contra: Jaime Chihuán, Katia Tataje y Fiorella Muñoz. Resulta particularmente llamativo que dos de los votos en contra provinieran de regidores afines a la actual administración (Chihuán-Tataje), lo cual sugiere un posible desacuerdo interno.

Esta división política no es menor. Revela que, incluso entre los aliados, existe incomodidad sobre la forma en que se priorizan las actividades de la alcaldesa. Para muchos, el mensaje es claro: se está más interesado en las relaciones internacionales que en los vecinos de siempre.

¿Turismo disfrazado de gestión?

El itinerario de la alcaldesa Jessica Vargas en Israel refuerza la impresión de que el viaje tiene más de turismo que de gestión municipal. Desde cenas de bienvenida hasta visitas a sitios religiosos, memoriales del Holocausto, mercados y calles históricas, la agenda está salpicada de actividades de carácter más simbólico y cultural, que técnico o administrativo. Aunque se prevé la asistencia a la MUNI EXPO y algunas reuniones con autoridades israelíes, la proporción de actividades turísticas parece desproporcionada para un viaje que se ampara en el supuesto “interés institucional”.

El viernes 18 de julio, por ejemplo, la agenda incluye visitas al Monte Bental, un volcán en inactividad en el Golán; y a lugares cristianos en Galilea, como Capernaum, Tabgha y Yardenit en el Río Jordán, donde se realizan bautismos simbólicos. Un día después, la alcaldesa paseará por las ruinas de Cesarea Marítima, ciudad portuaria construida por el rey Herodes hace más de 2000 años. ¿Cuál es el valor técnico de esta experiencia para la administración de un distrito de 3 km² al sur de Lima?

El viernes 18 de julio la alcaldesa visitará el volcán Bental y el Río de Jordán.

¿Una nueva tendencia en la política local?

Este tipo de viajes internacionales no es un fenómeno aislado. En los últimos años, varios alcaldes y autoridades locales han aprovechado invitaciones diplomáticas para justificar desplazamientos al extranjero, muchas veces sin resultados tangibles. La ciudadanía empieza a ver con escepticismo estos periplos, que suelen coincidir con periodos de crisis interna o baja aprobación política.

Alcaldesa Jessica Vargas viajó en marzo de 2024 a Punta Cana con invitación falsa.

En el plano nacional, es inevitable recordar el caso de la presidenta Dina Boluarte, cuyas prioridades personales —como cirugías estéticas, viajes oficiales y aumentos de sueldo— han sido objeto de crítica por parte de la opinión pública, mientras el país enfrenta problemas estructurales profundos. ¿Está ocurriendo lo mismo en la escala distrital? ¿Se está replicando esta lógica—al estilo Boluarte—de desconexión entre la agenda del poder y las necesidades del pueblo?

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, viajará a Israel con la venia del Concejo Municipal. Sin embargo, su decisión revela una preocupante desconexión con la realidad de su distrito. El contexto no acompaña: grúas implacables que aún operan pese a la ilegalidad de sus operaciones; calles colapsadas, obras sin terminar y vecinos molestos por la falta de respuestas concretas. Mientras tanto, se opta por asistir a un evento en el extranjero cuyo impacto en la gestión local es, como mínimo, cuestionable.

En una época donde se demanda austeridad, eficacia y transparencia, la autoridad edil parece seguir una ruta contraria. La interrogante sigue en el aire: ¿estamos ante un viaje institucional o ante un sofisticado periplo turístico financiado en parte por terceros, pero legitimado por la estructura del Estado?

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Pataz se levanta: Rondas campesinas inician paro indefinido y bloquearán vías clave

Anunciaron que el paro será indefinido. Exigen al Gobierno central atención urgente a sus demandas.

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En un acto de protesta contundente, las Rondas Campesinas de la provincia de Pataz, en la región La Libertad, han anunciado e iniciado un paro indefinido que incluye el bloqueo de puentes estratégicos y aeródromos usados por empresas mineras. La medida fue formalizada mediante un comunicado firmado por la Central Única de Rondas Campesinas de Pataz, con el respaldo de sus principales dirigentes.

El paro, según el documento difundido este martes, surge como respuesta a lo que consideran una sistemática exclusión de los pequeños mineros del proceso de formalización, así como una política estatal que favorece abiertamente a las grandes compañías mineras en desmedro de las comunidades locales.

Entre los puntos de bloqueo mencionados se encuentran el Puente Mamahuaje, Puente Antonio Raimondi, Puente Calemar y Puente Marcos. Asimismo, las Rondas de los distritos de Pías y Huayo han anunciado que tomarán control de los aeródromos utilizados por las empresas mineras, interrumpiendo así el tránsito aéreo relacionado con estas actividades.

“Alertamos a la población a abastecerse de alimentos y medicinas, pues no habrá paso para vehículos de carga de las empresas mineras”, advierte el comunicado, dejando entrever la magnitud de la paralización.

Exigencias al Estado

Las Rondas Campesinas exigen al gobierno central y al Congreso de la República la atención urgente de tres demandas concretas:

  1. La exclusión arbitraria de pequeños mineros en el proceso de formalización. Exigen que se revise y corrija lo que consideran una marginación injusta, que deja fuera a gran parte de quienes dependen de esta actividad para sobrevivir.
  2. La aprobación de una ley que beneficie a la mayoría de pequeños mineros del país, garantizando su derecho al trabajo frente a la hegemonía de la gran minería y la minería transnacional.
  3. El derecho al trabajo digno para las familias de la provincia de Pataz, que actualmente se ven perjudicadas por decisiones centralistas y políticas que no consideran la realidad local.

Con el lema “¡Basta de saqueo y mentiras!”, las Rondas han declarado que no cederán hasta obtener respuestas. “Si no hay solución, no habrá producción minera en Pataz”, enfatiza el comunicado. Se trata, según sus palabras, de una lucha justa y legítima en defensa de la dignidad de la provincia.

Un paro con raíces sociales y económicas

La provincia de Pataz ha sido históricamente una zona de intensa actividad minera, tanto formal como informal. Sin embargo, el proceso de formalización iniciado por el Estado en los últimos años ha dejado fuera a decenas de pequeños productores, que ahora enfrentan criminalización y pérdida de sustento. Para muchos de ellos, la minería artesanal es su única fuente de ingreso.

La Central Única de Rondas Campesinas denuncia que, mientras las grandes corporaciones continúan explotando los recursos con protección estatal, los pequeños mineros son acosados, perseguidos y privados de sus derechos. En ese contexto, el paro representa no solo una protesta económica, sino también una reivindicación social frente a lo que consideran un modelo extractivista excluyente.

La medida ha generado expectativa y preocupación en toda la región, especialmente por el posible impacto en el abastecimiento de bienes y en la operatividad de las empresas mineras, muchas de las cuales podrían paralizar su producción debido a los bloqueos logísticos.

Desde Lima, hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Energía y Minas ni de la Presidencia del Consejo de Ministros, a pesar de la advertencia explícita de que el paro será indefinido.

El comunicado concluye con una promesa firme: “Defenderemos nuestro derecho al trabajo amparado en la Constitución”. Las Rondas Campesinas, organizadas y determinadas, han dejado claro que no abandonarán su lucha hasta lograr una respuesta estatal concreta y satisfactoria.

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Condenaron a 20 años de prisión a integrantes de ‘Los injertos del Tren de Aragua’

Proxenetas venezolanos pensaron que en el país la impunidad aún manda.

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Creyeron que en el Perú todo se podía hacer sin consecuencias. Pero no fue así. Cuatro integrantes de la banda criminal venezolana ‘Los injertos del Tren de Aragua’ fueron condenados a 20 años de prisión por el delito de explotación sexual de 10 mujeres extranjeras en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Tony Suárez (22), María Griman (27), Izmaury Galindo (26) y Yohan Pedra (34) deberán además pagar, de forma solidaria, una reparación civil de S/ 20 000 a favor de las víctimas, según informó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte.

La investigación reveló que las mujeres habían sido engañadas con la promesa de trabajo en Chile. Pero al llegar a Lima, se les informó que no podían continuar su viaje. Allí comenzó la pesadilla: fueron retenidas y obligadas a ejercer la prostitución, bajo amenazas de muerte.

Ante la gravedad de los hechos y tras recibir pedidos de auxilio, las autoridades lograron ubicar el 3 de septiembre de 2022 un inmueble en la urbanización Fiori, en Lima norte, donde operaba esta red criminal. Allí fueron detenidos los delincuentes venezolanos y se rescató a las víctimas.

La fiscal Luisa Inés Quispe Asmat presentó pruebas contundentes en el juicio: peritajes psicológicos, testimonios, actas de intervención, informes policiales y documentos incautados. Todo confirmó el accionar violento y sistemático del grupo criminal.

Este caso deja una lección clara: el Perú no es tierra sin ley, y quienes llegan del extranjero a delinquir creyendo que no habrá castigo, se equivocan. La justicia puede tardar, pero llega. Y en este caso, fue firme contra quienes buscaron lucrar con el sufrimiento humano.

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Más de 140 mil escolares se benefician con mejoras en 168 colegios

El Ministerio de Educación invierte más de 14 millones de soles para garantizar ambientes seguros y adecuados para el aprendizaje.

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El Ministerio de Educación (Minedu) ha destinado más de S/14 millones para mejorar las condiciones de 168 colegios públicos en 31 distritos de Lima Metropolitana, beneficiando directamente a casi 140 mil escolares. Esta intervención incluye desde reparaciones estructurales hasta la entrega de mobiliario escolar, con el objetivo de asegurar entornos seguros y funcionales para estudiantes y docentes.

Las obras se vienen realizando de forma progresiva durante todo el año y contemplan la instalación de mallas raschell contra la radiación solar, renovación de carpetas, sillas y mesas, mantenimiento de estructuras metálicas, y acondicionamiento de puertas, ventanas y otros ambientes. Ante las lluvias persistentes, se ha priorizado la atención en los distritos más afectados, como San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. En estos sectores ya se trabaja en instituciones como Sol de Los Milagros, Juan Guerrero Quimper, José Olaya Balandra y Bartolomé Mitre.

La intervención se ha dividido en cuatro etapas. Las dos primeras, desarrolladas entre marzo y mayo, beneficiaron a más de 57 mil estudiantes en 61 colegios con una inversión de S/4.5 millones. Actualmente, se ejecuta una tercera fase en 51 instituciones, con S/4.7 millones destinados para mejorar la educación de más de 40 mil escolares. A partir del 7 de julio, arranca una cuarta etapa que atenderá a 56 colegios adicionales, con una inversión similar y más de 41 mil beneficiarios.

Estas acciones del Minedu se respaldan en las leyes 32272 y 32260, que permiten intervenciones inmediatas y financiamiento directo en instituciones educativas públicas afectadas por daños estructurales o emergencias climáticas.

Los colegios intervenidos están ubicados en distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Lurín, Ate, Los Olivos, Comas, Chorrillos, Ventanilla, entre otros, abarcando un amplio sector de Lima Metropolitana.

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Mineros informales bloquean siete carreteras tras ser excluidos del REINFO

La exclusión de más de 50 mil mineros del REINFO expone el fracaso de una política de formalización que nunca llegó a los territorios.

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Las tensiones en el sector minero estallaron este lunes 7 de julio, luego de que el Gobierno excluyera a más de 50.000 mineros de la pequeña minería y minería artesanal del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La medida ha desencadenado bloqueos en al menos siete vías nacionales, interrumpiendo el tránsito en regiones clave como La Libertad, Arequipa, Cusco e Ica.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló que solo 31.500 mineros han cumplido parcialmente con los requisitos del REINFO y deberán completar cinco etapas adicionales antes de diciembre de 2025. Estas incluyen la formalización laboral, acuerdos de acceso a superficie, firma de contratos con los titulares de concesiones y la incorporación al nuevo Fondo Minero, un mecanismo diseñado para canalizar recursos hacia el desarrollo sostenible del sector.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte justificó la exclusión afirmando que cerca de 45.000 mineros llevaban más de cuatro años sin avanzar en su formalización, a pesar de una prórroga otorgada desde noviembre de 2024. Además, se identificaron 1.500 casos de uso irregular de permisos, incluyendo su alquiler o tercerización en zonas ya concesionadas, lo que habría generado conflictos legales y sociales.

Siete carreteras bloqueadas

De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), todas las interrupciones en vías nacionales están vinculadas directamente a protestas por parte de mineros informales y pequeños productores. El monitoreo realizado en coordinación con la Policía Nacional, Defensa Civil y concesionarias viales muestra las siguientes rutas afectadas:

Trujillo – Agallpampa – Quiruvilca (km 121), La Libertad: interrumpida por huelga de mineros.

Longitudinal de la Costa Sur (km 443), Ica, Nasca: bloqueada por protesta de la Confederación Nacional de Pequeña Minería.

Mara – Velille (km 37+600), Cusco, Chumbivilcas: vía cerrada por manifestación de mineros artesanales.

Mara – Velille (km 121), Cusco, Chamaca: nuevo punto de bloqueo reportado por la misma confederación.

Costa Sur (km 619), Arequipa, Chala: interrupción por movilización de pequeños mineros.

Costa Sur (km 782), Arequipa, Camaná: manifestación de pobladores vinculados a la minería informal.

Sierra Norte (km 129+500), La Libertad, Quiruvilca: protesta de mineros artesanales.

La situación genera serias afectaciones al transporte de carga, alimentos y personas, además de evidenciar un problema estructural no resuelto: la informalidad minera y la incapacidad del Estado para implementar una política de formalización efectiva y sostenida en el tiempo.

Desde el Gobierno, el mensaje es claro: quienes no cumplan con los pasos establecidos quedarán fuera del proceso. Sin embargo, la falta de acompañamiento técnico, la demora institucional y la débil presencia estatal en zonas mineras explican en parte el fracaso de la formalización. Hoy, esa deuda estalla en las carreteras.

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Miguel Ángel Requejo: una ‘tentativa de homicidio’ que exige justicia

La jueza Kharla Orellana Sánchez dictó nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo, acusado de embestir con su camioneta en el restaurante ‘El Charrúa’.

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En un país donde la impunidad muchas veces se confunde con indulgencia, el Poder Judicial ha ordenado nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo Astochado, el sujeto imputado por tentativa de homicidio calificado, omisión de socorro y otros cargos, tras haber embestido con su vehículo el restaurante «El Charrúa», en La Molina. Este hecho, que dejó cuatro heridos y cuantiosos daños materiales, pudo haber terminado en una tragedia de dimensiones mayores.

La noche del miércoles 2 de julio, Requejo Astochado —según la acusación fiscal— condujo y estrelló su automóvil directamente contra el establecimiento gastronómico, poniendo en grave riesgo la vida de comensales y trabajadores. Entre los lesionados figuran Augusto Fernando Ramengui Quintanilla, Mario Rodolfo Barbacci Quintanilla, Aníbal Aliaga Masías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez. Más allá del impacto físico y económico, lo ocurrido revela una profunda irresponsabilidad criminal que hoy intenta disfrazarse de arrepentimiento.

Durante la audiencia, la fiscal Karen Rosario Cueva Quispe fue categórica: el acusado no solo huyó de la escena sin brindar auxilio a los heridos —lo cual evidencia su desprecio por la vida ajena— sino que además tiene antecedentes por lesiones dolosas. A pesar de autodenominarse empresario, no presentó prueba alguna de arraigo laboral. ¿Cómo confiar entonces en que no intentará fugar del país?

Lo más llamativo, sin embargo, fue el cambio de actitud del imputado al escuchar la decisión de la jueza Kharla Orellana Sánchez, quien finalmente acogió el pedido fiscal, dictando 9 meses de prisión de preventiva y dispuso su reclusión hasta abril de 2026. En ese momento, el acusado rompió en llanto y pidió perdón entre balbuceos, apelando a la conmiseración con frases como «El restaurante es como mi casa» o “no sé qué pasó, perdí mis lentes”.

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Técnicos de la FAP son investigados por robar componentes aeronáuticos en Iquitos

Grave escándalo en la Fuerza Aérea del Perú: red de corrupción, robo de componentes aéreos y presuntos vínculos con sicarios comprometen al Grupo Aéreo N.º 42 en Iquitos.

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Por Jorge Linares

El pasado 7 de enero del presente año fue hallado el TIP FAP Boris Meléndrez Seminario en una situación comprometedora con una caja conteniendo diversas piezas pertenecientes a las aeronaves DHC6-Twin Otter Series 300/400, dentro de uno de los almacenes del Grupo Aéreo N° 42 en la ciudad de Iquitos.

Asimismo, se pudo comprobar que no es la primera vez que el TIP FAP Meléndrez incurre en estos actos perniciosos contra la Fuerza Aérea del Perú, como consta en la carpeta fiscal N° 1328-2024, donde se le investiga por ser el único responsable de la pérdida de 4 componentes aéreos: 2 unidades FCU (unidad de control de combustible) y 2 unidades gobernadores de hélices, valorados aproximadamente en medio millón de dólares.

Según las investigaciones de este caso, llama la atención que dos de los testigos claves —el TIP FAP Ronal Borbor Reátegui y el TC3 FAP César Vega Paredes— expresan contradicciones con respecto a la presencia de ambos en un área restringida como es el almacén de alto costo.

De acuerdo con las investigaciones por parte de la Policía y el Ministerio Público, se viene descubriendo más nombres relacionados a otros hechos similares y se puede vincular con una organización criminal dentro de la institución aérea, porque estas personas se han valido de los servicios de un sicario para atentar contra la vida del personal denunciante o de cualquier persona que atente contra sus intereses. Esta afirmación lo corroboró el SO3 FAP Gonzalo Jesús Espinoza Camacho en una colaboración notarial (16 de julio de 2024) al verse descubierto y ser parte de esta estructura criminal, como consta en la carpeta fiscal 17-2025, derivada de la carpeta fiscal 1161-2024.

El SO2 FAP (r) Carlos Andrés Burgos Huapaya, quien en su momento fue abogado de los implicados, manifestó que había dejado de llevar la defensa legal del SO3 FAP Anghelo Albornoz Córdova porque era indefendible ante las evidencias que hay en su contra por haber envenenado al perro guardián para ingresar sin autorización al hangar del Escuadrón de Mantenimiento N° 426 del Grupo Aéreo N° 42 el 13 de julio del 2024 a las 3:40 a.m. y que contó con la participación de los técnicos TC3 FAP César Vega Paredes, SO2 FAP Julio Gonzáles Ramírez y el sicario, quien hasta la fecha no está identificado; pero hay una probabilidad de que sea un mal miembro de la PNP del grupo terna. Burgos también aseveró que este robo de piezas de aviones es una práctica antigua en el Grupo Aéreo N° 42.

Desde el inicio de las investigaciones hasta la fecha, ninguno de los investigados se presentó a dar sus declaraciones, dejando entrever una posición obstruccionista y sospechosa para esclarecer estos hechos execrables que son materia de investigación, a excepción del SO3 FAP Gonzalo Jesús Espinoza Camacho, quien se ratificó de su primera manifestación en la sede policial y fiscal. Todos los implicados pertenecían al área de mantenimiento de motores del Grupo Aéreo N° 42 y ya fueron dados de baja, a excepción del TIP FAP Ronal Borbor Reátegui, quien pidió de manera voluntaria su pase a retiro, despertando mayor sospecha en su persona ya que tenía una carrera militar ascendente.

Es de mucha valía que las autoridades del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea del Perú, brinden importancia a este escándalo de corrupción dentro de la institución aérea, porque más allá del evidente robo millonario que le vienen haciendo al país estos malos efectivos, perjudican de manera directa la gran labor social que realiza el Grupo Aéreo N° 42 en la Amazonía peruana.

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