La Contraloría General de la República ha vuelto a poner la lupa sobre la Municipalidad de Barranco, revelando nuevas irregularidades en el servicio de grúas y depósito vehicular que opera bajo la administración de la alcaldesa Jessica Vargas Gómez. Lo que inicialmente fue presentado como una serie de “observaciones menores” por la propia alcaldesa, ha terminado siendo una cadena de fallas administrativas y técnicas que comprometen la legalidad, calidad y transparencia de un servicio que debería proteger a los vecinos, y no perjudicarlos.

Primeras alertas ignoradas

El primer informe de control, identificado como el Hito de Control N° 004-2025-OCI/2166-SCC, ya había advertido sobre cinco situaciones adversas vinculadas a la ejecución del contrato público N° 001-2023-CS-MDB-1. Este contrato regula el servicio de grúas y depósito vehicular en el distrito barranquino. Sin embargo, lejos de asumir una posición de autocrítica o iniciar una investigación interna, la alcaldesa Jessica Vargas minimizó los hallazgos. En la última Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, afirmó que no veía observaciones de gravedad, y que todo debía ser analizado por el gerente legal de la comuna.

Más hallazgos: Segundo informe de Contraloría

Pese a las respuestas evasivas desde el despacho municipal y a la vergonzosa ‘venia’ de los regidores oficialistas, la Contraloría continuó con su trabajo de fiscalización. El pasado 26 de mayo de 2025 se emitió un segundo informe (Hito de Control N° 005-2025-OCI/2166-SCC) donde se identificaron cuatro nuevas situaciones adversas, que profundizan las dudas sobre cómo se está ejecutando este contrato público del servicio de grúas y depósito vehicular.

1. Grúa no acreditada presta el servicio

La primera irregularidad detectada revela que se viene utilizando una grúa que no fue incluida ni acreditada en el contrato inicial. El consorcio adjudicado, GRÚAS BARRANCO 24, ofreció el servicio con grúas específicas: BNY-933, BVP-740, BNF-856 y BFI-862. Sin embargo, en una inspección al depósito municipal el 13 de mayo, se halló operando la grúa de arrastre de placa BMD-898, la cual no fue acreditada para la firma del contrato.

Lo más preocupante es que al advertirse que la grúa de placa BMD-898 no fue acreditada para el perfeccionamiento del contrato, la Comisión de Control solicitó a la Gerencia de Administración y Finanzas, el documento de verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos de la grúa. Documentación que no ha sido alcanzada hasta la fecha de emisión del informe.

Esta grúa ha prestado servicio activo con regularidad durante doce (12) días, entre el 17 de febrero y el 16 de marzo, sin que exista documentación que acredite que cumple con las condiciones técnicas exigidas por las bases del proceso; lo que evidencia que no solo opera como retén. Para colmo, el supervisor del servicio —Ricardo Gordillo Guadalupe— declaró desconocer completamente las Bases Integradas y los Términos de Referencia del contrato.

La municipalidad de Barranco, por tanto, ha permitido que un vehículo no autorizado preste un servicio público, sin verificar si cumple con los requisitos mínimos. Esto pone en riesgo la calidad del servicio y abre la puerta a posibles sanciones legales.

2. Formatos mal usados y procedimientos alterados

Otro punto crítico del informe señala un uso irregular y desordenado de los documentos que registran las infracciones y el internamiento de vehículos. Según la normativa, el acta de constatación de una infracción debe llenarse en el momento en que se detecta el mal estacionamiento, antes de que el vehículo sea remolcado. Sin embargo, la Contraloría detectó que estos documentos están siendo llenados después del internamiento del vehículo al depósito municipal, lo cual distorsiona el procedimiento sancionador.

Como si fuera poco, hay formatos que simplemente no se están utilizando. Por ejemplo, el formulario de «Orden de Liberación y/o Salida del Vehículo» no se emplea en ningún momento del proceso. Este documento es clave para establecer los montos a pagar por guardianía y remolque, pero su omisión impide dejar constancia formal de esos cobros.

Como se aprecia en la imagen anterior, el Acta de Constatación consigna: 10:44 horas del día 15 del mes de mayo del año 2025 , tanto en el primer párrafo como antes de la firma; sin embargo, el Acta de Internamiento de Vehículo, registra como fecha de internamiento: 09:50 horas del día 15/05/2025; lo que revelaría que primero se internó el vehículo y luego se constató la infracción, lo cual es incorrecto, dado que, el Acta de Constatación de la Infracción debe ser emitida antes del Acta de Internamiento del Vehículo.

El caos administrativo llega al extremo de que incluso se ha modificado arbitrariamente el formato oficial 12. En el acta de entrega de vehículos, por ejemplo, se ha sustituido la fecha de salida del auto por la fecha de ingreso al depósito, generando una evidente confusión.

De la visita realizada el 16 de mayo de 2025 a las instalaciones del depósito vehicular, conforme consta en el Acta N° 007-2025-OCI/MDB-SCC2, el Coordinador del Contratista manifestó cuáles son los Formatos que se generan como parte de las fases de internamiento y retiro de los vehículos intervenidos, siendo estos:

Durante la fase de Internamiento: el acta de Internamiento del vehículo y el acta de constatación. y durante la fase de retiro: el acta de control, la resolución de sanción, el acta de notificación y finalmente, el acta de entrega del vehículo.

Por tanto, no se viene empleando el Formato: ‘Orden de Liberación’ y/o ‘Salida del Vehículo’, lo que fue constatado como resultado de la revisión de la documentación generada, advirtiéndose que, la determinación del tiempo de internamiento, del pago por servicio de guardianía y del pago por servicio de remolque no queda registrado en ningún formato, lo que fue confirmado por el asistente del Coordinador, señor Christian Vera Paniccia, quien, mediante el Acta N° 007-2025-OCI/MDB-SCC2 de 16 de mayo de 2025, manifestó que: “No se genera un documento en el que se determina el cobro por los días de la guardianía (…)”.

Dicha situación genera un descontrol, respecto al pago a realizarse por dichos conceptos; dado que, si bien el recibo de caja señala el monto que se ha pagado por Guardianía y Remolque, el formato ‘Orden de Liberación’ y/o ‘Salida de vehículo’, contempla información importante que debe registrarse para determinar adecuadamente los montos a pagar por los servicios de guardianía y de Remolque.

Este manejo irregular de los documentos crea un descontrol generalizado en el proceso de sanción por estacionamiento en zonas prohibidas. Lo que debería ser un procedimiento riguroso, termina siendo un sistema arbitrario y opaco.

3. Informes de supervisión imprecisos y posibles pagos indebidos

La Contraloría también encontró deficiencias graves en los informes del supervisor del servicio de grúas. Estos documentos son fundamentales para validar los pagos que realiza la municipalidad al contratista. Sin embargo, los informes solo consignan la cantidad de vehículos intervenidos por tipo de grúa, pero no indican las horas trabajadas, ni el cumplimiento de los horarios pactados.

Al contrastar los informes con la información de Tesorería, se detectó que se habrían pagado horas adicionales no trabajadas. En total, se registraron más de 20 horas de servicio acumulado por encima del horario contractual, sin que el supervisor lo advierta ni justifique. Este hecho podría configurar un pago indebido al contratista, y deja al descubierto la falta de fiscalización por parte del área usuaria.

De la verificación de la información de la Subgerencia de Tesorería en relación al pago efectuado al Contratista por el período del 17 de febrero de 2025 al 16 de marzo de 2025, proporcionada con el Informe N° 0101-2025-SGT-GAF-MDB de 14 de mayo de 2025, y los informes emitidos por el Supervisor del servicio, N° 02-2025-SGFCA-GFSC-MDB de 05 de marzo de 2025 y N° 021-2025-SGFCA-GFSC-MDB del 03 de abril de 2025, se advierte que en los informes del Supervisor solo se reporta la cantidad total de vehículos intervenidos, por día y por cada grúa, mas no el cumplimiento de las condiciones en las que debe prestarse el servicio, ni las horas trabajadas por día y tipo de grúa; de tal forma que se pueda validar las horas de servicio reportadas en la liquidación de pago del servicio presentado por el contratista.

Mas aún, se requiere que el Supervisor del servicio efectúe un control de las horas de servicio de las grúas por cuanto, a través del Acta N° 003-2025-OCI/MDB-SCC2 de 15 de mayo de 2025, manifestó que el horario de servicio de las grúas es de Domingo a jueves de 08:00 am a 8:00 pm. y viernes y sábado de 08:00 am. a 11:00 pm. Sin embargo; de la revisión del horario de servicio prestado por las grúas en el período del 17 de febrero de 2025 al 16 de marzo de 2025; se advirtió que el horario del servicio prestado es distinto, apreciándose que difieren del horario reportado entre una hora y media a dos horas y media.

Como consecuencia de la situación descrita, presuntamente se habría pagado al contratista por horas de servicio no prestados efectivamente.

4. Se deja de cobrar por guardianía vehicular

La última situación adversa señalada en el informe es quizás la más reveladora en cuanto al perjuicio económico para la comuna barranquina. La Contraloría constató que en el servicio de guardianía vehicular no se está cobrando como establece el TUSNE (Texto Único de Servicios No Exclusivos).

Por ejemplo, se identificó que al menos nueve (9) vehículos intervenidos los días 10 y 14 de marzo de 2025 y que pasaron una noche en el depósito no pagaron la tarifa diaria de S/. 20,70 por cada uno de los vehículos, simplemente porque el personal interpreta —erróneamente— que se debe cobrar solo cuando se supera un plazo de 24 horas exactas.

En relación a ello, mediante el Acta N° 006-2025-OCI/MDB-SCC2 de 15 de mayo de 2025, el Cajero asignado al servicio de grúas y el Supervisor del servicio, Ricardo Gordillo Guadalupe, manifestaron que: “(…) la Resolución emitida para la cobranza del derecho de guardianía indica que se cobrará a las 24:00 horas a más, el monto por día que es de S/20,70 (…)”.

Lo expresado por el personal no guarda correspondencia con lo dispuesto en el TUSNE de la Municipalidad de Barranco, en cuyo Anexo 1, correspondiente a la Subgerencia de Fiscalización y Coactiva Administrativa, establece el “Servicio de Guardianía por vehículo”, para el caso de vehículos livianos x día la tarifa de S/ 20.70, no precisándose en ningún lado que la tarifa sea por día de 24 horas, como lo manifiesta y viene aplicando el personal responsable de su cobro.

Esta interpretación no se encuentra en la norma, y ha sido aplicada por el personal sin sustento legal. Como consecuencia, la Municipalidad de Barranco deja de percibir ingresos legítimos y necesarios correspondientes por el servicio de guardianía.

¿Desinterés o encubrimiento?

El informe fue formalmente enviado el pasado 26 de mayo por Ángel Jesús Barrera Castro, jefe del Órgano de Control Institucional (OCI), a la alcaldesa Jessica Vargas. En el documento se exige que la comuna adopte medidas correctivas y remita un informe en un plazo de cinco días hábiles. Sin embargo, no hay evidencia pública de que tales acciones se hayan ejecutado hasta el momento.

Durante la última Sesión Ordinaria de Concejo (N° 11), realizada el pasado viernes 6 de junio, la alcaldesa Jessica Vargas, lejos de responder con firmeza institucional, ha vuelto a minimizar públicamente los hallazgos y la gravedad del asunto, calificando los señalamientos como “observaciones no graves”, dilatando una vez más la posibilidad de una intervención correctiva desde la gestión local.

Ante los “cuidadosos” cuestionamientos del teniente alcalde Jaime Chihuán —actualmente en campaña política como probable candidato de Barranco por Avanza País—, la alcaldesa se limitó a decir que ya se había dado trámite al documento, y que estaba a la espera de un informe del área legal.

“Yo tengo el informe de la Contraloría y no veo observaciones de gravedad”, afirmó con ligereza Vargas Gómez, añadiendo que se analizará administrativamente si corresponde o no aplicar sanciones. Según su declaración, la licitación de las grúas se llevó a cabo según ley, y la alcaldía no puede intervenir sin respaldo legal.

Esto fue lo que respondió la alcaldesa sobre las grúas:

“Ya se dispuso que corra a tramite, como corresponde dar respuesta a este documento. Entonces vamos a esperar para que el doctor Alferrano nos pueda hacer una exposición más completa. Tendríamos que esperar que el área legal nos informe, porque recuerden que eso es a través de una licitación pública. Se ha hecho un convenio con la empresa. No es que acá decidimos, no es que yo (…) en favor o en contra, sino que hay un tema legal y de respeto jurídico. Es un acto administrativo; es una licitación pública, y vamos a tomar en cuenta esta solicitud.

Yo acá tengo el informe de la Contraloría. Y de gravedad… no veo alguna observación. Sí hay observaciones que se tendrán que superar, y se verá administrativamente si hay alguna sanción, o si no se está cumpliendo con el contrato; pero sería adelantar opinión. 

Yo como alcaldesa debo cumplir la normativa. No voy a hacer algo que está prohibido en las normas, sino, que me gusta que todo esté analizado y bien dirigido para no cometer errores; y si no tengo el respaldo legal y bien evaluado, estudiado en todas las aristas, pues tenemos que llevarlo, no ahorita, en estos momentos”.

Grúa municipal continúa remolcando vehículos pese a fallo del TC

La señora alcaldesa menciona que ella no hará algo que esté prohibido por ley. Sin embargo ¿Por qué en Barranco continúan las grúas y el depósito vehicular a sabiendas que estas han sido declaradas ilegales? ¿Acaso están esperando que el MTC inicie una demanda contra la MDB? 

Hay que recordar que el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales las ordenanzas municipales que autorizaban el uso de grúas para remolcar vehículos mal estacionados y enviarlos a depósitos. Esta decisión implica que los municipios ya no pueden multar a los conductores por mal estacionamiento y secuestrar sus vehículos mediante grúas, porque esa labor solo obedece a la Policía Nacional (PNP), por mandato del MTC.

¿Una gestión sin control?

Lo que este caso revela es más profundo que simples errores administrativos. Hay indicios de negligencia sistemática, falta de control interno, omisiones en la supervisión y una preocupante indiferencia política ante las observaciones de un organismo de control superior.

El servicio de grúas y depósito vehicular es un tema sensible que afecta directamente a los ciudadanos. No solo por las onerosas multas o la incomodidad de tener un vehículo internado y retenido, sino por el derecho a recibir un servicio transparente, justo y enmarcado en la ley.

El hecho de que una grúa no autorizada haya operado durante semanas sin control, que se hayan alterado los documentos del procedimiento sancionador, y que incluso se hayan omitido cobros reglamentarios, debería haber generado una respuesta inmediata y firme desde la Alcaldía de Barranco. Pero en lugar de ello, y demostrar transparencia, la gestión de la señora Jessica Vargas optó por relativizar los hallazgos y trasladar la responsabilidad al abogado del área legal.

¿Seguirán haciéndose de la vista gorda?

La Contraloría ha cumplido con su deber: detectar, documentar y advertir sobre riesgos que afectan la legalidad y eficiencia del servicio de las grúas y el depósito vehicular. El siguiente paso depende exclusivamente de la municipalidad de Barranco.

La alcaldesa Jessica Vargas tiene la obligación, no solo legal sino también ética, de actuar y de mostrar transparencia ante los ciudadanos. Ignorar o minimizar estas observaciones, como ya lo ha hecho, no solo pone en duda su capacidad de gestión, sino también su compromiso con la verdad y el bienestar de los vecinos de Barranco.

Aquí lo que está en juego no es solo la legalidad del contrato firmado con el Consorcio “Grúas Barranco 24”, conformado por las empresas, ‘Grúas Plus SAC’ y ‘Orlandini Racing SAC’. Una vez más, está en juego la confianza de la ciudadanía barranquina en sus autoridades.

Sí, lo volvió a hacer Fuerza Popular. La Comisión de Constitución, presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, aprobó recientemente un dictamen para conceder una amnistía a efectivos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú (PNP) y Comités de Autodefensa que vienen siendo procesados por hechos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.

Tal iniciativa legislativa busca beneficiar a aquellos efectivos que enfrentan denuncias, investigaciones, procesos judiciales o incluso sentencias firmes por crímenes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, excluyendo únicamente a los acusados de terrorismo o corrupción.

Esta propuesta pretende cerrar procesos penales relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, catalogadas por el Ministerio Público como “ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Según los promotores, esta medida responde a la necesidad de resolver casos prolongados, argumentando que algunos procesos han excedido un “plazo razonable”.

“Hoy, 25 años después, existen cientos de militares y policías, en realidad son más de mil procesados o investigados sin sentencia firme muchos de ellos con condiciones de salud y económicas precarias que permanecen atrapados en un limbo judicial que no resuelve su situación jurídica ni permite a sus familias reconstruir sus vidas”, refirió el parlamentario fujimorista.

Expertos aseguran que se estaría perpetuando la impunidad

Desde la Defensoría del Pueblo subrayan que una amnistía debe responder a “situaciones excepcionales” y respetar “criterios de proporcionalidad y razonabilidad”, o será “inválida por inconstitucional”.

Por su parte, el constitucionalista Aníbal Quiroga califica la propuesta como “jurídicamente inviable” por contravenir los compromisos internacionales del Perú. Similar postura tiene la fiscal Diana Paico, de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos, alerta que la iniciativa “violentaría el derecho al debido proceso, a la verdad y a la justicia de las víctimas”. Aprobar esta ley, advierte, expondría al Perú a sanciones internacionales, comprometiendo su compromiso con los tratados ratificados desde 1981.

Los opositores enfatizan que la amnistía no solo perpetuaría la impunidad, sino que abandonaría a las víctimas y sus familias, negándoles justicia por crímenes documentados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

El dato:

La votación en el grupo de trabajo encabezado por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) concluyó con 15 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones.

Más que una cirugía necesitará la mandataria, Dina Boluarte, de tanto fruncir el ceño al enterarse que solo dos bancadas del Congreso le vienen mostrando su apoyo con relación al voto de confianza al primer ministro Eduardo Arana, quien este jueves 12 se presentará en el Parlamento para recibir la investidura.

Hasta el momento 52 legisladores anunciaron que no le darán el voto de confianza al premier Arana y los demás ministros, pues muchos de ellos indican que se trata del mismo Gabinete Ministerial, pero con los cargos modificados.

Entre las bancadas parlamentarias que ya manifestaron su negativa se encuentran: Podemos Perú, Bancada Socialista, Perú Libre, Bloque Democrático, Acción Popular, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y ahora se suma a la lista Renovación Popular.

En declaraciones para Canal N, la representante de la bancada celeste, Patricia Chirinos, señaló que su grupo no le dará el voto de confianza al gabinete ministerial, argumentando que el gobierno de Dina Boluarte no le inspira confianza.

«Renovación Popular no le va a dar el voto de confianza al gabinete Arana. Nosotros creemos que el gobierno de la señora Dina Boluarte ya está de salida. No hay un respeto de un solo peruano a la señora (…) No hay confianza en ella, no hay confianza en su gabinete«, declaró.

Asimismo, Chirinos Venegas recordó que ningún integrante de su grupo parlamentario respaldó la autorización del viaje de la mandataria a la República Francesa donde tiene previsto participar en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano.

En efecto, la jefa de Estado durante estas últimas semanas se la ha pasado viajando en vez de atender los serios problemas que aquejan a la ciudadanía como las extorsiones, la minería ilegal y, en relación a esto último, el intento por querer reducir el área protegida en las Líneas de Nasca.

Solo dos bancadas defienden gobierno de Dina Boluarte

En contraposición, la bancada de Somos Perú confirmó que le dará el voto de confianza al premier Arana, así lo manifestó el vocero de dicha agrupación Héctor Valer para el diario a República. El parlamentario enfatizó que la decisión fue tomada en conjunto en su partido político. Con ello, el titular de la PCM solo tiene asegurado 7 votos.

Por su parte, el vocero de Honor y Democracia, Jorge Montoya, también ratificó que le darán el visto bueno al gabinete Arana este jueves.  «Consideramos que le debemos dar la confianza, salvo que presenten algo que sea en contra de lo que queremos», dijo Montoya.

Fuerza Popular y APP aún no se pronuncian, ¿continúan las negociaciones?

Llama la atención que a menos de 48 horas las dos bancadas más influyentes del Congreso como lo son Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP) no hayan salido a manifestar sus intenciones. Cabe mencionar que ambas agrupaciones, aliadas de Dina Boluarte, tienen 35 votos que podrían inclinar la balanza.

Imagine que el Congreso quiere construir una nueva sede y elige un terreno donde el suelo es inestable a simple vista por todos los que pasan por ahí. Los expertos les recomiendan realizar un estudio previo o de factibilidad, pero ellos no hacen mucho caso a las recomendaciones y optan por iniciar la obra, desembolsando una enorme cantidad de dinero para ello. Pasan los meses y los expertos le anuncian que resulta “inviable” la obra por cuestiones más que evidentes. Pues bien, algo similar acaba de ocurrir.

En octubre del año 2022, la Mesa Directiva del Congreso, presidida en ese entonces por el congresista José Williams, aprobó la restauración del Museo del Congreso y de la Inquisición, ambos considerados como patrimonios culturales de la nación. Para su restauración se destinó casi 14 millones de soles para que culmine, a más tardar, en el año 2024.

Pasó el tiempo y para el 30 de setiembre del año 2024 ya se había desembolsado S/ 4,885,846, pero el avance físico de la obra alcanzaba solo el 33.78 %, según el informe de ejecución del Área de Ingeniería e Infraestructura del propio Congreso.

En febrero de este año se detectó severos problemas técnicos que demorarían más tiempo de lo previsto en resolverse, así que se decidió paralizar la obra al 34.4 % de ejecutado.

Ya el 29 de abril del año en curso, mediante Acuerdo de Mesa n.° 159, se decidió resolver el contrato con la empresa Qhapaq Ñan S.A.C. al detectarse en un informe técnico que la obra presentaba una “inviabilidad técnica”, así que se paralizó de manera permanente la restauración. Ya en ese momento se había derrochado más de 5 millones de soles provenientes del dinero de todos los peruanos.

5 millones de soles por no realizar un estudio técnico preliminar

Durante la época virreinal en lo que ahora es el Museo del Congreso y la Inquisición funcionaba el Tribunal del Santo Oficio, edificación que tiene más de 300 años de construcción y por su notoria antigüedad requería una intervención realizada por especialistas. Ante ese tipo de edificaciones de tipo colonial es conveniente haber realizado un estudio técnico previo para determinar la factibilidad de la restauración, tal como lo advirtió un especialista en restauración entrevistado por el citado documental.

“Es necesario siempre hacer análisis preliminares que sean exhaustivos. También prever cualquier protocolo de actuación frente a eventuales hallazgos o descubrimientos, en especial en lugares con una carga histórica tan fuerte como el Museo del Congreso”, mencionó.

Por su parte, la abogada Cecilia Cruz, experta en contratación pública, calificó el proceso como un “caso de ineficiencia”, advirtiendo además que podría tratarse de otro ejemplo del mal uso de los recursos públicos.

Congreso anuncia que obra se reanudará, pero ahora estará a cargo de PROLIMA

En tanto, el Congreso de la República, por intermedio de su Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, indicó que la finalización de la restauración estará a cargo del Programa Municipal para la Restauración del Centro Histórico de Lima (PROLIMA).

Asimismo, líneas más abajo, precisó que la Oficina de Auditoría Interna del Parlamento realizará acciones de control para determinar “responsabilidades y el correcto uso de los fondos públicos”, pero todo eso se pudo evitar si antes de iniciar la obra se realizaba un estudio técnico.

Lo que no se mencionó en el comunicado es cuánto más dinero se terminará desembolsando y la fecha de culminación de la restauración.

¿Para qué sirve la Comisión de Ética si todas las faltas y hasta delitos de los congresistas solamente son sancionadas con una palmadita en la espada? Cada vez que ocurre una irregularidad, normalmente denunciada por algún medio periodístico, dicho grupo de trabajo anuncia que procederá con investigarlo a profundidad, pero en la mayoría de los casos termina siendo archivado o sancionado levemente pese a la gravedad de la falta.

Poco o nada se hizo con el caso de los parlamentarios que conformarían la presunta organización criminal denominada como ‘Los Niños’; tampoco se hizo mucho sobre los legisladores calificados como ‘Mochasueldos’; y nada que ver con aquellos congresistas viajeros y que les gusta hacer mal uso de las instalaciones del Parlamento.

Así, con esos antecedentes y para no perder la costumbre de nunca hacer nada, dicha comisión solo amonestará ‘simbólicamente’ a la congresista Janet Rivas (Perú Libre) por presuntamente contratar a una anciana de 74 años que vive en Cañete para que sea su asesora técnica; sin embargo, tal “asesora” nunca se le veía por los pasillos del Congreso.

La parlamentaria perulibrista solo recibirá una “amonestación escrita de carácter público”, como medida simbólica por llevar supuestamente a una “trabajadora fantasma”.

Como se recuerda, un informe del año pasado del dominical Cuarto Poder reveló que María Augusta Francia Benavente, de 74 años de edad, fue inscrita como asesora de la congresista Janet Rivas, percibiendo por ello 7 mil soles mensuales; el detalle es que la septuagenaria indicó no tener conocimiento de ello, pero en la planilla aparecía su nombre desde noviembre del 2023.

Ante ello, Rivas argumentó que la supuesta asesora laboraba de manera remota por problemas de salud y que reportaba sus funciones por WhastApp. Tal versión fue desmentida por varios colaboradores de la congresista, manifestando que nunca vieron a la señora Francia en el despacho congresal.

Ética la ‘blinda’, pero no la Fiscalía

Similar suerte no tiene la congresista Rivas en el Ministerio Público, pues su caso se viene desarrollando desde el fuero judicial por el presunto delito de peculado doloso en agravio del Estado. La Fiscalía sospecha que la congresista no solo habría incurrido en irregularidades administrativas, sino que pudo haber canalizado fondos públicos sin sustento alguno.

Carrera contra el tiempo. Todo lo que no revisaron durante el segundo periodo legislativo (del 1 de marzo al 15 de junio), el Pleno del Congreso de la República sesionará este martes 10, miércoles 11 y jueves 12 para debatir importantes dictámenes de proyecto de ley y tratar temas de interés nacional.

La sesión del martes será semipresencial y empezará a las 15:00 horas. Previamente, el presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, convocó a los miembros de la Junta de Portavoces a una sesión a partir de las 9:00 horas con el objetivo de coordinar los temas de la agenda parlamentaria programada para los próximos días.

Mientras que la reunión del miércoles también será semipresencial y comenzará a las 10:00 horas.

En cuanto a la última sesión, la del jueves, cabe mencionar que esa sí será de manera presencial pues el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, acudirá al Congreso en compañía de los demás ministros de Estado con el objeto de exponer y debatir la política general del Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión con la intención de obtener el voto de confianza.

Según el artículo 82 del Reglamento, “al inicio de su exposición, el presidente del Consejo de Ministros entrega la versión completa a cada uno de los congresistas”.

Además, señala que “la cuestión de confianza que plantee el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto, será debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo que acuerde en forma previa el Consejo Directivo o en el acto el Pleno del Congreso. El resultado de la votación será comunicado de inmediato al presidente de la república, mediante oficio firmado por el presidente del Congreso y uno de los vicepresidentes. Si el Pleno negara su confianza al Consejo de Ministros, el presidente de la república aceptará la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y de los demás ministros, que debe realizarse de inmediato”.

Denuncian ante la Fiscalía Especializada de Restos Arqueológicos y Monumentos de Nasca y Palpa al ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja y la viceministra de patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Rosa Novoa Silva, por los delitos de Cohecho pasivo propio, Omisión de deberes de funcionarios públicos, Atentado contra monumentos arqueológicos declarados como patrimonio paleontológico del Perú y  abuso de autoridad condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios, todos ellos tipificados en el Código Penal peruano. 

Asimismo, fueron denunciados el Director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, Víctor Eduardo Injante Tipismana, La responsable de la Dirección Desconcentrada de Cultura Ica, Jeanette Agueda Gutiérrez Achulla, la coordinadora del área de Patrimonio Arqueológico Inmueble de la DDC Ica, Miriam Roxana Moquillaza Ramos, el responsable del Sistema de Gestión Nasca-Palpa de la DDC de Ica, Johny Isla Cuadrado, el procurador público del Mincul, Henmer Alva Neyra, el actual gobernador Regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera, el Director Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Ica, Javier Antonio Borjas Olaechea, y el alcalde de Nasca, Wilman Jorge Bravo Quispe; y contra todos los que resulten responsables en dicha investigación. También fue denunciado el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo por el delito de Atentado contra Monumentos Arqueológicos, tipificado en el articulo 226° del Código Penal.

Esta acusación interpuesta por el ciudadano residente en Nasca-Ica, Leonardo Favio Rojas Escajadillo se fundamenta en la reciente Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC firmada por la viceministra Novoa Silva, la cual redujo más de 2 mil metros cuadrados del área de protección de las Líneas de Nasca y Palpa, afectando gravemente las zonas que tienen restos y evidencias arqueológicas; los mismos que han permanecido con protección durante varias décadas.  

Asimismo, la denuncia cuestiona a la reciente resolución Viceministerial N° 00134-2025-VMPCIC/MC publicada el domingo 8 de junio, por pretender aparentar una verdadera enmienda jurídica, y porque configuraría una maniobra falsa y encubridora orientada a eludir la responsabilidad administrativa, civil y penal derivada de la emisión irregular y viciada del acto anterior. En tanto, el nuevo dispositivo no reconoce expresamente la nulidad del acto administrativo precedente, a pesar que la causal de nulidad es objetiva y manifiesta.

Por tanto, se pide iniciar una investigación penal contra los funcionarios responsables; así como declarar la nulidad de ambas resoluciones viceministeriales; y que finalmente, se restituya el perímetro original del territorio arqueológico vulnerado.

Se quiso pasar de listo. Luego de que la jueza de investigación preparatoria nacional, Margarita Salcedo, declarara el pasado 29 de mayo la caducidad de la comparencia con restricciones contra el ex presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el otrora “candidato de lujo”, ni corto ni perezoso, alistó sus malestas y se quiso ir a los Estados Unidos.

El ex mandatario, en una silla de ruedas, se aprestó este último sábado a abordar su vuelo, pero la alerta de Migraciones se activó y su ‘sueño americano’ fue truncado. Minutos despues de que se activara la alerta migratoria que tiene vigente, el fiscal Carlos Puma Quispe y la fiscal adjunta Leidi Gálvz Sánchez, ambos de la Segunda Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos, acudieron al nuevo aeropuerto Jorge Chávez para verificar que el ex mandatario intentaba salir del país.

Como se recuerda, al expresidente se le viene investigando por unas presuntas irregularidades en la campaña presidencial del partido Peruanos por el Kambio entre el 2015 y el 2016. En este caso se le atribuye al exgobernante los delitos de lavado de activos agravado, falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal.

18 meses de impedimento de salida del país para PPK

En un principio el Ministerio Público había solicitado que se revise el impedimento de salida del país contra el exmandataria para este lunes a las nueve de la mañana, pero debido al intento de salida de PPK, la jueza Salcedo Guevara, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, dictó ayer 18 meses de impedimento, rechazando el pedido de 36 meses de la Fiscalía al consideralo desproporcionado.

En tanto, el expresidente adujo, mediante un comunicado, que Migraciones “vulneró todos” sus “derechos constitucionales” al impedirle el pasado sábado abordar un avión para reencontrarse con su esposa Nancy Lange, a la que no ve, indicó, desde hace más de siete años, fecha que coincide en el momento donde decide renunciar a la presidencia del Perú tras revelarse los infames “Mamanivideos”; a la par, el Congreso evaluaba vacarlo tras conocerse su vinculación con la constructora brasileña Odebrecht.