Este lunes 15 de abril, la Comisión de Ética iba a realizar los trámites respectivos para presentar de oficio la denuncia en contra del congresista Darwin Espinoza, acusado de utilizar recursos del Congreso para crear su propio partido político; sin embargo, no se alcanzó el número obligatorio para el debate, debido a la inasistencia de 9 miembros; entre ellos, Rosangella Barbarán.

La congresista de la bancada Fuerza Popular presentó una licencia y no asistió a la audiencia del grupo de trabajo liderado por el congresista Diego Bazán, tras haber asistido al concierto de la artista colombiana Karol G, el fin de semana.

Rosangela Barbarán brilló por su ausencia en el Congreso

La congresista del partido Fuerza Popular fue una de las ausentes que debía de sesionar en la Comisión de Ética; y para justificarse, la parlamentaria afirmó que solicitó licencia al Congreso por tres días, debido a “una beca académica presencial de la [fundación] Konrad Adenauer en Madre de Dios”.

Sin embargo, su ausencia se debió a que el último fin de semana ella asistió al concierto de la cantante colombiana Karol G, en el Estadio San Marcos.

Incluso, mediante su cuenta de Instagram, la propia legisladora compartió capturas de pantalla confirmando su presencia en la presentación en vivo de la famosa artista. “De vez en cuando……….Modo Bichota”, escribió en su post.

Congresista Rosangella Barbarán disfrutando del concierto de Karol G.

En la Comisión de Ética convocarán a otra sesión

La Comisión de Ética anunció que convocarán a una sesión extraordinaria el jueves 18 de abril, con el fin de continuar con la evaluación de los temas agendados.

“Por falta de quórum se suspende la sesión. Se convocará a una sesión extraordinaria el jueves 18 de abril, a fin de continuar con los temas de agenda programados”, indicaron el lunes 15 de abril.

El titular de dicha comisión, Diego Bazán, precisó que los congresistas ausentes presentaron licencia: “Lamentable que algunos miembros de la comisión no tomen con responsabilidad este tema. Sesionamos una vez por semana, por tres o cuatro horas. Teníamos temas bastante complejos (…) Hay que entender que es la única comisión que sesiona de manera presencial, nunca había sucedido un tema como este”, concluyó.

En la Comisión de Ética convocarán a otra sesión.

Ya hay alguien ocupando su lugar. El coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) Franco Moreno Panta asumirá desde hoy la jefatura de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) en reemplazo Harvey Colchado, quien fuera suspendido temporalmente por el allanamiento a la vivienda de la mandataria Dina Boluarte y por una torta presuntamente alusiva a esa intervención. La Inspectoría General de la PNP le abrió un proceso administrativo disciplinario por ambas faltas calificadas una de “grave” y la otra de “muy grave”.

Hasta el lunes 15, Franco Moreno estuvo a cargo de la División de Investigación de Robos de la Dirincri (Divinrob). En el 2023, Franco fue designado como jefe de la Diviac y formó parte del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción de Poder (EFICCOP).

Perfil del nuevo jefe de la Diviac

El coronel PNP Franco Moreno Panta pertenece a la promoción Vencedor 1992 de la Policía Nacional y participó en más de 50 liberaciones de víctimas por secuestro, cuando estuvo al mando de la División de Investigación Antisecuestro de la Dirincri. Esto motivó que recibiese 6 condecoraciones por acción distinguida.

Entre sus acciones destacadas se encuentra la desarticulación de Barrio King, la cual tenía por cabecilla al peligroso Gerson Gálvez Calle, alias ‘Caracol’, banda responsable de más de 100 asesinatos, de acuerdo con versiones policiales. También se le adjudica como logro que captura de la organización Los Reyes del Puerto Shejo, dedicada al sicariato y al tráfico de drogas.

En tanto, Moreno Panta participó en la captura de personajes claves como el ex comandante general del Ejército Edwin Donayre, el exgobernador del Callao Félix Moreno, el exalcalde de San Juan de Lurigancho Carlos Burgos, entre otros.

Finalmente, el nuevo jefe de la Diviac fue el artífice de la denuncia del Escuadrón de la Muerte, liderado por el prófugo comandante PNP Enrique Prado Ravines, acusado por el asesinato de más de 30 personas en Lima y provincias.

Suspendido Harvey Colchado acude a la vía judicial para su reposición

Por otro lado, el coronel PNP Harvey Colchado solicitó al Poder Judicial el levantamiento de la suspensión temporal de la Diviac. Esta solicitud fue presentada por Stefano Miranda, abogado de Colchado. Previo a ello, el letrado indicó que realizará diversas acciones legales para que su patrocinado no se vea afectado por la medida que se le impuso y se corrijan las disposiciones en su contra.

“Nos daría gusto que nos sometan a una investigación por su accionar (Harvey Colchado) policial y no por temas en que realmente vemos que hay una clara dirección política”, declaró.

La Fiscalía de la Nación llegó hasta esta mañana a la oficina del congresista Darwin Espinoza, de la bancada de Acción Popular, tras conocerse que utilizaba recursos del Congreso para inscribir su propio partido.

Los fiscales llegaron alrededor de las 09:00 a.m. a la oficina del denominado ‘congresista Niño’ en el edificio Fernando Belaunde Terry, ubicado en la cuadra 3 del jirón Huallaga, en el Cercado de Lima.

Estas diligencias se dan tras la revelación que el también vocero de la bancada acciopopulista solicitó en enero de este año cerca de 10 000 hojas bond a la Oficina de Abastecimiento del Parlamento, a fin de imprimir fichas de afiliación para inscribir su propio partido.

Asimismo, el Reniec informó al programa Punto Final que solo en marzo, desde la cuenta de consulta de Darwin Espinoza, se han realizado al menos 1 851 consultas.

Según, información del periodista de Latina, Cristopher Acosta, Espinoza Vargas estaría preparando una estrategia de defensa tras la denuncia que hoy es noticia nacional, e indicó que el congresista sostuvo una reunión con sus colegas Soto, Tay, Aragón, Vergara y Flores Ancachi, de Acción Popular, a quienes habría pedido apoyo político.

Con respecto a la búsqueda que hizo en Reniec, “Darwin Espinoza dirá que se hizo para identificar beneficiarios de frazadas a regalar”, señaló el periodista que investiga este caso.

La Procuraduría General del Estado, ante los hechos difundidos, se encuentra recabando información a fin de determinar los delitos que habría cometido el funcionario público en función», señaló la institución. Asimismo, la bancada de Acción Popular, a la que pertenece Espinoza, anunció que ya se encuentran en pleno procedimiento de expulsión en su contra «por traición al partido».

La inmunidad parlamentaria fue históricamente eliminada el 4 de febrero de 2021 en una votación decisiva que contó con 103 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención. La abolición de esta prerrogativa se dio a raíz de una reforma constitucional promovida por el ex presidente Martín Vizcarra, modificando el artículo 93 de la Constitución Política del Perú.

Antes de esta modificación, existía dentro del Parlamento la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, encargada de evaluar las solicitudes de levantamiento de inmunidad realizadas por la Corte Suprema del Poder Judicial.

Esta situación generó un paradigma en el que la ciudadanía percibía la inmunidad parlamentaria como un mecanismo de protección para los legisladores frente a acciones legales. La eliminación de esta figura fue recibida con aprobación popular.

Sin embargo, ese ‘manto protector’ de los parlamentarios podría retornar gracias a un proyecto de ley (PL) presentado por el legislador de Acción Popular Wilson Soto Palacios, quien, a propósito, viene siendo sindicado de pertenecer a la organización criminal ‘Los Niños’. No solo el autor de esa iniciativa presenta investigaciones en su contra, sino casi una treintena de ‘padres de la Patria’ se encuentran con un pie fuera Parlamento debido a presuntos actos de corrupción, entre ellos los ‘mochasueldos’ o un ‘chapafirmas’, o cómo olvidar a un parlamentario que terminó siendo desaforado por supuestamente haber violado a una trabajadora de su despacho. Todos ellos estarían libres de polvo y paja si existiera aún la inmunidad parlamentaria.

En el PL presentado por el congresista Soto se indica que los legisladores “no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso de la República o de la Comisión Permanente, durante el ejercicio de su mandato, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas (…)”.

Soto Palacios presentó la propuesta ante la Comisión de Constitución y Reglamento para modificar la Constitución Política del Perú, específicamente el artículo 93, y así reintroducir este cambio para generar protección legal a los legisladores durante el ejercicio de su mandato.

Cabe mencionar que también se sumaron como coautores los congresistas José Arriola, Darwin Espinoza (investigado por presuntamente hacer mal uso de los recursos del Estado para la creación de su partido político), Carlos Alva, Jorge Flores Ancachi, Elvis Vergara y Luis Aragón, estos tres últimos investigados de pertenecer a ‘Los Niños’.

La propuesta también especifica que el Congreso será el responsable, de autorizar la “privación de la libertad y el enjuiciamiento, dentro del plazo improrrogable de 30 días calendario, caso contrario procede el silencio administrativo positivo” por los delitos flagrantes que cometan sus parlamentarios.

El congresista resaltó la vulnerabilidad de los legisladores a procesos legales que pueden debilitar su posición, sugiriendo que la restitución de la inmunidad parlamentaria serviría como un escudo contra intereses contrapuestos. Soto defiende la iniciativa como un medio para asegurar una representación legislativa efectiva, libre de la amenaza de acciones legales que podrían obstaculizar su labor de fiscalización, legislación y representación.

Todos los peruanos le pagamos a los congresistas, pero ni así les da la gana de asistir al Parlamento. La Comisión de Ética del Congreso de la República no pudo sesionar ayer por falta de quórum, ya que ocho de sus integrantes solicitaron licencia para el día en que iba a ser vista la denuncia contra el legislador Darwin Espinoza (Acción Popular), quien viene siendo acusado de utilizar los fondos públicos para fundar su propio partido.

Entre quienes pidieron permiso se encuentran tres congresistas de Fuerza Popular (FP), dos de Alianza para el Progreso (APP), un representante de Podemos, uno de Somos Perú y uno de Perú Libre.

Una de las que no acudió al grupo de trabajo fue la fujimorista Rosangella Barbarán. En su cuenta de Instagram difundió una historia donde informó que se encontraba sin señal “en medio de la selva” de Tambopata por una misión académica con la fundación alemana Konrad Adenauer “para abordar los principales problemas de Madre de Dios”.

El video —indicó— fue grabado a las 17:20 horas, mientras que en Lima el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán (Avanza País), lamentaba “que algunos miembros no asuman este asunto con la seriedad debida”.

“Nos reunimos una vez a la semana, durante tres o cuatro horas. Contábamos con asuntos de considerable complejidad […] Es necesario reconocer que somos la única comisión que realiza sesiones presenciales, una situación como esta no había ocurrido antes”, dijo antes de detallar que solo fueron aprobadas tres de las ocho licencias solicitadas.

Bazán también destacó que la mayoría de las inasistencias correspondieron a “todos” los congresistas de FP y APP. “Se requiere la presencia de la mayoría de los congresistas para tomar decisiones. Teniendo en cuenta que vamos a ver el tema del congresista Espinoza, vamos a realizar una sesión extraordinaria el jueves por la mañana, antes del Pleno, para que no haya excusas”, indicó.

Congresista Darwin Espinoza estaría usando recursos del Estado para crear su partido político

Según una denuncia de Punto Final, Espinoza emplea recursos del Estado con el objetivo de avanzar en la inscripción de su movimiento regional Adelante Áncash. El dominical reveló que, en enero pasado, el despacho del legislador realizó una solicitud de 10.000 hojas bond a la Oficina de Abastecimiento del Legislativo, material que fue destinado a la impresión de las fichas de afiliación a su agrupación.

Un grupo de extrabajadores contó que fueron comisionados para recoger las rúbricas a riesgo de perder sus empleos si se negaban. Según sus testimonios, debían viajar a diversas localidades de Áncash, costeando de su propio bolsillo tanto sus gastos personales como la compra de incentivos, como gaseosas, galletas y, más económicamente, pelotas para motivar a las personas a firmar.

Por este caso, Acción Popular evalúa expulsarlo y el secretario general delpartido, Juan Abad, invocó al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, solicitar la detención por riesgo de fuga.

Tras las revelaciones sobre cómo el congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza, utilizó los recursos públicos para inscribir a su partido: “Movimiento Regional Adelante Áncash”, el partido Acción Popular inició un «procedimiento sumarísimo de expulsión» contra el también denominado “Niño” por el ahora denominado Caso ‘Chapafirmas’.

El secretario general de Acción Popular, Juan José Abad Cabrera, anunció que el proceso contra Darwin Espinoza inició mucho antes, debido a que está investigado por el caso ‘Los Niños’, y también por apropiarse de un local exclusivo del partido de la lampa.

Según la denuncia periodística, el exvocero de Acción Popular, Darwin Espinoza, solicitó en enero pasado 10.000 hojas bond a la Oficina de Abastecimiento del Poder Legislativo, con el propósito de imprimir fichas de afiliación y así inscribir su partido propio “Movimiento Regional Adelante Áncash”. Además, obligó a sus trabajadores a recolectar firmas e hizo uso indebido de su cuenta cedida por el Estado en Reniec para verificar datos de los firmantes.

«El proceso de expulsión ya fue iniciado por la Secretaría Nacional de Disciplina, la cual emite la denuncia ante la primera sala del Tribunal Nacional de Disciplina. Va a ser un proceso sumarísimo que va a durar tres días. Es decir, el proceso contra Darwin Espinoza ya había iniciado».

“La denuncia ha sido por el caso ‘Los Niños’, que data de hace mucho tiempo, y por no entregar las cuentas de los alquileres de un local que tenemos como Acción Popular en la plaza de armas de Chimbote. Se le ha requerido a este señor que nos entregue los locales y no lo ha hecho, es por eso que se inició el proceso. A esto se va a agregar la noticia que salió el día de ayer”, refirió Abad.

Juan Abad resaltó que el proceso para expulsar a Espinoza está en manos de Lizandro Salas Astorga, secretario general de Disciplina

«Hoy en la mañana he tomado conocimiento por información de él de que ya se inició el proceso de investigación y conforme establece la ley de organizaciones políticas y la normativa interna del partido, el día de mañana van a notificarlo de manera notarial. Luego de los tres días, inmediatamente se va a hacer la denuncia ante la Primera Sala del Tribunal de Disciplina para su expulsión».

“Tres días desde hoy para notificarlo y hacer el informe recomendando la expulsión del partido y la denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación, por el uso indebido de los recursos públicos”.

Darwin Espinoza ha traicionado al partido Acción Popular

El secretario general del partido de Acción Popular se mostró indignado ante el reciente destape que involucra al legislador Darwin Espinoza.

«Este señor hizo uso indebido de los fondos públicos para hacer un partido político distinto. Además, ha utilizado los fondos del Partido de Acción Popular para formar ese movimiento».

«Ha traicionado al partido y ha traicionado a todos los peruanos. La Fiscalía debe tomar una acción de inmediato, debe solicitar ante el juzgado la detención inmediata de ese señor con las evidencias de los medios de comunicación», refirió.

“Como secretario general del partido Acción Popular y que después de 8 años he sido reconocido por los dirigentes del partido, voy a comunicar al Congreso de inmediato y a todas las instituciones, incluidas la Fiscalía de la Nación, a que tomen las medidas correspondientes respecto a Espinoza. Especialmente al Congreso”, dijo Abad.

Secretaría Nacional de Disciplina confirma que en 3 días expulsarán a Darwin Espinoza

La Secretaría Nacional de Disciplina de Acción Popular a través de un comunicado anunció que ya se abrió un nuevo proceso de expulsión contra Darwin Espinoza «por traición» al partido Acción Popular.

«Asimismo, en el transcurso del día de HOY (lunes 15 de abril) se le está notificando vía notarial al citado congresista para que en el plazo de 3 días cumpla con formular sus descargos. Por lo que, antes de que culmine la presente semana, esta Secretaría de Disciplina, con los descargos o sin ellos, procederá a elevar el Dictamen final a la primera sala del Tribunal Nacional de Disciplina, la que deberá pronunciarse en el plazo de 3 días».

«Solicitaremos también al Tribunal Nacional de Disciplina, la suspensión del congresista Espinoza Vargas de sus funciones como dirigente que integra el Plenario Nacional y Congreso del partido, mientras se tenga un pronunciamiento final sobre su expulsión, que no debe exceder de 2 semanas», se concluye en el comunicado.

Este lunes 15 de abril el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, asistió a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y en declaraciones a la prensa, aseguró que el hermano de Dina Boluarte, Nicanor, “no tiene ninguna función en el gobierno y ninguna injerencia”.

Pérez Reyes, respondió sobre los cuatro audios que difundió el dominical Cuarto Poder, entre dirigentes del partido “Ciudadanos por el Perú” (CPP) y el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte Zegarra.  

Al respecto, recalcó que dichas conversaciones se tratan de una “acción personal” que corresponde a la vida privada del hermano de la mandataria, e insiste en que no existe injerencia de Nicanor Boluarte en el gobierno, a pesar de las alegaciones de asociaciones con personas influyentes.

Omiten funciones de ministros y fungen de abogados de Dina Boluarte

Cabe recordar que hace menos de un mes, la ministra de Vivienda, más conocida como la ministra de los banquetes y del Ensure, Hania Pérez de Cuellar, también se presentó en diversos medios para defender a la mandataria, en lugar de explicar y rendir cuentas sobre su ineficiente labor que ejerce en su portafolio. Ella omitía hablar de la próxima privatización de Sedapal y de las medidas para los damnificados del norte. Y en su lugar se convirtió en abogada defensora de Dina Boluarte Zegarra.

Lo mismo sucedió con la exministra de la Mujer, Nancy Tolentino, así como, la ‘blindada’ ministra de Cultura Leslie Urteaga y el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, que, en una rueda de prensa efectuada en el Aeropuerto Jorge Chávez, tuvo que “cubrir” a Dina Boluarte y responder en lugar de ella, ante el asedio de la prensa para poder dilucidar las denuncias en torno a los Rolex de la aun jefa de Gobierno.

Ellos distorsionan sus obligaciones y funciones para lo que fueron designados. Los ministros de Estado no son empleados de los presidentes de turno y mucho menos sus voceros o abogados defensores, que para eso no fueron nombrados. Ellos fueron designados para emprender planeamientos, gestiones y tramitar los presupuestos de sus sectores para lograr los objetivos trazados, concernientes a la naturaleza de sus portafolios.

Ministra de Vivienda también se convirtió en abogada de la mandataria.

También opinó sobre el Secreto bancario de Dina Boluarte

Al respecto, Raúl Pérez Reyes refirió que el pedido de levantamiento del secreto bancario de la mandataria debe seguir los canales judiciales regulares, como cualquier otro ciudadano lo enfrentaría. Dicha opinión, es en referencia, a que la presidenta se negó ante la Fiscalía de la Nación a levantar voluntariamente su secreto bancario, por la investigación en su contra por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos.

La Fiscalía de la Nación y la Diviac realizan el allanamiento de las oficinas del congresista de Ica, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, en el marco de la investigación en su contra por el caso ‘Robasueldos’.

El allanamiento se suma a otros realizados anteriormente, que incluyen a los llamados ‘Niños’, un grupo de congresistas de ‘Acción Popular’ sindicados de direccionar licitaciones en el Ministerio de Transportes (MTC), desde el gobierno de Pedro Castillo. 

El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, emitió la orden e incluyó realizar registros a cuatro inmuebles del congresista de Ica, ubicados en la avenida El Cortijo en Surco, un asentamiento en Paracas, Pisco, Ica, y dos oficinas congresales en Lima. Además, se reporta un allanamiento simultáneo en la oficina de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias Covid-19, y cuyo presidente es Doroteo Carbajo.

Comisión de Ética evaluará denuncias contra Doroteo Carbajo

La Comisión de Ética del Congreso presidida por Diego Bazán de Avanza País, evaluará las denuncias contra el congresista de Acción Popular y sus colegas Katy Ugarte (independiente) y Edgar Tello (Bloque Magisterial), acusados de mochar el sueldo de sus trabajadores.

Según la denuncia, Doroteo habría exigido a sus colaboradores que depositaran la mitad de su sueldo en una cuenta bancaria a nombre de una persona de confianza. De ratificarse la acusación, el denominado ‘Niño’ sería sancionado con suspensión, censura o inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La diligencia también incluyó el allanamiento de vehículos y se espera el levantamiento del secreto de comunicaciones.

Exasesora de Raúl Doroteo, tras denunciarlo por mochar su sueldo sufrió despido arbitrario

María Morales Gutiérrez, exasesora del congresista por Ica, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, ha denunciado un despido arbitrario, tras haber acusado al parlamentario de recortarle su salario a la mitad. Según Morales, quien dio a luz hace menos de un mes, su despido se notificó a través de una carta notarial que ignoró su período de descanso médico vigente.

Morales tenía licencia por embarazo del 5 al 10 de abril.

Asesora congresal María Morales Gutiérrez, despedida por Raúl Doroteo.

La afectada había informado a un medio de comunicación que desde el día 5 de abril se encontraba de baja médica, pero recibió una carta indicando su cese por inasistencias los días 4, 5, 8 y 9 de abril.

María Morales afirmó que tras acusar a Doroteo Carbajo de la práctica conocida como “mochasueldo”, cortó toda comunicación con ella, complicando sus solicitudes laborales y personales.